Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 186)

Resumen:

Es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una apelación presentada por Roberto J. Trápaga Fonalledas. El apelante impugna sentencias del Tribunal de Primera Instancia que concedieron sentencia sumaria a los apelados, Dr. Ezer Camacho Rodríguez y Dorado Beach East Homeowner's Association, Inc., desestimando su demanda. El Sr. Trápaga Fonalledas había demandado alegando que una construcción violaba servidumbres en equidad y que la asociación aprobó planos sin contar con un reglamento requerido por la escritura. Solicitó un injunction para detener la construcción y declarar nula la aprobación de los planos. Los apelados argumentaron que sí existía un reglamento y que las restricciones principales provenían de la escritura. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de los apelados mediante sentencia sumaria. Este documento inicia el proceso de revisión de esas determinaciones por el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Se trata de una Apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de liquidación de comunidad de bienes. La apelante, Nilda Lizette Ríos Ortiz, recurre la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó su reconvención y declaró con lugar la demanda del apelado, Luis Daniel Cruz Morales. Las partes, casadas bajo un régimen de estricta separación de bienes pactado en capitulaciones matrimoniales, adquirieron un inmueble en común proindiviso (50% cada uno) mediante escritura pública. El TPI ordenó a la apelante traspasar la propiedad al apelado como único dueño y pagarle cánones de arrendamiento. La apelante solicitó la revocación de esta decisión. El Tribunal de Apelaciones concluye que procede la revocación de la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El recurso fue presentado por Beatriz Nursing Home y Universal Insurance Company. Apelaban una decisión del Tribunal de Primera Instancia que les encontró responsables. La demanda original fue incoada por la familia Carrión Carrión. Alegaron que el Sr. William Carrión Carrión sufrió una caída en el hogar de ancianos debido a negligencia en el cuido. El Sr. Carrión Carrión, quien requería supervisión constante tras una cirugía, sufrió daños físicos y deterioro de salud a raíz del incidente. El foro primario concedió a los demandantes una suma total de $199,000 por los daños sufridos. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

Mapfre Praico Insurance Company solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación y Solicitud de Sentencia Sumaria. Mapfre argumentó que los demandantes, Consejo de Titulares del Condominio Paisajes del Escorial, Attenure Holdings Trust 2 y HRH Property Holdings LLC, incumplieron la póliza al ceder un interés en la reclamación por daños de huracán a Attenure sin su consentimiento. Sostuvo que esta cesión violaba la cláusula de no cesión y que Attenure carecía de legitimación activa. Los demandantes se opusieron, alegando que la póliza no prohibía la cesión post-pérdida de un interés en la reclamación. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción inicial y una posterior moción de reconsideración, determinando que la cesión de un interés o reclamo por daños no era incompatible con el contrato de seguro. El TPI razonó que la prohibición se refería a la sustitución de la parte asegurada, no a la cesión de un reclamo. Mapfre acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para impugnar estas decisiones. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, denegó la expedición del certiorari solicitado por Mapfre.

Resumen:

La Resolución del Tribunal de Apelaciones atiende un recurso de certiorari presentado por Iván Rodríguez Rentas. El peticionario impugnó una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de designación de abogado de oficio. Dicha solicitud se realizó en el marco de un caso civil de daños y perjuicios que el peticionario instó contra Asistencia Legal Ponce. El peticionario alegó representación legal negligente y solicitó abogado por no contar con recursos económicos. El foro primario denegó la solicitud, indicando que los casos de daños y perjuicios no cualifican para la asignación de abogado de oficio bajo el ordenamiento vigente. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación y recordó que el derecho a asistencia de abogado se garantiza en procesos criminales, pero no se reconoce en el ámbito civil. Aunque existe la posibilidad de asignación discrecional en casos civiles excepcionales, la denegatoria del foro primario fue consistente con la ley y la jurisprudencia. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto discrecional de certiorari.

Resumen:

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Los peticionarios, Juan R. Núñez Sánchez y Kareen Vélez Olivieri, demandaron a Oriental Bank (anteriormente Scotiabank) por daños y perjuicios. La demanda se basa en alegaciones de "dual tracking" y violación de la Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario en un pleito de ejecución de hipoteca previo, el cual fue revocado por este Tribunal. En el caso de daños, Oriental Bank solicitó requerimientos de admisiones a los peticionarios. Ante la insatisfacción con las respuestas, Oriental Bank pidió que se tuvieran por admitidos. El TPI ordenó a los peticionarios contestar requerimientos específicos en diez días, bajo apercibimiento. Los peticionarios solicitaron reconsideración, la cual fue denegada por el TPI, manteniendo el término adicional. El recurso de certiorari busca revisar esta denegatoria, pero el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Se presenta una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por Rosa A. Torres Martínez. La petición busca revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de liquidación de comunidad de bienes gananciales y herencia contra la Sucesión Jaime Rodríguez. El dictamen del TPI que se impugna admitió la contestación enmendada a la demanda presentada por la parte recurrida. El pleito original fue incoado por la Sra. Torres Martínez, quien estuvo casada con el causante por 46 años, buscando liquidar bienes adquiridos durante su relación y matrimonio. La demanda también solicita la nulidad de actos que alegadamente defraudaron la comunidad de bienes. Una controversia central gira en torno a una propiedad en Lajas adquirida en 1970, que la peticionaria considera ganancial pero que los recurridos alegan fue cedida a una hija y le pertenece por usucapión. Los recurridos también presentaron una reconvención contra la peticionaria por supuesta negligencia en el manejo de deudas contributivas de las propiedades. El certiorari busca revisar la decisión procesal del TPI de admitir la contestación enmendada en el marco de esta disputa sobre la liquidación de bienes.

Resumen:

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por MAPFRE Praico Insurance Company contra una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó la moción de desestimación parcial de MAPFRE en una demanda por daños de huracanes presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Coral Beach. El Consejo de Titulares reclamó incumplimiento contractual y daños bajo la Ley 247-2018 por los daños causados por los huracanes Irma y María. MAPFRE argumentó que la Ley 247-2018 no aplicaba retroactivamente a estos hechos y que las causas de acción contractuales y extracontractuales no podían acumularse. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la Ley 247-2018 aplica retroactivamente a reclamaciones por el Huracán María. Además, concluyó que dicha ley concede una causa de acción adicional que puede acumularse con la de incumplimiento contractual. Esta acción adicional bajo el Código de Seguros procede si se demuestra mala fe y voluntario incumplimiento por parte de la aseguradora. Tras revisar la determinación del TPI, el Tribunal de Apelaciones confirma la Orden recurrida.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Estancias Reales, S.E. solicitó un auto de certiorari para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La resolución del TPI declaró No Ha Lugar una solicitud de desestimación presentada por Estancias. Los recurridos (RDS Construction Corp. y otros) demandaron a Estancias y otros codemandados por incumplimiento de contrato y daños en proyectos de construcción. Reclamaron sumas considerables por obra realizada y daños. Estancias solicitó la desestimación alegando que los recurridos no la emplazaron dentro del término de 120 días. Cuestionó la validez del emplazamiento posterior, autorizado por el TPI mediante edicto tras intentos infructuosos de emplazamiento personal. El TPI denegó la desestimación. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Estancias Reales, S.E.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Ramón L. Pérez Pagán y otros, apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Utuado. La sentencia apelada declaró No Ha Lugar una demanda sobre interdicto posesorio, derecho de paso y declaración de servidumbre. Los demandantes apelantes adquirieron una propiedad enclavada de los demandados apelados. Alegaron la existencia de una servidumbre de paso voluntaria y aparente sobre el remanente de la finca de los demandados, la cual no estaba inscrita. Sostuvieron que siempre usaron dicho camino, pero los demandados lo bloquearon tras un incidente. Solicitaron un interdicto para restablecer el paso, la declaración e inscripción de la servidumbre. Los demandados apelados negaron las alegaciones, argumentando que los demandantes no cumplían los requisitos del interdicto por falta de posesión previa del camino. Además, señalaron que la acción declaratoria de servidumbre requería un proceso civil ordinario. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el expediente, confirma la Sentencia apelada.

Resumen:

Un miembro de la población penal, Kasey L. Valentín Feliz, compareció ante el Tribunal de Apelaciones solicitando su liberación e indulto. Fundamentó su petición en haber cumplido el 80% de su sentencia, estar rehabilitado y para evitar el contagio por Covid-19. El peticionario presentó su solicitud directamente ante este foro intermedio. El Tribunal observó que no se incluyó prueba documental de que se estuviera recurriendo de un dictamen del Tribunal de Primera Instancia o una determinación final de una agencia administrativa como el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Tribunal de Apelaciones es primariamente un foro revisor de sentencias finales y decisiones administrativas, con una jurisdicción original limitada. Al no existir un dictamen previo del foro primario o administrativo para revisar, y no tratarse de un caso dentro de su jurisdicción original, el Tribunal determinó que carecía de facultad para intervenir. Concluyó que el peticionario intentó acudir al foro apelativo como si fuera uno de jurisdicción original. Ante la ausencia de jurisdicción, el Tribunal desestimó el recurso presentado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari presentado por Universal Insurance Company. La aseguradora impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios por un accidente de tránsito. La demandante, Denisse Ojeda Correa, reclamó compensación por alegados daños físicos y mentales. La controversia se centra en el descubrimiento de prueba, específicamente el registro de llamadas del asegurado de Universal Insurance. La demandante obtuvo una orden judicial para que los proveedores telefónicos produjeran dichos registros. Posteriormente, Universal Insurance solicitó a la demandante la producción de esos mismos registros. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de Universal, indicando que la prueba era obtenible de forma menos onerosa (a través de su propio asegurado) y que la demandante la usaría para impugnación. Universal Insurance recurrió esta decisión mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega la expedición del recurso de certiorari. Con ello, se mantiene la determinación del foro primario de no ordenar a la demandante producir los registros solicitados por la aseguradora.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de certiorari presentado por Migdalia López Gómez contra AEELA y otros. La peticionaria recurrió una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para notificar nuevamente una sentencia parcial. Tras la denegatoria de reconsideración en instancia, la Sra. López Gómez acudió al Tribunal de Apelaciones. La parte recurrida, AEELA, solicitó la desestimación del recurso por alegada falta de notificación a todas las partes necesarias, incluyendo a la abogada del Estado Libre Asociado y a la Oficina del Procurador General. El Tribunal de Apelaciones requirió a la peticionaria mostrar causa por la cual no debía desestimarse el recurso. La peticionaria se opuso a la desestimación, argumentando que las notificaciones llegaron al Departamento de Justicia. Sin embargo, el Tribunal determinó que la peticionaria incumplió con su reglamento. Por tanto, el Tribunal resolvió desestimar la petición de certiorari.

Resumen:

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en respuesta a una Petición de Certiorari presentada por Vanessa Pagán Prado. La petición surge de un caso de despido injustificado contra Bettina Cosmetics, Inc. en el Tribunal de Primera Instancia. La señora Pagán Prado impugna órdenes del foro primario relacionadas con el descubrimiento de prueba. Específicamente, cuestiona la concesión de prórrogas a Bettina Cosmetics para contestar interrogatorios y requerimientos de admisiones. La peticionaria había solicitado sanciones contra la recurrida por incumplimiento en los plazos de descubrimiento. El Tribunal de Primera Instancia denegó las sanciones y concedió las prórrogas solicitadas por Bettina Cosmetics. La peticionaria alegó que la extensión del término fue arbitraria y sin justa causa. Bettina Cosmetics se opuso a la intervención del Tribunal de Apelaciones. Tras analizar las posturas, el Tribunal de Apelaciones, por mayoría, resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces revisando una decisión previa sobre un caso de despido. Cabrera Hermanos, LLC apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una querella por despido injustificado presentada por Christian Norberto Cabán Cruz. El señor Cabán Cruz alegó haber sido despedido sin justa causa tras una suspensión temporera por los efectos del huracán María. Según su versión, la empresa interpretó su falta de disponibilidad inmediata para reincorporarse como una renuncia. Cabrera Hermanos sostuvo que la suspensión fue por fuerza mayor y que el empleado renunció voluntariamente al no regresar al trabajo cuando se le requirió. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado a Cabrera Hermanos pagar una mesada y honorarios de abogado al empleado. Tras examinar el caso, el tribunal apelativo resolvió revocar la sentencia recurrida. Se desestimó con perjuicio la querella por despido injustificado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Western Auto of Puerto Rico. La empresa impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para anular una sentencia parcial en rebeldía. Dicha sentencia fue dictada en un caso laboral instado por Edshel Torres Ortiz por despido injustificado y discrimen por edad, tramitado bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. Western Auto no contestó la querella tras ser emplazado, lo que llevó a la anotación de la rebeldía y la sentencia. El foro primario validó la sentencia, entendiendo que la notificación fue conforme a derecho. Torres Ortiz solicitó la desestimación del certiorari por presentación tardía, argumentando que se presentó fuera del término jurisdiccional de 10 días de la Ley Núm. 2. Western Auto se opuso, sosteniendo que un planteamiento de nulidad por falta de jurisdicción puede presentarse en cualquier momento. El Tribunal de Apelaciones evalúa el trámite procesal y los argumentos de las partes para resolver el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de certiorari presentado por Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. El recurso impugnaba tres determinaciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre impugnación de confiscación de vehículo. La Cooperativa había presentado una demanda, consignado una fianza de $2,000 y solicitado la devolución del vehículo o una orden para evitar su disposición. También presentó una moción urgente reiterando su solicitud. El foro primario señaló una vista de legitimación activa para atender estos asuntos, inicialmente para el 1 de abril de 2020. Debido a la emergencia nacional, la vista fue reseñalada para el 23 de septiembre de 2020. La Cooperativa alegó que el TPI erró al no autorizar la fianza y al pautar la vista sin ordenar la no disposición de la propiedad. Tras ordenar la paralización de los procedimientos en el TPI y recibir la comparecencia de la parte recurrida, el Tribunal de Apelaciones examinó el caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ la expedición del recurso de certiorari presentado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202000372, originado en el Tribunal de Primera Instancia por cobro de dinero. El peticionario, Francisco Valdés Pérez, solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de inhibición. El Tribunal de Apelaciones acoge la apelación como un recurso de certiorari para revisar dicha determinación. Se resume el tracto procesal del caso original, iniciado en 2018, donde el peticionario presentó una demanda por cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños. Se mencionan las gestiones del peticionario para litigar como indigente y las dificultades encontradas en el proceso de emplazamiento de las partes demandadas. El Tribunal de Primera Instancia había establecido términos para el emplazamiento y requerido gestiones del peticionario. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el recurso presentado por EC Waste, Inc. contra Ángel Felipe Arzuaga Ortiz. El caso se originó por una querella de hostigamiento laboral, represalias, discrimen por edad y daños presentada por el señor Arzuaga Ortiz. EC Waste apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó la causa de acción por discrimen por origen nacional pero ordenó un juicio plenario para las demás reclamaciones. EC Waste había solicitado sentencia sumaria, argumentando la falta de controversia fáctica. El querellante se opuso, sosteniendo que existían disputas de hechos sobre discrimen por edad, hostigamiento y represalias que requerían ser dilucidadas en juicio. El Tribunal de Apelaciones revisó los planteamientos de las partes. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial recurrida. En consecuencia, la reclamación por discrimen por origen nacional queda desestimada, mientras que las demás causas de acción continuarán hacia un juicio plenario.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de sentencia declaratoria. La Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico solicitó al tribunal dejar sin efecto una resolución previa del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución de instancia había denegado una Moción de Sentencia Sumaria presentada por la Cooperativa. El caso subyacente fue iniciado por Flexible Packaging Group contra Real Legacy Assurance Co. y la Cooperativa, tras una disputa por reclamaciones de seguro luego del huracán María. Flexible Packaging alegó que la Cooperativa era responsable como garantizadora de Real Legacy bajo un acuerdo de mantenimiento de capital. La Cooperativa argumentó en su moción que Flexible Packaging carecía de legitimación activa para demandarla bajo dicho acuerdo, el cual, según la Cooperativa, no otorgaba derechos a terceros y había expirado. Tras analizar los escritos y la normativa, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. Esta decisión mantiene vigente la determinación del Tribunal de Primera Instancia de no desestimar el caso contra la Cooperativa mediante sentencia sumaria.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Haydee Flores Rodríguez contra MAPFRE PRAICO Insurance Company. La apelación busca la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda de la Sra. Flores. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato, mala fe y dolo por parte de MAPFRE en el manejo de una reclamación de seguro por daños de huracán a la propiedad de la apelante. La Sra. Flores argumentó que MAPFRE subvaloró los daños y actuó de manera intencional y con mala fe. MAPFRE se defendió alegando que los daños fueron pagados en su totalidad y que aplicaba la doctrina de pago en finiquito. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de MAPFRE, desestimando la demanda con base en el pago en finiquito. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar los fundamentos de la decisión del TPI. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones resuelve revocar la sentencia apelada.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Gladys Sierra Sánchez contra Humana Health Plans. La peticionaria impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para autorizar la toma de deposiciones de dos testigos. El caso original es una reclamación por despido injustificado bajo la Ley 80-1976, que inicialmente incluía una causa de acción por discrimen por edad, luego desistida. La peticionaria se opuso inicialmente a convertir el procedimiento a ordinario, pero posteriormente solicitó un descubrimiento de prueba más amplio, incluyendo deposiciones. El TPI denegó la conversión y, meses después, la moción específica para autorizar las deposiciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, deniega la expedición del certiorari solicitado por la peticionaria.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por El Pueblo contra una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso bajo la Ley 54. El Pueblo impugna la decisión del TPI de declarar con lugar una objeción de la defensa a la admisión de veintidós fotografías y un video en formato digital. El TPI había excluido la evidencia por insuficiencia en la autenticación bajo la Regla 901(B)(13) y (14) de Evidencia. El Ministerio Público presentó testimonio de un perito en evidencia digital sobre la extracción de las imágenes del celular de la perjudicada y su grabación en un CD. La perjudicada, Sra. Aracelis Santana Ramos, testificó sobre los incidentes de maltrato y reconoció las fotografías como las que ella misma tomó en esos momentos, explicando que las recuperó de almacenamiento en la nube. Tras examinar el recurso y la prueba, el Tribunal de Apelaciones expide el auto solicitado. Concluye revocando la determinación recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación sobre pensión alimentaria. La apelante, Iris A. González Rosa, impugna la Resolución y Orden enmendada del Tribunal de Primera Instancia que fijó la pensión alimentaria a cargo del apelado, Víctor G. Laureano Navarro. La decisión del Tribunal de Primera Instancia acogió las recomendaciones de la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA), quien evaluó los ingresos y gastos de las partes tras una vista. La apelante solicitó reconsideración de la decisión inicial, cuestionando la imputación de ingresos al apelado y alegando ingresos adicionales. Tras un informe enmendado de la EPA, el Tribunal de Primera Instancia modificó ligeramente la pensión y el porcentaje de gastos médicos. Insatisfecha con este dictamen enmendado, la señora González Rosa presentó el recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso y la decisión apelada. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico deniega un recurso de certiorari presentado por la Corporación Empresarial y Cultural de la Isleta de San Juan, Rafael Oller y otros. La parte peticionaria solicitaba la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar una Solicitud de Sentencia Sumaria y de Desestimación. Dicha solicitud buscaba la desestimación de las reclamaciones contra Rafael Oller, Fulana de Tal y la sociedad de gananciales en un caso de despido. La recurrida, Zulma González Santiago, presentó una querella alegando despido injustificado por CODEVISA y una causa de acción por daños contra Rafael Oller por sus acciones. La parte peticionaria argumentó, entre otras cosas, que la Ley 80 no impone responsabilidad individual a los agentes corporativos. La recurrida aclaró que sus reclamaciones eran separadas: una bajo la Ley 80 contra el patrono y otra por daños contra el individuo. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación y la sentencia sumaria respecto a Oller y la sociedad. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del foro primario al denegar el recurso de certiorari.

Resumen:

AIG Insurance Company solicitó un auto de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha resolución denegó la solicitud de AIG para desestimar sumariamente una demanda por incumplimiento de contrato. La demanda fue presentada por Ramón Arriaga Gómez y otros, quienes alegan que AIG no pagó adecuadamente los daños a su propiedad tras el Huracán María. AIG basó su solicitud de desestimación en la defensa de pago en finiquito, argumentando que el pago realizado extinguió su obligación. La parte recurrida se opuso, señalando que el pago fue insuficiente y que no consintieron a una transacción total de su reclamación. Argumentaron que existían controversias de hecho sobre la validez del alegado finiquito. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos de ambas partes y la normativa aplicable. Finalmente, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por AIG. Esta decisión mantiene vigente la resolución del TPI, permitiendo que el pleito por incumplimiento de contrato continúe en la instancia primaria.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Orlando Feliciano contra Luxury Hotels International. El apelante demandó a su antiguo empleador por despido injustificado bajo la Ley 80, discrimen por edad y raza, y violación a la WARN Act, tras su cese en 2016. Luxury Hotels solicitó la desestimación alegando que el apelante firmó un Acuerdo Confidencial de Separación y Relevo General, recibiendo \$19,661.00 a cambio de renunciar a dichas reclamaciones. El apelante se opuso, argumentando la nulidad del acuerdo por renunciar a derechos irrenunciables bajo la Ley 80 y ser contrario al orden público. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la querella con perjuicio basándose en la validez del acuerdo. El señor Feliciano apeló dicha determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar los argumentos y el acuerdo confidencial, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

Este es un recurso de apelación contra una sentencia parcial que desestimó una causa de acción en una demanda presentada por un consejo de titulares de condominio contra su aseguradora, Mapfre, por daños causados por el Huracán María. El consejo demandó por incumplimiento del contrato de seguro bajo el Código Civil y por violaciones al Código de Seguros, incluyendo prácticas de mala fe conforme a la Ley 247-2018. Mapfre solicitó la desestimación, argumentando que la Ley 247-2018 no era retroactiva y que las reclamaciones bajo esta ley no podían acumularse con las de incumplimiento contractual basándose en la doctrina de concurrencia de acciones. Mapfre sostuvo que permitir ambas reclamaciones resultaría en una doble compensación. El consejo de titulares replicó que la Ley 247-2018 sí es retroactiva y que el Código de Seguros permite acumular reclamaciones por incumplimiento contractual y mala fe, siempre que no haya doble recobro por el mismo daño. El consejo argumentó que esta interpretación concuerda con el propósito de la ley de desalentar la mala conducta de las aseguradoras. La apelación evalúa si el tribunal de primera instancia desestimó correctamente la reclamación bajo el Código de Seguros basándose en estos argumentos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y daños. El Tribunal de Primera Instancia había sancionado a los demandados-peticionarios eliminando sus alegaciones debido a incumplimiento en el descubrimiento de prueba. Posteriormente, durante el juicio, el Tribunal de Primera Instancia interpretó que esta sanción impedía a los demandados presentar prueba a su favor. Los demandados recurrieron esta interpretación mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones concluye que el Tribunal de Primera Instancia erró. La eliminación de las alegaciones de una parte, como sanción, no implica que dicha parte no pueda presentar prueba para refutar los méritos de la reclamación en su contra durante el juicio. La sentencia corrige el alcance de la sanción impuesta, permitiendo a la parte sancionada refutar la prueba de la parte contraria en el juicio.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que deniega una Petición de Certiorari presentada por Triple-S Propiedad, Inc. La aseguradora solicitó revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar su Moción de desestimación. Triple-S argumentó que los demandantes, Consejo de Titulares del Condominio College Park y otros, incumplieron la póliza al ceder su derecho de reclamación por daños de huracán post-pérdida sin consentimiento. Alegó que la cesión era nula y los cesionarios carecían de legitimación activa. Los demandantes se opusieron, sosteniendo que la póliza no prohíbe la cesión de la reclamación después de la pérdida. El TPI denegó la desestimación, concluyendo que la cláusula de la póliza sobre cesión no aplicaba a una cesión de interés sobre la reclamación ocurrida después del daño. El foro primario distinguió entre cesiones pre-pérdida y post-pérdida, indicando que esta última no aumenta el riesgo para el asegurador. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de Certiorari solicitado por Triple-S.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve la apelación presentada por Félix Bello Meléndez contra Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. El señor Bello demandó a la aseguradora por incumplimiento de contrato y mala fe, alegando que subvaloraron los daños a su propiedad tras el Huracán María. La aseguradora presentó una moción de sentencia sumaria argumentando que el demandante aceptó un pago como liquidación total y definitiva de la reclamación. Presentó como evidencia que el señor Bello firmó una declaración de pérdida por \$3,884.36 y cambió un cheque cuyo endoso indicaba finiquito total. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la moción de sentencia sumaria, desestimando la demanda al considerar que hubo un acuerdo y satisfacción. El señor Bello apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, confirma la Sentencia Sumaria apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de daños y perjuicios. La apelante, Isabel Rosado Martínez, demandó tras un accidente de tránsito al conductor, la dueña del vehículo y la aseguradora, Cooperativa de Seguros Múltiples. La Cooperativa solicitó sentencia sumaria, argumentando que la demandante había firmado un relevo y cobrado un cheque por $8,376.00, lo que constituía una liquidación total de las reclamaciones. La demandante se opuso, alegando que firmó el relevo sin representación legal, fue mal informada sobre su alcance y desconocía la magnitud de sus lesiones físicas al momento. Sostuvo que su consentimiento estuvo viciado por dolo y que el relevo solo debía cubrir daños a su vehículo. El Tribunal de Primera Instancia había declarado Ha Lugar la moción de sentencia sumaria de la Cooperativa, desestimando el caso con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones examina ahora si procedía dicha desestimación sumaria ante las controversias planteadas sobre la validez del relevo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó la Resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra que denegó el privilegio de libertad bajo palabra a José Olivo Batista. El recurrente cumple una sentencia de 80 años por delitos graves, incluyendo asesinato en segundo grado y robo, siendo elegible para parole desde 2014. La Junta denegó el beneficio en noviembre de 2019. Las razones incluyeron la falta de aceptación en un programa de tratamiento interno, la necesidad de una evaluación psicológica actualizada que atienda factores de riesgo identificados previamente, y la ausencia de un plan de salida viable con oferta de empleo y amigo consejero corroborados. La Junta ordenó reconsiderar el caso en octubre de 2020, condicionando la revisión a la presentación de un plan de salida completo, informes actualizados y certificación de terapias. El recurrente apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal, tras revisar el caso, confirmó la Resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre un recurso de certiorari presentado por Elimoisés Berríos Cáceres. El peticionario impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de reconsideración de sentencia. Berríos Cáceres argumenta que la sentencia de cuatro años por tentativa de agresión grave fue ilegal, alegando falta de prueba sobre la hospitalización o tratamiento médico de la víctima. Solicitó la corrección de la sentencia bajo las reglas de procedimiento criminal aplicables. Al revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones tomó conocimiento judicial de las sentencias impuestas. Encontró que al peticionario se le impuso una pena de cinco años por una infracción menos grave a la Ley de Armas (Art. 5.04, sin uso). Ante este hallazgo, el Tribunal ordenó al Pueblo de Puerto Rico que aborde específicamente la legalidad de esta pena de cinco años en su respuesta. La decisión se enfoca en la revisión de las penas impuestas, incluyendo la identificada por el propio tribunal.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones considera una Petición de Certiorari presentada por Carlos Alberto Román García. El peticionario impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Dicha determinación desestimó por tardía una Moción de Supresión de Confesión o Admisión. El TPI indicó que el planteamiento podría exponerse durante el juicio. El peticionario solicitó reconsideración, citando jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, pero el TPI declaró "No Ha Lugar" la solicitud. Ante esto, el señor Román García acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones revisa la solicitud, recordando que el certiorari es un remedio discrecional. Se mencionan los criterios reglamentarios que guían la expedición del auto. Para un despacho eficiente, el Tribunal prescinde de la comparecencia del Ministerio Público.

Resumen:

El caso se origina de una sentencia de cobro de dinero dictada por el Tribunal de Primera Instancia en 2007 a favor de los peticionarios. En abril de 2020, los peticionarios solicitaron la ejecución de dicha sentencia y la venta de bienes de los recurridos. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de ejecución en julio de 2020. La denegatoria se basó en que había transcurrido el término de cinco años dispuesto en la Regla 51.1 de Procedimiento Civil. Los peticionarios presentaron una moción de reconsideración, la cual también fue declarada No Ha Lugar por el foro primario. Inconformes, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. Solicitaron la revisión de la orden que desestimó la ejecución de sentencia. El Tribunal de Apelaciones consideró la solicitud de certiorari. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado. La resolución explica la naturaleza discrecional del certiorari y los criterios para su concesión.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando la convicción de Gilbert Wesley Rodríguez Ferrer. El apelante fue declarado culpable en primera instancia de Asesinato en Segundo Grado y Amenaza, recibiendo sentencias de 50 años y 6 meses respectivamente. Inicialmente, los cargos eran por Asesinato en Primer Grado y Amenaza e Intimidación a testigos. Rodríguez Ferrer apela la sentencia, argumentando que el Ministerio Público no probó su culpabilidad por Asesinato en Segundo Grado más allá de duda razonable. Cuestiona la apreciación de la prueba por el tribunal de instancia, alegando que la evidencia sugería una pelea y no cumplía los elementos del delito. También impugna la determinación de que la agresión fue la causa mediata de la muerte, basándose en el testimonio pericial y de testigos. El Tribunal de Apelaciones evalúa estos señalamientos de error. La corte considera que los argumentos del apelante sobre la insuficiencia de la prueba no son correctos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico examinando una apelación. La apelación fue presentada por Janina Nicolás Ramírez y Gary N. Guillen-Pérez contra MAPFRE Praico Insurance Company. El caso se originó en una demanda por incumplimiento de contrato y mala fe relacionada con una reclamación de daños a la propiedad asegurada tras el huracán María. Los apelantes alegaron que MAPFRE no les compensó justamente. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, determinando que las partes habían perfeccionado un contrato de transacción. El TPI aplicó la doctrina de pago en finiquito, declarando "No Ha Lugar" la demanda. Inconformes, los demandantes apelaron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. La apelación busca revocar la Sentencia del TPI que validó el supuesto acuerdo transaccional y el pago en finiquito. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar el dictamen apelado para determinar si procede su revocación.

Resumen:

Sentencia emitida por un panel judicial en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre de 2020. Resuelve la Apelación presentada por Priscilla González Avilés contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La Sentencia apelada, emitida el 23 de junio de 2020, declaró "Con Lugar" una solicitud de sentencia sumaria presentada por MMM Healthcare, LLC, MSO Puerto Rico, LLC y Castellana Physician Services, LLC. Como resultado, el TPI ordenó la desestimación con perjuicio de la Querella radicada por la señora González Avilés. La Querella original, presentada el 2 de mayo de 2018, alegaba despido injustificado bajo las leyes laborales de Puerto Rico. La parte apelada admitió el despido, pero argumentó que fue justificado por violaciones a políticas y deberes fiduciarios de la apelante. La parte apelada también señaló la existencia de un pleito civil relacionado contra la apelante. La Sentencia detalla el trámite procesal de la apelación, incluyendo la presentación de alegatos. El panel judicial procede a examinar los hechos y fundamentos para resolver si la sentencia sumaria fue correctamente concedida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolvió una petición de certiorari instada por Luis M. Vázquez Rodríguez. El peticionario impugnaba una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Humacao y solicitaba una "concurrencia global en todas las penalidades". Sin embargo, no acreditó la existencia de una controversia sobre la que el tribunal pudiera ejercer su facultad revisora. Tampoco proveyó argumentos específicos ni fundamentos en derecho que avalaran su solicitud, ni señaló errores cometidos por el tribunal inferior. La petición incumplió sustancialmente con los requisitos formales establecidos en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El tribunal enfatizó la rigurosidad con la que deben observarse las normas que rigen los recursos apelativos. Se destacó que el incumplimiento reglamentario puede llevar a la desestimación, especialmente si impide la consideración en los méritos. La comparecencia por derecho propio no justifica el incumplimiento con las reglas procesales. Ante el craso incumplimiento del peticionario con la ley y el reglamento aplicable, el tribunal desestimó la petición de certiorari, prescindiendo de la comparecencia de la parte recurrida.

Resumen:

Mapfre Pan American Insurance Company y Mapfre Praico Insurance Company apelan una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El pleito original fue incoado por Glamyr Moyett Saldaña contra Mapfre por incumplimiento de contrato y mala fe en una reclamación de daños por huracán. Mapfre alegó que la señora Moyett aceptó un pago en finiquito al endosar y depositar un cheque que indicaba ser pago total y final. La señora Moyett se opuso, argumentando que existía controversia sobre si aceptó el pago como final, pues expresó su desacuerdo con el monto y no fue orientada sobre las consecuencias de cambiar el cheque. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria, determinando que Mapfre no probó que la señora Moyett tuviera suficiente conocimiento de las consecuencias del endoso, existiendo controversias sobre la finalidad y justicia del pago. Mapfre recurre, sosteniendo que los hechos incontrovertibles configuraban el pago en finiquito. La señora Moyett defiende la corrección del dictamen recurrido. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del foro primario sobre la sentencia sumaria.

Resumen:

Platinum Care Management Group, LLC acude al Tribunal de Apelaciones para revisar judicialmente un Aviso de Adjudicación de Propuesta (RFP) emitido por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) para servicios de enfermería. Este recurso surge tras un proceso previo donde el mismo Tribunal (caso KLRA202000244) dejó sin efecto un primer aviso de adjudicación de ASSMCA por incumplir la Ley Núm. 73-2019 y ordenó la emisión de uno nuevo. ASSMCA emitió un segundo aviso de adjudicación el 1 de septiembre de 2020, incluyendo el informe evaluador. Platinum impugna este segundo aviso, alegando que ASSMCA no tenía jurisdicción para emitirlo y que la adjudicación debió recaer en su compañía por obtener la mayor puntuación y mejor precio. El Tribunal de Apelaciones, al recibir el recurso, ordenó la paralización de los trámites administrativos en ASSMCA. ASSMCA compareció ante el Tribunal, argumentando que actuó conforme a la sentencia previa que ordenó la emisión del nuevo aviso. La presente sentencia del Tribunal de Apelaciones resuelve el recurso de revisión judicial interpuesto por Platinum contra este segundo aviso de adjudicación.

Resumen:

Alexandra Rosado Navarro acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari solicitando la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha orden declaró final una resolución previa y denegó su solicitud de nulidad. El caso original en el TPI versaba sobre relaciones filiales y custodia del hijo menor habido entre las partes. En el curso del pleito, el TPI emitió resoluciones que incluyeron determinaciones sobre una deuda de pensión alimentaria. Rosado Navarro argumentó que el TPI carecía de jurisdicción para resolver sobre la deuda de alimentos en un caso de relaciones filiales. El TPI sostuvo que su resolución sobre la deuda era final al denegar la nulidad solicitada. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso de certiorari presentado por Rosado Navarro. Tras la evaluación, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado.

Resumen:

El caso KLCE202000650 se inició con una petición ex parte de las albaceas designadas en el testamento de Félix Antonio Toro Rodríguez para obtener cartas testamentarias. Posteriormente, las albaceas informaron su renuncia al cargo. Un miembro de la sucesión solicitó intervenir en el proceso, pidiendo acceso a documentación del despacho legal del causante. Las albaceas se opusieron a la intervención. Tras varios incidentes procesales, el foro primario decretó el desistimiento y archivo de la petición ex parte sin perjuicio. El miembro de la sucesión presentó una moción de reconsideración, solicitando dejar sin efecto el desistimiento y designar un administrador judicial. Después de una vista y la presentación de memorandos, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración. El foro primario consideró que el caso no se había tornado contencioso.

Resumen:

Una resolución de un panel judicial revisa una petición de certiorari presentada por MAPFRE Praico Insurance Company. MAPFRE impugna decisiones del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegaron su moción de desestimación parcial. La demanda original fue presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Vistas de la Vega contra MAPFRE por incumplimiento de contrato y daños bajo la Ley 247 de 2018, tras alegados daños por huracanes y un pago insuficiente de la reclamación. MAPFRE argumentó ante el TPI que la Ley 247-2018 no aplicaba retroactivamente a los hechos y que las reclamaciones bajo dicha ley no podían acumularse con las de incumplimiento de contrato. El TPI declaró No Ha Lugar la moción de desestimación parcial y la reconsideración. MAPFRE acudió al panel judicial señalando como error la negativa del TPI a desestimar las causas de acción bajo la Ley 247-2018 por su carácter prospectivo y la imposibilidad de acumularlas con la acción de incumplimiento de contrato. El Consejo de Titulares se opuso a la expedición del auto, defendiendo la decisión del TPI. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, el panel judicial resuelve denegar el auto solicitado por MAPFRE. Esto implica que la decisión del TPI de no desestimar las reclamaciones bajo la Ley 247-2018 se mantiene.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa un permiso de construcción expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Los recurrentes impugnan la autorización para construir una facilidad de telecomunicaciones en Las Piedras. Alegan que la OGPe violó el debido proceso al emitir el permiso sin resolver su solicitud de intervención y oposición. Sostienen que la agencia debió considerar sus escritos y realizar trámites adicionales, como una vista pública, antes de la expedición discrecional del permiso. La parte recurrida, QMC Telecom, LLC, solicitó la desestimación del recurso por extemporaneidad. QMC Telecom también argumentó que la OGPe no estaba obligada a resolver la solicitud de intervención antes de emitir el permiso. La OGPe no compareció ante el tribunal a pesar de haber sido requerida para exponer su posición. El tribunal procede a resolver el caso sin la postura de la agencia recurrida. La sentencia inicia analizando la figura jurídica de la intervención en los procedimientos administrativos de la OGPe bajo la ley aplicable.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de Certiorari. El peticionario, Krist O. Vélez Rodríguez, impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha Resolución del TPI, fechada el 22 de junio de 2020, concedió a Solimar Paniagua Milette $\$ 3,000$ por concepto de honorarios de abogado. El caso se origina de un proceso de divorcio entre las partes, con disputas posteriores sobre pensión alimentaria para su hijo menor. El Sr. Vélez Rodríguez solicitó una rebaja de pensión, mientras la Sra. Paniagua Milette pidió un aumento. Surgieron controversias sobre la jurisdicción del tribunal y la residencia del peticionario. El TPI inicialmente refirió el caso a ASUME, pero luego reconsideró y retuvo jurisdicción para la revisión de pensión. Se celebró una vista ante la Examinadora de Pensiones Alimentarias a la que el peticionario no compareció personalmente. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar el auto de certiorari solicitado.