Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 99)

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de sentencia sumaria por prescripción. La demanda original de daños y perjuicios fue presentada el 19 de enero de 2021, relacionada con un incidente ocurrido el 30 de junio de 2019. Los peticionarios argumentaron que la acción estaba prescrita, ya que la última interrupción válida del término prescriptivo de un año ocurrió el 5 de septiembre de 2019. Los recurridos alegaron una interrupción posterior el 18 de febrero de 2020, cuya prueba de envío o recibo fue cuestionada por los peticionarios. El foro primario denegó la sentencia sumaria al entender que existían asuntos de credibilidad. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que la acción estaba prescrita. Por consiguiente, revocó la resolución apelada y desestimó la demanda.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación contra una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Humacao. El caso enfrenta a Palmas del Mar Properties, Inc. (apelada) con AP-1 Trust y PRCF, LCC (apelantes). La disputa central gira en torno a la extinción de una servidumbre de estacionamiento creada en 1999 y modificada en 2003. PDMPI demandó para que se declarara extinguida la servidumbre por falta de uso, argumentando que estaba vinculada a un desarrollo hotelero que nunca se materializó. Los apelantes sostuvieron que la servidumbre no dependía de un plazo de construcción específico y que la modificación de 2003 ratificó su vigencia. El foro primario dictó sentencia sumaria declarando la servidumbre extinguida por haber transcurrido más de 20 años sin ser utilizada. La apelación busca la revocación de esta determinación.

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Sentencia de un panel de jueces apelativo sobre un pleito de incumplimiento de contrato de seguros tras el huracán María. Los apelantes, Sres. Santiago y Matías, impugnaron una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que concedió sentencia sumaria a Mapfre. Mapfre alegó que los apelantes aceptaron un cheque como pago total y definitivo de la reclamación al cambiarlo sin objeciones, configurando un pago en finiquito que extinguió la obligación. Los apelantes se opusieron, argumentando que sus acciones no constituían un pago en finiquito y que Mapfre no presentó evidencia admisible. El TPI concluyó que Mapfre actuó de buena fe y que los cheques indicaban claramente que el endoso constituía el pago total. El TPI determinó que el cambio del cheque por los apelantes implicó la aceptación de la oferta y desestimó la demanda. El tribunal apelativo evaluó las alegaciones de las partes y los fundamentos de la sentencia del TPI. Finalmente, el panel de jueces decidió revocar la sentencia apelada emitida por el TPI.

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Resumen:

Scotiabank demandó a ZAF por cobro de dinero y ejecución de hipoteca sobre varios préstamos. ZAF contestó la demanda y presentó una reconvención, cuestionando la existencia y validez de los créditos. ZAF solicitó ejercer el derecho de retracto de crédito litigioso, alegando que Scotiabank había vendido el crédito a un tercero. Scotiabank, y luego Oriental Bank tras una fusión, se opusieron consistentemente a la aplicación del retracto. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) emitió resoluciones contradictorias sobre la procedencia del retracto. Finalmente, el TPI resolvió que el retracto de crédito litigioso no aplicaba a los créditos reclamados en la demanda. ZAF solicitó a este Tribunal apelativo que revocara dicha resolución del TPI. El Tribunal acoge el recurso de ZAF como un Certiorari. No obstante, el Tribunal deniega la expedición del Certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones desestimó un recurso presentado por el Sr. Ángel L. Fontánez Ortiz. El señor Fontánez solicitaba la revisión de resoluciones del Centro de Tratamiento Residencial de Arecibo sobre su elegibilidad para el Programa de Monitoreo Electrónico. El Tribunal determinó que el escrito presentado no formulaba ni discutía señalamientos de error específicos. Esto impidió identificar el defecto jurídico de las resoluciones o el remedio solicitado. Además, el señor Fontánez no incluyó copia de una supuesta reconsideración, lo que obstaculizó la determinación de jurisdicción. Las referencias a los méritos fueron consideradas alegaciones conclusorias e insuficientes. El Tribunal concluyó que el escrito no podía ser adjudicado por no haberse presentado con la diligencia requerida y en cumplimiento con el reglamento, recordando que comparecer por derecho propio no exime de estas obligaciones. Por estos fundamentos, se desestimó el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consideró una Solicitud de Certiorari presentada por Adam C. Sinn y Aspire Consulting Solutions, LLC. Buscaban la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha resolución denegó la desestimación de una reconvención instada en su contra por Dennis David Pedra y Christi Marie Pedra. El caso original fue iniciado por Sinn y Aspire, quienes demandaron a los Pedra por incumplimiento de un contrato de promesa de compraventa de un inmueble, solicitando cumplimiento específico y daños. Los Pedra, al contestar la demanda, presentaron una reconvención alegando haber sufrido daños por las acciones de Sinn y Aspire durante la negociación y por la presentación de la demanda. Sinn y Aspire solicitaron la desestimación de la reconvención, argumentando que era una demanda prematura de persecución maliciosa o que no cumplía los requisitos de intervención torticera. El foro primario denegó la desestimación "en esta etapa de los procesos". El Tribunal de Apelaciones, tras revisar la solicitud, denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Lucas Casul Cruz, confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, solicita al Tribunal de Apelaciones la revisión de su clasificación de custodia máxima. Impugna la determinación del Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) que ratificó dicha clasificación el 24 de agosto de 2021. El recurrente cumple una sentencia de 252 años por delitos graves, lo que motivó su clasificación inicial en custodia máxima en 2012. Aunque la escala de reclasificación sugería un nivel de custodia menor, el CCT mantuvo la clasificación máxima. La decisión del CCT se fundamentó en el historial de violaciones disciplinarias del confinado. Entre las violaciones se incluyen la posesión de múltiples teléfonos celulares y contrabando, agresión a otro confinado y negarse a proveer muestras de ADN. El recurrente solicitó reconsideración de la decisión del CCT, la cual fue denegada. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar el recurso de revisión administrativa presentado por el Sr. Casul Cruz.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de alimentos. La Peticionaria apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desacato contra el Recurrido. La solicitud de desacato se basaba en el alegado incumplimiento del Recurrido de pagar \$1,714.34 por el 50% de gastos médicos de la menor. El foro primario determinó que la Resolución de Alimentos vigente no contemplaba el reembolso del 50% de gastos médicos como parte de la pensión suplementaria. Señaló que los gastos suplementarios cubrían vivienda, educación y cuido, según el informe del examinador. Aunque en una vista de 2012 el padre acordó pagar el 50% de ciertos gastos médicos específicos, esta deuda reclamada no estaba incluida en la orden general de pensión. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de desacato. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ la expedición del auto de certiorari. Esto confirma la decisión del foro primario de no encontrar al Recurrido en desacato por la deuda de gastos médicos reclamada.

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El Tribunal de Apelaciones considera un recurso de certiorari presentado por Pepe Abad Kia, Inc. contra Edward Berrios Green en un caso de despido injustificado. El peticionario impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación de la demanda. Pepe Abad Kia también solicitó una moción en auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos primarios. La resolución discute la naturaleza extraordinaria del certiorari y las limitaciones para revisar decisiones interlocutorias. Se enfatiza que, en casos laborales bajo la Ley de Procedimiento Sumario de Relaciones Laborales (Ley Núm. 2), la revisión interlocutoria es contraria al carácter expedito del procedimiento. Solo procede excepcionalmente por falta de jurisdicción o en casos extremos para evitar una grave injusticia o resolver el caso definitivamente. El tribunal evalúa el recurso y la solicitud de paralización a la luz de estas estrictas normas aplicables a los pleitos laborales.

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Carlos Rivera Román, un confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección, presentó un escrito ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó que el tribunal realizara investigaciones y le ayudara a obtener citas de evaluación y tratamiento en las facilidades de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). El tribunal, tras examinar el escrito, determinó que carecía de jurisdicción para atender la solicitud. Por tanto, sin necesidad de trámite ulterior, se desestimó el recurso presentado. La desestimación se fundamenta en la falta de autoridad del tribunal para considerar el caso, conforme a la Regla 83(C) de su Reglamento. La sentencia reitera que la ausencia de jurisdicción es insubsanable y obliga al tribunal a declararla y desestimar la reclamación sin entrar en sus méritos. Un tribunal sin jurisdicción solo tiene poder para así declararlo.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. El Colegio impugna una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que declaró inconstitucional la colegiación compulsoria para ejercer la contabilidad pública. El Tribunal de Primera Instancia basó su decisión en que la colegiación obligatoria interfiere con el derecho fundamental a la libertad de asociación. Argumentó que existen medidas menos onerosas, como la reglamentación por la Junta de Contabilidad, para proteger el interés público. Los apelados, contadores que iniciaron el caso, solicitaron la confirmación de la sentencia apelada. El Gobierno de Puerto Rico compareció, planteando que la colegiación podría ser constitucional debido a ciertas funciones exclusivas del Colegio. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver la apelación tras considerar los argumentos de las partes.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Sr. Dwight Yonice Carrero Ramírez mediante una Petición de Certiorari. Solicita dejar sin efecto una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, que declaró No Ha Lugar su solicitud de desestimación de denuncias por violaciones a la Ley 54. Las denuncias fueron presentadas en ausencia del peticionario, y el TPI determinó causa para arresto. El peticionario argumentó que la vista de causa probable para arresto se celebró en ausencia sin justificación válida de los esfuerzos para citarlo, violando el debido proceso. El Tribunal de Primera Instancia, tras revisar el procedimiento, concluyó que el Ministerio Público presentó prueba sobre los esfuerzos de localización, los cuales fueron considerados suficientes por la jueza que determinó la causa. Inconforme, el peticionario alegó que el TPI erró al denegar la desestimación, pues el Estado no demostró esfuerzos suficientes para citarlo. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición y los fundamentos presentados. Por los fundamentos expuestos, el tribunal denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico se refiere a un caso sobre la partición de la herencia del Dr. Víctor Marcial Burgos. Los peticionarios, que incluyen a la Albacea Testamentaria y dos herederos, solicitaron la revocación de dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia. Dichas resoluciones denegaron la reconsideración de una orden previa. La orden previa expresaba la intención del foro primario de designar un Comisionado Especial para los trámites de la partición de herencia. Los peticionarios se habían opuesto a la designación de dicho Comisionado. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para atender la solicitud. Por consiguiente, el recurso de certiorari fue desestimado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202100727, una apelación contra una sentencia sumaria parcial del Tribunal de Primera Instancia. Los apelantes, Ramón, Amarilys y Judith López Placeres, buscaban revocar la decisión del TPI que declaró válido el testamento de Ramón López Jerez. El caso original versaba sobre partición de herencia y daños, añadiéndose posteriormente una causa de acción de nulidad de testamento. Los apelantes argumentaban que el testamento era nulo por diversos defectos formales y de solemnidad. Los apelados se opusieron a estas alegaciones, defendiendo la validez del documento. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y el expediente del caso. Finalmente, el panel de apelaciones confirmó la sentencia sumaria parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Esta confirmación ratifica la validez del testamento en cuestión.

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Este juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una Petición de Certiorari presentada por Safilo USA Corporation. Safilo buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación en un caso de discrimen bajo la Ley Núm. 100, instado por Verónica Batista Rodríguez. Safilo argumentó que la querella debía ser desestimada y referida a arbitraje, según un acuerdo firmado por las partes. La señora Batista se opuso, alegando que la cláusula de arbitraje era contraria a la ley y que las reclamaciones por discrimen son una excepción a la obligación de arbitrar en Puerto Rico. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación, acogiendo los argumentos de la querellante. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del foro primario. Tras evaluar los planteamientos, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Sin embargo, confirmó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo dos peticiones de certiorari consolidadas. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios presentada por Sandra María Rodríguez Febres contra BB Bedding, LLC y Universal Insurance Company. La demanda alega negligencia por un ataque de perros realengos ocurrido en las facilidades o estacionamiento de un establecimiento comercial. BB Bedding solicitó la desestimación del caso argumentando no ser dueño de los perros y que la responsabilidad recaía en el municipio. Universal solicitó sentencia sumaria parcial alegando que su asegurado no era dueño de los perros y que solo el dueño responde por daños causados por animales. El Tribunal de Primera Instancia denegó ambas solicitudes. Los demandados recurrieron estas denegatorias ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado por Universal. Por otra parte, expidió el auto solicitado por BB Bedding pero confirmó la decisión del foro primario de no desestimar el caso, al entender que la demandante presentó una reclamación plausible.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre la apelación presentada por Oriental Bank. Oriental Bank recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que lo encontró responsable de daños y perjuicios. La demanda original fue presentada por Denisse Rivera Izquierdo contra su hermano, José Rivera, y Oriental Bank, entre otros. Denisse alegó fraude por parte de su hermano y negligencia por parte del banco en una compraventa e hipoteca de 2004. Ella creyó comprar la propiedad D-6 con una residencia, pero fue vendida fraudulentamente la D-14, un barranco. Documentos del banco, como la tasación y el "plot plan", identificaron erróneamente la propiedad como D-14. Denisse descubrió el engaño en 2013, tras años de pagar la hipoteca sobre la propiedad incorrecta. El foro primario declaró con lugar la demanda, hallando a José Rivera responsable por fraude y a Oriental Bank por negligencia, desestimando la defensa de prescripción. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones acogió como certiorari una apelación presentada por Bárbara Nieves Ayala en un caso laboral por despido injustificado y represalias. La querella original fue presentada conjuntamente por Nieves y Yansie Rivera Pérez contra The New 579 and Beyond Inc. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) dictó una sentencia archivando la totalidad de la querella con perjuicio, basándose en una moción de desistimiento presentada únicamente por Yansie Rivera. Bárbara Nieves solicitó reconsideración y apeló, argumentando que el desistimiento solo afectaba la reclamación de Rivera y que su acción debía continuar. El TPI posteriormente emitió una resolución concediendo la reconsideración y una sentencia parcial archivando solo la reclamación de Rivera. El Tribunal de Apelaciones revisa la sentencia inicial del TPI que archivó el caso completo. Tras examinar los hechos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones modifica la sentencia apelada.

Resumen:

Sandra María Rodríguez Febres demandó a BB Bedding, LLC y Universal Insurance Company por daños tras ser atacada por perros realengos en un estacionamiento comercial. BB Bedding solicitó la desestimación del caso, argumentando que no era responsable por perros realengos. Universal Insurance Company, aseguradora, pidió sentencia sumaria parcial, alegando que su asegurado no era dueño ni se servía de los perros. El Tribunal de Primera Instancia denegó ambas solicitudes. BB Bedding y Universal recurrieron estas decisiones ante el Tribunal de Apelaciones mediante peticiones de certiorari consolidadas. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Universal. Concedió el auto solicitado por BB Bedding, pero confirmó la decisión del foro primario que denegó la desestimación. El Tribunal de Apelaciones sostuvo que el caso puede continuar contra ambas partes, rechazando sus argumentos iniciales para evitar el litigio.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El caso surge de una apelación presentada por Erick Álvarez Menéndez contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar $50,000 más intereses a Cristino Paniagua Rosario en un pleito de cobro de dinero. Paniagua demandó a Álvarez por el balance de un préstamo verbal de $70,000. Álvarez no compareció tras ser emplazado, y se le anotó la rebeldía. El Tribunal de Primera Instancia celebró juicio y dictó sentencia en su contra. Álvarez compareció posteriormente solicitando relevo de la sentencia, alegando falta de emplazamiento adecuado y desconocimiento del pleito hasta recibir la notificación de la sentencia. El foro primario denegó su solicitud. En apelación, Álvarez argumentó error al denegar el relevo sin vista evidenciaria e insuficiencia en el emplazamiento. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y las alegaciones. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de cobro de dinero. Rafael Torres Vélez demandó a Glenda Liz Brito Báez y otros por incumplimiento de contrato de arrendamiento y una deuda de \$39,950.00. El TPI anotó la rebeldía de los demandados tras un emplazamiento por edicto y dictó sentencia condenándolos al pago de la suma reclamada más honorarios y costas. La notificación de esta sentencia en rebeldía se realizó por correo postal, no por edicto como alegadamente requiere la Regla 45.3(c) para este tipo de emplazamiento. Los apelantes argumentaron que esta fue la primera notificación que recibieron del pleito y la sentencia, impugnando la validez del emplazamiento por edicto y solicitando el relevo de la sentencia. El TPI denegó su solicitud de relevo. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, decide REVOCAR la Sentencia apelada.

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GLO Contractors, Inc. solicitó la revisión de una Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró Ha Lugar una moción de sentencia sumaria presentada por Muñoz Holdings, Inc. y Muñoz Bermúdez, S.E. GLO había demandado a Muñoz Holdings y Muñoz Bermúdez por incumplimiento de contrato y cobro de dinero relacionado con proyectos de construcción. Las recurridas alegaron no tener relación contractual directa con GLO para dichos proyectos, indicando que las obligaciones correspondían a otras entidades como Gurabo MA, Inc. GLO se opuso, argumentando que las recurridas controlaban y manejaban estas otras entidades, existiendo confusión de responsabilidades. El foro primario desestimó la demanda contra Muñoz Holdings y Muñoz Bermúdez y les impuso honorarios de abogado a GLO. Este panel procede a expedir y modificar la resolución recurrida.

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Se consolidan los recursos de revisión judicial KLRA202100603 y KLRA202100615 presentados por Hospital Español Auxilio Mutuo, Rule Caribbean Investment Trust y Juan Ruaño Muñoz. Los recurrentes impugnan actuaciones de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el Municipio de San Juan relacionadas con un proyecto de San Juan Psychological Recovery and Rehabilitation, LLC. El recurso KLRA202100603 cuestiona una Resolución Enmendada sobre Consulta de Ubicación emitida por la OGPe. Se alega que la OGPe actuó sin jurisdicción al emitir dicha resolución enmendada. Esto se basa en que no se había recibido el mandato de un Tribunal de Apelaciones previo que revocó la resolución original de la OGPe. Esa revocación previa se debió a la nulidad del Reglamento Conjunto 2020 bajo el cual se aprobó inicialmente la consulta. El recurso KLRA202100615 impugna un Permiso de Construcción expedido por el Municipio de San Juan. Este permiso municipal se basó en la resolución de la OGPe que ya había sido declarada nula. El tribunal consolida ambos casos por su íntima relación y procederá a resolver la controversia jurisdiccional planteada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una petición de certiorari instada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). La petición buscaba la revisión de dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de daños y perjuicios. El caso subyacente fue presentado por Luz Amalia Reyes Sánchez contra el Municipio de San Juan, el DTOP y otros por lesiones sufridas en una caída en una acera. El DTOP impugnó la denegatoria del foro primario a su moción de reconsideración de sanciones. También objetó la denegatoria previa de su moción de sentencia sumaria, la cual el tribunal consideró tardía. El caso original involucró disputas sobre la jurisdicción del lugar del accidente y problemas procesales durante el descubrimiento de prueba. Tras revisar el historial procesal y los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determinó que las razones expuestas no justificaban su intervención. Por consiguiente, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La sentencia apelada desestimó una demanda por incumplimiento de contrato y daños presentada por José M. Pérez Villanueva contra el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) y Luis Gabriel Miranda. La desestimación se basó en la alegación de falta de jurisdicción del foro judicial. La parte apelada argumentó que el demandante, como apoderado de una franquicia, aceptó someterse a los reglamentos internos de la liga. Dichos reglamentos establecen foros administrativos y de arbitraje, incluyendo la Corte de Arbitraje Deportivo, para la resolución de disputas. Se señaló que el demandante no agotó estos procedimientos antes de recurrir a los tribunales. El demandante se opuso, alegando que la controversia era de derecho y que la cláusula de selección de foro era injusta. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que el demandante se obligó a cumplir los reglamentos y la selección de foro. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia de instancia. La decisión confirma la desestimación de la demanda por falta de jurisdicción del foro judicial.

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Sentencia que consolida los recursos de revisión judicial KLRA202100603 y KLRA202100615. Los recurrentes, Hospital Español Auxilio Mutuo, Rule Caribbean Investment Trust y Juan Ruaño Muñoz, impugnan actuaciones de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el Municipio de San Juan. Específicamente, retan una Resolución Enmendada sobre Consulta de Ubicación emitida por la OGPe y un Permiso de Construcción expedido por el Municipio a favor de San Juan Psychological Recovery and Rehabilitation, LLC. La OGPe había aprobado inicialmente la consulta de ubicación en febrero de 2021 bajo el Reglamento Conjunto de 2020. El Tribunal de Apelaciones revocó esa resolución en julio de 2021 al declararse nulo el Reglamento Conjunto 2020, ordenando a la OGPe re-adjudicar la consulta. Los recurrentes alegan que la OGPe emitió la Resolución Enmendada en octubre de 2021 sin jurisdicción, pues no se había recibido el mandato judicial y otro recurso estaba pendiente. Asimismo, impugnan el permiso de construcción del Municipio por basarse en la resolución de la OGPe que fue declarada nula. El tribunal consolida ambos recursos para atender las controversias, principalmente de índole jurisdiccional. Se enfoca en los hechos procesales relevantes para resolver el asunto jurisdiccional.

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Esta es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Se refiere a una petición de Certiorari presentada por Triple-S Propiedad, Inc. contra el Consejo de Titulares de Altos del Escorial Condominium. El caso original proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, y trata sobre incumplimiento de aseguradoras tras los huracanes Irma/María. El foro primario ordenó a las partes someterse a arbitraje y paralizó los procedimientos judiciales. Triple-S Propiedad solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar esta orden, argumentando que no estaba obligada a arbitrar. El Tribunal de Apelaciones (Panel VII) señaló que los errores apuntados por la peticionaria ya habían sido atendidos por otros paneles, incluyendo este, en controversias similares con Triple-S Propiedad. Conforme a sus determinaciones previas, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari. La Resolución fue emitida el 10 de diciembre de 2021.

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El Gobierno Municipal Autónomo de Carolina demandó a JJW Metal Corp. para paralizar sus operaciones por alegado incumplimiento ambiental y de permiso. Las partes acordaron una paralización temporal, supeditando el reinicio a la aprobación municipal, acuerdo que fue aprobado por el Tribunal de Primera Instancia. JJW reinició operaciones sin la debida autorización, lo que llevó al Municipio a solicitar la ejecución de la sentencia. El foro primario determinó que JJW requería la autorización municipal para reanudar y ordenó el cierre. El Departamento de Permisos del Municipio denegó formalmente la solicitud de reapertura de JJW, estableciendo condiciones para un futuro reinicio. JJW solicitó la desestimación o reapertura, argumentando la nulidad del requisito de aprobación municipal, lo cual fue denegado por el tribunal. JJW se acogió a la quiebra, paralizando los procedimientos judiciales. El Municipio obtuvo una orden de la Corte de Quiebras aclarando que la paralización automática no aplicaba a su solicitud. El Municipio recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra una resolución posterior del foro primario. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto, revocó la resolución recurrida y ordenó la continuación de los procedimientos.

Resumen:

Un confinado presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El peticionario busca revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de reducción de sentencia. Alegó que procedía aplicar atenuantes a la sentencia impuesta por escalamiento agravado. El Tribunal de Primera Instancia resolvió que la sentencia fue resultado de un acuerdo entre las partes. La Orden recurrida fue notificada el 3 de septiembre de 2021, y la petición de certiorari se presentó el 8 de noviembre de 2021. El Tribunal de Apelaciones examina la petición, destacando que el término para presentar un certiorari es de cumplimiento estricto de treinta días a partir de la notificación de la orden. La resolución se enfoca en las normas jurídicas aplicables a la jurisdicción y el término perentorio para la presentación del recurso.

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Resolución de un panel judicial sobre un recurso de *certiorari* presentado por el Departamento de la Familia. El Departamento solicitó revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que le exigía presentar el Informe Final de Cuentas de Tutela del Sr. Edwin Rodríguez Ramos. El Sr. Rodríguez Ramos, declarado incapaz en 2000, estuvo bajo la tutela de su prima hasta marzo de 2019. En esa fecha, el foro primario nombró al Departamento de la Familia como tutor, con su consentimiento. El Sr. Rodríguez Ramos falleció poco después, en mayo de 2019. La Orden recurrida ordenó al Departamento rendir cuentas por el breve periodo de su tutela. El Departamento alegó que el foro primario abusó de su discreción al nombrarlo tutor, argumentando que una instrumentalidad del Estado carecía de capacidad legal para dicho cargo bajo el Código Civil de 1930. El panel judicial evaluó la solicitud del Departamento y denegó el recurso de *certiorari* presentado por el Departamento de la Familia.

Resumen:

Sentencia de un panel judicial que resuelve una apelación presentada por Oriental Bank contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao. El foro primario había desestimado sin perjuicio la demanda de Oriental Bank contra los apelados (Fernando Jorge Jiménez Seda y Liza Gizelle Pagán Laureano) por falta de una parte indispensable. La demanda original buscaba la sustitución de un pagaré extraviado relacionado con un préstamo comercial garantizado con colateral, incluyendo un inmueble. El caso se complicó al incluirse reclamaciones de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, y al venderse el inmueble a terceros (Twenty Fourth Street, LLC y supuestamente LBA Consulting Services, LLC). Los apelados argumentaron que LBA Consulting Services, LLC, como titular registral, era una parte indispensable. Tras revisar el caso, el panel judicial CONFIRMÓ la Sentencia apelada que desestimó la demanda.

Resumen:

Los peticionarios Walter Pierluisi Isern y otros recurrieron ante el Tribunal de Apelaciones para dejar sin efecto una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de intervención en un pleito civil. El tribunal primario había denegado la intervención argumentando que ya estaban representados. Los peticionarios presentaron una moción de reconsideración, la cual fue denegada. Posteriormente, solicitaron una enmienda a la notificación de la denegatoria de reconsideración, alegando notificación defectuosa. El Tribunal de Primera Instancia ordenó la re-notificación de dicha resolución, trámite que no se había completado. A pesar de ello, los peticionarios presentaron un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción. La desestimación se fundamenta en que el término para recurrir no había comenzado a correr, ya que la resolución denegando la reconsideración no había sido debidamente re-notificada conforme a la orden del tribunal primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso KLAN202100293. El apelante, Víctor Manuel Lugo Santiago, impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha sentencia declaró Con Lugar una demanda de sentencia declaratoria, resolución de contrato y daños presentada por Sally Morales Rivera y Wilson Vélez Sánchez. El foro primario determinó que un contrato para una actividad se tornó imposible de cumplir e ilícito debido a las órdenes ejecutivas gubernamentales por la pandemia. Consecuentemente, ordenó al demandado devolver la suma de \$1,960.00 adelantada por los demandantes. El apelante solicitó reconsideración, alegando que el contrato era con una corporación y no con él personalmente, y luego apeló. En su apelación, imputó errores al tribunal de instancia, incluyendo la falta de garantía al debido proceso y el derecho a un abogado. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones procede a revocar la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la apelación presentada por Noel Felipe Toro Del Valle contra la Sentencia que lo declaró culpable por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, según el Artículo 7.02 de la Ley 22-2000. El Tribunal de Primera Instancia de San Juan lo encontró culpable tras una intervención el 22 de noviembre de 2019, donde arrojó 0.188% de alcohol en la prueba de aliento. Durante el juicio, se presentó prueba documental y testifical por ambas partes. La defensa solicitó reconsideración de la determinación de culpabilidad, argumentando sobre el cumplimiento del periodo de observación de 20 minutos antes de la prueba. El foro primario denegó la reconsideración, citando el Reglamento 9234 y jurisprudencia aplicable que valida el procedimiento y el tiempo transcurrido entre la intervención y la prueba. Tras evaluar el recurso, el Panel XI del Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada. Dicha Sentencia impuso multas, pagos especiales, remisión a curso de mejoramiento y reclusión suspendida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por el Sr. Gelmi Calderón Ayala. El apelante solicitaba la revocación de las sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia. Dicho foro lo declaró culpable por violaciones a los artículos 93(a) y 249(b) del Código Penal de 2012, y 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas del 2000. Los cargos incluían Asesinato en Primer Grado, Riesgo a la Seguridad Pública por Disparar un Arma, Portación y Uso de Armas sin Licencia, y Disparar o Apuntar Armas. El juicio se celebró por tribunal de derecho, presentando el Ministerio Público prueba documental y testifical. Durante el proceso, surgió una controversia sobre la admisibilidad de un video como prueba ilustrativa o corroborativa. El Tribunal de Primera Instancia admitió el video como prueba ilustrativa. Tras evaluar los alegatos de las partes y las transcripciones, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una petición de certiorari presentada por Wilfredo Cruz Liciaga. El peticionario solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de desestimación de la acusación. Liciaga enfrenta cargos por infracción al Art. 5.07 de la Ley Núm. 22, relacionado con conducción negligente que causó lesiones graves y fuga. El TPI había determinado causa probable para acusar tras una vista preliminar, concluyendo que el Ministerio Público presentó prueba suficiente bajo el estándar de "scintilla". Liciaga argumentó que la prueba en la vista preliminar no estableció los elementos del delito ni su conexión. El TPI denegó la moción de desestimación y la reconsideración, indicando la ausencia de nuevos argumentos. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente apelativo. Tras su análisis, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Panel judicial confirma una resolución de la Junta de Reconsideración de Subastas del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). TKC Intermediate Holdings, LLC solicitó la revocación de dicha resolución, la cual denegó su reconsideración sobre la adjudicación de la Solicitud de Propuesta Núm. 17-005. Esta RFP buscaba contratar servicios para comisarías, alimentos y mantenimiento en el sistema correccional. La Junta de Subastas había adjudicado el contrato a Carolina Catering Corporation (CCC). La sentencia valida la decisión de la Junta, confirmando la adjudicación a CCC. Se destaca que la propuesta de CCC fue seleccionada por su experiencia, prioridad a productos locales, mayor beneficio económico proyectado y una oferta superior en alimentos y mantenimiento de instalaciones. La propuesta de TKC fue rechazada por presentar un beneficio económico menor y condicionado, no incluir renovaciones en el precio de alimentos, no ofrecer un plan de trabajo para renovaciones y depender de productos de fuera de Puerto Rico.

Resumen:

Empresas Terrassa, Inc. compareció ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una Resolución del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Dicha Resolución, emitida el 1 de junio de 2021, denegó la solicitud de Terrassa para impugnar una factura de cobro. La factura, emitida en noviembre de 2010 por \$507,656.59, correspondía al consumo de aguas públicas por Terrassa entre agosto de 1997 y septiembre de 2010. El cobro se basó en el uso de una toma superficial de una charca en sus instalaciones de Toa Alta para uso industrial, aplicando una tarifa de \$500 por millón de galones autorizado. Terrassa impugnó la factura administrativamente en diciembre de 2010, iniciando un proceso que incluyó una reconsideración y una vista administrativa en 2017. En la vista se presentó prueba pericial sobre la medición del consumo de agua. El DRNA reafirmó la deuda en 2015 y finalmente declaró No Ha Lugar la impugnación en 2021. Terrassa solicitó la revisión judicial de esta decisión administrativa. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y, por los fundamentos expuestos, confirmó la Resolución recurrida del DRNA.

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El peticionario, Alberto Corretjer Reyes, presentó un recurso de Certiorari. Solicitaba la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución del TPI declaró No Ha Lugar una Solicitud de Relevo de Sentencia bajo la Regla 49.2(c). Esta solicitud de relevo constituía un ataque colateral a una determinación previa sobre Alimentos Ex-Cónyuges. La determinación original del TPI había advinido final y firme al no ser impugnada. El peticionario utilizó en su solicitud de relevo los mismos planteamientos sobre descubrimiento de prueba ya resueltos en el proceso ordinario. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y concluyó que el foro recurrido no actuó de forma arbitraria ni cometió error de derecho al denegar la solicitud de relevo. Por tanto, denegó la expedición del auto de Certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Revisión Administrativa presentado por Pablo Esteves González, confinado. El señor Esteves impugna una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que lo declaró incurso en la violación del Código 109 (contrabando). La infracción se basó en el hallazgo de un aditivo USB para cargar celulares dentro del interruptor de luz de su celda. Como sanción, se le suspendieron varios privilegios por treinta y cinco días. Durante el proceso administrativo, el DCR consideró la evidencia y la posesión constructiva del objeto por parte del confinado. El señor Esteves negó la posesión y alegó que el caso le fue fabricado. Tras una vista y la evaluación del expediente, el DCR lo encontró culpable, determinación que fue reafirmada al denegarse su reconsideración. El confinado acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de la resolución administrativa. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Finalmente, el Tribunal confirmó la determinación administrativa recurrida.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve un recurso de Certiorari presentado por El Monte Town Center, LLC y El Monte Tower, LLC. La parte peticionaria solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución del TPI confirmó un dictamen de un Comisionado Especial. El Comisionado Especial había denegado una Moción Solicitando Descalificación presentada por la parte peticionaria. La moción buscaba descalificar al abogado de la parte recurrida, alegando un conflicto de intereses por representación previa. La parte peticionaria argumentó errores procesales y fácticos en la decisión del TPI al adoptar el informe del Comisionado. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución recurrida del TPI. El caso original trata sobre incumplimiento de contrato, negligencia profesional, daños y disolución de LLC.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de un recurso de apelación contra dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio con controversias sobre pensión alimentaria. El apelante impugna la orden del foro primario que le impuso el pago de \$36,652 por concepto de pensión alimentaria vencida a favor de su hija mayor de edad, fundamentada en equidad. También apela la decisión que dejó sin efecto una sanción económica impuesta a la apelada por incumplimiento con el descubrimiento de prueba. La disputa se originó tras la mayoría de edad de la hija, cuando el padre cesó los pagos sin relevo judicial. La hija reclamó cuantiosas deudas de pensión, alegando ser estudiante universitaria. El padre controvirtió la reclamación, aduciendo acuerdos extrajudiciales, pagos realizados y falta de cooperación de la hija. Tras revisar el historial procesal y las determinaciones apeladas, el Tribunal de Apelaciones acogió el recurso. Por los fundamentos expuestos en su sentencia, el tribunal revocó las resoluciones apeladas del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico los peticionarios Ana M. Torres Vega et al. Solicitan la revocación de una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha sentencia declaró Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria parcial presentada por el Hospital Episcopal San Lucas. En consecuencia, el TPI extendió sumariamente al Hospital la inmunidad y límites de responsabilidad que surgen de la Ley 136-2006. El caso original es una demanda por daños y perjuicios por impericia médico-hospitalaria contra el Hospital y otros codemandados. Los peticionarios alegan negligencia del personal del Hospital en el monitoreo de una paciente tras una cirugía, lo que contribuyó a su muerte. El Hospital argumentó ser un Centro Médico Académico Regional afiliado a la Escuela de Medicina de Ponce, cubierto por la Ley 136-2006. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación recurrida del TPI.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Dianne N. Morales Vázquez contra el Negociado de Seguridad de Empleo (NSE). El recurso de revisión judicial impugna la determinación de inelegibilidad de la recurrente para recibir beneficios de compensación por desempleo. La Sra. Morales renunció a su empleo y posteriormente solicitó los beneficios. Tanto la oficina local del NSE como una Árbitro y el Secretario del Trabajo declararon su inelegibilidad bajo la Ley de Seguridad de Empleo. La recurrente alegó que su renuncia debió ser evaluada como un despido constructivo. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y los dictámenes administrativos. Tras analizar el derecho aplicable, el Tribunal confirmó la decisión administrativa final. Se ratifica así la determinación de que la Sra. Morales no es elegible para los beneficios de desempleo en este caso.

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Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Katiria M. Maldonado Sotomayor solicitando la revocación de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha resolución ordenó el archivo de su querella contra la compañía Sin Gotera. La querella original alegaba incumplimiento en trabajos de impermeabilización de techo y publicidad engañosa por parte de Sin Gotera. El DACo archivó la querella debido a la incomparecencia de la querellante a una vista administrativa. Maldonado Sotomayor solicitó reconsideración, argumentando que su ausencia fue una inadvertencia y que el DACo violó su debido proceso al no apercibirla de las sanciones por incomparecencia. Tras ser denegada la reconsideración, acudió al Tribunal de Apelaciones señalando errores procesales del DACo. Durante el proceso de revisión judicial, surgieron cuestiones sobre la notificación del recurso al DACo. El Tribunal anticipa que procederá a revocar la resolución recurrida del DACo.

Resumen:

Mediante recurso de certiorari, Joel Alberto Colón Rosario solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito. Dicha resolución declaró No Ha Lugar su solicitud de recusaciones motivadas de cuatro candidatas a jurado en su caso por agresión grave. El peticionario argumentó que las candidatas manifestaron en el voir dire que no favorecían las agresiones bajo ninguna circunstancia, lo cual afectaría su capacidad para juzgar imparcialmente, especialmente considerando su posible defensa de legítima defensa. El TPI denegó la solicitud, indicando que las expresiones no estaban contempladas en la Regla 121 de las Reglas de Procedimiento Criminal. Insatisfecho, el señor Colón acudió al Tribunal de Apelaciones alegando violación de derechos constitucionales y procesales. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari, ordenó la paralización de los procedimientos en el TPI y solicitó la regrabación del proceso de desinsaculación del jurado. Tras examinar la minuta y escuchar la regrabación, el Tribunal procede a resolver el recurso.

Resumen:

Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico deniega una petición de Certiorari presentada por Pike Puerto Rico, Inc. Pike buscaba revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia por las alegaciones. El pleito subyacente trata sobre la impugnación de Pike a las notificaciones de patentes municipales emitidas por varios municipios. Pike fue contratada para restaurar la infraestructura eléctrica tras los Huracanes Irma y María. Pike argumenta que la obligación de pagar patentes municipales requiere presencia física y que careció de ella en los municipios demandados, excepto donde pagó (Canóvanas) o estuvo exenta (Río Grande). Solicitó una sentencia declaratoria que invalidara las notificaciones por falta de presencia física. Los municipios habían presentado mociones de desestimación en el foro primario. La denegatoria del Certiorari por el Tribunal de Apelaciones permite que el proceso continúe en el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Resolución judicial emitida por un panel del Tribunal de Apelaciones. El Director Administrativo de los Tribunales recurre en certiorari contra una resolución de la Junta de Personal de la Rama Judicial. Dicha resolución declaró sin lugar un Aviso de Paralización presentado por el Director Administrativo. El aviso se fundamentaba en la paralización automática impuesta por PROMESA. El caso subyacente trata sobre la separación del servicio de un empleado en periodo probatorio. El Director Administrativo alegaba que la Junta de Personal erró al levantar la paralización y que carecía de jurisdicción para atender el caso. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar el recurso presentado. Sin embargo, el tribunal determina desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del propio Tribunal de Apelaciones para atender el asunto.