Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 277)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Sor Marangelis Ortiz Colón apeló la determinación del TPI que denegó su solicitud de intervención en un pleito. El caso original fue una acción de reivindicación presentada por Primera Iglesia Bautista de Las Piedras contra Centro de Consejería Jabes, Inc. para recuperar la posesión de un templo. Ortiz Colón intentó intervenir alegando ser la pastora y representante de la iglesia demandante. La iglesia se opuso a su intervención. El TPI denegó la intervención de Ortiz Colón tras su reiterado incumplimiento con las órdenes del tribunal para conseguir representación legal. El TPI le había apercibido que el incumplimiento resultaría en la desestimación de su solicitud. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y confirmó la determinación del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de daños y perjuicios, Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo y salarios dejados de percibir. La demandante, empleada transitoria del Municipio de San Juan, alegó acoso laboral y que la no renovación de su contrato ocurrió mientras estaba bajo descanso médico ordenado por el Fondo del Seguro del Estado, violando su reserva de empleo. El Municipio solicitó la desestimación, argumentando que el empleo transitorio no generaba expectativa de continuidad y que la reclamación sobre la no renovación caía bajo la jurisdicción exclusiva de la Comisión Apelativa de Servicio Público (CASP). El Tribunal de Primera Instancia desestimó sin perjuicio la reclamación relacionada con la no renovación del nombramiento transitorio, al entender que este asunto es competencia apelativa exclusiva de la CASP. No obstante, denegó la desestimación en cuanto a la acción de "acoso laboral", aclarando que, aunque no es una causa de acción independiente, puede tratarse como violación a la intimidad o integridad personal, sujeta a prueba. La decisión del foro primario se basó en la jurisprudencia que otorga a la CASP jurisdicción primaria y exclusiva sobre acciones de personal municipal.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La parte apelante, Antártica Ice Plant Corp. y otros, presentó un recurso de certiorari. Procuraban la revisión de órdenes post-sentencia, incluyendo la confirmación de adjudicación y la orden de lanzamiento. Estas órdenes surgieron de la ejecución de una sentencia por estipulación dictada en 2014 a favor de Oriental Bank. Triangle REO PR, Corp. adquirió la sentencia y procedió con la ejecución hipotecaria. Tras la subasta, Triangle REO se adjudicó la propiedad. Posteriormente, Antártica solicitó el relevo de la sentencia de 2014, alegando nulidad por falta de legitimación activa del demandante original debido a la securitización. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha moción de relevo. Antártica apeló esta determinación y las órdenes de ejecución. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Antártica.

Resumen:

Se presenta un recurso de apelación por Ernesto Matos contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI desestimó una demanda de desahucio en precario presentada por Matos contra Noemi Maldonado Maldonado. Matos alegó que Maldonado ocupaba ilegalmente una propiedad tras incumplir un contrato de promesa de compraventa y dejar de pagar cánones mensuales. Maldonado argumentó que no era precarista debido al contrato existente y que la acción procedente era un pleito de incumplimiento contractual, asunto ya resuelto en un caso anterior. El TPI determinó que la acción correcta era un pleito ordinario de incumplimiento de contrato, no el desahucio en precario. Tras varias mociones y reconsideraciones, el TPI emitió la sentencia final reiterando su posición. El recurso de apelación busca revocar esta sentencia desestimatoria. El panel de apelación resuelve desestimar el recurso. La desestimación del recurso se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo.

Resumen:

Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por los demandados en un pleito civil iniciado en 2012. La parte peticionaria impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de febrero de 2019. Dicha resolución mantuvo una sanción económica de \$5,000 impuesta a los peticionarios. La sanción se basó en el incumplimiento de una Orden previa del TPI. La Orden requería que los peticionarios tomaran la deposición de uno de los demandantes en Israel por videoconferencia en marzo de 2018. Los peticionarios se negaron a realizar la deposición, alegando que la quiebra de un codemandado paralizaba todo el caso. El TPI determinó que la paralización solo aplicaba a la entidad en quiebra, pero los peticionarios persistieron en su negativa. Un recurso de certiorari anterior de los peticionarios contra la orden de deposición fue denegado por el Tribunal de Apelaciones. El presente recurso se centra en la legalidad de la sanción económica impuesta por el TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la inhibición de un juez en un caso de cobro de dinero. La parte demandante solicitó la inhibición alegando que las determinaciones procesales del juez mostraban parcialidad en favor de la otra parte. Aunque el juez denegó la solicitud, la jueza coordinadora del Tribunal de Primera Instancia la concedió sin una fundamentación detallada. La parte demandada apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Este tribunal concluyó que el Tribunal de Primera Instancia erró al ordenar la inhibición. La sentencia establece que la simple inconformidad de una parte con las resoluciones judiciales de un juez no es razón suficiente para solicitar o decretar su inhibición. Las razones para la inhibición deben basarse en fundamentos legales específicos, los cuales no se presentaron en este caso.

Resumen:

Iván Rodríguez Rentas, confinado, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la designación de un abogado de oficio para su caso de daños y perjuicios. El peticionario había elevado la misma solicitud ante el Tribunal de Primera Instancia, pero este aún no se había expresado sobre la misma. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. El recurso fue considerado prematuro al no existir una determinación judicial del foro primario que pudiera ser revisada. Para que el Tribunal de Apelaciones pueda ejercer su jurisdicción revisora, debe existir un dictamen del tribunal sentenciador. El peticionario debe esperar la decisión del Tribunal de Primera Instancia antes de recurrir nuevamente.

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Comparece ante este panel una apelación contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que autorizó el traslado de dos menores de Puerto Rico al Estado de Utah. La madre, apelada, solicitó la autorización para mudarse con sus hijos a Utah, donde reside su nuevo esposo y su familia. Los padres se divorciaron en 2014 y compartían la custodia de los menores en semanas alternas desde 2016. Tras los huracanes de 2017, se autorizó un traslado provisional de los menores a Utah con la madre. La solicitud de traslado definitivo fue objeto de oposición por parte del padre, apelante. El foro primario celebró vistas de impugnación de informes sociales, incluyendo uno interestatal, los cuales fueron favorables al traslado. La Resolución apelada se basó en hechos como la situación laboral de la madre en Puerto Rico, el apoyo económico de su esposo en Utah, y la residencia propuesta. El esposo de la madre trabaja en Utah y cubre los gastos de ella y los menores cuando están bajo su cuidado. La escuela de los menores en Puerto Rico presentaba problemas de ausentismo de maestros. Este recurso busca la revocación de la autorización judicial para el traslado permanente de los menores.

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Víctor Santana Ramos, un confinado, comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico mediante un recurso de certiorari. Solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de hábeas corpus. En su hábeas corpus, Santana Ramos alegó detención ilegal, argumentando que ya cumplió su sentencia al considerar bonificaciones por buena conducta. El Tribunal de Primera Instancia determinó que debía agotar los remedios administrativos ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Santana Ramos imputa error al foro primario por no acoger el hábeas corpus como recurso civil y no investigar su reclamo. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso y la naturaleza del hábeas corpus, DENIEGA la expedición del recurso de certiorari. La resolución discute brevemente el fundamento constitucional y legal del auto de hábeas corpus en Puerto Rico.

Resumen:

Comparece José I. Marrero Núñez en apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó su demanda de impugnación de filiación. El apelante había reconocido voluntariamente al menor Oscar Antonio Marrero Rodríguez, nacido en 2008 de su relación con Mariela Rodríguez Torres. Años después, tras recibir información que sembró dudas sobre su paternidad, presentó la demanda en 2015. Las demandadas, madre e hijo, residían en Estados Unidos y fueron emplazadas por edicto. Nunca contestaron la demanda ni comparecieron al proceso judicial. El Tribunal de Primera Instancia ordenó pruebas de ADN, a las cuales el apelante compareció, pero las apeladas no lo hicieron, a pesar de órdenes judiciales. El apelante solicitó en múltiples ocasiones la rebeldía de las demandadas por su incomparecencia y falta de respuesta. El Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia apelada del foro primario. La decisión del apelativo permite que el proceso de impugnación de filiación continúe, revirtiendo la denegatoria inicial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso presentado por el Consejo de Titulares del Condominio Quantum Metrocenter. El Consejo apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su Demanda Contra Tercero y una causa de acción de su Reconvención Enmendada. Estas acciones legales se dirigían contra Alejandro Bellver, su esposa, y QMC Property LLC. El Consejo buscaba la nulidad de la venta de diez estacionamientos a los Bellver por parte de QMC. Alegaban que la venta violó los requisitos de notificación y tanteo del Artículo 14-B de la Ley de Condominios. La controversia surgió en el contexto de una demanda previa de los Bellver solicitando aprobación para renovaciones. El Consejo había reconvenido por daños y posteriormente impugnó la venta de los estacionamientos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reclamación del Consejo sobre los estacionamientos. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada, manteniendo la desestimación de las reclamaciones del Consejo relativas a la venta de los estacionamientos.

Resumen:

Una empleada presentó una querella contra PS Imports bajo la Ley Núm. 80 por despido injustificado. Alegó haber sido despedida sin justa causa tras 24 años de servicio como gerente. La empresa contestó negando la injusticia del despido, argumentando que este se debió a faltas graves cometidas por la empleada. Tras varias etapas procesales, la empresa solicitó sentencia sumaria, la cual fue denegada por el tribunal. El tribunal estableció hechos incontrovertidos, incluyendo que la empleada era gerente y había recibido el manual de la empresa. Se determinó que una investigación se inició tras una queja de una exempleada sobre irregularidades y temor a represalias. Durante una reunión, la gerente admitió haber solicitado a sus subordinadas que poncharan su hora de salida por ella. Estimó que esta práctica ocurrió durante varios meses, lo cual contravenía la política de la empresa sobre puntualidad y cumplimiento de horarios. El caso continuará para determinar si esta conducta constituyó justa causa para el despido.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso entre Walgreens of Puerto Rico, Inc. y el Municipio Autónomo de Caguas. Walgreens apela una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que validó una reclamación del Municipio de Caguas por deficiencias en el pago de patentes municipales. La reclamación del Municipio cubría los años fiscales 2008-09 hasta 2014-15. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de Walgreens y le ordenó pagar $1,655,335.00 por las patentes adeudadas. Walgreens impugnó la deficiencia preliminar notificada por el Municipio en 2012. Alega que el Municipio incluyó incorrectamente en el volumen de negocios ingresos provenientes de ventas y servicios a beneficiarios de programas federales (FEHBA, TRICARE, Medicare/Medicaid), los cuales considera exentos. Sostiene que, por ello, tiene derecho a un crédito por sobrepago. Además, argumenta que el método utilizado por el Municipio para calcular el volumen de negocio atribuible a Caguas fue incorrecto. Walgreens postula que debió aplicarse el método de prorrateo por pies cuadrados. El recurso busca la revocación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación del Consejo de Titulares del Condominio Villa Beatriz. El Consejo apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra la Lcda. María García Solá por prescripción. La demanda original imputaba a la notaria acciones u omisiones relacionadas con la constitución del régimen de propiedad horizontal y escrituras subsiguientes, alegando daños y la necesidad de escrituras correctivas. El Consejo argumentó que la reclamación no estaba prescrita, basándose en la naturaleza contractual o el momento del conocimiento del daño. La notaria sostuvo que la acción estaba prescrita, dado que los hechos alegados ocurrieron años antes y eran de conocimiento público por el Registro de la Propiedad. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado. La decisión valida la desestimación de la causa de acción contra la notaria por fundamento de prescripción.

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El Municipio de Vega Baja apeló una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia dejó sin efecto una Determinación Final del Municipio sobre el cobro de patentes municipales a Pfizer Pharmaceuticals, LLC. La controversia surgió cuando el Municipio re-computó el volumen de negocios tributable de Pfizer para el año fiscal 2013-2014. Pfizer había reportado su volumen de negocios según secciones específicas de la Ley de Patentes Municipales. El Municipio utilizó un método distinto, incluyendo ingresos financieros de Pfizer generados en otros municipios donde no operó ese año. Este cálculo municipal resultó en una supuesta deficiencia de \$731,679.00. Pfizer impugnó la determinación, alegando que el método del Municipio era incorrecto y contrario a la ley. El Tribunal de Primera Instancia concedió la solicitud de sentencia sumaria a Pfizer, anulando la deficiencia. El panel de jueces revisó la apelación del Municipio. Por los fundamentos expuestos, la Sentencia Sumaria apelada fue confirmada.

Resumen:

Esta es una decisión del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre tres casos de certiorari consolidados. El Comisionado de Seguros, actuando como liquidador de Real Legacy Assurance Company, Inc., presentó las peticiones. El Comisionado buscaba revocar determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en Arecibo. Dichas determinaciones declararon No Ha Lugar mociones para paralizar procedimientos en casos de daños contra demandados asegurados por Real Legacy. El Comisionado argumentó que la liquidación de la aseguradora requería la suspensión de estas acciones. Las recurridas, demandantes en los casos de daños, se opusieron a la paralización. Alegaron que la liquidación de la aseguradora no suspende automáticamente acciones incoadas solamente contra el asegurado. Las recurridas señalaron que Real Legacy no siempre era parte directa o solo proveía representación legal. El Tribunal consolidó los casos debido a la identidad de la controversia legal. El documento detalla el historial procesal y los argumentos de las partes sobre la paralización de procedimientos durante la liquidación de la aseguradora.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó una moción para dejar sin efecto una sentencia de robo, presentada al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El peticionario alegó que el foro primario erró al no fundamentar su decisión y planteó posible asistencia legal inefectiva. El Tribunal de Apelaciones discute que la Regla 192.1 es un remedio excepcional, no sustituto de apelación, limitado a cuestiones de derecho. Subraya que la moción debe incluir todos los fundamentos disponibles, considerándose renunciados los no presentados. Se explica el procedimiento que debe seguir el tribunal primario al evaluar estas mociones, incluyendo la posibilidad de asistencia legal y la necesidad de determinaciones de hecho y derecho si procede. El Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar el caso a pesar de deficiencias en el recurso presentado por el peticionario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre tres casos consolidados de certiorari. El Comisionado de Seguros, como liquidador de Real Legacy Assurance Company, Inc., recurrió las decisiones del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicho foro había denegado las mociones para paralizar procedimientos en casos de daños y perjuicios. Estos casos originales fueron incoados contra asegurados de Real Legacy. El Comisionado solicitó la paralización debido al proceso de liquidación de la aseguradora. El Tribunal de Apelaciones consolidó las peticiones de certiorari por tratarse de la misma controversia procesal. Las partes recurridas, demandantes en los casos originales, se opusieron a la paralización. Argumentaron que la liquidación de la aseguradora no suspende automáticamente las acciones dirigidas únicamente contra el asegurado. Señalaron que Real Legacy no era parte en algunos pleitos o solo proveía cubierta de representación legal. El documento detalla el historial procesal y las posturas de las partes sobre la procedencia de la paralización.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelación fue presentada por Miguel Ángel Torres Rivera y su esposa tras un accidente laboral ocurrido el 1 de diciembre de 2014. Impugnan una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda contra su patrono no asegurado, E. Rivera Báez Trucking, Inc. El foro primario concluyó que la causa de acción contra el patrono había prescrito. Inicialmente, la demanda se presentó en febrero de 2015 contra otras partes, excluyendo al patrono. El caso fue paralizado en diciembre de 2015 pendiente del trámite ante la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). Tras culminar el proceso de la CFSE y conocer que el patrono no estaba asegurado, los apelantes enmendaron la demanda en enero de 2017 para incluirlo. El Tribunal de Apelaciones evaluó las posturas y el derecho aplicable. Revocó la sentencia parcial apelada y devolvió el caso al foro primario para la continuación de los procedimientos.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Adrián Mercado Jiménez y otros, solicitando mediante certiorari la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de 7 de diciembre de 2018. Dicha resolución denegó una Moción Suplementaria de los peticionarios sobre el ejercicio del derecho de retracto de crédito litigioso al amparo del Artículo 1425 del Código Civil. Los peticionarios buscaban ejercer este derecho tras la transferencia del préstamo original de BBVA a Oriental Bank. El Tribunal de Primera Instancia había denegado previamente esta solicitud en 2013, resolviendo que el Artículo 1425 no aplicaba a la transacción entre BBVA y Oriental, al tratarse de una fusión/compra de activos con intervención regulatoria. Cinco años después, los peticionarios presentaron la moción suplementaria, argumentando un error en la decisión previa. El foro primario denegó esta nueva moción por considerar que el asunto ya había sido atendido y resuelto. Ante el recurso de certiorari presentado contra esta última denegatoria, el Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso.

Resumen:

El Túnel Auto Services, Inc. apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó cumplir una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La Sentencia apelada también impuso a El Túnel una multa administrativa de $500 y honorarios de abogado por temeridad. El caso se originó con una querella de Edwin Quintero Betancourt ante el DACo por incumplimiento en la reparación y daños a su vehículo en las instalaciones de El Túnel. Tras una vista administrativa, el DACo emitió una Resolución en 2011, posteriormente modificada en reconsideración. La Resolución final ordenó a El Túnel entregar el vehículo en las mismas condiciones en que lo recibió, reemplazando piezas faltantes o averiadas. También estableció un término para que el querellante retirara el auto, con penalidad por cada día de exceso. Esta Resolución del DACo fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en 2012. Ante el aparente incumplimiento, el DACo solicitó la ejecución de la orden ante el Tribunal de Primera Instancia, resultando en la Sentencia ahora apelada. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora si la orden de cumplimiento, multa y honorarios fue correcta.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio una demanda por daños y perjuicios por impericia médica. Las apelantes, demandantes en instancia, incumplieron reiteradamente con las órdenes del tribunal para anunciar y notificar su prueba pericial. Tras un recurso de apelación previo, el caso fue devuelto al TPI para que cumpliera con el procedimiento de apercibimiento de la Regla 39.2 antes de prohibir la prueba o desestimar. El TPI concedió un nuevo término final de 45 días para notificar el informe pericial, apercibiendo que el incumplimiento prohibiría la prueba. Las apelantes nuevamente incumplieron con esta orden, a pesar del apercibimiento expreso. Ante el incumplimiento, el TPI prohibió la presentación de prueba pericial, esencial para el caso. Posteriormente, el TPI desestimó la demanda con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisa la corrección de esta desestimación. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada que desestimó el caso con perjuicio.

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El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de certiorari presentado por Rubén Lugo Zambrana. El peticionario solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Dicha resolución declaró ha lugar una solicitud de ejecución de sentencia presentada por Lillian I. Pérez Rivera. La ejecución se relaciona con la liquidación de bienes gananciales acordada en su sentencia de divorcio de 2008. Específicamente, la ejecución se basó en pagarés suscritos por el señor Lugo Zambrana a favor de la señora Pérez Rivera. El TPI determinó una deuda ascendente a \$505,515.18 y ordenó el embargo y venta en pública subasta de los bienes del señor Lugo Zambrana. El peticionario alegó que el TPI erró al celebrar la vista de ejecución sin su presencia o la de su abogado, quien se había excusado por enfermedad, violando el debido proceso. Tras considerar la comparecencia de la parte recurrida, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia de un panel judicial en San Juan revisando una apelación de HDP Construction Corp. contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia acogió el informe de un Comisionado Especial que validó un contrato otorgado el 15 de diciembre de 2007, enmendado en 2009. Este contrato, entre HDP como comprador y la Sucesión Fortis como vendedora, versaba sobre la compraventa de inmuebles, activos y empresas por \$1,700,000. El acuerdo, aunque titulado opción, obligaba mutuamente a la compraventa y permitió al comprador tomar posesión inmediata de los negocios. El contrato fue el origen de una litigación compleja que fue consolidada. El Comisionado Especial, tras reducir los casos, determinó la validez del contrato, dejando pendiente la etapa para evaluar incumplimientos y créditos recíprocos. HDP apeló la decisión que validó el contrato. El tribunal de apelaciones procede a examinar la procedencia de este recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa la determinación de un tribunal de primera instancia declarando a un menor incurso en faltas de actos lascivos y amenaza. El menor apeló, argumentando que la prueba presentada por la Procuradora de Asuntos de Menores fue insuficiente para sostener la determinación más allá de duda razonable. También alegó que la traductora de la testigo principal alteró su testimonio, violando su derecho a un juicio justo. Los hechos imputados ocurrieron en julio de 2015 e involucraron a una niña de siete años. El foro primario impuso medidas dispositivas de libertad condicional concurrentes. El Tribunal de Apelaciones examinó los señalamientos de error relacionados con la suficiencia de la prueba y la actuación de la intérprete. Tras considerar los argumentos y la transcripción de la vista adjudicativa, el panel apelativo resolvió confirmar la resolución recurrida. La sentencia aborda la apreciación de la prueba en el ámbito apelativo dentro del contexto de la Ley de Menores.

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Se presenta una Sentencia de un panel apelativo sobre un recurso de apelación. El apelante, Rafael D. Mojica Velázquez, impugna la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su Querella laboral contra MVP Auto Corp. La Querella original reclamaba indemnización por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80 y pago de vacaciones acumuladas según la Ley Núm. 180. El apelante alegó que fue obligado a firmar un Acuerdo y Relevo General de manera involuntaria. MVP Auto sostuvo que el apelante renunció libremente y era un empleado exento. Tras un juicio, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la Querella. El foro primario concluyó que el apelante firmó el Acuerdo y Relevo General de forma libre y voluntaria, aunque se sintiera obligado económicamente. La Sentencia apelada también incluyó hallazgos sobre la conducta del apelante, como causar pérdidas y crear un ambiente hostil. El documento detalla el historial procesal y los hechos probados por el Tribunal de Primera Instancia que fundamentaron su decisión.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una orden de archivo administrativo emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Moca impugnó la decisión del foro primario de archivar administrativamente el caso. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el archivo por considerar que el caso estaba relacionado con otro litigio cuya apelación estaba pendiente. El foro primario se reservó jurisdicción para reabrir el caso una vez culminaran los trámites apelativos del caso relacionado. El Tribunal de Apelaciones clarifica que el archivo administrativo es una resolución temporal, no una sentencia final, y es revisable bajo el estándar de abuso de discreción. Tras evaluar la actuación del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones concluye que el foro primario actuó dentro de su discreción inherente para manejar el caso. No se encontró abuso de discreción, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la orden de archivo administrativo.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre tres casos de Certiorari consolidados. El Comisionado de Seguros, actuando como liquidador de Real Legacy Assurance Company, Inc., solicitó la paralización de procedimientos en casos de daños y perjuicios. Estos casos fueron incoados en el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo contra asegurados de Real Legacy. El Tribunal de Primera Instancia denegó las mociones de paralización presentadas por el Comisionado en los tres casos. El Comisionado recurrió en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que las sentencias eran idénticas y erróneas. El Tribunal de Apelaciones consolidó los tres casos para su consideración conjunta. Las partes recurridas (demandantes en los casos originales) se opusieron a la paralización. Argumentaron que la liquidación de la aseguradora no suspende automáticamente las acciones dirigidas únicamente contra el asegurado. Citaron jurisprudencia y señalaron que en algunos casos la aseguradora no era parte o solo proveía cubierta de representación legal. El documento detalla el historial procesal de las peticiones de Certiorari consolidadas ante el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Se revisa mediante certiorari una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó mociones de desestimación. La parte demandada solicitó la desestimación alegando que el emplazamiento no fue diligenciado dentro del plazo de 120 días. La parte demandante había intentado emplazar personalmente y, tras gestiones infructuosas, solicitó emplazamiento por edicto. La parte demandada se enteró del pleito a través de notificaciones por correo de escritos posteriores a la presentación de la demanda. El foro primario declaró No Ha Lugar las mociones de desestimación presentadas por la parte demandada. La parte demandada recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la controversia. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por el Ministerio Público. El caso involucra a Mathew Cris McLeod López, acusado localmente bajo el Artículo 5.04 de la Ley de Armas por portar o transportar un arma de fuego. Previamente, McLeod López fue procesado y sentenciado a nivel federal por posesión de municiones como convicto, basado en los mismos hechos. La controversia principal gira en torno a si el procesamiento local está impedido por la sentencia federal, según la doctrina de *Pueblo v. Sánchez Valle*. El Recurrido sostiene que el Tribunal de Primera Instancia carece de jurisdicción al tratarse de los mismos hechos ya juzgados federalmente. El Ministerio Público argumenta que el delito local (portar arma) es distinto del federal (posesión de municiones) y que *Sánchez Valle* no prohíbe el procesamiento local por el cargo de portación. El Ministerio Público recurre una resolución del TPI que aparentemente favoreció la posición del Recurrido respecto a este conflicto jurisdiccional.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre división y liquidación de comunidad hereditaria. Los peticionarios solicitaron la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción Solicitando Anulación de Sentencia. Previamente, el foro primario había desestimado la demanda inicial con perjuicio, fundamentado en la existencia de una transacción y finiquito extrajudicial entre las partes. Dicha sentencia desestimatoria advino final y firme. Meses después, los peticionarios solicitaron la anulación de esa sentencia, alegando la falta de inclusión de otros herederos y del contrato de transacción. El Tribunal de Primera Instancia denegó la anulación solicitada. Los peticionarios acudieron en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra esta última denegatoria. Los recurridos se opusieron, argumentando que la moción de anulación fue presentada fuera del término legal de seis meses. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari solicitado por los peticionarios.

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Se revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce sobre el cómputo y pago del exceso de licencia de enfermedad acumulado en 2017 por empleados municipales a jornada parcial. El foro primario estableció una metodología de cálculo, pero no adjudicó las cuantías individuales ni resolvió otras causas de acción, como daños y perjuicios. El Municipio Autónomo de Ponce, peticionario, sostiene que la fórmula adoptada contraviene la Ley de Municipios Autónomos. El panel apelativo ejerce su discreción para dilucidar el asunto en esta etapa procesal y evitar un fracaso de la justicia. El caso se originó con una demanda de empleados municipales solicitando, entre otras cosas, determinar la metodología de pago y ordenar el desembolso de las cantidades adeudadas. El Tribunal de Primera Instancia denegó una moción de desestimación del Municipio que argumentaba falta de jurisdicción primaria y el incumplimiento de requisitos de injunction. Tras denegar la desestimación, el foro primario requirió a las partes presentar sus posiciones sobre la metodología de cálculo a utilizarse.

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Ángel M. Laboy Pica, un confinado, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la corrección de una sentencia de 2012 emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Su petición se basó en la alegación de representación legal inadecuada durante su alegación de culpabilidad. Argumentó que esta deficiencia resultó en la imposición de penas consecutivas por múltiples delitos, sumando 20 años. Las penas fueron impuestas de forma consecutiva entre sí y con cualquier otra pena que estuviera cumpliendo. El peticionario consideró que esto constituía un castigo cruel e inusitado. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar el caso. Tras examinar los autos originales y el escrito, el Tribunal emitió su sentencia. El Tribunal de Apelaciones modificó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen emitido, pero en su forma modificada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de certiorari presentado por Carmen Yulín Cruz Soto en su carácter personal. La peticionaria solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su moción de desestimación. En dicha moción, Cruz Soto argumentó que no fue emplazada adecuadamente en su carácter personal. Alternativamente, sostuvo que la Demanda no exponía hechos suficientes para justificar un remedio dirigido a su persona. El pleito original fue instado por Rafael Hernández Catá y Sun Products Investments & Savings, Inc. Los demandantes alegan haber sido eliminados como licitadores y proveedores del Municipio de San Juan de forma discriminatoria y fraudulenta. Imputan que esta exclusión, iniciada alrededor de 2013, ocurrió por órdenes expresas o tácitas de la Alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto y el Secretario Municipal. La Demanda busca sentencia declaratoria, remedios por discrimen y violaciones a leyes y acuerdos contractuales. El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación del foro primario sobre la procedencia de las reclamaciones y el emplazamiento contra Cruz Soto en su capacidad personal.

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El Estado de Puerto Rico presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de asesinato en segundo grado. La controversia central radicaba en la definición del elemento subjetivo del delito que se impartiría al jurado. Los hechos ocurrieron bajo la vigencia del Código Penal de 2012, que utilizaba el concepto de "intención". Posteriormente, la Ley Núm. 246-2014 introdujo el término "temeridad" para describir el elemento subjetivo. El Tribunal de Primera Instancia resolvió que debía instruirse al jurado con la definición de "intención" del Código Penal de 2012, vigente al momento de los hechos. El Estado discrepó, argumentando que "intención" y "temeridad" eran equivalentes y que debía aplicarse la definición posterior. El Tribunal de Primera Instancia rechazó la aplicación retroactiva de los elementos subjetivos de la Ley 246-2014. El Tribunal de Apelaciones expidió el Certiorari solicitado por el Estado. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por Integrand Assurance Company. Integrand solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que denegó su Moción Solicitando Sentencia Sumaria y/o Solicitud de Desestimación. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios instada por Sandra M. Collado Torres tras sufrir una caída en las facilidades de SF Family Rental t/c/c Los Ángeles Memorial, Corp. La demandante incluyó a Integrand alegando que tenía una póliza vigente que cubría a la funeraria y/o los dueños y la propiedad para la fecha del accidente. Integrand argumentó que no existía cubierta para la operación de la funeraria en la fecha del suceso, aunque sí para la propiedad como "Propiedad Vacante". El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Integrand. Esta decisión mantiene la determinación del TPI de no desestimar la demanda contra Integrand en esta etapa procesal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha sentencia declaró con lugar una demanda de cobro de dinero y/o incumplimiento de contrato. La demanda fue presentada por los apelados, un abogado y su esposa, contra los apelantes, quienes fueron sus clientes. El cobro se refería a honorarios contingentes acordados verbalmente por servicios legales prestados para ejecutar una sentencia previa. Las gestiones del abogado culminaron con la adjudicación de un inmueble a los apelantes. Los apelantes se negaron a pagar los honorarios acordados, argumentando que el pago dependía de la venta de la propiedad adquirida. En su apelación, los clientes impugnaron las determinaciones de hechos del tribunal primario, alegando falsedad en testimonio y parcialidad del juez. El Tribunal de Apelaciones determinó que los apelantes no cumplieron con los requisitos reglamentarios para impugnar prueba oral, al no solicitar la transcripción de los procedimientos. Ante la falta de perfeccionamiento del recurso en cuanto a la prueba, el Tribunal confirmó la sentencia apelada.

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El Municipio de Gurabo solicitó al Tribunal de Apelaciones la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución del TPI denegó un remedio provisional interdictal solicitado por el Municipio contra Janssen Ortho LLC y otros. El litigio principal versa sobre la revisión judicial de la revocación retroactiva por parte del Municipio de exenciones contributivas concedidas a Janssen mediante la Ordenanza 43. El Municipio buscaba que el TPI ordenara a Janssen abstenerse de rendir sus declaraciones de volumen de negocio conforme a las tasas de la Ordenanza 43, ya que el beneficio había sido revocado. El TPI rechazó la solicitud interdictal, argumentando que el remedio es típicamente para la parte demandante (Janssen en este caso) y que concederlo prejuzgaría la controversia principal. Además, el TPI consideró que no existían circunstancias extraordinarias, pues Janssen continuaba pagando contribuciones, y el Municipio disponía de otros remedios bajo la Ley de Patentes Municipales. El Municipio recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar la petición del Municipio y la oposición de Janssen, el Tribunal de Apelaciones procedió a resolver. Por los fundamentos de derecho expuestos, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado por el Municipio de Gurabo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Rafael Luis Reyes Almodóvar. El apelante impugna una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda de Firstbank Puerto Rico sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La sentencia apelada condenó a los demandados, incluyendo al apelante y su exesposa, al pago de cuantías adeudadas y ordenó la venta en subasta de la propiedad hipotecada. La acción de FirstBank se inició en julio de 2016, alegando incumplimiento de una hipoteca constituida en 2012 sobre un inmueble adquirido por los demandados. Los demandados se divorciaron en 2016, y la exesposa cedió sus derechos sobre la propiedad al apelante posteriormente. El proceso judicial incluyó la contestación del apelante, la rebeldía de la exesposa y una reunión de mediación conforme a la ley aplicable.

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Sentencia de un panel judicial que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. El caso surge de una demanda presentada por Nosce Te Ipsum, Inc. contra Metro 214, LLC y otros. Nosce, dueña de una propiedad en Metro Office Park, alegó que Metro, dueña de una propiedad colindante, incumplió servidumbres y acuerdos sobre el uso compartido de estacionamientos. Nosce basó su reclamo en un acuerdo de 1995 con Canejas, el anterior dueño de la propiedad de Metro, que supuestamente establecía el uso compartido de estacionamientos de superficie y requería notificar a futuros compradores. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de Nosce en su totalidad al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil. Además, el foro primario impuso a Nosce el pago de honorarios de abogado por temeridad. Nosce solicitó la revisión de esta decisión mediante un recurso de certiorari. El panel judicial expidió el auto de certiorari para revisar el dictamen recurrido. Tras la revisión, el panel judicial modificó parcialmente la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari. El peticionario, Ernesto Ortiz Álvarez, solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó su solicitud para enmendar la sentencia dictada en su contra. En 2009, Ortiz se declaró culpable de tentativa de robo, violencia contra la autoridad y violación a la Ley de Armas mediante un acuerdo. Fue sentenciado a un total de 8 años de prisión, pero se le concedió sentencia suspendida. En 2018, el foro primario revocó la probatoria por incumplimiento de condiciones y ordenó su ingreso a prisión. Ortiz presentó entonces la solicitud de enmienda a la sentencia que fue denegada. El recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones busca impugnar esa denegatoria. La sentencia detalla el historial del caso desde las acusaciones originales hasta el dictamen recurrido.

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Brenda Nieves Vázquez apela una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que acogió la Recomendación de la Examinadora de Pensiones Alimenticias. El dictamen validó la pensión alimentaria fijada previamente y declaró No Ha Lugar las solicitudes de reconsideración de ambas partes. El caso se origina de un divorcio en 2008 entre la apelante y José Juan Meléndez Cruz, con tres hijos procreados. Tras fijarse una pensión inicial, el padre solicitó una rebaja en 2017 alegando merma de ingresos. Durante el proceso, la madre intentó incluir dos corporaciones y descorrer el velo corporativo para determinar los ingresos del padre. El TPI denegó la petición de incluir las corporaciones como partes indispensables, decisión que no fue recurrida. Se celebró una vista ante la Examinadora de Pensiones Alimentarias, quien emitió un informe con determinaciones de hechos. El Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por Juan E. Amador Colón. El peticionario solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que dispuso el lanzamiento de los ocupantes de una residencia ejecutada por Banco Popular de Puerto Rico. La propiedad pertenecía originalmente a Margarita Algarín Díaz, quien incumplió con la hipoteca. Amador Colón alegó ser el titular y ocupante actual, habiendo recibido la propiedad supuestamente como regalo de la demandada. Banco Popular inició el proceso de ejecución en 2012, obteniendo sentencia en rebeldía y, tras la subasta, solicitó el desalojo. Intentos previos del peticionario para intervenir en el caso o demandar al banco fueron desestimados. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y el historial del caso. Concluyó que el peticionario carecía de legitimación para impugnar la orden de lanzamiento. Por consiguiente, desestimó el recurso de Certiorari por falta de jurisdicción.

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El Administrador Judicial de la Sucesión Reichard-Mackenzie, Lcdo. Paul M. Vilaró Nelms, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicita la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción Solicitando Orden de Pago y Embargo para el cobro de sus honorarios, indicando que debía radicar un caso nuevo. Al examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones advirtió que la Orden del TPI no fue notificada a todas las partes de récord en el caso de la sucesión. Específicamente, tres herederos que participaron en trámites apelativos previos no fueron incluidos en la notificación. El Tribunal recordó que la correcta notificación es un requisito esencial para que los términos de revisión judicial comiencen a transcurrir. Una notificación defectuosa no surte efecto legal. Por lo tanto, el recurso de certiorari presentado resulta prematuro e ineficaz. La falta de notificación adecuada impide al Tribunal de Apelaciones entrar a considerar los méritos del asunto planteado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso de certiorari. El recurso fue presentado por Antonio Borres Otero y Karen González Rivas contra Scotiabank de Puerto Rico. Impugnan una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha resolución determinó que los defectos de una escritura de hipoteca fueron subsanados. Por consiguiente, el TPI concluyó que la garantía hipotecaria estaba debidamente constituida. Esto permitió continuar con los trámites de ejecución hipotecaria. El caso se originó con una demanda de Scotiabank por cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La acción de cobro de dinero no está en controversia y es final. La disputa en apelación se centra en la validez de la ejecución hipotecaria. Los peticionarios alegaron la nulidad de la escritura por un espacio en blanco, pero el banco presentó una página corregida.

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Este documento es una sentencia de un panel judicial de apelaciones en Puerto Rico. Aborda un recurso de apelación presentado por Banco Cooperativo de Puerto Rico (BanCoop) contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El foro primario había declarado Con Lugar la demanda de Cooperativa de Ahorro y Crédito TuCoop (TuCoop). Dicho dictamen ordenó a BanCoop proceder a la reapertura inmediata de las cuentas de TuCoop. El panel de apelaciones indica que MODIFICA el dictamen recurrido. La controversia se originó cuando TuCoop presentó demanda contra BanCoop tras recibir una carta notificando la terminación de sus servicios bancarios. BanCoop adujo que la razón para la terminación era que la cuenta de TuCoop "ha estado experimentando actividad que no se ajusta al patrón de comportamiento". TuCoop alegó que dicha causa de terminación no estaba reconocida en los contratos suscritos. TuCoop sostuvo que la notificación de cancelación era arbitraria y constituía un incumplimiento de contrato. La sentencia detalla el trasfondo procesal y los argumentos de TuCoop sobre los términos contractuales y la alegada terminación inválida.