Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 32)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de Certiorari presentado por Deborah Rivera Velázquez. La peticionaria impugnó una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de inhibición del Juez Ignacio Morales Gómez. Dicha solicitud se fundamentó en alegada parcialidad del juez durante una vista en el caso subyacente de injunction y daños. Tras la denegatoria inicial, otro juez evaluó el asunto y confirmó la decisión mediante resolución del 4 de noviembre de 2024. La peticionaria presentó una moción de reconsideración ante el foro primario el 20 de noviembre de 2024. No obstante, antes de que el Tribunal de Primera Instancia resolviera la reconsideración, la peticionaria acudió en alzada mediante el presente Certiorari. El Tribunal de Apelaciones concluye que carece de jurisdicción para atender el recurso. Se ordena la desestimación del Certiorari por haber sido presentado prematuramente, mientras pendía una moción de reconsideración ante el foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa. B Billboard NC, LLC apeló una resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Dicha resolución declaró No Ha Lugar a la solicitud de revisión administrativa instada por B Billboard NC. El recurrente impugnaba un permiso de construcción otorgado a Out of Home Media, LLC (OHM). El permiso autorizaba a OHM a cambiar un anuncio publicitario de tipo mesh a pantalla digital. B Billboard NC había intervenido en el proceso original del permiso, alegando interés propietario y la necesidad de cumplir con la Ley de Contención Lumínica. Tras la emisión del permiso y la denegación de su revisión administrativa por la OGPe, B Billboard NC acudió al Tribunal de Apelaciones. El tribunal desestimó el recurso presentado. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo. La sentencia también señala que la resolución de la OGPe no resolvió la alegación de falta de legitimación planteada por las partes.

Resumen:

Se trata de una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato. La apelante presentó la demanda pero no logró diligenciar el emplazamiento al apelado dentro del término legal. Solicitó en múltiples ocasiones una extensión del plazo para emplazar, alegando enfermedad de la persona contratada para el servicio y un accidente propio. El foro primario denegó consistentemente las solicitudes de prórroga, indicando que no tenía facultad para concederlas o que no se justificaba. Al vencer el término sin que se realizara el emplazamiento, el tribunal de instancia desestimó la demanda. La apelante solicitó reconsideración, argumentando que las reglas de procedimiento permiten extensiones por justa causa y que su solicitud fue oportuna, pero fue denegada. En apelación, la demandante impugna la denegación de las prórrogas y la desestimación, insistiendo en la aplicabilidad de las reglas procesales sobre extensión de términos. Tras revisar el expediente, este tribunal apelativo confirma la decisión del foro primario.

Resumen:

Una resolución judicial deniega la solicitud de certiorari presentada por Luis Garratón, LLC. Garratón buscaba revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar su solicitud de desestimación en un caso civil. El litigio fue iniciado por Smart Distributors, LLC, quien demandó a Garratón y Haleon. Smart alega la existencia de un contrato verbal de distribución con Garratón para productos Haleon desde junio de 2021. Sostiene que invirtió en la distribución, generó ventas significativas y cumplió con sus obligaciones. Smart afirma que Garratón cesó unilateralmente las entregas en mayo de 2022 sin justa causa, supuestamente por prohibición de Haleon. Alega que esta acción menoscabó la relación contractual y violó la Ley de Contratos de Distribución (Ley 75). Smart reclama daños sustanciales por la terminación indebida. El TPI determinó que la demanda de Smart contenía alegaciones fácticas suficientes para sustentar un reclamo bajo la Ley 75. La presente resolución confirma la decisión del TPI, permitiendo que el caso continúe.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Franchesca L. Jerez Vélez, relacionado con un caso de desahucio por falta de pago y cobro de dinero. La apelante solicitó la revisión de un dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, el dictamen apelado no fue incluido en el apéndice del recurso. Además, la apelante no presentó señalamientos de error ni la argumentación legal requerida. El tribunal enfatiza que el cumplimiento con las reglas para perfeccionar recursos apelativos es obligatorio. La falta de cumplimiento con los requisitos de forma y contenido impide la revisión judicial. Al no haberse perfeccionado el recurso adecuadamente, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para considerarlo. Por consiguiente, el recurso de apelación es desestimado por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Island Portfolio Services, LLC, como agente de Fairway Acquisitions Fund, LLC, demandó a Luis E. Padrón Rosado bajo la Regla 60. El Sr. Padrón Rosado solicitó la desestimación de la demanda en el Tribunal de Primera Instancia. Sus argumentos se basaron en la falta de emplazamiento adecuado y la omisión de prestar fianza de no residente por parte de la demandante extranjera. También cuestionó la legitimación activa de Island Portfolio. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación del peticionario. El Sr. Padrón Rosado recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar la Orden del foro primario. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones adelantó la expedición del auto. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones dictaminó la desestimación de la demanda contra el Sr. Padrón Rosado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Joseph O. Avilés Rodríguez. El peticionario solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de desestimación. La moción buscaba desestimar una acusación por infracción al Artículo 3.4 de la Ley 54 (Violencia Doméstica). La acusación se basó en una determinación de causa probable en una vista preliminar en alzada, tras una determinación inicial de no causa. El peticionario alegó que la prueba presentada por el Ministerio Público era insuficiente para establecer la violación del artículo, argumentando que la alegada perjudicada actuó voluntariamente. El Ministerio Público sostuvo que la prueba testifical demostró que la libertad de la perjudicada fue restringida mediante violencia e intimidación. El TPI concluyó que sí se presentó prueba de los elementos del delito y su vínculo con el peticionario, sustentando la determinación de causa probable. Por tanto, el TPI declaró No Ha Lugar la moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones expide el recurso de certiorari y confirma el dictamen recurrido del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en una Revisión Judicial. El recurrente, Abel J. Hernández de Jesús, confinado, impugna una Resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Dicha resolución lo encontró incurso en infracciones al reglamento disciplinario y le impuso una sanción de suspensión de privilegios. El recurrente argumentó que el procedimiento disciplinario adoleció de defectos formales, como errores en la identificación en la querella. El Tribunal examinó el expediente, incluyendo la querella, el reporte de cargos, la citación y la resolución final. Se verificó que, si bien hubo un error en el nombre en el reporte de cargos, los demás documentos clave lo identificaron correctamente. El Tribunal concluyó que los errores procesales alegados por el recurrente no se materializaron. En consecuencia, el Tribunal determinó que debía prevalecer la determinación administrativa y confirmó la resolución disciplinaria emitida por el DCR.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega un recurso de certiorari presentado por miembros de la sucesión de Pedro Arvesú Gasset. El recurso buscaba revisar una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) relativa a la inscripción de acciones en Refricentro, Inc. El TPI había autorizado la inscripción de 431,100 acciones heredadas por la sucesión. No obstante, el TPI denegó la inscripción de 92,581 acciones adicionales que los peticionarios alegaban haber adquirido por compraventa. La denegación se fundamentó en que la validez del traspaso de estas 92,581 acciones era una controversia pendiente en una reconvención dentro del caso principal. Los peticionarios habían solicitado al TPI que ordenara al secretario corporativo emitir un certificado por el total de acciones (523,681). Las partes recurridas se opusieron, argumentando que tal orden validaría una transacción cuya legalidad estaba en disputa. Al denegar el certiorari, el Tribunal de Apelaciones valida la determinación del TPI de no autorizar la inscripción de las acciones cuya adquisición está siendo controvertida en el pleito.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por los demandados en un caso de deslinde. Los peticionarios impugnan una resolución del Tribunal de Primera Instancia que les denegó un término para objetar el informe de un comisionado especial. El foro primario basó su denegatoria en que el término para oponerse, conforme a la Regla 8.4 de Procedimiento Civil, había transcurrido. Los peticionarios alegaron que esta decisión les privó de su derecho a confrontar el informe. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso a la luz de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Esta regla limita la revisión mediante certiorari a resoluciones u órdenes interlocutorias específicas. La corte concluyó que la denegatoria de un término para objetar el informe del comisionado no se encuentra entre las excepciones que permiten la revisión interlocutoria. Las controversias no incluidas en la Regla 52.1 son revisables únicamente tras dictarse sentencia final mediante apelación. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari por falta de jurisdicción.

Resumen:

La presente Resolución del Tribunal de Apelaciones atiende una Petición de Certiorari presentada por el señor Rolando Ruiz López. El peticionario impugnó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Mayagüez que declaró no ha lugar su solicitud de desestimación. Dicha solicitud se basaba en la alegada violación a su derecho constitucional a un juicio rápido y a la Regla 64(n)(5) de Procedimiento Criminal. El peticionario argumentó que hubo una dilación excesiva y atribuible al Estado en la celebración de la vista preliminar. Además, presentó una Moción en Auxilio de Jurisdicción solicitando la paralización de los procedimientos, incluyendo una vista pautada para el día siguiente. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su facultad discrecional para expedir autos de certiorari, evaluó la petición. Considerando los fundamentos que expondrá, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari. Como resultado, la Moción en Auxilio de Jurisdicción también fue declarada no ha lugar.

Resumen:

Este caso de daños y perjuicios por accidente de tránsito enfrenta a Sabrina Negrón Cruz y Maritza Cruz Ortiz contra Julián Vázquez Pérez, Ivonne López De Victoria y otros. Tras varias etapas procesales, incluyendo la fijación de un término tentativo para el descubrimiento de prueba, los demandados intentaron cursar interrogatorios y requerimientos de documentos. La parte demandante se opuso, alegando que el término para descubrir prueba había vencido. Los demandados solicitaron una extensión del término, argumentando que era tentativo y no causaría perjuicio. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de extensión y la posterior reconsideración. Inconformes, los demandados recurrieron al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones examinó la determinación impugnada. Concluyó que se trata de una resolución interlocutoria no revisable bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, por lo que procede la desestimación del recurso.

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El Municipio Autónomo de Caguas presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar cuatro órdenes dictadas por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de expropiación forzosa. Las órdenes del TPI, emitidas en octubre de 2024, abordaban la anotación de rebeldía, la presentación de una tasación revisada y la consignación de la justa compensación. El Municipio solicitó reconsideración en dos ocasiones, argumentando que debía descontarse la deuda contributiva de la propiedad y que no estaba obligado a consignar hasta la comparecencia de los recurridos. El TPI denegó las reconsideraciones, reiteró la obligación de consignar la suma de \$51,961.44 y concedió nuevos términos. Inconforme, el Municipio acudió al foro apelativo imputando errores al TPI por no considerar tasaciones previas y por no descontar la deuda contributiva. El Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso de certiorari. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción debido a que el recurso fue presentado de forma tardía.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación en un caso de daños y perjuicios. Los apelantes, titulares de un apartamento en el Condominio Sea View, reclamaron compensación y pérdida de ingresos por filtraciones de agua. Alegaron que las filtraciones, no corregidas oportunamente por el condominio, causaron la salida de su inquilina y una pérdida de \$17,000 en rentas. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria Parcial, desestimando con perjuicio la causa de acción sobre la pérdida de ingresos. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y fundamentos presentados por las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido. Esto significa que se ratifica la desestimación de la reclamación por pérdida de ingresos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones denegando un auto de certiorari solicitado por un tercero demandado en un caso de incumplimiento de contrato y cobro de dinero. El peticionario buscaba anular una orden de embargo post-sentencia sobre su propiedad. Alegaba falta de notificación de la solicitud de embargo, imputando violación a la Regla 67 de Procedimiento Civil y al debido proceso. El Tribunal de Primera Instancia había resuelto previamente que, aunque no se notificó la solicitud inicial, el peticionario tuvo oportunidad de reaccionar mediante reconsideración tras recibir la orden de embargo. El foro primario concluyó que la falta de notificación de la solicitud no causó perjuicio indebido ni indefensión, validando la orden de embargo. El Tribunal de Apelaciones, examinando los argumentos y la resolución recurrida, determinó denegar el auto de certiorari sin trámites ulteriores. La denegación se fundamenta en que el peticionario no demostró que la falta de notificación de la solicitud inicial le impidiera defenderse adecuadamente en etapas posteriores.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, emitió una Resolución en el caso KLCE202401205. La resolución atiende un recurso de Certiorari presentado por el Sr. Michael Anthony Arizmendi. Este recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, relacionado con un caso de divorcio por consentimiento mutuo (Caso Núm. D DI2004-1138) donde Karen Hope Pearce figura como recurrida. Tras considerar la petición, el Tribunal de Apelaciones decidió denegar la expedición del recurso de Certiorari. La denegatoria se fundamenta en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. La Resolución fue acordada por el Panel II e informada el 11 de diciembre de 2024.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo un Recurso de Revisión Judicial instado por B BillBoard NC, LLC. La recurrente impugnó una resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que denegó su Solicitud de Intervención en un caso de permiso de construcción solicitado por Hello Media, LLC. OGPe declaró No Ha Lugar la intervención argumentando que el permiso ya había sido expedido y no existía un proceso adjudicativo pendiente, tornando la solicitud académica. B BillBoard alegó que OGPe erró al otorgar el permiso sin antes resolver la intervención y al denegar la intervención basándose en la expedición del permiso, lo cual impedía a la recurrente convertirse en parte para una posible revisión administrativa. El Tribunal evaluó el recurso, los señalamientos de error y las posiciones de las partes. Tras considerar el legajo apelativo, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión judicial presentado por B BillBoard NC, LLC.

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Un confinado, Jancarlos Gautier Rivera, presentó una revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico impugnando una decisión disciplinaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El DCR sancionó al Sr. Gautier Rivera por apropiación ilegal de azúcar mientras trabajaba en la cocina, lo que resultó en cargos de apropiación ilegal y abuso de privilegios. Se le impuso una sanción de pérdida de varios privilegios por 45 días. El Sr. Gautier Rivera alega que la vista disciplinaria violó el reglamento del DCR y sus derechos al debido proceso, argumentando falsas alegaciones y errores procesales. Sin embargo, el DCR determinó que el proceso disciplinario cumplió con el reglamento aplicable, incluyendo la entrega de cargos y los términos para la vista. La decisión del DCR se basó en evidencia que incluyó declaraciones de testigos y la supuesta admisión del confinado de haber tomado el azúcar. El Sr. Gautier Rivera solicitó reconsideración al DCR, la cual fue acogida pero sin emitir dictamen, lo que motivó esta apelación. El caso se centra en si el DCR siguió el procedimiento disciplinario adecuado para confinados según lo establecido en el Reglamento Núm. 9221.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre una Petición de Certiorari presentada por FHCHS of Puerto Rico (FHC). FHC solicitó la revocación de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia denegó la Moción de Sentencia Sumaria Parcial de FHC respecto a una reclamación de represalias bajo la Ley 115. La recurrida, Beatriz Vega Gutiérrez, demandó a FHC por despido injustificado y represalias. Vega alegó que fue despedida en septiembre de 2018 como represalia por presentar una querella contra su supervisora. Describió una serie de eventos, incluyendo una auditoría a su departamento, que consideró actos retaliatorios. FHC negó las alegaciones, sosteniendo que el despido fue justificado por violaciones a procesos internos. Tras evaluar el expediente y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por FHC. Esta decisión mantiene vigente la determinación del foro primario de no desestimar la reclamación de represalias bajo la Ley 115.

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El Tribunal de Apelaciones, en un panel especial, emitió una Resolución en el recurso de Mandamus presentado por Yoniel Arroyo Muñiz contra el Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental. El Mandamus se originó en el Caso Núm. 21-37 de la OEG, relacionado con alegadas violaciones a la Ley 1-2012. Tras valorar la comparecencia de la OEG, que certificó la notificación de la Resolución final en dicho caso, el Tribunal procedió a resolver. La Resolución final de la OEG era precisamente el objeto del recurso de Mandamus. El Tribunal determinó denegar el auto solicitado. La denegación se fundamenta en la falta de jurisdicción. El Tribunal concluyó que el recurso se tornó académico al haberse certificado la notificación de la resolución final de la OEG.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre división de bienes gananciales entre Melery Ortiz Beltrán y Rafael Rosado Maldonado. El señor Rosado solicitó la revisión de una Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha sentencia ordenó la liquidación en partes iguales de la comunidad post ganancial sobre un inmueble. El foro primario consignó la suma de \$5,063.99 a favor de la señora Ortiz tras la liquidación. El pleito se originó con la demanda de la señora Ortiz en 2023 para dividir bienes y deudas tras su divorcio en 2006. El señor Rosado contestó y reconvino, detallando el inmueble y deudas, alegando haber pagado deudas que excedían el valor del bien. Posteriormente, el señor Rosado solicitó sentencia sumaria, ajustando los cálculos de deuda y proponiendo la distribución de una ganancia de \$10,127.98. El Tribunal de Apelaciones acogió la apelación como certiorari para revisar la determinación. Finalmente, el Tribunal denegó expedir el auto de certiorari solicitado por el señor Rosado.

Resumen:

Un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que emitió una Orden de Protección para un Adulto Mayor. La petición original fue presentada por dos hijos en representación de su madre de 89 años contra su hermano, Pedro L. Del Pilar Rodríguez. Se alegó que Pedro L., quien reside con la madre, incumplía con el pago de servicios esenciales (luz, agua, internet), generando deudas y riesgo para el bienestar de la adulta mayor. Los hermanos testificaron sobre la falta de pago y sospecha de control y explotación financiera por parte de Pedro L. El Departamento de la Familia y la OPPEA señalaron que la interrupción de servicios esenciales constituía negligencia y que había indicios de explotación financiera. El Foro Primario determinó que existía negligencia y sospecha de explotación financiera, dictando una Orden de Protección por seis meses contra Pedro L. Este apeló, argumentando errores del tribunal primario en la aplicación de la Ley 121 y violación a su debido proceso. El Tribunal de Apelaciones ordenó la remisión del expediente del caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia Nunc Pro Tunc en un caso de apelación. La apelación fue presentada por la Comisionada Electoral del Partido Popular Democrático contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso involucra a electores que utilizaron el método de voto adelantado. La controversia surgió porque la identificación de los electores mostraba una dirección postal distinta a la registrada en el padrón electoral. La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) había decidido no contabilizar estos votos sin verificación telefónica adicional. Los electores demandaron, argumentando que cumplieron con los requisitos legales y que la CEE tenía el deber ministerial de contar sus votos. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a la CEE verificar, validar y adjudicar los votos adelantados que cumplieran con el requisito de identificación, sin importar la discrepancia de dirección. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y el expediente. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado del foro primario.

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Sentencia de un panel judicial que revisa una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de incumplimiento de contrato y cumplimiento específico. El litigio surge de una disputa entre dos matrimonios sobre la compraventa de un inmueble, basada en una carta de intención. El matrimonio Johnson (apelante) demandó al matrimonio Ruiz-Flores (apelado), alegando que la carta de intención constituía un contrato vinculante. El TPI reconsideró una decisión previa y desestimó la demanda del matrimonio Johnson mediante sentencia sumaria. El TPI fundamentó su decisión en que la carta de intención supeditaba los acuerdos a la firma futura de un contrato de compraventa. Además, señaló que una cláusula de la carta liberaba a ambas partes de obligaciones si el contrato final no se firmaba por cualquier razón. El TPI concluyó que esta cláusula representaba un relevo de responsabilidad, impidiendo la perfección del contrato de compraventa con la sola carta de intención. El tribunal apelativo procede a revisar esta determinación. Se adelanta la confirmación de la sentencia apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una petición de certiorari. La peticionaria, Alexandra Pedroza Díaz, solicita revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden declaró No Ha Lugar su solicitud de sentencia sumaria sobre el derecho a hogar seguro para su hija menor. El caso original trata sobre custodia, pensión alimentaria y hogar seguro contra el recurrido, José Carlos Hernández Dib. Las partes llegaron a un acuerdo sobre custodia y pensión alimentaria, aprobado por el foro primario. Sin embargo, la controversia sobre el hogar seguro quedó pendiente de litigio. La peticionaria solicitó sentencia sumaria para declarar la residencia compartida como hogar seguro. El recurrido se opuso, presentando argumentos en contra. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria, ordenando una vista evidenciaria al encontrar controversia. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Negociado de Energía de Puerto Rico abrió un caso tras las interrupciones masivas del servicio eléctrico el 12 de junio de 2024. Ordenó a LUMA Energy, Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presentar planes prioritarios preliminares (PPP) en 20 días para abordar la inestabilidad del sistema. Las tres compañías no cumplieron con el plazo inicial del 3 de julio de 2024. El Negociado les requirió mostrar causa por la cual no se les debía multar diariamente. La AEE argumentó estar exenta de la obligación, pero el Negociado rechazó su postura, indicando que su plan debía cubrir su área de operación. Aunque la AEE presentó su PPP posteriormente, el Negociado impuso multas administrativas de $500 diarios a las tres compañías por el retraso. LUMA y Genera pagaron sus multas, pero la AEE no lo hizo y solicitó reconsideración. El Negociado denegó la reconsideración, ordenó el pago de la multa y requirió a la AEE mostrar causa por no pagar, bajo amenaza de una multa mayor. Insatisfecha, la AEE acudió al Tribunal de Apelaciones para revisar las resoluciones del Negociado e intentar suspender su ejecución.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación que busca la nulidad de una sentencia previa. Los apelantes Luis Valdesuso García y Sara García Romero impugnan una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para declarar nula una sentencia emitida en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca (K CD2015-2167). Esa sentencia previa favoreció a Luna Commercial II, LLC, condenando a los apelantes al pago de una suma relacionada con un pagaré hipotecario. Los apelantes argumentaron que la sentencia era nula porque Condado 3, un tenedor anterior del pagaré, no estaba autorizado a hacer negocios en Puerto Rico y no prestó fianza de no residente. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de nulidad. Señaló una decisión previa, final y firme del Tribunal de Apelaciones entre las mismas partes que ya había rechazado el argumento de la fianza de no residente. El foro primario también indicó que la mera tenencia de un pagaré pagadero en Puerto Rico no constituye hacer negocios en la isla. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada, validando la denegatoria de la solicitud de nulidad.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El Consejo de Titulares de un condominio demandó a la sucesión de una titular por cuotas de mantenimiento adeudadas. Elish Investment, LLC., quien adquirió la propiedad posteriormente, fue incluida como parte demandada. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía contra la sucesión y sentencia sumaria contra Elish Investment, declarando a esta última responsable por la deuda. Elish Investment apeló dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por Elish Investment. Sin embargo, el tribunal apelativo desestima la apelación. La razón para la desestimación es la falta de jurisdicción para considerar el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una petición de certiorari presentada por Efraín Morales Rivera. El recurso buscaba revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de interdicto posesorio contra Gabriel González Rivera. El foro primario había decidido convertir el procedimiento sumario de interdicto posesorio en un pleito ordinario. El peticionario alegó que esta conversión fue un error, argumentando que la titularidad de la propiedad es irrelevante en una acción posesoria. El recurrido sostuvo que la controversia radicaba en la identificación correcta del bien, no en su titularidad. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones no encontró abuso de discreción ni error de derecho en la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Concluyó que no se cumplían los criterios para expedir el recurso de certiorari. Por tanto, denegó la petición. La paralización de los procedimientos en instancia, previamente ordenada, quedó sin efecto, permitiendo que el caso continúe su curso ordinario.

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Una titular de un local comercial en un condominio instó una solicitud de sentencia declaratoria para confirmar su derecho de uso privativo y exclusivo sobre tres estacionamientos específicos. El Consejo de Titulares se opuso, alegando que los estacionamientos eran de uso general y que habían adquirido derechos sobre ellos, incluyendo por prescripción adquisitiva (usucapión). El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de la titular, reconociendo su derecho exclusivo sobre los estacionamientos. El Consejo apeló, planteando errores sobre términos prescriptivos y, principalmente, impugnando la doctrina del Tribunal Supremo que prohíbe a un Consejo adquirir elementos privativos por usucapión. El Tribunal de Apelaciones consideró el señalamiento sobre la usucapión. Reafirmó la norma establecida por el Tribunal Supremo en el caso *Bravman*. Según esta doctrina, un Consejo de Titulares no puede adquirir por prescripción adquisitiva elementos privativos o de uso exclusivo de un titular dentro del régimen de propiedad horizontal. El Tribunal de Apelaciones concluyó que no puede apartarse de esta clara y vinculante expresión del Tribunal Supremo. Por tanto, la pretensión del Consejo de haber adquirido los estacionamientos por usucapión es improcedente bajo la ley vigente.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Mark Pomeranz para revisar una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. Dicha sentencia declaró Ha Lugar una solicitud de desestimación presentada por el co-demandado Colectivo Group PR, LLC y desestimó la acción contra este con perjuicio. El caso original fue instado por el señor Pomeranz contra Rodolfo Sánchez Colberg, Beatriz Marie Capote Ortiz y Colectivo Group PR, LLC por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios. La demanda se relaciona con un contrato de opción de compraventa de una propiedad en Río Grande, suscrito en noviembre de 2023. En este contrato, Pomeranz figuraba como comprador, Sánchez Colberg como vendedor y Colectivo Group PR, LLC como corredor de bienes raíces. El precio de venta acordado fue de $925,000, con un depósito inicial. El contrato, inicialmente válido hasta diciembre de 2023, fue extendido hasta febrero de 2024. La demanda alega que el vendedor no procedió al cierre de la transacción a pesar de los intentos del comprador. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia Parcial apelada que desestimó la acción contra Colectivo Group PR, LLC.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso entre el Comisionado de Seguros y MAPFRE PRAICO Insurance Company. Esta revisión judicial se originó de investigaciones sobre presuntas violaciones a los artículos 27.161 y 27.162 del Código de Seguros de Puerto Rico. MAPFRE PRAICO Insurance Company, la parte peticionaria, presentó un aviso de desistimiento voluntario el 26 de noviembre de 2024. El Tribunal declaró Ha Lugar dicho desistimiento voluntario conforme a su reglamento. En consecuencia, se ordena el archivo y sobreseimiento con perjuicio de este caso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, Carlos L. Cáceres Pizarro, solicitó participar en el Programa Religiosos y Seculares, un programa de desvío con monitoreo electrónico. El DCR denegó su solicitud, indicando que no cumplía con los criterios de elegibilidad. La razón principal fue que los delitos por los que cumple sentencia ocurrieron antes de la creación de los programas de tratamiento en 1993, sin que tuviera expectativa de beneficiarse de ellos. El recurrente alegó que el DCR erró al no actualizar los requisitos del programa y contradecir la política pública de rehabilitación. También mencionó su condición de salud y deseo de mejor atención médica y contacto familiar. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso de revisión judicial presentado por el señor Cáceres Pizarro. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal decidió confirmar la determinación administrativa recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia resolviendo una apelación (Certiorari acogido como Apelación) presentada por Luisa Vanessa Marcial Vega. La apelación impugnaba una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que concedió una sentencia sumaria a favor de la albacea, María Ivelisse Martínez Colón, y sus hijos. Dicha sentencia sumaria ordenó a la apelante el pago de varias deudas reclamadas al caudal hereditario del señor Víctor Marcial Burgos. El caso original fue instado por otros herederos para la partición de la herencia, la remoción de la albacea y el nombramiento de un administrador judicial. Los demandantes originales y la apelante inicialmente coincidieron en solicitar la remoción de la albacea. La albacea presentó una reconvención y una demanda contra coparte contra la apelante, reclamando deudas al caudal hereditario. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la Sentencia Parcial apelada. La decisión valida la orden de pago de deudas del caudal hereditario impuesta a la apelante por el foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por el Municipio Autónomo de Fajardo (MAF). El MAF impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia de 25 de junio de 2024. Dicha orden denegó una solicitud del MAF para una medida provisional en aseguramiento de sentencia. La solicitud se presentó en el contexto de una demanda de cobro de dinero y nulidad contractual contra Cidra Excavation y otros. La demanda original, presentada en 2019, busca la devolución de fondos públicos alegando incumplimiento y nulidad de contratos, vinculados a una convicción federal por soborno. El MAF había solicitado previamente el aseguramiento de sentencia en 2020, siendo denegado por el foro primario. En enero de 2023, el MAF presentó una nueva solicitud de aseguramiento, argumentando cambio de circunstancias y la aplicación de la Ley Anticorrupción. El recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones busca la revocación de la orden que rechazó esta segunda petición de aseguramiento.

Resumen:

Este caso de apelación surge de una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un pleito de daños y perjuicios. La parte apelante presentó su recurso el 18 de noviembre de 2024, buscando la revisión de dicha sentencia. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones advirtió que, con anterioridad a la presentación de la apelación, la parte apelada había incoado una Moción de Reconsideración ante el foro primario sobre la misma Sentencia Parcial. La presentación de un recurso de apelación mientras pende una moción de reconsideración sobre la misma determinación ante el tribunal de instancia lo torna prematuro. Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al tribunal apelativo. Aunque la desestimación por prematuridad permite presentar el recurso nuevamente una vez resuelta la moción, el tribunal carece de discreción para asumir jurisdicción en este momento. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación por falta de jurisdicción al haber sido presentado prematuramente.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en una apelación presentada por Raúl Osvaldo Ortiz Díaz. El recurso buscaba revocar la decisión del Tribunal de Primera Instancia que concedió un injunction a José Elías Betancourt Kock y desestimó la reconvención de Ortiz. El caso se originó por una disputa sobre una servidumbre de paso en una finca rústica en Barranquitas. Betancourt, dueño del predio sirviente, alegó que Ortiz, dueño del predio dominante, bloqueó el acceso con un portón con candado, alteró el camino de la servidumbre, causó daños y la usaba para fines comerciales. Betancourt solicitó una orden para cesar las acciones de Ortiz, restaurar la finca y restringir el uso de la servidumbre. Ortiz negó haber impedido el acceso y argumentó que Betancourt tenía otra vía de acceso. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Betancourt. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400870, una apelación de las Sucesiones de Ramón López Rodríguez e Isabel Rijos Castro contra José Ramón Morales López. La apelación proviene de una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. Dicha sentencia reconoció el título del apelado sobre una propiedad en Luquillo por prescripción adquisitiva y desestimó la demanda de los apelantes. Los apelantes habían impugnado la inscripción de la propiedad a nombre del apelado, alegando fraude, y buscaban la cancelación del asiento registral y la ejecución de una escritura de partición. El apelado defendió su titularidad por herencia y/o prescripción, negando fraude y argumentando la falta de partes indispensables. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determina revocar el dictamen apelado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Madrid contra Triple-S Propiedad, Inc. El caso original trata sobre incumplimiento de contrato de seguros por daños del Huracán María. Las partes llegaron a un acuerdo transaccional por $1,200,000.00 en el Tribunal de Primera Instancia. Surgieron controversias internas en el Consejo de Titulares sobre la aprobación del acuerdo, incluyendo intentos de intervención y querellas ante el DACO. El Tribunal de Primera Instancia denegó la intervención y la reconsideración sobre estos asuntos. El Consejo de Titulares solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar una orden del TPI que paralizó la ejecución de sentencia y ordenó la consignación del monto acordado. Tras examinar el expediente y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI, emitió una Resolución en el caso KLCE202400946. Este recurso de certiorari fue presentado por José Luis Rivera Cruz e Ivanchy Martínez Martínez contra Edgardo Romero Castellano, Vanesa Ríos La Luz, ERC Engineers PR, Inc. y otros. El caso original en el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo versaba sobre incumplimiento de contrato, vicios de construcción, ruina funcional y perjuicios. Los peticionarios presentaron una moción solicitando el desistimiento del recurso de apelación que habían incoado. El Tribunal declaró ha lugar la solicitud de desistimiento presentada por la parte peticionaria. La decisión se fundamentó en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Como consecuencia, se ordenó el archivo del caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado y discriminatorio. Sheraton Puerto Rico Management (St. Regis) recurre la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. La demanda original fue presentada por Johanna Dalí Cabiya Rodríguez y su esposo, alegando que el despido de la señora Cabiya Rodríguez violó varias leyes laborales, incluyendo la Ley 80, Ley 100, Ley 3 (Madres Obreras) y Ley 69 (Igualdad de Empleo). Los demandantes sostienen que el despido fue injustificado y discriminatorio, particularmente porque la empleada estaba embarazada al momento de la terminación. St. Regis argumentó que el despido fue justificado como parte de una reorganización empresarial forzada por los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. La empresa afirmó que eliminó el puesto de Housekeeping Manager de la señora Cabiya Rodríguez y que este no fue reemplazado. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el caso debía continuar, decisión que St. Regis impugna ante el foro apelativo.

Resumen:

Universal Insurance Company y Oriental Bank apelaron una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que validó la notificación de una confiscación estatal. Las apelantes impugnaron la confiscación de un vehículo, alegando que la notificación fue tardía y que tenían intereses protegidos sobre el bien. Argumentaron que el vehículo no fue usado ilegalmente y cuestionaron la constitucionalidad de la ley y la tasación. El Estado defendió la confiscación, sosteniendo que el vehículo fue incautado para investigación, lo que extendía el plazo antes de la notificación. Según el Estado, el término de 30 días para notificar comenzaba tras la orden de confiscación, no desde la incautación inicial. El Tribunal de Primera Instancia había determinado sumariamente que la notificación fue correcta y desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones estudió el recurso y resolvió modificar la Sentencia apelada.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso sobre acción confesora o denegatoria de servidumbre. Los apelantes, dueños de una propiedad, reclamaban una servidumbre de paso sobre un camino, basándose en un contrato de 1968 con PRIDCO y alegando más de 50 años de uso. Sostenían que el demandado perturbó su derecho al derribar cercas y planificar nuevos accesos. El demandado negó la existencia de la servidumbre, argumentando que el camino es de uso público, cedido al Municipio de Ciales y utilizado por otros vecinos. El demandado presentó una reconvención solicitando que se declarara el carácter público del camino. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la demanda de los apelantes y Ha Lugar la reconvención del demandado. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la sentencia recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por Propietarios Paseos de Aguadilla, Inc. contra Edgardo Ramón Vargas Santiago y Victoria Santiago González. La apelación impugna una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla. Dicha sentencia desestimó una demanda de cobro de dinero por cuotas de mantenimiento y honorarios de abogado. El foro primario fundamentó su desestimación en la aplicación de la doctrina de cosa juzgada, específicamente el impedimento colateral por sentencia. Esto se debió a que existía un pleito anterior entre las partes (o una de ellas) en el tribunal municipal sobre el cobro de cuotas de mantenimiento, el cual concluyó con una sentencia final desestimando la reclamación del demandante. A pesar de la sentencia previa, el Apelante presentó una nueva demanda por conceptos similares. Los Apelados solicitaron la desestimación basándose en la cosa juzgada. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso El Pueblo de Puerto Rico contra Alberto Ortega Vázquez. El Sr. Ortega Vázquez apeló las sentencias que suman 144 años impuestas por el Tribunal de Primera Instancia en Bayamón el 8 de diciembre de 2021. Los cargos originales se derivaron de hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2018 e incluyeron asesinato en primer grado, cinco cargos de tentativa de asesinato y múltiples violaciones a la Ley de Armas. Los trámites procesales en el foro primario incluyeron una vista de procesabilidad donde se determinó que el apelante era apto para enfrentar el juicio. Una vista preliminar encontró causa probable para todos los cargos, lo que llevó a un juicio por jurado. Durante la etapa previa al juicio, la defensa indicó su intención de presentar la defensa de insanidad mental. La fiscalía presentó prueba testimonial y documental en el juicio, mientras que la defensa no presentó prueba. El Tribunal de Apelaciones revisó la apelación basándose en los fundamentos expuestos por el apelante. La sentencia concluye confirmando las sentencias impuestas por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Programa de Solidaridad UTIER presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso buscaba revocar una resolución de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Mediante dicha resolución, la CASP ordenó el cierre y archivo de la "Petición de Representación" presentada por UTIER. UTIER aspiraba a ser certificado como el Representante Exclusivo de una unidad de empleados del Departamento de Transportación y Obras Públicas. La CASP basó su determinación en las Leyes Núm. 3-2017 y Núm. 9-2021. Estas leyes extienden la vigencia de convenios colectivos expirados y establecen un impedimento para la radicación y celebración de elecciones de representación durante dicha extensión. UTIER argumentó que la decisión de la CASP, fundamentada en estas leyes, laceraba sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y asociación. También señaló que la CASP erró al concluir que no era posible celebrar una elección tres años después de presentada la petición. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión administrativa presentado por UTIER.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Sr. Hernán Jr. Machado Torres mediante recurso de certiorari. Solicita revocar resoluciones del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegaron su solicitud de reconsideración y su moción de sentencia sumaria parcial. La moción buscaba adjudicar la liquidación de la sociedad civil Joint Venture Pino-Machado, formada entre el peticionario y el fenecido Sr. Amadeo Blas Pino López-Castro. La sucesión de este último demandó la división y liquidación de la sociedad tras su fallecimiento. Un recurso previo ante este tribunal modificó una determinación del TPI, limitando el derecho de la sucesión a ganancias generadas hasta el fallecimiento. En la etapa de cuantificación, el peticionario presentó un informe pericial para sustentar su solicitud de sentencia sumaria, alegando que la sucesión le adeudaba dinero. La sucesión se opuso, argumentando que los cálculos del peticionario no se ajustaban a la ley del caso y presentó un informe pericial con una cuantía diferente. El TPI denegó la sentencia sumaria y la reconsideración, motivando el presente certiorari. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de un recurso de certiorari instado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Junta de Planificación. El Estado buscaba revocar determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en un caso de expropiación forzosa a la inversa presentado por Júpiter Property Management, LLC. El foro primario había concluido que la designación de un área como reserva natural y su zonificación como de preservación constituyó una incautación reglamentaria al privar la propiedad de todo uso productivo. Además, el tribunal de primera instancia determinó que la acción de expropiación a la inversa no estaba prescrita. El Estado argumentó que el foro primario erró en ambas conclusiones. Tras evaluar los escritos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones determinó que no hubo abuso de discreción ni error de derecho por parte del Tribunal de Primera Instancia. Por tanto, se denegó la solicitud de certiorari, confirmando las determinaciones recurridas. Una jueza disidente habría expedido el recurso y revocado al foro primario.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una Petición de Certiorari presentada por DCE Enterprises, Inc. contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó dos mociones de desestimación. La controversia principal surge de una demanda incoada por DCE Homeowners Association, Inc. reclamando derechos sobre el Lote Núm. 43 de la Urbanización Dorado Country Estates. La Asociación alega que dicho lote fue designado como área de recreación en las condiciones restrictivas y debe ser traspasado a ella, mientras DCE Enterprises, sucesor del desarrollador, intenta venderlo. La demanda original solicitó injunctions, sentencia declaratoria y daños para impedir la venta y asegurar la titularidad del lote para la Asociación. El foro primario había emitido una orden prohibiendo la enajenación del lote, pero luego denegó las mociones de desestimación presentadas por DCE Enterprises. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones expide el recurso de certiorari. Concluye revocando la determinación del foro primario que declaró No Ha Lugar las mociones de desestimación.

Resumen:

El caso principal versa sobre la división de la sociedad legal de gananciales entre Faustino García Abislaimán y Dagmar María Rivera Dávila. La señora Rivera Dávila solicitó al Tribunal de Primera Instancia una orden para congelar fondos y obtener información bancaria de terceras personas. Alegó que el señor García Abislaimán había desviado dinero ganancial a su pareja consensual, Ana Cabrera, y a un fideicomiso. La solicitud incluía una orden a Citibank y una vista de desacato contra el Recurrido y la señora Cabrera. El foro primario denegó la solicitud de la Peticionaria. Fundamentó su decisión en que no emitiría órdenes para descubrir cuentas de terceras personas ajenas al pleito. La Peticionaria presentó varias mociones reiterando su petición, las cuales fueron objetadas por el Recurrido. Ante la denegatoria, la señora Rivera Dávila acudió al Tribunal de Apelaciones mediante una Solicitud de Certiorari. Solicitó que se revocara la Resolución del foro primario que denegó su solicitud de orden. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega el auto de certiorari solicitado por la Peticionaria.