In re: Edna L. Martínez Rivera

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 15 de agosto de 2019 relativa al incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). La decisión se enmarca en un proceso iniciado tras un periodo de exoneración de multas, donde el PEJC refirió a abogados que aún estaban en incumplimiento. A pesar de concederse términos para mostrar causa, varios profesionales no comparecieron. Específicamente, la Lcda. Edna L. Martínez Rivera fue una de las abogadas referidas que no respondió a las órdenes del Tribunal. En consecuencia, se ordena su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone el deber de notificar a sus clientes, devolver honorarios por trabajos no realizados e informar a los foros judiciales y administrativos. Deberá acreditar el cumplimiento de estas obligaciones en un término de 30 días. Asimismo, se ordena la incautación de su obra protocolar y sello notarial. La suspensión será efectiva a partir de la fecha de su notificación por correo certificado.