Casos del Tribunal Supremo (Página 19)

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelve suspender a la Lcda. Elba Nilsa Villalba Ojeda del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión se fundamenta en la infracción de los Cánones 9, 12, 18, 19 y 20 del Código de Ética Profesional. La conducta que motivó esta acción disciplinaria se relaciona con la representación de clientes en una reclamación de daños y perjuicios. La licenciada fue contratada, recibió honorarios y presentó una demanda en nombre de sus clientes. No obstante, desatendió mociones y órdenes del Tribunal de Primera Instancia. Su falta de respuesta y oposición a una moción de desestimación por emplazamiento tardío llevó a la desestimación de la demanda de sus clientes. El tribunal primario le requirió mostrar causa en varias ocasiones, sin obtener respuesta. Esta decisión se suma a suspensiones previas que la licenciada ha enfrentado por otras faltas éticas y notariales. La suspensión impuesta será efectiva una vez que la Sentencia advenga final y firme.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso In re Mario J. García Incera. El documento, identificado con el número TS-12,569, aborda la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. Tras examinar una Moción informativa presentada por el Sr. García Incera, el Tribunal toma conocimiento de la misma. Mediante esta Resolución, fechada el 12 de noviembre de 2019, el Tribunal Supremo autoriza la reinstalación de Mario J. García Incera a la práctica legal. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 8 de noviembre de 2019 en el caso In re: Cecille Marie González Sotomayor, identificado con el número TS-18,216. La materia principal del caso fue la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por la Lcda. González Sotomayor. Tras examinar el expediente y la Moción en solicitud de reinstalación, el Tribunal determinó proveer ha lugar a la petición. Por consiguiente, la Resolución ordena la reinstalación de la Lcda. Cecille Marie González Sotomayor al ejercicio de la abogacía.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió la Resolución ER-2019-06 el 7 de noviembre de 2019. Mediante este documento, el Tribunal enmienda la Regla 7.1.1 de su Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría. La enmienda se realiza al amparo del poder inherente del Tribunal para regular la profesión legal. El cambio principal establece un nuevo requisito para los aspirantes al ejercicio de la notaría. Ahora, toda persona interesada en solicitar el examen de Reválida Notarial deberá haber aprobado previamente el examen de Reválida General. La Resolución presenta el texto modificado de la Regla 7.1.1 para reflejar este requisito. Esta enmienda entró en vigor de forma inmediata tras su publicación.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 6 de noviembre de 2019 en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Wilfredo Ruiz. La resolución examinó una petición de certiorari presentada por Wilfredo Ruiz. El Tribunal determinó no ha lugar a la petición, denegándola. La decisión contó con votos particulares de conformidad y disidentes. El Juez Asociado Martínez Torres emitió un voto particular de conformidad, al cual se unieron los Jueces Asociados Rivera García y Feliberti Cintrón. Este voto de conformidad sostuvo que el Ministerio Público realizó gestiones razonables para lograr la comparecencia de un testigo ausente. Por otro lado, los Jueces Asociados Kolthoff Caraballo, Estrella Martínez y Colón Pérez emitieron votos particulares disidentes. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez se unió al voto disidente del Juez Asociado Estrella Martínez.

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Este documento del Tribunal Supremo aborda un referido disciplinario contra el Lcdo. Carlos E. Díaz Olivo. El referido provino de un Juez Superior de Bayamón, quien imputó al abogado haber realizado imputaciones ofensivas contra jueces y funcionarios judiciales en sus escritos presentados en un caso civil. Se alegaron violaciones a los Cánones 9, 35 y 38 de Ética Profesional. El abogado Díaz Olivo presentó su contestación, negando las violaciones y argumentando que el referido era una represalia por sus denuncias de irregularidades en el tribunal ante agencias gubernamentales. El Tribunal Supremo acogió el referido como una queja formal y notificó al abogado para que respondiera. El documento subraya la importancia del Canon 9, que exige a los abogados observar el mayor respeto hacia los tribunales, incluso al criticarlos. Se detallan los pasos iniciales de este proceso disciplinario basado en la conducta del abogado en sus comunicaciones escritas ante el tribunal.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 29 de octubre de 2019. El documento aborda la solicitud de reactivación al ejercicio de la abogacía presentada por la Sra. Yanisse Paola Cuadrado Ruiz. Tras examinar la petición radicada el 18 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo emitió una orden. La resolución dispone la reactivación inmediata de la Sra. Cuadrado Ruiz para ejercer la profesión legal. Este documento oficial certifica la decisión del Tribunal en el caso número TS-19,220.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 21 de octubre de 2019 en el caso In re: Nancy Rivera Sepúlveda. La señora Rivera Sepúlveda había presentado un escrito solicitando su reinstalación a la práctica de la abogacía y la notaría. El Tribunal examinó la solicitud del 10 de octubre de 2019. Mediante esta Resolución, el Tribunal ordenó la reinstalación inmediata de la señora Rivera Sepúlveda al ejercicio de la abogacía. Adicionalmente, se concedió un término de quince días a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Este término es para que la ODIN se exprese en cuanto al escrito presentado por la señora Rivera Sepúlveda. La Resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico consolida los casos MC-2019-344 y MC-2019-366. Diversos medios de comunicación, incluyendo Telenoticias de Telemundo, GFR Media, Televicentro y Overseas Press Club, solicitaron autorización para la cobertura electrónica del juicio contra Jensen Medina Cardona. El Tribunal provee ha lugar a estas solicitudes. Se autoriza la transmisión y grabación del juicio en su fondo, pautado para el 24 de octubre de 2019, en la Sala 305 del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo. La cobertura deberá realizarse a través de la Oficina de Prensa y Relaciones con la Comunidad de la Oficina de Administración de los Tribunales. Este proceso se regirá por el Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales. Se recalca la estricta observancia de las restricciones contenidas en la Regla 8 del citado Reglamento. Estas restricciones prohíben la cobertura de procedimientos confidenciales y permiten al juez limitar o suspender la difusión para proteger los derechos de las partes, testigos o información sensitiva. La oposición presentada por la defensa de Medina Cardona fue considerada, pero no impidió la autorización.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 18 de octubre de 2019 en el caso In re: Rocío del Carmen Isla Cruz. La resolución trata sobre la materia de reinstalación al ejercicio de la abogacía. Tras examinar la Moción informativa y cumplimiento de orden presentada por la Sra. Isla Cruz, el Tribunal dio por cumplida su orden previa del 30 de septiembre de 2019. En consecuencia, se ordenó la reinstalación de la señora Isla Cruz al ejercicio de la abogacía. Se instruyó al Secretario del Tribunal a realizar el cambio de su estatus a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA). La señora Isla Cruz deberá actualizar de inmediato toda la información contenida en dicho Registro. Se le advierte de su obligación de mantener toda su información actualizada en el RUA.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 16 de octubre de 2019 en el caso identificado con el número TS-9,026. La materia principal abordada en este procedimiento fue la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. El peticionario en este caso fue el señor Ramón L. Nieves Vázquez. El Tribunal procedió a examinar la Moción presentada por el peticionario solicitando su reinstalación. Tras el examen de la solicitud, el Tribunal Supremo acordó reinstalar al señor Ramón L. Nieves Vázquez. La Resolución ordena la publicación de esta decisión judicial. El Secretario del Tribunal Supremo certifica el acuerdo alcanzado por el Tribunal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 16 de octubre de 2019 en el caso número TS-7,373. La materia principal abordada es la reinstalación al ejercicio de la abogacía. La Resolución examinó la Moción solicitando reinstalación presentada por el Sr. Luis Rafael Rivera Rodríguez. El Tribunal proveyó ha lugar a dicha solicitud. Como consecuencia, se ordenó al Secretario del Tribunal registrar el cambio en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RÚA). El registro debe reflejar el cambio de estatus de abogado "inactivo" a "activo" para el Sr. Rivera Rodríguez. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por su Secretario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la Moción urgente en solicitud de reinstalación presentada por el Sr. Allan Peña Ríos. Dicha moción solicitaba su reinstalación al ejercicio de la abogacía y la notaría. Mediante Resolución de 8 de octubre de 2019, el Tribunal autorizó la reinstalación del licenciado Peña Ríos. Esta autorización cubre tanto el ejercicio de la abogacía como el de la notaría. No obstante, se le advierte que su reinstalación como notario está condicionada a que presente evidencia del pago de la fianza notarial vigente. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

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Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda una impugnación de paternidad presentada por Geraldo Rivera Marrero contra Sandra E. Santiago Martínez. La controversia principal se centra en determinar si la omisión del nombre de un menor en el epígrafe de una demanda de impugnación de paternidad priva al tribunal de jurisdicción. Esto se plantea incluso si el menor fue incluido en las alegaciones como parte demandada y emplazado correctamente. El Tribunal examina si la falta de inclusión nominal en el epígrafe es suficiente para desestimar la acción por ausencia de parte indispensable. Adicionalmente, el caso considera si la obligación de solicitar un defensor judicial para proteger los intereses del menor recae exclusivamente en quien impugna la paternidad. La opinión del Juez Asociado Rivera García busca clarificar estos puntos. Se aprovecha la oportunidad para reiterar pronunciamientos previos del Tribunal en casos similares. El peticionario inició la acción tras una prueba de ADN negativa, buscando cesar la obligación de pensión alimenticia.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 3 de octubre de 2019 en el caso TS-13,640. La resolución atendió la Moción en Cumplimiento de Orden presentada por Livia E. Suárez Miranda, relacionada con la reactivación de su ejercicio de la abogacía. El Tribunal proveyó ha lugar la moción. En consecuencia, se instruyó al Secretario del Tribunal a cambiar el estatus de la Sra. Suárez Miranda a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA). Se le requirió actualizar de inmediato toda su información en dicho Registro. Además, se le advirtió sobre su obligación de mantener siempre su información actualizada en el RUA. La Jueza Presidenta no intervino en esta decisión.

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Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda una controversia sobre una propiedad en comunidad ordinaria, cuyos comuneros son herederos de distintos causantes. La propiedad perteneció originalmente a un matrimonio, y tras el fallecimiento de ambos, sus respectivos legatarios/herederos se convirtieron en copropietarios de la finca indivisa. Uno de los herederos ha ostentado el uso y disfrute exclusivo del bien desde antes del fallecimiento del segundo causante. La otra heredera presentó una demanda alegando privación de su derecho propietario y reclamando compensación por el uso exclusivo y los frutos generados. La cuestión central que el Tribunal debe resolver es determinar bajo qué circunstancias y a partir de qué momento el comunero/heredero que posee y disfruta exclusivamente del bien común debe compensar al otro comunero/heredero que alega haber sido privado de su derecho. La opinión analiza esta situación particular donde convergen derechos hereditarios distintos sobre un mismo inmueble no dividido.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió esta decisión (2019 TSPR 188) para resolver una controversia sobre la legitimación activa de legisladores individuales. El caso surge de la confirmación de un nombramiento a un puesto en el Panel del Fiscal Especial Independiente. La nominación requería el voto de la mayoría absoluta de la Cámara de Representantes. Sin embargo, fue confirmada con una mayoría simple, a pesar de que varios legisladores se abstuvieron con permiso del cuerpo. Los legisladores peticionarios, incluyendo el Presidente y la Vicepresidenta de la Cámara, cuestionaron la validez de la confirmación. La interrogante principal que el Tribunal aborda es si un legislador que se abstuvo en estas circunstancias tiene capacidad jurídica para demandar bajo la doctrina de anulación del valor del voto. El Tribunal contesta afirmativamente a esta pregunta. La decisión también examinará los criterios que los tribunales deben considerar para reconocer la legitimación de un legislador en reclamos de esta naturaleza.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión sobre el Lcdo. Enrique R. Padial Santiago. El Tribunal ordenó su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía. Esta medida se tomó por su reiterado incumplimiento con los requerimientos del Tribunal. Específicamente, el abogado no cumplió con los requisitos de educación jurídica continua para el periodo 2009-2011. Tampoco pagó el cargo por cumplimiento tardío ni compareció ante el PEJC cuando se le requirió. El Tribunal emitió varias resoluciones concediéndole oportunidades para cumplir con los requerimientos. A pesar de estas oportunidades, el abogado no respondió ni cumplió con las órdenes del Tribunal. Además, los intentos de notificarle personalmente una resolución previa fracasaron porque su información de contacto en el Registro Único de Abogados (RUA) no estaba actualizada. En consecuencia, el Tribunal determinó que procedía la suspensión por su falta de cumplimiento con sus mandatos y por no mantener su información actualizada. La suspensión es efectiva a partir de su notificación.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución con fecha de 26 de septiembre de 2019 en el caso TS-14,279. La Resolución atiende la solicitud urgente de reconsideración y reinstalación presentada por la Sra. María E. Santana Gutiérrez. Dicha solicitud se relaciona con la reactivación de su ejercicio de la abogacía. Tras examinar la petición, el Tribunal determinó proveer ha lugar a la misma. En consecuencia, se instruyó al Secretario del Tribunal a modificar el estatus de la Sra. Santana Gutiérrez a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA). Se le requiere actualizar de inmediato toda su información en dicho Registro. Asimismo, se le advierte sobre su obligación continua de mantener su información actualizada en el RUA.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 23 de septiembre de 2019. La resolución responde a la advertencia de tormenta tropical Karen y la suspensión de labores judiciales para el 24 de septiembre de 2019. En virtud de su facultad reglamentaria y basándose en los artículos 388 y 389 del Código Político de 1902, el Tribunal declaró el 24 de septiembre de 2019 como día feriado a efectos del cómputo de términos judiciales. Cualquier término que venciera en esa fecha se extiende automáticamente. La nueva fecha límite será el 25 de septiembre de 2019. Esta extensión se aplicará a todos los procedimientos y trámites judiciales en todas las Regiones Judiciales. La medida busca ajustar los plazos procesales ante la interrupción causada por el evento climatológico. Se ordenó la difusión pública inmediata de esta decisión.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Sentencia emitida el 20 de septiembre de 2019, examinó una petición de certiorari. Tras expedir el auto solicitado, revocó la Resolución del Tribunal de Apelaciones de 13 de junio de 2018. La Sentencia autorizó la solicitud de modificación de apellidos presentada por los padres de los menores Carlos Daniel Roig Moyka y Rafael Andrés Roig Moyka. Se ordenó al Registro Demográfico de Puerto Rico interponer un guion entre los apellidos paterno y materno de los niños. En consecuencia, sus apellidos leerán "Roig-Moyka". Asimismo, se autorizó la expedición de sus certificados de nacimiento con la modificación. Varios jueces emitieron Opiniones de Conformidad.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 19 de septiembre de 2019. El caso, identificado como TS-14,220, trata sobre la solicitud de reactivación al ejercicio de la abogacía presentada por el Sr. Daniel Aníbal Zambrana Santiago. Tras examinar la moción, el Tribunal Supremo determinó declararla con lugar. En consecuencia, se concede la reactivación del Sr. Zambrana Santiago a la profesión legal. Se ordena a la Secretaría del Tribunal Supremo registrar este cambio en el Registro Único de Abogados y Abogadas.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso In re: Juan M. Rodríguez Martínez. La materia principal abordada es la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. El Tribunal examinó las mociones urgentes presentadas por el peticionario, incluyendo una sobre reconsideración y otra en cumplimiento de orden y sobre reinstalación. Mediante esta resolución, el Tribunal Supremo acuerda reinstalar al Sr. Juan M. Rodríguez Martínez. La reinstalación concedida es únicamente para el ejercicio de la abogacía. La decisión fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 17 de septiembre de 2019.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió su decisión en el caso CC-2017-0315 el 17 de septiembre de 2019. La controversia principal giró en torno a la validez de una cláusula contractual que pretendía que las partes renunciaran a los plazos prescriptivos establecidos por ley para el futuro. El caso se originó de una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada en 2015, relacionada con un pagaré otorgado en 1993. La parte demandada planteó la defensa de prescripción. La opinión, emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ, analizó la normativa aplicable a la renuncia de la prescripción. El Tribunal concluyó que una disposición contractual mediante la cual las partes renuncian a los términos prescriptivos fijados en ley, para lo sucesivo, es ineficaz en la jurisdicción de Puerto Rico. Esta decisión establece un precedente importante sobre la inderogabilidad de los plazos de prescripción por acuerdo privado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su facultad disciplinaria para suspender inmediata e indefinidamente al Lcdo. Luis R. Rivera Medina del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión se fundamenta en su incumplimiento con la Ley y el Reglamento Notarial, su indiferencia hacia las órdenes del Tribunal y su desatención a los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Específicamente, el letrado no cumplió con el proceso de inspección de su obra protocolar formada entre 2002 y 2017. No compareció a la fecha pautada para la inspección ni trasladó los tomos requeridos. Posteriormente, tampoco corrigió las deficiencias identificadas en el informe de inspección. La suspensión es efectiva a partir del 9 de septiembre de 2019.

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Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 6 de septiembre de 2019 en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Salys Soto Santiago y Wilfredo Pérez González. La materia principal es el Derecho Probatorio, específicamente el análisis judicial del privilegio del confidente bajo la Regla 515 de Evidencia. El caso surge de cargos por violación a la Ley de Sustancias Controladas contra los recurridos. La defensa solicitó la identidad del confidente que supuestamente autorizó vigilancias policiales que fundamentaron órdenes de registro. El Estado invocó el privilegio para proteger la identidad del ciudadano cooperador. El Tribunal Supremo ponderó el interés estatal en fomentar la cooperación ciudadana frente al derecho del acusado a preparar su defensa. La opinión establece la pauta para que los tribunales realicen este delicado balance. Resolvió que, bajo las circunstancias particulares de este caso, los foros recurridos no debieron ordenar al Ministerio Público revelar la identidad del confidente. La decisión clarifica la aplicación de la Regla 515 en casos donde la defensa busca la identidad del confidente.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión Per Curiam en el caso de la licenciada Amérilis D. Navedo Dávila. La decisión ordena la suspensión de la abogada del ejercicio de la profesión legal. Esta medida se toma debido a su reiterado incumplimiento con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). También incumplió con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua. Además, desobedeció órdenes previas del propio Tribunal. Específicamente, la abogada no respondió a comunicaciones de la ODIN sobre la dificultad de una otorgante para obtener una copia certificada de un instrumento público. Se alegó que la licenciada Navedo Dávila se encontraba fuera de la jurisdicción sin haber completado el proceso de cesación voluntaria de la notaría ni designado un notario sustituto. A pesar de múltiples intentos de comunicación por parte de la ODIN, la abogada no respondió. La suspensión será efectiva a partir del 20 de septiembre de 2019.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó las mociones presentadas por Héctor Iván Santos Santos solicitando su reinstalación al ejercicio de la abogacía. Mediante Resolución emitida el 4 de septiembre de 2019, el Tribunal acordó reinstalar al señor Santos Santos. La decisión se tomó tras considerar las solicitudes urgentes presentadas por la parte peticionaria. El Tribunal apercibió al abogado reinstalado sobre la necesidad de cumplir cabalmente en el futuro con los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua. Asimismo, se le advirtió sobre la importancia de acatar las órdenes de este Tribunal. Esta resolución pone fin al proceso de solicitud de reinstalación para el señor Santos Santos.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó las mociones presentadas por la Sra. Joannie Plaza Martínez. Dichas mociones solicitaban su reinstalación al ejercicio de la abogacía. Tras considerar las solicitudes, el Tribunal autorizó la reinstalación de la Lcda. Joannie Plaza Martínez. Se le advierte que en lo sucesivo deberá dar fiel cumplimiento a los deberes impuestos por el Código de Ética Profesional. Asimismo, deberá atender diligentemente los señalamientos y requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua. La resolución fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 4 de septiembre de 2019.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite esta opinión para delimitar el alcance del desacato civil y el encarcelamiento como medidas coercitivas en el pago de pensiones alimentarias a menores. Se examina la jurisprudencia previa y la Ley Orgánica de ASUME en relación con estas figuras. El caso particular involucra a un padre con una deuda de pensión alimentaria cercana a los dos millones de dólares. La controversia principal radica en determinar si el Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción. Específicamente, se cuestiona la condición de pagar solo $10,000 para su excarcelación. Esto se analiza en el contexto de su historial de incumplimiento y ofertas previas de sumas mayores para renovar su pasaporte. La opinión aborda los antecedentes del caso, incluyendo el divorcio, la fijación de la pensión provisional y la orden de arresto tras su traslado a Florida. El propósito es establecer pautas claras sobre la aplicación de estas medidas en casos de cuantiosas deudas de pensión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 27 de agosto de 2019. La acción responde a la amenaza de la tormenta tropical Dorian y la vigilancia de huracán para todo Puerto Rico. Ante esta situación climatológica, se decretó la suspensión de los trabajos en la Rama Judicial para el miércoles 28 de agosto de 2019. Conforme a su facultad reglamentaria, el Tribunal dispuso que el 28 de agosto de 2019 se considerará día feriado para el cómputo de términos judiciales. Esto aplica a los procedimientos y trámites en todas las Regiones Judiciales. Cualquier término que venciera ese día se extiende hasta el jueves, 29 de agosto de 2019. La extensión también podría ser hasta que las condiciones permitan reanudar las labores en los tribunales y se anuncie. Se ordenó la difusión pública inmediata de esta determinación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió inmediata e indefinidamente al Lcdo. Santiago E. Torres Babilonia del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión se fundamenta en su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC), su desatención a los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y su falta de obediencia a las órdenes del Tribunal. A pesar de concedérsele múltiples oportunidades para cumplir o cambiar su estatus a inactivo, el letrado no completó los trámites requeridos. En enero de 2019, el licenciado Torres Babilonia había reconocido su incumplimiento con el PEJC y se allanó a ser suspendido, indicando que residía mayormente en Florida y estaba entregando su obra notarial. Posteriormente, solicitó prórrogas para completar un trámite de baja voluntaria que no finalizó. Aunque satisfizo una deficiencia arancelaria notarial, persistió en el incumplimiento de otros requerimientos. La suspensión es efectiva a partir de la fecha de notificación por correo electrónico.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 20 de agosto de 2019 en el caso TS-18,187. La decisión se refiere a la solicitud de readmisión al ejercicio de la abogacía presentada por el Sr. Adrián Moll Lugo. Tras examinar la petición, el Tribunal determinó que procedía concederla. Por tanto, se provee ha lugar a la solicitud de readmisión. El Sr. Adrián Moll Lugo queda formalmente readmitido al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico. Este documento oficial certifica la decisión adoptada por el Tribunal Supremo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una opinión el 19 de agosto de 2019, consolidando los casos AC-2017-18, AC-2017-21 y AC-2017-23. Estos casos de apelación provienen de la Región Judicial de Bayamón y tratan sobre reclamaciones de daños y perjuicios por alegada difamación. Las partes involucradas incluyen a Antulio "Kobbo" Santarrosa, Televicentro of Puerto Rico LLC, Telemundo de Puerto Rico, Inc. y Héctor Travieso López como apelantes. La controversia principal giró en torno a la aplicación de las doctrinas de daños sucesivos o continuados en casos de difamación con múltiples actos. El Tribunal determinó que estos casos deben analizarse bajo la doctrina de daños sucesivos. Esto implica que el término prescriptivo debe calcularse de manera individual para cada uno de los alegados actos difamatorios. Además, la opinión evaluó si una carta constituye una reclamación extrajudicial válida para interrumpir la prescripción. Se resolvió que una carta cumple con los requisitos de una reclamación extrajudicial, aunque no incluya las fechas específicas de las publicaciones difamatorias.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 16 de agosto de 2019. La resolución se refiere al caso de Nicolás José Pérez Martínez. La materia tratada es la solicitud de reactivación al ejercicio de la abogacía por parte del peticionario. El Tribunal examinó la moción presentada con dicho propósito. Tras su análisis, el Tribunal declaró Ha Lugar la solicitud. Como resultado, se ordena a la Secretaría del Tribunal registrar el cambio de estatus del peticionario a abogado activo. Esta decisión permite a Nicolás José Pérez Martínez reanudar la práctica legal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió sobre el incumplimiento con el Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). Tras un periodo de exoneración de multas, el PEJC refirió a abogados que no habían cumplido con los requisitos. El Tribunal emitió órdenes para que estos abogados mostraran causa por la cual no debían ser suspendidos. El Lcdo. César A. Andréu Ramírez De Arellano fue referido por el PEJC y no compareció ante las órdenes del Tribunal. Por ello, se ordena su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone el deber de notificar a sus clientes, devolver honorarios por trabajos no realizados e informar a los foros judiciales y administrativos. Deberá acreditar el cumplimiento de estas obligaciones en 30 días, lo cual es relevante para una futura solicitud de reinstalación. Se ordena la incautación de su obra protocolar y sello notarial, y la cancelación automática de su fianza notarial.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida de la Lcda. Janice M. Díaz Martínez del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta decisión se fundamenta en su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y su incomparecencia ante las órdenes del Tribunal. La suspensión forma parte de un proceso más amplio contra abogados que no cumplieron con los periodos de educación continua y fueron referidos por el PEJC. Se le impone a la licenciada el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para representarlos y devolver honorarios por trabajos no realizados. También deberá informar a los foros judiciales y administrativos donde tenga asuntos pendientes. Se le requiere acreditar el cumplimiento de estas órdenes en un término de 30 días, lo cual podría afectar una futura solicitud de reinstalación. Adicionalmente, se ordena la incautación de su obra protocolar y sello notarial, y se cancela su fianza notarial, aunque esta última se considerará válida por tres años para actos realizados previamente.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 15 de agosto de 2019 en el caso de Ramón Quirindongo Echevarría. La resolución aborda el incumplimiento del abogado con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). Tras un periodo de exoneración y múltiples oportunidades para mostrar causa, el licenciado Quirindongo Echevarría no compareció ni cumplió con las órdenes del Tribunal. En consecuencia, se ordena su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone el deber de notificar a sus clientes, devolver honorarios por trabajos no realizados e informar a los foros judiciales y administrativos. Además, se ordena la incautación de su obra protocolar y sello notarial, y se cancela su fianza notarial. El abogado debe acreditar el cumplimiento de estas órdenes en 30 días.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 15 de agosto de 2019 relativa al incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). La decisión se enmarca en un proceso iniciado tras un periodo de exoneración de multas, donde el PEJC refirió a abogados que aún estaban en incumplimiento. A pesar de concederse términos para mostrar causa, varios profesionales no comparecieron. Específicamente, la Lcda. Edna L. Martínez Rivera fue una de las abogadas referidas que no respondió a las órdenes del Tribunal. En consecuencia, se ordena su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone el deber de notificar a sus clientes, devolver honorarios por trabajos no realizados e informar a los foros judiciales y administrativos. Deberá acreditar el cumplimiento de estas obligaciones en un término de 30 días. Asimismo, se ordena la incautación de su obra protocolar y sello notarial. La suspensión será efectiva a partir de la fecha de su notificación por correo certificado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 15 de agosto de 2019. La decisión ordena la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Ángel E. Rivera Ruiz del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta medida se toma por su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). El abogado no compareció ni mostró causa tras recibir órdenes del Tribunal para explicar su falta de cumplimiento. Se le impone el deber de notificar a sus clientes, devolver honorarios por trabajos no realizados e informar a los foros judiciales y administrativos. También debe acreditar el cumplimiento de estas obligaciones al Tribunal en 30 días. Adicionalmente, se ordena la incautación de su obra protocolar y sello notarial. Su fianza notarial queda cancelada, aunque válida por tres años para actos pasados.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 15 de agosto de 2019 en el caso TS-14,251. La resolución ordena la suspensión inmediata e indefinida de la Lcda. Rosabel N. García López del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta medida se toma debido a su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y su falta de comparecencia ante las órdenes del Tribunal para mostrar causa. El Tribunal había previamente concedido periodos de exoneración y emitido órdenes generales a abogados incumplidores para que justificaran su situación. Como parte de la suspensión, la licenciada García López debe notificar a sus clientes, devolver honorarios por trabajos no realizados e informar a los foros judiciales y administrativos. También se ordena la incautación de su obra protocolar y sello notarial, y se cancela su fianza notarial. El cumplimiento con estas obligaciones debe acreditarse al Tribunal en 30 días.

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Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha 15 de agosto de 2019. Se refiere al caso del Lcdo. Juan F. Matos Bonet, quien fue referido por el Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) por incumplimiento. El Tribunal había concedido previamente términos para mostrar causa por la cual no debía ser suspendido, sin que el abogado compareciera. Ante su incomparecencia y el incumplimiento con los requisitos del PEJC y las órdenes judiciales, se ordena su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone el deber de notificar a sus clientes, devolver honorarios por trabajos no realizados e informar a los foros judiciales y administrativos. Deberá acreditar el cumplimiento de estas órdenes en 30 días. Adicionalmente, se ordena la incautación de su obra protocolar y sello notarial.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico que ordena la suspensión de un abogado. Se decreta la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. José L. Machicote Mafuz del ejercicio de la abogacía y la notaría. La medida se fundamenta en su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). El abogado no atendió las órdenes del Tribunal para mostrar causa por su incomparecencia y falta de cumplimiento. Se le impone la obligación de notificar a sus clientes, devolver honorarios por servicios no prestados e informar a los foros judiciales y administrativos. Deberá acreditar el cumplimiento de estas órdenes en 30 días, so pena de afectar su reinstalación. Se ordena la incautación de su obra protocolar y sello notarial. La fianza notarial queda cancelada, aunque válida por tres años para actos realizados previamente.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera el incumplimiento de abogados con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). Tras un periodo de exoneración de multas, el PEJC refirió a profesionales que no cumplieron con periodos vencidos entre 2013 y 2015. El Tribunal emitió resoluciones en enero y mayo de 2019 requiriendo a los abogados mostrar causa por su incumplimiento y falta de comparecencia. La Lcda. María E. Santana Gutiérrez fue referida y no compareció ante las órdenes del Tribunal. Por consiguiente, se ordena su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone el deber de notificar a sus clientes, devolver honorarios por trabajos no realizados e informar a los foros judiciales y administrativos. Deberá acreditar el cumplimiento de estas obligaciones en 30 días. Adicionalmente, se ordena la incautación de su obra protocolar y sello notarial, y se cancela su fianza notarial.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida de la abogada Arlenne D. Rodríguez Rivera. Esta decisión se fundamenta en su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y su falta de comparecencia ante las órdenes del Tribunal para mostrar causa. La abogada fue referida por el PEJC como parte de un grupo de profesionales que no cumplieron con los periodos de educación continua. A pesar de las oportunidades concedidas para mostrar causa, la licenciada Rodríguez Rivera no respondió. Como consecuencia de la suspensión, se le ordena notificar a sus clientes, devolver honorarios por trabajos no realizados e informar a los foros judiciales y administrativos. Debe acreditar el cumplimiento de estas obligaciones al Tribunal en un término de 30 días. El incumplimiento de estas directrices podría afectar su eventual reinstalación. Se dispuso la incautación de su obra protocolar y sello notarial. Su fianza notarial queda cancelada automáticamente, aunque válida por tres años para actos realizados previamente. La suspensión será efectiva a partir de la fecha de su notificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió el incumplimiento de abogados con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) tras un periodo de exoneración de multas. El PEJC refirió a numerosos profesionales que no habían cumplido con los periodos vencidos entre 2013 y 2015. El Tribunal emitió resoluciones en enero y mayo de 2019 concediendo términos para mostrar causa y evitar la suspensión. El Lcdo. Iván C. Reichard Mackenzie fue uno de los abogados referidos que no compareció ni cumplió con los requerimientos. Por ello, el Tribunal ordena su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone el deber de notificar a sus clientes, devolver honorarios por trabajos no realizados e informar a los foros judiciales y administrativos. Además, se ordena la incautación de su obra protocolar y sello notarial. El cumplimiento con estas órdenes debe acreditarse al Tribunal en 30 días.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Efraín Soto Cruet. La suspensión se debe a su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). El abogado tampoco compareció ante el Tribunal tras ser requerido en múltiples ocasiones para mostrar causa por la cual no debía ser suspendido. Esta decisión se enmarca en un proceso de evaluación de incumplimientos del PEJC que siguió a un periodo de exoneración de multas. El Tribunal había concedido términos adicionales para responder antes de proceder con la suspensión. Como parte de la orden, el licenciado Soto Cruet debe notificar a sus clientes y devolver honorarios por trabajos no realizados. También debe informar a los foros judiciales y administrativos sobre su inhabilidad para ejercer. Se ordenó la incautación de su obra protocolar y sello notarial, y su fianza notarial queda cancelada. El cumplimiento con estas directrices debe acreditarse en 30 días para no afectar una futura solicitud de reinstalación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una resolución ordenando la suspensión inmediata e indefinida del licenciado Edwin D. Santos Baerga del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta medida se toma por su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y por no comparecer ante las órdenes del Tribunal para mostrar causa. El licenciado fue identificado como uno de los abogados que no cumplieron con los periodos de educación continua y no respondieron a los requerimientos del PEJC ni del Tribunal. Como consecuencia de la suspensión, se le ordena notificar a todos sus clientes, devolver honorarios por trabajos no realizados e informar a los foros judiciales y administrativos sobre su inhabilidad para ejercer. Adicionalmente, se dispone la incautación de su obra protocolar y sello notarial. Se establece que la fianza notarial queda cancelada automáticamente, aunque válida por tres años para actos realizados previamente. El licenciado deberá acreditar el cumplimiento con estas disposiciones al Tribunal en un término de 30 días.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende el incumplimiento de abogados con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). Tras un período de exoneración de multas, el PEJC refirió a profesionales por incumplimientos entre 2011 y 2013. El Tribunal concedió términos en enero y mayo de 2019 para mostrar causa y evitar la suspensión. El Lcdo. Eloy Lugo Méndez fue referido por incumplimiento y no compareció ante las órdenes judiciales. Por ello, se ordena su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone el deber de notificar a sus clientes, devolver honorarios por trabajos no realizados e informar a los foros. Debe acreditar el cumplimiento de estas obligaciones en 30 días. Se ordena la incautación de su obra protocolar y sello notarial. La fianza notarial queda cancelada, pero válida por tres años para actos pasados. La suspensión es efectiva a partir de la notificación al abogado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 15 de agosto de 2019. La resolución ordena la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Ángel J. Zamora Álvarez del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta medida se toma por su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y por no comparecer ante el Tribunal tras ser requerido. El proceso se inició luego de que el PEJC refiriera abogados que incumplieron con periodos de educación continua tras un periodo de exoneración de multas. Se le impone al abogado suspendido el deber de notificar a sus clientes, devolver honorarios por trabajos no realizados e informar a los foros judiciales y administrativos. También deberá acreditar el cumplimiento de estas obligaciones en 30 días. Se ordena la incautación de su obra protocolar y sello notarial. El incumplimiento con estas directrices podría afectar su eventual reinstalación.