Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 296)

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Carmen Rosa Cabán López presentó una querella laboral contra Me Salvé Isabela, Inc. por despido injustificado y salarios, alegando despido tácito por traslado y deuda de vacaciones. Me Salvé negó las alegaciones y presentó mociones de desestimación y sentencia sumaria, ambas declaradas No Ha Lugar por el Tribunal de Primera Instancia. El tribunal primario entendió que existían hechos en controversia y que Me Salvé no había derrotado la presunción de despido injustificado. Inconforme, Me Salvé acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari, señalando errores sobre la presunción de despido constructivo y la existencia de hechos en controversia. El Tribunal de Apelaciones examinó el trasfondo procesal. Citando la naturaleza sumaria del procedimiento bajo la Ley Núm. 2, el Tribunal determinó que la revisión de resoluciones interlocutorias en este tipo de casos no procede. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de Certiorari presentado por Me Salvé.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre un recurso de certiorari presentado por el Pueblo. El Pueblo solicitó la revisión de una Orden Enmendada del Tribunal de Primera Instancia en un caso contra Luis O. Santiago Rivera. Santiago Rivera enfrenta cargos por violencia doméstica, tentativa de asesinato y ley de armas, derivados de alegados hechos violentos contra su expareja. Tras encontrar causa probable, el foro primario impuso fianza con supervisión electrónica y lockdown. El recurrido solicitó modificar las condiciones de fianza para poder acudir a su lugar de trabajo, donde también laboraba la víctima. El Ministerio Público se opuso, argumentando que la modificación pondría en riesgo a la víctima debido a las limitaciones del sistema de zonas de exclusión. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Orden Enmendada emitida por el foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Cabo Rojo en un caso de desahucio. El apelante, Rainell Luciano Ferrer, demandó a Judith Sánchez Castañón alegando falta de pago de renta en una propiedad suya. La apelada negó la relación de arrendamiento, reclamó que la propiedad le pertenecía a ella y a su ex-esposo, Rainell Luciano Ruiz, por donación verbal e inversión en su reconstrucción. El TPI desestimó la demanda de desahucio y encontró que el apelante actuó con temeridad, imponiéndole una multa de \$1,500. El apelante recurrió esta decisión, particularmente la imposición de honorarios por temeridad. El tercero demandado, Rainell Luciano Ruiz, apoyó la versión de la apelada sobre la donación y la inversión. La apelada no presentó su alegato en el proceso de apelación. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver la apelación basándose en los documentos disponibles.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en la apelación presentada por Iván Toledo Colón. El señor Toledo Colón recurrió la decisión del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable por infracción al Artículo 7.01 de la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22). Inicialmente, la denuncia fue por el Artículo 7.02 (conducción con nivel de alcohol específico), pero el caso procedió bajo el Artículo 7.01 (conducción bajo los efectos) debido a la no comparecencia de un testigo clave para la prueba de sangre. La acusación se basó en síntomas observados por los agentes, como fuerte olor a alcohol, ojos rojizos, habla incoherente y caminar tambaleante. El Tribunal de Primera Instancia encontró al apelante culpable basándose en esta prueba. El señor Toledo Colón solicitó la revocación de dicha sentencia. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determinó confirmar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio sobre la custodia, patria potestad y relaciones paterno-filiales y materno-filiales del menor FJGR. El peticionario, Fray J. Gómez Hernández, impugna la determinación del TPI que consideró prematura su solicitud de privación de patria potestad y permitió visitas de la madre, Betzaida Rivera Rivera, durante sus viajes a Puerto Rico. El caso tiene un historial complejo, incluyendo la custodia inicial del padre, una solicitud de custodia compartida de la madre, y el traslado temporal del menor a Florida. El TPI había determinado previamente que la madre indujo a error al tribunal sobre la residencia del menor y ordenó su regreso a Puerto Rico, restituyendo la custodia al padre. El Tribunal de Apelaciones declara No Ha Lugar la Moción de Auxilio de Jurisdicción. Sin embargo, expide el auto de Certiorari. Ordena al TPI celebrar una vista urgente para dilucidar las relaciones materno-filiales provisionales. Además, requiere al TPI solicitar de inmediato un informe forense sobre la custodia, patria potestad y relaciones familiares del menor.

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Se presenta una apelación contra la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por daños y perjuicios. La acción legal fue iniciada por Daisy Chéverez y otras contra el Dr. José Ortiz Feliciano, alegando negligencia médica. Los hechos se centran en la atención médica brindada a Daisy Chéverez, quien fue sometida a una apendectomía por el Dr. Ortiz Feliciano. Tras ser dada de alta, la paciente reingresó al hospital con complicaciones, incluyendo un absceso que requirió una segunda cirugía. Las demandantes alegaron dilación injustificada en la cirugía inicial, alta prematura y falta de diagnóstico de la infección posoperatoria. Inicialmente, la demanda también incluía a HIMA y CMC, quienes llegaron a un acuerdo transaccional. El juicio continuó únicamente contra el Dr. Ortiz Feliciano, resultando en la desestimación de la demanda por el Tribunal de Primera Instancia. Este panel judicial revisa dicha determinación. Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia apelada.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, José R. Casablanca Sánchez presentó un recurso de Certiorari en un caso de alimentos. El peticionario impugnó una Orden del Tribunal de Primera Instancia que dejó sin efecto un requerimiento de información al patrono de Sonia Echevarría Pérez, la demandante-recurrida. Casablanca Sánchez buscaba obtener datos precisos sobre los ingresos de Echevarría Pérez para fijar una pensión alimentaria permanente, alegando que la pensión provisional se basaba en estimados antiguos. La recurrida se opuso, argumentando que asuntos de periodos pasados ya habían sido resueltos y que la pensión no era final hasta considerar los ingresos del peticionario. El Tribunal de Primera Instancia revocó la orden de requerimiento de información. Inconforme, el peticionario acudió al foro apelativo, señalando error en la decisión del tribunal primario. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, resolvió denegar la expedición del auto de Certiorari solicitado.

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David Navarro Borges apeló una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella contra el Hospital Hima San Pablo Caguas. La querella original alegaba despido injustificado y discrimen por razón de edad tras ser cesanteado de su puesto de ayudante de enfermería. El Hospital HIMA San Pablo argumentó que la cesantía fue justificada como parte de una reorganización económica que eliminó la clasificación ocupacional de ayudante de enfermería en el departamento del querellante. El Hospital solicitó sentencia sumaria, la cual fue concedida por el Tribunal de Primera Instancia al determinar que no existían controversias de hechos materiales sobre la justificación del despido. El Sr. Navarro Borges apeló, señalando errores del tribunal primario al dictar sentencia sumaria, alegando la existencia de controversias de hechos sustanciales sobre la supuesta reorganización económica y la justificación de la cesantía. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Tras examinar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones concluyó que procedía confirmar la Sentencia apelada. La decisión final valida la desestimación sumaria de la querella por despido injustificado y discrimen.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Región Judicial de Bayamón, en el caso KLAN201900106. El recurso de apelación se relaciona con una impugnación de confiscación. Las partes son John S. Báez Dávila y otros como apelados, y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico como apelante. La apelación se originó en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. La parte apelante presentó un aviso solicitando el desistimiento del recurso. El Tribunal de Apelaciones examinó la solicitud de desistimiento. Se resolvió declarar ha lugar el desistimiento solicitado. Como consecuencia, se ordena el cierre y archivo del recurso de apelación. Esta determinación se basa en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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Cinco exempleados del Hospital Metropolitano apelaron una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. Los apelantes demandaron al hospital por despido injustificado y discrimen por razón de edad. Fueron cesanteados en septiembre de 2012 como parte de una reorganización que implicó el cierre del Departamento de Planta Física. Alegaron haber sido reemplazados por personal más joven y haber sufrido hostigamiento. El hospital defendió que la cesantía se debió a la eliminación del departamento y la contratación de servicios externos, negando reemplazos individuales o acciones adversas. La parte apelada presentó una moción de sentencia sumaria, argumentando que el cierre del departamento y la eliminación de puestos justificaban los despidos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Este documento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una Petición de Certiorari presentada por Angie J. González Rivera contra Randel Mota Peguero. El recurso busca revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón en un caso de divorcio. Dicha Orden, emitida sin vista evidenciaria, redujo la deuda reclamada por la madre por gastos escolares de los hijos menores de más de $9,000 a solo $85.37. La madre alegó que el padre incumplió con una estipulación previa que le obligaba a pagar el 75% de los gastos escolares. La peticionaria argumentó que el foro primario erró al no fundamentar su decisión, ignorar la evidencia presentada y basarse únicamente en la moción del padre sin sustento probatorio. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari, expidió el auto solicitado y revocó la Resolución recurrida.

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Ramón L. Rodríguez Ruiz presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de resoluciones del Tribunal de Primera Instancia. Dichas resoluciones denegaron su solicitud de desestimación de cargos criminales. El peticionario alegó que el Fiscal Especial Independiente (FEI) perdió jurisdicción al excederse por dos días del término legal de 210 días para completar la investigación. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación, determinando que la investigación se realizó dentro de los términos y que estos son de cumplimiento estricto, no jurisdiccionales. Tras denegar una moción de reconsideración, el señor Rodríguez Ruiz acudió al Tribunal de Apelaciones. Examinado el recurso presentado y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones acordó denegar la expedición del auto de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones atendiendo una petición de certiorari de Juan J. Irizarry Rodríguez. El peticionario buscaba la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había denegado una moción en la que Irizarry solicitaba la corrección de su sentencia. Alegaba que la pena de cuatro años impuesta por tentativa de escalamiento bajo el Código Penal de 2004 era excesiva. Sostenía que dicho código estipulaba una pena menor para el delito imputado. Irizarry pedía una reducción de su condena para ser puesto en libertad. El Tribunal de Apelaciones consideró la petición y los criterios aplicables a la expedición de un auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal denegó la expedición del recurso solicitado por el peticionario.

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Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) contra Garaje Nacional, Inc. y Héctor Orizondo Borges. BPPR impugna la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó con perjuicio su Demanda independiente de relevo de sentencia. La Sentencia original había desestimado el caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca de BPPR por alegado incumplimiento con una orden del tribunal bajo la Regla 39.2(a). BPPR argumentó que el incumplimiento se debió a un error clerical al radicar una moción y a la falta de notificación adecuada de la orden y la desestimación. Tras un intento previo de relevo en el caso original que fue declarado extemporáneo, BPPR instó esta acción independiente. El TPI desestimó esta nueva demanda, entendiendo que violaba el término para solicitar relevo de sentencia bajo la Regla 49.2. El Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia del TPI que desestimó la acción independiente de BPPR. El caso se devuelve al TPI para la continuación de los procedimientos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900111. Ángel L. Cordero Torres solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de reconsideración de sentencia. El señor Cordero Torres cumple una sentencia de 60 años impuesta en 2004 por infracción al Artículo 137-A del Código Penal (secuestro agravado). El Tribunal de Apelaciones acogió el escrito como un recurso de certiorari, el cual permite revisar determinaciones post sentencia. La expedición de un auto de certiorari es discrecional para el tribunal revisor. Tras examinar la petición y los criterios aplicables, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por el apelante.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en un recurso de Certiorari. La parte peticionaria, CMA Architects & Engineers, LLC y su aseguradora, solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. El caso original es una demanda por daños y perjuicios derivada de un accidente automovilístico fatal ocurrido en enero de 2014. La demanda inicial se presentó en enero de 2015 contra varios demandados, incluyendo la Autoridad de Carreteras. Los peticionarios fueron identificados e incluidos como codemandados mediante una tercera demanda enmendada presentada en diciembre de 2016, alegando negligencia en el diseño de la vía. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari. Revocó la determinación del foro primario. Desestimó la demanda presentada contra CMA Architects & Engineers, LLC y Continental Casualty Company por estar prescrita.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Los peticionarios, Rec Law SERVices y Edilberto Berríos Pérez, impugnaron una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó varias solicitudes de sentencia sumaria. Inicialmente presentaron el recurso como una apelación. El Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso procedente era un certiorari, ya que la resolución recurrida constituye una orden interlocutoria y no una sentencia final. Se explica que el certiorari es un remedio discrecional para revisar dictámenes interlocutorios bajo las instancias excepcionales y taxativas de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. La revisión vía certiorari solo procede en casos específicos donde esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia o en otras situaciones expresamente listadas. El tribunal procederá a evaluar la petición conforme a las reglas del certiorari, destacando su facultad discrecional para expedir el auto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el caso de cobro de dinero entre Full Circle Communications y Hurricane Fabric PR y otros. Se revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda de Full Circle por $8,562. Dicha sentencia fue dictada en rebeldía al no comparecer los demandados a la vista señalada. Los apelantes, Hurricane Fabric y Luis R. Montañez, solicitaron la revisión de la sentencia. Argumentaron que no recibieron notificación adecuada de la vista y que la incomparecencia se debió a un error de calendario de su representación legal. Alegaron además que la deuda reclamada ya había sido pagada y que la sentencia causaba un daño irreparable. Considerados los argumentos, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico examinó una petición de certiorari presentada por Julio C. Paneto Torres. El peticionario recurría de la denegatoria de su solicitud de nuevo juicio y modificación de sentencia. Paneto Torres cumple una pena de 110 años por violaciones a la Ley de Violencia Doméstica, Ley de Armas y asesinato en primer grado. Alegó que la prueba no demostró asesinato en primer grado, sino un arrebato de cólera. También impugnó la falta de testimonio del agente a quien confesó los hechos. El Tribunal, tras examinar la petición, resolvió abstenerse de ejercer su jurisdicción revisora. Por tanto, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones revisa la Sentencia Sumaria Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que condenó a Rocío Rosado Rivera a pagar a su padre, José M. Rosado Perales, \$18,000 por concepto de pensión alimentaria recibida indebidamente. El padre reclamó el reembolso de la pensión pagada por tres años, alegando que la hija mayor de edad no estaba estudiando, como había representado, sino trabajando. La hija se defendió argumentando que la pensión fue producto de una estipulación judicial que tenía fuerza de ley. En un caso previo de pensión alimentaria, se determinó que la hija indujo a error al tribunal y a su padre sobre su estatus de estudiante, relevando al padre del pago futuro. Esa determinación previa fue confirmada por el foro apelativo, señalando la falta de buena fe de la hija en la estipulación y su ejecución. El padre basó su demanda de cobro en estas determinaciones previas, considerándolas cosa juzgada. La hija se opuso, sosteniendo que los dictámenes anteriores solo cesaron el pago futuro, sin obligarla a devolver lo ya pagado bajo la estipulación. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la Sentencia Sumaria apelada.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso surge de demandas consolidadas por cobro de dinero e incumplimiento de contrato presentadas por DDR Fajardo LLC contra María Teresa Rodríguez. DDR alegó que Rodríguez incumplió tres contratos de arrendamiento comercial al no operar los negocios ni pagar la renta. Rodríguez se defendió y reconvino, cuestionando la validez de los contratos redactados en inglés. El foro primario desestimó la reconvención de Rodríguez, validando los contratos. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de DDR, concediendo el cobro de dinero reclamado. Las partes habían estipulado hechos clave, incluyendo el incumplimiento, la entrega de locales y las cantidades adeudadas. Rodríguez apeló esta sentencia final. El Tribunal de Apelaciones examinó los fundamentos de la apelación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Ricardo Pérez Rodríguez contra Claro P.R.T.C. El apelante impugnó la desestimación de su querella por despido injustificado, dictada mediante sentencia sumaria por el Tribunal de Primera Instancia. Pérez Rodríguez alegó haber sido despedido sin justa causa tras años de servicio. Claro defendió el despido, argumentando que fue justificado por el ausentismo excesivo del empleado, detallando un historial de violaciones a sus políticas y acciones disciplinarias previas. La empresa presentó evidencia del patrón de ausencias que llevó al despido. El apelante se opuso a la sentencia sumaria, planteando controversias y justificando algunas ausencias, además de sugerir motivos sindicales. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada. La decisión valida la desestimación de la querella, al encontrar justificado el despido por el patrón de ausentismo documentado.

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La resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de Certiorari presentado por Leydy Guzmán Lorenzo en un caso de divorcio contra César Sainz Rodríguez. La peticionaria buscaba obtener descubrimiento de información sobre dos corporaciones creadas por el recurrido después del divorcio, con el fin de fijar la pensión alimentaria final. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de descubrimiento, argumentando que el recurrido no estaba obligado a proveer información de entidades que no eran parte en el pleito. El foro primario también indicó que cualquier controversia sobre descorrer el velo corporativo debía ventilarse en un pleito civil aparte. Inconforme, la peticionaria presentó el recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones impugnando dichas determinaciones. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso instado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Los apelantes demandaron a varias partes, incluyendo a Caparra Motor Service, dueño registral de un vehículo involucrado en un accidente. Caparra alegó inmunidad bajo ley federal por haber alquilado el vehículo. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente denegó la solicitud de sentencia sumaria de Caparra, entendiendo que la ley local de seguro obligatorio aplicaba. Esta decisión fue confirmada previamente por el Tribunal de Apelaciones. Posteriormente, Caparra presentó una segunda moción de sentencia sumaria, argumentando cumplimiento con la ley local de seguro. El Tribunal de Primera Instancia acogió esta segunda moción y desestimó la demanda contra Caparra con perjuicio. Los apelantes recurren esta última determinación. El Tribunal de Apelaciones revisa la sentencia sumaria parcial que desestimó la causa de acción contra Caparra.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones atiende un recurso presentado por Energy Answers Arecibo, LLC. El recurso impugna un dictamen del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de interdicto posesorio donde los demandados reconvinieron. La reconvención alegaba que las obras de hincado de pilotes de Energy Answers eran ilegales por falta de permisos. El TPI, mediante un dictamen denominado "Sentencia", determinó que dichas obras fueron "contrarias a derecho". Sin embargo, este dictamen no resolvió la totalidad de la reconvención, como los daños solicitados, ni fue caracterizado como sentencia final o parcial. Energy Answers apeló este dictamen, planteando errores sobre legitimación activa, controversia de hechos materiales y jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones concluye que está impedido de revisar el dictamen del TPI. El dictamen no constituye una sentencia apelable ni un dictamen interlocutorio sujeto a revisión mediante certiorari. Por tanto, el recurso de apelación no es procedente.

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Pedro Antonio Quiles López, quien cumple una sentencia de 99 años como reincidente habitual por delitos de portación ilegal de armas, tentativa de robo y robo agravado, solicitó al Tribunal de Primera Instancia la corrección de su sentencia. Alegó que la sentencia era ilegal, cuestionando la imposición de la reincidencia habitual, la pena de 99 años, y otros aspectos del proceso y los delitos imputados. El Tribunal de Primera Instancia denegó su moción de corrección de sentencia. En desacuerdo, el señor Quiles López presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal de Apelaciones para revisar dicha denegatoria. Tras evaluar los argumentos del peticionario, el Tribunal resuelve denegar la expedición del auto solicitado. La denegatoria se fundamenta en que no se cumplen los criterios para activar la jurisdicción discrecional del tribunal. Se señala que la sentencia original fue confirmada en apelación en 2007 y, una vez que un dictamen es final y firme, el foro apelativo no puede intervenir.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Alfredo Rivera Sánchez, miembro de la población correccional. El peticionario solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que ordenó el traslado de su acción de mandamus a la sala sentenciadora. Dicha acción original buscaba ordenar la comparación de su ADN con material de la víctima para probar su inocencia. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari, al no ser la orden del TPI una decisión final apelable. Sin embargo, encontró que el recurso fue presentado fuera del término estricto de 30 días establecido por el reglamento. El peticionario no acreditó justa causa para la tardanza en la presentación. El Tribunal concluyó que, sin demostrar justa causa, no tiene jurisdicción para atender el recurso. Por tanto, se desestimó la petición de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre un recurso presentado por Prolmo Inc. contra la desestimación de su demanda contra tercero contra la fiadora United Surety & Indemnity Company (USIC). El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reclamación de Prolmo contra USIC, argumentando caducidad y el incumplimiento de requisitos contractuales de la fianza. Prolmo apeló esta decisión, que fue tratada como certiorari. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determina que está impedido de revisar el dictamen del TPI. La imposibilidad de revisión se debe a que aún existe una reconvención pendiente de adjudicación entre Prolmo y Sun Com Construction Group Inc. Además, la decisión del TPI no incluyó el lenguaje específico requerido por la Regla 42.3 de Procedimiento Civil para permitir su revisión inmediata. En consecuencia, el dictamen del TPI no es una sentencia final apelable ni un dictamen interlocutorio revisable por certiorari en este contexto procesal. El caso original comenzó con una demanda de Sun Com contra Prolmo, a la que Prolmo respondió con una reconvención por daños.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución el 5 de febrero de 2019, denegando la expedición de un auto de Certiorari solicitado por el Departamento de Educación. El recurso buscaba la revisión de una Resolución y Orden previa del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Este caso se remonta a 1980, cuando se inició un pleito de clase en representación de menores elegibles para servicios de educación especial. En 1981, el pleito fue certificado como de clase. Tras años de litigio, en 2002, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial, aprobando estipulaciones y reteniendo jurisdicción para asegurar el cumplimiento. Se nombró una Monitora para supervisar la implementación de la Sentencia, estableciéndose un Plan de Monitoría y una Hoja de Control Global para medir el cumplimiento. A lo largo de los años, el proceso de monitoría fue ajustado mediante resoluciones judiciales, permitiendo a la Monitora solicitar Planes de Acción Correctiva al Departamento. En 2013, se nombró una nueva Monitora con la encomienda de actualizar la Hoja de Control y revisar el Plan de Monitoría. El Certiorari denegado se inserta en este extenso historial procesal relacionado con la supervisión judicial del cumplimiento del Departamento de Educación con sus obligaciones de educación especial.

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Este caso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) sobre la inclusión de gastos de educación privada en la pensión alimentaria suplementaria. La madre, Rochelly Colón Rodríguez, matriculó a los hijos menores en un colegio privado sin el consentimiento del padre, Fernando De Jesús Rosa, quien solicitó excluir dicho gasto de su obligación. El TPI determinó que la actuación unilateral de la madre fue incorrecta, pues debió obtener el consentimiento del padre o la autorización judicial, especialmente al ejercer la patria potestad compartida. La madre apeló, argumentando que el TPI erró al no obligar al padre a contribuir a estos gastos, considerando el mejor interés de los menores y la evidencia presentada. El Tribunal de Apelaciones anuncia que expedirá el auto de certiorari para confirmar la Resolución del TPI. La decisión valida que las decisiones significativas sobre la educación de los hijos bajo patria potestad compartida requieren acuerdo entre los padres o intervención judicial.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El recurso proviene de una demanda por despido injustificado y discrimen por edad presentada por Noel Ortiz Burgos contra Structural Steel Works, Inc. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de la parte demandada, desestimando la querella con perjuicio. El Sr. Ortiz Burgos alegó que su despido en agosto de 2015, tras años de servicio, fue injustificado y discriminatorio por edad, sin considerar su antigüedad ni experiencia. Structural Steel Works, Inc. sostuvo que la cesantía se debió a una reducción de personal justificada por razones económicas. El foro primario consideró hechos no controvertidos, como el historial de empleo del querellante, su condición de empleado unionado y el convenio colectivo aplicable. Dicho convenio establecía que en reducciones de personal, la eficiencia y destreza eran factores predominantes, prevaleciendo la antigüedad solo en igualdad de circunstancias. El Tribunal de Primera Instancia también señaló que el querellante nunca se quejó de discrimen durante su empleo. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar este dictamen.

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