Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 90)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendiendo una petición de certiorari. El Lcdo. Iván L. Montalvo Burgos, notario y tercero demandado, solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución del TPI denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada por el notario. El pleito original involucra la nulidad de una escritura de donación y una posterior compraventa de un inmueble, con alegaciones de fraude y daños. El notario fue incluido en el caso mediante una demanda contra tercero. Argumentó, entre otras cosas, que no era parte indispensable y que la insuficiencia arancelaria no anulaba el instrumento. El TPI denegó su solicitud de sentencia sumaria y la reconsideración. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari solicitado por el notario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimó un recurso de certiorari presentado por Eulogio Galarza Torres contra el Hospital Caribbean Medical Center. El peticionario impugnaba una determinación del Tribunal de Primera Instancia que le denegó la solicitud de auto representación legal en un caso de daños y perjuicios. Previamente, el Tribunal de Apelaciones había requerido al peticionario que evidenciara la notificación de su recurso tanto al foro primario como a la parte recurrida. Esta notificación es un requisito indispensable para el perfeccionamiento del recurso, según lo dispuesto en la Regla 33 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. A pesar de la orden y el plazo concedido, el peticionario no cumplió con la gestión de notificación. La resolución enfatiza la obligación de cumplir rigurosamente con las normas procesales para el trámite de los recursos en alzada, incluso cuando se comparece por derecho propio. El incumplimiento de la notificación impide el adecuado perfeccionamiento del recurso, justificando su desestimación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre recursos consolidados de revisión administrativa y apelación. Alverio Service Station, Inc., Estrella Services Station, Inc., y To Go Stores, LLC impugnaron permisos otorgados a Sammy Odeh \& Sons, Inc. por la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Caguas para un proyecto de estación de gasolina. Los recurrentes solicitaron sin éxito una revisión administrativa ante la DRA-OGPe para paralizar las obras y anular los permisos. Simultáneamente, instaron un interdicto estatutario en el Tribunal de Primera Instancia, el cual fue denegado, imponiéndoles honorarios de abogado. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos. Tras examinar el caso, el Tribunal confirmó los dictámenes recurridos de la DRA-OGPe y del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia procede a detallar el tracto procesal y los hechos, incluyendo la adquisición de la propiedad y la pre-consulta inicial para la reconstrucción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca in rem. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Caguas demandó a los prestatarios originales por incumplimiento de un préstamo hipotecario de 2013. Los prestatarios informaron que habían vendido la propiedad en 2010, antes de otorgar la hipoteca demandada. El Tribunal de Primera Instancia ordenó incluir a los nuevos dueños (Pagán-Ramos) como codemandados. A pesar de la venta previa, el foro primario dictó sentencia sumaria a favor de la ejecución de hipoteca contra los actuales propietarios. Los codemandados Pagán-Ramos recurrieron esta sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como Certiorari. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determinó que la sentencia sumaria fue errónea. Por tanto, revocó la sentencia recurrida y denegó la moción de sentencia sumaria. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari en un caso de Carta Testamentaria. El peticionario, nombrado albacea de la sucesión del Sr. Rigoberto Figueroa Figueroa, obtuvo cartas testamentarias en 2020. La Fundación Rigoberto Figueroa Figueroa, instituida como única heredera universal, intervino en el proceso ex parte en 2023. La Fundación alegó que el albacea había incumplido su deber de rendir informes trimestrales. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) autorizó la intervención de la Fundación y ordenó al albacea presentar informes trimestrales y copia de los estados de cuenta del caudal. El albacea recurrió ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de estas decisiones. El Tribunal de Apelaciones expidió los autos de Certiorari. Por los fundamentos que expondrá, el Tribunal de Apelaciones revocó los dictámenes recurridos del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari presentado por el Pueblo de Puerto Rico, representado por el Panel de los Fiscales Especiales Independientes (FEI). El recurso buscaba revocar resoluciones del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso contra Mariana Nogales Molinelli, Rita Molinelli Freytes y Ocean Front Villas Corp. El FEI había presentado 51 denuncias por violaciones al Código Penal y al Código de Rentas Internas. En la vista inicial de Regla 6, el TPI solo encontró causa probable contra la señora Nogales Molinelli por dos cargos penales, desestimando los demás. El FEI solicitó una vista de Regla 6 en alzada para todos los cargos. Durante la vista en alzada, se presentó nueva evidencia, y la defensa planteó objeciones sobre la obtención de planillas contributivas y la admisión de una declaración jurada, a las cuales el FEI se opuso. El TPI permitió la presentación de la evidencia de la defensa y anunció que analizaría todos los documentos. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari del FEI.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) mediante recurso de Certiorari. La AMA solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de desestimación. El caso original fue presentado por Lymarie Colón Rodríguez, empleada de la AMA, bajo la Ley de Represalia en el Empleo (Ley 115-1991). La señora Colón Rodríguez alegó ser víctima de represalias por parte de sus supervisores debido a señalamientos y denuncias. El pleito se tramita bajo el procedimiento sumario de reclamaciones laborales. Previamente, el TPI había denegado solicitudes de sentencia sumaria presentadas por ambas partes. La AMA presentó posteriormente la moción de desestimación que fue denegada por el TPI. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari para revisar la decisión del TPI. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida. Esto valida la decisión del TPI de no desestimar el caso, permitiendo que el pleito continúe.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de Certiorari. El peticionario, albacea de una sucesión, solicitó la revocación de dictámenes emitidos por el Tribunal de Primera Instancia. El caso se originó con una petición ex parte del albacea para obtener cartas testamentarias. La Fundación Rigoberto Figueroa Figueroa, instituida como única heredera, solicitó intervenir en el proceso y exigió al albacea la presentación de informes trimestrales sobre su gestión. El Tribunal de Primera Instancia autorizó la intervención de la Fundación y decretó la obligación del albacea de someter informes y estados de cuenta, permitiendo a la heredera examinarlos. El albacea se opuso a la intervención en un proceso ex parte y recurrió las decisiones del foro primario. El Tribunal de Apelaciones expidió los autos de Certiorari solicitados por el albacea. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó los dictámenes recurridos del Tribunal de Primera Instancia.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por LUMA Energy, LLC. LUMA solicitó la revisión de una decisión del tribunal de primera instancia que denegó su moción de desestimación por falta de parte indispensable en un pleito de clase consolidado. El caso subyacente involucra reclamaciones presentadas por consumidores residenciales y comerciales contra LUMA tras un incidente de interrupción del servicio eléctrico en abril de 2022. Los demandantes alegan culpa o negligencia, enriquecimiento injusto, incumplimiento de contrato, dolo y daños, reclamando indemnizaciones significativas. El caso fue presentado inicialmente en el foro local, trasladado al tribunal federal bajo PROMESA, y posteriormente devuelto al tribunal local. LUMA se opuso a la reanudación de los procedimientos en el foro local. Tras examinar los escritos de las partes, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la petición de certiorari de LUMA.

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El Tribunal de Apelaciones emite una resolución sobre una petición de certiorari presentada por Zueé Adorno Rivera y Carlos Figueroa Miranda. Buscan la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso subyacente trata sobre la nulidad de una compraventa, interdicto posesorio y daños, así como alegaciones de dolo, fraude y explotación económica relacionadas con la donación de un inmueble. Los peticionarios alegan que Manuel Adorno Cabrera les donó una propiedad, pero este luego la vendió a otros demandados. Los demandados reconvinieron, alegando que la donación fue producto de fraude y dolo, y que el donante no tuvo intención de donar. Tras la etapa de descubrimiento, los peticionarios solicitaron sentencia sumaria, argumentando falta de prueba de las alegaciones de fraude y dolo. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, lo que llevó a la petición de certiorari que el Tribunal de Apelaciones deniega.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Víctor Del Moral. El Peticionario solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de reconsideración. El caso original fue incoado por Del Moral contra Pro Wheels, Inc. d/b/a Jr. Automotive y Josué Rosa Reyes. La demanda alega daños, dolo contractual y nulidad de contrato relacionados con la compra de un vehículo usado. Del Moral sostiene que el concesionario le mostró un historial falso con bajo millaje (43,658) cuando el real superaba las 100,000 millas al momento de la venta. Alega que esta alteración constituyó fraude y le causó perjuicios. Jr. Automotive negó las alegaciones y presentó una demanda contra tercero contra el vendedor anterior, Roberto E. Ortiz Carpena, indicando que ellos también adquirieron el vehículo con el millaje aparente. La Resolución del Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el Peticionario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso de Wanda I. Rodríguez Colón contra la Junta de Retiro del Gobierno. La recurrente solicitó la revisión judicial de una Resolución de la Junta de Retiro que le denegó beneficios de pensión por edad y años de servicio. La Junta de Retiro también había denegado su solicitud para liquidar sus aportaciones al retiro en un solo pago. La recurrente presentó una Solicitud de Reconsideración ante la Junta, sobre la cual la agencia no actuó. Posteriormente, la recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión judicial. El Tribunal analizó las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme relativas a la revisión judicial y la reconsideración. Se discutió la naturaleza jurisdiccional del término para presentar el recurso de revisión. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de revisión judicial presentado por la señora Rodríguez Colón. La desestimación se fundamenta en cuestiones de jurisdicción, presumiblemente relacionadas con la presentación del recurso fuera del término legal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación presentada por Adalicia Reyes Torres y otros. La apelación impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de julio de 2023. Mediante esa sentencia, el TPI desestimó con perjuicio la demanda de daños de los apelantes, amparado en la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil. La demanda original, presentada en 2005, reclamaba daños por una caída sufrida por la Sra. Reyes Torres al salir de un elevador. El caso fue paralizado en 2013 en espera de la resolución final de un caso de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) relacionado con la caída. En 2020, los demandantes informaron que el caso de la CFSE había cerrado en 2018, y el TPI ordenó la reapertura del pleito. A pesar de la reapertura en 2020, el caso no tuvo movimiento procesal por más de dos años. Ante una nueva solicitud de los demandantes para reanudar, los demandados señalaron la inactividad, lo que llevó al TPI a desestimar con perjuicio por falta de procesamiento. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, Revoca el dictamen apelado del TPI.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. La parte peticionaria, One Alliance Insurance Corporation, solicitó revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución del TPI autorizó el nombramiento de un solo tasador por parte para el procedimiento de valorización (appraisal) ante la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS). El caso original es una demanda por incumplimiento de contrato de seguros relacionada con daños por huracanes, presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Arroyo Beach Resort y otros. El TPI había referido el caso al proceso de appraisal de la OCS conforme a la Ley 242-2018. Surgió una controversia sobre la cantidad de tasadores que One Alliance podía nombrar, ya que presentó cuatro mientras la parte recurrida nombró uno. El TPI resolvió que solo se permitía un tasador por parte y apercibió a One Alliance. One Alliance impugnó esta decisión, argumentando que una comunicación previa de la OCS permitía múltiples tasadores por parte. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición de certiorari y la oposición. Finalmente, el Tribunal resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por One Alliance.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. El Pueblo de Puerto Rico interpuso un recurso de Certiorari contra la resolución que halló no causa probable para procesar a Kreishmarley Santiago Sagastivelsa. La señora Santiago Sagastivelsa enfrentaba cargos por maltrato agravado bajo la Ley 54 y violación a la Ley de Armas por hechos ocurridos en 2021. La defensa alegó incapacidad mental al momento de los hechos. Tras una vista preliminar y una vista en alzada, el foro primario concluyó que no existía causa probable por razón de insanidad mental. Esta determinación se produjo luego de que el tribunal ordenara una evaluación de capacidad mental conforme a la Regla 24 de Procedimiento Criminal. El Ministerio Público solicitó reconsideración de la determinación de no causa, la cual fue denegada. El recurso de Certiorari busca la revisión de la conclusión del tribunal de instancia sobre la falta de causa probable basada en la condición mental de la apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre una petición de Certiorari. Los peticionarios, John Hanratty y otros, solicitaron revisar una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de daños y perjuicios, apropiación ilegal y enriquecimiento injusto contra Thomas R. McOsker y otros. La orden del TPI, del 14 de octubre de 2023, declaró pertinente información de descubrimiento solicitada y ordenó su cumplimiento. Esta decisión se produjo tras disputas sobre el descubrimiento de prueba, donde los peticionarios se habían opuesto a extensos requerimientos. El TPI había impuesto sanciones previamente por incumplimiento, aunque luego reconsideró. Tras mantener el TPI su orden de cumplimiento y denegar la reconsideración, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones. Evaluados los escritos de las partes, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar el auto de Certiorari solicitado.

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Comparece la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) ante el Tribunal de Apelaciones en revisión administrativa. La OCPR solicitó la revocación de una Resolución Final de su Junta de Apelaciones. Dicha Resolución modificó una medida disciplinaria impuesta por la OCPR a un empleado, Ángel L. Cardona Sáez. La OCPR había suspendido al empleado por tres días sin sueldo por insubordinación. La insubordinación consistió en negarse a registrar su asistencia como vacaciones durante un cierre de oficinas por ataque cibernético. La Junta de Apelaciones confirmó la insubordinación pero sustituyó la suspensión por una amonestación verbal. Además, ordenó a la OCPR eliminar la suspensión del expediente y restituir el dinero y las licencias. La OCPR apeló esta modificación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, confirmó la Resolución Final recurrida.

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El panel deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por One Alliance Insurance Corporation. La aseguradora recurrió una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó nombrar un solo tasador para un procedimiento de valorización (appraisal) ante la Oficina del Comisionado de Seguros. Este proceso de appraisal surge de una reclamación por incumplimiento de contrato de seguros relacionada al Huracán María, donde el caso judicial fue paralizado y referido al procedimiento administrativo conforme a la Ley Núm. 242-2018. La controversia se centró en la cantidad de tasadores que One Alliance podía nombrar, luego de que la parte recurrida (Consejo de Titulares) objetara el nombramiento de múltiples tasadores por la aseguradora. El TPI, en reconsideración, limitó a One Alliance a un solo tasador y excluyó a un abogado específico. One Alliance argumentó que el TPI erró al adjudicar una controversia sobre la interpretación de una carta normativa de la OCS dentro de un procedimiento administrativo aún pendiente. El tribunal apelativo, tras examinar la solicitud y la oposición, resuelve no expedir el auto.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución sobre un recurso de Certiorari presentado por un miembro de la Asociación de Residentes de Estancias de Cidra, Inc. (AREC). El recurso busca revisar dos Órdenes del Tribunal de Primera Instancia de Caguas emitidas en noviembre de 2023 en un caso sobre injunction y daños. Dichas órdenes denegaron la autorización para una Demanda Contra Terceros y Coparte presentada por AREC y declararon Ha Lugar una solicitud de cambio de representación legal de la asociación. La demanda original fue presentada por José Rafael Arrieta Igartúa contra la Junta de Directores de AREC y otros. AREC intentó traer como terceros demandados a otros residentes y como coparte al Municipio de Cidra, alegando daños y permisos concedidos. El Municipio se opuso a la demanda contra tercero por extemporánea. La solicitud de cambio de representación surgió cuando la Junta de AREC deseó cambiar de abogado. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de Certiorari.

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César I. Álvarez Rohena compareció ante el Tribunal Apelativo para revisar una decisión del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). El DTRH lo declaró inelegible para recibir beneficios de desempleo. La inelegibilidad se basó en la determinación de que el señor Álvarez Rohena había abandonado su empleo sin justa causa. Tras una solicitud de audiencia y apelaciones administrativas, el DTRH confirmó su decisión inicial. En reconsideración, el DTRH denegó la solicitud, señalando la no comparecencia del recurrente a la vista administrativa. El señor Álvarez Rohena acudió al Tribunal Apelativo, argumentando que no abandonó su trabajo sino que estuvo ausente por motivos de salud y dificultades al reincorporarse. El Tribunal Apelativo, tras revisar el expediente, confirmó la decisión administrativa recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones emite una resolución sobre una Petición de Certiorari presentada por Héctor Rodríguez Blázquez. El peticionario solicita revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de inhibición contra el juez que preside su caso. Dicho pleito fue incoado por el señor Rodríguez Blázquez contra múltiples recurridos por persecución maliciosa y difamación. El peticionario alega que los recurridos promovieron una demanda federal con alegaciones falsas y acudieron a los medios de comunicación. El foro primario determinó que las acciones del juez no demostraban un ánimo prejuiciado o parcializado suficiente para justificar la inhibición. Tras la presentación del recurso de Certiorari, el Tribunal de Apelaciones concedió término a los recurridos para expresarse. Varios recurridos presentaron oposición, solicitando que se deniegue la expedición del auto o se confirme la resolución apelada. La presente resolución detalla el historial procesal del recurso ante el Tribunal de Apelaciones.

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Patheon Puerto Rico, Inc. (Thermo Fisher) comparece ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de Certiorari. Solicita la revisión de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. El caso subyacente fue presentado por Alexis Fernando Nieves Viera bajo la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales. El señor Nieves Viera alegó despido injustificado y represalias por quejas y la radicación de cargos de discrimen. Patheon sostuvo que el despido fue por justa causa debido a un patrón de conducta impropia y violaciones a políticas. Patheon presentó una Moción de Sentencia Sumaria con ochenta y dos hechos alegadamente incontrovertidos. El recurrido se opuso, admitiendo algunos hechos pero controvirtiendo otros, y desistió de su reclamo por discrimen por edad. El TPI denegó la sentencia sumaria al determinar que existían hechos materiales en controversia. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado por Patheon.

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Richard Machado Ortiz presentó un auto de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar tres órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre declaración de incapacidad y nombramiento de tutor para su madre, Norma A. Ortiz Colón. Las órdenes impugnadas se refieren a la conformidad de un informe de CPA, la presentación de un informe fiscal y la comparecencia de un perito, y la denegación de remedios de debido proceso y la solicitud de un tutor provisional. El caso se inició en 2020 y ya había sido objeto de una apelación previa donde el Tribunal de Apelaciones ordenó medidas cautelares provisionales. El Tribunal de Primera Instancia había denegado la solicitud de tutor provisional indicando que la incapacidad aún no estaba demostrada. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar el auto de certiorari solicitado por el señor Machado Ortiz.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la división de bienes gananciales tras un divorcio. La apelante impugna una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que declaró privativa la pensión de seguro social federal del apelado. La controversia surge de la reclamación de un crédito por pagos hipotecarios realizados durante el matrimonio sobre una propiedad privativa del esposo. La apelante alegaba que dichos pagos se hicieron con ingresos de seguro social, los cuales consideraba gananciales. El apelado, por su parte, sostenía que su pensión de seguro social era privativa. El foro primario concluyó que la pensión era privativa, basándose en que no está sujeta a embargos. La apelante solicitó reconsideración, argumentando errores de procedimiento y de derecho, la cual fue denegada. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la sentencia parcial recurrida. El dictamen resuelve la clasificación legal de la pensión de seguro social federal en el contexto de la sociedad de gananciales en Puerto Rico.

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Se presenta la resolución de un panel del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El peticionario, Héctor Rodríguez Blázquez, solicitó un auto de Certiorari para revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI declaró No Ha Lugar su solicitud para enmendar una Demanda por daños y perjuicios. La Demanda original es por persecución maliciosa y difamación contra varios recurridos. El peticionario alegó que los recurridos promovieron una demanda federal con alegaciones falsas y acudieron a los medios de comunicación. La enmienda propuesta buscaba cambiar la identificación de los recurridos y añadir alegaciones sobre el Plan de Salud del Gobierno y Triple-S. El TPI denegó la enmienda por considerar que causaría perjuicio a los recurridos. El Tribunal de Apelaciones detalla el historial procesal del recurso de Certiorari. Se han recibido las oposiciones de los recurridos a la expedición del auto solicitado.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202200518. El apelante, Miguel Skerrett Fuentes, recurre de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo. Dicha sentencia lo condenó a veinte años de reclusión bajo régimen de sentencia suspendida por tentativa de asesinato en primer grado, según el Artículo 93(a) del Código Penal. El documento detalla el historial procesal del caso, incluyendo las vistas de causa probable, preliminar, preliminar en alzada y el juicio en su fondo. Se menciona que el apelante renunció al juicio por jurado y el caso fue visto por Tribunal de Derecho. Durante el juicio se presentó prueba testimonial y documental. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por el señor Skerrett Fuentes. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Ayson Soto González contra FMC Agricultural Caribe Industries, LTD. El apelante recurre de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reclamación por despido injustificado y represalias. Soto González alegó que su despido, ocurrido tras quejarse de ser grabado por cámaras de seguridad, fue injusto y violatorio de las Leyes 80 y 115. Presentó una querella bajo el procedimiento sumario, solicitando compensación y restitución a su empleo. FMC contestó que el despido se debió a un patrón de conducta impropia constitutiva de hostigamiento sexual, no a represalias. La empresa solicitó sentencia sumaria, argumentando la existencia de justa causa para el despido. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la solicitud de FMC, desestimando la demanda del apelante. Soto González se opuso, argumentando que la investigación de FMC fue incompleta y parcializada. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada, validando la desestimación de la reclamación por despido injustificado.

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El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra que revocó el privilegio de libertad bajo palabra de Ernesto Rosado Rosado. La Junta fundamentó su decisión en la transgresión de las Condiciones 9 y 12 del certificado de libertad. Estas condiciones exigen buena conducta y abstenerse de cometer delitos, y permiten la revocación si el privilegio es incompatible con el bienestar público o personal. La revocación se basó en alegaciones de violencia doméstica por parte de la expareja consensual del recurrente, quien estaba embarazada. Según el informe, la expareja denunció haber sido agredida físicamente y sufrir maltrato psicológico constante. Estos hechos llevaron a que la expareja solicitara y obtuviera una orden de protección bajo la Ley Núm. 54, que incluyó una orden de desalojo. Tras estos eventos, la Junta ordenó el arresto y reingreso del recurrente a prisión. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso, confirma la decisión administrativa de la Junta de revocar la libertad bajo palabra.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El peticionario, Luis Fernando Vilá Calderón, impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de liquidación de comunidad de bienes con Alma Maite Canela Castillo. La controversia principal gira en torno a una propiedad inmueble adquirida por el peticionario antes del matrimonio. Durante la vigencia de la sociedad de gananciales, se realizaron mejoras y pagos hipotecarios sobre dicho inmueble con fondos gananciales. Tras el divorcio, surgió una disputa sobre el carácter privativo o ganancial de la propiedad y los créditos correspondientes. El Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución que incorporó los argumentos de la parte recurrida como normativa aplicable. El peticionario solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Ante ello, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari. La parte recurrida se opuso a la expedición del auto. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de Certiorari solicitado y revoca la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una Petición de Certiorari presentada por Pepe Abad, Inc. La petición busca revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. Dicha resolución declaró no ha lugar una Moción de Sentencia Sumaria presentada por Pepe Abad. El caso subyacente es una Querella sobre despido injustificado incoada por Edward Berríos Green contra Pepe Abad. El señor Berríos Green reclama mesada por despido sin justa causa. Pepe Abad contestó la querella alegando que el despido fue por justa causa. Tras el descubrimiento de prueba, Pepe Abad solicitó sentencia sumaria argumentando la ausencia de controversia de hechos materiales. El señor Berríos Green se opuso, sosteniendo que existía controversia sobre la justificación del despido. El tribunal de instancia identificó hechos en controversia y denegó la sentencia sumaria, pautando una conferencia con antelación al juicio. Pepe Abad recurrió entonces al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202301037. Caduceus Health, Inc. solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. El caso subyacente fue incoado por Carla P. Espinet Crespo contra Caduceus por alegado hostigamiento sexual, represalias y despido injustificado. La recurrida alegó haber sufrido hostigamiento por parte del presidente de la empresa y haber sido despedida tras reportarlo. Caduceus sostuvo que el despido fue por causas justificadas ajenas a las alegaciones. El TPI denegó la sentencia sumaria al considerar que persistían controversias sobre hechos materiales que requerían juicio. Tras examinar el escrito y apéndice del peticionario, el Tribunal de Apelaciones decidió denegar la expedición del auto de certiorari. Con esta decisión, se confirma la determinación del TPI y el caso continuará su trámite en el foro primario para dilucidar los hechos en juicio plenario.

Resumen:

Se trata de un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Harry A. Pagán Berríos. El apelante busca la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que resolvió un caso de liquidación de comunidad de bienes a favor de Stephanie I. Zapata. El foro primario declaró en rebeldía al apelante y concedió los remedios solicitados por la apelada, incluyendo la liquidación de un inmueble y el reconocimiento de créditos por pagos hipotecarios. El apelante argumenta que la Sentencia es nula porque no fue debidamente emplazado, lo que impidió al tribunal adquirir jurisdicción sobre su persona. La apelada había iniciado el proceso solicitando la liquidación de un bien inmueble adquirido en comunidad durante una relación consensual. Tras solicitar la anotación de rebeldía, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia ordenando la venta de la propiedad y el reembolso de pagos a la apelada. El apelante basa su apelación en la violación al debido proceso por falta de acreditación del emplazamiento conforme a derecho. El documento anticipa que el Tribunal de Apelaciones considera que el apelante tiene razón y procede revocar la sentencia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión. JCA Hospitality Corp. apeló una recomendación negativa del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) sobre una evaluación ambiental para un proyecto de construcción en el Viejo San Juan. El ICP recomendó negativamente el proyecto por su intensidad y ubicación histórica, requiriendo una nueva solicitud y señalando incumplimiento reglamentario. El Tribunal examina su jurisdicción para atender recursos de revisión contra actos administrativos. Se establece que la jurisdicción se limita a revisar órdenes o resoluciones finales de las agencias, una vez agotados los remedios internos. La recomendación del ICP se considera un comentario o acción interlocutoria dentro del proceso de evaluación ambiental gestionado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE). Dado que la OGPE no había emitido una decisión final sobre la evaluación ambiental al momento de presentar el recurso, este fue prematuro. La falta de una decisión final revisable impide al Tribunal ejercer su función revisora. Por consiguiente, el recurso de revisión es desestimado por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo recursos de certiorari consolidados (KLCE202301102 y KLCE202301129). El caso original proviene del Tribunal de Primera Instancia de Caguas (E PE2012-0046) y trata sobre un injunction clásico entre vecinos colindantes. Las partes son BAS Properties, Inc. y Miguel Ortiz / MAO \& Associates Investment, Inc. BAS demandó a Ortiz/MAO alegando que un muro construido obstruía un canal pluvial y una servidumbre de acueductos, causando riesgo de inundaciones. BAS sostuvo ser el predio dominante y el de Ortiz/MAO el sirviente respecto a la servidumbre. Ortiz/MAO reconvino alegando daños por obras negligentes de BAS. Ambas partes presentaron mociones de sentencia sumaria ante el foro primario. El Tribunal de Primera Instancia denegó ambas mociones mediante Resolución. BAS y Ortiz/MAO recurrieron en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra dicha denegatoria. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos, expidió el auto de certiorari y modificó el dictamen recurrido.

Resumen:

Un panel de jueces consideró un recurso de Certiorari presentado por Triple-S Propiedad, Inc. La aseguradora solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. El caso subyacente involucra una demanda de PRIDCo contra Motopac, Defpac y Triple-S por daños a una propiedad arrendada y daños ambientales causados por un incendio y derrame. Motopac y Defpac también demandaron a terceros por costos relacionados, y los casos fueron consolidados. Triple-S argumentó en sus mociones de sentencia sumaria que los daños reclamados no estaban cubiertos por la póliza de seguro, específicamente por tratarse de daños ambientales expresamente excluidos. PRIDCo y los asegurados se opusieron a las mociones, disputando la aplicabilidad de las exclusiones. Tras examinar el expediente, el panel denegó expedir el auto de Certiorari solicitado. Con esta acción, se confirmó la decisión del TPI de no dictar sentencia sumaria a favor de Triple-S.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve dos recursos de Certiorari consolidados. Las partes son BAS Properties, Inc. y Miguel Ortiz junto a MAO & Associates Investment, Inc., vecinos colindantes en Caguas. El litigio original inició con una demanda de BAS solicitando un injunction para detener la construcción de un muro. BAS alegó que el muro obstruía un canal pluvial y una servidumbre de acueductos existente en su propiedad, de la cual es predio dominante. Ortiz y MAO presentaron una reconvención reclamando daños por obras negligentes de BAS. El Tribunal de Primera Instancia ordenó inicialmente paralizar la construcción del muro. Posteriormente, el foro primario denegó las mociones de sentencia sumaria presentadas por ambas partes. BAS y Ortiz/MAO recurrieron en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra dicha denegatoria. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y modificó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Peticionarios acuden al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para impugnar resoluciones del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Solicitan revocar las órdenes del TPI que denegaron su moción de reconsideración en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El litigio se originó por una sentencia de 2017 que ordenó el pago de una deuda garantizada con una propiedad. Dicha propiedad fue finalmente vendida en pública subasta en agosto de 2023. Los peticionarios se opusieron a la ejecución alegando falta de notificación y procedimiento incorrecto, especialmente por el tiempo transcurrido desde la sentencia. El TPI desestimó sus argumentos y denegó la reconsideración. Ante el Apelativo, los peticionarios alegan que el TPI erró al ordenar la ejecución sin justificación bajo la Regla 51. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la solicitud, resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en un recurso de certiorari presentado por la Asociación de Residentes de Estancias de Cidra y otros. El recurso buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas que denegó una moción de sentencia sumaria. Dicha moción fue presentada por los peticionarios en un caso sobre alegadas violaciones a condiciones restrictivas y reclamación de daños. Los peticionarios argumentaron la prescripción de los reclamos y la falta de legitimación activa del demandante. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción sin detallar adecuadamente los hechos controvertidos. El Tribunal de Apelaciones determinó que la resolución recurrida era deficiente por no desglosar los hechos conforme a la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones expidió el certiorari y revocó la resolución del foro primario. Se ordenó la devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia para que emita una nueva resolución cumpliendo con los requisitos procesales.

Resumen:

Un pleito de impericia médica fue presentado contra varios demandados, incluyendo al Dr. Luis F. García Paredes, alegando que negligencia causó un fallecimiento. Inicialmente, los demandantes reclamaron daños por herencia y sufrimientos propios. Posteriormente, solicitaron enmendar la demanda para incluir una reclamación por lucro cesante. El Tribunal de Primera Instancia autorizó esta enmienda, desestimando objeciones de que la nueva reclamación estaba prescrita. El Dr. García Paredes acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari, argumentando que el TPI erró al permitir una enmienda para una causa de acción nueva y extemporánea. La resolución del Tribunal de Apelaciones discute la naturaleza del certiorari y sus criterios. Destaca que la autorización del TPI se basó en que la reclamación por lucro cesante surge del mismo núcleo de hechos que la demanda original. Esto permite que la enmienda se retrotraiga a la fecha de presentación inicial, evitando la prescripción. El razonamiento de la resolución apoya la decisión del TPI de permitir la enmienda.

Resumen:

El documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari en el caso de Barquín International Corporation contra la Asociación de Maestros de Puerto Rico. El caso subyacente es una reclamación de daños y perjuicios presentada por Barquín contra la AMPR a raíz de una inundación causada por la rotura de una tubería en una propiedad arrendada. Barquín alega daños sustanciales a la propiedad y pérdidas por interrupción de negocio. La AMPR niega negligencia e invoca una cláusula de relevo de responsabilidad en el contrato de arrendamiento. Ambas partes solicitaron sentencia sumaria ante el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario denegó ambas solicitudes, identificando varios hechos materiales en controversia. Estos hechos incluyen la propiedad específica dañada, la magnitud de los daños, la previsibilidad del estado del tubo, el acto u omisión de la AMPR y su nexo causal, y la cobertura de seguro. La AMPR acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para revocar la resolución del foro primario que denegó la sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. El peticionario, Juan W. Howe Hernández, solicitó revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución, emitida el 18 de diciembre de 2023, denegó su solicitud de costas y honorarios de abogado. Howe Hernández reclamaba ser la parte prevaleciente en una demanda incoada por Antonio L. Iguina González. La demanda original de Iguina González alegaba persecución maliciosa y abuso del derecho por parte de Howe Hernández. Se detallaban pleitos anteriores supuestamente frívolos y una solicitud de orden de protección desestimada. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la determinación. No obstante, el panel confirmó la Resolución recurrida. En consecuencia, se mantuvo la denegatoria del pago de costas y honorarios de abogado a Howe Hernández.

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Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en un caso sobre Ley de Represalias y otros. La Junta de Retiro y el Lcdo. Luis M. Collazo Rodríguez apelaron el dictamen. El pleito original fue incoado por Carina Medina Morales y Solanya Vargas González, quienes alegaron despido injustificado sin debido proceso, represalias, discrimen político y por edad. El TPI denegó la solicitud de sentencia sumaria del Lcdo. Collazo en su carácter oficial y la de las demandantes. Concedió parcialmente la solicitud de la Junta de Retiro, desestimando las causas de acción por debido proceso, discrimen por edad y político. No obstante, el TPI se negó a desestimar las alegaciones de represalias y acoso laboral contra la Junta. El foro inferior razonó que las demandantes no tenían derecho a debido proceso al no completarse la reclasificación de sus puestos a carrera por falta de aprobación de la OGP. Tras examinar los recursos consolidados, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial recurrida.

Resumen:

Continium Care Solutions, Inc. presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra la Administración de Servicios Médicos (ASEM). Continium impugnó la decisión de ASEM de adjudicar una solicitud de propuestas de servicios profesionales a Management Consultant & Computer Services, Inc. (MCCS). El proceso de contratación se llevó a cabo de manera extraordinaria bajo un estado de emergencia declarado por ASEM, ante la expiración del contrato previo para servicios hospitalarios esenciales. ASEM solicitó propuestas informales a tres empresas con experiencia relevante, incluyendo a Continium y MCCS. Tras evaluar las propuestas, ASEM seleccionó la de MCCS por considerarla de mejor valor. Continium alegó que la decisión de ASEM fue arbitraria, caprichosa e irrazonable. El Tribunal de Apelaciones, mediante sentencia, desestimó el recurso de revisión judicial presentado por Continium.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre Ley de Represalias y otros. Las recurridas, ex-empleadas de la Junta de Retiro, demandaron tras ser despedidas, alegando falta de debido proceso, represalias, discrimen político y por edad. El TPI denegó la solicitud de sentencia sumaria de las demandantes y del codemandado Collazo en su carácter oficial. Concedió parcialmente la solicitud de sentencia sumaria de la Junta de Retiro. El TPI desestimó las causas de acción de debido proceso, discrimen por edad y político. Mantuvo las causas de represalias y acoso laboral. El foro inferior razonó que las demandantes no tenían derecho a debido proceso porque sus puestos no fueron reclasificados a carrera. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia recurrida.

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Se resuelve una apelación presentada por Belkys González Santiago contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. La Sentencia apelada desestimó un recurso de Mandamus incoado por la señora González Santiago contra la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y el Estado Libre Asociado. La apelante, exempleada de la AEE transferida a la CFSE, alegó haber sido reubicada incorrectamente en un puesto no gerencial y unionado. Solicitó mediante Mandamus que se le colocara en el puesto gerencial correspondiente según el Memorando Especial Núm. 13-2021 de la OATRH. La CFSE y el ELA argumentaron que la apelante tenía un remedio adecuado en ley ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) para impugnar la movilidad. Sostuvieron que la apelante no utilizó dicho remedio administrativo dentro del término de 30 días provisto por la Ley Núm. 8-2017. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el Mandamus al concluir que existía un remedio adecuado no utilizado. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestima el recurso de apelación. La desestimación en apelación se fundamenta en la falta de jurisdicción por incumplimiento con la Regla 14(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por Blue Waters Charters, LLC, Vieques Air Link, Inc. y Starr Indemnity & Liability Company. Los apelantes impugnaron una Sentencia Parcial sumaria del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de daños y perjuicios y subrogación. La demanda original fue incoada por la madre y el hermano de Samuel Galarza Guzmán, fallecido en un accidente aéreo en 2020 mientras realizaba un vuelo de prueba. Los demandantes reclamaron compensación por daños y perjuicios alegando negligencia de los demandados. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) se unió al pleito en subrogación para recuperar los beneficios pagados a la madre del obrero. El foro primario había desestimado sumariamente la causa de acción contra Blue Waters, pero determinó la existencia de controversias de hechos medulares respecto a los demás codemandados. Los apelantes solicitaron la revocación parcial de dicho dictamen. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial sumaria apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio en precario. La apelante, Sandra Pagán Rivera, heredera de una propiedad, solicitó la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró con lugar la demanda de desahucio contra María Virginia Del Rosario Santana, la apelada. Sin embargo, el foro primario condicionó el desalojo al pago por los dueños de \$26,000 por mejoras y \$40,000 por daños a la apelada, más intereses. La apelada se defendió alegando un conflicto de título, el valor de las reparaciones realizadas a la propiedad abandonada y en mal estado, y la existencia de un contrato de opción de compra. Explicó que ocupó la propiedad tras encontrarla deshabitada y contactar a una de las herederas. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen del foro de instancia. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar en parte la sentencia apelada. Finalmente, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada, pero con las modificaciones realizadas por el apelativo. El caso refleja un largo y complejo proceso judicial sobre la posesión del inmueble.