Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 8)

Resumen:

El 5 de mayo de 2025, un panel de jueces emitió una sentencia en respuesta a un recurso de certiorari presentado por Ezequiel Soto Bonilla. El Sr. Soto solicitaba la anulación de una sentencia de tres años de prisión, impuesta por violación a la Ley de Sustancias Controladas, para que fuera reducida a dos años, alegando circunstancias atenuantes que desconocía al declararse culpable. Sin embargo, el tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción. La decisión se fundamentó en el incumplimiento del Peticionario con la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Específicamente, el Sr. Soto no incluyó la sentencia impugnada en el Apéndice de su recurso, un requisito esencial para que el tribunal pudiera examinar los méritos del caso. El documento subraya que la jurisdicción es un poder fundamental de los tribunales y su ausencia es insubsanable, haciendo nula cualquier sentencia dictada sin ella. La observancia de los requisitos procesales es crucial para la revisión apelativa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones, Panel V, emite una resolución denegando un recurso de certiorari presentado por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La AAA solicitó la revisión de dos determinaciones del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, que le negaron la presentación de prueba adicional fuera del término de descubrimiento. El foro primario fundamentó su decisión en que la AAA no demostró justa causa para la presentación tardía de dicha prueba. El caso original es una demanda por daños y perjuicios interpuesta por Anthony Martínez Quintero contra la AAA, el Municipio de San Juan (posteriormente desestimado) y otros. Martínez Quintero alegó haber sufrido daños físicos y mentales al caer en una alcantarilla sin tapa que, según él, pertenece a la AAA. El Tribunal de Primera Instancia había establecido el 30 de noviembre de 2024 como fecha límite para la conclusión del descubrimiento de prueba. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó las decisiones del foro primario, denegando así el certiorari de la AAA.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia en respuesta a un recurso de certiorari presentado por la Sucesión Alex Ortiz Ortiz y Yessica Ivette Bernardi Maldonado. Los peticionarios buscaban revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de relevo de sentencia, la cual alegaba la nulidad de una sentencia previa. Argumentaron que la sentencia era nula por incumplimiento del debido proceso de ley, específicamente porque dos codemandadas eran menores de edad y no se obtuvo autorización judicial para la prórroga de un contrato de opción de compra. Además, señalaron confusión de derechos y la omisión de una parte indispensable, el Banco Popular de PR. El Tribunal de Apelaciones, tras recordar la naturaleza discrecional y extraordinaria del certiorari y los criterios para el relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, evaluó la actuación del foro primario. Concluyó que el remedio de relevo de sentencia no es una vía para dilucidar cuestiones sustantivas no presentadas en su momento. Por consiguiente, el Tribunal expidió el auto de certiorari pero confirmó la determinación recurrida, manteniendo la denegación del relevo de sentencia por parte del Tribunal de Primera Instancia.

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Un panel judicial, con el Juez Salgado Schwarz como ponente, emitió una sentencia el 5 de mayo de 2025, confirmando una Sentencia Parcial previa. Norma Figueroa García apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, que había desestimado con perjuicio su demanda por daños y perjuicios y violación de derechos civiles. La desestimación original se basó en la falta de jurisdicción sobre el Concilio de Iglesias de Cristo Misioneras, Misión Internacional, Inc., y otros codemandados. La señora Figueroa había presentado su demanda inicial el 2 de agosto de 2024, y posteriormente la enmendó para incluir a los cónyuges de los demandados. El proceso se complicó por la expedición de los emplazamientos, con el tribunal de instancia advirtiendo a la apelante sobre su deber de someter los formularios debidamente cumplimentados y la continuidad de los plazos procesales. Los demandados solicitaron la desestimación por falta de jurisdicción, alegando que los emplazamientos no cumplían con los requisitos mínimos de la Regla 4.4 de Procedimiento Civil y el Art. 12.01 de la Ley General de Corporaciones. Aunque la señora Figueroa argumentó que los defectos eran subsanables, el Tribunal de Primera Instancia había reiterado la importancia del cumplimiento de los plazos. Finalmente, el tribunal apelativo ratificó la decisión de desestimación por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, mediante Resolución del 5 de mayo de 2025, denegó una Petición de Certiorari presentada por Gilberto Vázquez García, Iris M. Collazo Vázquez y su sociedad legal de gananciales. Los peticionarios solicitaron la revisión de tres dictámenes emitidos por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Guayama. Uno de ellos, una Orden del 18 de febrero de 2025, declaró "No Ha Lugar" una solicitud de término para presentar una réplica y ordenó la eliminación de una réplica ya presentada por co-demandados. Otro dictamen, una Resolución del 25 de febrero de 2025, desestimó la reclamación de los peticionarios sobre el derecho de propiedad o posesión de un instrumento, incluyendo la rescisión de una negociación, al considerarla prescrita bajo la Ley de Transacciones Comerciales. La tercera decisión, una Orden también del 25 de febrero de 2025, refirió el caso al Centro de Mediación Compulsoria. El recurso de certiorari se originó de una demanda de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria presentada por Apex Bank en abril de 2022 contra los peticionarios, alegando incumplimiento de pago desde agosto de 2021. Los peticionarios, en su reconvención, negaron las alegaciones y acusaron a Apex Bank de mala fe y de no aplicar correctamente los pagos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un recurso de revisión administrativa presentado por Jaime Martí Llera contra el Departamento de Hacienda. Martí impugnó una resolución de la Oficina de Apelaciones Administrativas del Departamento de Hacienda (OAADH) que declaró "No Ha Lugar" su querella. Dicha querella buscaba la prescripción de una deuda contributiva de 2013, ascendente a más de $212,000, argumentando que nunca recibió una notificación adecuada de la tasación. La OAADH, a su vez, había confirmado la determinación del Negociado de Servicio al Contribuyente, la cual sostenía que la deuda fue tasada y notificada correctamente dentro del término legal, por lo que no había prescrito. Martí alegaba que la falta de notificación invalidaba la tasación y forzaba la conclusión de que el término para tasarla estaba prescrito conforme al Código de Rentas Internas. El caso tiene un historial de trámites administrativos, incluyendo un recurso de revisión anterior que fue desestimado por prematuro, redirigiendo el reclamo de Martí a la división administrativa correcta. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen recurrido, ratificando que la deuda no está prescrita.

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El Tribunal de Apelaciones denegó un recurso de certiorari criminal presentado por Daniel De Armas Ayala, quien solicitaba la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha Resolución había declarado Ha Lugar una moción del Ministerio Público para incluir un nuevo testigo y prueba documental en un juicio por delitos relacionados con la Ley de Armas. La solicitud del Ministerio Público se fundamentó en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (Pueblo v. Meléndez Monserrate, 2024), que eliminó la presunción de ausencia de licencia de armas, obligando al Estado a probar activamente este elemento. El peticionario argumentó que la fiscalía ya conocía esta obligación desde un precedente anterior (Pueblo v. Colón González, 2022) y que la inclusión tardía del testigo le causaba perjuicio. Sin embargo, el foro primario determinó que la intervención del testigo no vulneraba los derechos constitucionales del peticionario, dado que la evidencia y el testigo fueron anunciados con antelación y el juicio fue pospuesto. Tras evaluar los señalamientos de error, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el foro primario no erró ni abusó de su discreción al permitir la inclusión del testigo. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones declaró No Ha Lugar el auxilio de jurisdicción solicitado y denegó la expedición del auto de certiorari, confirmando la decisión del tribunal inferior.

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El Tribunal de Apelaciones denegó expedir un auto de certiorari solicitado por la Sra. María Del Lourdes Bergantiños. La peticionaria buscaba la revisión de una Resolución Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, notificada el 10 de enero de 2025, que declaró "No Ha Lugar" su Solicitud de Desestimación. El caso original inició con una demanda de la Sra. Sonia Kaba Kaba contra la Sra. Betsianne Sebelén Corujo por cobro de dinero y daños y perjuicios, alegando el mal estado de una propiedad tras un desahucio y la apropiación de bienes. La Sra. Sebelén contestó la demanda y reconvino, alegando hostigamiento y solicitando daños. Posteriormente, la Sra. Sebelén presentó una Demanda Contra Tercero contra la Sra. Bergantiños, nuera de la demandante original, acusándola de solicitar personalmente el corte de servicios de agua haciéndose pasar por la Sra. Kaba. La Sra. Bergantiños solicitó la desestimación de esta demanda de tercero, argumentando que estaba prescrita. Al denegar el auto de certiorari, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del foro primario de permitir que la Demanda Contra Tercero contra la Sra. Bergantiños continúe su curso.

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Un recurso de Revisión Administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel V, aborda la impugnación del Consejo de Titulares y la Junta de Directores del Condominio Torre San Miguel (recurrente) contra una Resolución Sumaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha resolución, notificada el 2 de octubre de 2024, declaró parcialmente "Ha Lugar" una querella presentada por Juan Howe Hernández y Claryssa Correa Márquez (recurridos). El DACo ordenó a la Junta de Directores entregar diversos documentos solicitados y pagar $1,000 en honorarios de abogado. La controversia se originó el 14 de julio de 2022, cuando los recurridos querellaron ante el DACo la falta de entrega de documentos relacionados con la administración y finanzas del condominio, solicitados desde marzo de 2022. La Junta de Directores negó las alegaciones y, posteriormente, solicitó una resolución sumaria, argumentando que la petición de los recurridos era abusiva y constituía una "expedición de pesca", pidiendo además la imposición de honorarios por temeridad. Los recurridos, por su parte, defendieron su interés propietario en la documentación y acusaron a la Junta de actuar de mala fe. Tras analizar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ el dictamen recurrido del DACo.

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El Tribunal de Apelaciones, Panel V, emitió una Resolución el 5 de mayo de 2025, denegando una Petición de Certiorari presentada por Metro Caguas Incorporated. La peticionaria buscaba revocar una Resolución Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Caguas, que había declarado "No Ha Lugar" su Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción en un caso de despido injustificado. El caso original fue iniciado por Aida M. Alverio Rosa y Amy Lee González Díaz (las recurridas), quienes presentaron una Querella Enmendada por despido injustificado contra Metro Caguas bajo la Ley Núm. 2 de 1961. Las recurridas alegaron que, tras la adquisición de HIMA San Pablo Caguas por Metro Caguas en medio de un proceso de quiebra, fueron retenidas como empleadas y posteriormente despedidas sin justa causa en febrero de 2024. Argumentaron que, bajo la doctrina de traspaso de negocio en marcha, Metro Caguas debía reconocer sus años de servicio con el dueño anterior para el cálculo de la mesada. Metro Caguas, por su parte, sostuvo que las recurridas fueron despedidas durante su periodo probatorio y que la doctrina de patrono sucesor no aplicaba. Alegó que las órdenes del Tribunal Federal de Quiebras eximían a Metro Caguas de responder por la mesada o los años de servicio acumulados con el patrono anterior. A pesar de los argumentos de la peticionaria, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del TPI, denegando así el recurso de Certiorari.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, emitida el 5 de mayo de 2025, aborda un recurso de apelación presentado por Lizbeth Roldán Flecha. La apelante solicitó la revisión de una Sentencia en reconsideración del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao. Dicha sentencia había declarado ha lugar una solicitud de reconsideración de los apelados, Luis Alberto Cruz Cruz y Jazmín Martínez Rosario, dejando sin efecto una resolución previa y desestimando con perjuicio la acción de la apelante. El caso original, iniciado en 2021, versaba sobre una demanda de rescisión de contrato por dolo y daños y perjuicios. Roldán Flecha alegó haber adquirido una propiedad del matrimonio Cruz-Martínez que presentaba vicios ocultos graves, como el desplome del techo, impidiéndole disfrutarla. Solicitaba la rescisión de la compraventa y una compensación por daños y perjuicios y gastos de reparación. Los apelados, por su parte, argumentaron que la apelante tuvo acceso a la propiedad para inspecciones y la aceptó en sus condiciones actuales. El Tribunal de Apelaciones, en esta Sentencia, revoca la decisión apelada del foro primario, reinstaurando la acción de Lizbeth Roldán Flecha.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones, emitida el 5 de mayo de 2025, confirma un dictamen previo del Tribunal de Primera Instancia en el caso de Paul Plaza del Valle contra Retail Contractors of PR Inc. El señor Plaza del Valle había apelado la Sentencia del TPI que declaró ha lugar su querella por despido injustificado y represalias. La querella original, presentada en diciembre de 2022, alegaba que fue despedido sin justa causa y en represalia por haber testificado ante la Policía de Puerto Rico en una querella de agresión de un compañero de trabajo. Retail Contractors argumentó que el apelante abandonó su empleo. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el despido fue injustificado y que el señor Plaza del Valle fue víctima de represalias. En consecuencia, el TPI condenó a Retail Contractors al pago de $50,000.00 por sufrimientos y angustias mentales, $67,764.56 por salarios dejados de devengar y $14,720.57 en concepto de honorarios de abogado. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó íntegramente la decisión del tribunal inferior.

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Un panel del Tribunal de Apelaciones, presidido por el Juez Figueroa Cabán y con el Juez Salgado Schwarz como ponente, emitió una resolución el 5 de mayo de 2025. La resolución aborda un recurso discrecional de Certiorari presentado por una peticionaria. La peticionaria solicitaba la revocación de una Resolución denegatoria de Sentencia Sumaria, dictada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) el 3 de febrero de 2025, la cual también desestimó el pleito en cuanto a un co-demandado. El TPI había declarado "No Ha Lugar" una Moción de Reconsideración previa. Tras deliberar, el Tribunal de Apelaciones decidió declinar la intervención con la decisión del TPI. Aunque no es obligatorio fundamentar la denegación de un Certiorari, el tribunal explicó que el Magistrado del TPI no abusó de su discreción ni erró en derecho. Coincidió con el foro a quo en que aún existen hechos en controversia que deben ser atendidos en el Juicio en su Fondo. El Tribunal de Apelaciones no encontró indicios de que el foro recurrido actuara de forma arbitraria, caprichosa o cometiera un error de derecho, ni identificó fundamentos jurídicos para expedir el auto de Certiorari conforme a la Regla 40. Por consiguiente, se denegó la expedición del auto de Certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, que declaró No Ha Lugar la demanda en cobro de dinero presentada por el Sr. Ricardo R. Hatton Rentas y le impuso el pago de $10,000.00 en honorarios de abogado. El Sr. Hatton, apelante, demandó a la Sra. Blanca Sáez Ortiz, apelada, alegando un contrato verbal de honorarios contingentes del 33% por representarla en un caso de difamación, mientras mantenían una relación sentimental. La Sra. Sáez negó la existencia de tal contrato, argumentando que el Sr. Hatton insistió en representarla por ser su pareja, para evitar costos. Entre los hechos no controvertidos se estableció que las partes tuvieron una relación sentimental, ambos son abogados, y que no existió un contrato escrito de servicios profesionales. Durante el juicio, el Sr. Hatton admitió que no había un contrato entre las partes, que nunca le había cobrado por sus servicios antes y que carecía de documentos que probaran el acuerdo del 33% o la bitácora de gestiones. Por estos fundamentos, el tribunal confirma la decisión del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que emitió un injunction estatutario, autorizando a Jorge Torre León a examinar los libros y cuentas de Caribe Professional Insurance Agency, Inc. La apelación fue interpuesta por Caribe, que solicitaba la revocación de la sentencia sumaria, argumentando que el hecho medular sobre si el señor Torre León era accionista de la empresa continuaba en controversia. El señor Torre León había presentado el injunction estatutario alegando ser accionista en un 33.3%, respaldando su reclamo con una Resolución Corporativa de mayo de 2023 y otros documentos. Caribe se opuso, aseverando que Torre León no poseía legitimación activa al no ser accionista, pues nunca aceptó la oferta para serlo y retiró unilateralmente el pago para la adquisición de acciones. Para sustentar su posición, Caribe presentó cartas, correos electrónicos y declaraciones juradas de sus directivos. Tras la presentación de la oposición de Caribe, el señor Torre León solicitó sentencia sumaria a su favor, insistiendo en que no existía controversia sobre su condición de accionista. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Torre León, dictando el injunction. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones no coincidió con la postura de Caribe y confirmó la decisión de instancia, validando el derecho del señor Torre León a acceder a la información corporativa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en la apelación incoada por Cherif R. Medawar y entidades relacionadas contra Multinational Insurance Company. El recurso se originó de reclamaciones por daños a 21 propiedades tras el huracán María en 2017, alegando incumplimiento de contrato y violaciones al Código de Seguros. Medawar sostuvo tener un interés asegurable sobre todas las propiedades, incluyendo dos específicas ubicadas en 259 Fortaleza y 250 Calle Tanca, por las cuales se alegó el pago de primas. Multinational, por su parte, cuestionó la cubierta para estas dos propiedades, argumentando la falta de interés asegurable por parte de Medawar. El Tribunal de Primera Instancia, mediante una Sentencia Parcial del 23 de octubre de 2024, desestimó la reclamación de Medawar respecto a dichas propiedades, al concluir que no existía un interés asegurable. Medawar apeló esta determinación. Tras evaluar el recurso y la oposición, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada. Con ello, se ratificó la conclusión de que Medawar no ostenta un interés asegurable sobre las dos propiedades en controversia.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de certiorari (KLCE20250400) presentada por el Municipio de Luquillo, buscando revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. Dicha Orden permitió a Joseph M. López Benabe y Dinorah I. Sánchez Rivera, parte recurrida, presentar en juicio el testimonio de un exalcalde del Municipio. La disputa se origina en una demanda por daños y perjuicios de 2016, donde López y Sánchez alegan represalias, discrimen político y despidos ilegales por parte del Municipio. El Municipio objetó la comparecencia del exalcalde, argumentando que no fue anunciado en el descubrimiento de prueba inicial. La Orden impugnada desestimó la posición del Municipio, permitiendo al testigo. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari. En consecuencia, la decisión del foro primario de admitir el testimonio del exalcalde se mantiene.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución en el caso KLCE202500423, originado en una demanda de cobro de dinero, daños e incumplimiento de contrato. La Unión de Mayoristas Coop, parte peticionaria, presentó un recurso de certiorari para revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Resolución del TPI declaró "Ha Lugar" una solicitud de descalificación presentada por los recurridos, José W. Flores Santos y WS Stores Corp. La solicitud de descalificación se fundamentó en alegadas comunicaciones directas del abogado de la Unión con el señor Flores Santos sin incluir a sus representantes legales, lo que se consideró una violación del Canon 28 de Ética Profesional. La demanda original de la Unión reclama una deuda de \$375,394.25 por mercancía adquirida a crédito y el incumplimiento de los términos de pago y normas de la cooperativa por parte de los recurridos. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por la Unión de Mayoristas Coop.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de Certiorari presentado por Aurorita Restaurante Mexicano y Universal Insurance Company. Los peticionarios buscaban revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha Resolución, del 5 de febrero de 2025, denegó su solicitud para que la parte demandante mostrara causa. La solicitud se fundamentaba en un alegado conflicto de intereses de la representación legal de los demandantes. Este conflicto surgió en un pleito de clase por daños y perjuicios, donde se alega un brote de bacterias en el restaurante. La representación legal, tras no poder añadir nuevos demandantes a la demanda original, presentó una demanda separada con alegaciones similares para otros afectados. Los peticionarios argumentaron que representar dos grupos de demandantes putativos contra los mismos demandados creaba un conflicto ético. El TPI desestimó este argumento al denegar la solicitud de mostrar causa. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar el recurso, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Aurorita y Universal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Oriental Bank. El caso subyacente es un cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Oriental Bank contra la sucesión y viuda de un prestatario. Tras obtener sentencia favorable, la propiedad hipotecada fue vendida en pública subasta por $275,000.00. Oriental Bank solicitó retirar los fondos consignados en el Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI, sin embargo, autorizó el retiro de una cantidad menor a la adjudicada en la venta judicial. Oriental Bank presentó una moción de reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI, reafirmando la orden de retiro parcial. Oriental Bank impugnó esta decisión mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. La parte recurrida no compareció tras ser requerida para mostrar causa. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Consecuentemente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución del TPI que denegó la reconsideración y autorizó el retiro de fondos por una cantidad menor a la venta judicial.

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Un caso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico solicita la revisión de una Orden de Protección. La orden fue emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Carolina bajo la Ley contra el Acecho (Ley Núm. 284). Fue dictada contra Daniel Rodríguez Jorge a petición de su compañero de trabajo, José A. Quiles Rodríguez. El foro primario expidió la orden por un año, basándose en mensajes de audio con amenazas proferidas por el peticionario tras una disputa laboral. El señor Rodríguez Jorge alegó que la orden violó su derecho al debido proceso y que no se demostraron los elementos exigidos por la ley. El Tribunal de Apelaciones consideró la petición de certiorari. Tras evaluar los fundamentos presentados, el Tribunal resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Luis A. Campos Colón. El Peticionario solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que consolidó varios casos criminales en su contra. Los casos consolidados incluyen cargos por violaciones a la Ley de Violencia Doméstica (Ley 54) por hechos ocurridos en abril y mayo de 2023. También se consolidaron cargos por Asesinato, Tentativa de Asesinato y violaciones a la Ley de Armas (Ley 168) relacionados con incidentes posteriores en mayo de 2023. Estos últimos hechos involucran la muerte de José Alberto Santiago Sánchez y heridas a Jennirma Vega Maldonado, quien también fue la alegada víctima en los casos de violencia doméstica. El Tribunal de Apelaciones, tras ponderar las alegaciones, eximió al Pueblo de Puerto Rico de presentar alegato. Anticipa la denegación del auto de certiorari para lograr un despacho más eficiente del caso.

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Franky I. Lorenzo Mercado presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. Dicha Resolución había declarado No Ha Lugar una solicitud de supresión de evidencia presentada por el peticionario al amparo de la Regla 234 de Procedimiento Criminal. El foro primario también denegó una solicitud de reconsideración posterior. Al examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones requirió al peticionario que acreditara el cumplimiento con ciertas reglas y proveyera volantes de notificación para auscultar jurisdicción. A pesar de conceder extensiones, el peticionario no presentó los volantes de notificación requeridos. Aunque el Tribunal puede prescindir de términos no jurisdiccionales, la Resolución indica que el recurso instado es desestimado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación contra la desestimación de una demanda de injunction preliminar y permanente. La Sucesión de Don Luis D. Silva-Monge solicitó el injunction contra Popular Securities, LLC, alegando incumplimiento de una orden previa de producir estados financieros en un caso de sucesión aparte. El foro de primera instancia desestimó la demanda, argumentando que existían remedios adecuados en ley dentro del caso original para compeler el cumplimiento de la orden. La parte apelante recurrió, señalando varios errores, incluyendo la desestimación sumaria y la falta de aplicación de los criterios para conceder un injunction. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada. La decisión se basa en el principio de que el recurso extraordinario de injunction solo procede cuando la parte solicitante carece de otro remedio adecuado en el curso ordinario de la ley.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia con fecha 30 de abril de 2025. Cobra Acquisitions, LLC comparece como Peticionario en múltiples recursos de Mandamus. Estos casos provienen del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, y se relacionan con Arbitrios de Construcción. La parte Recurrida es el Juez Andrés M. Ramírez Marcano de la Sala Especializada en Asuntos Contributivos y Delitos Económicos del Tribunal de Primera Instancia. Cobra Acquisitions, LLC solicita mediante estos Autos de Mandamus que se ordene al Juez Ramírez Marcano a resolver una serie de mociones dispositivas pendientes. La Sentencia aborda estos recursos consolidados presentados por el Peticionario contra el Juez.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico dictó Sentencia en una petición de Mandamus presentada por Cobra Acquisitions, LLC. La empresa solicitó al tribunal que ordenara al Juez Andrés M. Ramírez Marcano del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, a resolver mociones dispositivas pendientes. Estos procedimientos originales, que tratan sobre Arbitrios de Construcción, se encuentran ante la Sala Especializada en Asuntos Contributivos y Delitos Económicos. Cobra Acquisitions, LLC busca compeler al juez a adjudicar las mociones que, según alega, están estancadas. La Sentencia, emitida el 30 de abril de 2025, aborda esta solicitud de Mandamus. El documento identifica múltiples casos relacionados de Mandamus presentados por la misma parte contra el mismo juez sobre el mismo asunto.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Mandamus. Cobra Acquisitions, LLC comparece como peticionario contra el Juez Andrés M. Ramírez Marcano del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. El recurso de Mandamus proviene de casos sobre arbitrios de construcción en dicha sala especializada. Cobra solicita al Tribunal de Apelaciones que ordene al juez resolver una serie de mociones dispositivas pendientes por adjudicar. Se identifican múltiples casos relacionados bajo distintos números de expediente del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia fue emitida por un panel especial del Tribunal de Apelaciones el 30 de abril de 2025.

Resumen:

Cobra Acquisitions, LLC presentó un Auto de Mandamus ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La acción se dirige contra el Juez Andrés M. Ramírez Marcano del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, Sala Especializada en Asuntos Contributivos y Delitos Económicos. El propósito del Mandamus es solicitar al Tribunal de Apelaciones que ordene al juez resolver una serie de mociones dispositivas pendientes de adjudicación en casos sobre Arbitrios de Construcción. El documento es una Sentencia emitida por un Panel Especial del Tribunal de Apelaciones. La sentencia fue dictada el 30 de abril de 2025. Se listan múltiples números de caso de Mandamus presentados por Cobra Acquisitions, LLC contra el mismo juez, todos relacionados con casos de Arbitrios de Construcción originados en el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel Especial, emite una Sentencia con fecha de 30 de abril de 2025. El caso involucra a Cobra Acquisitions, LLC como peticionario contra el Juez Andrés M. Ramírez Marcano del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Se trata de un recurso de Mandamus procedente del Tribunal de Primera Instancia. El asunto principal versa sobre Arbitrios de Construcción. Cobra Acquisitions, LLC solicitó el Mandamus para requerir al Juez Ramírez Marcano que resuelva una serie de mociones dispositivas que se encuentran pendientes de adjudicación en varios casos relacionados. La sentencia aborda esta petición específica de ordenar la resolución de dichas mociones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel Especial. Cobra Acquisitions, LLC comparece como peticionario mediante un Auto de Mandamus. El recurso se dirige contra el Juez Andrés M. Ramírez Marcano del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. El peticionario solicita que se ordene al juez resolver una serie de mociones dispositivas que se encuentran pendientes de adjudicación. Los casos subyacentes, identificados por varios números, tratan sobre Arbitrios de Construcción. La controversia principal gira en torno a la inacción judicial en los casos de instancia. La sentencia fue emitida en San Juan el 30 de abril de 2025.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari relacionado con un caso de reposesión de bienes inmuebles. La recurrente, Brenda Gelabert Ortiz, impugna dos resoluciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. Una resolución denegó la reconsideración sobre la extensión del término concedido a la parte recurrida para contestar una solicitud de sentencia sumaria. La otra resolución denegó la reconsideración sobre sanciones impuestas a la parte peticionaria. El pleito original versa sobre la alegada apropiación ilegal de dos inmuebles por los recurridos, uno de los cuales reclama haber adquirido la propiedad por prescripción adquisitiva. La peticionaria busca recuperar la posesión de las propiedades y el pago de rentas. El Tribunal de Primera Instancia había extendido el plazo para la réplica a la solicitud de sentencia sumaria y había impuesto sanciones. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decide denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por la recurrente. Esto significa que las resoluciones interlocutorias del foro primario no serán revisadas en esta etapa procesal.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari. El peticionario, Hugo Carlos de la Uz Colón, solicitó la revisión de una Orden y tres Resoluciones Interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. El caso de origen trata sobre cobro de dinero, daños, reposesión de bienes, entre otras reclamaciones. La controversia principal en instancia giraba en torno a si el caso debía ser desestimado o paralizado para compeler un arbitraje, según una cláusula contractual alegada por los recurridos. El peticionario cuestionó la existencia y validez de dicho contrato. El Tribunal de Primera Instancia ordenó una vista evidenciaria para dilucidar el asunto jurisdiccional y denegó una solicitud del peticionario para descalificar la representación legal de los recurridos. La Petición de Certiorari impugnaba estas determinaciones. Un panel del Tribunal de Apelaciones, con el Juez Marrero Guerrero como ponente, revisó la petición. El Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el peticionario, José Rodrigo Carreras Huertas, impugnando una orden del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha orden le exigía el pago de la deuda contributiva del solar JS-11 ante el CRIM. El caso original trataba sobre una acción rescisoria y daños por incumplimiento de contrato relacionado con la venta de dicho solar. Las partes habían alcanzado un acuerdo transaccional, incorporado en una sentencia por estipulación, donde se estipuló que los demandados (incluyendo el peticionario) pagarían las contribuciones de la propiedad. Sin embargo, una declaración jurada anejada al acuerdo mencionaba la responsabilidad por las contribuciones del solar JS-12. El peticionario solicitó dejar sin efecto la orden de pago sobre el solar JS-11. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal revocó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Un confinado, Emiliano Badillo Badillo, presentó un recurso de revisión judicial solicitando bonificaciones por estudio y trabajo correspondientes al periodo 2013-2019. Alegó haber agotado los remedios administrativos sin obtener respuesta del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Sin embargo, los documentos anexados muestran que el DCR denegó su solicitud en agosto de 2021, indicando que su elegibilidad para bonificaciones comenzó en marzo de 2019. El recurrente solicitó reconsideración en noviembre de 2021, la cual también fue denegada. El recurso de revisión judicial fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones el 9 de abril de 2025. El Tribunal analizó su jurisdicción, destacando la regla que impone un término jurisdiccional de treinta días para presentar la revisión desde la notificación de la resolución final de la agencia. Se recordó que las partes que comparecen por derecho propio no están exentas de cumplir con las normas procesales. Dada la fecha de las denegaciones administrativas y la fecha de presentación del recurso, el Tribunal considera la posible falta de jurisdicción por presentación tardía.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de Japhet Toro Olivieri contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, confinado, presentó un recurso de revisión administrativa por derecho propio. Solicitó la intervención del tribunal para resolver discrepancias en su hoja de liquidación de sentencia relacionadas con la Ley Núm. 85, alegando haber agotado los recursos institucionales. El panel del tribunal procedió a evaluar el recurso. Sin necesidad de trámite ulterior, el tribunal desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el asunto presentado. La sentencia detalla la importancia de la jurisdicción como requisito fundamental para que un tribunal pueda considerar un caso. Se explica que la falta de jurisdicción es insubsanable y obliga al tribunal a desestimar la reclamación sin entrar en los méritos. Por tanto, el tribunal no resolvió las alegaciones del recurrente sobre su liquidación de sentencia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Mandamus. Cobra Acquisitions, LLC comparece como peticionario contra el Juez Andrés M. Ramírez Marcano del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. La acción de Mandamus busca ordenar al juez a resolver mociones dispositivas pendientes. Estas mociones se encuentran en varios casos ante la Sala Especializada en Asuntos Contributivos y Delitos Económicos. Los casos subyacentes tratan sobre Arbitrios de Construcción. El peticionario solicita al Tribunal de Apelaciones que compela al juez recurrido a adjudicar dichas mociones. La sentencia fue emitida por un panel especial del Tribunal de Apelaciones el 30 de abril de 2025.

Resumen:

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en representación del Departamento de Educación, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, que declaró "No Ha Lugar" a su moción de desestimación. La moción se presentó en respuesta a una demanda por daños y perjuicios incoada por Marilyn Santiago Soto, madre de un menor con síndrome down. La demanda alega falta de supervisión y daños al menor en la escuela, invocando la Ley Núm. 57 sobre maltrato institucional. El ELA argumentó, entre otras cosas, el incumplimiento con el requisito de notificación al Secretario de Justicia conforme a la Ley Núm. 104 de Reclamaciones contra el Estado. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación y una moción de reconsideración posterior. El ELA recurrió en certiorari, señalando como error la negativa del TPI a desestimar por falta de notificación bajo la Ley 104. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado y revocó la resolución recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Eliezer Santana Báez, impugnó una sanción disciplinaria impuesta por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La sanción se basó en la violación del Código 147 del reglamento correccional, relacionado con el uso ilícito de correspondencia, tras recibir correo con artículos prohibidos. El recurrente alegó errores procesales por parte del DCR en la tramitación de su solicitud de reconsideración. Al presentar su recurso ante el Tribunal de Apelaciones, solicitó exención del pago de aranceles por pobreza. Sin embargo, su solicitud no estaba juramentada, y no cumplió con la orden del tribunal de presentar la documentación requerida o pagar los aranceles. Tras examinar el expediente, el tribunal desestimó el recurso. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento del recurrente con los requisitos procesales, específicamente la falta de pago de aranceles o la debida acreditación de su solicitud de exención.

Resumen:

Este documento detalla el historial procesal de un caso de ejecución de hipoteca iniciado en 2015 por Banco Santander contra Hilda Del Rosario Figueroa Santiago por incumplimiento de pago. La demandada contestó alegando mala fe del banco y solicitando daños, tras intentar modificar el préstamo. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a favor del demandante en 2019. Los procedimientos se paralizaron para mitigación de pérdidas, pero la demandada no cualificó según FirstBank, quien actuó como agente de servicio tras una sustitución de parte. La demandada cuestionó la transferencia del préstamo y la falta de alternativas de mitigación bajo la Ley 184-2012. Las partes fueron referidas a mediación compulsoria, la cual culminó sin acuerdo. Posteriormente, FirstBank cedió su interés a San Carlos Mortgage LLC, quien fue sustituido como parte demandante. Tras el fracaso de la mediación, San Carlos Mortgage solicitó la ejecución de la sentencia. Esta resolución del Tribunal de Apelaciones presenta este recuento de los hechos y procedimientos previos.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de Certiorari. La peticionaria, Idalia del Carmen Rullán Fernández, impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de liquidación de comunidad hereditaria. La controversia principal en la decisión apelada es la determinación de que el negocio Garaje Rullán, Inc. y sus frutos son bienes gananciales del matrimonio de Daisy Fernández Rivera y Alberto Miguel Rullán Bayrón. El caso original fue iniciado por la peticionaria para liquidar la herencia de sus abuelos. Los recurridos coincidieron en la liquidación pero presentaron reconvención sobre el uso de bienes. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista para dilucidar la naturaleza del negocio. Dicho foro determinó que el negocio y sus ingresos eran bienes gananciales. La peticionaria recurrió esta determinación mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. ORC Miramar Corporation y otros solicitan la revisión de la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a su moción para dejar sin efecto, por nulidad, órdenes relacionadas con una fianza de no residente. La recurrida, VS PR, LLC, presentó una demanda de cobro de dinero y solicitó la imposición de una fianza, la cual fue fijada y pagada en marzo de 2021. Más de dos años después, ORM objetó la fianza y solicitó una adicional, lo que fue denegado por el TPI. Posteriormente, ORM pidió el relevo de las órdenes originales de fianza alegando su nulidad por falta de partes, ser ex parte y violar el debido proceso. El TPI denegó esta solicitud de relevo en marzo de 2025. ORM recurre en certiorari, argumentando que las órdenes de fianza son nulas y el TPI erró al no conceder el relevo. El Tribunal de Apelaciones revisará esta determinación del foro primario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Cobra Acquisitions, LLC comparece como peticionario en un Auto de Mandamus. La parte recurrida es el Juez Andrés M. Ramírez Marcano del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, especializado en asuntos contributivos. El Mandamus procede del Tribunal de Primera Instancia y versa sobre Arbitrios de Construcción. Cobra solicita al Tribunal de Apelaciones que ordene al juez de instancia resolver varias mociones dispositivas que se encuentran pendientes de adjudicación. El documento lista múltiples casos de Mandamus relacionados entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. La sentencia fue emitida el 30 de abril de 2025.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari presentado por Maris Stella Arratia Bonell. La señora Arratia buscaba intervenir en un procedimiento ex parte de cartas testamentarias iniciado en 2019 por Margarita Fernández Zavala, albacea de la causante Myrna Báez González. Cinco años después de expedidas las cartas, la señora Arratia solicitó intervenir como legataria, alegando falta de información y distribución de su legado. El Tribunal de Primera Instancia denegó la intervención, indicando que el proceso había concluido y que debía presentar un pleito independiente. Inconforme, la señora Arratia recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. El recurso fue presentado de forma tardía.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de certiorari presentado por Hiram Pérez Soto contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución del TPI, de 28 de febrero de 2025, dispuso "Nada que disponer" a una solicitud de Pérez Soto. La solicitud buscaba remedios relacionados con una Sentencia del TPI de 20 de noviembre de 2024 que aprobó el cuaderno particional de la sucesión de su padre. El TPI había aprobado el cuaderno tras ser presentado por el Contador Partidor, luego de un proceso donde se dio oportunidad a los herederos para objetar. El Tribunal de Apelaciones decide desestimar el recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en dos razones principales. Primero, el peticionario compareció por derecho propio a pesar de estar suspendido de la abogacía y haber sido advertido por el Tribunal Supremo de la necesidad de representación legal en estos pleitos. Segundo, el recurso fue presentado de forma tardía, lo que priva al Tribunal de jurisdicción para atenderlo. La resolución detalla el tracto procesal que culminó con la aprobación del cuaderno particional y la posterior moción del peticionario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una Resolución Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia de Ponce en un caso sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños. Los peticionarios Ángel L. Otero y Ronal Salas impugnaron la decisión del foro primario que denegó su solicitud de reconsideración. La controversia surgió a raíz de la incomparecencia de los peticionarios y su representación legal a un juicio en su fondo pautado para febrero de 2025. Previamente, habían solicitado la suspensión del juicio por una condición médica sin presentar evidencia. El tribunal primario denegó la suspensión y, ante la incomparecencia, emitió órdenes de mostrar causa e impuso sanciones. Tras una segunda incomparecencia, el juicio fue reseñalado y se ordenó a los peticionarios pagar los gastos incurridos por la parte recurrida, BCPeabody Construction Services, LLC, ascendentes a \$3,305.68. La parte peticionaria solicitó la revisión de esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar el dictamen. Como resultado de la revisión, el Tribunal de Apelaciones modificó el cálculo matemático de las costas interlocutorias impuestas.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones en un recurso de certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. El caso subyacente es un cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentado por VS PR, LLC contra ORC Miramar Corporation y otros. Los peticionarios, ORC Miramar Corporation y otros, solicitan que el Tribunal de Apelaciones revise la denegatoria del foro primario a su Urgente Moción Solicitando Expedición de Citaciones de Testigos. El Tribunal de Apelaciones previamente denegó una moción en auxilio de jurisdicción para paralizar los procesos y una solicitud de consolidación. La demanda original de VS PR, LLC se basa en el alegado incumplimiento de dos préstamos, uno de $4.6M y otro de $760k, otorgados originalmente por el Banco de Desarrollo Económico y adquiridos por VS PR, LLC. Estos préstamos estaban garantizados con hipoteca y otras colaterales. VS PR, LLC busca la declaración de vencimiento de las obligaciones, la ejecución de la hipoteca y la condena solidaria al pago. La resolución se enfoca en la solicitud de los apelantes para revisar la decisión del TPI sobre la expedición de citaciones de testigos en el marco de este litigio.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de un auto de Certiorari solicitado por Alexander Rosario Cruz. El peticionario buscaba revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que declaró sin lugar una Moción de Reconsideración. Dicha moción solicitaba delimitar el descubrimiento de prueba en un pleito civil. El caso subyacente fue presentado por Windmar P.V. Energy, Inc. contra Home Power, LLC, Rosario Cruz, Delian Reynolds Ríos y otros por interferencia torticera. Windmar alegó que Rosario Cruz y Reynolds Ríos, oficiales de Ion Leed (con quien Windmar tenía un acuerdo de no competencia), crearon compañías alternas para competir. Esta conducta, según Windmar, interfirió con su relación contractual y le causó daños. En el proceso, surgió una disputa sobre el alcance del descubrimiento de prueba, específicamente sobre las ventas de las nuevas compañías. La negativa del foro primario a limitar dicho descubrimiento fue el objeto del recurso de Certiorari. El Tribunal de Apelaciones determinó no expedir el auto solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una petición de certiorari presentada por Ismael Fortuna Santana en un caso criminal por violación a la ley de sustancias controladas. El peticionario impugna la denegatoria de su moción de supresión de evidencia por el Tribunal de Primera Instancia. La defensa alegó que la intervención policial careció de motivo fundado y que el testimonio del agente no era creíble. El agente declaró que la intervención inició por infracciones de tránsito, seguida por la percepción de olor a marihuana y las acciones del imputado intentando ingerir sustancia. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista evidenciaria, encontró creíble al agente y validó la intervención y las ocupaciones. Determinó que existían motivos fundados para la parada inicial y las acciones posteriores basadas en el olor y la conducta del imputado. El TPI denegó la moción de supresión y la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, declina intervenir en esta etapa con la decisión recurrida.

Resumen:

Este recurso de certiorari proviene del Tribunal de Primera Instancia de Caguas en un caso sobre daños por vicios de construcción. La parte peticionaria, Sucesión de Samuel Montañez Díaz, impugna una resolución del foro primario notificada el 21 de marzo de 2025. Dicha resolución, entre otros asuntos, declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria promovida por la parte peticionaria. Otros codemandados presentaron una moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia el 7 de abril de 2025. La parte peticionaria presentó este recurso de apelación el 11 de abril de 2025, mientras la moción de reconsideración aún estaba pendiente. El Tribunal de Apelaciones desestima el presente recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. La presentación del recurso de apelación mientras pendía una moción de reconsideración en el foro primario impide que este tribunal asuma jurisdicción.

Resumen:

El Departamento de la Familia (DF) compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante Recurso de Revisión Administrativa. El DF solicitó la revocación de una Resolución emitida por la Comisión Apelativa del Servidor Público (CASP). La CASP había revocado la resolución del DF que ordenaba la destitución de Giselle Flores Álvarez de su puesto. En su lugar, la CASP ordenó imponerle una reprimenda escrita como medida disciplinaria adecuada. Asimismo, la CASP dispuso que el DF debía remover la carta de destitución del expediente de la señora Flores. También ordenó el pago de los salarios y beneficios marginales dejados de percibir por el tiempo que ha estado destituida. La controversia surge de una investigación administrativa por negligencia institucional en la Oficina Local de Ponce del DF, relacionada con el manejo de referidos de maltrato de una menor. La señora Flores ocupaba la posición de Supervisora en dicha oficina. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, confirmó la Resolución recurrida de la CASP.