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Peticionarios acuden al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para impugnar resoluciones del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Solicitan revocar las órdenes del TPI que denegaron su moción de reconsideración en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El litigio se originó por una sentencia de 2017 que ordenó el pago de una deuda garantizada con una propiedad. Dicha propiedad fue finalmente vendida en pública subasta en agosto de 2023. Los peticionarios se opusieron a la ejecución alegando falta de notificación y procedimiento incorrecto, especialmente por el tiempo transcurrido desde la sentencia. El TPI desestimó sus argumentos y denegó la reconsideración. Ante el Apelativo, los peticionarios alegan que el TPI erró al ordenar la ejecución sin justificación bajo la Regla 51. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la solicitud, resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.