Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 39)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari en un caso de divorcio. El peticionario, Luis Héctor Deliz Martínez, impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden le exige continuar pagando una pensión pendente lite a su ex-esposa, María De Los Ángeles Pérez Cruz. La pensión provisional de $400 fue concedida inicialmente junto con la sentencia de divorcio de septiembre de 2023. El peticionario argumentó que la pensión pendente lite debió cesar al finalizar el divorcio y que se requería un nuevo proceso para una pensión excónyuge. La recurrida sostuvo que el asunto de alimentos no estaba finalizado y el tribunal mantenía jurisdicción para extender la medida provisional. La Resolución recurrida de agosto de 2024 ordenó la continuación del pago de $400 hasta una vista final de alimentos. El Tribunal de Apelaciones adelanta la denegación del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de injunction, libelo y difamación. El apelante, Sergio Arias Cao, recurre de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda con perjuicio. La desestimación se fundamentó en la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil por supuesta falta de trámite o inactividad procesal. El caso había presentado varios incidentes procesales, incluyendo la incomparecencia del apelante a una conferencia y órdenes subsiguientes para mostrar causa por inactividad. La desestimación final ocurrió después de que el apelante respondiera a una orden de mostrar causa indicando que el caso estaba listo para juicio y esperaba señalamiento del tribunal. El Tribunal de Primera Instancia consideró que la justificación de la inactividad no era suficiente. El Tribunal de Apelaciones revisó los antecedentes procesales y los fundamentos de la desestimación. Tras su análisis, el foro apelativo determina revocar la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La decisión principal del Tribunal de Apelaciones es dejar sin efecto la desestimación con perjuicio del caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de certiorari presentado por Víctor Pérez Rodríguez contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La resolución recurrida fue emitida el 9 de septiembre de 2024 y notificada el 10 de septiembre de 2024. El recurso fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones el 16 de octubre de 2024. El Tribunal advirtió que la presentación parecía fuera del término estricto de treinta días para el certiorari, según la Regla 32(D) de su Reglamento. Se requirió al Peticionario que expusiera razones para la dilación, pero este no respondió ni solicitó prórroga. Conforme a la jurisprudencia y el Reglamento, la presentación tardía de un recurso priva de jurisdicción al tribunal apelativo. El término para presentar el certiorari vencía el 10 de octubre de 2024. Al haberse presentado el 16 de octubre, el recurso resultó extemporáneo. Por tanto, el Tribunal carece de jurisdicción para atender el recurso y procede su desestimación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre una petición de auto de mandamus presentada por Estrella Homes II, LLC. La peticionaria solicitó que se ordenara al Tribunal de Primera Instancia (TPI) en Yauco a atender mociones post sentencia y emitir una orden de lanzamiento. El caso subyacente es un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca de 2017, cuya sentencia se dictó en 2021 y la propiedad fue subastada y adjudicada a la peticionaria en 2022. Una orden de lanzamiento inicial fue dejada sin efecto en 2023 para permitir asistencia gubernamental a los ocupantes, la cual, según la peticionaria, no aceptaron. Ante la inacción del TPI sobre nuevas solicitudes de lanzamiento y otras mociones pendientes desde octubre de 2023, se presentó el mandamus. El Tribunal de Apelaciones ordenó a la jueza del TPI mostrar causa. La jueza informó que el 23 de octubre de 2024 había dispuesto y notificado todos los asuntos pendientes en el caso. Dado que el TPI resolvió las gestiones solicitadas, el Tribunal de Apelaciones determinó que no procedía expedir el auto. Por consiguiente, se denegó la petición de mandamus.

Resumen:

Dos recursos de revisión administrativa, KIRA202400560 y KLRA202400575, fueron presentados ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por Learn Aid LLC y Ediciones Santillana, Inc. Ambos recursos impugnan la decisión del Departamento de Educación (DEPR) de adjudicar la Solicitud de Propuestas (RFP) DEPR-UAF-23-009 a SM, Inc. La RFP buscaba servicios de diseño curricular, y el DEPR adjudicó el contrato a SM, Inc. en agosto de 2024 tras evaluar las propuestas. El aviso de adjudicación incluía instrucciones para solicitar reconsideración administrativa ante el DEPR. El Tribunal consolidó ambos recursos y inicialmente paralizó los procedimientos del DEPR relacionados con la RFP. No obstante, la sentencia del Tribunal de 29 de octubre de 2024 deja sin efecto la paralización. La sentencia desestima ambos recursos por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia sobre dos recursos de revisión administrativa consolidados. Los recursos, presentados por Learn Aid LLC y Ediciones Santillana, Inc., impugnan la adjudicación de la Solicitud de Propuestas (RFP) DEPR-UAF-23-009 por parte del Departamento de Educación. Dicha RFP buscaba un proveedor para servicios de revisión curricular. El Departamento de Educación adjudicó la propuesta a SM, Inc. tras evaluar las ofertas. Los recurrentes apelaron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El tribunal consolidó ambos casos y previamente paralizó los procedimientos administrativos. En esta sentencia, el tribunal deja sin efecto la paralización. Se desestiman ambos recursos de revisión. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal. El documento detalla el requisito de agotar el remedio administrativo de reconsideración ante el Departamento de Educación antes de acudir a la vía judicial.

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El recurrente Jeffrey Hernández Ramos solicitó revisión judicial de una evaluación del Programa de Pre-Reinserción del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha evaluación, notificada el 6 de junio de 2024, refirió su caso para evaluación adicional relacionada con los derechos de las víctimas. El recurrente presentó una solicitud de reconsideración ante la agencia el 24 de junio de 2024. La agencia no actuó sobre la solicitud de reconsideración. El recurso de revisión judicial fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones el 2 de octubre de 2024. El Tribunal evaluó el escrito y los documentos presentados. Se determinó que el recurso fue presentado tardíamente. La presentación tardía priva al tribunal de jurisdicción sobre la materia. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso de revisión judicial.

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Mariano Maldonado Pagán compareció ante el Tribunal de Apelaciones solicitando una orden para que el Tribunal de Primera Instancia de Carolina le proveyera copia de un informe pre-sentencia y de un recurso de apelación. El peticionario había solicitado previamente el informe pre-sentencia al foro primario, pero su petición fue devuelta por supuestas faltas formales. Ante el Tribunal de Apelaciones, Maldonado Pagán alegó que se le había lacerado su derecho a la información pública. El Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso presentado. La desestimación se basó en la determinación de que el Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción para atender la solicitud. El tribunal enfatizó que la jurisdicción es fundamental y que su ausencia es insubsanable, obligando a la desestimación del recurso.

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Se presenta un recurso de apelación contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda contra el Banco Popular de Puerto Rico. La apelante demandó al banco por daños y perjuicios, alegando que no protegió los fondos en cuentas conjuntas ("y/o") de su padre fallecido. Días después del deceso, los cotitulares sobrevivientes retiraron los fondos y cerraron las cuentas. La apelante argumentó que el banco incumplió su deber contractual y no actuó ante actividad sospechosa. El Banco Popular se basó en sus contratos de depósito, los cuales establecen que en cuentas "y/o", los cotitulares tienen derecho individual a depositar, retirar y cerrar las cuentas. Los contratos también indican que cada depositante autoriza al otro a realizar transacciones y cancelaciones. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra el banco. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial recurrida.

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S.A. Properties presentó una querella ante el Negociado del Cuerpo de Bomberos alegando que P.D.C.M. Associates utilizaba su sistema de prevención de incendios. El Negociado ordenó a P.D.C.M. presentar un plan de cumplimiento y desconectarse del sistema de S.A. Properties. P.D.C.M. solicitó reconsideración, negando la conexión y argumentando que tenía un sistema independiente. Tras analizar los hechos y celebrar una reunión, el Negociado dejó sin efecto su orden inicial. Determinó que no había evidencia de incumplimiento ni de la conexión alegada. S.A. Properties solicitó la revocación de esta nueva orden, alegando falta de notificación y violación al debido proceso. El Negociado respondió que no había más trámites pendientes, considerando su determinación final. Inconforme, S.A. Properties recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante Revisión Judicial. Plantea como error principal la falta de notificación adecuada de las órdenes y determinaciones del Negociado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentado por Banco Popular contra David Efron y Norfe Group Corporation. El demandado apeló la denegatoria de su moción de desestimación por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda del Banco alegaba que los demandados adeudaban más de un millón de dólares en un pagaré hipotecario y no habían radicado una solicitud completa de mitigación de pérdidas que justificara paralizar el proceso. El demandado argumentó que una solicitud de 2020 aún estaba pendiente, impidiendo la demanda según la ley federal. El Banco presentó evidencia de que la solicitud de 2020 fue considerada incompleta tras el rechazo de una oferta y la opción por una moratoria COVID-19. El Banco también demostró que el demandado fue notificado para presentar una nueva solicitud y se le ofrecieron alternativas, sin que este lo hiciera. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y el récord. Concluyó que la demanda contenía una causa de acción viable y las alegaciones del demandado carecían de apoyo en el récord, por lo que declinó intervenir con la decisión recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que deniega un auto de certiorari presentado por Carlos Arturo Morales Pérez. El peticionario impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas que adoptó un informe de la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA). La resolución del TPI denegó la reconsideración solicitada por el Sr. Morales Pérez. El caso se relaciona con la pensión alimentaria fijada para su hija menor. El padre solicitó una rebaja de pensión alegando haber perdido su empleo. La madre, Justina Sánchez Cruz, se opuso a la solicitud, poniendo en duda el motivo de la cesantía. El TPI refirió el asunto a la EPA, que celebró una vista sobre la rebaja. Posteriormente, surgió una disputa sobre la expedición de una orden patronal para certificar la razón del despido. Aunque el TPI emitió la orden, la madre presentó objeción. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el padre.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una petición de Certiorari presentada por Enrique Rodríguez Narváez y otros. La petición busca revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama. Dicha Resolución denegó a los peticionarios el uso de prueba pericial en un pleito sobre daños. La exclusión se basó en el incumplimiento de los peticionarios con las órdenes del foro primario sobre la identificación de peritos y la presentación de informes periciales. El caso subyacente es una demanda por daños a propiedad y perjuicios presentada por los peticionarios contra Bermúdez, Longo, Díaz-Masso, LLC, General Sewer & Contractor Services Corp. y la Autoridad Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico. Los peticionarios alegan que sus fincas sufrieron daños durante trabajos realizados por los contratistas para la AAA. Los recurridos han presentado su oposición a la expedición del Certiorari, argumentando que la decisión del foro primario fue correcta. El Tribunal de Apelaciones ha dado por perfeccionado el recurso y procederá a examinar los hechos procesales y los méritos de la petición.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de Certiorari presentada por el codemandado Sr. Genaro Mojica Ávila. El recurso busca revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que denegó su Moción de Desestimación. La demanda original fue incoada por Inmotion, LLC contra Eagle Trading, LLC y otros, incluyendo al Sr. Mojica Ávila, por cobro de dinero relacionado con un contrato de licencias de software. Inmotion alegó que el Sr. Mojica Ávila firmó la propuesta de servicios por sí y en representación de Eagle Trading, y que la parte demandada incumplió con pagos. El Sr. Mojica Ávila argumentó en su moción que firmó únicamente en representación de la corporación, sin asumir responsabilidad personal o solidaria. Inmotion se opuso, sosteniendo que la demanda contenía alegaciones suficientes para rebasar el principio de responsabilidad limitada. El Tribunal de Apelaciones, en esta etapa de los procedimientos, acuerda denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por el Sr. Mojica Ávila.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación sobre despido injustificado. La apelante, Yolanda Bajandas García, impugnó la desestimación sumaria de su reclamación contra Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Centro Médico de Puerto Rico (CentroCoop). La señora Bajandas García, expresidenta ejecutiva, alegó haber sido despedida injustificadamente tras la intervención de COSSEC en la cooperativa. CentroCoop argumentó que la cesantía fue resultado del proceso de liquidación de la institución. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de CentroCoop, concluyendo que el despido se debió a la liquidación conforme a la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito. La apelante solicitó la revocación de esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Finalmente, el panel confirmó el dictamen apelado. La sentencia valida la determinación de que la destitución estuvo justificada por el proceso de liquidación de la cooperativa.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una apelación presentada por Luis R. Carmona Resto y otros. Los apelantes recurren una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao. El caso original versaba sobre una reclamación de cobro de dinero instada por el señor Carmona Resto contra Deliris Irizarry Rodríguez. El apelante alegaba haber prestado a la apelada la suma de $59,963.90 para la compra de una propiedad. La apelada, por su parte, sostenía que dicha cantidad fue un regalo recibido durante la relación sentimental que mantuvieron. El foro primario determinó que el dinero entregado constituyó una donación. En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la demanda de cobro de dinero. Los apelantes solicitaron al Tribunal de Apelaciones que revocara dicha determinación. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, Javier Ríos Jordán, solicitó dejar sin efecto una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Utuado. Dicha resolución dio por contestado un interrogatorio en un pleito de cobro de dinero. La controversia en instancia giró en torno a la juramentación de la contestación por una de las demandadas. El foro primario aceptó la certificación notarial y denegó una vista evidenciaria. El peticionario recurrió en certiorari tras denegarse la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones revisa la solicitud a la luz de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Esta regla limita la revisión de órdenes interlocutorias por certiorari a situaciones excepcionales para evitar dilaciones. El recurso de certiorari es discrecional. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre una petición de certiorari presentada por los demandados en un pleito civil. El caso original, tramitado en el Tribunal de Primera Instancia, trata sobre sentencia declaratoria, acción reivindicatoria, acción confesoria y daños y perjuicios relacionados con el acceso a una propiedad. Los peticionarios solicitaban la revisión de una resolución del foro primario que denegó su moción de desestimación por falta de parte indispensable. Argumentaban errores en el emplazamiento y que ciertas partes eran indispensables para el pleito. El Tribunal de Primera Instancia había determinado que el emplazamiento fue diligenciado correctamente y que las partes señaladas no eran indispensables. Tras evaluar la petición de certiorari, el Tribunal de Apelaciones deniega el auto solicitado.

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Sentencia de un panel de jueces que revisa un dictamen del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo. La apelante, Jacqueline Rosado Rodríguez, impugnó la desestimación de su demanda por insuficiencia de prueba (Non-Suit) bajo la Regla 39.2(c). La demanda original de 2016, consolidada con una acción sobre caudal hereditario, solicitaba interdictos, daños y perjuicios. Tras un juicio en su fondo, el TPI dictó sentencia el 16 de abril de 2024 declarando Ha Lugar la solicitud de desestimación. El foro apelativo evaluó el expediente y la decisión recurrida. Se confirma en parte la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. No obstante, se devuelve el caso al foro primario. La devolución es para que el TPI disponga específicamente del asunto relacionado con el usufructo viudal. Esto implica que la desestimación total fue modificada para permitir la consideración de este punto particular.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños, incumplimiento de contrato e interferencia torticera. La apelante, Glendaly Hernández Acosta, recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda original alegaba que la apelada, Ángeles Torres Sánchez, incumplió un contrato de opción de compraventa de una propiedad. Según la apelante, Torres Sánchez vendió la propiedad a un tercero a pesar de la vigencia del contrato de opción. La demanda también involucraba al corredor de bienes raíces, Antonio Arrieta Sepúlveda y Arrieta Realty, por su participación. Los apelados presentaron una moción de desestimación que fue acogida por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca el dictamen apelado. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos.

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Se resuelve un recurso de apelación presentado por el Sr. Michael John Chaklos contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda de divorcio. La desestimación en el TPI se basó en una moción de la Sra. Karen Louise Toohey, quien alegó falta de jurisdicción. La Sra. Toohey argumentó que ella había presentado previamente una demanda de divorcio en California y que el Sr. Chaklos no cumplía con el requisito de residencia en Puerto Rico. También sostuvo que California era el foro más apropiado para resolver las controversias. El TPI acogió la moción de desestimación luego de que el Sr. Chaklos no respondiera a la misma. El panel apelativo resuelve modificar la sentencia del TPI para que la desestimación sea sin perjuicio. Así modificada, la sentencia apelada es confirmada.

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El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación de mantener a José E. Barreto Concepción en custodia máxima. El peticionario impugna la decisión, alegando que se consideraron factores indebidos como la gravedad del delito y la extensión de la sentencia, y que la escala numérica indicaba custodia mediana. Corrección justificó su decisión basándose en la sentencia consolidada de 153 años, historial de violencia excesiva, afiliación con gangas, desobediencia, alegado liderazgo criminal, uso de sustancias controladas y negativa a aceptar responsabilidad por el delito. El tribunal aplica un estándar de revisión deferente a las agencias administrativas, confirmando sus decisiones si están basadas en evidencia sustancial y no son arbitrarias o irrazonables. Concluye que procede la confirmación de la decisión impugnada. La clasificación de confinados se rige por el Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011 y el Reglamento 8281, que utilizan factores objetivos y discrecionales.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró recursos de revisión judicial consolidados presentados por LT Autos LLC, Rafael Santiago Ríos y USAA Federal Savings Bank. Las partes solicitaron la revisión de una Resolución emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) el 17 de julio de 2024. Dicha Resolución resolvió una querella incoada por el señor Santiago Ríos relacionada con la compraventa de un vehículo de motor. El DACo declaró Ha Lugar la querella y condenó a LT Autos, USAA y al señor Santiago Ríos a responder en partes iguales por un balance de más de $50,000. Las tres partes presentaron mociones de reconsideración ante el DACo, las cuales no fueron atendidas. Posteriormente, interpusieron recursos de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó los recursos consolidados. Finalmente, el Tribunal determinó desestimar los recursos. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender las apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero. El Monte Town Center, LLC y El Monte Tower LLC apelaron una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia acogió una resolución que determinó que unos pagarés no eran transferibles, que el apelado Juan C. Ruaño Muñoz no transfirió sus acreencias y que la capitalización de la deuda era nula. El apelado había demandado a las compañías apelantes por el impago de dichos pagarés. Las apelantes se defendieron alegando la capitalización de la deuda y la nulidad de una transferencia de participación del apelado. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre recursos de revisión judicial consolidados. Las partes recurrentes son LT Autos LLC, Rafael Santiago Ríos y USAA Federal Savings Bank. Los recursos provienen de una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) relacionada con una querella sobre la compraventa de un vehículo de motor. En su Resolución, el DACo declaró Ha Lugar la querella y condenó a LT Autos, USAA y al querellante a responder en partes iguales por un balance adeudado. Las partes presentaron mociones de reconsideración ante el DACo, las cuales no fueron atendidas. Posteriormente, LT Autos, el señor Santiago Ríos y USAA presentaron recursos de revisión judicial separados ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal consolidó estos recursos. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones desestima los recursos. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender los recursos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró tres recursos de revisión judicial consolidados. Estos recursos fueron presentados por LT Autos LLC, Rafael Santiago Ríos y USAA Federal Savings Bank. Buscaban la revisión de una Resolución emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La Resolución del DACo surgió de una querella presentada por el señor Santiago Ríos sobre la compraventa de un vehículo de motor. En su dictamen, el DACo declaró Ha Lugar la querella y condenó a LT Autos, USAA y al señor Santiago Ríos a responder en partes iguales por un balance adeudado. Las partes habían solicitado reconsideración ante el DACo sin obtener respuesta. Posteriormente, presentaron apelaciones separadas ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó estos recursos impugnando la decisión del DACo. Concluyó que carecía de jurisdicción sobre el asunto y, por consiguiente, desestimó los tres recursos consolidados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Miguel Elías Gutiérrez Centeno contra Presbyterian Community Hospital, Inc. El recurso cuestiona la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la reclamación de despido injustificado del señor Gutiérrez mediante sentencia sumaria. El Apelante alegó haber sido despedido injustificadamente tras un incidente de seguridad informática, argumentando falta de adiestramientos necesarios. El Hospital Apelado sostuvo que el despido fue justificado por el incumplimiento reiterado de los deberes del señor Gutiérrez como gerente de sistemas, presentando evidencia al respecto. El foro primario acogió la solicitud de sentencia sumaria del Hospital. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegando una solicitud de certiorari. La parte peticionaria, American International Insurance Company y el Lcdo. Héctor F. Oliveras Delgado, buscaba la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó sus mociones de sentencia sumaria en un caso de daños y perjuicios incoado por MAPFRE Praico Insurance Company. MAPFRE demandó a los peticionarios alegando impericia profesional del Lcdo. Oliveras Delgado en un pleito anterior, lo que resultó en pérdidas económicas para MAPFRE. Los peticionarios basaron sus mociones de sentencia sumaria en una cláusula de renuncia al derecho de subrogación en la póliza de MAPFRE. El Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, resolvió denegar la expedición del auto de certiorari sin trámite ulterior.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una Resolución de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS). MAPFRE Praico Insurance Company recurrió la decisión de la OCS que denegó su moción de desestimación en un procedimiento administrativo. Este procedimiento se inició por una solicitud de investigación del señor Clyde Fasick Juliá. El señor Fasick Juliá impugnó la denegación por parte de MAPFRE de una reclamación bajo una póliza de seguro de viaje. La reclamación se basó en la cancelación del viaje debido a la hospitalización de emergencia del asegurado dos días antes de la fecha de salida. MAPFRE denegó el pago argumentando que la emergencia médica ocurrió antes de la vigencia del seguro y que la notificación de la reclamación fue tardía. La OCS, tras investigar, concluyó que la denegatoria de MAPFRE no se realizó de buena fe. La Resolución recurrida por MAPFRE fue la que declaró No Ha Lugar su moción de desestimación ante la OCS. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el recurso, confirma la Resolución de la OCS.

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Se trata de una Sentencia de un panel judicial en Puerto Rico. El Comité Diálogo Ambiental, Inc. instó un recurso de revisión judicial contra una Resolución de la Junta Adjudicativa de la OGPe. Dicha Resolución aprobó la consulta de ubicación para el Proyecto Salinas Solar Fase I. Este proyecto consiste en la instalación de un sistema solar fotovoltaico de 120 megavatios con almacenamiento de 100 megavatios. El proyecto se ubicaría en terrenos clasificados como Suelo Rústico Especialmente Protegido-Agrícola en los municipios de Salinas y Guayama. El Comité Ambiental había intervenido en el proceso administrativo y solicitó la revisión judicial de la aprobación. La OGPe y la empresa Clean Flexible Energy se opusieron al recurso de revisión. La Autoridad de Energía Eléctrica presentó un Alegato de Amicus Curiae. Tras examinar los escritos presentados, el panel judicial decidió confirmar la Resolución recurrida. También autorizó el Alegato de Amicus Curiae de la AEE.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación sobre incumplimiento de contrato y daños. El apelante, Frank R. Armstrong Anselmi, recurrió una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le fue adversa. Durante el trámite apelativo, se informó que el apelante se encontraba en un proceso de quiebra bajo el Capítulo 7. Posteriormente, se confirmó que el Tribunal de Quiebras emitió una orden de descargo de las obligaciones del apelante. Dicha orden, conforme a la ley de quiebras, exime al deudor de cumplir con las deudas incurridas antes del descargo. Reconociendo la falta de jurisdicción de este foro debido a la orden de descargo, el Tribunal de Apelaciones procede a desestimar el recurso.

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Se presenta una revisión judicial por la Sra. María Soledad Ramírez Becerra contra una resolución de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La resolución de la AAA confirmó la obligación de la recurrente de pagar facturas de agua que considera excesivas y archivó su querella. La Sra. Ramírez, usuaria de una cuenta asociada al Sr. Gustavo Gelpi Abarca, objetó facturas inusualmente altas desde julio de 2015. Alegó que los montos facturados no correspondían al consumo real y que la AAA tardó siete años en señalar una vista administrativa, violentando su debido proceso. Indicó que pruebas de plomeros y contrastaciones del contador realizadas por la AAA mostraron que el medidor estaba fuera de los niveles de corrección. A pesar de las objeciones y los resultados de las pruebas, la AAA mantuvo su determinación de cobro. El panel judicial revisó el recurso presentado. La corte decide desestimar la revisión judicial. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. El caso se considera académico, lo que justifica la falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una apelación sobre una sentencia declaratoria relacionada con el uso de una servidumbre de paso. El apelante, propietario de la Finca Núm. 9264, demandó al apelado, propietario de la Finca Núm. 17168, por obstruir un paso. La controversia gira en torno a una servidumbre de paso constituida y registrada en 1998 a través de la Finca Núm. 9264 en beneficio de la Finca Núm. 17168, cuando ambas propiedades pertenecían al predecesor del apelante. Aunque la escritura de adquisición del apelante en 2019 no mencionó esta servidumbre específica, la escritura original de 1998 y su inscripción registral la establecieron. El Tribunal de Primera Instancia confirmó su sentencia previa y determinó que el apelante no cumplía con los criterios de la tercería registral. Esto implicó que la servidumbre registrada era válida y oponible al apelante. El apelante solicitó la revocación de dicha resolución. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, confirmó la Resolución recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel X, emitió una Resolución en el caso de daños y perjuicios SJ2019CV08151. La codemandada Ivelisse Zayas Miranda presentó una petición de certiorari y una solicitud para paralizar el juicio pautado para el 29 de octubre de 2024. Arguyó que el tribunal de primera instancia erró al no desestimar la demanda por falta de una parte indispensable. Específicamente, se refirió al esposo de otra codemandada y la sociedad legal de bienes gananciales. Tras examinar los escritos de la peticionaria, el Tribunal decidió prescindir de la comparecencia de la parte recurrida. La Resolución denegó tanto la solicitud de paralización del juicio como la expedición del recurso de certiorari. El Tribunal aclaró que esta determinación no constituye una adjudicación sobre los méritos de la controversia. La parte peticionaria podrá traer el asunto nuevamente ante el Tribunal, si lo entiende pertinente, una vez culminado el juicio y por vía de apelación.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari y solicitud en auxilio de jurisdicción. La Sucesión de Ramón Soto Martínez y otros impugnan dictámenes del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instado por Banco Popular de Puerto Rico. Los peticionarios solicitaban la paralización de una vista señalada por el TPI y la revocación de una resolución que reinstaló una orden protectora sobre el inmueble. Argumentaron que el TPI erró al conceder la orden protectora sin vista evidenciaria y antes de nombrar un defensor judicial para el heredero menor. También cuestionaron la vista señalada. El Banco Popular se opuso, defendiendo la orden protectora y la necesidad de la vista. Tras evaluar las posturas, el Tribunal de Apelaciones denegó tanto la solicitud en auxilio de jurisdicción como la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso de certiorari KLCE202401086. La peticionaria, Melba Sotomayor Santos, solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión denegó su petición de declarar como hogar seguro la propiedad conyugal tras un proceso de divorcio. La señora Sotomayor Santos alegó que el foro primario erró al basar su decisión en criterios exclusivamente económicos y al no considerar acuerdos previos ni la distinción entre un simple techo y un hogar. El recurrido, Almin Rivera Collado, presentó una oposición a la expedición del recurso. El Tribunal de Apelaciones evaluó la solicitud de certiorari y los criterios aplicables para su expedición. Finalmente, el Tribunal denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado por la peticionaria.

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Sentencia enmendada del Tribunal de Apelaciones en un recurso de certiorari presentado por Fernando Maldonado Suárez. El peticionario impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un pleito de divorcio. Dicha orden declaró no ha lugar su solicitud de reconsideración de una decisión previa. El peticionario solicitaba la celebración de una vista expedita bajo el Artículo 603 del Código Civil de 2020 para obtener un decreto provisional de custodia compartida. El TPI había cancelado la vista pautada y refirió el asunto a la unidad social para evaluación. El peticionario alegó que el TPI abusó de su discreción al cancelar la vista expedita y referir el caso sin la determinación provisional. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la orden recurrida. Devolvió el caso al TPI para la continuación de los procedimientos de forma consistente con la sentencia. La sentencia fue enmendada para autorizar al TPI a celebrar la vista bajo el Artículo 603 sin esperar la notificación del mandato.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por Puerto Rico Industrial Commercial Holdings Biotech Corp. (PRICH). PRICH solicitó la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación en un caso de despido injustificado. La querella original fue presentada por Juleisa Peralta Ares contra PRICH, alegando condiciones de trabajo inseguras, problemas salariales y represalias tras quejarse, invocando las Leyes Núm. 80 y 115. PRICH argumentó en el foro primario que este carecía de jurisdicción, pues la materia estaba cubierta por OSHA y la Ley Núm. 16, otorgando jurisdicción exclusiva al Secretario del Trabajo. El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar la moción de desestimación, considerando suficientes las alegaciones de la querella. PRICH apeló, insistiendo en la falta de jurisdicción primaria exclusiva y otros errores del foro primario. La querellante recurrida argumentó que el Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción para revisar una determinación interlocutoria mediante certiorari bajo la Ley Núm. 2. El Tribunal de Apelaciones denegó expedir el recurso. La denegatoria se fundamentó en la determinación del Tribunal de Apelaciones de que carecía de jurisdicción para atender el recurso en esta etapa procesal.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por el Departamento de la Familia. El Departamento buscaba revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que confirmó un laudo de arbitraje. El laudo de arbitraje, emitido por la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), resolvió una queja del señor José R. Díaz Casiano, representado por la unión Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPU). El señor Díaz Casiano reclamaba el pago de un diferencial salarial por realizar funciones de Agente Comprador I mientras ocupaba un puesto de Asistente de Servicios. La CASP determinó que las leyes fiscales citadas por el Departamento no aplicaban al periodo en cuestión y ordenó el pago del diferencial por el tiempo de vigencia del convenio colectivo aplicable. El Tribunal de Primera Instancia confirmó esta decisión arbitral. El Departamento de la Familia recurrió entonces al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Tras examinar la petición y la oposición, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto. Esto implica que la decisión del foro primario, que confirmó el laudo arbitral a favor del empleado, se mantiene.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso de Jovany Carrión Gómez contra Xiomara Morales Alamo. El señor Carrión Gómez presentó un recurso de certiorari solicitando la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó modificar la pensión alimenticia. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones deniega expedir el recurso. La denegación se fundamenta en la falta de jurisdicción para atender la solicitud. La Resolución explica la importancia de la jurisdicción como el poder de un tribunal para decidir casos. Se señala que, al carecer de jurisdicción, un tribunal solo puede declararlo y desestimar el caso. Se discute el auto de certiorari como un vehículo procesal discrecional y extraordinario para rectificar errores jurídicos. Se mencionan los criterios bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil para la expedición de un certiorari. El Tribunal Apelativo debe valorar si la actuación del foro primario constituyó un abuso de discreción para intervenir. El ordenamiento reconoce el derecho a recurrir, pero sujeto a limitaciones legales y reglamentarias.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, emitió una resolución el 25 de octubre de 2024. La resolución atiende un recurso de Certiorari presentado por la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico. Este recurso se origina en un caso de Cobro de Dinero (SJ2022CV00425) del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, donde L.P.C. & D, INC. figura como parte recurrida. Tras considerar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decidió denegar su expedición. Esta denegación se basa en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Dicha regla permite al Tribunal no fundamentar su decisión al denegar la expedición de un certiorari en este tipo de casos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Miguel López Berrios en un caso de daños y perjuicios. El peticionario solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución declaró No Ha Lugar una moción de reconsideración. La moción de reconsideración buscaba revertir la denegatoria a una solicitud para enmendar la demanda. La enmienda pretendía incluir a una aseguradora como parte demandada. El foro primario denegó la enmienda por considerarla tardía, presentada luego de la conferencia con antelación al juicio. El peticionario argumentó que actuó diligentemente y que la información sobre la aseguradora no le fue provista antes. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. En consecuencia, revoca la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones atiende un recurso presentado por el señor Pierre Mounier. El apelante solicitó la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra la señora Carmen Pichardo Frías. El foro primario desestimó el caso con perjuicio por considerarlo cosa juzgada, al entender que los hechos y controversias ya habían sido resueltos en un caso anterior. No obstante, el Tribunal de Apelaciones anticipa desestimar el recurso por un motivo distinto. El tribunal señala un craso incumplimiento con su propio Reglamento por parte del apelante. La Sentencia discute la importancia de la jurisdicción y detalla los requisitos formales que debe cumplir un escrito de apelación conforme a la Regla 16 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Por tanto, la desestimación se fundamenta en incumplimientos procesales y no en los méritos de la determinación de cosa juzgada del TPI.

Resumen:

Se presenta una apelación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una reclamación laboral. La querella original del apelante fue desestimada sin perjuicio en marzo de 2023 por inacción, concediéndosele un año para radicarla nuevamente. El apelante presentó su reclamación nuevamente en abril de 2024, transcurrido el término de un año. La parte apelada solicitó la desestimación por prescripción. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción, determinando que la reclamación estaba prescrita por haberse presentado fuera del plazo. Por tanto, desestimó la querella con perjuicio. El apelante recurre dicha determinación ante este foro. El Tribunal de Apelaciones procede a confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación del Gobierno contra una decisión de instancia. El caso versa sobre la impugnación de la confiscación de un vehículo de motor bajo la Ley Núm. 119-2011. Las partes apeladas, Cooperativa de Seguros Múltiples y el señor Varón Delgado Vázquez, impugnaron la confiscación. Alegaron que el Gobierno incumplió con los requisitos procesales de notificación. Señalaron que la notificación de la ocupación y confiscación no se realizó dentro del término de treinta días. El vehículo fue ocupado el 24 de marzo de 2023 y la notificación se envió el 16 de mayo de 2023. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de los apelados. Ordenó la devolución del vehículo y la fianza prestada. El Gobierno apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia de instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución denegando una Petición de Certiorari presentada por Michael Maser. El peticionario solicitó la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de desahucio iniciado por Roxanne Sifontes Smith. La orden recurrida señaló la vista de desahucio sin resolver previamente la Moción de Desestimación del peticionario, basada en la alegada falta de emplazamiento oportuno. El caso subyacente trata sobre una demanda de desahucio por incumplimiento de contrato de arrendamiento, donde la demandante alega que el peticionario causó condiciones insalubres en la propiedad y le impidió el acceso para limpieza y mantenimiento. Previamente, el foro primario había autorizado a la demandante a acceder a la propiedad para realizar labores de limpieza y mantenimiento mediante un remedio provisional. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el legajo y referirse a los hechos detallados en un caso anterior, decidió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por el Sr. Maser.

Resumen:

Comparece Prima Group, Inc. ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de Certiorari. Solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su solicitud para dejar sin efecto una anotación de rebeldía en su contra. Dicha Orden también denegó la autorización para presentar una demanda contra tercero. El caso original fue iniciado por Mouner Amer y otros contra Prima Group, One Alliance Insurance Group y otros por incumplimiento de contrato y daños. La anotación de rebeldía contra Prima Group fue emitida en marzo de 2024, tras un historial de diligenciamiento de emplazamientos. Posteriormente, One Alliance presentó una demanda de coparte contra Prima Group, la cual fue autorizada y notificada. Prima Group solicitó sin éxito dejar sin efecto la rebeldía y presentar su demanda contra tercero. La denegatoria de esta solicitud y de una reconsideración motivó el presente recurso de apelación.

Resumen:

Este caso laboral se inició bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. El Patrono contestó la demanda e incluyó una reconvención, solicitando la conversión del caso al trámite ordinario. Inicialmente, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) ordenó la conversión. Sin embargo, tras una solicitud de reconsideración de la Empleada, el TPI dejó sin efecto la conversión, disponiendo que la reconvención se daba por no sometida. El Patrono solicitó la reconsideración de esta última orden, la cual fue denegada. Inconforme, el Patrono presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que el TPI erró al revertir el caso al trámite sumario. El Tribunal de Apelaciones concluye que el recurso de certiorari es tardío. Esto se debe a que, en casos tramitados bajo la Ley 2, una moción de reconsideración no interrumpe el término para recurrir ante este Tribunal.

Resumen:

Resolución de un panel judicial sobre una petición de certiorari presentada por Oriental Bank. Oriental solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para enmendar una sentencia previa. El caso original, iniciado por Scotiabank en 2016, buscaba el cobro de dinero y la ejecución de hipoteca contra la señora Rivera. La sentencia de 2017 concedió el cobro, pero condicionó la ejecución hipotecaria a la inscripción registral de la hipoteca. Años después, Oriental, tras la inscripción, pidió ejecutar la sentencia incluyendo la hipoteca. El foro primario rechazó la ejecución hipotecaria, argumentando que esa acción no fue adjudicada en la sentencia original al no estar inscrita la hipoteca. Oriental solicitó entonces una sentencia enmendada para incluir la ejecución hipotecaria, lo cual fue denegado por el tribunal de instancia. Ante esta denegatoria, Oriental acudió a este foro mediante certiorari. El panel, por los fundamentos expuestos, DENEGA la expedición del auto solicitado por Oriental Bank.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegó una petición de certiorari presentada por Caparra Center Associates LLC (CCA). CCA solicitaba dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Dicha determinación declaró No Ha Lugar las mociones de sentencia sumaria presentadas tanto por CCA como por la recurrida, María Cortés Porrata. El foro primario ordenó la continuación de los procedimientos en el pleito laboral. La recurrida demandó a CCA alegando despido discriminatorio y en represalia por una condición de salud mental. Sostuvo que el discrimen y las represalias comenzaron tras revelar un intento de atentar contra su vida. CCA argumentó que el despido ocurrió durante el periodo probatorio debido a la falta de desempeño de la recurrida. La Resolución del Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del foro primario de continuar con el caso. Al denegar el recurso, el Tribunal de Apelaciones permite que el litigio siga su curso en la instancia inferior.