Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 299)

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La apelante, Myrna I. Vázquez González, recurre una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sin perjuicio su demanda contra Maury Leyva Fernández. El caso original buscaba la división de una comunidad de bienes, donde Vázquez reclamaba el 50% de los ingresos de su excompañero consensual, Jorge A. Fernández, incluyendo a su exesposa, Maury Leyva Fernández, y la sociedad legal de gananciales. La señora Leyva, emplazada en Florida, objetó la jurisdicción del tribunal puertorriqueño sobre su persona y la sociedad de gananciales, alegando domicilio en Florida y que el matrimonio y divorcio ocurrieron allí. Vázquez argumentó que Leyva se sometió tácitamente a la jurisdicción al presentar varios escritos sin reiterar su objeción inicial. El Tribunal de Primera Instancia rechazó el sometimiento tácito y desestimó la demanda contra Leyva. La apelante recurre esta decisión, señalando como error principal la determinación del TPI sobre la falta de sometimiento voluntario a la jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones revisa el historial procesal y los argumentos de las partes para resolver la apelación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso bajo la Ley Núm. 75 sobre Contratos de Distribución y Daños y Perjuicios. La parte demandante peticionaria, Next Step Medical Co., Inc., demandó a Biomet Inc. y otros, alegando el menoscabo o terminación de su relación de distribución exclusiva. La relación de distribución de productos ortopédicos, iniciada con Hand Innovations, pasó por DePuy (subsidiaria de J&J) antes de ser adquirida por Biomet. Tras intentos infructuosos de formalizar un acuerdo escrito, Biomet terminó la relación, lo que llevó a Next Step a presentar la demanda. Biomet también inició un proceso de sentencia declaratoria. Next Step recurrió en certiorari una orden del Tribunal de Primera Instancia que autorizaba la deposición de su contador público autorizado (CPA). El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar dicha orden. El Tribunal modificó el dictamen recurrido. La modificación limita el alcance de la deposición del CPA. Se le interrogará única y exclusivamente sobre la discrepancia en torno al valor del inventario de Next Step por el cual reclama ser compensado. Así modificado, se confirma el dictamen.

Resumen:

Recurso de certiorari presentado por Edwin García Flores contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha Resolución, notificada el 20 de noviembre de 2018, declaró No Ha Lugar una moción del peticionario que cuestionaba su sentencia de 1996, rechazando sus argumentos sobre favorabilidad y concurso de delitos. Inconforme, García Flores presentó un escrito el 26 de diciembre de 2018, reiterando sus planteamientos y mencionando una moción de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones identifica un asunto jurisdiccional preliminar. Este asunto se centra en la oportunidad de la presentación del recurso. La Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones exige que el certiorari se presente dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la resolución recurrida. El tribunal procederá a resolver esta cuestión de umbral antes de considerar los méritos del caso.

Resumen:

Resumen:

José Miguel Mercado Pérez presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Mayagüez que denegó su moción de supresión de evidencia. El caso se relaciona con infracciones a la Ley de Sustancias Controladas. El peticionario argumentó que la evidencia fue obtenida ilegalmente y que el testimonio policial sobre evidencia abandonada era estereotipado. El TPI denegó la supresión, concluyendo que el agente observó al acusado arrojar la evidencia a plena vista, lo que constituyó motivos fundados. El foro primario también determinó que el testimonio del agente no fue estereotipado, sino detallado. El Tribunal de Apelaciones consideró el recurso de certiorari presentado por el peticionario. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. Como resultado, se deja sin efecto la paralización de los procedimientos previamente decretada.

Resumen:

Recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Miguel A. Álvarez Souffront contra una sentencia por tentativa de violación a la Ley 54 y otros cargos. El peticionario fue sentenciado a un año de reclusión tras un acuerdo de alegación pre acordada. Posteriormente, presentó una moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal ante el Tribunal de Primera Instancia. En dicha moción, alegó la violación a su derecho a un juicio rápido, al debido proceso de ley, y representación legal ineficiente. El Tribunal de Primera Instancia declaró "No Ha Lugar" la moción, indicando que la petición no procedía en derecho y que el peticionario había manifestado estar satisfecho con su abogado. Inconforme con esta determinación, el Sr. Álvarez Souffront acude al Tribunal de Apelaciones solicitando que se revoque la resolución del foro primario y se anule la sentencia impuesta. El recurso se fundamenta en los criterios establecidos en la Regla 192.1 para impugnar sentencias.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una apelación en un caso de daños y perjuicios e incumplimiento de contrato. Los apelantes Bernardo Vega Smith y Raquel Cuevas Carbia impugnan una sentencia sumaria que desestimó su demanda contra Oriental Bank y una asociación de propietarios. Alegaron que los demandados eran responsables de venderles solares no aptos para construcción debido a malas condiciones del suelo, lo cual, según afirmaron, el banco conocía. La demanda también atribuyó culpa a la asociación de propietarios por no divulgar problemas y no completar infraestructura. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de los demandados. Las determinaciones del tribunal de instancia destacaron que Oriental Bank vendió los solares en 1993, y los apelantes los adquirieron de dueños anteriores en 2001 y 2002. Todas las escrituras de compraventa relevantes, incluyendo las de los apelantes, contenían cláusulas "as is" indicando que los compradores aceptaron las propiedades en su estado actual tras inspección. La apelación busca la revocación de la desestimación sumaria.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Ángel David Colón Colón. El peticionario presentó un recurso de Certiorari para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia en casos criminales. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar su jurisdicción para atender el recurso. Conforme a la Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, el Certiorari en procedimientos criminales debe presentarse dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la resolución recurrida. Este término es de cumplimiento estricto y su incumplimiento solo puede excusarse por justa causa debidamente justificada. Al determinar que el recurso fue presentado tardíamente, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción. Por consiguiente, se desestimó el recurso de Certiorari por falta de jurisdicción debido a su presentación extemporánea.

Resumen:

Este caso es una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una acción civil por daños y perjuicios. La apelante, Scotiabank de PR, impugna una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que le encontró responsable por los daños de la demandante y desestimó su reconvención. La demandante, Sandra I. Rivera Rivera, alegó que compró un vehículo, lo financió a través de Reliable, y saldó la deuda en 2012. Sin embargo, no ha podido renovar el marbete desde 2014 porque Scotiabank inscribió un gravamen de hurtado en el registro del DTOP. La señora Rivera sostiene que es poseedora de buena fe y que las acciones del banco le causaron daños económicos y angustias mentales. Scotiabank argumentó que inscribió un gravamen de venta condicional antes del registro del vehículo por la demandante, que nunca fue cancelado, y presentó una reconvención solicitando la devolución del auto y resarcimiento por daños. Las partes estipularon hechos clave, incluyendo la compra, el financiamiento con Reliable, el pago total a Reliable, la recepción de la cancelación y título, y que Scotiabank tuvo conocimiento de la situación y verificó el registro del vehículo a nombre de la demandante en el DTOP. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del foro primario basada en estos hechos y argumentos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por Padín Maldonado Group, Corp. El apelante impugna la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó, con perjuicio, su Demanda sobre cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños. La desestimación del foro primario se fundamentó en la doctrina de doble desistimiento. La controversia se origina en una Demanda previa de 2013 por incumplimiento de subarrendamiento y enriquecimiento injusto. Esa primera Demanda fue desestimada con perjuicio por el Tribunal de Primera Instancia en diciembre de 2015 debido a incumplimiento y abandono del apelante. Padín Maldonado Group intentó desistir voluntariamente o reconsiderar esa primera desestimación. Un recurso de apelación presentado por Padín Maldonado Group contra la primera desestimación fue desestimado por el Tribunal de Apelaciones en 2016 por presentarse a destiempo. La Sentencia apelada en este caso (KLAN201701334) desestimó una nueva Demanda basada en la doctrina de doble desistimiento, considerando la desestimación previa. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal de ambos casos. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada que desestimó la Demanda con perjuicio.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Edgardo Acevedo Bayón. El peticionario solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Modificación o Corrección de Sentencia. Dicha moción se basaba en su alegada cooperación con investigaciones del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) mientras cumplía una sentencia de 20 años. El peticionario argumentaba que esta cooperación, que resultó en arrestos y procesamientos, le daba derecho a una reducción de sentencia bajo la Regla 185(c) de Procedimiento Criminal. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar su solicitud. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari. La denegatoria se fundamenta en que el recurso no presenta una controversia sustancial bajo la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Se menciona la discreción del tribunal apelativo para expedir el auto según la Regla 40.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Walter J. Álvarez Marrero en un caso de relaciones filiales contra Yahaira López Rodríguez. El peticionario solicitó la revisión de una Orden emitida el 19 de diciembre de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en Humacao. Dicha Orden dispuso que no se tomaría determinación sobre las relaciones paterno filiales navideñas por falta de interés del peticionario, dio por resueltas las objeciones al informe social y advirtió sobre un término decursado para un informe de objeción. El peticionario alegó que el TPI erró en estas determinaciones, las cuales, según él, contradecían la evidencia y perjudicaban el mejor interés de la menor. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal del caso, incluyendo órdenes previas del TPI relativas al traslado provisional de la menor y las impugnaciones al informe social. El peticionario también había presentado una moción urgente para paralizar el traslado de la menor, la cual el Tribunal de Apelaciones denegó previamente. Explicando la naturaleza discrecional del recurso de certiorari, el Tribunal finalmente deniega el auto solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a un recurso de Certiorari presentado por Luis Francisco Vázquez Concepción. El Peticionario impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción de Desestimación en un caso por infracción al Artículo 7.02 de la Ley 22. La moción de desestimación se basó en la alegación de violación al debido proceso de ley durante la vista de causa probable para arresto. Vázquez Concepción sostuvo que la jueza de dicha vista actuó de forma parcializada al interrogar a la agente denunciante para identificarlo después de que la defensa argumentara la falta de identificación. También alegó que el TPI erró al no tomar conocimiento judicial o escuchar la grabación de la vista de causa probable al evaluar su moción. El TPI había declarado No Ha Lugar la desestimación, concluyendo que el peticionario no probó la parcialidad judicial o la incorrección de la determinación. El Ministerio Público se opuso al certiorari, argumentando que no existe obligación legal de escuchar grabaciones y que las preguntas de la jueza no demostraron parcialidad. Tras evaluar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones determinó denegar la expedición del auto solicitado. Esta decisión confirma la resolución del TPI y permite la continuación de los procedimientos contra el Peticionario.

Resumen:

Comparece El Farmer, Inc. ante el Tribunal de Apelaciones mediante una petición de certiorari. Solicita la revisión de una Resolución emitida por la Oficial Examinadora de la Oficina Para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL). Dicha Resolución declaró Con Lugar la moción de la ORIL para descalificar al Licenciado Edmundo Rosaly Rodríguez como representante legal de El Farmer, Inc. La ORIL presentó la moción de descalificación en el contexto de una querella administrativa contra El Farmer, Inc. por supuesta entrega de leche no producida en su vaquería. La ORIL argumentó conflicto de interés debido a que el Lcdo. Rosaly fue previamente Administrador de la ORIL y manejó asuntos relacionados con El Farmer, Inc. El Farmer, Inc. se opuso a la descalificación, negando la existencia de fundamento legal o conflicto. Tras la resolución de la ORIL, El Farmer, Inc. acudió al Tribunal de Apelaciones imputando error en la descalificación. Posteriormente, El Farmer, Inc. solicitó auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos en la ORIL, dado que esta había presentado una moción de resolución sumaria en la querella subyacente. El documento detalla el historial procesal que lleva al Tribunal a considerar el recurso de certiorari.

Resumen:

Se trata de una Sentencia emitida por un panel judicial en apelación. La apelante, señora Ana Hilda Mejías Soto, recurre una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Sentencia del TPI resolvió casos consolidados relacionados con la Sucesión de Carlos M. Quiñones Aulí. El TPI determinó el Caudal Relicto Neto de la Sucesión y calculó la conmutación de la cuota viudal usufructuaria de la señora Mejías. Además, el TPI desestimó la reclamación de daños y perjuicios de la señora Mejías contra los coherederos y el albacea. El Causante falleció testado, dejando herederos de un primer matrimonio y a la apelante, su segunda esposa. Las partes presentaron demandas recíprocas que fueron consolidadas y llevaron a juicio. El panel examinó los escritos, la prueba y el derecho aplicable. El panel acuerda confirmar y revocar ciertas determinaciones de la Sentencia apelada. La decisión final del panel se explicará en detalle en la Sentencia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones que resuelve una apelación contra una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. La apelación fue presentada por una exempleada, Aurea L. Falú Areizaga, contra su antiguo patrono, Supermercados Econo, Inc. La empleada reclamaba despido injustificado y discrimen por razón de edad. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la demanda al conceder la sentencia sumaria a favor del patrono. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada. Determinó que del récord surgía de forma incontrovertida que la empleada fue responsable de un error grave al no percatarse de la entrada incorrecta del precio de un producto, lo que causó una pérdida sustancial al patrono. Respecto a la reclamación de discrimen por edad, el tribunal concluyó que la propia deposición de la empleada no sustentaba dicha alegación. Los hechos no controvertidos demostraron que existía justa causa para el despido basada en la negligencia de la empleada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la apelación presentada por Luis A. Rivera Maymí. El apelante solicita la revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 25 de junio de 2018. Dicho tribunal lo declaró culpable de asesinato en segundo grado y de infracciones a la Ley de Armas por portación y uso sin licencia y disparar un arma. Los hechos imputados ocurrieron el 30 de septiembre de 2017 en Dorado, resultando en la muerte de Jerry Claudio Mercado. El Tribunal de Primera Instancia le impuso una pena total de 62 años de cárcel. El documento detalla el historial procesal ante el TPI, incluyendo la presentación de las acusaciones, la alegación de no culpable del apelante y su renuncia al juicio por jurado. Se mencionan las fechas en que se celebró el juicio en su fondo. Asimismo, se lista la evidencia documental y testifical presentada por el Ministerio Público y la defensa durante el juicio. El panel de jueces del Tribunal de Apelaciones y el juez ponente son identificados. El tribunal indica que ha examinado los autos y está en posición de resolver la apelación.

Resumen:

Resumen:

Se trata de un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar resoluciones del Tribunal de Primera Instancia en un pleito sobre titularidad de propiedad inmueble. La peticionaria demandó a los recurridos reclamando la propiedad por donación o prescripción adquisitiva. Los recurridos se opusieron, alegando la inoficiosidad y nulidad de la donación y la mala fe de la poseedora. El TPI dictó sentencia sumaria parcial desestimando la causa de acción por prescripción, pero requirió inventario para evaluar la donación. La peticionaria solicitó el desistimiento del caso tras inscribir la propiedad a su nombre. Los recurridos se opusieron, argumentando que su reclamo sobre la donación inoficiosa subsistía y debía tramitarse como reconvención. El TPI ordenó a los recurridos presentar la reconvención, lo cual hicieron. La peticionaria recurre de las determinaciones del TPI que permitieron la presentación de la reconvención y la continuación del pleito. El recurso busca la revisión de la resolución que dio por cumplida la orden de presentar reconvención y otra que denegó una moción de la peticionaria.

Resumen:

Este documento es una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Union Auto Group apela la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar a Centro de Programas Educativos Coquilibros, Inc. \$6,200.00 por servicios contratados, más \$2,000.00 en honorarios de abogado e intereses. Coquilibros demandó a Union Auto por incumplimiento de un contrato para la publicación de inserciones publicitarias en la Revista Contorno, alegando que solo pagaron una parte del total acordado. Union Auto presentó defensas, incluyendo que el contrato era ultra vires y que Coquilibros incumplió el acuerdo al no obtener aprobación previa de los anuncios. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la defensa de ultra vires y, tras una vista en fondo, dictó sentencia a favor de Coquilibros. La sentencia apelada se basó en determinaciones de hecho que confirmaron la existencia del contrato, el acuerdo de publicación y la aprobación del primer anuncio. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la solicitud de Union Auto para revocar dicha sentencia.

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Se describe un Acuerdo de Moratoria suscrito el 13 de octubre de 2011 entre San Gerónimo (deudor), Madero Arboleda y San Gerónimo Caribe Village (garantizadores) y CPG/GS. Mediante este acuerdo, los co-demandados reconocieron sus obligaciones e incumplimientos. CPG/GS aceptó no ejercer sus derechos por seis años a cambio de garantías adicionales, pagos mensuales y cumplimiento. El acuerdo estipuló que el incumplimiento permitiría a CPG/GS ejercer sus derechos bajo los préstamos originales, el acuerdo de moratoria y la sentencia por consentimiento. Los garantizadores otorgaron garantías ilimitadas y continuas sobre la deuda de San Gerónimo. Como parte del acuerdo, CPG/GS concedió a San Gerónimo una línea de crédito. Actualmente, el deudor y los garantizadores adeudan solidariamente a CPG/GS una suma no menor de $99,261,519.54. A través de la Demanda para que se Dicte Sentencia por Consentimiento, el deudor y los garantizadores solicitan y consienten voluntariamente a que se dicte dicha sentencia. Consienten a ser declarados deudores de la suma mencionada, incluyendo principal, intereses y recargos. Reconocen haber sido asesorados legalmente y entender las consecuencias de otorgar este consentimiento.

Resumen:

La Sentencia resuelve una Apelación presentada por Ausberto Flores Figueroa y otros contra el Gobierno Municipal de Arroyo. Los apelantes iniciaron una acción de Sentencia Declaratoria en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) para impugnar la legalidad de un proceso de reclutamiento municipal. Alegaron que el Comité de Selecciones fue constituido en contravención a la Ley de Municipios Autónomos, solicitando la nulidad del procedimiento. El Municipio y otros codemandados solicitaron la desestimación, argumentando que la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) tenía jurisdicción exclusiva. El TPI dictó Sentencia, y luego Sentencia Enmendada, declarando su falta de jurisdicción al concluir que la CASP es el foro especializado con jurisdicción exclusiva para atender controversias sobre procesos de reclutamiento. Inconformes, los apelantes recurrieron al Tribunal de Apelaciones, señalando errores del TPI al no resolver el planteamiento de derecho y asumir hechos sin prueba. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, resuelve confirmar la Sentencia apelada. La decisión valida la determinación del TPI de que la CASP posee jurisdicción exclusiva sobre este tipo de reclamaciones relacionadas con procesos de reclutamiento municipal.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VIII, en el caso de Certiorari KLCE201900095. Las partes son Alexandra Delgado Aponte como recurrida y el Departamento de la Familia como peticionario. El recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, y trata sobre una Acción de Impugnación de Reconocimiento. La resolución, fechada el 30 de enero de 2019, atiende un Aviso de Desistimiento presentado por la parte peticionaria el día anterior. El Tribunal declara con lugar el desistimiento. Esta acción se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Como resultado, se ordena el archivo definitivo de la causa.

Resumen:

Se desestima una apelación presentada por Inversiones Rodriguez Nieves, Inc., JML Investments, Inc. y José Leonor Veras. Los apelantes buscaban revocar una sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia a favor de Scotiabank de Puerto Rico. Dicha sentencia original condenó a los apelantes al pago solidario de sumas de dinero y a la ejecución de prenda e hipoteca. La sentencia en rebeldía fue notificada el 29 de agosto de 2018. Tras una serie de mociones post-sentencia presentadas por los apelantes, incluyendo impugnaciones al emplazamiento y solicitudes de reconsideración, todas declaradas no ha lugar por el TPI, los apelantes presentaron la apelación el 21 de diciembre de 2018. El panel judicial determina que la apelación fue presentada fuera del término legal. Por consiguiente, se declara la falta de jurisdicción para atender el recurso. La apelación es desestimada por tardía.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones, Panel IV, emite una Resolución denegando un recurso discrecional de certiorari presentado por International Body Parts, Inc. y otros. Los peticionarios buscaban revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó la paralización de una subasta judicial y la cancelación de gravámenes sobre una finca hipotecada. El foro primario ordenó la continuación del procedimiento de ejecución de sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y decidió no expedir el auto solicitado. Se explica que los peticionarios intentaron segregar partes de la finca hipotecada, pero esa escritura caducó en el Registro de la Propiedad. Sin embargo, la hipoteca sobre la totalidad de la finca fue válidamente inscrita. Conforme al principio hipotecario de legalidad, solo constan títulos válidos. El Tribunal concluyó que la parte recurrida posee un derecho real de hipoteca ejecutable sobre la propiedad completa. No se encontró indicio de que el Tribunal de Primera Instancia actuara de forma arbitraria, caprichosa, abusara de su discreción o cometiera error de derecho, por lo que no se identificaron fundamentos jurídicos para expedir el auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de Certiorari presentado por Roberto Ruiz López y Lourdes López Galarza contra First Bank Puerto Rico. El caso subyacente es una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciada por First Bank. La controversia principal gira en torno a un error en el número de finca registral identificado en la demanda original de First Bank. First Bank admitió haber consignado el número 12699 en lugar del 12669 debido a un error en un estudio de título. Los peticionarios solicitaron la desestimación de la demanda, argumentando que el error era sustancial y que la enmienda solicitada por First Bank era tardía. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación y autorizó a First Bank a enmendar la demanda para corregir el número de finca. Los peticionarios recurrieron esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que el foro primario erró al permitir la enmienda, contraviniendo jurisprudencia y una decisión previa del propio Tribunal de Apelaciones en este caso. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega el auto discrecional solicitado por los peticionarios.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Los demandantes, Bonilla y Eusebio, demandaron a los peticionarios, el matrimonio Rodríguez Otero, y otros, por trabajos de construcción y una participación en un negocio. Los demandantes alegaron contribuciones en materiales y mano de obra que no fueron pagadas, ni se concretó la participación prometida. Los demandados argumentaron haber pagado y ofrecido la participación, y que cualquier reclamo debía ser contra la entidad corporativa, no personal. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) desestimó reclamos personales contra otros codemandados, pero denegó las solicitudes de desestimación del matrimonio Rodríguez Otero. Posteriormente, los demandantes solicitaron enmendar la demanda para incluir alegaciones de que los demandados actuaron en su carácter personal y cometieron fraude. El matrimonio Rodríguez Otero se opuso a la enmienda, señalando el tiempo transcurrido y la naturaleza de las nuevas alegaciones. El TPI autorizó las enmiendas solicitadas por los demandantes. El matrimonio Rodríguez Otero acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para revocar dicha Resolución. El Tribunal de Apelaciones expidió el certiorari y confirmó la Resolución del TPI, validando la autorización para enmendar la demanda.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El recurso fue presentado por Gabriel E. Corchado Pérez contra Daiichi Sankyo de Puerto Rico. Buscaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar una solicitud para que se dieran por renunciadas las defensas afirmativas de la parte demandada en un caso de despido injustificado. El recurrente presentó una Solicitud de Desistimiento ante el Tribunal de Apelaciones. En la solicitud, expuso que las partes habían alcanzado un acuerdo transaccional. Este acuerdo puso fin a todas las controversias en el caso original ante el Tribunal de Primera Instancia. Conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, se dicta Sentencia de Desistimiento. La Sentencia formaliza el retiro del recurso de Certiorari solicitado por el recurrente.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Americas Leading Finance (ALF) mediante recurso de certiorari. Solicitan revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de tramitar un pleito laboral por el procedimiento ordinario. El pleito original, presentado por Juan Ramón Gutiérrez y otros, es una reclamación por despido injustificado, discrimen y daños, incoada bajo el procedimiento sumario laboral de la Ley Núm. 2. ALF argumentó que las cuantiosas reclamaciones por daños eran incompatibles con dicho procedimiento sumario. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de conversión, aunque permitió flexibilizar el descubrimiento de prueba. Inconforme con esta denegatoria, ALF presentó el certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Señalaron como error la negativa a convertir el pleito a uno ordinario dada la naturaleza y cuantía de los daños reclamados. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso presentado por ALF. Por los fundamentos que expondrán, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por Francisco J. Rivera Fernández y el matrimonio Fidel Alonso Valls y Bárbara Vilá Del Corral. Los apelantes recurrieron una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que les ordenaba pagar a Oriental Bank sumas significativas por concepto de principal, intereses y honorarios de abogado. La demanda original de Oriental Bank era por cobro de dinero, alegando el incumplimiento de pago de tres préstamos. El primer préstamo involucraba a todos los apelantes, mientras que los otros dos solo al matrimonio Alonso Vilá. Oriental Bank sostuvo que los apelantes incumplieron acuerdos de pago y adeudaban cantidades específicas por cada obligación. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor del banco, imponiendo el pago solidario de las deudas reclamadas, más intereses y honorarios por temeridad. Los apelantes solicitaron la revocación de esta determinación. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Sentencia Enmendada apelada.

Resumen:

Se trata de una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Oriental Bank demandó a los esposos Bragin-Meléndez, quienes a su vez presentaron una demanda contra terceros contra los esposos Córdova-Marrero, vendedores de la propiedad hipotecada. Los esposos Bragin-Meléndez alegaron la nulidad del contrato de compraventa por vicio en el consentimiento y falta de objeto, reclamando daños. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra terceros, concluyendo que la acción de nulidad estaba prescrita por haber transcurrido más de cuatro años. Los esposos Bragin-Meléndez apelaron esta desestimación. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia parcial apelada. El Tribunal de Apelaciones modificó la Sentencia únicamente para eliminar la imposición de honorarios de abogado. Confirmó la Sentencia en cuanto a la desestimación de la demanda contra terceros. La decisión ratifica que la acción de nulidad del contrato de compraventa había prescrito.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de Laura M. Delgado Sellas contra Centro de Estudios Multidisciplinarios. El recurso de apelación fue presentado por la señora Delgado Sellas para impugnar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por despido injustificado. La parte apelada, CEM, solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. Alegaron que la notificación de la apelación a la parte apelada se realizó fuera del término jurisdiccional de treinta días. La apelante argumentó que la tardanza se debió a un error del servicio de entrega privado. El Tribunal revisa la Regla 13 del Reglamento, que exige la notificación del recurso y apéndices dentro del mismo término de treinta días para su presentación. Se reitera que este término es de estricto cumplimiento y su incumplimiento conlleva la desestimación sin justa causa. La sentencia concluye desestimando el recurso de apelación por falta de jurisdicción, al no haberse perfeccionado la notificación dentro del término establecido.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari presentado por la Administración de Servicios de Salud (ASES). ASES solicitó revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que ordenó una vista evidenciaria. La vista busca determinar la procedencia de producir información solicitada por la Asociación de Laboratorios Clínicos (ALC) en una acción de mandamus. ALC demandó a ASES reclamando acceso a documentos públicos. La disputa se centra en la entrega de "Raw Data" que, según ASES, contiene información de salud protegida (PHI) bajo leyes federales y estatales. ASES argumenta que la divulgación es imposible y opresiva sin autorización individual. ALC propuso alternativas para manejar la información sensible. El Tribunal de Primera Instancia determinó la necesidad de la vista para resolver la controversia. El Tribunal de Apelaciones denegó la solicitud de ASES para dejar sin efecto dicha orden.

Resumen:

Se trata de un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la revisión de pensión alimentaria para dos menores. Los padres habían estipulado inicialmente una pensión de \$200 mensuales más gastos de ropa y escuela, acuerdo que fue acogido por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). La madre solicitó posteriormente una revisión de la pensión, alegando cambios significativos en sus circunstancias, como gastos de vivienda y cuido diurno no contemplados en la estipulación original. Argumentó que estos cambios justificaban la revisión antes del término reglamentario de tres años. El TPI denegó la solicitud inicial y una moción de reconsideración sin celebrar una vista evidenciaria. Inconforme, la madre presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó que el TPI erró al denegar la revisión y no ordenar una vista ante la existencia de cambios sustanciales en las necesidades de los menores. El Tribunal de Apelaciones expidió el Certiorari y revocó la decisión del TPI. Ordenó al TPI celebrar una vista evidenciaria para dilucidar si ocurrieron cambios significativos o sustanciales que requieran modificar la pensión alimentaria.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La Oficina Estatal de Conservación Histórica apeló la desestimación de su demanda contra American Parking Systems, Inc. La demanda buscaba ejecutar un acuerdo transaccional incorporado a una sentencia final de un pleito anterior. En el caso original, la Oficina reclamaba a American Parking Systems el pago de cánones de alquiler. Las partes transigieron, acordando el pago de $350,000 por American Parking Systems, lo cual fue aprobado por el tribunal y se convirtió en sentencia firme. La Oficina presentó la nueva demanda alegando que American Parking Systems incumplió el acuerdo al no pagar la cantidad convenida. American Parking Systems admitió el impago, atribuyéndolo a dificultades financieras imprevistas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, concluyendo que no procede un pleito independiente para ejecutar una sentencia previa. La apelación ante el Tribunal de Apelaciones cuestiona si es legalmente permisible presentar una demanda separada para reclamar el cumplimiento de una sentencia que ordena el pago de dinero.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Resolución de la Junta de Personal de la Rama Judicial. Dicha Resolución atendió un Aviso de Paralización presentado por el Director Administrativo de los Tribunales en un caso de apelación de una empleada destituida, Sra. Cecilia Vélez Cruz. La empleada reclamaba su reinstalación y el pago de salarios dejados de percibir. El Director Administrativo argumentó que los procedimientos ante la Junta estaban automáticamente paralizados bajo las secciones 362 y 922 del Código Federal de Quiebras (PROMESA), al tratarse de procedimientos administrativos contra el deudor y reclamaciones que afectaban su propiedad. La Junta de Personal declaró No Ha Lugar el aviso de paralización en cuanto a la reclamación de reinstalación, pero Ha Lugar en cuanto a la reclamación de salarios. El Director Administrativo recurrió esta decisión mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal REVOCÓ la Resolución recurrida de la Junta de Personal.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó el recurso de revisión de un boleto de tránsito instado por el señor Emmanuel Cardona Rivera. El señor Cardona recibió un boleto por supuestamente rebasar una luz roja, hecho que él niega. Tras una vista, el TPI declaró No Ha Lugar su recurso de revisión. Inconforme, el señor Cardona apeló, alegando múltiples errores procesales y constitucionales. Argumentó que el TPI manejó el caso como una revisión administrativa en lugar de criminal, imponiéndole la carga de la prueba a él y no al Estado. También señaló irregularidades en la vista, como la alteración del orden de la prueba, la permanencia del agente en sala y la limitación del contrainterrogatorio. El apelante sostuvo que el TPI le negó el debido proceso de ley y un juicio justo. Tras evaluar los señalamientos, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El peticionario, Jorge L. Marrero Torres, solicitó revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su moción para modificar una sentencia condenatoria. Marrero Torres fue sentenciado en 2006 por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. Específicamente, impugna la pena de cuarenta años de reclusión impuesta por la violación al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, alegando que es excesiva. El Tribunal de Primera Instancia había declarado "No Ha Lugar" a su solicitud de corrección de sentencia. El Tribunal de Apelaciones consideró la solicitud de expedición del auto de Certiorari. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal deniega la expedición del auto solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia contra Juan Gabriel Camacho Ruiz. El apelante fue hallado culpable de Asesinato Atenuado y violaciones a la Ley de Armas (portación ilegal y disparar sin justificación). La sentencia original impuso penas de reclusión consecutivas, incluyendo 15 años por el asesinato y penas duplicadas por los delitos de armas. Los hechos ocurrieron el 10 de febrero de 2016 en Rincón. La prueba incluyó testimonios de testigos, entre ellos agentes de la policía. Agentes declararon que el apelante llegó al cuartel en una guagua blanca con el cadáver de un amigo y admitió haberlo matado. El apelante también indicó haber abandonado un arma en una playa. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó el fallo condenatorio y la sentencia de reclusión impuesta por el foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre un recurso presentado por la parte peticionaria. Los peticionarios solicitan la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó una tercera enmienda a su demanda en un caso de impericia médica. El recurso busca la revisión de esta determinación interlocutoria. El Tribunal examina su autoridad para revisar órdenes interlocutorias bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. La Regla 52.1 limita la revisión mediante certiorari a circunstancias excepcionales y taxativamente enumeradas. Se establece que la denegatoria de una moción para enmendar una demanda no se encuentra entre las excepciones que permiten la revisión interlocutoria inmediata. Las controversias fuera del alcance de la Regla 52.1 solo pueden ser revisadas una vez dictada la sentencia final en el caso. El análisis legal concluye que la orden recurrida no es susceptible de revisión interlocutoria bajo los parámetros de la Regla 52.1.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari contra una resolución de la Junta de Personal de la Rama Judicial. El caso involucra la suspensión de empleo y sueldo de una empleada y la controversia principal es si la paralización automática bajo la ley federal PROMESA aplica a este procedimiento disciplinario. La reclamación de la empleada surgió después de que el Gobierno de Puerto Rico se acogiera a la protección del Código Federal de Quiebras. Se discute si la reclamación disciplinaria puede separarse de una posible reclamación monetaria para efectos de la paralización. La Junta de Personal había decidido continuar con los procedimientos disciplinarios, excluyendo la vertiente monetaria. El Director Administrativo de los Tribunales solicitó la paralización invocando las secciones 362 y 922 del Código de Quiebras. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la resolución de la Junta de Personal. Esto implica que el Tribunal determinó que la paralización automática sí aplica al procedimiento disciplinario en cuestión.

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Resumen: