Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 353)

Resumen:

Pedro L. Maldonado Matos, confinado en una institución correccional, apeló la Sentencia del Tribunal de San Juan que desestimó su demanda sobre daños y perjuicios. La demanda fue presentada contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y varios funcionarios. Maldonado Matos alegó haber sufrido daños por un registro al desnudo y una sanción impuesta tras negarse a someterse a un registro con perros y una silla detectora de metales. El tribunal de instancia desestimó la acción por falta de notificación al Estado conforme a la Ley 104-1955. Los hechos probados detallan el incidente del 26 de diciembre de 2012, la sanción de suspensión de privilegios por 30 días y el proceso de remedios administrativos agotado por el confinado. La solicitud de remedio administrativo fue presentada en enero de 2013 y la respuesta a la reconsideración fue recibida en junio de 2013. La demanda fue radicada en septiembre de 2013. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia apelada. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la desestimación de la demanda.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró recursos consolidados en una disputa entre Doral Financial Corporation y el Estado Libre Asociado. El pleito giró en torno a la validez de un acuerdo de 2012 entre Doral y el Departamento de Hacienda. Dicho acuerdo reconoció a Doral un crédito contributivo de \$229 millones, pero Hacienda lo anuló posteriormente alegando simulación. Doral demandó para validar el acuerdo, y el Tribunal de Primera Instancia falló a su favor. El Estado apeló esta sentencia. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones REVOCÓ la sentencia apelada. Determinó que el Acuerdo de 2012 es nulo por contener una representación inexacta o falseada sobre un hecho esencial. Esta decisión dispuso de los recursos presentados por ambas partes.

Resumen:

Benito López Rivera solicita la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios contra la Administración de Corrección y el Estado Libre Asociado. El apelante reclamaba una indemnización de $30,000 por la alegada falta de provisión de equipo ortopédico recetado tras una cirugía cervical. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por alegado incumplimiento con el Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil. El Tribunal de Apelaciones identifica dos deficiencias procesales en el recurso presentado. Primero, el apelante no incluyó evidencia del pago de los aranceles requeridos por ley ni solicitó litigar in forma pauperis. Segundo, el recurso carece de un apéndice con los documentos necesarios para la revisión, como la decisión impugnada del Tribunal de Primera Instancia y la documentación de los trámites administrativos. Estas omisiones incumplen el Reglamento del Tribunal de Apelaciones y obstaculizan la función revisora del tribunal.

Resumen:

Este caso se origina en una apelación presentada por Juan C. Sanabria Plaza contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. El tribunal de instancia había desestimado sin perjuicio una demanda sobre daños y perjuicios presentada por el apelante, basándose en la Regla 39.2(a) por supuesta falta de interés y abandono. El apelante, quien se encuentra encarcelado, argumentó que el tribunal erró al desestimar su caso y al no considerar sus gestiones para emplazar a los demandados. Alegó haber informado al tribunal sobre sus esfuerzos y solicitado ayuda para el diligenciamiento. El tribunal de apelación consideró que la desestimación bajo la Regla 39.2(a) es una sanción drástica que solo debe aplicarse en casos extremos. Tras evaluar los planteamientos, determinó que le asistía la razón al apelante. En consecuencia, se revoca la sentencia apelada. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso entre Doral Financial Corporation y el Estado Libre Asociado. El pleito se inició cuando Doral solicitó validar un acuerdo de 2012 con el Departamento de Hacienda que le reconocía un crédito contributivo de \$229 millones. Hacienda había anulado el acuerdo alegando simulación o artificio ilícito. El Tribunal de Primera Instancia declaró válido el acuerdo, lo que motivó apelaciones de ambas partes. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos y evaluó la prueba y los argumentos. Mediante esta sentencia, el Tribunal REVOCA la decisión del foro primario. Considera que el Acuerdo de 2012 es nulo por contener una representación inexacta o falseada sobre un hecho esencial. Esta determinación resuelve las apelaciones pendientes.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Sucesión J. Serrallés Second, Inc. La peticionaria solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que determinó que la grama vendida al recurrido, Manuel A. Sanjurjo Rosario, constituyó una prestación diversa a la pactada (*aliud pro alio*). El caso original es una demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios relacionada con la venta de grama para el parque Isidoro García. Las partes discrepan sobre si el contrato fue una compraventa mercantil o de ejecución de obra, y si la reclamación es por vicios ocultos o *aliud pro alio*, lo cual afecta la prescripción. Este panel ya había intervenido previamente (KLCE201300374), resolviendo que el negocio era una compraventa mercantil y devolviendo el caso al foro primario para una vista evidenciaria que distinguiera entre vicios ocultos y *aliud pro alio*. La peticionaria acude nuevamente buscando revisar la determinación inicial del foro primario sobre el *aliud pro alio*. El Tribunal de Apelaciones deniega expedir el auto solicitado. La denegación se fundamenta en los motivos expuestos, refiriéndose a la necesidad de seguir el curso procesal previamente establecido.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los apelantes, Adolfo Criscuolo Pérez y Wilma Valle Ferrer, fueron demandados por Banco Popular de Puerto Rico y emplazados por edicto. Tras presentar una contestación inicial, el TPI les ordenó presentar una alegación enmendada bajo pena de rebeldía. Los apelantes presentaron una contestación enmendada dentro del término concedido. No obstante, el TPI anotó la rebeldía y dictó sentencia en su contra. Los apelantes solicitaron reconsideración de la sentencia, la cual fue denegada por el TPI. Presentaron un recurso de apelación señalando errores relacionados con el emplazamiento, la orden de contestar, la anotación de rebeldía a pesar de haber contestado, y la denegatoria de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones determinó que procedía revocar la sentencia apelada. Consecuentemente, el caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Carlos Rafael Alvarado Encarnación y otros contra Banco Popular de Puerto Rico. La apelación proviene de un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por el banco. Los apelantes impugnan una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reconvención. En su reconvención, los apelantes reclamaban daños y perjuicios por alegados perjuicios a su imagen comercial y solvencia económica. Argumentaron que el banco actuó de mala fe en relación con uno de los préstamos. Específicamente, alegaron que el banco tardó meses en responder a propuestas de pago, lo que aumentó la deuda. También sostuvieron que el banco rechazó irrazonablemente una oferta de compra de \$6,000,000 por la propiedad hipotecada. La sentencia del Tribunal de Apelaciones aborda estas controversias planteadas en la apelación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en relación con un recurso de apelación presentado por Jeanette Acevedo Méndez. La apelación impugnaba una decisión previa del Tribunal de Primera Instancia en un caso de desahucio y cobro de dinero. La sentencia del TPI había declarado con lugar la demanda de Fátima Martínez Vicente y Yolanda Vicente Campo, ordenando el desalojo de la apelante. La apelante presentó el recurso señalando errores en el manejo procesal y la valoración de la prueba por parte del TPI. Las apeladas solicitaron la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. Alegaron que la apelación fue presentada fuera del término de cinco días establecido por ley para casos de desahucio. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los argumentos de las partes. Concluyó que procedía desestimar el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción debido a que la apelación fue instada de forma tardía.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por Northwestern Selecta Inc. La apelante impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado y reclamación de comisiones por Roberto Hernández Mercado. El TPI desestimó el despido, pero ordenó el pago de comisiones, modificando la cuantía y añadiendo una penalidad tras varias mociones de reconsideración. La apelante presentó su recurso de apelación el 14 de enero de 2015 contra la sentencia original. No obstante, la apelante había presentado una moción de reconsideración de una resolución posterior del TPI el 30 de diciembre de 2014. El apelado alegó que el recurso era prematuro porque la moción de reconsideración de la apelante aún no había sido resuelta por el TPI al momento de apelar. La apelante reconoció haber presentado el recurso mientras su reconsideración estaba pendiente. El Tribunal de Apelaciones destaca la importancia de determinar su jurisdicción ante esta situación procesal. La sentencia se centra en la validez del recurso presentado prematuramente.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Región Judicial de Caguas-Humacao. Revisa una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio una demanda sobre servidumbre de paso. La demanda original fue presentada por Radamés García Velázquez, Lydia Velázquez Martínez y Félix García Ortiz contra la Sucesión Cruz Velázquez, solicitando permiso para construir un camino de acceso a sus fincas enclavadas. Durante el proceso, uno de los demandantes, Félix García Ortiz, falleció. El tribunal de primera instancia ordenó a la parte demandante mostrar causa por la cual el caso no debía ser desestimado por no realizar la sustitución de parte requerida. Ante la falta de acción de los demandantes, y a solicitud de la parte apelada, el tribunal desestimó la reclamación con perjuicio. Los apelantes recurren la decisión, argumentando que la desestimación por falta de sustitución de parte debe ser sin perjuicio según la Regla 22.1 de Procedimiento Civil, y que el tribunal erró al aplicar la Regla 39.2(a) y desestimar con perjuicio sin cumplir sus requisitos. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar si la desestimación con perjuicio fue correcta.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Lida M. Rivas Martínez contra el Departamento de Hacienda. La apelante impugna una deficiencia contributiva sobre ingresos correspondiente al año 2009. La controversia se centra en el tratamiento fiscal de una compensación de \$129,943.13 recibida en 2009 por acogerse a un programa de separación voluntaria de su empleo. Esta suma fue incluida como sueldo en su comprobante W-2 y reportada en su planilla, resultando en un balance contributivo adeudado. Ante el impago, el Departamento de Hacienda inició gestiones de cobro, notificando eventualmente un embargo preventivo. La apelante presentó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia, argumentando que la compensación debía estar exenta bajo la Ley 80, según enmendada por la Ley 278-2008. El foro primario desestimó su acción de impugnación. La apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Jeffry García Nieves, un confinado, apela la desestimación de su demanda por daños y perjuicios contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. La demanda original reclamaba \$150,000 por una alegada agresión física por parte de oficiales correccionales. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso sin perjuicio, argumentando que el demandante no había agotado los remedios administrativos disponibles dentro del Departamento. El apelante sostiene que el tribunal inferior erró al aplicar la doctrina de agotamiento de remedios administrativos. Alega, entre otras razones, que el foro administrativo no tiene la autoridad legal para conceder la indemnización monetaria que solicita. El Tribunal de Apelaciones revisa esta decisión, habiendo autorizado la comparecencia del apelante como indigente. La controversia central es si el confinado estaba obligado a agotar los procedimientos administrativos internos antes de presentar su reclamación de daños monetarios en los tribunales.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Peter Ruttell Cartagena apeló la desestimación de su demanda por daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado y la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. El apelante demandó tras fracasar en múltiples ocasiones el examen de reválida de medicina. Alegó que las reglas y el sistema de puntuación del examen eran irrazonables y caprichosos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda presentada por el apelante. El apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones para impugnar dicha desestimación. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso y el proceso judicial previo. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada que desestimó la demanda.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimó un auto de Certiorari presentado por la Sra. Sandra Herhshon Gutman. La peticionaria solicitaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que le impuso una sanción de ochocientos dólares (\$800). Dicha sanción fue impuesta por incumplir una orden previa del 8 de septiembre de 2014. Esa orden requería informar sobre procesos en otras jurisdicciones y paralizar el movimiento de bienes gananciales. La peticionaria presentó una solicitud de reconsideración de la sanción, la cual fue denegada. Ante el Tribunal de Apelaciones, la Sra. Herhshon Gutman señaló varios errores relacionados con la imposición de la sanción y la orden original. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. La desestimación se fundamentó en el estado procesal del caso y la tardanza en impugnar la orden inicial.

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El Estado Libre Asociado de Puerto Rico solicita al Tribunal de Apelaciones revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden compelió al ELA a entregar documentos del Departamento de la Familia relacionados a un proceso de remoción de una menor bajo la Ley 246-2011. Los documentos son requeridos por los demandantes en un pleito civil por daños contra el ELA, quienes alegan perjuicios por la remoción de la menor. El ELA argumenta que los expedientes son confidenciales según los artículos 26 y 27 de la Ley 246-2011. Esta ley establece la confidencialidad de los expedientes de protección de menores, permitiendo excepciones limitadas. Una excepción contempla el acceso judicial mediante inspección en cámara si es necesario para el bienestar del menor. El ELA propone este examen en cámara como medida cautelar. El Tribunal de Apelaciones debe ponderar la norma de confidencialidad de la Ley 246-2011 frente a la liberalidad del descubrimiento de prueba en pleitos civiles. La sentencia resolverá esta controversia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa. El recurrente, un confinado, impugna una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Había presentado una solicitud de remedio administrativo alegando que un oficial lo insultó y alteró el clima institucional. El Departamento investigó, y el oficial alegó que fue el confinado quien profirió insultos. El oficial presentó una querella disciplinaria contra el confinado, la cual fue desestimada por emplazamiento tardío. El confinado solicitó reconsideración de la respuesta del Departamento, argumentando que la querella del oficial era fabricada y que había ganado el caso. La Coordinadora Regional archivó la solicitud de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones revisó esta decisión. Procedió a resolver el recurso sin mayor trámite. El Tribunal confirmó la resolución que archivó la solicitud de remedio administrativo del recurrente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una revisión administrativa solicitada por Agnes J. González Lugo. La recurrente impugna una determinación de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACCA) que denegó la cubierta para servicios quiroprácticos. La Sra. González Lugo presentó su recurso, subsanando posteriormente la omisión del formulario para litigar como indigente. El tribunal procede a examinar su jurisdicción, destacando que es un requisito fundamental e indelegable. Se enfatiza que un tribunal sin jurisdicción debe desestimar el caso sin considerar los méritos. Los recursos presentados prematura o tardíamente también privan al foro apelativo de autoridad. La determinación de jurisdicción exige un análisis profundo para evitar dejar a una parte sin remedio.

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Roy E. Santiago Muñiz, confinado en una institución correccional, solicitó revisión de una resolución de la Administración de Corrección ante el Tribunal de Apelaciones. Su solicitud de remedio administrativo original se refería a problemas de salud oral, incluyendo pérdida de dientes, infección y dolor, pidiendo limpieza, arreglo dental, prótesis y un dentista en la institución. La Administración respondió inicialmente indicando una cita dental programada. Santiago Muñiz pidió reconsideración, insistiendo en la necesidad de prótesis y un dentista institucional. La Administración confirmó su respuesta inicial y rehusó considerar la petición de prótesis, alegando que era un planteamiento nuevo no incluido en la solicitud original, conforme a su reglamento. Inconforme, Santiago Muñiz acudió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que la agencia erró al archivar su remedio y no atender adecuadamente su situación de salud oral. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso presentado por el recurrente. La sentencia del Tribunal indica que revoca la resolución recurrida de la Administración de Corrección.

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Se presenta una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra una resolución de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La recurrente, María Marcano Guerra, impugnó la desestimación de su apelación administrativa por la CASP. Su apelación original ante la CASP buscaba un aumento salarial del 10% que alegaba le correspondía al regresar a su puesto de carrera antes de acogerse a un programa de retiro incentivado (Ley Núm. 70-2010). El Departamento de Corrección y Rehabilitación se opuso, argumentando que la participación en dicho programa implicaba una renuncia a toda reclamación laboral. La CASP desestimó la apelación de la señora Marcano, determinando que su acogida a la Ley Núm. 70-2010 constituía un relevo de su reclamación salarial. La recurrente solicitó reconsideración, enfocándose en la supuesta rebeldía del Departamento, pero la CASP denegó la petición. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la resolución emitida por la CASP.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una resolución del Departamento de Educación relativa a una querella presentada por una estudiante declarada no elegible para el Programa de Educación Especial. La estudiante, K.S.G.P., alegó tener diagnósticos que afectaban su aprendizaje y solicitó que la agencia comprara servicios educativos privados y reembolsara los gastos incurridos por sus padres. El Departamento de Educación argumentó que carecía de jurisdicción para atender el reclamo, ya que la estudiante no era elegible para el programa. La Jueza Administrativa del Programa de Educación Especial desestimó la querella, concluyendo que no tenía jurisdicción sobre controversias presentadas por estudiantes determinados no elegibles. La estudiante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución de la Jueza Administrativa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra que denegó el privilegio de libertad bajo palabra a Wilfredo Galarza Cintrón. El recurrente cumple una sentencia de sesenta años por delitos graves, incluyendo asesinato en segundo grado y tentativa de robo. La Junta fundamentó su decisión en varios factores. Entre ellos, la naturaleza violenta de los delitos por los que fue sentenciado. También consideró un resultado positivo a sustancias controladas en una prueba de dopaje realizada en 2013. La Junta señaló que no surgía evidencia de que el recurrente hubiera sido evaluado recientemente por el Negociado de Rehabilitación y Tratamiento. Además, determinó que la oferta de empleo propuesta por el recurrente no era viable. Finalmente, la Junta indicó que el recurrente no contaba con un candidato para fungir como amigo consejero. A pesar de que el hogar propuesto y el posible hogar para pases resultaron viables, la Junta denegó la solicitud. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de Luis Franco Matos contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, un confinado, solicitó ser reinstalado en su trabajo como repartidor de alimentos. Había sido removido del puesto por motivos de seguridad tras un incidente con otro confinado, aunque la querella disciplinaria resultante fue desestimada. El Departamento denegó su solicitud de remedio administrativo y la posterior reconsideración, argumentando que la remoción se basó en medidas de seguridad institucional y la necesidad de conducta excelente para mantener privilegios laborales, según un informe de un oficial. El Sr. Franco Matos apeló ante el Tribunal, alegando que la decisión del Departamento era arbitraria, violaba el reglamento disciplinario al considerar una querella desestimada, ignoraba una orden previa y afectaba su derecho a la rehabilitación. El Tribunal revisó los argumentos de ambas partes. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

Ángel Cotto López, un confinado, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones la denegatoria de su solicitud de un pase inicial sin custodia. La resolución administrativa apelada, emitida en octubre de 2014, denegó una solicitud presentada por Cotto López en junio de 2014. Previamente, en 2011, Cotto López había solicitado un pase familiar que fue denegado en 2012. Esa denegatoria original se fundamentó en la oposición de la víctima, la naturaleza de los delitos, falta de arrepentimiento y conocimiento del área de residencia de la víctima. La División de Remedios Administrativos, al evaluar la nueva solicitud de 2014, la denegó basándose en los mismos fundamentos de la denegatoria de 2012. El Tribunal de Apelaciones revisó los méritos del recurso. Tras considerar los argumentos, el Tribunal resolvió revocar la resolución administrativa recurrida.

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Un recluso, Roberto Figueroa Castillo, apeló la denegatoria del Departamento de Corrección y Rehabilitación a su solicitud para comprar cigarrillos y fumar en la Institción Ponce Máxima Seguridad. El recurrente basó su petición en una sentencia previa del Tribunal de Apelaciones que, según él, le garantizaba este derecho por igual protección. El Departamento de Corrección denegó la solicitud, argumentando que la sentencia anterior aplicaba solo a los confinados específicamente mencionados en ella. Además, justificó la prohibición de fumar en la institución citando la Ley Núm. 40-1993, enmendada por la Ley Núm. 66-2006. Esta ley prohíbe fumar en lugares cerrados y de alto riesgo para proteger a los no fumadores del humo pasivo y garantizar la seguridad. El recluso solicitó reconsideración, insistiendo en la aplicación de la sentencia previa por igual protección. La División de Remedios Administrativos de Corrección confirmó su decisión inicial, reafirmando la prohibición legal de fumar en la institución. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Thermo King de Puerto Rico compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari y moción en auxilio de jurisdicción. Solicitó la revisión y revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha resolución declaró no ha lugar una solicitud de sentencia sumaria presentada por Thermo King en un caso de despido injustificado y represalias. El caso original fue incoado por Guillermo J. Hernández Cuevas. Thermo King alegó que el despido se debió a acciones disciplinarias. El foro primario denegó la sentencia sumaria al encontrar genuinos hechos en controversia que ameritan juicio. Thermo King también pidió paralizar el juicio señalado para el 26 y 27 de febrero de 2015. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari. Asimismo, declaró no ha lugar la solicitud en auxilio de jurisdicción.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación en un caso de divorcio sobre pensión alimentaria. El apelante Eulogio Galarza Torres solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de rebaja de pensión alimentaria. El tribunal de instancia denegó la solicitud al no presentar el Sr. Galarza Torres prueba de cambios sustanciales en sus ingresos, requisito legal para modificar la pensión, especialmente al solicitar una reducción. El Tribunal de Apelaciones acogió la petición como un recurso de apelación. Determinó que la resolución apelada era una determinación final. Sin embargo, el Tribunal señaló que la notificación de esta resolución final se realizó incorrectamente utilizando un formulario para órdenes interlocutorias. Esta notificación indebida no apercibió al apelante de sus derechos postsentencia, incluyendo el derecho a apelar la determinación final.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. Los peticionarios, herederos del deudor original, solicitan revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia que autorizó la sustitución de la parte demandante. Doral Bank inició la demanda y, tras el fallecimiento del deudor, incluyó a los herederos. Doral Bank solicitó y obtuvo la sustitución por Doral Recovery tras una transferencia de activos. Los peticionarios se opusieron sin éxito a esta sustitución inicial. Posteriormente, el tribunal ordenó a Doral Bank revelar la cuantía de la cesión del crédito para que los peticionarios consideraran ejercer el retracto. Doral Bank incumplió parcialmente y los peticionarios descubrieron que el crédito había sido transferido nuevamente a Roosevelt Cayman Asset Company. Los peticionarios continuaron reclamando la información necesaria para ejercer su derecho de retracto. Doral Bank solicitó una nueva sustitución para incluir a Roosevelt Cayman Asset Company como demandante. La apelación se centra en la procedencia de la sustitución autorizada y los eventos subsiguientes relacionados con la transferencia del crédito y el derecho de retracto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de mandamus presentado por Nancy Flores. La petición se relaciona con un procedimiento previo iniciado por la señora Flores bajo la Ley Núm. 140, aparentemente sobre alegados mensajes de acecho o insultantes, con cuyo resultado no quedó satisfecha. En su escrito, solicitó al Ministerio Público y al Departamento de Justicia que procedieran de inmediato y dictaran sentencia final en su caso. También presentó quejas sobre la entrega de evidencia sin su autorización y la dilación judicial. El Tribunal de Apelaciones determinó que el escrito no identificaba claramente el dictamen judicial que se pretendía revisar. Tampoco incluía señalamientos de error ni permitía constatar la jurisdicción del Tribunal. Ante la imposibilidad de discernir el pronunciamiento cuestionado y confirmar su competencia, el Panel decidió desestimar el recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de certiorari presentado por Muñoz Bermúdez S.E. y Triple S, Inc. Estos impugnaron la denegatoria de su moción de sentencia sumaria por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños. La demanda original fue presentada por un empleado, Sr. Jorge Luis Molina, quien sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba en una propiedad. Muñoz, como dueño de la propiedad, y Triple S, como su aseguradora, fueron incluidos posteriormente en la demanda. Muñoz y Triple S solicitaron sentencia sumaria alegando inmunidad bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Argumentaron que Muñoz era un patrono estatutario y Triple S su aseguradora, cubiertos por la doctrina de inmunidad patronal. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción, indicando que la determinación sobre el estatus de patrono estatutario requería análisis adicional. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de certiorari, confirmando la decisión del TPI de no conceder la sentencia sumaria en esta etapa.

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Demetrio Lozada Ortega, confinado en la Institución Guayama 945, presentó un recurso de mandamus ante el Tribunal de Apelaciones. Solicita que se ordene al Departamento de Corrección y Rehabilitación su traslado a la Institución Correccional Bayamón 1072. El motivo principal es facilitar las visitas de sus familiares, especialmente de su madre, quien padece condiciones de salud que dificultan el viaje a Guayama. El peticionario alega haber solicitado el traslado en múltiples ocasiones y que una orden previa del Tribunal de Ponce fue incumplida. El Tribunal de Apelaciones requirió y recibió documentos de apoyo, incluyendo resoluciones administrativas y órdenes de tribunales de primera instancia. Tras considerar el recurso, el Tribunal denegó expedir el auto de mandamus. La resolución explica que el mandamus es un auto discrecional y privilegiado que solo procede para compeler el cumplimiento de deberes ministeriales, no discrecionales. La decisión se basa en los fundamentos que se discutirán a continuación en la resolución.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre la impugnación de una subasta de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Safety Route Corp. recurre la decisión de la ACT de adjudicar la subasta a JC \& Assoc. Property Management Group, Inc. La subasta era para el suministro e instalación de postes kilométricos y hectométricos. Safety Route Corp. alegó que JC \& Assoc. incumplió con el requisito de someter los estados financieros auditados más recientes al momento de la apertura de las propuestas. JC \& Assoc. presentó estados financieros de 2012 y estados interinos de 2013 en la fecha límite, sometiendo los auditados de 2013 posteriormente. La asesora legal de la ACT consideró este incumplimiento un "error subsanable". La Junta de Subastas de la ACT acogió esta opinión y adjudicó la subasta a JC \& Assoc. como el postor más bajo que cumplió con las especificaciones. Tras analizar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Adjudicación de Subasta impugnada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión administrativa sobre la elegibilidad a beneficios por desempleo. Annie M. Camacho Santiago impugnó la determinación del Negociado de Seguridad de Empleo que la descalificó. La descalificación se basó en que renunció a su trabajo por problemas de cuido de hijos, considerándose un abandono voluntario sin justa causa atribuible al patrono. Esta decisión se fundamentó en la Sección 4(b)(2) de la Ley de Seguridad de Empleo. La determinación inicial fue confirmada por la División de Apelaciones del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos tras una apelación administrativa. Inconforme, la señora Camacho Santiago presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal analizó el caso y los fundamentos de la decisión administrativa. Finalmente, la Sentencia confirma la determinación del Negociado de Seguridad de Empleo. Esto valida la denegación de los beneficios de compensación por desempleo a la recurrente.

Resumen:

Ivonne González López presentó una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) contra Vista Real Development, S.E. y otros por vicios de construcción en una residencia adquirida en 2005. La querella, radicada en 2007, alegaba filtraciones, desprendimiento de empañetado y grietas. El trámite administrativo en DACO se extendió por aproximadamente siete años, marcado por numerosas suspensiones solicitadas por las partes y otros factores procesales. DACO realizó inspecciones y hubo cambios de abogados y del juez administrativo durante el proceso. Finalmente, DACO señaló una vista para agosto de 2014. El día de la vista, el abogado de la querellante no compareció. DACO emitió una Resolución en noviembre de 2014 ordenando el cierre y archivo de la querella. La agencia fundamentó su decisión en la supuesta dilación indebida y falta de interés demostrada por la parte querellante a lo largo del procedimiento. Este documento es la Sentencia del Tribunal de Apelaciones revisando esa Resolución de DACO.

Resumen:

Hospital HIMA-Caguas solicitó la revisión administrativa de una decisión de la Oficina del Procurador del Paciente (OPP). La OPP le había impuesto una multa administrativa de $3,000. Esta sanción se debió a que el hospital no proveyó el expediente médico de una paciente menor de edad, alegando que se había extraviado. La madre de la paciente presentó la querella inicial ante la OPP. HIMA-Caguas impugnó la decisión, señalando errores jurisdiccionales y procesales por parte de la OPP. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso bajo el amparo de la Ley 194-2000, la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente. Dicha ley busca asegurar el acceso a servicios de salud de calidad y el conocimiento de los derechos de los pacientes, incluyendo el acceso a su información médica. Tras examinar los argumentos del recurrente, el Tribunal determinó que la decisión de la OPP era correcta. Por lo tanto, el Tribunal confirmó la determinación administrativa que impuso la multa a HIMA-Caguas.

Resumen:

La sentencia del Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de revisión judicial presentado por un confinado. El recurrente impugnó la respuesta administrativa a su queja sobre retrasos en la entrega de correspondencia en la institución correccional. Tras agotar los remedios administrativos, incluyendo una solicitud de reconsideración, acudió al tribunal. El tribunal le requirió presentar documentos clave, como la respuesta administrativa y la moción de reconsideración, para acreditar la jurisdicción. El recurrente no cumplió con la orden de presentar dicha evidencia. Ante la falta de los documentos solicitados, el tribunal no pudo desvirtuar la presunción de corrección de la resolución administrativa. Aplicando las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) sobre los términos para solicitar reconsideración y revisión judicial, el tribunal determinó que el recurso fue presentado tardíamente. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso y procedió a desestimarlo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari. Los peticionarios, incluyendo individuos y sus sociedades de gananciales, impugnan una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. La demanda original fue presentada por LSREF2 Island Holdings, Ltd., subrogado de FirstBank Puerto Rico, por incumplimiento de contrato y cobro de dinero relacionado con préstamos comerciales. Los peticionarios habían otorgado garantías personales para asegurar las obligaciones de las empresas. La solicitud de desestimación se fundamentó en que requerir las garantías de las esposas violó el Equal Credit Opportunity Act (ECOA) por discriminación marital. La parte recurrida argumentó que ECOA no aplica a préstamos comerciales y que la ley de Puerto Rico exige el consentimiento conyugal para transacciones de bienes gananciales. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari. Esto valida la decisión del foro primario de continuar con el caso.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Blanca F. Amador García apeló la determinación de DACO en su querella contra Cabrera Auto Group y otros. La querella se originó por problemas en el motor de un vehículo Ford F250 adquirido por Amador en 2008. Aproximadamente un año después de la compra, el vehículo presentó fallas y Cabrera Auto Group denegó la garantía alegando pobre mantenimiento. Amador presentó su querella en DACO años más tarde. Tras una vista administrativa, DACO concluyó que Amador no demostró que el daño o la denegatoria de garantía fueran responsabilidad de los querellados. Amador recurrió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que DACO erró al no considerar que su perito estableció la responsabilidad de los querellados, lo que justificaría la reparación o rescisión del contrato. La sentencia contextualiza el rol de DACO en la protección al consumidor y sus facultades reglamentarias, incluyendo la inspección de vehículos.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Gabriel E. Vélez Martínez contra Yajaira De Jesús Mercado, relacionado con un caso de divorcio y pensión alimentaria. El peticionario solicita dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó satisfacer un balance adeudado de pensión alimentaria y exponer su posición sobre una moción de desacato. La controversia surge tras una solicitud de aumento de pensión por parte de la recurrida y la oposición del peticionario, quien argumenta por una rebaja o eliminación de la pensión luego de que se estableciera una custodia compartida del hijo menor. La recurrida presentó una moción de desacato por el impago de la pensión. El foro primario ordenó el pago y la respuesta a la moción de desacato, y posteriormente emitió una orden para mostrar causa por desacato. El peticionario impugna la orden inicial del Tribunal de Primera Instancia mediante este recurso. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Elier Rivera Sánchez. El peticionario solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Dicha moción buscaba anular o corregir su sentencia, alegando violaciones constitucionales y representación legal inefectiva. El Tribunal de Primera Instancia notificó su denegatoria el 17 de diciembre de 2014. El peticionario presentó el recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones el 21 de enero de 2015. El Tribunal de Apelaciones acogió el escrito como Certiorari. Sin embargo, el recurso es desestimado por falta de jurisdicción, al haber sido presentado de forma tardía fuera del término establecido.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Perfect Cleaning Services, Inc. contra ASSMCA. Perfect Cleaning Services solicitó un recurso de Certiorari para revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó la solicitud de Perfect Cleaning Services para un injunction preliminar. Perfect Cleaning Services buscaba el injunction tras la terminación anticipada de su contrato de servicios de limpieza por parte de ASSMCA. La empresa alegó que la terminación era arbitraria e ilegal, y que ASSMCA contrató a otro suplidor a un precio mayor. El Tribunal de Primera Instancia, tras evaluar la prueba, declaró No Ha Lugar el injunction y ordenó la continuación del pleito. Perfect Cleaning Services impugnó esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones, alegando error al no paralizar la cancelación de servicios. El Tribunal de Apelaciones, considerando la naturaleza discrecional del recurso de Certiorari para órdenes interlocutorias, denegó la expedición del auto. La sentencia confirma la denegatoria del Certiorari, manteniendo la decisión del foro primario de no expedir el injunction preliminar.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Ramón Acosta en un caso de daños y perjuicios. Acosta solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición para dejar sin efecto la anotación de rebeldía en su contra. La recurrida, Amelia García López, lo incluyó como codemandado en una segunda demanda enmendada. Acosta compareció solicitando prórroga para contestar la demanda. El TPI anotó la rebeldía de Acosta en mayo de 2014, aunque Acosta alegó no haber sido notificado de dicha orden. Posteriormente, la parte demandante solicitó la anotación de rebeldía en noviembre de 2014, aparentemente sin conocimiento de la anotación previa. Acosta solicitó el levantamiento de la rebeldía y contestó la demanda, pero el TPI denegó su solicitud en febrero de 2015, manteniendo la anotación y el señalamiento de juicio. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado y revoca la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso entre las productoras Jocelyn Walleska Serra y César Sainz. La señora Serra presentó una querella ante el Colegio de Productores de Espectáculos Públicos (COPEP) contra el señor Sainz. Alegó que este interfirió con su derecho contractual preferente para producir un concierto de Ana Gabriel. La Comisión de Ética de COPEP investigó la querella. Inicialmente consideró sancionar al señor Sainz, pero finalmente lo exoneró. La Comisión concluyó que el manejador de la artista negoció de mala fe con ambos productores. La señora Serra solicitó revisión ante la Junta de Directores de COPEP, que confirmó la decisión de la Comisión. Inconforme, la señora Serra acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó la determinación administrativa. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revoca la decisión recurrida del COPEP.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una petición de certiorari presentada por la Administración del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno (Retiro). Retiro procuraba revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en Mayagüez. La orden del TPI requirió a Retiro enmendar una petición ex parte sobre la consignación de beneficios de retiro para una beneficiaria menor de edad. Retiro había intentado consignar fondos para la hija menor de un participante fallecido, indicando que no podían pagarle directamente. El TPI determinó que no se había instado alegación alguna contra la beneficiaria designada y ordenó a Retiro incluir a los beneficiarios en la presentación. Retiro argumentó que este método de consignación se había utilizado por años. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el asunto, decidió declinar la expedición del auto de certiorari. La resolución expone la naturaleza discrecional del certiorari y los criterios que guían la decisión del tribunal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de reclamación laboral. Lazarous Health Services, Corp. apela una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de relevo de sentencia. La recurrida, Lissette Vega Torres, incoó una reclamación laboral contra Lazarous bajo varias leyes. El TPI dictó sentencia en rebeldía contra Lazarous tras un alegado emplazamiento. Lazarous presentó una moción de relevo de sentencia, alegando que la sentencia era nula por falta de jurisdicción debido a un emplazamiento incorrecto. El TPI declaró sin lugar la moción de relevo de sentencia de Lazarous, indicando que no se presentaron fundamentos válidos. Inconforme con esta determinación, Lazarous acude al Tribunal de Apelaciones. El peticionario argumenta que el TPI erró al no acoger su moción de relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil y la Ley Sumaria de Reclamaciones Laborales.