Bernier González v. Rodríguez Becerra

El Tribunal Supremo de Puerto Rico abordó la cuestión de si el término de 120 días para diligenciar el emplazamiento, conforme a la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil de 2009, puede ser prorrogado. El caso surgió de una demanda por daños donde el tribunal de instancia había concedido una prórroga para el emplazamiento. El peticionario cuestionó la legalidad de dicha extensión. El Tribunal Supremo resolvió de forma definitiva que el término para diligenciar el emplazamiento es improrrogable. Esta decisión establece la naturaleza perentoria del plazo para la notificación de la demanda bajo las reglas procesales vigentes en Puerto Rico. La opinión clarifica un aspecto fundamental del derecho procesal civil.