Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 52)

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve dos recursos de apelación, KLAN202300282 y KLAN202300288. Ambos recursos impugnan una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito. Dicha Sentencia original declaró Ha Lugar una demanda presentada por Nilda Cortés Rivera contra Benjamín Colón Benítez e Ivette Rivera Colón, relacionada con un contrato de construcción de 2009. La señora Cortés Rivera alegó incumplimiento, entrega tardía y deficiencias en la obra, y el Tribunal de Primera Instancia le concedió \$45,000 por daños a la propiedad y \$15,000 por daños morales. La señora Cortés Rivera apeló buscando modificar la cuantía, mientras que los contratistas apelaron pidiendo la revocación total de la Sentencia. El Tribunal de Apelaciones requirió al foro primario detallar el desglose y cómputo de los daños concedidos, lo cual fue provisto posteriormente. Tras examinar los expedientes y la fundamentación adicional, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirma una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Manatí. El apelante, Félix R. Quintero González, fue declarado culpable de tres delitos menos graves bajo la Ley de Tránsito y otras leyes especiales. El foro primario le impuso multas que totalizan $1,200.00. La defensa solicitó el pago a plazos, la conversión de las multas a servicio comunitario o una reducción del 25% bajo el Código Penal. El Tribunal de Primera Instancia denegó estas peticiones, argumentando que las leyes especiales aplicables no contemplan dichas alternativas y prevalecen sobre el Código Penal. El apelante recurre, alegando errores al no aplicar los artículos 55, 56 y 67 del Código Penal. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el expediente y el derecho aplicable, confirma el dictamen recurrido. La decisión se fundamenta, en parte, en el principio de especialidad que rige el concurso de disposiciones penales.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en los recursos KLAN202300282 y KLAN202300288, presentados por Nilda Cortés Rivera y el matrimonio Colón Rivera, respectivamente. Ambos recursos apelaban la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda de Cortés Rivera por incumplimiento en un contrato de construcción. La sentencia de instancia concedió \$45,000 por daños a la propiedad y \$15,000 por daños morales a la demandante. Inicialmente, el Tribunal de Apelaciones requirió al foro primario que fundamentara y desglosara detalladamente el cálculo de los daños concedidos, emitiendo resoluciones a tal efecto. El juez de instancia cumplió con la orden, presentando un desglose matemático de las cuantías. Tras examinar los expedientes y la información adicional, el Tribunal de Apelaciones concluye que procede confirmar la Sentencia apelada. El caso original se basó en alegaciones de obra inconclusa, entregada tardíamente y con múltiples deficiencias en la construcción de una residencia contratada en 2009.

Resumen:

Se revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una Querella por despido injustificado, represalias y discrimen. La apelante alegó haber sido despedida injustificadamente y discriminada por edad y género tras un cambio de puesto y supuesta falta de cooperación. Sostuvo que su despido, basado en una publicación de Facebook, fue un subterfugio para ocultar discrimen y represalias. Los apelados defendieron que la terminación fue justificada por la conducta de la apelante, incluyendo comentarios denigrantes en redes sociales sobre un supervisor y falta de cooperación. Argumentaron que la conducta violaba la política de la empresa y afectaba su funcionamiento. Los apelados solicitaron sentencia sumaria, afirmando que no había controversia sobre la causa justificada del despido y la falta de evidencia de discrimen o represalias. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria y desestimó la querella. La apelante recurrió esta decisión. El panel de jueces revisó los fundamentos presentados por ambas partes. Finalmente, se confirma la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un caso de cobro de dinero. La Hacienda San José Homeowners Association, Inc. demandó a René De León Toro y Brenda L. Cordero Acabá por cuotas de mantenimiento impagadas. El Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, dictó Sentencia Sumaria a favor de la asociación, ordenando a los propietarios el pago de \$4,012.30. Los propietarios apelaron esta decisión, negando la deuda y cuestionando los cargos. La asociación basó su reclamo en las restricciones de la urbanización, que obligan a los propietarios al pago de cuotas anuales y especiales, creando un gravamen y una obligación personal. La Moción de Sentencia Sumaria de la asociación presentó evidencia de esta obligación. Tras revisar los planteamientos de la apelación, el Tribunal de Apelaciones concluye que procede confirmar la sentencia sumaria recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa la Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, en un caso de daños y perjuicios. Dicha sentencia de instancia declaró Ha Lugar las mociones de desestimación presentadas por varios codemandados, incluyendo a Julymar Ríos Bonilla, Carlos Cordero, M.A.C.R., Favio A. Vázquez Sepúlveda, Luis J. Rodríguez González y Elvin M. Vélez Pérez. Como resultado, la causa de acción de daños y perjuicios fue desestimada en cuanto a estas partes. La demanda original fue presentada por Alexandra M. Cruz Bonilla y Luis Rodríguez Lebrón, et als., reclamando indemnización por daños sufridos por alegado acoso escolar y la inacción de los padres del menor agresor y personal de la institución educativa. Las mociones de desestimación se basaron en la falta de exposición de una reclamación válida o la inclusión de partes únicamente por su régimen de bienes gananciales. Los apelantes solicitaron la revisión de esta desestimación parcial. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones desestima el presente recurso de apelación.

Resumen:

En un caso de supuesta impericia médica iniciado en 2011, los demandantes alegaron negligencia relacionada con un brote de tuberculosis que causó una muerte. Años después de cerrado el descubrimiento de prueba, los demandantes solicitaron al Tribunal de Primera Instancia (TPI) reabrirlo de forma limitada y permitir que una perito, la Dra. Martínez, declarara sobre aspectos epidemiológicos. Los demandados se opusieron, argumentando que el descubrimiento había concluido hace años y que el alcance del testimonio pericial y el uso de la deposición de otro perito fallecido ya estaban definidos o se decidirían en juicio. El TPI denegó la solicitud inicial de los demandantes en mayo de 2024. Tras una moción de reconsideración, el TPI reiteró su negativa en julio de 2024. Inconformes, los demandantes presentaron un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, impugnando la decisión del TPI sobre la perito y el descubrimiento. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción, declinó intervenir en esta etapa con la determinación recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, en el caso KLCE202400920. La resolución atiende una Petición de Certiorari presentada por César Cruz Laureano en un caso de divorcio (SJ2019RF00879) procedente del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. El Tribunal, integrado por los jueces Bermúdez Torres, Martínez Cordero y Cruz Hiraldo, consideró la petición. Con fecha de 23 de agosto de 2024, el Tribunal denegó la expedición del recurso de certiorari. Esta decisión se fundamenta en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Como resultado de la denegatoria, el Tribunal también declaró No Ha Lugar la Moción urgente en auxilio de jurisdicción. La resolución fue acordada por el Panel y certificada por la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Comparece Jean Paul Le Du ante el Tribunal de Apelaciones solicitando revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El caso principal es un divorcio por ruptura irreparable con una petición de custodia monoparental de las dos hijas menores de edad. El peticionario alegó que la madre incurre en maltrato y enajenación parental. Solicitó al TPI que autorizara a la trabajadora social asignada al caso a recibir y considerar grabaciones de audio que, según él, evidencian el patrón de maltrato de la recurrida. La recurrida se opuso, argumentando que las grabaciones eran ilegales al ser realizadas sin su consentimiento. El TPI denegó la solicitud del peticionario. El peticionario acudió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones señalando error en la decisión del TPI. La recurrida informó sobre incidentes de violencia doméstica y una Orden de Protección que le concedió la custodia provisional y suspendió las relaciones paternofiliales. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la solicitud, denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Noah Kamil Assad Byrne. El peticionario impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de daños y perjuicios instado por Carliz De La Cruz Hernández. La controversia central gira en torno a la denegación por parte del TPI de una segunda solicitud de desestimación presentada por Assad Byrne. El TPI concluyó que Assad Byrne estaba impedido de presentar una segunda moción de desestimación al amparo de las Reglas 10.7 y 10.8 de Procedimiento Civil, que exigen consolidar las defensas. Assad Byrne había presentado previamente una moción de desestimación por falta de emplazamiento/jurisdicción, la cual fue denegada. Posteriormente, presentó la segunda moción bajo la Regla 10.2(5) por incumplimiento del estándar de plausibilidad. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado. El Tribunal de Apelaciones Revoca el dictamen recurrido del TPI. Considera que el TPI erró al resolver que el peticionario estaba impedido de presentar la segunda moción de desestimación.

Resumen:

Peticionarios solicitan al Tribunal de Apelaciones revocar dos resoluciones interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. La primera resolución, del 22 de mayo de 2024, dejó sin efecto una vista señalada y declaró ha lugar una moción informativa presentada por los recurridos. Posteriormente, al considerar una solicitud de reconsideración sobre dicho dictamen, el foro primario ordenó a las partes informar sobre una solicitud de consolidación pendiente en un pleito anterior entre las mismas partes (Civil Núm.: CG2022CV01555). Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determina que la apelación es prematura. El foro primario no ha resuelto de forma definitiva el petitorio de reconsideración sobre la resolución inicial recurrida. Esta falta de una determinación final por parte del tribunal de instancia impide la revisión apelativa solicitada. La prematuridad del recurso afecta la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para adjudicar la controversia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre un recurso de certiorari presentado por los demandados en instancia. Impugnan una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de desestimación por prescripción. La demanda original fue presentada por la recurrida por persecución maliciosa y daños, luego de que se determinara no causa probable en un proceso criminal previo en su contra. Los demandados argumentaron que la acción estaba prescrita, pues el término de un año comenzó al emitirse el fallo de no causa en corte abierta. La demandante sostuvo que el término inició cuando la determinación de no causa quedó final y firme. El TPI resolvió que el término prescriptivo comenzó al archivarse la notificación de no causa, no al emitirse el fallo en corte. Los recurrentes señalan como error la interpretación del TPI sobre el inicio del término prescriptivo, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari, revoca la resolución del TPI y desestima la demanda.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una decisión en un recurso de certiorari relacionado con un pleito de custodia. El peticionario, Brandon Beltrán Rodríguez, impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia de Humacao que denegó autorizar evaluaciones o entrevistas adicionales en el caso. El litigio principal concierne la custodia de dos menores, iniciado por el padre alegando violencia doméstica y negligencia por parte de la madre, Dinalys González Vélez. El historial del caso incluye la concesión de órdenes de protección a favor de los menores contra la madre y acuerdos provisionales sobre la custodia y relaciones filiales. Se menciona un informe social que recomendó custodia compartida, cuya actualización fue ordenada tras una segunda orden de protección. El peticionario buscaba que el Tribunal de Apelaciones revocara la orden que limitaba las evaluaciones. Tras considerar los fundamentos presentados, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari. Con esta decisión, se mantiene la determinación del foro primario de no permitir las evaluaciones o entrevistas adicionales solicitadas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202400589. El recurso fue presentado por Windmar Renewable Energy, Inc. y otras entidades contra el Negociado de Energía de Puerto Rico. Apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de sentencia declaratoria. El foro primario determinó que el Negociado de Energía posee jurisdicción primaria exclusiva sobre asuntos de incumplimiento con la política pública y leyes energéticas. Específicamente, la desestimación se basó en la falta de jurisdicción para atender alegaciones sobre el cálculo de un cargo regulatorio. La parte apelante argumenta que la sentencia declaratoria es el vehículo adecuado para impugnar la aplicación del reglamento administrativo y que el remedio ante el Negociado es inadecuado. El Negociado de Energía sostiene que la Ley Núm. 57-2014 le otorga jurisdicción primaria exclusiva y que los procedimientos adjudicativos internos son la vía correcta. El documento detalla los argumentos de ambas partes sobre la jurisdicción para revisar la validez y aplicación del cargo regulatorio impugnado. Se presenta el historial procesal del recurso ante el Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre un recurso de Certiorari presentado por Esperanza Para la VEJEz INC. (ESPAVE). ESPAVE solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio de 2022. Dicha Resolución declaró no ha lugar una Moción Urgente de ESPAVE que pedía relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 y la suspensión de una venta judicial. El foro primario denegó la moción porque fue presentada el 5 de julio de 2022, excediendo el término de seis meses desde el registro de la sentencia, según lo exige la Regla 49.2. La sentencia de la cual ESPAVE buscaba relevo fue dictada en rebeldía el 28 de octubre de 2021 en un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instado por PR Recovery and Development REO, LLC. En ese caso, se condenó a ESPAVE a pagar una deuda hipotecaria tras su incomparecencia. La propiedad hipotecada fue originalmente cedida a ESPAVE en 1972 por la CRUV con restricciones de uso y reversión. La sentencia en rebeldía se dictó sin audiencia y fue notificada el 29 de octubre de 2021, aunque las notificaciones a ESPAVE fueron devueltas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Alving Rivera Renta contra Bella Auto Group, LLC. El apelante impugna una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y otros. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato y vicios ocultos en un vehículo. El Tribunal de Primera Instancia concedió la moción de sentencia sumaria de la parte apelada y desestimó la demanda enmendada. Sin embargo, la sentencia apelada no dispuso sobre la reconvención presentada por Bella Auto Group, LLC. El Tribunal de Apelaciones determina que el recurso es prematuro. Conforme a la Regla 42.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, una sentencia parcial que no resuelve todas las reclamaciones no es final a menos que contenga una certificación expresa. Dado que la sentencia de instancia dejó pendiente la reconvención y carece de dicha certificación, no es una sentencia final apelable. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión presentado por Giovany Maldonado Ortiz contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El caso surge de la incautación de una consola de videojuegos al recurrente durante un registro en la institución penal. Maldonado Ortiz presentó una solicitud de remedio administrativo ante el Departamento, alegando daños a un cable y falta de recibo. La División de Remedios Administrativos del Departamento respondió el 22 de mayo de 2024, informando al recurrente de su derecho a solicitar reconsideración en 20 días. Sin embargo, el señor Maldonado presentó su solicitud de reconsideración el 17 de junio de 2024, seis días después de vencido el término. Ante la falta de respuesta posterior, presentó este recurso de revisión. El Tribunal examinó el expediente y determinó que la solicitud de reconsideración administrativa fue presentada de forma tardía. Conforme a la doctrina de que la presentación tardía priva de jurisdicción, el Tribunal concluyó que carecía de competencia para atender el recurso. Por tanto, se desestimó el recurso de revisión por haberse presentado de manera tardía.

Resumen:

Se trata de un recurso de revisión judicial presentado por un confinado contra la Administración de Corrección. El recurrente solicitó la desestimación de un informe de querella disciplinaria que le imputaba estar bajo los efectos de sustancias y ausentarse o interferir con un recuento. El confinado había solicitado administrativamente la desestimación de la querella por falta de prueba toxicológica. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones observa que el recurrente no presentó evidencia de que la agencia administrativa hubiera adjudicado la querella o su solicitud de reconsideración. Más importante aún, el recurrente no formuló ni discutió señalamientos de error en su escrito ante el tribunal. La Regla 59 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones exige que todo recurso de revisión incluya señalamientos de error. Al no cumplir con este requisito fundamental y no demostrar la conclusión del proceso administrativo, el tribunal carece de jurisdicción para revisar el caso. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de revisión.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Emiliano Badillo Badillo contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitó al tribunal que ordenara al Departamento y a la Junta de Libertad Bajo Palabra enmendar la reglamentación sobre bonificaciones por buena conducta, trabajo, estudio y servicio. El tribunal procedió a examinar si poseía jurisdicción para atender el recurso presentado. La jurisdicción es el poder fundamental de un tribunal para considerar y decidir controversias, y su ausencia obliga a la desestimación. La competencia del Tribunal de Apelaciones para revisar decisiones de agencias administrativas se limita a órdenes o resoluciones finales, tras agotar los remedios administrativos. El recurso presentado no impugnaba una decisión final adversa, sino que pedía una orden para modificar reglamentos. Al carecer de jurisdicción para dictar tal orden, el tribunal resolvió desestimar el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de Juan Romero Hernández contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Romero Hernández recurrió la decisión del DCR de posponer la evaluación de su participación en el Programa de Pre-Reinserción a la libre comunidad. La agencia justificó la posposición para realizar una evaluación adicional conforme a los artículos sobre los derechos de las víctimas en programas comunitarios. El recurrente presentó una solicitud de reconsideración ante el DCR, la cual no fue atendida. Posteriormente, acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión judicial, alegando varios errores en la actuación de la funcionaria del DCR. Tras examinar el recurso, el Tribunal decide desestimarlo. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el caso.

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Este dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de revisión administrativa presentado por Lissette Maestre Cruz contra el Departamento de la Familia. La recurrente impugna una determinación administrativa del DF sobre la custodia legal de su hijo menor y solicita relaciones filiales. El trasfondo del caso, según presentado por la recurrente, se remonta a principios de la década de 2000. El Tribunal previamente requirió a la recurrente que presentara copia de la decisión administrativa específica apelada y la acreditación de su notificación. La recurrente presentó una moción posterior pero no suministró los documentos solicitados. La sentencia procede a exponer los principios fundamentales sobre la jurisdicción de los tribunales. Se enfatiza que la jurisdicción es el poder para adjudicar controversias y que su ausencia conlleva la desestimación del caso. Los tribunales tienen el deber ineludible de auscultar su propia jurisdicción en cualquier etapa del procedimiento. El Tribunal se encuentra en posición de adjudicar tras evaluar el expediente, incluyendo la falta de presentación de la decisión administrativa requerida.

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El panel de jueces revisó la apelación presentada por la Sra. Yamille Castro Montes De Oca contra una sentencia que le ordenó pagar una suma de dinero. La acción original fue instada por la Sra. María Trinidad Menéndez Atunez, una corredora de bienes raíces, para cobrar una comisión. La Sra. Trinidad reclamaba el pago de una comisión por la renovación de un contrato de arrendamiento de una propiedad de la Sra. Montes. Según un acuerdo previo, la Sra. Montes se había obligado a pagar comisiones por el contrato inicial y por cada renovación anual. Aunque el inquilino provisto por la corredora firmó una extensión del contrato, la Sra. Montes decidió no proceder con esa renovación. La apelante también argumentó que el caso debía desestimarse por no incluir a su cónyuge y a la sociedad legal de gananciales, lo cual fue rechazado por el tribunal de primera instancia. Tras evaluar el expediente, el tribunal apelativo confirmó la sentencia recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso entre Christie Díaz Maldonado y Parque del Monte Homeowners Association. El litigio original buscaba una sentencia declaratoria sobre la nulidad de enmiendas al reglamento de la asociación que prohíben alquileres a corto plazo. La señora Díaz Maldonado argumentó que dichas enmiendas no fueron aprobadas unánimemente ni inscritas, y que los alquileres a corto plazo no violan el uso residencial. El caso tuvo una apelación previa donde el Tribunal de Apelaciones revocó una desestimación y ordenó al foro primario resolver la controversia sobre la nulidad de las enmiendas. Tras el reenvío, el Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción de sentencia sumaria de la señora Díaz Maldonado, anulando las enmiendas. La asociación apeló esta sentencia sumaria ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación presentado por la asociación. La desestimación se fundamenta en que la apelación fue presentada de forma prematura.

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Comparece Zulma Viera Maldonado ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para solicitar la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Dicha Sentencia declaró No Ha Lugar su demanda de división de comunidad de bienes y Ha Lugar la reconvención de José Carlos Ríos Díaz. Las partes se divorciaron en 2019 tras un matrimonio iniciado en 1997. Antes de casarse, otorgaron capitulaciones matrimoniales pactando un régimen de separación de bienes. Acordaron que sus bienes presentes y futuros serían privativos, excepto la vivienda principal, un vehículo específico y el mobiliario de la casa, que serían gananciales. El esposo se obligó a cubrir los gastos del hogar y de los hijos, y a depositar \$400 mensuales para los gastos personales de la esposa. La apelante demandó la división de bienes y una pensión excónyuge, mientras el apelado negó la existencia de una comunidad de bienes y alegó deudas de la apelante. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción de pensión y, tras juicio, denegó la división de bienes solicitada por la apelante. El Tribunal de Apelaciones adelanta que confirmará el dictamen apelado.

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Revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Resolución Final de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV). Jorge de Jesús Rodríguez recurrió la decisión de la ARV de interrumpir el auspicio de sus estudios en Quiropráctica. La ARV había costeado parte de su matrícula desde 2017. La interrupción de servicios ocurrió en el Verano de 2017. La decisión se basó en el desempeño académico deficiente del Sr. de Jesús, quien fracasó o se dio de baja en múltiples cursos. También se consideró su falta de comunicación y transparencia con su consejero y la omisión de remitir evidencia de notas. El Sr. de Jesús había sido orientado previamente sobre las normativas de la ARV respecto al progreso académico y la interrupción de servicios. Aunque los servicios se interrumpieron en 2017, el Sr. de Jesús apeló la decisión y solicitó el pago de gastos en julio de 2022. El Tribunal de Apelaciones revisó la Resolución Final de la ARV y, por los fundamentos expuestos, la confirmó.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202400896. El recurso de Certiorari fue presentado por Juan C. Albors Lahongrais contra Teresita C. Riera Carrión. Este caso proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, bajo el número SJ2021CV03041. La materia principal del litigio es la liquidación de comunidad de bienes. El peticionario presentó el recurso de Certiorari el 16 de agosto de 2024. El Tribunal de Apelaciones, integrado por un panel de tres jueces, consideró la petición. En su resolución del 22 de agosto de 2024, el Tribunal denegó la expedición del recurso. Esta denegatoria se fundamenta en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. La regla permite al Tribunal denegar la expedición sin necesidad de fundamentar su decisión. La resolución fue certificada por la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de apelación (certiorari) presentado por Costa Isabela LLC. La peticionaria impugnó una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para dejar sin efecto una anotación de rebeldía en su contra. Dicha anotación ocurrió dentro de una demanda sobre difamación, daños y perjuicios, entre otros reclamos. Costa Isabela LLC presentó una moción de reconsideración ante el foro primario sobre la denegatoria de levantar la rebeldía. Mientras la reconsideración estaba pendiente, interpuso el presente recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia resolvió la reconsideración, dejando sin efecto la anotación de rebeldía en controversia. El Tribunal de Apelaciones procede a desestimar el recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. El recurso fue presentado mientras la moción de reconsideración estaba pendiente, interrumpiendo los términos para apelar. Además, la controversia apelada fue resuelta por el foro primario tras la presentación del recurso.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. La peticionaria, Ismaiva Rodríguez Mateo, impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de divorcio sobre custodia y relaciones filiales de un menor. El TPI concedió la custodia provisional del menor al padre, Ediel Montalvo Ramos, y suspendió provisionalmente las relaciones maternofiliales. La peticionaria alegó que el TPI erró al tomar esta decisión sin escucharla, sin entrevistar al menor y sin considerar un informe social que apuntaba a alienación parental por parte del padre, violando el debido proceso. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición y el derecho aplicable. Tras el análisis, el tribunal apelativo determinó denegar la expedición del recurso de certiorari solicitado por la señora Rodríguez Mateo.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari. La peticionaria, Sheyla Luissette Ortiz Pagán, impugna una determinación interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia en su caso de discrimen por impedimento contra Triple-S Salud, Inc. La controversia central en el certiorari gira en torno a la solicitud de la peticionaria para descalificar a la abogada de Triple-S, quien también fue la oficial de recursos humanos que manejó sus solicitudes de acomodo. El Tribunal de Primera Instancia emitió una orden sobre el proceso para determinar la necesidad del testimonio de dicha abogada. La peticionaria recurrió en certiorari alegando error en esta determinación. El Tribunal de Apelaciones examinó la orden impugnada y concluyó que se trata de una resolución interlocutoria. Aplicando la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, el Tribunal determinó que este tipo de orden interlocutoria no es revisable mediante certiorari bajo las excepciones establecidas en la regla. La Regla 52.1 limita la revisión interlocutoria por certiorari a situaciones específicas no aplicables aquí. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones procede a desestimar la Petición de Certiorari.

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Recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones presentado por Fernando Javier Ramos Olivella. Solicita la revisión de resoluciones del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en un caso de divorcio, custodia y alimentos. Las resoluciones recurridas denegaron su solicitud para establecer relaciones paterno filiales con su hijo menor. El foro primario condicionó la determinación sobre custodia y relaciones a la resolución de un caso de orden de protección y a la realización de un estudio social. En un caso separado, se emitió una orden de protección permanente a favor del menor contra el peticionario. El TPI consideró esencial contar con las recomendaciones del estudio social, especialmente con la orden de protección vigente. El peticionario impugna la denegación de su solicitud de relaciones filiales mediante este recurso. La parte recurrida no compareció en el recurso de apelación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite una resolución sobre la moción presentada por Ángel D. Padilla García. El peticionario solicita la enmienda de una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, invocando las Reglas 192 y 192.1 de Procedimiento Criminal. Alega que la acusación fue defectuosa y que merece una sentencia favorable por su rehabilitación. Sin embargo, el peticionario no incluyó documentos del expediente, no identificó una controversia justificable ni formuló un señalamiento de error. Tampoco argumentó fundamentos específicos bajo la Regla 192.1. Debido a estos incumplimientos procesales, el Tribunal determina que el recurso no es revisable. Por tanto, se desestima la moción conforme a la Regla 83 (B) (3) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución en un recurso de Certiorari presentado por Solar Now Puerto Rico, LLC. La empresa solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Guaynabo que autorizó el testimonio de un perito para la parte demandante. El caso subyacente es una reclamación de salarios y otros conceptos laborales presentada por Marcos D. Rivera Pagán y Natalia I. Lebrón Mayor contra Solar Now. Los demandantes alegan salarios no pagados, penalidades y daños, habiendo enmendado sus reclamaciones en varias ocasiones para aumentar las cuantías y añadir conceptos. El procedimiento se tramita bajo la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales. Solar Now ha negado las alegaciones de los demandantes en sus contestaciones. La controversia específica ante el Apelativo era la admisibilidad del perito propuesto por los demandantes. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, denegó la expedición del recurso de Certiorari solicitado por Solar Now.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa la desestimación de una solicitud de alimentos entre parientes. La joven Karla Alverio Valle solicitó en 2017 alimentos a su padre, Mario E. Alverio Domínguez. Tras un periodo de inactividad procesal, el Tribunal de Primera Instancia emitió órdenes para que las partes se reunieran y presentaran información económica. En una vista, la representación del padre argumentó la desestimación por incuria procesal y prescripción de la acción, dado que la solicitante tenía 28 años. Se presentó evidencia de que la solicitante había completado estudios de maestría. El foro primario desestimó la solicitud de alimentos. La solicitante apeló esta decisión mediante recurso de Certiorari. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso como apelación. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado que desestimó la solicitud de alimentos.

Resumen:

Luis Soltero Arroyo comparece ante este tribunal mediante petición de certiorari. Solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, notificada el 20 de mayo de 2024. Dicha resolución declaró "No Ha Lugar" su solicitud de desestimación en un caso criminal por asesinato en primer grado y delitos de armas. El peticionario argumentó que el Ministerio Público no presentó prueba de corroboración para sus alegadas manifestaciones incriminatorias durante la vista preliminar, según lo exige la Regla 64(p) y la jurisprudencia. El TPI-Mayagüez denegó la desestimación, resolviendo que la corroboración no es obligatoria en la vista preliminar, bastando prueba admisible para un juicio de probabilidades. Tras una reconsideración denegada, Soltero Arroyo acudió en certiorari. Por los fundamentos que se expondrán, este tribunal deniega expedir el recurso solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una Petición de Certiorari presentada por Jocsan Ruiz Rodríguez. El peticionario solicitó revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar una Solicitud de Supresión de Evidencia. Alegó que el TPI cometió un error manifiesto en la apreciación de la prueba del Ministerio Público. El Tribunal de Apelaciones deliberó sobre los méritos del recurso. Concluyó no expedir el auto solicitado. Tras evaluar el expediente, no encontró indicio de que el foro recurrido actuara de forma arbitraria, caprichosa, abusara de su discreción o cometiera un error de derecho. El TPI atendió la solicitud y celebró una vista donde el Ministerio Público rebatió la presunción de ilegalidad de la detención y registro. No se identificaron fundamentos jurídicos para expedir el auto conforme a los criterios de discreción revisora. Por tanto, se deniega la expedición del auto de Certiorari.

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Comparece Three Brothers Auto, Corp. ante el Tribunal de Apelaciones en revisión judicial contra una resolución del DACO. El DACO había declarado Ha Lugar una querella de Lissette Vega Medina, ordenando la resolución de un contrato de compraventa de vehículo y la devolución de $6,675.00. La señora Vega alegó que el vehículo, un Nissan Frontier 2005, se averió poco después de la compra con el motor trancado. Una inspección técnica del DACO confirmó que el motor tenía agua mezclada con aceite, indicando un vicio oculto preexistente a la venta. DACO determinó que el defecto impedía el uso del auto y que la responsabilidad recaía en el vendedor por no entregarlo en óptimas condiciones. Three Brothers Auto solicitó reconsideración, argumentando falta de prueba y culpando al hijo de la querellante. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar la decisión administrativa. Finalmente, el Tribunal confirma la Resolución recurrida emitida por el DACO.

Resumen:

Sentencia judicial revisa las resoluciones administrativas de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). Los recurrentes, agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico, impugnan sus destituciones. Sus despidos se basaron en resultados positivos a pruebas de detección de sustancias controladas, específicamente metabolito de marihuana. La CIPA había desestimado con perjuicio las apelaciones de los agentes, confirmando así sus destituciones. Los recurrentes solicitaron revisión judicial de estas determinaciones. El tribunal procede a evaluar los recursos presentados por el señor Orlando Sotomayor Domínguez y la señora Karen Pierantoni Quirós. Se detalla el caso del señor Sotomayor Domínguez, incluyendo la notificación de suspensión y los fundamentos legales y reglamentarios de su despido. El tribunal anticipa y resuelve revocar las resoluciones de la CIPA en ambos casos, dejando sin efecto las decisiones administrativas que validaron las destituciones.

Resumen:

Este documento es una sentencia judicial que resuelve los recursos de revisión presentados por los agentes Orlando Sotomayor Domínguez y Karen Pierantoni Quirós. Ambos recurrentes impugnan resoluciones de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). La CIPA había desestimado con perjuicio las apelaciones administrativas de los agentes, confirmando así sus destituciones del Negociado de la Policía de Puerto Rico. En el caso del señor Sotomayor Domínguez, la destitución inicial se basó en un resultado positivo a metabolito de marihuana en una prueba de detección de sustancias controladas. El Negociado consideró esta conducta incompatible con sus funciones y violatoria de la normativa aplicable. La sentencia anticipa que, por los fundamentos que expondrá, revocará las resoluciones de la CIPA en ambos casos. Esta decisión judicial podría revertir la desestimación de las apelaciones y afectar el resultado de las destituciones de los agentes.

Resumen:

Un panel judicial revisó el recurso de revisión presentado por Pedro Lavergne Vázquez contra una resolución de la Junta de Planificación (JP). Lavergne impugnó la decisión de la JP de archivar su querella contra MUDI por supuestas violaciones a un permiso de extracción y daños en una reserva natural. La JP basó su archivo en una inspección realizada cuatro meses después de la querella, encontrando cumplimiento en ese momento. Lavergne alegó que la JP erró al archivar sin vista y al depender de una inspección tardía que no permitió presentar prueba. Tras una solicitud de reconsideración sin respuesta, acudió al tribunal. Ante el foro judicial, la JP manifestó estar de acuerdo con Lavergne en dejar sin efecto la resolución de archivo y celebrar una vista. Dada la postura de la JP, el tribunal consideró que la determinación recurrida se tornó académica. Por tanto, el tribunal desestimó la determinación de archivo apelada por falta de jurisdicción, al ser académica.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de revisión administrativa presentado por CV Contractors LLC contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La disputa original ante DACO fue iniciada por Derwin Borges Alvarado, quien alegó incumplimiento y vicios en trabajos de construcción contratados con CV Contractors LLC. El querellante reclamó la devolución de pagos realizados por servicios no completados o defectuosos bajo dos contratos. DACO celebró una vista y emitió una resolución con determinaciones de hechos sobre el caso. CV Contractors LLC apeló esta resolución ante el Tribunal de Apelaciones. No obstante, el Tribunal desestimó el recurso de revisión. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción. Esta falta de jurisdicción se debió a que la corporación recurrente no compareció representada por un abogado autorizado y no presentó la documentación completa requerida para la revisión.

Resumen:

Este caso es una apelación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de cobro de dinero. Island Portfolio Services, LLC demandó a Liz Y. Padilla Negrón, enfrentando dificultades para emplazarla. Se autorizó y completó el emplazamiento por edicto tras no poder localizar a la demandada. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, al parecer por no evidenciarse el emplazamiento por edicto dentro del término de 120 días. La parte demandante presentó evidencia posterior de haber cumplido con el emplazamiento dentro del término legal. Solicitó reconsideración, pero el foro primario la declaró no ha lugar. La apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones, alegando que la desestimación fue errónea ya que el emplazamiento se realizó a tiempo. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los argumentos presentados. Concluyó que procedía revocar la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202300789. Randy Coutín Rodríguez apela la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró "Ha Lugar" la reconvención y moción de sentencia sumaria de las apeladas. La controversia gira en torno a la Ley de Corporaciones y la disputa sobre la propiedad y administración de Pirette Uniforms, Inc. (PUI). Coutín Rodríguez alegó ser dueño del 50% de PUI desde 1977, en contraposición a los récords que mostraban a Emma Pérez Labiosa como única accionista desde 1979. Tras ser removido de sus puestos administrativos en 2013, demandó en 2014 para anular su destitución y acceder a los libros corporativos. El Tribunal de Apelaciones revisó los hechos relevantes, incluyendo la historia corporativa de PUI y la relación matrimonial entre Coutín Rodríguez y Pérez Labiosa. Consideró la decisión del foro primario que resolvió la disputa mediante sentencia sumaria. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Israel Bautista Ramos Rivera y Santa Aida Rivera Souffront. Los apelantes impugnan una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. El caso original versa sobre cumplimiento específico, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios relacionados con una propiedad. Los apelantes, como arrendatarios, pactaron en 2010 un Contrato de Opción de Compraventa con la dueña original, pagando un depósito de \$75,000. Alegaron haber intentado pagar el balance de \$50,000, pero la dueña no completó la transacción. Tras demandar y obtener una sentencia en rebeldía, la heredera de la dueña compareció. El Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial declarando nulo el contrato de compraventa y denegando una moción de sentencia sumaria parcial de los apelantes. Los apelantes solicitan la revocación de esta Sentencia Parcial. El Tribunal de Apelaciones, por las razones expuestas en su decisión, revoca la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Eileen Castro Torres contra College Entrance Examination Board. La apelante recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella por despido injustificado, discrimen religioso y por impedimento. La querella surgió tras su despido en 2015, alegando que fue discriminatorio y basado en un incidente de vandalismo. El College Board sostuvo que el despido se debió a actos de vandalismo y daños a la propiedad. El caso incluyó un juicio en su fondo con amplia prueba testifical y documental. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la querella y ordenó su archivo con perjuicio, imponiendo costas a la apelante. El Tribunal de Apelaciones revisa la sentencia apelada. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones modifica la sentencia recurrida únicamente para eliminar la imposición de costas a la apelante. Así modificada, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la querella es confirmada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones, Panel IX, emite Sentencia en el caso KLEM202400003, presentado por Ángel L. Martínez Reyes contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El peticionario presentó un escrito buscando la confirmación de leyes relacionadas con confinados de edad avanzada, aparentemente para revisar su sentencia. Sin embargo, el escrito carece de hechos precisos, señalamientos de error o argumentación legal. El peticionario no incluyó copia de ninguna Sentencia, Resolución u Orden de un foro inferior que pudiera ser revisada. Tampoco proveyó apéndice ni documento alguno revisado o emitido por un foro adjudicador. Al no proveer datos ni documentos esenciales, el Tribunal determinó que no existe una controversia justiciable. Por tanto, el Tribunal carece de la información indispensable para determinar su jurisdicción. Conforme a la Regla 83(C) de su Reglamento y la doctrina sobre la jurisdicción, el Tribunal desestima el recurso.

Resumen:

Alejandro Castillo Torres, miembro de la población penal, comparece ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la concesión de beneficios económicos relacionados con las ayudas gubernamentales por la pandemia de 2020. Alega que es inconstitucional no haber recibido dichos beneficios a pesar de haberlos solicitado. Como prueba, acompaña una copia de un cuestionario presentado al Departamento de Hacienda. El Tribunal examina su jurisdicción, la cual se limita a revisar sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia o decisiones finales de agencias administrativas. Determina que el reclamo del peticionario no impugna una sentencia o decisión administrativa final, ya que solo presenta evidencia de un trámite ante Hacienda sin constancia de una adjudicación final. Por tanto, el Tribunal concluye que carece de autoridad para atender el remedio solicitado. En consecuencia, se desestima el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de Certiorari relacionado con un caso de división de comunidad de bienes hereditarios. El peticionario impugna la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su solicitud de sentencia sumaria. El foro primario denegó la moción de sentencia sumaria por incumplir con los requisitos formales de la Regla 36 de Procedimiento Civil, al no incluir referencias a la prueba que sustentara los hechos propuestos. El peticionario alegó que el Tribunal de Primera Instancia erró al basar su decisión únicamente en un requisito de forma y al no evaluar la inexistencia de una controversia de hechos sustancial. También presentó una Moción en Auxilio de Jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones declara No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción. Finalmente, expide el recurso de Certiorari y confirma el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativo a una Petición de Certiorari presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Estado solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de daños y perjuicios iniciado por Nitza Fonseca Resto. La reclamación original surgió de una lesión sufrida por la hija de la demandante al caer en un hoyo. El Estado fue incluido posteriormente como demandado en el pleito. El Estado solicitó la desestimación, argumentando que la demandante incumplió con el requisito de notificación previa de la Ley 104-1955 y que la reclamación en su contra estaba prescrita. El TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación del Estado. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado por el Estado. El tribunal apelativo finalmente Revocó la Resolución del TPI.

Resumen:

AIG Insurance Company presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que declaró "No Ha Lugar" su solicitud de reconsideración. Dicha solicitud buscaba levantar una anotación de rebeldía en su contra. La anotación de rebeldía se dictó en una querella laboral presentada por Laysha Seguinot Méndez contra su patrono, INSEC, por despido en represalia. Seguinot Méndez incluyó a AIG como coquerellada por una póliza de seguro de responsabilidad de prácticas de empleo. AIG fue declarado en rebeldía por no contestar la querella enmendada dentro del término de diez días de la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales. AIG argumentó que dicho término no le aplicaba al no ser patrono de la querellante. El Tribunal de Primera Instancia mantuvo la anotación de rebeldía. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari presentado por AIG.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolvió una Petición de Certiorari presentada por Julio A. Vega Pacheco. La petición buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, que autorizó a Vieques Air Link, Inc., parte recurrida, a tomar la deposición de dos testigos anunciados por Vega Pacheco. El caso subyacente trata sobre alegaciones de despido injustificado, hostigamiento laboral y represalias bajo las Leyes 2, 80 y 115. Vega Pacheco argumentó que el TPI erró al permitir esta ampliación del descubrimiento de prueba en un procedimiento sumario regido por la Ley 2. Sostuvo que la autorización contravenía las protecciones de la Ley 2 y que la parte recurrida no demostró la necesidad excepcional requerida para las deposiciones. Vieques Air Link había solicitado las deposiciones alegando necesidad para su defensa y para impugnar la credibilidad de los testigos. Tras examinar el legajo y los argumentos de las partes, el Tribunal de Apelaciones determinó denegar la expedición del auto de certiorari solicitado. Consideró que no procedía revocar la decisión del foro primario de autorizar las deposiciones.