Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 158)

Resumen:

Un trabajador presentó una querella por despido injustificado contra su antiguo patrono ante el Tribunal de Primera Instancia. Luego de iniciado el litigio, el trabajador solicitó el desistimiento voluntario sin perjuicio. Alegó la existencia de un acuerdo de arbitraje compulsorio que privaba al tribunal de jurisdicción. Sostuvo haber tomado conocimiento de dicho acuerdo durante el descubrimiento de prueba. El patrono se opuso, argumentando que el trabajador siempre supo del acuerdo y renunció al arbitraje al presentar la querella judicial. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desistimiento del trabajador, ordenando la continuación del caso en el foro judicial. El trabajador recurrió esta decisión mediante certiorari ante un tribunal superior. Planteó que el tribunal de instancia incidió al no desestimar la querella a pesar del acuerdo de arbitraje. El tribunal superior revisó el recurso. Finalmente, expidió el auto de certiorari solicitado y confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Antonio Rodríguez Pagán apeló la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación que mantuvo su clasificación de custodia mediana. El recurrente alegó que el Comité de Clasificación solo consideró la duración de su sentencia y que la resolución carecía de determinaciones de hecho y derecho. El Departamento, por conducto del Procurador General, admitió que la determinación final del Comité adolecía de un defecto fundamental al no incluir las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho requeridas por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y el reglamento aplicable. La agencia solicitó la devolución del caso para subsanar dicho defecto. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el Departamento tenía razón y que la agencia debía emitir una resolución debidamente fundamentada. El Tribunal desestimó el recurso por prematuro y ordenó la devolución del caso al Departamento. Se instruyó al Comité de Evaluación y Tratamiento a emitir una resolución completa con las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho que apoyen su decisión. La Juez Méndez Miró disintió, opinando que el Tribunal debió atender el recurso en sus méritos.

Resumen:

Se presenta un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones por John Sánchez Nieves. El peticionario solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, que declaró No Ha Lugar su moción para enmendar la sentencia. Sánchez Nieves fue acusado inicialmente por robo (Art. 189 CP) pero se declaró culpable de apropiación ilegal agravada (Art. 182 CP) mediante un preacuerdo. Fue sentenciado a 8 años de prisión por este delito reclasificado. En su moción ante el TPI, pidió que su pena se redujera a 3 años, invocando el principio de favorabilidad y la Ley 246-2014, bajo el argumento de que una ley posterior era más benigna para el valor del bien apropiado. El TPI denegó esta solicitud. Ante el Tribunal de Apelaciones, Sánchez Nieves pide que se revoque la decisión del TPI y se aplique el principio de favorabilidad para reducir su sentencia de 8 a 3 años. El Tribunal de Apelaciones procederá a resolver el recurso sin requerir trámites adicionales.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en una apelación sobre un caso de daños y perjuicios. Los apelantes impugnaron la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra un concesionario de autos y una financiera. La demanda buscaba la nulidad de un contrato de compraventa de un vehículo usado. Alegaron que el concesionario incurrió en dolo al venderles un auto con piezas alteradas e ilegales sin divulgar un accidente previo. El Tribunal de Primera Instancia determinó que no se probó que el concesionario conociera la procedencia de las piezas no originales ni que hubiera engaño. Concluyó que el vehículo sufrió daños después de la compra y que no se notificó adecuadamente a la financiera. Por tanto, desestimó la demanda y ordenó el pago de costas. Los apelantes recurrieron, alegando errores en las determinaciones de hechos. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de apelación presentado por Juan Daniel Marrero Jiménez contra MAPFRE Pan American Insurance. El apelante solicita la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sin perjuicio su demanda. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato y daños contractuales por parte de MAPFRE, relacionados con la gestión de una reclamación por daños causados por el Huracán María a la propiedad asegurada. Marrero Jiménez argumentó que MAPFRE subestimó las pérdidas, pagó de menos y actuó de mala fe al no cumplir con sus obligaciones bajo la póliza. MAPFRE, por su parte, solicitó la desestimación de la demanda, alegando que era prematura porque el apelante no presentó una reclamación extrajudicial previa conforme a los términos de la póliza. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, determina revocar la Sentencia apelada. Se ordena la devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los procesos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños apelado. La acción original fue presentada por propietarios de una residencia reclamando daños por un accidente vehicular que impactó su propiedad. La apelante, Midnight Express Corp., contrademandó alegando que la negligencia de los propietarios al alterar medidas de seguridad vial causó el accidente. Un punto crucial fue la admisión tácita de hechos en contra de los propietarios por no responder a requerimientos de admisión. Entre los hechos admitidos se encuentran la remoción de vallas de seguridad públicas y la construcción dentro de la franja de uso público. Los propietarios admitieron que el accidente se hubiese evitado de haber existido dichas vallas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó tanto la demanda como la reconvención. El Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. La parte peticionaria, M.A.O. & Associates Investment, Inc., solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha determinación denegó una Moción de Reconsideración presentada por M.A.O. La moción de reconsideración buscaba revertir la negativa del TPI a autorizar la enmienda de la reconvención de la parte peticionaria en un caso de daños y perjuicios. El TPI había denegado previamente la solicitud de enmienda tras recibir los escritos de ambas partes. La parte peticionaria recurrió ante el Tribunal de Apelaciones señalando como error la denegatoria de la enmienda. El Tribunal de Apelaciones considera la naturaleza discrecional del auto de certiorari bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Mapfre Insurance Company. Mapfre impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de sentencia sumaria en un caso de incumplimiento de contrato. La demanda original fue presentada por Felipe Díaz Rodríguez contra Mapfre por daños a su propiedad tras el huracán María. Mapfre solicitó sentencia sumaria alegando la defensa de "pago en finiquito", argumentando que el demandante aceptó y cobró un cheque como pago total. El TPI denegó la solicitud, concluyendo que Mapfre había renunciado a dicha defensa al no incluirla en su contestación a la demanda. Mapfre recurrió, sosteniendo que planteó la defensa tan pronto tuvo conocimiento de los hechos relevantes durante el descubrimiento de prueba. Argumentó que, de lo contrario, debió permitírsele enmendar su contestación. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari. Sin embargo, confirmó la Resolución recurrida del TPI. Esto valida la decisión del foro primario de denegar la sentencia sumaria.

Resumen:

Recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por un confinado. El recurrente impugna una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que denegó su solicitud de reconsideración. Alegó que el DCR no le estaba entregando su correspondencia, lo que consideró una práctica abusiva. El DCR, por su parte, afirmó que el recurrente sí recibió correspondencia y que no presentó evidencia de su alegación. El DCR también solicitó la desestimación del recurso por incumplimiento de reglas procesales. El Tribunal procede a revisar la decisión administrativa. Se expone el marco legal para la revisión judicial de agencias administrativas en Puerto Rico. Se destaca la deferencia que se debe conceder a las decisiones de las agencias y la presunción de corrección que las reviste.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Certiorari. Judith González Cruz solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó mociones de sentencia sumaria. El pleito original fue instado por González Cruz contra Mapfre Pan American Insurance Company por incumplimiento contractual y daños relacionados con una reclamación de seguro por huracán. González Cruz pidió sentencia sumaria parcial o embargo basándose en una oferta de pago de Mapfre de $7,852.57, alegando que era una deuda líquida y exigible. Mapfre se opuso, argumentando que la cuantía total estaba en controversia y la oferta no era líquida ni exigible al no ser aceptada como pago final. El Tribunal de Primera Instancia denegó las mociones de sentencia sumaria, concluyendo que existía una controversia real sobre la cantidad adeudada y que la oferta no era líquida ni exigible al no ser aceptada. González Cruz recurrió en Certiorari, sosteniendo que el foro primario erró al no ordenar el pago de la suma ofrecida por Mapfre. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la Resolución recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado y otras reclamaciones laborales. La peticionaria, COMBE PRODUCTS, INC., solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había dado por terminado el descubrimiento de prueba, argumentando la naturaleza sumaria del pleito presentado bajo la Ley Núm. 2. Las partes se encontraban en la etapa de descubrimiento, incluyendo deposiciones, el cual sufrió retrasos, en parte, por la pandemia de COVID-19. La peticionaria había solicitado la conversión del procedimiento a ordinario, lo cual estaba pendiente de resolución. El Tribunal de Apelaciones evaluó la orden del TPI. Resolvió que el TPI incidió al terminar el descubrimiento de prueba de esa manera. Por tanto, expidió el auto de certiorari y revocó la resolución recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari instado por Víctor M. Villegas Morales y Janet A. Morales. Los peticionarios buscan revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de relevo de sentencia. El caso original fue incoado por Alfonso Acosta Clemente por incumplimiento de contrato de arrendamiento, cobro de dinero y desahucio. Acosta alegó que los peticionarios adeudaban \$16,500 en rentas y solicitó daños y el desalojo de la propiedad comercial. Los peticionarios fueron emplazados, solicitaron una prórroga para contestar la demanda, pero no lo hicieron. El foro primario les anotó la rebeldía y dictó Sentencia Parcial condenándolos al pago de la deuda y al desalojo. Posteriormente, tras una vista en rebeldía, se dictó Sentencia en rebeldía condenándolos al pago de \$10,000 en daños. El Tribunal de Apelaciones adelanta que procederá a desestimar el recurso de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, sobre un caso de accidente de tránsito. Los peticionarios, Nicolás Cela Carvajal y Triple S Propiedad Inc., solicitaron la revisión de una Orden del TPI que declaró No Ha Lugar una solicitud de paralización administrativa. El señor Cela Carvajal había pedido la paralización del pleito civil para evitar autoincriminarse, ya que enfrenta un proceso criminal por los mismos hechos. Argumentó la necesidad de esperar la culminación del caso criminal antes de contestar la demanda e interrogatorios en el foro civil. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha solicitud de paralización. Los peticionarios también solicitaron una orden en auxilio de jurisdicción para paralizar el caso mientras se atendía el certiorari, la cual fue denegada por el Tribunal de Apelaciones. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. Con esta decisión, se confirmó la determinación del TPI de no paralizar administrativamente el caso civil.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari instado por la Sra. Lourdes Rojas Santiago. La peticionaria solicita la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio. Dicha decisión declaró no ha lugar su moción de desestimación por falta de jurisdicción sobre su persona. La Sra. Rojas Santiago argumentó que nunca fue emplazada y no se sometió a la jurisdicción del tribunal. Sin embargo, el foro primario concluyó que ella se sometió voluntariamente al solicitar un remedio y cumplir una orden. El caso de origen trata sobre divorcio, custodia de menores y una orden previa que prohibía sacar a los hijos de la jurisdicción. El Tribunal de Primera Instancia había requerido al demandante acreditar el emplazamiento en varias ocasiones. La Sra. Rojas Santiago compareció mediante moción planteando la falta de jurisdicción, pero también solicitó dejar sin efecto una orden. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del certiorari. También declara no ha lugar la urgente moción en auxilio de jurisdicción presentada por la peticionaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Luis Mercado Serrano contra Mapfre Praico Insurance Company. El caso se originó en el Tribunal de Primera Instancia por una demanda de incumplimiento de contrato relacionada con daños causados por el Huracán María. Mapfre solicitó la desestimación de la demanda invocando la doctrina de pago en finiquito. La aseguradora había emitido un cheque por $950.70 por daños a propiedad personal, indicando que representaba el pago total y final de la reclamación. El demandante, señor Mercado Serrano, endosó y depositó dicho cheque. Mapfre argumentó que este acto constituyó un pago en finiquito, extinguiendo su obligación. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de desestimación y archivó el caso con perjuicio. El señor Mercado Serrano apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un auto de mandamus. La Asociación de Empleados Gerenciales de la CFSE, en representación de Aileen Solís Machado, solicitó ordenar a la Junta de Apelaciones de Empleados Gerenciales de la CFSE a celebrar una vista y emitir una determinación final. El caso original ante la Junta, radicado en 2010, apelaba la denegatoria de una solicitud de revisión salarial y compensación por igual trabajo. La peticionaria argumentó que la Junta violó el término de seis meses para resolver casos bajo la Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes. La Junta recurrida solicitó la desestimación, alegando que la peticionaria no demostró haberle requerido previamente cumplir con su deber ni que se negara a hacerlo. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, desestimó el auto de mandamus.

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José A. Ortiz Clemente, quien cumple una sentencia bajo el Código Penal de 2004, solicitó una corrección de pena. Argumentó que las enmiendas de la Ley 246-2014 al Código Penal de 2012 le beneficiaban respecto al concurso de delitos. Tras un intento previo desestimado por no acudir al foro primario, presentó una moción de corrección de sentencia ante el Tribunal de Primera Instancia. Dicho tribunal declaró No Ha Lugar su solicitud. Inconforme con esta determinación, el señor Ortiz Clemente recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. En su escrito, el peticionario no presentó señalamientos de error específicos contra la decisión del foro primario. El Tribunal de Apelaciones considera el certiorari como un recurso extraordinario, discrecional y no sustituto de la apelación. Su procedencia se limita a situaciones sin otro remedio adecuado y se evalúa bajo criterios de discreción judicial. La sentencia analiza si procede ejercer la discreción para revisar la negativa del TPI a corregir la sentencia del peticionario.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una parte recurrente solicitando la revisión de una resolución del Foro Administrativo de Educación Especial. Dicha resolución declaró No Ha Lugar una solicitud de reembolso por servicios educativos privados para los años escolares 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020. La parte recurrente alegó que el Departamento de Educación no proveyó un Programa Educativo Individualizado (PEI) ni alternativas de ubicación escolar a tiempo para su hijo con diagnóstico de autismo. Ante la alegada falta de servicios públicos apropiados, el estudiante fue matriculado en una institución privada. El Foro Administrativo denegó el reembolso de los costos incurridos. Al revisar la decisión, el Tribunal de Apelaciones encontró que la resolución administrativa carecía de las determinaciones de hechos requeridas por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso de apelación por falta de jurisdicción. El caso fue devuelto al Foro Administrativo para que emita una nueva resolución que incluya las determinaciones de hechos correspondientes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por Doctors' Center Hospital, Inc. contra el Dr. Raúl A. Porro Vizcarra. El Hospital apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que determinó que incumplió un contrato de servicios profesionales con el Dr. Porro. Según el contrato de 2007, el Dr. Porro dirigiría el Departamento de Anestesiología por siete años, con estipulaciones sobre terminación que requerían aviso y oportunidad para curar incumplimientos. Ante dificultades financieras, el Dr. Porro solicitó al Hospital asumir costos o negociar la terminación. El Hospital respondió terminando el acuerdo de forma inmediata, alegando incapacidad del doctor para cumplir sus obligaciones. El Dr. Porro demandó por incumplimiento y daños. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor del Dr. Porro, declarando el incumplimiento contractual por parte del Hospital. Tras considerar los argumentos de las partes en apelación, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso de apelación por libelo, calumnia y difamación presentado por Edward Pérez Benítez contra Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPU) y Carlos Vélez. El señor Pérez demandó a los apelados alegando que el señor Vélez, presidente de una unión afiliada a la SPU, proveyó información falsa a un periódico que resultó en un artículo sobre alegado hostigamiento sexual por parte de un "supervisor de balística", puesto que él ocupaba. El apelante sostuvo que, aunque no fue nombrado, la referencia a su puesto lo identificaba claramente y dañó su reputación. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio, concluyendo que el artículo periodístico no se refirió específicamente al apelante, lo que impedía configurar la causa de acción por difamación. El señor Pérez apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada, validando la desestimación de la demanda.

Resumen:

Resolución de un panel judicial sobre una Petición de Certiorari presentada por MAPFRE PRAICO Insurance Company. MAPFRE solicitó revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un pleito de seguros por daños del huracán María. La aseguradora había pedido la desestimación del caso, alegando que el asegurado (Consejo de Titulares) incumplió el contrato al ceder sus derechos pospérdida sin consentimiento. Argumentó que la cesión era nula y los cesionarios (Attenure y HRH) carecían de legitimación activa. Los recurridos sostuvieron que la cesión pospérdida es válida y no prohibida por la póliza. El TPI declaró no ha lugar la moción de MAPFRE, resolviendo que la cesión pospérdida no afectó el reclamo ni el riesgo, y que MAPFRE no tenía legitimación para impugnarla. MAPFRE presentó reconsideración, que fue denegada, y luego acudió en certiorari, señalando varios errores del TPI. Tras examinar los escritos y el expediente, el panel deniega la expedición del auto solicitado.

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EHA Engineering, PCS recurre ante este foro mediante Recurso de Revisión Judicial contra una Resolución Parcial del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Dicha resolución declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada por EHA. El asunto se originó con una querella del ICP contra EHA por infringir el Reglamento Conjunto al realizar cambios eléctricos y mecánicos, e instalaciones de infraestructura, sin autorización ni armonización en el Proyecto del Hotel Palacio Provincial. El ICP impuso una multa diaria de \$5,000 y otra de \$50,000 (luego retirada), además de paralizar la construcción. EHA solicitó reconsideración, alegando necesidad de los cambios y multas excesivas. El ICP retiró la multa de \$50,000 y modificó la orden de paralización. Inconforme, EHA presentó otra solicitud de reconsideración de la Resolución Parcial. Evaluado el recurso, el tribunal determina que carece de jurisdicción para entender sobre el asunto. Por consiguiente, se desestima el recurso de revisión judicial presentado por EHA.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso sobre liquidación de comunidad de bienes hereditarios. La apelación fue presentada por Ada Elba Latorre y Ramón Luis Latorre Rivera contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Orocovis. Dicha sentencia concedió un crédito de \$35,000 a favor de Ángel Luis Latorre Rivera por mejoras a la propiedad hereditaria. Asimismo, denegó la reclamación de un crédito de \$800 por un alegado préstamo del apelante Ramón Luis Latorre Rivera al causante. Los apelantes imputaron errores al TPI en la apreciación de la prueba y la adjudicación de credibilidad respecto a ambos créditos. El Tribunal de Apelaciones ordenó la presentación de la transcripción de prueba oral. Los apelantes no cumplieron con esta orden a pesar de múltiples prórrogas y advertencias de sanciones. Su representación legal fue relevada y sancionada por el incumplimiento. Tras considerar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso de Jorge Bobonis & CO, Inc. contra Proposite Builders LLC y Perfect Integrated Solutions, Inc. El apelante recurre la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro de dinero. La demanda original fue presentada bajo el procedimiento sumario de la Regla 60 de Procedimiento Civil. El foro primario desestimó la demanda al concluir que el demandante no cumplió con los requisitos mandatorios de la Regla 60. Específicamente, se determinó que la notificación-citación no fue diligenciada dentro del plazo de 10 días de presentada la demanda ni con al menos 15 días de antelación a la audiencia. El apelante argumentó haber realizado gestiones para el diligenciamiento y citó la Ley General de Corporaciones sobre el emplazamiento. Tras evaluar las alegaciones, el Tribunal de Apelaciones procede a revisar la Sentencia apelada. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revoca la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Se presenta la sentencia de un panel de jueces apelativos. La Asociación de Empleados Gerenciales de la AAA apeló la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). La demanda buscaba el pago de horas extras a tiempo y medio para empleados esenciales, según la Ley 26-2017, luego de que la AAA suspendiera dicha compensación. La AAA solicitó la desestimación alegando, entre otros puntos, la falta de agotamiento de remedios administrativos y la jurisdicción primaria de su Oficina de Apelaciones para reclamos salariales. La Asociación argumentó que la controversia era puramente judicial y que la oficina administrativa carecía de jurisdicción sobre derechos bajo la Ley 26-2017. El TPI acogió la desestimación, determinando que la controversia sobre condiciones de empleo recaía bajo la jurisdicción primaria de la Oficina de Apelaciones de la AAA. La Asociación apeló esta decisión. El panel apelativo revisó el caso. Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia del TPI que desestimó el pleito.

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Se presenta una solicitud de revisión contra una Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un pleito de daños y perjuicios. La peticionaria impugna la orden del TPI que le concedió un término final para anunciar representación legal y contestar una solicitud de sentencia sumaria. El TPI había declarado no ha lugar una solicitud de reconsideración previa de la peticionaria. La peticionaria alegó varios errores del TPI, incluyendo la prohibición de auto-representación, la orden de contestar la sentencia sumaria antes de culminar el descubrimiento, y asuntos relacionados con el descubrimiento de prueba. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso como un certiorari, a pesar de haber sido presentado como apelación. Se examina el recurso a la luz de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, que regula la revisión discrecional de órdenes interlocutorias mediante certiorari. El auto de certiorari es un vehículo procesal extraordinario y discrecional para corregir errores de derecho de tribunales inferiores. Tras examinar el escrito y el expediente, el Tribunal de Apelaciones decide denegar la expedición del auto de certiorari. Esto implica que el Tribunal no revisará la Resolución y Orden impugnada en este momento procesal.

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El Tribunal de Apelaciones emite Sentencia en un recurso de apelación sobre un caso de despido injustificado. El apelado, Joel Cardona Rosario, demandó a la Sucesión de Ángel L. González Rodríguez. Previamente, el apelado había desistido sin perjuicio de una querella similar por no poder emplazar a todos los miembros de la sucesión. Al presentar una nueva querella, los apelantes solicitaron la desestimación alegando nulidad de los emplazamientos por un defecto en la certificación. El Tribunal de Primera Instancia declaró nulos los emplazamientos iniciales y ordenó expedir nuevos. Los apelantes recurrieron la Sentencia final del foro primario emitida el 30 de septiembre de 2020. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por los hermanos González Aguilar. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar el dictamen apelado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. El peticionario, Julio Ángel Pérez Colón, impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para modificar sus sentencias. Fue condenado a dos penas consecutivas de cinco años por infracciones a la Ley de Armas de 2000, tras un acuerdo de alegación. Una de las imputaciones originales bajo el Artículo 5.01 fue recalificada a Artículo 5.04 como parte del acuerdo. El peticionario solicitó dejar sin efecto o resentenciar bajo las Reglas 185 y 192.1 de Procedimiento Criminal, alegando violación al principio de legalidad. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha solicitud. Inconforme, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, haciendo uso de su facultad discrecional, acuerda denegar la expedición del auto de certiorari sin trámite ulterior.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de certiorari. Los peticionarios, Ramón Ponce Fantauzzi, Sr. y otros, solicitaron la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su petición para descalificar al Lcdo. José A. Miranda Daleccio. El abogado representa a varias corporaciones demandadas como terceras partes en el pleito original. El caso subyacente es una disputa entre Ramón Ponce Fantauzzi, Jr. y su padre, Ramón Ponce Fantauzzi, Sr., sobre la titularidad y control de empresas. Ramón Ponce, Jr. alegó cesión de acciones, mientras que Sr. Ponce afirmó ser el único accionista y haber removido a su hijo como administrador. Sr. Ponce presentó reconvención y demanda de terceros contra corporaciones por alegada desviación de activos. La controversia en apelación se centró en la representación legal de estas terceras demandadas. Tras examinar el recurso y los escritos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. Esto valida la decisión del foro primario de no descalificar al abogado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Máximo Herrera contra El Pueblo. Herrera apeló la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicho foro lo declaró culpable de asesinato en primer grado y dos infracciones a la Ley de Armas. Se le impuso una pena total de 129 años de prisión, a cumplirse de forma consecutiva. Los cargos se originaron por el uso de un arma de fuego para dar muerte a Sandra Marrero Cañuela. En su apelación, Herrera alegó errores en la apreciación de la prueba y que no se estableció su culpabilidad más allá de duda razonable. Argumentó que la prueba de cargo fue insatisfactoria e insuficiente en derecho. También señaló que se violentaron sus derechos constitucionales a un debido proceso y juicio justo. Tras considerar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar la apelación presentada por Máximo Herrera.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una petición de certiorari presentada por Juan Salgado Morales, Marie Avilés Avilés y otros. Los peticionarios buscaban revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) emitida el 17 de noviembre de 2020. Dicha orden les exigía divulgar información y documentos contributivos y financieros relacionados con las empresas codemandadas, incluyendo Vita Healthcare, Inc. y Woman \& Prenatal Care of Puerto Rico, Inc. También les ordenaba contestar interrogatorios y solicitudes de producción de documentos como parte del descubrimiento de prueba. El caso subyacente, iniciado por Nelson Traverso Velázquez y Carmen Rodríguez Rodríguez, alega un esquema fraudulento para desvalorizar Vita Healthcare. Las alegaciones incluyen incumplimiento de contrato, fraude, incumplimiento de deberes fiduciarios y violaciones a las leyes federales Anti-Kickback y Stark. La demanda sostiene que se apropiaron ilícitamente de activos y desviaron fondos después de que el Sr. Traverso reportara irregularidades y fuera despedido. Tras revisar la petición, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLRA202000166, revisando una decisión de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). El Municipio de Carolina apeló la resolución de la CASP que ordenó la reinstalación del empleado Edwin Ferrer Cruz. Ferrer Cruz fue destituido por el Municipio tras dar positivo a cocaína en una prueba de dopaje realizada en octubre de 2015. El Municipio argumentó que la destitución era necesaria debido a la naturaleza de su puesto como Operador de Equipo Liviano, que implicaba operar maquinaria pesada y representaba un riesgo bajo los efectos de sustancias controladas, aunque el puesto no estuviera formalmente clasificado como sensitivo. La CASP había declarado "Ha Lugar" la apelación del empleado, ordenando su reinstalación con pago de sueldos y beneficios dejados de percibir. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, concluye revocando el dictamen de la CASP.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por la Universidad de Puerto Rico (UPR). La UPR impugnó resoluciones del Tribunal de Primera Instancia en una querella laboral incoada por María Miranda Castro. La señora Miranda Castro alegó despido injustificado por represalias y discrimen por edad y afiliación política bajo las Leyes 115 y 100, respectivamente, utilizando el procedimiento sumario de la Ley núm. 2. La UPR solicitó la desestimación del reclamo bajo la Ley 100, argumentando su inaplicabilidad a corporaciones públicas sin fines de lucro. También pidió la conversión del caso al procedimiento ordinario, alegando que la Ley núm. 2 es solo para el sector privado. El foro primario declaró no ha lugar a la moción de la UPR y anotó su rebeldía. La señora Miranda Castro se opuso, defendiendo la aplicación de la Ley 100 a la UPR y la procedencia del procedimiento sumario. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó los dictámenes emitidos por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Luis Soler. Soler impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción solicitando relevo de sentencia. El TPI había dictado previamente sentencia ordenando a Soler el pago de cuotas de mantenimiento a la Junta de Residentes Urb. Rincón Español. Una apelación previa de Soler contra esa sentencia fue desestimada por incumplimiento procesal, y el Tribunal Supremo denegó su recurso. Soler presentó entonces la moción de relevo ante el TPI, alegando la nulidad de la sentencia original por falta de vínculo obligacional y legitimación activa. El TPI denegó la moción por falta de jurisdicción, al considerar que la sentencia original era final y firme. La moción de reconsideración de Soler ante el TPI también fue denegada. Mediante este certiorari, Soler argumentó que el TPI erró al denegar el relevo y determinar falta de jurisdicción, insistiendo en la nulidad de la sentencia. El Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto de certiorari. No obstante, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso presentado por Roxanne Lemay. La apelación surge de un caso de consignación de fondos iniciado por Popular Securities, LLC en el Tribunal de Primera Instancia. La apelante impugna una Sentencia Parcial que desestimó la demanda contra Oriental Bank y una Resolución que denegó la nulidad del Fideicomiso Leonor Ochoa. El TPI desestimó a Oriental Bank al concluir que el fideicomiso de 2013 no se constituyó por falta de transmisión de fondos. También denegó la solicitud de sentencia declaratoria sobre la nulidad del fideicomiso. La apelante alegó errores en estas determinaciones del foro primario. No obstante, el Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso apelativo. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción para atender la apelación.

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Se celebró una subasta (Solicitud de Propuestas SF HUPR 2020-2021-02) y se notificó la adjudicación a Dovela. La decisión se fundamentó en una evaluación de criterios que incluyeron la oferta, el cumplimiento de requisitos, la habilidad y experiencia del proponente, la calidad de los bienes o servicios, la responsabilidad económica y otros factores relevantes. Inconforme con la determinación, ANG presentó un recurso de Revisión Judicial. ANG alegó que la Junta de Subastas erró al no adjudicarle la subasta, argumentando ser el postor más bajo y cumplir con todos los factores evaluados. El procedimiento de subasta pública se considera de suma importancia para la contratación gubernamental y está revestido de alto interés público. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico enfatiza la necesidad de eficiencia, honestidad y corrección para proteger los fondos públicos. El objetivo fundamental de las subastas es proteger el erario obteniendo obras y servicios de calidad al mejor precio posible. Esto se logra fomentando la competencia entre los proponentes.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda presentada por Ciudadanos en Defensa del Ambiente (CEDDA) y otros. Los apelantes demandaron al Estado Libre Asociado (representado por el DRNA) y a Edgar Torres Morales. La demanda original buscaba un *Mandamus* e *Injunction* para detener supuestas construcciones y rellenos ilegales realizados por Torres Morales en una duna de arena en Arecibo. Alegaban que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no había cumplido con su deber ministerial de proteger el área a pesar de múltiples querellas. Los apelantes solicitaron, entre otras cosas, el cese de las actividades, la remoción de materiales, la delimitación de la zona marítimo-terrestre y la restauración del área impactada. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar las mociones de desestimación del DRNA y Torres Morales, desestimando la demanda. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación presentada por Sahudi del Mar Torres Varela contra la Autoridad de Energía Eléctrica. La señora Torres demandó inicialmente a la AEE impugnando su reasignación de un puesto G5 a uno G3 y solicitando su reinstalación al puesto original. La AEE informó al Tribunal de Primera Instancia que había cancelado la reasignación impugnada y reubicado a la apelante en su puesto G5, aunque en otra sección. Alegó que el caso se tornó académico al concederse el remedio solicitado. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por academicidad, al entender que la controversia justiciable había cesado. La apelante recurrió en alzada, argumentando que persistían consecuencias colaterales no resueltas y que el TPI erró al desestimar sin celebrar una vista. El Tribunal de Apelaciones revisa la corrección de la desestimación por academicidad.

Resumen:

Se trata de una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato de seguro. Los apelantes demandaron a su aseguradora, MAPFRE, por considerar insuficiente la compensación recibida por daños a su propiedad causados por el huracán María. Alegaron que MAPFRE subvaloró los daños, omitió partidas cubiertas y actuó de mala fe. MAPFRE solicitó sentencia sumaria, argumentando que los apelantes aceptaron y depositaron un cheque de $8,649.02 como pago total y definitivo. La aseguradora sostuvo que la obligación se extinguió mediante la doctrina de pago en finiquito. El Tribunal de Primera Instancia acogió el argumento de MAPFRE y desestimó sumariamente la demanda. Los apelantes recurrieron esta decisión, solicitando su revocación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, anuncia que revocará la Sentencia apelada. Se detallan los argumentos de las partes y la evidencia presentada por MAPFRE, incluyendo una carta que mencionaba el derecho del asegurado a solicitar reconsideración si no estaba de acuerdo con el ajuste.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Turner North Center Productions, Inc. recurre la determinación del DDEC que revocó un decreto de créditos contributivos. Estos créditos estaban relacionados con gastos incurridos en un proyecto fílmico para la serie "Full Frontal with Samantha Bee". El DDEC revocó el decreto al concluir que Turner presentó el Informe del Auditor fuera del término legal y no solicitó prórroga. Turner solicitó reconsideración ante el DDEC, pero la agencia no actuó sobre ella. Posteriormente, Turner presentó una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El proceso incluyó trámites sobre el estatus de la reconsideración y una disputa sobre la paralización del caso bajo la Ley PROMESA. El Tribunal resolvió no paralizar el caso bajo PROMESA. Ahora, el Tribunal procederá a resolver en los méritos la controversia sobre la denegación de los créditos contributivos.

Resumen:

Se trata de una apelación en un caso de incumplimiento de contrato contra Mapfre Insurance Company por daños causados por el huracán María. El apelante, Rubén Viera, demandó a Mapfre alegando que no fue compensado adecuadamente por los daños a su propiedad. Mapfre inspeccionó la propiedad, estimó los daños y envió un cheque por una suma menor tras aplicar el deducible, indicando que esto resolvía la reclamación. La aseguradora informó al apelante que podía solicitar reconsideración si no estaba de acuerdo. El apelante cobró el cheque sin solicitar reconsideración, pero luego presentó una demanda reclamando una compensación mucho mayor. Mapfre solicitó la desestimación del caso argumentando que el cobro del cheque constituyó un "pago en finiquito". El Tribunal de Primera Instancia acogió este argumento y dictó sentencia sumaria desestimando la demanda. El apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del foro primario.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Belky Cuevas Avilés contra la Junta de Residentes Urb. Rincón Español. La petición busca revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó una Moción Solicitando Relevo de Sentencia. Dicha moción impugnaba una Sentencia previa del TPI del 15 de enero de 2019, que ordenó a la peticionaria pagar \$7,537.00 más costas a la Junta por cobro de dinero. El TPI denegó el relevo argumentando falta de jurisdicción al ser la Sentencia final y firme. La peticionaria había apelado previamente la Sentencia junto a otros casos, pero el Tribunal de Apelaciones desestimó ese recurso por deficiencias procesales. El Tribunal Supremo denegó un certiorari posterior sobre esa desestimación. La peticionaria luego presentó la moción de relevo ante el TPI, alegando que este carecía de jurisdicción para dictar la Sentencia original. El Tribunal de Apelaciones ha requerido a la Junta de Residentes mostrar causa por la cual no deba expedirse el auto de certiorari y revocarse la Resolución recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un caso de certiorari presentado por Troya Musicc, LLC contra Alfredo Rosado Morales (Amarion). Troya Musicc solicitó revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de injunction preliminar. La disputa se origina en una demanda de Troya contra Amarion por alegado incumplimiento de un contrato exclusivo de manejo artístico, reclamando remedios interdictales y daños millonarios. El Tribunal de Primera Instancia denegó el injunction preliminar al considerar que Troya no demostró daños irreparables y contaba con un remedio adecuado en ley mediante el proceso ordinario para reclamar daños monetarios. Troya presentó una moción de reconsideración que fue denegada. Ante el Tribunal de Apelaciones, Troya impugnó esta determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar la petición, resolvió denegar la expedición del auto de certiorari. Esto significa que la decisión del Tribunal de Primera Instancia de denegar el injunction preliminar y continuar el caso por la vía ordinaria se mantiene.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado y otros reclamos laborales. La demandante, Carmen L. López García, presentó una querella contra su exempleador, Servicios Médicos Integrados de Fajardo (SMIN). SMIN solicitó la desestimación del caso o su paralización para compeler arbitraje, alegando la existencia de una cláusula contractual que así lo requería. La señora López se opuso a la solicitud de arbitraje, argumentando que la cláusula era ilegal y que SMIN había renunciado a esa defensa. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) emitió una orden requiriendo a SMIN la entrega de documentación para descubrimiento de prueba. SMIN presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. SMIN argumenta que el TPI erró al ordenar el descubrimiento sin resolver previamente las cuestiones de jurisdicción y la validez de la cláusula de arbitraje. El Tribunal de Apelaciones examina el recurso para disponer de la controversia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión administrativa del Negociado de Telecomunicaciones (NET). La revisión fue solicitada por Puerto Rico Telephone Company (Claro) contra José A. Fiorella Burgos. El caso se originó por una querella del Sr. Fiorella ante el NET alegando incumplimiento de contrato y cargos excesivos. El cliente consolidó sus líneas buscando una tarifa menor, pero recibió y fue facturado por equipos que le ofrecieron como gratuitos y que no deseaba. El NET encontró a favor del Sr. Fiorella, ordenando a Claro eliminar un balance de \$1,331.19 de su cuenta. Claro apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el recurso y los antecedentes del caso, incluyendo la prueba documental presentada en la vista evidenciaria ante el NET, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución Final recurrida. Esta sentencia valida la orden del NET para que Claro elimine el balance facturado al cliente.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de impugnación de confiscación de vehículo. El recurrido, John Paul Acevedo Carrasco, había demandado al Estado Libre Asociado tras la confiscación de su vehículo en 2011. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) dictó sentencia sumaria a favor de Acevedo en 2014, ordenando la devolución del vehículo. Tras solicitarse el cumplimiento de la sentencia en 2020, el Estado pidió la paralización de los procedimientos. El Estado fundamentó su solicitud de paralización en la Petición de Quiebra bajo el Título III de PROMESA. El TPI denegó la paralización, interpretando que el Gobierno no estaba protegido por la ley de quiebra en este caso. El Estado recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expide el auto solicitado y revoca la resolución del TPI. En consecuencia, ordena la paralización de los procedimientos y el archivo administrativo del caso a nivel de primera instancia.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Benjamín Rodríguez Aponte. El peticionario fue convicto en 2007 por asesinato y Ley de Armas mediante un veredicto de jurado no unánime. Tras las decisiones *Ramos v. Louisiana* y *Pueblo v. Torres Rivera* sobre la unanimidad del jurado, presentó una moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Solicitó dejar sin efecto su sentencia y la celebración de un nuevo juicio, argumentando la inconstitucionalidad de su veredicto mayoritario. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar su moción. Inconforme, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones consideró el recurso y los criterios para la expedición del auto. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones exempleados gerenciales de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA). Reclaman el pago de un diferencial adeudado por concepto del bono de navidad del año 2014. Presentaron su querella bajo la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales. La AMA fue emplazada pero no presentó contestación dentro del término legal, por lo que el Tribunal de Primera Instancia (TPI) anotó su rebeldía. Posteriormente, la AMA presentó una moción de desestimación alegando que la reclamación estaba prescrita. Los apelantes argumentaron que la AMA renunció a esta defensa al no contestar la querella. El TPI declaró con lugar la moción de desestimación por prescripción. Los apelantes recurren en apelación solicitando la revocación de dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones adelanta que revocará la Sentencia apelada.