Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 303)

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una petición de certiorari presentada por Raúl Méndez Reyes. El peticionario solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón sobre su pedido de corrección de sentencia. Alegó que su sentencia, basada en la Ley de Armas, debía ser modificada por su supuesta inconstitucionalidad según fallos de tribunales superiores. Méndez Reyes había presentado una moción en el Tribunal de Primera Instancia al amparo de las Reglas 192.1 y 189 de Procedimiento Criminal. No obstante, al revisar la petición de certiorari, el Tribunal de Apelaciones identificó deficiencias procesales significativas. El peticionario no incluyó en el Apéndice requerido documentos esenciales, como la moción original presentada en el TPI, las acusaciones, y copias de las sentencias original y enmendada. La Resolución subraya la estricta obligación de las partes de cumplir con las reglas de procedimiento apelativo, citando específicamente la Regla 34(E) del Reglamento del Tribunal sobre el contenido del apéndice de certiorari. La ausencia de estos documentos impide al Tribunal atender adecuadamente los méritos de los reclamos del peticionario.

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Este caso de ejecución de hipoteca y cobro de dinero entre Scotiabank y Efrén Reyes Zayas y Dinora Rivera Burgos llegó al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari presentado por la señora Rivera Burgos. La peticionaria buscaba la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud. Dicha solicitud pedía al foro primario que ordenara al Negociado de Métodos Alternos de Resolución de Disputas permitirle examinar documentos sobre la autoridad del representante de Scotiabank en la mediación. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción, ya que la orden interlocutoria recurrida no cumple con los criterios de revisabilidad establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Consecuentemente, también se declara No Ha Lugar la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción y Solicitud de Paralización de los Procedimientos presentada por la parte peticionaria.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio sobre custodia y residencia de menores. El Sr. Marcelo Villena Lanzi apeló una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que le ordenaba facilitar el regreso de la Sra. Jennifer Febres Ríos y sus hijos a la propiedad en Palmas del Mar. Dicha propiedad había sido designada como el hogar seguro de los menores en la Sentencia de Divorcio de 2015, la cual estipulaba que la madre y los hijos residirían allí bajo ciertas condiciones. Tras el Huracán María, la madre y los hijos se trasladaron temporalmente a Florida. El padre solicitó custodia en Florida y se opuso al regreso a Puerto Rico, alegando que la propiedad estaba arrendada. La madre informó que ya había regresado a Palmas del Mar con los menores. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido que ordenaba el regreso al hogar seguro en Palmas del Mar.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Ralphie Ricardo Pérez Agosto apela la determinación del Tribunal de Primera Instancia sobre el monto a reembolsar para ejercer el retracto de crédito litigioso. El tribunal de instancia fijó la suma en \$132,913.06, incluyendo el precio de compra, intereses, cargos por demora y balance recuperable. Pérez Agosto argumenta que el Artículo 1425 del Código Civil limita el reembolso al precio pagado, costas e intereses, excluyendo los cargos por demora y el balance recuperable. Cuestiona la inclusión de estas partidas en la cantidad total establecida por el tribunal inferior. Roosevelt, como cesionario del crédito, alega que dichas cantidades están garantizadas por la hipoteca. El Tribunal de Apelaciones revisa la correcta aplicación del derecho de retracto litigioso conforme al Artículo 1425 del Código Civil.

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La abogada Ametza I. Delgado Cardona presentó una demanda de cobro de dinero contra Israel Ruiz Brignoni y su esposa por la cantidad de $15,000 en honorarios profesionales. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio. La desestimación se basó en la prescripción de la acción y la aplicación de la doctrina de cosa juzgada, en su modalidad de impedimento colateral por sentencia. La parte demandada argumentó que la acción estaba prescrita al haber transcurrido más de tres años desde la culminación de los servicios. Además, sostuvieron que los honorarios ya habían sido reclamados mediante reconvención en un pleito previo que culminó con una estipulación entre las partes. El foro primario acogió estos argumentos, señalando la falta de prueba contractual, la ausencia de alegación sobre interrupción de la prescripción y la existencia de la reconvención previa resuelta. La licenciada Delgado apeló la sentencia, impugnando las determinaciones de prescripción y cosa juzgada. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de cobro de dinero. La Peticionaria, Sheila Curet Rivera, solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. La controversia principal gira en torno al cumplimiento por parte de la agencia de cobros, Midland Credit Management PR. LLC, del requisito legal de notificar al deudor por correo certificado con acuse de recibo antes de iniciar la acción judicial. El Tribunal interpreta la Ley de Agencias de Cobros y la jurisprudencia aplicable. Determina que la obligación legal se cumple con el envío de la comunicación escrita por correo certificado a una dirección correcta. No es necesario que el deudor reciba efectivamente la carta. Dado que la agencia de cobros remitió el aviso de cobro de manera adecuada, cumplió con su deber. Por lo tanto, el Tribunal deniega la Moción en Auxilio de Jurisdicción y la expedición del auto de certiorari solicitado por la Peticionaria.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa la condena impuesta a Luis Eriberto Cruz Rijos por el Tribunal de Primera Instancia en marzo de 2015. Un jurado lo halló culpable unánimemente de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, dos cargos de tentativa de robo agravado, portación ilegal de arma de fuego y tres cargos de disparar o apuntar armas. Los hechos ocurrieron en octubre de 2013 en San Juan, resultando en la muerte de Germán Alejandro Rosa durante un intento de robo, y disparos contra un policía municipal. El foro primario le impuso penas de cárcel consecutivas que sumaron más de noventa y nueve años, más años adicionales por reincidencia. El Tribunal de Apelaciones procede a reseñar la prueba testimonial y documental considerada en el juicio para evaluar la solicitud de revisión del apelante.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VII, emitió una sentencia en el caso KLCE201801343. Este recurso de Certiorari proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Las partes son Ángel Fernández González como recurrido y Bristol Myers Squibb P.R., Inc., et al., como peticionarios. El caso original trata sobre despido injustificado y represalias. El Tribunal atendió una moción de desestimación presentada por el recurrido. También consideró mociones de la parte peticionaria, incluyendo una informando una solicitud de desistimiento del recurso. Ante la solicitud de desistimiento de los peticionarios, el Tribunal ordenó el archivo y cierre del caso. La desestimación es con perjuicio. Esta decisión se fundamenta en la Regla 83 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La sentencia fue dictada el 14 de enero de 2019.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari en un caso de impericia médica. Los Peticionarios, Sandra Santos López y otros, impugnaron una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución les negó la sustitución de su perito y ordenó el cierre del descubrimiento de prueba. El pleito original alega negligencia médica durante una intervención quirúrgica que causó complicaciones. El caso enfrentó dificultades procesales, incluyendo el fallecimiento del abogado inicial y la renuncia de un abogado posterior. Surgieron problemas para coordinar con el perito designado, llevando a la Peticionaria a buscar su sustitución tras obtener nueva representación legal. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI a la luz de estas circunstancias. Considerando los fundamentos expuestos, el Tribunal expidió el auto solicitado. Se revocó la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones, Panel XII, consideró una petición de Certiorari presentada por el Municipio Autónomo de Aguada. El Municipio solicitó la revisión de una Minuta-Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguada, en un caso sobre incumplimiento de contrato. La resolución recurrida dio por finalizado el descubrimiento de prueba, declaró admitido un requerimiento de admisiones cursado al Municipio e impuso sanciones económicas a los abogados. Además, señaló el juicio en su fondo. El caso original fue presentado por José E. Vega Martell y otros, reclamando daños por el alegado incumplimiento y cancelación de un contrato relacionado con obras conmemorativas. El Municipio alegó varios errores del foro primario, incluyendo la denegatoria de inspeccionar supuestas estatuas, la admisión del requerimiento de admisiones y la imposición de sanciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar la petición y considerando las reglas que rigen el recurso de certiorari contra resoluciones interlocutorias, resolvió denegar la expedición del auto solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende el recurso presentado por Antonio Luis Rivera Guzmán. El apelante solicita la revisión de una Sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicho dictamen denegó su moción sobre el ejercicio del derecho de retracto de crédito litigioso. Además, la sentencia apelada declaró con lugar la solicitud de DLJ Mortgage Capital, Inc. para continuar los procedimientos de ejecución de hipoteca in rem. El caso original fue iniciado por Firstbank Puerto Rico (luego DLJ) por cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el señor Rivera y su entonces esposa. La acción se fundamentó en el incumplimiento de un pagaré hipotecario garantizado por propiedades en el Condominio Condado Lagoon Villas. El documento reseña el trámite procesal, incluyendo las contestaciones de los demandados, una demanda contra coparte y la solicitud de quiebra del señor Rivera. El Tribunal de Apelaciones evalúa la corrección de la decisión del foro de instancia respecto a la moción de retracto y la continuación del proceso hipotecario.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción y solicitud de Certiorari presentada por Betteroads Asphalt, LLC y otras. Las peticionarias buscaban paralizar el efecto de un injunction preliminar concedido por el Tribunal de Primera Instancia a favor de Demaco Corporation, et al. Alegaron que la resolución del foro primario se emitió sin jurisdicción, específicamente por insuficiencia en la notificación y emplazamiento de la demanda. Las peticionarias argumentaron que la persona que recibió los documentos no estaba autorizada. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción sobre nulidad de citación tras considerar la prueba presentada por Demaco sobre la capacidad de la receptora. Ante la solicitud de auxilio y certiorari, el Tribunal de Apelaciones declara sin lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción. Asimismo, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por las peticionarias.

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Francisco Valdés Pérez presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar dos dictámenes del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. El recurso surge de una demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios contra Eurowheels Autos Corporation y otros, relacionada con una alegada transacción fraudulenta de un título de auto. Los dictámenes apelados denegaron una moción de emplazamientos por edictos y una moción de sentencia sumaria presentada por el Sr. Valdés. El peticionario alegó errores del foro primario al evaluar la oposición a su moción de sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones ordenó al Sr. Valdés acreditar la notificación del recurso al foro primario y a los recurridos. Al no cumplir con dicha orden en el término concedido, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de notificación del recurso, un requisito procesal esencial.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari presentada por El Pueblo de Puerto Rico. El Estado impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI). En dicha resolución, el TPI declaró "No Ha Lugar" una moción del Estado solicitando una vista preliminar en alzada. Esta moción siguió a una decisión previa del TPI que desestimó un cargo contra Ricardo A. Flores Sierra bajo el Artículo 3.1 de la Ley de Violencia Doméstica. El TPI desestimó el cargo al determinar que la prueba en vista preliminar no demostró el elemento de causar daño a la persona o bienes de la perjudicada, señalando que el vehículo dañado pertenecía a la madre de ésta. El Estado recurrió en Certiorari la denegatoria de la vista preliminar en alzada. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto, solicitó la comparecencia de la defensa y ordenó la paralización de los procedimientos en el TPI. El Tribunal procede ahora a resolver el recurso de Certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari. La Unión U.A.W. Local 1850 solicitó la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia del TPI revocó un laudo arbitral favorable a la Unión contra la Asociación de Empleados del ELA (AEELA). El laudo arbitral había determinado que AEELA violó el Convenio Colectivo al sustituir días feriados basándose en la Ley Núm. 111-2014. El TPI, al revocar el laudo, concluyó que la Ley Núm. 111-2014 no aplica a AEELA como entidad privada. Además, el TPI sostuvo que la acción de AEELA de modificar los días feriados se fundamentó en el propio Artículo 35 del Convenio Colectivo. El Artículo 35 del Convenio estipula que si se aprueba legislación enmendando días feriados para servidores públicos, esta sustituirá los días establecidos en el Convenio. La Unión recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso KLCE201900002. El peticionario, Elvin Irizarry Vélez, solicitó la intervención del tribunal para dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha determinación calendarizó una vista preliminar en alzada dentro de un proceso criminal por infracciones a la Ley de Violencia Doméstica y la Ley de Menores. El peticionario presentó un recurso de certiorari y una moción urgente para paralizar los procedimientos. La vista en alzada fue señalada luego de que el Ministerio Público la solicitara tras el archivo inicial de los cargos por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones revisó la solicitud bajo su facultad discrecional para atender recursos de certiorari. Consideró los criterios aplicables para intervenir con determinaciones interlocutorias del foro de instancia. Finalmente, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario. Asimismo, declaró No Ha Lugar la Moción Urgente Solicitando Paralización de Procedimiento.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un caso de divorcio por ruptura irreparable. El peticionario, Luis G. Rullán Marín, presentó un auto de certiorari impugnando decisiones del Tribunal de Primera Instancia. Inicialmente, cuestionó sanciones impuestas y la negativa a reseñalar una vista de juicio. Aunque desistió del segundo señalamiento tras una reconsideración inicial del TPI, volvió a acudir al tribunal. Esto ocurrió porque el TPI revocó la nueva fecha de juicio y amenazó con desestimar sus reclamos si no pagaba las sanciones. La resolución explica que el certiorari es un recurso extraordinario cuya expedición es discrecional. Detalla el marco legal que rige la intervención del Tribunal de Apelaciones en decisiones interlocutorias, citando las Reglas 52.1 de Procedimiento Civil y 40 de su Reglamento. Estas reglas establecen la autoridad y los criterios para evaluar si procede revisar una determinación del tribunal inferior. El tribunal destaca la importancia de considerar si la intervención es oportuna y evita un fraccionamiento o dilación indebida del litigio. La resolución sienta las bases legales para evaluar el recurso presentado por el peticionario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre sentencia declaratoria y cobro de dinero. Triple-S (Seguros de Servicios de Salud de Puerto Rico, Inc. y otros) apeló una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La acción fue iniciada por los herederos del Dr. Juan Noguera Porrata (Wanda Irizarry Antonmattei y otros). Reclamaron el derecho sobre acciones corporativas que poseía el causante. Los herederos alegaron que no había una restricción absoluta a la transferencia de las acciones, sino una opción de compra no ejercida por Triple-S. Triple-S argumentó que las acciones tenían una restricción absoluta, fueron redimidas y la reclamación estaba prescrita. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria Parcial a favor de los demandantes-apelados. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso de apelación. Finalmente, resolvió confirmar la Sentencia Sumaria Parcial apelada.

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Este recurso surge de un pleito de deslinde y reivindicación iniciado por Nazareno Painting, Inc. contra Eluid Albert León y Elba Morales Rodríguez. Sergio Virgilio Jorge Rodríguez intervino alegando ser titular del Lote 25, parte de los terrenos en disputa, adquirido por los demandados mediante compraventa. La controversia sobre la titularidad del Lote 25 fue bifurcada y resuelta en una vista separada. El Interventor impugnó la validez de la escritura de compraventa, argumentando la nulidad de la resolución corporativa que autorizó la venta. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia parcial desestimando la intervención. Determinó que el Interventor no presentó prueba suficiente para derrotar la presunción de validez de la fe pública notarial. El Interventor y Nazareno Painting, Inc. apelaron, señalando errores en la apreciación de la prueba sobre la nulidad de la resolución y la escritura. Argumentaron que se presentó prueba preponderante que demostraba la falsedad de la representación corporativa. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y la transcripción de la prueba oral. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de cobro de dinero y ejecución de garantías. El litigio surge de un préstamo que, tras pasar por varios bancos, fue adquirido por WM Capital Partners como parte de una cartera global. Los deudores solicitaron ejercer el derecho de retracto de crédito litigioso tras la cesión a WM. La controversia principal radicaba en la aplicabilidad del retracto a un crédito adquirido en bloque y, de ser aplicable, cómo determinar el precio para ejercerlo. El Tribunal de Apelaciones confirmó que el derecho de retracto sí aplica a este tipo de créditos. Sin embargo, determinó que el inversionista puede probar el valor específico asignado al préstamo dentro de su oferta global por la cartera. Concluyó que este valor probado, y no una distribución a prorrata basada en el balance del préstamo, es el precio que el deudor debe satisfacer para ejercer el retracto. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia erró al fijar el precio únicamente mediante la distribución a prorrata.

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Recurso de apelación en un caso de ejecución de hipoteca iniciado por DLJ Mortgage Capital, Inc. contra Carmen Nazario Soto y otros. La apelación proviene de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó la demanda sin perjuicio por inactividad procesal. El TPI encontró más de ocho meses de inacción por parte del demandante y rechazó sus justificaciones, incluyendo procedimientos de "Loss Mitigation" y la paralización por el Huracán María. El TPI determinó que las razones aducidas no justificaban la dilación y que el término de seis meses de inactividad había vencido. El demandante solicitó reconsideración al TPI, alegando que la desestimación fue inapropiada y que no se consideró correctamente la extensión de términos por el huracán. Tras la denegación de la reconsideración por el TPI, el demandante apeló, señalando errores en la aplicación de la Regla 39.2(b) y el cálculo de la inactividad. Este documento es una sentencia en reconsideración del Tribunal de Apelaciones sobre su previa desestimación del recurso. El Tribunal de Apelaciones procede a analizar los fundamentos del caso y la normativa sobre desestimación por inactividad.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El caso involucra un préstamo originado por R-G Premier Bank, adquirido por Scotiabank del FDIC, y vendido posteriormente como parte de una cartera a WM Capital Partners. El deudor, Golden Triangle Realty, S.E., solicitó ejercer el derecho de retracto de crédito litigioso. La controversia principal gira en torno a la aplicabilidad de este derecho a un crédito adquirido en una venta en bloque y cómo determinar el precio de retracto. El Tribunal afirmó que el derecho de retracto sí aplica a este tipo de créditos. Sin embargo, dictaminó que el inversionista (WM) puede probar el valor específico asignado al préstamo dentro del precio global pagado por la cartera. Si se demuestra este valor específico con prueba suficiente, ese será el precio que el deudor deberá satisfacer para ejercer el retracto. El Tribunal concluyó que el Tribunal de Primera Instancia erró al fijar el precio basándose únicamente en una distribución a prorrata del precio total de la cartera según el balance del préstamo. La decisión establece el método para determinar el precio de retracto en créditos litigiosos adquiridos en ventas de cartera.

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El Pueblo de Puerto Rico presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra Steven Sánchez Mártir. El recurso buscaba revocar una determinación del Tribunal de Primera Instancia emitida en noviembre de 2018. A pesar de haber presentado el recurso, el peticionario, a través de la Oficina del Procurador General, solicitó el desistimiento voluntario del mismo. La razón para el desistimiento fue la determinación de recurrir a la celebración de una vista en alzada. En respuesta a la solicitud, el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia por desistimiento. La sentencia fue dictada el 10 de enero de 2019 por el Panel IX del Tribunal de Apelaciones.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Eliut Valentin Avilés. El peticionario, cumpliendo una condena por infracciones al Código Penal, solicitó la revisión de su sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia. El recurso fue presentado por derecho propio, invocando la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal y el principio de favorabilidad. El Tribunal de Apelaciones decidió desestimar el recurso. La desestimación se basó en el incumplimiento de los requisitos reglamentarios para su perfeccionamiento. El escrito adolecía de defectos como la falta de un índice detallado, una relación de hechos procesales y la exposición concisa de los errores alegados. Estos fallos impidieron al Tribunal asumir jurisdicción y ejercer su función revisora. Se enfatiza que la comparecencia por derecho propio no exime del cumplimiento de las reglas procesales.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato y daños. El apelante, Antonio Santiago Reyes, recurre una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda y le ordenó pagar al apelado, Rafael Ramos Marrero. Previamente, el Tribunal de Apelaciones había devuelto el caso al foro primario por falta de fundamentos adecuados en la sentencia original. El Tribunal de Primera Instancia emitió una nueva resolución, pero indicó no poder responder a las preguntas del apelativo con la información del expediente. Ante la incomparecencia del apelado, el Tribunal de Apelaciones procedió a resolver el recurso. Se revocan los dictámenes emitidos por el Tribunal de Primera Instancia. El caso se devuelve al foro primario para que reexamine los méritos de la causa de acción de incumplimiento de contrato. Se ordena determinar la naturaleza del negocio jurídico entre las partes y proveer un remedio adecuado. El Tribunal de Primera Instancia podrá celebrar las vistas necesarias para emitir un dictamen preciso que facilite la revisión judicial.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de salarios y represalias bajo el procedimiento sumario laboral (Ley Núm. 2). La parte peticionaria, Jerusalén Home Ambulance, solicitó la revisión de la negativa del Tribunal de Primera Instancia a dictar sentencia sumaria a su favor. El Tribunal de Apelaciones examinó su jurisdicción para revisar dictámenes interlocutorios en este tipo de casos. Se recordó que la Ley Núm. 2 establece un trámite sumario y rápido, limitando la revisión apelativa de resoluciones interlocutorias. El Tribunal Supremo ha establecido que solo procede la revisión en casos de falta de jurisdicción, actos ultravires o situaciones extremas. Dado que la peticionaria no demostró la existencia de ninguna de estas excepciones, el Tribunal de Apelaciones concluyó que carece de jurisdicción para atender el recurso. Por tanto, se deniega la revisión solicitada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre un Certiorari relacionado con la impugnación de una confiscación vehicular. La Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico (CSMPR), aseguradora del vehículo confiscado, impugnó la acción del Estado Libre Asociado (ELA). CSMPR prestó una fianza de $20,000 para obtener la devolución del vehículo, la cual fue concedida. El Tribunal de Primera Instancia desestimó posteriormente la demanda de impugnación de CSMPR sin perjuicio. A pesar de la desestimación, el ELA solicitó la ejecución de la fianza consignada por CSMPR. El Tribunal de Primera Instancia ordenó la redención y desglose de la fianza a favor del ELA. Inconforme con esta orden, CSMPR recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari. CSMPR argumenta que erró el tribunal al ordenar la ejecución de la fianza tras la desestimación de su caso. La sentencia aborda la procedencia de dicha ejecución en el contexto procesal del caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo un recurso presentado por OPM Monte Real Inc. contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. OPM demandó a Piezas Extra por productos defectuosos, incumplimiento de contrato y daños relacionados con la compra de martillos hidráulicos, alegando vicios ocultos y falta de cumplimiento de garantía. Piezas Extra, por su parte, presentó una reconvención reclamando el pago de servicios y piezas adeudados por OPM. El foro primario declaró No Ha Lugar la demanda de OPM, acogió la reconvención de Piezas Extra por \$41,423.02 más intereses, e impuso a OPM el pago de \$10,000 en honorarios de abogado y un 4.25% de interés anual por temeridad. OPM apeló esta sentencia. El Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia apelada únicamente para revocar el dictamen que declaró Ha Lugar la reconvención de Piezas Extra y condenó a OPM al pago de las cantidades reclamadas. Así modificada, la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada en cuanto a la desestimación de la demanda de OPM y la imposición de honorarios y intereses por temeridad.

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Leonor Cortés de Jesús presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de alimentos. La señora Cortés solicitaba dejar sin efecto la resolución del TPI que denegó su solicitud de reconsideración y señaló una vista para mostrar causa. También presentó una moción urgente en auxilio de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso presentado. Concluyó que carecía de jurisdicción para entender en la petición. La razón para la desestimación fue que el recurso se presentó de forma prematura. La resolución del TPI impugnada no era una sentencia final, sino una determinación interlocutoria que denegaba una reconsideración y fijaba una vista futura. Al ser prematuro, el recurso adolecía de un defecto insubsanable que privaba de jurisdicción al tribunal. En consecuencia, se desestimó la petición de certiorari y, por ende, la moción en auxilio de jurisdicción.

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Sentencia emitida por un panel de jueces en San Juan, Puerto Rico, el 30 de julio de 2015. El tribunal revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguada. El caso se originó con una demanda de Deslinde y Amojonamiento presentada por los apelantes. La controversia principal concierne la titularidad y el uso de un remanente de terreno de 302.4184 metros cuadrados. Los apelantes alegaban que el terreno era suyo, aunque no figuraba en su plano de inscripción, y buscaban impedir su uso por los apelados. El foro de instancia declaró No Ha Lugar la demanda, denegó la titularidad a los apelantes y les prohibió ejercer posesión sobre el predio. También ordenó a los apelantes no impedir el uso del terreno a los apelados e impuso costas y honorarios de abogado por temeridad. El tribunal apelativo, por los fundamentos expuestos, CONFIRMA la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca instado por Banco Popular. La acción original fue presentada contra la Sucesión Manuel Casillas Cruz, Clara Meléndez Castillo y otros. La peticionaria, Clara Meléndez Castillo, recurrió una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden se negó a relevarla de una anotación de rebeldía en su contra. La rebeldía fue anotada por no contestar la demanda en el término concedido. La señora Meléndez Castillo solicitó la revisión de esta negativa mediante un recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones consideró el recurso. El tribunal apelativo expidió el auto solicitado. Revocó la orden recurrida que denegó el relevo de la rebeldía. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúe los procedimientos conforme a lo dispuesto.

Resumen:

Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativo a una apelación presentada por la Sucesión de Asunción Alicea Serrano. La apelación impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó su reclamación de usucapión. El caso presenta una extensa historia procesal marcada por múltiples intentos de apelar y solicitudes de reconsideración. Apelaciones anteriores fueron desestimadas por razones que incluyeron procedimientos de notificación incorrectos y prematuridad. La apelación actual fue presentada después de varias notificaciones de la denegatoria de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones determina que, a pesar de la compleja historia, la fecha de notificación final efectiva hace que la apelación actual sea tardía. En consecuencia, el Tribunal concluye que carece de jurisdicción para conocer los méritos de la apelación y desestima el caso por tardanza.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Región Judicial de San Juan, en el caso KLAN2015001165. Las partes son Eladia García, et al (recurrido) y Doctor's Center Hospital San Juan, et al (peticionario). El caso original, proveniente de la Sala de San Juan del Tribunal de Primera Instancia, trata sobre daños y perjuicios. En su resolución Per Curiam del 29 de julio de 2015, el Tribunal denegó la petición de certiorari presentada por Doctor's Center Hospital San Juan. Se determinó que el asunto no era revisable interlocutoriamente bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Adicionalmente, se denegó la Moción en Auxilio de Jurisdicción presentada por la parte peticionaria. La resolución fue emitida por un panel de tres jueces. Se ordenó la notificación inmediata de la decisión.

Resumen:

Sentencia emitida por un panel judicial que revisa una decisión previa. Carlos Ormaza Santiago y Julia Milagros Rivera Betancourt apelaron una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia sumaria fue dictada a favor de PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC. El caso original, iniciado por Banco Popular de Puerto Rico, versó sobre incumplimiento contractual, cobro de dinero y ejecución de garantías. La demanda se basó en un contrato de préstamo de 2003 por $250,000, garantizado con un pagaré operacional y un documento de prenda sobre otros pagarés. PR Asset adquirió el crédito de Banco Popular y solicitó la sentencia sumaria. El tribunal de instancia concedió la sentencia sumaria, declarando con lugar la reclamación de PR Asset. La parte apelante recurrió de esa decisión, y el panel judicial confirma la sentencia apelada.

Resumen:

El caso se originó por un accidente automovilístico ocurrido el 4 de octubre de 2006 entre Guerrido Román y Mercado Velázquez. Guerrido Román demandó a Mercado Velázquez por daños y perjuicios alegando negligencia. Mercado Velázquez, a su vez, presentó una demanda contra tercero contra su patrono, COSVI. Alegó que COSVI debía responder por cualquier suma que se le ordenara pagar, argumentando que debió estar cubierto por la póliza de COSVI. El tribunal de instancia celebró un juicio para determinar la responsabilidad del accidente y si la póliza de COSVI cubría la reclamación. Tras evaluar la prueba, el foro primario concluyó que Mercado Velázquez causó el accidente por negligencia. La sentencia apelada encontró a Mercado Velázquez responsable por los daños sufridos por Guerrido Román. El presente recurso revisa dicha sentencia. Por los fundamentos expuestos, el tribunal apelativo CONFIRMA la sentencia recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de Certiorari relacionado con un caso de incumplimiento de contrato. El peticionario, Ismael Arroyo Rodríguez, solicitó la revocación de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar el recurso presentado. Sin embargo, constató que el peticionario incumplió con las reglas procesales apelativas. Específicamente, no incluyó en el apéndice del recurso copia de la moción de reconsideración ni la fecha en que fue presentada en el foro primario. El cumplimiento riguroso de estas reglas es indispensable para la revisión judicial. Dado el incumplimiento con los requisitos del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, el tribunal se ve impedido de atender el fondo del recurso. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de Certiorari incoado.

Resumen:

Se revisa la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que privó a la Sra. Rosemary Maldonado Suárez de la custodia legal y patria potestad de su hija menor, KGM. La determinación del foro primario se fundamentó en alegaciones de abuso sexual y maltrato de menores. El caso comenzó en 2011 con un referido por alegado abuso sexual de la menor, entonces de seis años. Tras la intervención del Departamento de la Familia, la menor fue removida de su hogar y se concedió la custodia provisional a la agencia. El tribunal ordenó una evaluación psicológica, la cual fue realizada por la Dra. Yanira Carmona Quiñones. El informe de la Dra. Carmona Quiñones validó las alegaciones de abuso sexual contra la menor. La apelante se opuso a las conclusiones del informe, lo que llevó a una vista de impugnación con presentación de prueba pericial por ambas partes. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado por la Sra. Maldonado Suárez. Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que condenó a Agua Salada Development Corp., Puerta de la Bahía Development Corp. y al Sr. Víctor Luciano Contreras Muñoz a pagar solidariamente una deuda a Scotiabank de Puerto Rico. La deuda se originó en un contrato de préstamo de \$1,200,000.00 otorgado en 2003 por R-G Premier Bank a Agua Salada, garantizado con pagarés hipotecarios y garantías personales, incluyendo una del Sr. Contreras Muñoz. Tras el cierre de R-G Premier Bank, Scotiabank adquirió el préstamo como parte de los activos. En 2010, Scotiabank y los apelantes reestructuraron el crédito, reduciendo el principal adeudado y la tasa de interés, y los garantes confirmaron la vigencia de sus garantías. Los apelantes recurrieron la decisión del foro primario que les ordenaba el pago. El panel judicial, tras analizar los fundamentos, confirma la sentencia apelada en cuanto a las partes recurrentes.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Operating Partners Co., LLC apela la decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró Con Lugar la demanda en su contra. Las demandantes alegaron que Operating Partners incautó y vendió ilegalmente su vehículo, ya pagado, causándoles daños y enriquecimiento injusto. El historial procesal incluyó una moción de desestimación por la parte apelante que fue denegada. La parte apelante y su abogado no comparecieron a la vista de juicio en su fondo. El Tribunal de Apelaciones examina el recurso de apelación presentado por Operating Partners. Por los fundamentos que se exponen, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia apelada. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un caso de cobro de dinero. La Asociación de Condóminos de la Torre Médica HIMA San Pablo demandó a Atlantis Health Care Group por $151,855.00. La Asociación alegó haber pagado dicha suma a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados por consumo de agua que correspondía a Atlantis. Atlantis argumentó que no debía pagar a la Asociación, alegando que ya había pagado a la AAA o que la Asociación había recibido un crédito que cubría la deuda. El Tribunal de Primera Instancia de Fajardo falló a favor de la Asociación, ordenando a Atlantis pagar la suma reclamada. Atlantis apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201500739, apelado por Gloria María Medina Velázquez contra la Sucesión de Julio C. Sanabria Ortiz. El caso versa sobre la liquidación de la sociedad legal de bienes gananciales y la división de bienes hereditarios tras el fallecimiento del causante. La apelante y el causante se divorciaron en 1993, pero la sociedad de gananciales nunca fue liquidada, y continuaron conviviendo hasta la muerte de él en 2009. El causante murió testado, dejando herederos forzosos (hijas y un nieto) y legatarios, incluyendo a la apelante. La apelante demandó la liquidación de ambas comunidades de bienes. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la demanda y ordenó la división y adjudicación de los bienes hereditarios. La apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El caso fue devuelto al foro primario para procedimientos ulteriores.

Resumen:

Se revisa una Sentencia Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por daños y perjuicios contra la Universidad de Puerto Rico (UPR). El tribunal de instancia concluyó que la causa de acción instada contra la UPR estaba prescrita. La demanda original, presentada en 2004 por hechos de 2002, fue desistida voluntariamente sin perjuicio en mayo de 2012. Una segunda demanda fue presentada por la parte apelante el 12 de mayo de 2014. La UPR solicitó la desestimación por prescripción, argumentando que la segunda demanda fue presentada fuera del término legal. El tribunal de instancia acogió la solicitud de la UPR y declaró prescrita la causa de acción. El apelante recurre ante este foro alegando error en dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso presentado. Por los fundamentos expuestos, se CONFIRMA la Sentencia Sumaria Parcial apelada. Esto valida la desestimación de la demanda contra la UPR por estar prescrita.

Resumen:

Se trata de una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio sobre relaciones paterno filiales. La apelante impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que concedió al apelado relaciones paterno filiales en fines de semana alternos, basándose en un Informe Social. La apelante argumenta que el foro primario erró al archivar su solicitud para impugnar el Informe Social por no someter información pericial a tiempo. También señala como error que se celebrara la vista para fijar el plan de relaciones sin su comparecencia, tratándolo como una sanción. El expediente revela que la abogada de la apelante tuvo problemas de salud que afectaron el cumplimiento de términos y su asistencia a la vista. A pesar de la ausencia de la apelante y su representación legal, el Tribunal de Instancia procedió a adoptar las recomendaciones del Informe Social. El Tribunal de Apelaciones revisó el trámite procesal y los fundamentos presentados. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la Resolución apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso de Banco Popular de Puerto Rico v. Fadyro Distributors, Inc. et al. La parte peticionaria presentó una moción solicitando autorización para someter un apéndice en CD para un futuro escrito de apelación. El Tribunal analizó su competencia jurisdiccional, la cual se limita a revisar recursos que impugnan dictámenes de instancia. Se recordó la necesidad de cumplir rigurosamente con las reglas para perfeccionar un recurso apelativo. El Tribunal determinó que la moción presentada no constituía un recurso que impugnara un dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Al no haberse perfeccionado un recurso apelativo válido, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender la solicitud o el asunto. Por consiguiente, se desestimó el recurso por falta de jurisdicción.