Casos del Tribunal Supremo (Página 24)

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende un caso disciplinario contra la Lcda. Dalia Stella González Díaz, basado en una querella de una cliente. Se le imputa a la abogada haber incurrido en conducta contraria a varios Cánones de Ética Profesional. La querella detalla que la licenciada González Díaz no mantuvo comunicación con su cliente tras presentar una demanda por daños y perjuicios. Tampoco le informó sobre el progreso del caso ni sobre una oferta transaccional recibida. Adicionalmente, la abogada dejó de comparecer a múltiples vistas judiciales señaladas en el caso. Estas incomparecencias llevaron al tribunal a emitir órdenes requiriendo explicaciones de su parte. Como consecuencia de esta conducta, el Tribunal Supremo impone una sanción disciplinaria. La suspensión del ejercicio de la abogacía para la Lcda. Dalia Stella González Díaz es efectiva a partir del 4 de octubre de 2018.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 25 de septiembre de 2018. La resolución ordena la suspensión provisional de la Lcda. Lara H. Castro Ward del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta medida se toma tras evaluar un escrito presentado por la abogada. La suspensión está vinculada a un procedimiento penal federal en su contra (US v. Lara Castro Ward, Criminal No. 18-cr-412 (FAB)). Se le requiere a la abogada mantener informado al Tribunal sobre el estado de dicho caso penal. La resolución advierte que, una vez que la sentencia en el foro federal sea final y firme, se procederá a suspenderla de manera indefinida de la profesión legal. La suspensión provisional se hizo efectiva el 12 de octubre de 2018, fecha de su notificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó un Recurso de Certificación Intrajurisdiccional y una Moción en Auxilio de Jurisdicción presentados por Félix Guardiola Rodríguez et al. contra Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. Mediante Resolución de 18 de septiembre de 2018, el Tribunal declaró no ha lugar a ambos recursos. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió un voto concurrente. En su opinión, no era el momento oportuno para dilucidar la controversia planteada por los peticionarios. Consideró que resolverla ahora resultaría en una opinión consultiva al no existir una controversia justiciable. Además, estimó que este caso no era el adecuado para revisar la doctrina de "caso o controversia". El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió un voto particular disidente. A este voto se unieron la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo y Rivera García.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre un procedimiento disciplinario contra la notaria Carmen T. Agudo Loubriel. El caso surge tras una censura previa y la incautación de su obra notarial por incumplimiento de órdenes judiciales. Una investigación de la Oficina de Inspección de Notarías reveló graves deficiencias en su práctica desde 2011. Entre las faltas se encontraron deudas arancelarias significativas, falta de encuadernación de protocolos, ausencia de firmas y sellos, y la carencia de una fianza notarial requerida. Previamente, se le había ordenado mostrar causa por la cual no debía ser suspendida y subsanar las irregularidades. Esta resolución impone la suspensión del ejercicio de la notaría a la licenciada Agudo Loubriel. La suspensión se hace efectiva a partir del 26 de septiembre de 2018.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico reitera la obligación de los abogados de cumplir con los Cánones de Ética Profesional, especialmente en cuanto a la diligencia y la renuncia adecuada a la representación legal. Este caso disciplinario involucra al Lcdo. Nelson V. Vélez Concepción. Un cliente presentó una queja alegando que el licenciado, como su abogado de récord, no compareció a un juicio, lo que resultó en una sentencia en rebeldía en su contra. El cliente también adujo que los abogados no gestionaron la apelación, causando pérdidas económicas. El licenciado Vélez Concepción explicó que asumió la representación temporalmente tras la suspensión de su padre, quien inicialmente llevaba el caso. La decisión subraya que la falta de diligencia vulnera los derechos del cliente y los procesos legales. Como resultado de este procedimiento, se impuso una suspensión al Lcdo. Nelson V. Vélez Concepción. La suspensión se hizo efectiva el 27 de septiembre de 2018.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su poder disciplinario para suspender a la Lcda. Cynthia A. López Pérez de la práctica de la abogacía y la notaría. La suspensión, de carácter inmediato e indefinido, se decretó por su incumplimiento con las órdenes del Tribunal y los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). La licenciada no subsanó serias deficiencias en su obra protocolar correspondientes a varios años, a pesar de múltiples oportunidades brindadas por la ODIN. Tampoco entregó los dos Volúmenes del Libro de Registro de Testimonios ni su sello notarial tras notificar su deseo de renunciar a la notaría. Ante su omisión, el Tribunal le concedió un término para mostrar causa, pero procedió con la suspensión. La medida disciplinaria la aparta de la práctica de la abogacía y la notaría. La suspensión fue efectiva a partir del 9 de octubre de 2018.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso In re: Armando R. López Canino. La Resolución atiende una Solicitud de cambio de estatus a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas. Tras examinar la solicitud, el Tribunal readmitió al abogado Armando L. López Canino al ejercicio de la abogacía. Se ordenó al Secretario del Tribunal registrar este cambio de estatus a abogado activo en el RÚA. Adicionalmente, se instruyó al abogado López Canino a actualizar su información de contacto en dicho registro. Esta decisión permite al abogado retomar su práctica profesional activa.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico designó a la Lcda. Claudette Fernández Rosario como Directora Ejecutiva de la Comisión de Evaluación Judicial. Esta designación se realizó en virtud de la Regla 5 del Reglamento para la Evaluación de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia. El nombramiento será efectivo a partir del 17 de septiembre de 2018. La decisión del Tribunal no fue unánime. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió un Voto de Conformidad. La Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió un Voto Particular Disidente. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez también disintió, haciendo referencia a su disidencia previa sobre el reglamento. El Juez Asociado señor Colón Pérez disintió, argumentando que la facultad de realizar este tipo de nombramientos administrativos corresponde exclusivamente a la Jueza Presidenta según la Constitución.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa la Sentencia del Tribunal de Apelaciones que ordenó un nuevo juicio para Ashley M. Torres Feliciano. La Sra. Torres Feliciano fue convicta en 2009 por asesinato en primer grado y ley de armas, recibiendo una sentencia de 111 años. Posteriormente, solicitó un nuevo juicio amparándose en la Regla 192 de Procedimiento Criminal y el derecho constitucional al debido proceso de ley. El Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del foro primario y concedió el nuevo juicio. El Pueblo de Puerto Rico recurre ante el Tribunal Supremo para que revoque dicha determinación. El caso brinda al Tribunal la oportunidad de definir el estándar y método de adjudicación para solicitudes de nuevo juicio. Se contrastan los criterios bajo la Regla 192 frente a los basados en el debido proceso constitucional. Específicamente, se aborda el estándar de materialidad exigido por *Brady v. Maryland* para la concesión de un nuevo juicio por prueba favorable suprimida. El Tribunal busca precisar si la prueba suprimida en este caso cumple con dicho estándar.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evalúa en el caso CC-2016-587 la facultad del Estado para regular la posesión de armas. La opinión aborda si el Estado puede revocar una licencia de armas basándose en un historial de violencia. La cuestión clave es si esta facultad existe independientemente de que dicho historial haya resultado en la comisión de un delito o una convicción. El caso surge de una denuncia bajo la Ley de Violencia Doméstica contra el recurrido, Francisco Rolón Martínez, en 2013. Aunque el proceso penal y las órdenes de protección solicitadas no prosperaron, la Policía inició una investigación sobre sus licencias de armas. El Superintendente de la Policía le informó al señor Rolón sobre el resultado de esta investigación en 2014. El Tribunal busca definir los límites del poder estatal para prevenir la violencia a través de la revocación de licencias de armas en situaciones donde existe un historial de violencia no criminalizado. Se trata de determinar el alcance del requisito de no tener un historial de violencia en el contexto de la potestad revocatoria del Estado.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 23 de agosto de 2018. Se refiere al caso Ex parte: Lynnette Acosta Cardona, identificado con el número TS-19,375. La materia tratada es la reactivación al ejercicio de la abogacía. La señora Acosta Cardona presentó una moción solicitando cambiar su estatus de abogada inactiva a activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas. El Tribunal examinó la petición. Mediante esta resolución, el Tribunal Supremo declaró ha lugar la solicitud. En consecuencia, ordenó el cambio de estatus de la peticionaria a abogada activa. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda los criterios para determinar si varias parcelas constituyen una sola finca integrada a efectos de reclamar daños por desmembración en un procedimiento de expropiación forzosa. La cuestión central es si la unidad física o contigüidad entre los predios es un requisito indispensable bajo el ordenamiento jurídico puertorriqueño. El caso surge de la expropiación de un estacionamiento no contiguo a un edificio comercial, ambos propiedad de la misma entidad, Corporación Pesquera Henares. La Corporación reclamó compensación por la reducción del valor del edificio remanente debido a la pérdida del estacionamiento. El Tribunal de Apelaciones desestimó la reclamación al considerar que la falta de contigüidad impedía catalogar los predios como una sola finca. El Tribunal Supremo revisa esta determinación para precisar los elementos necesarios y evaluar si el Tribunal de Apelaciones erró al exigir la contigüidad como requisito indispensable.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió un caso sobre la adjudicación de beneficios de un plan de retiro regido por la ley federal ERISA. La controversia surgió tras el fallecimiento de un participante que había designado a su primera esposa como beneficiaria durante su primer matrimonio. Luego de divorciarse de su primera esposa, el participante contrajo segundas nupcias. Sin embargo, no revocó la designación de beneficiaria a favor de su primera esposa antes de morir. La disputa se centró en determinar si los beneficios correspondían a la primera esposa, quien seguía designada, o a la segunda esposa. El Tribunal examinó las disposiciones legales aplicables a los planes de retiro bajo ERISA. Tras analizar la normativa federal, el Tribunal resolvió la cuestión. Determinó que, en estas circunstancias, los beneficios del plan de retiro le corresponden a la segunda esposa del participante fallecido.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evalúa la eficacia de una cláusula de resolución unilateral en un contrato de empleo por tiempo definido. La controversia surge de la relación laboral entre la Dra. Ileana Rodríguez García y la Universidad Carlos Albizu, Inc. (UCA), donde la Dra. Rodríguez fungía como Presidenta bajo un contrato con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2013, con extensión automática. El contrato incluía una cláusula que permitía a cualquiera de las partes terminar el acuerdo unilateralmente con noventa días de antelación, sin necesidad de justa causa. También contenía una disposición sobre la no renovación del contrato. El caso plantea, además, la procedencia de un dictamen sumario cuando las partes basan sus solicitudes en la interpretación de estas disposiciones contractuales. La opinión se centra en determinar si la UCA podía terminar el contrato de forma unilateral basándose en el lenguaje pactado. Se examina si la cláusula de terminación unilateral es válida y aplicable a un contrato por tiempo definido. La decisión aborda cómo interpretar y aplicar estas cláusulas en el contexto de una relación laboral.

Resumen:

Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2018 TSPR 149) que resuelve una controversia en derecho tributario entre contribuyentes y el Departamento de Hacienda. El caso analiza el efecto de una "tasación en peligro" realizada por Hacienda. La cuestión central es si este tipo de tasación interrumpe el término prescriptivo para tasar una deficiencia contributiva. Se examina si la notificación de la tasación en peligro puede efectuarse después de transcurrido el término de cuatro años que tiene Hacienda para tasar. La disputa surge de una planilla de contribución sobre ingresos del año 2008, radicada en 2009. Hacienda emitió una notificación de deficiencia y tasación en peligro en 2013. La opinión del Tribunal, emitida por el Juez Asociado Estrella Martínez, busca clarificar los contornos del proceso de notificación de deficiencias y la aplicación de la prescripción en el contexto de las tasaciones en peligro.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Sentencia el 9 de agosto de 2018 en el caso CT-2018-6. El recurso de certificación intrajurisdiccional examinó la constitucionalidad de varios artículos de la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, Ley Núm. 85-2018. Específicamente, se cuestionaban disposiciones sobre el Programa de Escuelas Públicas Alianza y el Programa de Libre Selección de Escuelas. Un Tribunal de Primera Instancia había declarado previamente inconstitucionales los Artículos 13.05 (a) (4)-(9) y 14.02 (c) de dicha ley. Tras revisar el recurso y los escritos, el Tribunal Supremo revocó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Consecuentemente, la demanda original que impugnaba la ley fue desestimada. La decisión contó con la emisión de varias Opiniones de conformidad por parte de algunos jueces asociados. Otros jueces asociados, incluyendo la Jueza Presidenta, emitieron Opiniones disidentes. Un juez asociado se inhibió del caso.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 8 de agosto de 2018 en el caso TS-15,884. La Resolución atiende la Moción presentada por el Sr. Víctor Kirby Colón Arvelo solicitando un cambio de estatus activo. La materia principal del caso es la readmisión del peticionario al ejercicio de la abogacía. El Tribunal consideró la solicitud presentada el 24 de julio de 2018. Mediante esta Resolución, el Tribunal provee ha lugar la moción. En consecuencia, se autoriza la readmisión de Víctor Kirby Colón Arvelo al ejercicio de la abogacía. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico surge de una controversia entre la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Unión Independiente Auténtica de Empleados (UIA) sobre cambios al plan médico. La UIA presentó un recurso ante la Junta de Relaciones del Trabajo, alegando que la AAA violó la Ley Núm. 66-2014 y el convenio colectivo. La AAA argumentó que la Junta carecía de jurisdicción, pues el convenio colectivo vigente establecía el arbitraje como procedimiento obligatorio para este tipo de querellas. La AAA recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión administrativa. Dicho foro desestimó el recurso, entendiendo que no se trataba de una determinación final de agencia ni de un caso claro de falta de jurisdicción que permitiera su intervención. El Tribunal Supremo revisa la decisión del Tribunal de Apelaciones. La opinión del Juez Asociado Colón Pérez adelanta que, contrario al foro apelativo intermedio, sí existe una clara falta de jurisdicción por parte de la agencia administrativa (la Junta). Por tanto, el Tribunal de Apelaciones debió atender el recurso de revisión administrativa presentado por la AAA. La decisión final del Supremo determinará si el Tribunal de Apelaciones erró al desestimar el recurso basado en su interpretación de la jurisdicción.

Resumen:

Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2018 TSPR 145) revisa una decisión del Tribunal de Apelaciones que revocó una sentencia condenatoria por asesinato y violación a la Ley de Armas. La revocación del Tribunal de Apelaciones se fundamentó en la supresión de prueba de identificación. El Tribunal Supremo examinó si su revisión de dicha decisión infringía la protección contra la doble exposición, concluyendo que no. Determinó que el Tribunal de Apelaciones actuó improcedentemente al suprimir la prueba de identificación, pues la defensa no solicitó su exclusión en el Tribunal de Primera Instancia. Se reafirmó que para sustituir la adjudicación de credibilidad del juzgador sobre una identificación se requiere la existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o un error manifiesto. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Supremo revocó el dictamen del Tribunal de Apelaciones. Se reinstaló la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La decisión clarifica los límites de la revisión apelativa sobre la prueba de identificación y la adjudicación de credibilidad.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 2 de agosto de 2018 en el caso In re: Pedro A. Castaing Lespier. La materia principal abordada fue la reactivación al ejercicio de la abogacía. El Sr. Pedro A. Castaing Lespier había presentado una Solicitud de cambio a estatus de abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas. Tras examinar la solicitud, el Tribunal declaró ha lugar la petición. En consecuencia, ordenó el cambio de estatus del Sr. Castaing Lespier a abogado activo. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución con fecha de 2 de agosto de 2018 en el caso número TS-3,472. La resolución concierne al Lcdo. José R. Capó López y su solicitud de cambio de estatus. Tras examinar una certificación médica presentada por el licenciado, el Tribunal ordenó modificar su estatus profesional. Se instruyó al Secretario del Tribunal a cambiar el estatus del Lcdo. Capó López a abogado inactivo en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RÚA). Adicionalmente, se ordenó al Alguacil del Tribunal incautar de inmediato la obra protocolar y el sello notarial del licenciado. Estos instrumentos notariales deben ser entregados al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el trámite correspondiente. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 1 de agosto de 2018 en el caso TS-15,552. La Resolución examinó una Moción presentada por Priscilla Y. Zapata Toro. Dicha Moción solicitaba la reactivación de su estatus como abogada, cambiando de inactiva a activa. La solicitud se basaba en el cumplimiento con el Programa de Educación Jurídica Continua. El Tribunal determinó proveer ha lugar la Moción. Como resultado, se ordenó a la Secretaría registrar el cambio de estatus a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso TS-20,585, In re: Jennifer Maria Irizarry Rodríguez. La resolución atiende la Moción Solicitando Cambio de Estatus a Abogado Activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas presentada por la Lcda. Jennifer Marie Irizarry Rodríguez. Luego de examinar la solicitud, el Tribunal la declaró con lugar. Se ordena al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA). Esta decisión permite la reactivación de la Lcda. Irizarry Rodríguez al ejercicio de la abogacía.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 27 de julio de 2018. La resolución trata sobre la solicitud de reinstalación de Federico O. López Santiago al ejercicio de la abogacía. El Tribunal ordenó su reinstalación inmediata. Se instruyó al Secretario del Tribunal a registrar el cambio de estatus a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas. Adicionalmente, se reactivó la Queja AB-2018-52, la cual había sido archivada administrativamente por su suspensión previa. El Juez Asociado Martínez Torres hizo constar una expresión disidente. Consideró que la reinstalación debió condicionarse a la previa adjudicación de la queja pendiente. Argumentó que esto garantiza la idoneidad del profesional y protege el interés público, aplicando el mismo trato que a los abogados de nuevo ingreso con investigaciones pendientes. Otros dos jueces no intervinieron en la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución sobre la solicitud de reinstalación de Julio César Blain León. La solicitud buscaba su regreso al ejercicio de la abogacía. El Tribunal examinó la petición y un informe de la Oficina de Inspección de Notarías. Determinó que se cumplió con una resolución previa emitida por el propio Tribunal. En consecuencia, se ordenó la reinstalación del peticionario al ejercicio de la abogacía. No obstante, su reinstalación a la notaría requiere que acredite la prestación y el pago de la Fianza Notarial. Finalmente, se instruyó al Secretario del Tribunal a registrar el cambio de estatus a abogado activo en el registro correspondiente.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió el caso In re: Peter Díaz Santiago, relativo a su posible reinstalación al ejercicio de la notaría. Tras evaluar los informes de la Oficina de Inspección de Notarias y las mociones presentadas por el licenciado Díaz Santiago, el Tribunal determinó reinstalarlo en su función notarial. La decisión se tomó el 26 de julio de 2018. No obstante, el Tribunal apercibió al licenciado Díaz Santiago sobre la importancia de obedecer diligentemente sus requerimientos y los de la ODIN en el futuro. Se le advirtió que el incumplimiento podría acarrear sanciones adicionales. Asimismo, se le recordó su obligación de mantener actualizada su información en el Registro Único de Abogados. También debe notificar a la ODIN cualquier cambio en la sede de su notaría. La decisión fue certificada por el Secretario del Tribunal Supremo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión Per Curiam en un caso de conducta profesional contra el Lcdo. Rafael A. Lugo Rodríguez. La acción se originó por una queja alegando que el abogado no procesó documentos de garantía para préstamos, resultando en pérdidas para el querellante. El Tribunal notificó al licenciado Lugo Rodríguez en varias ocasiones, concediéndole términos para responder a la queja. A pesar de las múltiples notificaciones y órdenes, incluyendo un apercibimiento de sanciones severas, el abogado no compareció ni contestó. Ante el reiterado incumplimiento de las órdenes judiciales, el Tribunal procedió con la acción disciplinaria. La decisión resultó en la suspensión del licenciado Lugo Rodríguez del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión fue efectiva a partir del 18 de agosto de 2018.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una resolución el 18 de julio de 2018. La resolución trata sobre la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía. Se enmienda la Regla 1(a)(1) del Reglamento de la Comisión para establecer su composición en un presidente y ocho miembros asociados. El Tribunal procede a designar a las nueve personas que ocuparán dichos cargos. Se nombra al Lcdo. Guillermo Arbona Lago como Presidente. Se designan ocho miembros asociados, incluyendo a la Prof. Belén Guerrero Calderón y la Lcda. Jocelyn López Vilanova. El Presidente y tres miembros asociados servirán por un término de cinco años. Los cinco miembros asociados restantes ocuparán sus cargos por un término de cuatro años. Estos nombramientos entran en vigor de inmediato.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una resolución para designar a los miembros de la Comisión de Disciplina Judicial. La designación se realiza conforme a la Regla 12(b) de Disciplina Judicial, que establece la composición de la Comisión. Dicha regla dispone que la Comisión estará integrada por una Presidenta o Presidente y siete Comisionadas o Comisionados Asociados. Se nombra a la Prof. Enid Martínez Moya como Presidenta y a otras siete personas como Comisionados/as Asociados/as. Estos miembros ocuparán sus cargos por un término de cuatro años o hasta el nombramiento de sus sucesores. Las designaciones tienen efecto inmediato. El Tribunal expresa su agradecimiento a los miembros salientes por su dedicación, con especial reconocimiento a la presidenta saliente. Asimismo, agradece a los nuevos miembros y a quienes revalidan por su disposición a servir a la ciudadanía.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante resolución de 18 de julio de 2018, designa a los miembros de la Comisión de Evaluación Judicial. Esta acción se fundamenta en la Regla 4(A) del Reglamento para la Evaluación de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia, la cual fue enmendada recientemente. La regla enmendada dispone que la Comisión estará compuesta por un presidente o presidenta y nueve miembros nombrados por el Tribunal Supremo. La Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez es designada como Presidenta de la Comisión. Se nombran además a nueve licenciados y profesionales como miembros. Conforme a las reglas 4(B) y (C) del Reglamento, los miembros ocuparán sus cargos por un término de tres años o hasta el nombramiento de sus sucesores. Estos nombramientos tienen efecto inmediato. El Tribunal agradece la labor de los miembros salientes y la disposición de servir de los nuevos y revalidados.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su jurisdicción disciplinaria sobre la Lcda. Vivian de Jesús Viñas. La acción se tomó debido a su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y con órdenes del Tribunal. Se detalla que, tras cambios legislativos, se estableció en 2012 un nuevo procedimiento para solicitar la exención de los créditos de educación continua directamente ante el Tribunal Supremo. La abogada, quien previamente había solicitado estatus inactivo ante el Colegio de Abogados, no cumplió con este nuevo requisito procesal. Su omisión resultó en que no fuera relevada de la obligación de cumplir con los créditos del PEJC. Ante el incumplimiento, el Tribunal ordenó su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía. La suspensión fue efectiva a partir del 17 de julio de 2018.

Resumen:

Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR 126, CT-2018-5) sobre un recurso de certificación intrajurisdiccional. El caso trata sobre la impugnación del cierre de escuelas públicas. El Tribunal Supremo revocó la sentencia del foro de instancia que había concedido un injunction permanente para detener los cierres. Como resultado, se dejó sin efecto la orden de paralización del cierre de las escuelas y se desestimó la demanda. La decisión fue acordada por la mayoría del Tribunal. Varios jueces asociados emitieron opiniones de conformidad. La Jueza Presidenta y otro juez asociado disintieron, expresando que la interpretación del Estado sobre la aplicación de la Ley de Reforma Educativa para los cierres masivos es contraria al texto y propósito de la ley.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Josué V. Lorenzi Antonetty del ejercicio de la abogacía. La decisión Per Curiam se fundamenta en el incumplimiento del abogado con los requisitos de educación jurídica continua para el periodo 2010-2012. A pesar de haber sido notificado del incumplimiento por el Programa de Educación Jurídica Continua, el licenciado no subsanó la deficiencia. Posteriormente, el Tribunal le ordenó comparecer y mostrar causa por la cual no debía ser suspendido. El abogado desatendió esta orden y una prórroga final concedida por el Tribunal. Su inacción, incluso tras notificación personal, persistió hasta la fecha de la decisión. El Tribunal considera que desatender sus requerimientos viola el Canon 9 del Código de Ética Profesional y menoscaba su poder regulador. Tal conducta justifica la separación inmediata e indefinida de la profesión. La suspensión es efectiva a partir del 25 de julio de 2018.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Luis M. Nieves Soto de la práctica de la abogacía y la notaría. La decisión se fundamenta en el incumplimiento del licenciado con las órdenes del Tribunal y los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). El abogado no cumplió con el requisito de educación jurídica continua para el periodo 2009-2011, a pesar de haber sido referido por el Director del PEJC y habérsele concedido una prórroga. Asimismo, no compareció a una vista informal ni respondió a dos resoluciones del Tribunal que le requerían mostrar causa por la cual no debía ser suspendido. El Tribunal considera que desatender sus requerimientos es incompatible con la práctica de la profesión y constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética. La suspensión es efectiva desde la fecha de notificación al abogado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó la suspensión inmediata e indefinida de la Lcda. Elisa M. Figueroa Báez del ejercicio de la abogacía. La decisión se fundamenta en el incumplimiento de la letrada con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) para el período 2010-2012. Se señala que la abogada no compareció a la vista informal citada por el PEJC, no mantuvo comunicación con dicho programa y no pagó la multa impuesta. Además, se constató que no mantuvo actualizados sus datos personales en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA), lo que impidió la notificación postal. La letrada tampoco respondió a dos resoluciones del Tribunal que le requerían mostrar causa por la cual no debía ser suspendida, a pesar de los intentos de notificación. La suspensión es efectiva a partir del 19 de julio de 2018, fecha de su notificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión Per Curiam en el caso de Mario Soriano Ressy. La acción disciplinaria se inició por el incumplimiento del abogado con los requisitos de educación jurídica continua (PEJC) para el periodo 2009-2011. A pesar de ser referido por el Director del PEJC en marzo de 2017, el licenciado Soriano Ressy no cumplió con sus obligaciones. El Tribunal le ordenó mostrar causa y le concedió varias prórrogas para completar los créditos adeudados y pagar la multa. Sin embargo, el abogado no acató las órdenes del Tribunal ni cumplió con los requerimientos del PEJC. Ante su reiterado incumplimiento, el Tribunal decretó su suspensión inmediata e indefinida. La suspensión aplica tanto a la práctica de la abogacía como a la notaría. Esta medida disciplinaria subraya la importancia del cumplimiento con la educación jurídica continua y las órdenes judiciales. La suspensión fue efectiva a partir de la fecha de notificación al abogado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordena la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría al Lcdo. Héctor M. Cruz Ramírez. La decisión se basa en su incumplimiento reiterado con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y con órdenes previas del Tribunal. El letrado fue reportado inicialmente por no cumplir con los créditos del periodo 2009-2011. A pesar de recibir avisos desde 2011 y comprometerse a cumplir en una vista informal en 2014, no subsanó la deficiencia. Se le apercibió en 2015 que su caso sería referido al pleno si no cumplía y pagaba la multa. Un informe posterior confirmó que persistía en el incumplimiento de los créditos y el pago. Por estas razones, el Tribunal procede a ordenar su suspensión. La suspensión es efectiva a partir del 19 de julio de 2018, fecha de su notificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en virtud de su poder inherente para regular la profesión legal, emite esta Resolución. El documento designa a nuevos miembros para la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría. Esta Junta es responsable de preparar y administrar el examen de reválida para los aspirantes. De conformidad con el reglamento aplicable, los miembros de la Junta son nombrados por Resolución del Tribunal. Se designa a la Lcda. Carmen A. Pesante Martínez y a la Lcda. Lugui Rivera Rodríguez como miembros de dicho cuerpo. Su nombramiento es efectivo desde el 15 de julio de 2018 hasta el 15 de julio de 2020. La Resolución tiene vigencia inmediata.

Resumen:

Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 29 de junio de 2018. El caso involucra a Citibank, Oriental Bank, Scotiabank de Puerto Rico y Banco Popular de Puerto Rico como recurridos, frente a Atilano Cordero Badillo y otros como peticionarios. La cuestión central a determinar es si el Tribunal de Apelaciones erró al intervenir en la discreción del Tribunal de Primera Instancia. Específicamente, se analiza si el foro apelativo podía revocar la denegatoria de una solicitud de remedios provisionales en aseguramiento de sentencia. Dicha solicitud se presentó ante el foro primario al amparo de la Regla 56.1 de Procedimiento Civil. El Tribunal Supremo concluye que el Tribunal de Apelaciones excedió sus facultades revisoras. Determinó que el foro apelativo sustituyó el criterio del Tribunal de Primera Instancia por el suyo propio. Por consiguiente, el Tribunal Supremo revoca la decisión del Tribunal de Apelaciones que había concedido los remedios provisionales. El caso se origina en un contrato de préstamo de 2005 entre ACBI/ATUE y Citibank, garantizado con hipotecas y rentas. La decisión clarifica los límites de la revisión apelativa sobre la discreción del foro primario en materia de aseguramiento de sentencia.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió la controversia entre ECA General Contractors, Inc. y el Municipio Autónomo de Mayagüez. El caso planteó dos cuestiones principales bajo la Ley de Municipios Autónomos: la fecha determinante para imponer el arbitrio de construcción en un proceso de requerimiento de propuestas y la delimitación de la base contributiva de dicho arbitrio. La disputa surgió de un contrato adjudicado a ECA por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura para la modernización del CROEM, que incluía diseño, construcción, suplido de equipos y conservación. El Municipio calculó el arbitrio basándose en el monto total del contrato. El Tribunal determinó que la fecha para fijar el arbitrio es el día de cierre del requerimiento de propuestas. Asimismo, concluyó que la base contributiva del arbitrio de construcción solo incluye los costos directamente relacionados con la actividad de construcción.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera un caso entre el Municipio Autónomo de Carolina y CH Properties. El asunto central es la aplicación del procedimiento de recusación de jueces y el deber de inhibición. La controversia surge de una moción del Municipio solicitando la recusación del juez superior, alegando parcialidad y abuso de poder. Un factor clave es que el juez refirió a los abogados del Municipio para una posible acción disciplinaria mientras el caso aún estaba pendiente. El juez denegó la solicitud de inhibición. El Tribunal Supremo busca responder si la recusación requiere acreditar un escenario específico de la Regla 63.1 de Procedimiento Civil. También evalúa si un juez debe inhibirse tras iniciar un proceso para evaluar una acción disciplinaria contra los abogados de una parte en un caso que preside y no ha culminado. La opinión clarificará estos aspectos del derecho procesal civil y los Cánones de Ética Judicial. Este caso establece pautas sobre la inhibición judicial en situaciones que involucran procedimientos disciplinarios contra letrados de las partes.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su facultad disciplinaria contra el Lcdo. Félix Daniel Torres Rosario. La acción se fundamenta en el incumplimiento del abogado con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y con órdenes del Tribunal. Específicamente, el licenciado no completó los créditos requeridos para el periodo 2010-2012. A pesar de ser notificado en 2012 y tener oportunidades para subsanar, incluyendo una vista informal a la que no compareció en 2014, persistió en su incumplimiento. Ante esta conducta, el Tribunal ordena su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía. Dicha suspensión será efectiva a partir del 23 de julio de 2018, fecha de su notificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su facultad disciplinaria contra el Lcdo. Héctor J. Bonilla Calero. La acción se debió a su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) para el periodo 2009-2011. El PEJC le notificó el incumplimiento en 2011 y le ofreció alternativas para subsanar la deficiencia. Posteriormente, se celebró una vista informal en 2014, a la cual el licenciado compareció y se comprometió a cumplir. A pesar de haber recibido una prórroga, el abogado no presentó evidencia de haber tomado los cursos requeridos ni pagó la multa correspondiente. Ante la falta de cumplimiento con los requisitos del PEJC y las órdenes del Tribunal, se procedió con la sanción. En consecuencia, el Tribunal Supremo ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Bonilla Calero del ejercicio de la abogacía. La suspensión fue efectiva a partir del 27 de julio de 2018, fecha de su notificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió inmediata e indefinidamente a la Lcda. Avlin Maldonado Pérez del ejercicio de la abogacía. La suspensión se fundamenta en su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) para el periodo de 2009 a 2011. A pesar de recibir avisos de incumplimiento y una citación para una vista informal del PEJC, la letrada no compareció ni subsanó las deficiencias. Posteriormente, el Tribunal le concedió dos términos para mostrar causa por la cual no debía ser suspendida, pero tampoco cumplió con estas órdenes. Ante su persistente inobservancia y falta de respuesta a los requerimientos, el Tribunal determinó imponer la sanción. La suspensión es efectiva a partir del 24 de agosto de 2018, fecha en que se le notificó por correo certificado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 28 de junio de 2018 en el caso número TS-10,770. La materia principal abordada en el documento es la reinstalación al ejercicio de la abogacía. El Lcdo. Ramón R. Pizzini Arnott había presentado una Moción en Cumplimiento y Solicitud de Reinstalación ante el Tribunal. Tras examinar el expediente y la referida moción, el Tribunal Supremo procedió a evaluar la solicitud. La Resolución indica que el Tribunal proveyó ha lugar a la petición presentada. Como resultado de esta decisión, se reinstaló al Lcdo. Ramón R. Pizzini Arnott al ejercicio de la profesión legal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por Michaelangelo Rosario Vázquez. Se verificó que el peticionario cumplió con el requisito de educación jurídica continua en ética. Por tanto, el Tribunal autorizó su reinstalación a la profesión legal. Se le advirtió sobre la importancia de cumplir puntualmente con los futuros requisitos de educación continua. Adicionalmente, se reactivó la Queja AB-2015-400, la cual había sido archivada administrativamente debido a su suspensión. Se le concedió un término de veinte días para responder al informe de la Procuradora General sobre dicha queja. Se le apercibió que la falta de comparecencia resultará en una determinación sin su participación. Un juez asociado expresó que investigaría y adjudicaría la queja pendiente antes de considerar la solicitud de reinstalación.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico relativa al Comité de Revisión del Manual de Instrucciones al Jurado. Se destaca la necesidad de actualizar el manual existente, completado en 2006, debido a cambios significativos en el ordenamiento jurídico, incluyendo nuevas Reglas de Evidencia y el Código Penal. Para esta tarea, el Tribunal reconstituyó el Comité en marzo de 2017. El licenciado Asdrúbal Domenech Rosa, miembro designado en 2004 y parte del comité original, solicitó ser relevado de sus funciones. El Tribunal acepta su renuncia, agradeciendo su labor y compromiso. En su lugar, se designa a la Hon. Ana Paulina Cruz Vélez, Jueza Superior, como nueva integrante del Comité. Esta resolución tiene vigencia inmediata.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico abordó la cuestión de si el término de 120 días para diligenciar el emplazamiento, conforme a la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil de 2009, puede ser prorrogado. El caso surgió de una demanda por daños donde el tribunal de instancia había concedido una prórroga para el emplazamiento. El peticionario cuestionó la legalidad de dicha extensión. El Tribunal Supremo resolvió de forma definitiva que el término para diligenciar el emplazamiento es improrrogable. Esta decisión establece la naturaleza perentoria del plazo para la notificación de la demanda bajo las reglas procesales vigentes en Puerto Rico. La opinión clarifica un aspecto fundamental del derecho procesal civil.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión per curiam en el caso AB-2007-0096 contra el notario Juan E. Medina Torres. La decisión, fechada el 22 de junio de 2018, impone una suspensión al notario. La suspensión se relaciona con su actuación en la liquidación de la herencia de Amparo Godreau Guerrero. Se cuestiona la autorización de dos escrituras en 1994 (núm. 1 y núm. 2) relacionadas con la partición y compraventa de participaciones hereditarias. En estas escrituras, el notario hizo constar la comparecencia de Elías Pablo Godreau Guerrero. Además, en la escritura núm. 1, se mencionó a Francisco Lorenzo Godreau Guerrero, quien había fallecido previamente, en la sección de adjudicaciones. Estos hechos constituyen la base de la queja disciplinaria que resultó en la sanción. La suspensión del notario será efectiva a partir del 5 de julio de 2018.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una decisión disciplinaria contra el licenciado Juan M. Rodríguez Martínez. La acción surge de una queja presentada por Félix Ortiz Montañez y Virgenmina Ortiz Santiago. Los promoventes alegaron que el licenciado Rodríguez Martínez autorizó una escritura de segregación y ratificación de compraventa con errores. También manifestaron que el abogado no presentó la escritura en el Registro de la Propiedad como se había comprometido. Intentaron comunicarse con él sin éxito para indagar sobre el asunto. Descubrieron que la escritura contenía errores relacionados con la procedencia del título, número de lotificación y discrepancias en la cabida de la finca. El abogado, en su contestación, admitió haberse percatado de la discrepancia en la cabida antes de otorgar la escritura. Sin embargo, procedió con el acto notarial a solicitud de uno de los comparecientes. Debido a este incumplimiento y, según el preámbulo, reiteradas faltas a órdenes del Tribunal, se ordena su suspensión del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión es efectiva a partir del 5 de julio de 2018.