Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 178)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado, en un caso de incumplimiento de contrato y cobro de dinero. El apelante, Héctor Luis Figueroa López, demandó a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Jayuya, Inc. tras ser despedido de su puesto como Presidente Ejecutivo. El despido ocurrió después de que el apelante suscribiera un acuerdo de entrega voluntaria de un vehículo y presentara una reclamación a una aseguradora, acciones que la Junta de Directores de la Cooperativa no validó. La Cooperativa canceló el contrato de trabajo del apelante, que tenía un término fijo y una cláusula de rescisión con 90 días de anticipación. La demanda inicial del apelante fue desestimada sumariamente, pero el Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión y devolvió el caso para juicio plenario. Tras la celebración del juicio, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia en febrero de 2020 desestimando la demanda con perjuicio. El apelante recurrió nuevamente ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de esta Sentencia. Por los fundamentos expuestos en la decisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Este documento presenta la Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000588. Joel Zambrana Rivera apela una Sentencia Parcial y Orden del Tribunal de Primera Instancia que concedió una Moción de Sentencia Sumaria Parcial a favor de VMC Motor Corp. El caso original trata sobre despido injustificado y reclamación de comisiones. Zambrana Rivera alegó que fue despedido injustamente tras solicitar documentación sobre comisiones adeudadas. VMC Motor sostuvo que el despido fue por justa causa, específicamente por acceder a información confidencial. El Tribunal de Primera Instancia determinó que procedía la desestimación parcial de la querella bajo la Ley Núm. 80. Tras analizar los argumentos y la prueba, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la decisión apelada.

Resumen:

César Maldonado Echevarría apela la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que desestimó su demanda contra Budget Car Rental. La acción original era por incumplimiento de contrato y daños. Maldonado Echevarría alegó que Budget renovó sin su consentimiento un contrato de alquiler de vehículo utilizado por su hijastra, cargando más de \$16,000 a su tarjeta de crédito entre 2011 y 2012. Argumentó que Budget incumplió su deber de solicitar autorización para las renovaciones y cargos. Previo a la Sentencia apelada, el Tribunal de Primera Instancia había desestimado la reclamación contra Michelle Dapena Guzmán por cosa juzgada. En cuanto a Budget, el foro primario determinó que el deber alegado era de naturaleza extracontractual. Resolvió que la causa de acción estaba prescrita, pues la demanda se presentó en octubre de 2018, más de un año después de los últimos cargos en diciembre de 2012. La apelación ante el Tribunal de Apelaciones busca la revisión de esta desestimación por prescripción.

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Se solicita la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia notificada en 2018, que resolvió una acción de impugnación de título pero dejó pendiente una acción de desahucio en casos consolidados. Un panel anterior de este Tribunal de Apelaciones ya había determinado que el dictamen de 2018 no era una sentencia final apelable, al ser parcial y carecer de la certificación requerida por la Regla 42.3 de Procedimiento Civil. Posteriormente, en 2020, el Tribunal de Primera Instancia archivó la acción de desahucio por estipulación, pero sin incluir lenguaje que confiriera carácter de finalidad al dictamen de 2018. El apelante presenta este recurso argumentando que el término para apelar el dictamen de 2018 comenzó a decursar nuevamente con la notificación del dictamen de 2020. Este Tribunal desestima el recurso por prematuro. El dictamen de 2018 no constituyó una sentencia apelable, y el dictamen de 2020 no revivió el término para apelar ni le confirió carácter de finalidad.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendiendo una apelación criminal. La apelante, Fremia Ceballos Germosén, impugna una convicción y sentencia por desacato sumario dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Se le impuso una pena de diez días de cárcel, de la cual fue liberada bajo fianza en apelación. La apelante señala errores en la aplicación del derecho procesal y sustantivo, además de la imposición de la sentencia. Su argumento central es la nulidad de la sentencia original. Alega que el foro primario no cumplió con los requisitos legales y doctrinales al no detallar los hechos específicos que configuraron el desacato sumario. Sostiene que la sentencia se limitó a exponer conclusiones e interpretaciones sobre su conducta. El documento inicia la discusión sobre la naturaleza del desacato como mecanismo para vindicar la autoridad judicial.

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El Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) acude en certiorari para impugnar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que concedió relevo de sentencia a Americas Leading Finance (ALF). La Resolución dejó sin efecto una sentencia parcial previa que había desestimado con perjuicio la causa de acción de ALF en un pleito sobre impugnación de confiscación. ALF solicitó el relevo al amparo de la Regla 49.2, argumentando que una sentencia anterior del Tribunal de Apelaciones, que revocó una resolución separada sobre la legitimación activa de la codemandante Cooperativa, lo dejó sin un demandante activo en el caso. El ELA se opuso a la moción de relevo, entendiendo que no debía usarse como sustituto de recursos apelativos o de reconsideración ya expirados. El foro primario declaró Ha Lugar la moción de ALF, ordenando el relevo de la sentencia parcial desestimatoria. Este recurso del ELA busca revocar esa determinación que reinstaló la causa de acción de ALF.

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El Consejo de Titulares del Condominio Laguna Gardens III demandó a Mapfre Praico Insurance Company por incumplimiento de contrato y daños tras los huracanes Irma y María. Alegaron que Mapfre realizó un pago parcial insuficiente y actuó de mala fe, reclamando daños adicionales bajo la Ley 247-2018. Mapfre solicitó la desestimación parcial de la demanda, argumentando que la Ley 247-2018 no era retroactiva y no aplicaba a los hechos. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de Mapfre, interpretando que dicha ley creaba una causa de acción adicional por daños en casos de mala fe de la aseguradora. Inconforme, Mapfre apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El recurso cuestionó si el foro primario erró al no desestimar las reclamaciones basadas en la Ley 247-2018 por su carácter no retroactivo. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Tras el análisis, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la Resolución recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una determinación administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La decisión recurrida, emitida por el Comité de Clasificación y Tratamiento y confirmada por la Oficina de Clasificación del DCR, mantuvo al recurrente, David Domenech Andino, en el nivel de custodia máxima. El recurrente cumple una sentencia de 105 años por delitos violentos, incluyendo asesinato en primer grado y robo agravado, que resultaron en la muerte de un oficial de policía. Aunque una escala de puntuación sugería custodia mínima, el Comité aplicó una modificación discrecional basada en la naturaleza de los delitos, la sentencia extensa y la falta de aceptación de responsabilidad del confinado. El recurrente apeló alegando falta de disciplina y cumplimiento del tiempo requerido para reclasificación según el manual del DCR, además de una aplicación errónea de la modificación discrecional. El Tribunal de Apelaciones, sin trámite ulterior, confirmó la determinación administrativa que ratificó la custodia máxima para garantizar la seguridad institucional y pública.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000573. El apelante, Alexis Toro Santiago, recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Cooperativa de Seguros Múltiples. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato y daños por la gestión de la aseguradora tras el Huracán María. El señor Toro Santiago planteó que la aseguradora no cumplió su obligación contractual y actuó con mala fe, incurriendo en prácticas desleales. La aseguradora solicitó la desestimación argumentando que el apelante no cumplió con el requisito de notificación previa al Comisionado y a la aseguradora, exigido por el Artículo 27.164 del Código de Seguros para acciones por prácticas desleales. El apelante se opuso, sosteniendo que su reclamo se basaba en el Código Civil (incumplimiento y dolo) y no en las disposiciones del Código de Seguros que requieren dicha notificación. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sin perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma la desestimación dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso de apelación. La apelante, Trans Ad Puerto Rico, Inc., solicita la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que concedió un desistimiento voluntario sin perjuicio a la demandante, Linette Oquendo Rodríguez. El caso original versaba sobre despido injustificado y otros reclamos laborales presentados bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. Trans Ad argumenta que el desistimiento sin perjuicio es incompatible con la naturaleza expedita de este procedimiento. Sostiene que permite a la demandante reiniciar el litigio, frustrando la celeridad que la ley busca garantizar. La sentencia detalla los antecedentes procesales, incluyendo la presentación de la querella y la solicitud de desistimiento. Explica la finalidad de la Ley Núm. 2, destacando su énfasis en la rapidez para proteger al empleado y desalentar prácticas arbitrarias. Subraya la importancia de que los tribunales aseguren la observancia estricta del proceso sumario. El tribunal de apelaciones evaluará si la decisión del TPI se ajusta a los principios de la Ley Núm. 2.

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Cobra Acquisitions, LLC apeló una resolución del Tribunal de Primera Instancia que le impuso una fianza de no residente de $20,000 y paralizó los procedimientos. La controversia principal en el Tribunal de Primera Instancia giraba en torno a la demanda de Cobra contra el Municipio de Cayey, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Estado Libre Asociado. Cobra buscaba una sentencia declaratoria para cuestionar la autoridad del Municipio de Cayey para imponerle patentes municipales y arbitrios de construcción. Alegó que sus servicios de restauración eléctrica post-huracanes eran temporeros, sin oficina permanente en Cayey, y que la AEE, dueña de la obra, estaba exenta. El ELA y la AEE solicitaron la desestimación de las reclamaciones en su contra. El Municipio de Cayey defendió su facultad legal para imponer ambos tributos, argumentando que Cobra, como contratista y entidad privada, estaba obligada a pagarlos. El Municipio también presentó una reconvención contra Cobra por incumplimiento en la radicación y pago de dichos tributos. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución apelada que impuso la fianza.

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El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de Certiorari solicitado por Richard Lee Cuevas Hernández. El peticionario impugnaba una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que concedió un injunction preliminar a favor de Julio Roldán Concepción. La demanda original solicitaba una orden de cese y desista contra Cuevas Hernández por ataques en redes sociales y radio, alegando difamación y amenazas. El TPI había denegado una moción de desestimación del peticionario y, tras una vista, concedió el injunction preliminar. El TPI determinó que Cuevas Hernández había atacado la integridad de Roldán Concepción con insultos y acusaciones. La orden judicial requirió a Cuevas Hernández cesar los ataques difamatorios y remover información dañina de las redes sociales. El peticionario alegó que el TPI erró al denegar la desestimación, conceder el injunction, restringir la libertad de expresión y no aplicar el criterio de figuras públicas. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, resuelve denegar el recurso.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve la revisión de una decisión de la Comisión Industrial. La recurrente, Carmen W. Cintrón Maldonado, solicitó beneficios por incapacidad total y permanente por factores socioeconómicos tras un accidente laboral en 1997. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) denegó la solicitud, argumentando que la recurrente se autoexcluyó de la fuerza laboral. La Comisión Industrial confirmó la determinación del CFSE. El Tribunal de Apelaciones evaluó el caso, considerando la edad, educación, historial de empleo, incapacidades físicas reconocidas y la situación económica de la recurrente. Se tomaron en cuenta los informes de la trabajadora social y la especialista en rehabilitación, quienes señalaron que la recurrente podía cubrir sus necesidades básicas y rechazó los servicios de rehabilitación vocacional ofrecidos. El Tribunal concluyó que la decisión de denegar los beneficios estaba razonablemente sustentada en la prueba del expediente. Por consiguiente, el Tribunal confirmó la decisión recurrida de la Comisión Industrial.

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El Estado Libre Asociado de Puerto Rico solicitó al Tribunal de Apelaciones intervenir para dejar sin efecto una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución declaró No Ha Lugar una solicitud de desestimación presentada por el Estado en una demanda de daños. La demanda fue incoada por Juan M. Domenech Encarnación, quien alegó negligencia de funcionarios estatales en relación con la ocupación y manejo de su vehículo. El Estado argumentó que el demandante incumplió con el requisito de notificar su intención de demandar dentro de los 90 días, según la Ley Núm. 104, y que la acción estaba prescrita. El demandante replicó que el conocimiento del daño atribuible al Estado surgió posteriormente, específicamente cuando se enteró de que las autoridades revirtieron el traspaso de titularidad del vehículo sin su participación. El Tribunal de Primera Instancia acogió los argumentos del demandante y denegó la desestimación. Ante la inconformidad del Estado, este acudió en Certiorari. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del auto solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones emite Sentencia en el recurso presentado por el señor Edwin Marrero Martínez. El apelante solicitó la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su Demanda sobre Injunction y Sentencia Declaratoria. La Comisión Estatal de Elecciones (CEE), parte apelada, instó una Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción. La CEE argumentó que el recurso de apelación fue presentado tardíamente, fuera del término jurisdiccional de diez (10) días dispuesto en el Artículo 13.3 del Código Electoral de 2020. El apelante replicó que dicho término no le aplicaba, pues su caso tuvo origen en el TPI como una demanda de sentencia declaratoria, no una controversia electoral de la CEE. Sostuvo que su recurso se regía por el término general de sesenta (60) días. El Tribunal de Apelaciones procedió a delimitar el trasfondo normativo aplicable, incluyendo el Código Electoral de 2020. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para entender en los méritos del recurso. Por consiguiente, se DESESTIMA el recurso de apelación por falta de jurisdicción.

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Universal Insurance Company solicita al Tribunal de Apelaciones la revocación de una resolución del foro de primera instancia. El caso subyacente fue presentado por WTT, SE, Inc., reclamando incumplimiento de contrato y daños por un ajuste de seguro tras el huracán María. WTT alegó que Universal realizó un ajuste incompleto y arbitrario. Universal pidió la desestimación de la causa de acción de daños, argumentando que WTT no cumplió con la notificación previa requerida por la Ley Núm. 247-2018 para reclamaciones bajo el Artículo 27.164 del Código de Seguros. Universal también sostuvo que WTT no podía reclamar daños bajo el Código Civil. WTT replicó que su reclamación se basaba en el Código Civil y que la Ley Núm. 247-2018 ofrecía remedios adicionales, no sustitutivos. El foro de primera instancia denegó la desestimación. Concluyó que el caso incluía incumplimiento contractual y una acción de daños bajo el Código de Seguros. El tribunal primario dictaminó que las enmiendas de la Ley Núm. 247-2018 tienen efecto retroactivo. La petición de certiorari busca revisar esta determinación sobre la retroactividad y la base legal de la reclamación de daños.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por el Municipio de Arecibo. El Municipio solicitó la intervención del tribunal apelativo para dejar sin efecto una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero iniciado por F & R Construction Group, Inc. F & R reclamaba al Municipio una deuda de más de \$1.3 millones por trabajos de construcción. El caso había sido señalado para juicio, pero se suspendió para negociar una transacción. Posteriormente, F & R presentó una Moción de Sentencia Sumaria. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al Municipio presentar su oposición a dicha moción, concediéndole un término de veinte días, citando el estatus procesal afectado por el COVID-19. El Municipio recurrió, alegando que la moción de sentencia sumaria era extemporánea. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de Certiorari. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción, al no cumplir el recurso con los criterios establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión administrativa contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La recurrente, Nilmary López Rivera, solicitó la revisión de una resolución de DACo dictada el 7 de julio de 2020. El Tribunal determinó que la resolución de DACo no fue notificada adecuadamente a las partes conforme a los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), que exige notificación por correo ordinario y certificado. Debido a la notificación inadecuada, la resolución no ha surtido efecto ni es ejecutable, y los términos para recurrir no han comenzado a transcurrir. La correcta notificación es un requisito esencial del debido proceso de ley para garantizar el derecho de las partes a conocer la decisión y ejercer sus remedios. Por consiguiente, el recurso de revisión presentado es prematuro. El Tribunal desestimó el recurso sin perjuicio. Las partes podrán presentar un nuevo recurso una vez que DACo notifique la resolución correctamente según lo dispone la ley.

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Protective Security Systems, Inc. impugna la adjudicación de una subasta de la Autoridad de Energía Eléctrica para operar un sistema de cámaras. Tras una primera adjudicación a St. James Security Services LLC., un recurso anterior fue desestimado por falta de notificación adecuada, ordenando a la AEE corregir. La AEE notificó la adjudicación por segunda vez. Inconforme, Protective Security presentó una nueva solicitud de reconsideración y este recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. La AEE solicitó la desestimación del recurso. El Tribunal de Apelaciones determinó que la segunda notificación de la adjudicación por parte de la AEE no cumplió con los requisitos del debido proceso de ley. Por tanto, el Tribunal desestima el presente recurso de revisión. El caso es devuelto a la AEE para que emita y notifique un nuevo dictamen conforme a derecho.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en los casos consolidados KLAN202000238 y KLAN202000239. Las partes apelantes son Herba de Puerto Rico LLC, Riviana Foods Inc., & Ebro S.A. y Pan American Grain Mfg. Co. Recurren una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón emitida el 12 de noviembre de 2019. Dicha sentencia del TPI refrendó en su totalidad un Laudo Arbitral Final notificado el 20 de agosto de 2015 por la Asociación Americana de Arbitraje. El laudo arbitral surgió de una controversia relacionada con un contrato de procesamiento y empaque de arroz suscrito en 2006. Este contrato incluía cláusulas de sumisión a arbitraje, ley aplicable de Puerto Rico y una cláusula penal. Herba inició el arbitraje en 2011, alegando incumplimientos contractuales y prácticas ilegales por parte de Pan American Grain. El Tribunal de Apelaciones acogió los recursos como peticiones de certiorari. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones acordó expedir y confirmar la Sentencia recurrida del TPI. Esto valida la confirmación judicial del laudo arbitral original.

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El señor Javier J. Acevedo Rodríguez, confinado, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. En su escrito, manifestó inconformidad con su representación legal. Como único apéndice, adjuntó una Minuta de una vista donde se denegó su pedido de renuncia de abogado. El Tribunal determinó que la Minuta no estaba firmada por el juez de instancia. Conforme a la Regla 32(b), una Minuta sin la firma del juez no constituye un dictamen judicial recurrible, sino un mero registro de incidencias. El escrito del peticionario también presentó dificultades de lectura, planteamientos inconexos y careció de señalamientos de error claros. Además, no proveyó documentos esenciales como la solicitud original o fechas de notificación. Estas deficiencias impidieron al Tribunal determinar si tenía jurisdicción o atender el caso en sus méritos, por lo que decretó la desestimación del recurso.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Humacao que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato. La apelante, Olga Zarate, demandó a la Cooperativa de Seguros Múltiples por daños a su propiedad tras el Huracán María, alegando mala fe y violación de la póliza. La aseguradora presentó una moción de sentencia sumaria, argumentando que la demandante había aceptado un pago final al cambiar los cheques ofrecidos, lo que constituía un pago en finiquito. El tribunal primario acogió este argumento y desestimó el caso. La señora Zarate apeló, oponiéndose a la aplicación de dicha doctrina y alegando controversia real sobre el pago. Tras examinar el expediente y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones, por mayoría, confirma la sentencia apelada. Esto valida la desestimación de la demanda original basada en la aceptación del pago final por parte de la asegurada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico deniega la expedición de un auto de certiorari solicitado por Mapfre Praico Insurance Company. Mapfre buscaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su moción de desestimación. La demanda original fue presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Puerta de la Bahía, Attenure Holdings Trust 2 y HRH Property Holdings LLC contra Mapfre. Alegaron dilación e incumplimiento de contrato por parte de Mapfre en el pago de daños significativos causados por el Huracán María, estimados en más de $14 millones, mientras Mapfre ofreció una cantidad mínima. El Consejo de Titulares había cedido sus derechos sobre la reclamación a Attenure. Mapfre basó su moción de desestimación en una cláusula de la póliza que prohíbe la cesión de derechos sin el consentimiento escrito del asegurador. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta moción, y el Tribunal de Apelaciones confirma esa decisión al denegar el certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de un auto de Certiorari solicitado por Richard David Hernández Godreau. El peticionario buscaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de ejecución de hipoteca iniciado por Citibank, N.A. La resolución recurrida denegó la moción del peticionario que solicitaba la desestimación, nulidad de sentencia y subasta, y dejar sin efecto el lanzamiento y orden de confirmación. El caso original data de 2012, donde Citibank demandó a Hernández Godreau por ejecución de hipoteca. Tras ser emplazado y no contestar, se le anotó la rebeldía y se dictó sentencia en 2013. El peticionario argumentó en Primera Instancia que la sentencia de 2013 no fue notificada correctamente, alegando falta de jurisdicción sobre la persona. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que la notificación fue adecuada, denegó su moción y confirmó la sentencia de 2013, así como las órdenes de confirmación de venta y lanzamiento posteriores. En su recurso de apelación, Hernández Godreau alegó errores relacionados con la validez de la notificación y la confirmación de órdenes post-sentencia. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los fundamentos, deniega la solicitud de Certiorari.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Rosa H. Jiménez Torres. La apelación impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. El caso original trata sobre la nulidad contractual de una compraventa e hipoteca de un apartamento. La demandante alegó problemas derivados de la falta de segregación de la propiedad y la inscripción registral. El Tribunal de Primera Instancia determinó que carecía de jurisdicción sobre los reclamos contra FirstBank Puerto Rico. Por ello, concedió la solicitud de sentencia sumaria de FirstBank y archivó los reclamos contra este con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisó dicho dictamen. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Se ratifica la determinación de falta de jurisdicción sobre los reclamos dirigidos a FirstBank.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia sumaria en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La Sentencia apelada, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, había declarado con lugar la demanda presentada por Banco Popular de Puerto Rico contra Sahar Diab Hamdan Figueroa. La demandada apelante admitió haber incumplido con los pagos de la hipoteca. Sin embargo, argumentó que el banco demandante no había cumplido con los requisitos de mediación compulsoria establecidos por la Ley Núm. 184-2012. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el referido del caso a mediación según lo exige la ley. El Centro de Mediación informó al tribunal que, aunque las partes asistieron, el acreedor hipotecario no ofreció alternativas de mitigación de pérdidas a la apelante. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determina que procede revocar la Sentencia sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Esta revocación implica que el proceso de ejecución hipotecaria no puede proceder basándose en dicho juicio sumario.

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El recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones fue presentado por Dr. Jaca Montijo, C.S.P. en un caso de despido injustificado y otras reclamaciones laborales iniciado por Yarilis M. Fontán Pérez. El Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia Parcial a favor de la señora Fontán Pérez, ordenando el pago de mesada y salarios dejados de percibir. La parte peticionaria solicitó sin éxito dejar sin efecto la sentencia y órdenes previas, alegando justa causa relacionada con la emergencia del COVID-19. Tras denegarse su reconsideración, acudió en alzada mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones procede a disponer del recurso ejerciendo su facultad discrecional. La resolución enfatiza el deber del tribunal de verificar su jurisdicción. Se subraya la necesidad de cumplir estrictamente con los términos para la presentación de recursos. El tribunal evaluará si posee la autoridad para atender los méritos del caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Americas Leading Finance, LLC. La parte peticionaria impugnó una resolución interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia en un procedimiento sumario de reclamaciones laborales. Dicha resolución autorizó la enmienda de la querella para incluir una nueva parte y denegó una prórroga a la parte peticionaria para oponerse. La peticionaria alegó errores del foro primario al permitir la enmienda sin oposición y al no convertir el caso a un procedimiento ordinario. El Tribunal de Apelaciones, previo a considerar los méritos, examinó su jurisdicción sobre el recurso. Concluyó que carecía de jurisdicción para entender en el certiorari. Por tanto, desestimó el recurso incoado por falta de jurisdicción. Adicionalmente, declaró No Ha Lugar la Moción En Auxilio de Jurisdicción solicitando la paralización de los procedimientos.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones involucra a Gabriel Reyes Cruz, quien impugna la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación de mantenerlo en custodia máxima. El Comité de Clasificación y Tratamiento revisó su nivel de custodia, en parte debido a la pandemia de COVID-19, y ratificó la custodia máxima basándose en actos de indisciplina y una puntuación en la escala de clasificación. El señor Reyes Cruz presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el tribunal determinó que el recurso presentado era ilegible y de difícil comprensión. A pesar de los esfuerzos por obtener una copia legible, no fue posible evaluar los méritos del reclamo. Consecuentemente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por el recurrente.

Resumen:

Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por Universal Insurance Company. Universal impugna una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios por impericia profesional contra un veterinario. La sentencia del tribunal inferior declaró negligente al veterinario y determinó que estaba cubierto por la póliza de Universal. El Tribunal de Apelaciones examinó la Sentencia Parcial apelada. Se determinó que el dictamen impugnado carecía de las determinaciones de hechos esenciales y pertinentes que estaban realmente controvertidos, según exige la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. El documento explica los requisitos para dictar sentencia sumaria, la cual procede solo cuando no existe controversia real y sustancial sobre hechos materiales. Al carecer la sentencia apelada de las determinaciones fácticas requeridas, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia Parcial.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. David Ortiz Torres. El Sr. Ortiz Torres, miembro de la población correccional, presentó una moción solicitando la modificación de su sentencia. La moción, tanto en su epígrafe como en su contenido, estaba claramente dirigida al Tribunal de Primera Instancia (TPI). Sin embargo, el sobre utilizado para enviarla contenía por error la dirección postal del Tribunal de Apelaciones. Al recibir la moción, el Tribunal de Apelaciones determinó que el foro competente para atenderla era el TPI. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones ordena el traslado del caso y la moción al Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Asimismo, dispone el archivo del recurso presentado ante este foro.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. El peticionario, Kermit M. Rodríguez Seda, confinado, impugna la decisión del TPI que denegó su solicitud de paralizar una moción de desestimación y de asignar un perito médico. El pleito original es una demanda por daños y perjuicios contra el Pueblo de Puerto Rico, Administración de Corrección y Correctional Health Services, alegando negligencia médica por falta de tratamiento oportuno. La recurrida Correctional Health Services solicitó la desestimación, argumentando que el peticionario ya había presentado reclamos similares y que no había prueba de impericia médica. El TPI había previamente paralizado el caso solo para el Estado y la Administración de Corrección debido a PROMESA. El peticionario buscaba revertir la denegatoria de paralización de la moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso como certiorari. Sin embargo, por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio por falta de pago y cobro de dinero. El pleito original fue incoado por Carlos L. Rodríguez Aponte contra Aisar Khatib, Haithem Khatib Musa y la corporación Khatib H.A. Corp. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a favor del demandante en agosto de 2018. Dicha sentencia fue apelada por la corporación y confirmada por el Tribunal de Apelaciones, con el Tribunal Supremo negando certiorari. Tras solicitarse la ejecución de la sentencia, los hermanos Khatib Musa pidieron la paralización y relevo, alegando notificación defectuosa de la sentencia original y falta de jurisdicción personal sobre ellos para el cobro de dinero. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la ejecución. Los hermanos Khatib Musa presentaron esta segunda apelación, impugnando la ejecución y reiterando señalamientos sobre emplazamientos defectuosos y falta de jurisdicción sobre las personas naturales y la corporación en cuanto a la acción de cobro de dinero. La sentencia resuelve esta apelación subsiguiente a la ejecución.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso de apelación en un caso de cobro de dinero y desahucio de un local comercial. La apelante, Pegasus Trucking LLC, cuestiona la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia sobre su persona. Pegasus alegó ser una corporación foránea sin contactos mínimos en Puerto Rico y que no fue debidamente emplazada, sugiriendo que procedía el emplazamiento por edicto. La parte apelada, Yabucoa Development, S.E., sostuvo la existencia de jurisdicción y la validez del emplazamiento realizado. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista sumaria y dictó sentencia ordenando el pago de cánones de arrendamiento a favor de Yabucoa. No obstante, el tribunal primario se reservó el fallo sobre la alegación de falta de jurisdicción y no la resolvió antes de emitir su decisión. La apelación de Pegasus se fundamenta en el error del tribunal al no desestimar la demanda por falta de jurisdicción y dictar sentencia sin haberla adquirido. El Tribunal de Apelaciones analiza los principios del debido proceso y las reglas de emplazamiento, particularmente para entidades foráneas. La resolución del recurso dependerá de si se determinó correctamente la existencia de jurisdicción sobre Pegasus.

Resumen:

José Vázquez Marín, un miembro de la población correccional, comparece ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión judicial. Solicita la revocación de una respuesta de la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente había presentado una solicitud de remedio administrativo relacionada con la no entrega de materiales de artesanía autorizados. La División desestimó la solicitud por haber sido presentada fuera del término de 15 días calendario establecido en el Reglamento Núm. 8583. Los hechos que motivaron la solicitud ocurrieron en octubre de 2019, pero la solicitud se radicó en marzo de 2020. El recurrente solicitó reconsideración, la cual fue denegada por la División, reafirmando la extemporaneidad de la solicitud inicial. El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación de declararse sin jurisdicción por la presentación tardía del remedio administrativo.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio y cobro de dinero. La acción fue iniciada por 65th Infantería Shopping Center contra Subway Real Estate y los subarrendatarios Félix A. Peña Fernández y Magda C. Rodríguez Rodríguez. El arrendador reclamaba el desahucio de un local comercial y el cobro de cánones y gastos adeudados. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la demanda, ordenando el desahucio y el pago de una cuantía por parte de los subarrendatarios. Los subarrendatarios apelaron esta decisión, compareciendo de forma especial y cuestionando el emplazamiento. El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia de instancia. Se adelanta que la sentencia apelada es modificada. La modificación consiste en desestimar la demanda en cuanto a los apelantes, Sr. Peña y Sra. Rodríguez.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de acción civil por daños y perjuicios. El pleito se originó en 2002 por alegados daños causados por la descarga de aguas en la propiedad de la peticionaria. En 2007, las partes alcanzaron una estipulación que incluía acuerdos sobre la construcción de un desagüe y verjas. El Tribunal de Primera Instancia aprobó la estipulación y ordenó el archivo del caso. En 2020, la peticionaria presentó una moción alegando incumplimiento de los acuerdos de 2007, particularmente sobre el desagüe. La moción, presentada al amparo de la Regla 53.1, solicitaba el cumplimiento de la estipulación. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar dicha moción. La peticionaria recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó el recurso, confirmando la decisión del foro primario.

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En un litigio por incumplimiento de contrato y daños, la parte demandada presentó una reconvención y solicitó la desestimación de la demanda por falta de jurisdicción y de partes indispensables (su esposa y la sociedad legal de gananciales). La parte demandante intentó enmendar la demanda para incluir a estas partes, siendo denegada una primera solicitud por no adjuntar el documento enmendado. Una segunda solicitud para enmendar la demanda, acompañada del documento correspondiente, fue concedida por el foro primario. Tras aceptar la demanda enmendada, el tribunal de primera instancia declaró académica la solicitud de desestimación del demandado por haberse subsanado la falta de parte indispensable. Inconforme, la parte demandada recurrió en certiorari, alegando errores en la aplicación de la doctrina de academicidad, la ley del caso y la falta de jurisdicción. También argumentó una violación al debido proceso de ley. El recurso cuestiona la decisión del foro primario de aceptar la enmienda y considerar resuelto el asunto de las partes indispensables. El documento hace referencia a la Regla 16 de Procedimiento Civil sobre la acumulación de partes indispensables.

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Luis A. Serrano García apeló una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia de Humacao. El pleito original era por daños y perjuicios contractuales contra Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. El apelante reclamaba daños a su propiedad causados por el Huracán María, cubierta por una póliza de la Cooperativa. La aseguradora evaluó los daños y emitió un cheque por $4,326.39, aplicando el deducible a su estimado de $7,846.39. El Sr. Serrano García cobró el cheque, pero luego alegó que los daños reales ascendían a una suma mucho mayor y que la Cooperativa incurrió en prácticas desleales. La Cooperativa solicitó sentencia sumaria, argumentando que el cobro del cheque constituyó un "pago en finiquito". El Tribunal de Primera Instancia declaró "Con Lugar" la moción de sentencia sumaria a favor de la Cooperativa. El apelante solicitó la revocación de dicha sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones acordó confirmar la Sentencia Enmendada impugnada.

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Se describe el proceso disciplinario iniciado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación contra José Vázquez Marín. Los cargos imputados fueron posesión de teléfono celular (Código 109) y violación de reglas de seguridad (Código 141). La querella surgió tras el hallazgo de un celular durante un registro, el cual Vázquez Marín supuestamente admitió que le pertenecía. Vázquez Marín negó las acusaciones por escrito, alegando que el registro no fue en su celda y que los bienes no eran suyos. Tras una investigación y vista disciplinaria, el Oficial Examinador encontró a Vázquez Marín incurso en la violación del Código 109. El cargo por violación del Código 141 fue desestimado, basándose la decisión en la falta de credibilidad del testimonio del querellado.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los demandados apelantes impugnaron el emplazamiento por edicto y la posterior notificación de la sentencia en rebeldía. Argumentaron que el emplazamiento fue defectuoso y que la notificación de la sentencia no cumplió con los requisitos reglamentarios. El foro primario declaró no ha lugar sus objeciones. Tras varios recursos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico intervino en el caso. El Supremo determinó que la notificación de la sentencia en rebeldía por edicto fue defectuosa. Esto se debió a que la fecha de notificación de la publicación no coincidió con la fecha de publicación del edicto. El Tribunal Supremo concluyó que Scotiabank debía publicar nuevamente la sentencia en rebeldía. En virtud de los fundamentos expuestos, incluyendo la determinación del Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones modifica la Sentencia apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de revisión administrativa presentado por Jesús A. De León Tricoche contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, un miembro de la población correccional, impugna la determinación del DCR relacionada con la provisión de su medicamento Neurontin 400. Alegó que dejó de recibir la medicación que utilizaba desde hacía diez años y solicitó explicaciones. El DCR le respondió que debía solicitar servicios médicos para que el médico de la institución le prescribiera el tratamiento adecuado. Inconforme, el recurrente solicitó reconsideración, argumentando abuso de discreción y daños irreparables. El DCR reiteró que el médico institucional es quien tiene la potestad de prescribir el tratamiento. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la determinación apelada emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una reclamación de despido injustificado y discrimen por edad. La demandante, Gladys M. Torres Torres, apeló la desestimación sumaria de su caso contra Walmart Puerto Rico, Inc. Alegó haber sido despedida sin justa causa y por edad tras 11 años, siendo reemplazada por personal más joven. Walmart sostuvo que el despido fue justificado, resultado de una reorganización bona fide que eliminó la clasificación ocupacional de "Phone Attendant" en todas sus tiendas. Esta reorganización, según Walmart, buscaba simplificar operaciones y aumentar efectividad, afectando a todos los empleados en dicha posición. El Tribunal de Primera Instancia concedió sentencia sumaria a favor de Walmart, al no encontrar controversia sobre el hecho de que el despido fue parte de la reorganización. El TPI también estableció que las tiendas de Walmart operan de forma independiente en personal y las transferencias requieren cumplir criterios específicos. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del TPI, validando que el despido fue correcto al ser parte de una reorganización legítima que eliminó el puesto de la apelante.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de apelación presentado por Angélica M. Rojas Pantoja contra Mays Ochoa. La apelación busca revisar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio sus reclamaciones de despido por represalias y discrimen por discapacidad. La Sra. Rojas Pantoja alegó haber sido despedida ilegalmente en mayo de 2017 tras presentar una queja interna y por no recibir acomodo razonable para una condición de salud. Mays Ochoa sostuvo que el despido se debió a la violación de una regla de la compañía y negó las alegaciones de represalias y discrimen. El caso se tramitó bajo el procedimiento sumario de la Ley 2. Tras la presentación de prueba de la apelante en el juicio, Mays Ochoa solicitó la desestimación bajo la Regla 39.2, argumentando la falta de establecimiento de un caso prima facie. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud, determinando que la apelante no presentó prueba suficiente para ambas causas de acción. La Sentencia apelada incluyó determinaciones de hechos sobre el empleo de la querellante, su despido y el uso de licencia por enfermedad. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar la corrección de dicha desestimación.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. La peticionaria, Inversiones Isleta Marina Inc. (IIM Inc.), impugnó la decisión del Tribunal de Primera Instancia que permitió la intervención de Isleta LLC en un caso de daños y perjuicios contractuales. IIM Inc. demandó a Giuseppe Cicatelli y otros, alegando que negociaron la compra de sus activos y obtuvieron información confidencial. Según la demanda, los demandados usaron esta información de mala fe para adquirir el préstamo hipotecario de IIM Inc. a través de la recién creada entidad Isleta LLC, en lugar de comprar los activos. IIM Inc. sostuvo que esta acción constituyó incumplimiento de contrato, mala fe y causó daños. Isleta LLC, como nueva acreedora hipotecaria, había iniciado previamente un caso de ejecución de hipoteca contra IIM Inc. El recurso de certiorari se centró en la procedencia de la intervención de Isleta LLC en el pleito de daños. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por IIM Inc.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Héctor Padilla Cintrón, impugnó la determinación del Comité de Clasificación del Departamento de Corrección y Rehabilitación que ratificó su custodia máxima. Dicha determinación fue emitida el 20 de diciembre de 2019. El señor Padilla presentó su recurso ante el Tribunal de Apelaciones en septiembre de 2020. El Tribunal procedió a examinar su propia jurisdicción para entender en el asunto. Se recordó que la jurisdicción es un requisito indispensable y no puede ser conferida por las partes. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme establece un término de treinta días para solicitar revisión judicial tras agotar remedios administrativos. Al presentar el recurso significativamente después de la notificación de la decisión recurrida, el recurrente no cumplió con los requisitos jurisdiccionales. Por consiguiente, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción y ordenó la desestimación del recurso de revisión administrativa.

Resumen:

Este caso es una apelación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) sobre un reclamo de seguro por daños causados por los huracanes Irma y María. Los apelantes, Antonio Betancourt y otros, demandaron a MAPFRE Insurance Company por incumplimiento de contrato. El TPI desestimó la demanda sin perjuicio, resolviendo que los demandantes incumplieron los términos de la póliza. Específicamente, el TPI determinó que los apelantes no presentaron la documentación requerida por Mapfre para procesar su reclamación. Esta determinación se basó en parte en admisiones tácitas y la falta de prueba de los demandantes. Los apelantes argumentaron que habían presentado la reclamación y esperado un inspector que nunca llegó. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del TPI. Consideró que los apelantes no refutaron haber recibido la solicitud de documentación ni probaron haberla enviado. El incumplimiento de los deberes posteriores a la pérdida establecidos en la póliza justificó la desestimación de la demanda.