Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 354)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo contra Luis Daniel Santos Ortiz y Nelson J. Morales Ortiz. Los apelantes fueron acusados de robo, escalamiento e infracciones a la Ley de Armas por hechos ocurridos el 9 de diciembre de 2010. Se les imputó asaltar el negocio Bar Soto en Trujillo Alto. Dos individuos entraron al negocio, robaron dinero de la caja registradora y pertenencias de un parroquiano. Empleadas del negocio testificaron sobre el asalto, indicando que uno de los asaltantes les apuntó con un arma. El negocio contaba con cámaras de seguridad que grabaron el incidente. La grabación, aunque de baja definición, mostró a los asaltantes cometiendo el robo. La evidencia en video presentó una discrepancia con el testimonio de las empleadas, al mostrar al asaltante con el arma manteniéndola baja sin apuntar a ninguna persona. El documento detalla estos hechos como parte del trasfondo del caso apelado.

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La sentencia del Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de revisión judicial presentado por un confinado. El recurrente impugnó la respuesta administrativa a su queja sobre retrasos en la entrega de correspondencia en la institución correccional. Tras agotar los remedios administrativos, incluyendo una solicitud de reconsideración, acudió al tribunal. El tribunal le requirió presentar documentos clave, como la respuesta administrativa y la moción de reconsideración, para acreditar la jurisdicción. El recurrente no cumplió con la orden de presentar dicha evidencia. Ante la falta de los documentos solicitados, el tribunal no pudo desvirtuar la presunción de corrección de la resolución administrativa. Aplicando las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) sobre los términos para solicitar reconsideración y revisión judicial, el tribunal determinó que el recurso fue presentado tardíamente. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso y procedió a desestimarlo.

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Hospital HIMA-Caguas solicitó la revisión administrativa de una decisión de la Oficina del Procurador del Paciente (OPP). La OPP le había impuesto una multa administrativa de $3,000. Esta sanción se debió a que el hospital no proveyó el expediente médico de una paciente menor de edad, alegando que se había extraviado. La madre de la paciente presentó la querella inicial ante la OPP. HIMA-Caguas impugnó la decisión, señalando errores jurisdiccionales y procesales por parte de la OPP. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso bajo el amparo de la Ley 194-2000, la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente. Dicha ley busca asegurar el acceso a servicios de salud de calidad y el conocimiento de los derechos de los pacientes, incluyendo el acceso a su información médica. Tras examinar los argumentos del recurrente, el Tribunal determinó que la decisión de la OPP era correcta. Por lo tanto, el Tribunal confirmó la determinación administrativa que impuso la multa a HIMA-Caguas.

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Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Los apelantes, Jorge y Carlos Peirats, recurrieron la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guaynabo, que desestimó su demanda en cobro de dinero contra Zayda Zayas Lugo. La sentencia apelada también les impuso el pago de $1,000 en honorarios de abogado por temeridad. Los apelantes argumentaron que el foro primario erró al desestimar la demanda, ya que la acción de cobro de dinero provino de un litigio anterior de desahucio. En el caso de desahucio, el tribunal separó las causas de acción, indicando que el cobro de los cánones adeudados y el costo de un televisor debía presentarse en un pleito independiente. El Tribunal de Apelaciones examinó el trámite de ambos casos, el de desahucio y el de cobro de dinero. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una resolución interlocutoria emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en un caso civil iniciado en 2001. Este pleito fue presentado por Ginette Valencia Mercader contra la sucesión de su hermano Wallace Valencia Jiménez, incluyendo a Maeve Ann Sandiford y Edmond Valencia Byrd, entre otros. La acción busca daños y perjuicios, complemento y partición final de la herencia de su padre, Alfonso Valencia Jiménez, alegando irregularidades en las particiones previas. El caso ha sido sumamente contencioso a lo largo de los años. Ante este Tribunal Intermedio, comparecen Sandiford y Valencia Byrd mediante recursos de certiorari separados. Sandiford cuestiona el nombramiento de un comisionado especial por el TPI para el manejo del caso. Por su parte, Valencia Byrd impugna la negativa del TPI a descalificar a Ginette Valencia Mercader como administradora. El Tribunal consolidó ambos recursos por estar íntimamente relacionados. Tras evaluar los méritos de los recursos sometidos, el Tribunal de Apelaciones determinó denegar los certiorari solicitados.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación sobre custodia. Verónica Guerra Soto apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que archivó su petición de custodia. El foro de instancia determinó que carecía de jurisdicción bajo la Parental Kidnapping Prevention Act. Fundamentó su decisión en que la residencia del menor hasta junio de 2014 era Virginia y existía un proceso judicial previo allí. La apelante solicitó reconsideración, alegando que no hubo secuestro, que existía un acuerdo para mudarse a Puerto Rico y que Puerto Rico era la residencia actual. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración, aclarando que la ley federal no requiere secuestro y reiterando los fundamentos de su decisión. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada por los mismos fundamentos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Pedro A. Laureano Negrón. El peticionario solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Solicitud de Reconsideración de Sentencia. Laureano Negrón fue sentenciado en 2009 tras declararse culpable de infracciones al Código Penal y la Ley de Armas, recibiendo penas consecutivas. En 2014, pidió reconsiderar la sentencia para enmendar cargos de Ley de Armas y lograr que las penas fueran concurrentes. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud y las subsiguientes peticiones de reconsideración. Ante la negativa, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, denegó la expedición del recurso de certiorari.

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Demetrio Lozada Ortega, confinado en la Institución Guayama 945, presentó un recurso de mandamus ante el Tribunal de Apelaciones. Solicita que se ordene al Departamento de Corrección y Rehabilitación su traslado a la Institución Correccional Bayamón 1072. El motivo principal es facilitar las visitas de sus familiares, especialmente de su madre, quien padece condiciones de salud que dificultan el viaje a Guayama. El peticionario alega haber solicitado el traslado en múltiples ocasiones y que una orden previa del Tribunal de Ponce fue incumplida. El Tribunal de Apelaciones requirió y recibió documentos de apoyo, incluyendo resoluciones administrativas y órdenes de tribunales de primera instancia. Tras considerar el recurso, el Tribunal denegó expedir el auto de mandamus. La resolución explica que el mandamus es un auto discrecional y privilegiado que solo procede para compeler el cumplimiento de deberes ministeriales, no discrecionales. La decisión se basa en los fundamentos que se discutirán a continuación en la resolución.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La resolución apelada confirmó la jurisdicción del TPI para hacer cumplir una orden emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso se originó por una querella de una consumidora contra Medina Auto Sales, Inc., alegando que el vehículo adquirido presentaba daños previos no revelados. Tras una investigación, el DACo encontró evidencia de reparaciones anteriores en el vehículo. El foro administrativo emitió una resolución ordenando la resolución del contrato de compraventa y el reembolso a la consumidora. Luego de que las mociones de reconsideración fueran denegadas, el DACo solicitó al TPI la ejecución de su orden. Medina Auto Sales cuestionó la jurisdicción del TPI para ello. El TPI afirmó tener jurisdicción para ejecutar la orden del DACo. El Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del TPI sobre su jurisdicción.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve la apelación presentada por Jaquelina Fernández Estrada contra Oriental Bank \& Trust. La apelación impugnaba una sentencia sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La sentencia de instancia condenó a la Sra. Fernández Estrada a pagar cuantiosas sumas por varias deudas. Dicha sentencia también ordenó la ejecución y venta en pública subasta de fincas hipotecadas si no se realizaba el pago, con posibilidad de cobro sobre otros bienes. Tras revisar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones procedió a confirmar la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Se refiere a un recurso de apelación en el que el apelante incumplió repetidamente con la orden de presentar el Apéndice requerido por el Reglamento del Tribunal. A pesar de concederle múltiples prórrogas y de imponerle una sanción económica, el apelante no cumplió con la presentación de dicho documento ni con la provisión de la dirección de su representado. El Tribunal explica que el Apéndice es esencial para la revisión adecuada del recurso. Aunque la omisión inicial del Apéndice no es causa automática de desestimación, el incumplimiento craso y reiterado de las órdenes del Tribunal sí lo es. Ante la falta de cumplimiento persistente, el Tribunal decide desestimar el recurso de apelación.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos recursos de certiorari consolidados. Los recursos surgen de un pleito civil de 2001 sobre daños, complemento y partición de la herencia de Alfonso Valencia Jiménez. La demandante original, Ginette Valencia Mercader, alega irregularidades en la partición contra los herederos de su hermano Wallace y su abogado. La peticionaria Maeve Ann Sandiford impugna el nombramiento de un comisionado especial por el Tribunal de Primera Instancia. El peticionario Edmond Valencia Byrd cuestiona la negativa del tribunal a descalificar a Ginette Valencia Mercader como administradora. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos casos por su relación. Tras evaluar los méritos, el Tribunal denegó los recursos de certiorari. La resolución se relaciona con una orden interlocutoria del tribunal de instancia para el manejo del caso.

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Este es un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero por incumplimiento de contrato. La peticionaria, Nancy Pérez, solicita la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de relevo de sentencia. El demandante original alegó que Nancy Pérez y Luis Ricardo Zambrano le debían dinero por préstamos. Una demanda enmendada incluyó a Celina Rosario Colón, esposa de Zambrano, y sostuvo que un pagaré suscrito por ella evidenciaba el préstamo principal. Nancy Pérez presentó una moción de desestimación argumentando que la demanda enmendada no establecía una causa de acción en su contra. A pesar de su moción, se dictó sentencia en rebeldía contra ella y otros demandados. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. Tras revisar el caso, el Tribunal determinó expedir el auto. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la orden del foro primario que denegó el relevo de sentencia a Nancy Pérez.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una petición de certiorari presentada por la Administración del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno (Retiro). Retiro procuraba revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en Mayagüez. La orden del TPI requirió a Retiro enmendar una petición ex parte sobre la consignación de beneficios de retiro para una beneficiaria menor de edad. Retiro había intentado consignar fondos para la hija menor de un participante fallecido, indicando que no podían pagarle directamente. El TPI determinó que no se había instado alegación alguna contra la beneficiaria designada y ordenó a Retiro incluir a los beneficiarios en la presentación. Retiro argumentó que este método de consignación se había utilizado por años. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el asunto, decidió declinar la expedición del auto de certiorari. La resolución expone la naturaleza discrecional del certiorari y los criterios que guían la decisión del tribunal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso entre las productoras Jocelyn Walleska Serra y César Sainz. La señora Serra presentó una querella ante el Colegio de Productores de Espectáculos Públicos (COPEP) contra el señor Sainz. Alegó que este interfirió con su derecho contractual preferente para producir un concierto de Ana Gabriel. La Comisión de Ética de COPEP investigó la querella. Inicialmente consideró sancionar al señor Sainz, pero finalmente lo exoneró. La Comisión concluyó que el manejador de la artista negoció de mala fe con ambos productores. La señora Serra solicitó revisión ante la Junta de Directores de COPEP, que confirmó la decisión de la Comisión. Inconforme, la señora Serra acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó la determinación administrativa. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revoca la decisión recurrida del COPEP.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Blanca F. Amador García apeló la determinación de DACO en su querella contra Cabrera Auto Group y otros. La querella se originó por problemas en el motor de un vehículo Ford F250 adquirido por Amador en 2008. Aproximadamente un año después de la compra, el vehículo presentó fallas y Cabrera Auto Group denegó la garantía alegando pobre mantenimiento. Amador presentó su querella en DACO años más tarde. Tras una vista administrativa, DACO concluyó que Amador no demostró que el daño o la denegatoria de garantía fueran responsabilidad de los querellados. Amador recurrió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que DACO erró al no considerar que su perito estableció la responsabilidad de los querellados, lo que justificaría la reparación o rescisión del contrato. La sentencia contextualiza el rol de DACO en la protección al consumidor y sus facultades reglamentarias, incluyendo la inspección de vehículos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una solicitud de certiorari presentada por Freddie Angelucci Ponce. El peticionario impugnaba una resolución del Tribunal de Primera Instancia que dejó sin efecto una sentencia previa de desestimación. Los cargos originales contra el peticionario eran por violación a la Ley de Sustancias Controladas. El caso experimentó múltiples aplazamientos debido a que el Ministerio Público no contaba con el análisis químico necesario para el juicio. El 15 de diciembre de 2014, el TPI desestimó las acusaciones por incumplimiento del término a juicio rápido. Sin embargo, al día siguiente, el TPI revirtió la desestimación, alegando que el acusado estaba ingresado solo por desacato y no por el delito. El peticionario solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Ante esta determinación, acudió al Tribunal de Apelaciones argumentando violación a su derecho a juicio rápido. El Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado.

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Se trata de una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un litigio entre los esposos Luis Poggi Fuentes y Migdalia Milián Santiago y Banco Popular. El caso se origina en un préstamo otorgado por el Banco a la corporación de los peticionarios, garantizado personalmente por ellos con una hipoteca sobre su propiedad. Tras el incumplimiento en el pago, el Banco Popular instó una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por un balance de \$88,350.00. Los peticionarios alegan que alcanzaron un acuerdo de plan de pago con el Banco, pero que el abogado de la institución presentó un borrador con términos distintos, incluyendo el consentimiento a sentencia y el pago de honorarios. Sostienen que el Banco actuó de mala fe al modificar los términos previamente acordados, impidiendo una transacción de la deuda. El Banco, por su parte, alega que fue el abogado de los peticionarios quien alteró los acuerdos preliminares. Este caso llega al Tribunal de Apelaciones luego de que se denegara una solicitud de hogar seguro sobre la propiedad hipotecada en un recurso anterior.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la sentencia dictada contra el Sr. Ebed Cadmiel Villaronga. El apelante había sido hallado culpable por un jurado de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. Estos delitos resultaron en una condena global de 242 años y 8 meses de cárcel. Los hechos que dieron lugar a las acusaciones ocurrieron en septiembre de 2011, culminando en los asesinatos de dos personas frente a un negocio. Durante el juicio, el Ministerio Público presentó evidencia como videos de seguridad, una grabación del 911 y testimonios de testigos e investigadores. La investigación inicial incluyó el análisis de videos que mostraban los vehículos involucrados y la identificación de personas. Tras revisar el caso y los fundamentos presentados, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari presentado por empleados de Pfizer. Los empleados son demandantes en una reclamación de salarios contra la empresa. Solicitan la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia que permite a Pfizer continuar tomando deposiciones a aproximadamente cien empleados. Los peticionarios argumentan que ya se han tomado suficientes deposiciones (128) y que debe aplicarse una doctrina de testimonio representativo, citando jurisprudencia federal y la Regla 20.4 de Procedimiento Civil. Buscan dar por terminada la etapa de descubrimiento de prueba y que se señale la conferencia con antelación a juicio. Pfizer se opone, alegando la necesidad de más deposiciones debido a hechos particulares de cada reclamación. Pfizer sostiene que la doctrina invocada no aplica bajo la ley de Puerto Rico, refiriéndose a una decisión del Tribunal Supremo. El Tribunal de Apelaciones evalúa el recurso de certiorari y una solicitud de orden en auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos. La resolución expone el contexto procesal y los argumentos de las partes sobre el alcance del descubrimiento en este litigio de reclamación de salarios.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Oriental Bank contra Multi-Ventas y Servicios, Inc. El caso original en el Tribunal de Primera Instancia trataba sobre la solicitud de Oriental Bank para sustituir un pagaré hipotecario supuestamente extraviado, adquirido de activos de Eurobank. Oriental Bank alegó que el pagaré de $280,000, garantizado con hipoteca, se perdió tras renovar el préstamo y solicitó su cancelación y sustitución al no haberse pagado la deuda. Multi-Ventas contestó la demanda y presentó una reconvención. Alegó que Oriental Bank carecía de legitimación activa porque el pagaré fue objeto de "Securitization" y dejó de existir como tal, perteneciendo a los "Security Holders". Multi-Ventas también sostuvo que la escritura de hipoteca era nula por no contener un tipo mínimo válido para subasta basado en el valor real de la propiedad. En su reconvención, Multi-Ventas solicitó la declaración de inexistencia y extinción del pagaré e hipoteca, entre otros remedios. El Tribunal de Primera Instancia archivó la reconvención sin perjuicio. Multi-Ventas apeló dicha decisión. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta sentencia, revoca la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Scotiabank de Puerto Rico. Scotiabank impugnó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. La solicitud de desestimación se dirigía contra una Reconvención presentada por JKK, Inc. y otros. La Reconvención reclamaba daños y perjuicios por alegado incumplimiento contractual y negligencia por parte de R&G Premier Bank, predecesor de Scotiabank. El caso original fue una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instada por R&G contra JKK, Inc. JKK, Inc. alegó que la actuación de R&G provocó el fracaso de un proyecto. El Tribunal de Primera Instancia permitió que la Reconvención por daños procediera. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado por Scotiabank. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revoca la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones revisa la denegación de beneficios de desempleo a la Sra. Nélida Ortega Rivera por parte del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. La recurrente renunció a su empleo como maestra después de 13 años debido a una condición de salud. Al solicitar beneficios, inicialmente manifestó no estar buscando empleo por su condición. El Departamento le denegó la compensación por desempleo, determinando que no estaba apta ni disponible para trabajar durante un periodo específico, según la Sección 4(b)(1) de la ley aplicable. Esta decisión fue confirmada en apelaciones administrativas ante un árbitro y el Secretario del Departamento. La Sra. Ortega Rivera acudió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que actualmente se encontraba apta y realizando gestiones de empleo. Tras revisar el expediente administrativo, el Tribunal confirmó la determinación del Departamento.

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Luis López Quiñones presenta un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones alegando que su encarcelamiento viola el derecho a juicio rápido y la Regla 64(n)(5) de Procedimiento Criminal. Fue encarcelado en diciembre de 2014 tras encontrarse causa para arresto por varios delitos. Vistas preliminares programadas para enero de 2015 fueron suspendidas porque el peticionario no tenía representación legal. Un abogado de oficio fue asignado el 21 de enero de 2015, transcurridos más de 30 días desde su arresto. El abogado solicitó la desestimación del caso basándose en la Regla 64(n)(5), argumentando que el término había vencido y la demora era imputable al Estado. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación. El Tribunal de Apelaciones considera el derecho a juicio rápido, señalando que no es absoluto y depende de las circunstancias. Observa que el recurso del peticionario no indica que solicitara la asignación de abogado. El Tribunal de Apelaciones acuerda declinar la expedición del auto de certiorari y declarar No Ha Lugar la solicitud de orden provisional.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre una apelación presentada por Christian M. Rosado Ramírez. El apelante solicitaba la revocación de dos sentencias del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que habían declarado Con Lugar la solicitud de DACO para hacer cumplir una orden de la agencia. El Tribunal de Apelaciones, como cuestión preliminar, examinó su jurisdicción para atender el recurso. El tribunal enfatizó la obligación judicial de verificar la jurisdicción, señalando que la falta de la misma, particularmente por una presentación tardía, es un defecto insubsanable. Una apelación tardía carece de eficacia jurídica e impide que el tribunal ejerza autoridad sobre el asunto. Cuando falta la jurisdicción, el tribunal debe desestimar el caso sin entrar en sus méritos. Aplicando estos principios, el Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso de apelación fue presentado tardíamente. En consecuencia, el tribunal carecía de jurisdicción para considerar los argumentos del apelante contra las sentencias del foro primario. Por esta razón, se desestimó el presente recurso de apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. Michael A. Jackson Houtman apeló la Resolución y Orden de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo. La OMA había ordenado el cierre administrativo y archivo con perjuicio de su querella contra Kingfisher Air Services, Inc. La querella original, incoada en mayo de 2013, reclamaba despido injustificado y el pago de mesada. Kingfisher contestó la querella, alegando que el empleado laboró bajo contratos a término fijo y fue despedido por razones económicas y desempeño ineficiente. La OMA desestimó la querella por falta de interés en octubre de 2014. El Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución y Orden recurrida. En consecuencia, el caso es devuelto a la OMA para la continuación de los procedimientos.

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Se presenta una revisión judicial de una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La resolución, emitida el 23 de julio de 2014, ratificó la clasificación de custodia máxima del confinado Moisés Ibarra González. Esta decisión administrativa fue tomada en cumplimiento de una sentencia previa de este mismo tribunal (caso KLRA201300969). En aquel caso anterior, el tribunal había revocado una clasificación previa y ordenado una nueva evaluación de custodia. La nueva evaluación consideró la naturaleza violenta de los delitos del confinado (asesinato y ley de armas) y su sentencia de separación permanente de la sociedad. También se tomó en cuenta el tiempo cumplido, el tiempo restante para ser elegible a libertad bajo palabra, y su alegada falta de interés en la rehabilitación al rehusar entrevistas. El Comité de Clasificación y Tratamiento justificó la custodia máxima por la necesidad de observar sus ajustes y garantizar la seguridad institucional y pública. El confinado, representado por la Sociedad para Asistencia Legal, solicitó la revisión de esta última determinación. La Procuradora General compareció en representación del Departamento para oponerse al recurso. El tribunal procede a resolver la solicitud de revisión administrativa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión judicial presentado por el Hon. Edgardo Arlequín Vélez, Alcalde de Guayanilla. El recurso busca revocar una resolución de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), adscrita al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI). La resolución recurrida declaró No Ha Lugar una moción de desestimación por falta de jurisdicción presentada por el Alcalde. La UPAD inició procedimientos disciplinarios administrativos contra el Alcalde, incluyendo una suspensión sumaria, basándose en cargos formulados tras una resolución del PFEI y un referido del Secretario de Justicia. Los cargos se relacionan con alegaciones de conducta inapropiada del Alcalde hacia una empleada municipal. El Alcalde argumentó que los actos imputados no estaban dentro de la jurisdicción de la OPFEI/UPAD. Adicionalmente, el Alcalde solicitó al Tribunal de Apelaciones paralizar los procedimientos administrativos. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirma la resolución de la UPAD que denegó la desestimación. Consecuentemente, el Tribunal declara No Ha Lugar la solicitud del Alcalde para paralizar los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo la apelación presentada por Ángel M. Arroyo Olivieri. El apelante impugnó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo halló culpable de agresión y alteración a la paz, imponiéndole una pena de multa y una pena especial. El caso tiene un historial procesal extenso, habiendo sido devuelto en múltiples ocasiones al foro primario por errores en la emisión de fallos y sentencias. En esta apelación, el señor Arroyo Olivieri alegó la violación de su derecho a un juicio rápido y a la emisión oportuna del fallo y la sentencia. También señaló errores en la denegación de una moción y en la valoración de la prueba por parte del tribunal primario. El Tribunal de Apelaciones revisó los señalamientos de error presentados. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia apelada.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando un recurso de apelación. El apelante, Santos Sánchez Hernández, impugnó una sentencia condenatoria por violación al Artículo 3.3 de la Ley 54, cuestionando la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia. Para revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones requirió la presentación de la transcripción del juicio. A pesar de múltiples prórrogas concedidas por el tribunal, el apelante no logró someter la transcripción. El apelante adujo dificultades para costear el servicio de transcripción y gestiones para conseguir fondos. Habiendo transcurrido en exceso el último plazo otorgado bajo apercibimiento de desestimación, el apelante incumplió con la orden judicial. El tribunal fundamenta la desestimación en el deber de las partes de cumplir con las normas procesales para perfeccionar los recursos y la necesidad de un expediente completo. La desestimación se alinea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico ante el incumplimiento de requisitos procesales esenciales.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en cumplimiento de un mandato del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo determinó que los tribunales de Puerto Rico tienen jurisdicción concurrente con A.S.U.M.E. en casos interestatales de pensión alimentaria bajo L.I.U.A.P., revocando una decisión previa del Apelativo que se había declarado sin jurisdicción. El caso involucra a un padre militar activo residente fuera de Puerto Rico, declarado en desacato civil por incumplimiento de pensión alimentaria. Se emitió una orden de arresto, pero no pudo diligenciarse debido a su servicio militar en Corea del Sur. El tribunal primario dejó sin efecto la orden de arresto y archivó el caso tras la incomparecencia de la madre. Posteriormente, A.S.U.M.E. emitió una orden de retención de ingresos para cobrar la pensión corriente y los atrasos, notificando al empleador militar del padre. Ninguna de las partes informó a los tribunales apelativos sobre esta acción administrativa. El Tribunal de Apelaciones revisa los autos originales para atender los planteamientos del padre y resolver según proceda.

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Este documento es una sentencia en reconsideración del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso entre las abogadas Sheila Acevedo Álvarez y Myria A. Rodríguez Huemer. Acevedo demandó a Rodríguez por cobro de dinero por servicios, y Rodríguez presentó una reconvención. Acevedo solicitó el desistimiento con perjuicio de su demanda, indicando un acuerdo, pero luego pidió dejarlo sin efecto alegando que el acuerdo no se perfeccionó. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio y denegó la reconsideración de Acevedo. Acevedo no apeló esta decisión. En su lugar, presentó una moción de relevo de sentencia bajo la Regla 49.2, reiterando que el acuerdo no se materializó. El Tribunal inicialmente concedió el relevo, dejando sin efecto la sentencia de desestimación. No obstante, tras una moción de reconsideración de Rodríguez, el Tribunal revocó su orden de relevo y reinstaló la sentencia original. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que Acevedo no fue diligente al no apelar la desestimación inicial.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia que requería a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) entregar documentos de un expediente de investigación. La solicitud de documentos fue hecha por la defensa del Lcdo. Joseph Esparra Álvarez en el marco de un procedimiento criminal en su contra. El TPI había ordenado a la OEG proveer copias certificadas de declaraciones juradas, notas de investigadores, grabaciones y otros documentos relacionados con la investigación. La OEG se opuso a la entrega, argumentando la confidencialidad de la investigación según la Ley de Ética Gubernamental. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para examinar la decisión del TPI. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones modificó la Resolución y Orden recurrida. La orden del TPI, una vez modificada por el Tribunal de Apelaciones, fue confirmada. La sentencia resuelve sobre el acceso a expedientes de investigación de la OEG solicitados en procesos penales.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Daniel González Hernández. El apelante fue condenado por asesinato en primer grado y delitos de armas tras un juicio por jurado en 2009. Los cargos se relacionan con la muerte de Alex Nieves Martínez ocurrida el 8 de febrero de 2008 en San Lorenzo. La defensa del apelante fue provista por la Sociedad Para Asistencia Legal. Un testigo clave de cargo, José Díaz Figueroa, declaró haber presenciado los eventos. Según su testimonio, la víctima herida entró a su propiedad, seguida por el apelante armado. El testigo relató cómo el apelante lo obligó a soltar a la víctima y luego le disparó fatalmente en la cabeza. El documento revisa la condena impuesta al apelante basada en estos hechos y el proceso judicial previo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari. El caso surge de una demanda de desahucio y cobro de dinero presentada por Ariel Illich López Méndez y otros contra Richie Contractors, LLC. Los demandantes alegaron un contrato verbal de arrendamiento y un pagaré incumplido, reclamando rentas atrasadas y otras sumas. El Tribunal de Primera Instancia decidió tramitar el caso por la vía sumaria. Richie Contractors, LLC recurrió en certiorari solicitando la revocación de dicha resolución. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto. La sentencia revoca la resolución del foro primario. Se ordena al Tribunal de Primera Instancia que celebre un juicio ordinario en lugar del procedimiento sumario.

Resumen:

Alexander Nieves Andrades, miembro de la población penal, presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones contra el Departamento de Corrección. El recurrente buscaba revocar una resolución administrativa relacionada con servicios médicos, específicamente una alegada demora de dos años en recibir una operación de hernia inguinal. Inicialmente, solicitó un remedio administrativo ante el Departamento de Corrección. La respuesta administrativa le indicó que debía informar a su médico sobre su malestar para ser reevaluado y determinar el tratamiento. Inconforme, el peticionario solicitó reconsideración, argumentando que ya existía un referido para operación y exigiendo una fecha. La División de Remedios Administrativos confirmó la respuesta inicial como responsiva a la solicitud. El peticionario acudió entonces al Tribunal de Apelaciones, solicitando que se ordenara al Departamento de Corrección proceder con la operación. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución administrativa emitida por el Departamento de Corrección.

Resumen:

Un confinado del Departamento de Corrección y Rehabilitación presenta una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Cuestiona la respuesta a su solicitud administrativa de un plan institucional para su rehabilitación y posible traslado. El Departamento respondió detallando el historial disciplinario del confinado, su falta de interés percibido en la rehabilitación y que su plan se basaba en el comportamiento y cumplimiento de normas. El confinado solicitó reconsideración, alegando que la respuesta se basaba en hechos pasados y no le asignaba un plan. La revisión judicial impugna la respuesta en reconsideración, argumentando que el Departamento incumplió su deber ministerial de rehabilitación. El tribunal decide resolver el recurso sin trámites adicionales. El caso se enmarca en el procedimiento de remedios administrativos para la población correccional bajo la ley aplicable.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. La apelación fue presentada por la Cooperativa de Seguros Múltiples y el Banco Bilbao Vizcaya contra el Estado Libre Asociado, impugnando la confiscación de un vehículo. El Tribunal de Primera Instancia había declarado Con Lugar una Moción de Sentencia Sumaria a favor del Estado, validando la confiscación. El vehículo fue ocupado tras ser presuntamente utilizado en la comisión de delitos. La controversia principal giró en torno al cumplimiento del requisito de notificación bajo la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. Los apelantes alegaron que el Estado incumplió el término jurisdiccional de treinta días para notificar desde la ocupación del vehículo. El Estado sostuvo que el término comenzaba desde la fecha de la Orden de Confiscación. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación presentada por el confinado Juan A. Velázquez Nadal. El señor Velázquez Nadal había demandado al Estado Libre Asociado y otros por daños y perjuicios. Alegaba haber sufrido daños debido a la denegación de días de recreación y la falta de respuesta administrativa efectiva a sus reclamos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. La desestimación se basó en la conclusión de que el demandante no había agotado los remedios administrativos, lo que, según el TPI, le privaba de jurisdicción. Velázquez Nadal apeló, argumentando que el TPI erró al requerir el agotamiento de dichos remedios. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, determinó que la Sentencia apelada debía ser revocada. En consecuencia, ordenó la devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia para que continuaran los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La apelante, Cianela Díaz Vázquez, recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lomas Verdes. La demanda se originó por el incumplimiento de la apelante en el pago de un préstamo hipotecario. El tribunal primario había ordenado el pago de las cuantías adeudadas, incluyendo principal, intereses, recargos y honorarios de abogado. La apelante aceptó el incumplimiento pero cuestionó los balances reclamados. Tras varias incidencias procesales, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia a favor de la cooperativa. La apelante apeló dicha sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones decidió revocar la sentencia apelada. El caso es devuelto al tribunal de primera instancia para que determine el monto correcto de las cuantías adeudadas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso presentado por Omar Momhamed Abdel contra una resolución de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. La OMA había ordenado al Sr. Momhamed pagar a Keishla González Colón compensación por salarios y vacaciones adeudados. La querella original ante la OMA, presentada por la Sra. González Colón, reclamaba sumas bajo la Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad y la Ley de Pagos de Salarios. El empleador solicitó la revisión de la decisión de la OMA mediante un recurso de Certiorari. El Tribunal de Apelaciones reclasificó el recurso como una Revisión Administrativa. La sentencia desestima el recurso presentado por el empleador. La desestimación se basa en la determinación del Tribunal de que carece de jurisdicción para atender la solicitud de revisión. El proceso ante la OMA incluyó notificaciones y la solicitud de la empleada para que se dictara sentencia por la falta de contestación del patrono.

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El recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones fue presentado por Green Pack of PR contra una adjudicación revisada de subasta del Departamento de Agricultura. Inicialmente, la Junta de Subastas adjudicó la buena pro a Green Pack. Otro licitador, BEC Corporation, impugnó esta decisión ante la Junta de Apelaciones del Departamento. La Junta de Apelaciones declaró ha lugar la apelación y devolvió el expediente a la Junta de Subastas. La Junta de Subastas emitió entonces una adjudicación revisada, otorgando la buena pro a Green Pack y BEC Corporation por partidas. Esta notificación de la Junta de Subastas incluyó una advertencia legal incorrecta, indicando que la revisión judicial procedía directamente ante el Tribunal de Apelaciones. Green Pack recurrió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que la decisión de la Junta de Subastas no era una determinación final administrativa revisable judicialmente. El Departamento de Agricultura coincidió en que la notificación fue defectuosa y el recurso prematuro. El Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para revisar una decisión que no provenía de la Junta de Apelaciones, que es el foro administrativo final. Por tanto, el recurso fue desestimado por falta de jurisdicción.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato, cobro de dinero y ejecución de prenda entre Bancrédito International Bank Corporation y Euro-Collection, Inc. Bancrédito demandó a Euro-Collection por incumplimiento de un préstamo, reclamando una deuda y la ejecución de garantías. Euro-Collection solicitó la desestimación de la demanda en Puerto Rico, argumentando la existencia de un pleito previo en Florida sobre el mismo asunto, donde Bancrédito había reconvenido con las mismas reclamaciones. Alegó que Bancrédito se sometió a la jurisdicción de Florida y que la demanda en Puerto Rico debía desestimarse por cortesía jurisdiccional. Bancrédito se opuso a la desestimación, basándose en que el contrato estipulaba la jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación de Euro-Collection. Euro-Collection recurrió esa decisión mediante un auto de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari solicitado, confirmando la decisión del foro primario.

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Kelvin A. García recurre ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico solicitando la revisión de una decisión administrativa. La decisión impugnada, emitida por el Secretario del Trabajo, confirmó la desestimación de su reclamación de beneficios de seguridad de empleo. El Negociado de Seguridad de Empleo había declarado a García inelegible y le notificó la decisión el 17 de abril de 2014, indicando que el plazo de apelación de 15 días vencía el 2 de mayo de 2014. García presentó su apelación ante la División de Apelaciones el 20 de mayo de 2014, 18 días después de la fecha límite. Ante la árbitro, García atribuyó la tardanza a problemas con la recepción de correo en la dirección de su suegra. La árbitro desestimó la apelación por extemporánea, al no encontrar circunstancias especiales que justificaran el retraso. El Secretario del Trabajo confirmó esta desestimación. Ante el Tribunal de Apelaciones, García alegó que el Secretario no le permitió explicar completamente sus argumentos sobre la tardanza. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los argumentos. Finalmente, el Tribunal confirmó la determinación del Secretario, validando la desestimación de la reclamación por haberse presentado la apelación fuera del término legal.

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Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por Ángel Quiles Avilés. El apelante busca la revisión de una sentencia de 50 años dictada en su contra en mayo de 2011 por infracciones a la Ley de Sustancias Controladas y la Ley de Armas. Alega que la sentencia debe ser modificada debido a su edad. El tribunal procedió a examinar la apelación bajo la doctrina de la jurisdicción, un asunto que debe considerarse de oficio. Se recordó que los recursos de apelación en casos criminales deben presentarse dentro de un término jurisdiccional de treinta días a partir de la fecha de la sentencia, conforme a la Regla 193 de Procedimiento Criminal y la Regla 23(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La presentación tardía de un recurso constituye un defecto insubsanable de falta de jurisdicción. Tras revisar el caso, el tribunal determinó que la apelación fue presentada fuera del término establecido. Por consiguiente, el recurso adolece de falta de jurisdicción. Se desestima el presente recurso por este motivo.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA). La AMA solicitó la nulidad de una sentencia dictada en su contra por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de discrimen y otros reclamos presentado por Ramón Ortiz Vega. El Tribunal de Primera Instancia había eliminado las alegaciones de la AMA por entender que mostró descuido en su defensa. La AMA argumentó que la sentencia de instancia no le fue notificada adecuadamente, violando su debido proceso de ley. La notificación fue enviada a la dirección postal que la propia representación legal anterior de la AMA había provisto al solicitar su relevo. La AMA sostuvo que esta notificación a la dirección indicada era incorrecta o inadecuada. Tras examinar el tracto procesal, el Tribunal de Apelaciones determinó desestimar el recurso de apelación presentado por la AMA.

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El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Moción de Sentencia Sumaria. La disputa se centra en la titularidad de un predio de terreno de 2.25 cuerdas en Vega Alta. La Sucesión Arroyo Báez inició un Expediente de Dominio, alegando posesión por más de treinta años para inscribir la propiedad. La Sucesión Báez Ramírez contestó, reclamando la propiedad por herencia y posesión por más de ochenta y cinco años, argumentando que la otra parte solo poseía como edificadores. La Sucesión Báez Ramírez solicitó sentencia sumaria a su favor. La Sucesión Arroyo Báez se opuso, cuestionando la base de la herencia de María Báez Ramírez y presentando evidencia de que ella reconoció derechos limitados sobre la finca. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria, entendiendo que existían controversias de hechos. La Sucesión Báez Ramírez recurrió en alzada dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones procedió a expedir el auto de certiorari. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, los apelantes José J. Mendoza Otero y Lydia M. López Ocasio solicitan la revisión de una Sentencia Sumaria. Dicha sentencia, emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Caguas, desestimó su demanda original. La demanda versaba sobre venta fraudulenta, daños y perjuicios, interferencia torticera y nulidad de contrato contra los apelados Luis Algarín Algarín y Rosa M. Algarín Velázquez, entre otros. El historial procesal incluyó la adición de Idalia Algarín Velázquez como demandada, quien fue emplazada por edicto y declarada en rebeldía. El Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia Sumaria desestimando la demanda y la reconvención. El Tribunal de Apelaciones constata que no surge de los autos notificación de dicha sentencia a la demandada en rebeldía. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el presente recurso. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción del Tribunal para conocer de la apelación.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegando un recurso de certiorari. La peticionaria, Wanda I. Richard Vázquez, impugnó una orden de lanzamiento emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Humacao. Dicha orden de lanzamiento se originó en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentado por Banco Popular de Puerto Rico. BPPR demandó a la peticionaria por incumplimiento en el pago de un préstamo hipotecario constituido en 1997 y modificado posteriormente. Tras ser emplazada, la peticionaria no compareció, resultando en una sentencia en rebeldía a favor de BPPR en mayo de 2012. Posteriormente, el TPI ordenó la ejecución de la sentencia y la venta de la propiedad hipotecada. La peticionaria recurrió la orden de lanzamiento relacionada con este proceso. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar la petición, decidió denegar el auto de certiorari.