Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 24)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en un recurso de certiorari presentado por Crowley Caribbean Logistics y Crowley Puerto Rico Services. Las peticionarias solicitaron la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de Daños y Perjuicios al amparo de la Ley Contra el Crimen Organizado. La demanda original fue incoada por Hard Contractors, Inc. y Edmundo Goveo Collazo contra Crowley, la Unión de Tronquistas y otros. Los demandantes alegaron que Crowley y la Unión operaron una empresa criminal entre 2016 y 2022. Sostuvieron que esta empresa los extorsionó, exigiéndoles pagos ilegales bajo amenaza de perder sus medios de sustento y la relación contractual. Describieron un esquema donde líderes sindicales pasaban a ocupar puestos gerenciales en Crowley para facilitar la extorsión. Los demandantes alegaron haber sido forzados a pagar un porcentaje y luego sumas fijas semanales/mensuales. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Como resultado, el Tribunal revocó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó mediante Certiorari una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, en el caso contra Edwin Noel López Reyes por cargos de homicidio, ley de armas y ley de menores. El señor López Reyes impugnó la Minuta Resolución del foro primario que declaró no ha lugar su Moción Solicitando lo que Falta por Descubrir. En dicha moción, solicitaba, entre otras cosas, declaraciones juradas de testigos, antecedentes penales, comunicaciones telefónicas y evaluaciones mentales. El Tribunal de Primera Instancia denegó la mayoría de estas peticiones, ordenando solo verificar la existencia de evaluaciones mentales. El peticionario alegó que esta denegatoria impedía una defensa adecuada. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari para revisar la decisión. Sin embargo, tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución y Orden recurrida del foro primario. También se denegó una moción urgente para paralizar los procedimientos de juicio.

Resumen:

Se trata de una Sentencia que detalla el trámite procesal de un Recurso de revisión presentado por la señora Olga Tirado Flores. La recurrente impugna una Resolución de la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos (DRA-OGPe). Dicha Resolución declaró No Ha Lugar su solicitud para revocar un permiso de construcción concedido por el Municipio de Aguadilla a favor de los proponentes, señora Stephanie Villanueva Sanabria y señor Kevin R. Acevedo Colón. El permiso autoriza la construcción de un muro entre las propiedades de la recurrente y los proponentes. El documento describe las diversas resoluciones emitidas por el tribunal y las mociones presentadas por las partes. Se detalla el proceso para la presentación y estipulación de la Transcripción de la Prueba Oral de la vista administrativa. También se menciona la presentación de los alegatos en oposición por parte de la DRA-OGPe y los proponentes. La Sentencia concluye declarando el Recurso de revisión perfeccionado. El tribunal procederá a pormenorizar los hechos procesales relevantes para su atención.

Resumen:

Axel Rivera Hernández presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama. Dicha Orden, emitida el 9 de enero de 2025, señaló una vista de términos extendidos y necesidad para el 6 de febrero de 2025. Esta determinación surgió durante el juicio, cuando un testigo del Ministerio Público no estuvo disponible. El peticionario argumentó que los términos para la celebración del juicio habían vencido el 9 de enero de 2025 y solicitó la desestimación del caso. El foro primario, ante la objeción, optó por señalar la vista para discutir los términos. El peticionario alegó error al no desestimar el caso de inmediato. El Tribunal de Apelaciones consideró la petición. Finalmente, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó un recurso de apelación y un auto de certiorari consolidados, presentados por los peticionarios contra dictámenes del Tribunal de Primera Instancia. El caso original es un cobro de dinero iniciado por una asociación de residentes contra los dueños de una propiedad por cuotas de mantenimiento y derramas impagas. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de la asociación, condenando a los dueños al pago de \$8,028.08 por cuotas, intereses y derramas, más honorarios de abogado. Posteriormente, el TPI también les impuso el pago de \$570.36 en costas y gastos. Los dueños apelaron la sentencia sumaria y solicitaron la revisión mediante certiorari de la resolución sobre costas. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del TPI que concedió la sentencia sumaria. Asimismo, el Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari solicitado por los peticionarios.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) mediante un recurso de certiorari presentado por El Pueblo. El caso involucra a Leonardo Soto Butler, quien fue acusado de varios delitos, incluyendo amenaza o intimidación a testigos (Artículo 283 del Código Penal), por hechos ocurridos cuando era menor de edad. Tras un juicio por jurado, Soto Butler fue encontrado culpable únicamente del delito de amenaza a testigos. Posteriormente, el TPI declaró "Ha Lugar" una moción de la defensa, resolviendo que carecía de jurisdicción sobre el cargo del Artículo 283 debido a la minoría de edad del acusado al momento de los hechos. El TPI desestimó dicho cargo y sugirió la posibilidad de procesarlo en la Sala de Asuntos de Menores. El Ministerio Público solicitó reconsideración, la cual fue denegada. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso, revocó la sentencia del TPI que desestimó el cargo. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, restableciendo el estado procesal anterior a la desestimación y dejando sin efecto la orden que cancelaba la fianza.

Resumen:

Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve dos recursos consolidados. Los recursos, un Certiorari y una Apelación, provienen del mismo caso del Tribunal de Primera Instancia. Dicho caso fue iniciado por el entonces alcalde electo, Hon. Danny Santiago Núñez, contra el Municipio Autónomo de Villalba y otros. La acción legal buscaba paralizar una resolución de la Legislatura Municipal que autorizaba una transferencia presupuestaria de \$399,000. El Tribunal de Primera Instancia emitió órdenes de entredicho provisional e injunction preliminar a favor del demandante. Los recursos ante el Tribunal de Apelaciones impugnan estas decisiones cautelares. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos para su adjudicación. Se toma conocimiento judicial de que el Hon. Danny Santiago Núñez asumió el cargo de Alcalde de Villalba el 13 de enero de 2025. La sentencia resuelve los recursos consolidados presentados contra las determinaciones del tribunal de instancia.

Resumen:

Un panel de jueces resuelve una solicitud del Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El peticionario busca revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó paralizar un caso civil. El caso civil fue presentado por Moisés Mojica Torres por daños y perjuicios tras una agresión alegada por un oficial de corrección. El Estado argumentó que el caso debía paralizarse debido a un injunction permanente del Tribunal de Distrito Federal relacionado con los procesos de Título III. Sostuvo que el único remedio para el demandante era presentar una solicitud de gastos administrativos ante el tribunal federal. El Tribunal de Primera Instancia denegó la paralización, entendiendo que la reclamación podría estar excluida del injunction por tratarse de alegaciones de conducta intencional o bajo la Ley de Pleitos contra el Estado. El Estado solicitó reconsideración y luego acudió a este panel. El panel, por los fundamentos que expondrá, deniega expedir el auto de Certiorari solicitado por el Estado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel XII, emitió una resolución en el recurso de certiorari KLCE202500110. Este caso enfrenta al Alcaide de la Cárcel Regional Bayamón 105 como peticionario contra José Fernando Cosculluela Suárez como recurrida. El recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia de Humacao y se relaciona con un caso de Habeas Corpus y una vista de revocación. La parte peticionaria, representada por el Procurador General, solicitó la paralización de una vista señalada para el mismo día. El Procurador General cuestionó la decisión del foro primario de ordenar la celebración inmediata de una vista sumaria inicial de revocación de probatoria. Luego de examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones decidió no ejercer su discreción para expedir el recurso de certiorari. Por lo tanto, se denegó la expedición del auto de certiorari y la urgente solicitud de auxilio de jurisdicción. La resolución fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 5 de febrero de 2025.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por José D. Santiago Torres en un caso de daños y perjuicios contra Yauco Healthcare Corporation y otros. El peticionario solicitó la revisión de una Minuta-Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha orden requirió a Santiago Torres mostrar causa por su incomparecencia a una vista celebrada el 3 de octubre de 2024. Esta vista había sido señalada por mandato del Tribunal de Apelaciones para evaluar la indigencia del peticionario y la posible designación de un abogado de oficio. El TPI advirtió que la falta de comparecencia o justificación resultaría en la denegación de su solicitud de representación legal. Santiago Torres alegó haber recibido la notificación de la vista con poca antelación y argumentó una supuesta denegación de su derecho a la auto-representación. Tras acoger el recurso como certiorari, el Tribunal de Apelaciones examinó el expediente. Finalmente, el panel especial del Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. El Dr. Emilio Báez Rivera impugna la Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que desestimó su querella contra La Interlocking \& General Contractors Corp. La querella se relaciona con un contrato de construcción de muros Keystone firmado en enero de 2023. El DACo declaró No Ha Lugar la querella y ordenó el archivo del caso. El Tribunal revisa el historial del caso, incluyendo las condiciones del permiso de construcción, el rol del inspector designado y las disputas surgidas. Se mencionan desacuerdos sobre la aprobación de facturas, la póliza del Fondo del Seguro del Estado y un crédito solicitado, así como el acarreo de material. El Tribunal anticipa confirmar la decisión administrativa del DACo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó dos recursos presentados por Wilfredo Francisco Rey Capella y otros contra la Asociación Santa Teresita Park Boulevard #334, Inc. Los recursos buscaban impugnar decisiones del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. La Asociación demandó a los apelantes por cuotas de mantenimiento y derramas impagas. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de la Asociación, condenando a los apelantes al pago de \$8,028.08 más honorarios de abogado. Posteriormente, el TPI también les impuso el pago de \$570.36 en costas y gastos. Los apelantes argumentaron que los estatutos de la Asociación y el control de acceso eran nulos. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia sumaria del TPI y denegó el auto de certiorari relacionado con la resolución de costas.

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La Sentencia resuelve una apelación presentada por Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había dictado sentencia sumaria a favor de los apelados (Vargas Maldonado) y desestimado la demanda de BPPR sobre ejecución de hipoteca. BPPR demandó alegando ser tenedor de un pagaré hipotecario y que el deudor (Metro Pack) incumplió una línea de crédito con BPPR. BPPR sostuvo que podía ejecutar la hipoteca, aunque existiera un acuerdo entre Metro Pack y Westernbank para cancelar la deuda de BPPR con fondos de un préstamo de Westernbank. Los apelados argumentaron que la obligación principal con BPPR se satisfizo con el préstamo de Westernbank, extinguiendo así la garantía hipotecaria. BPPR replicó que la deuda no fue cancelada y que los apelados no presentaron evidencia de ello. El panel de jueces revisó los fundamentos de las solicitudes de sentencia sumaria de ambas partes. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones revoca la decisión del TPI. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos de forma consistente con esta Sentencia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Universal Insurance Company. La aseguradora solicitó revocar una Minuta-Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de daños y perjuicios. El pleito original fue incoado por los padres de un menor contra Caguas Private School y Universal, alegando negligencia en la supervisión tras una caída grave del niño en el área de juegos de la escuela. Universal presentó una solicitud de sentencia sumaria parcial, argumentando que su póliza excluía la cubierta para daños derivados de servicios profesionales, incluyendo la supervisión. El TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de Universal por haber sido radicada fuera del término establecido por la Regla 36.2 de Procedimiento Civil. Universal acudió en certiorari, alegando que el TPI erró al denegar la moción basándose únicamente en el término, pues la jurisprudencia permite evaluar mociones tardías bajo la sana discreción del foro primario para facilitar la solución de litigios. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VII, con fecha de 5 de febrero de 2025. Atiende dos recursos consolidados, un Certiorari (KLCE202401400) y una Apelación (KLAN202500017), provenientes del mismo caso (VI2024CV00217) del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Las partes son Hon. Danny Santiago Núñez y el Municipio Autónomo de Villalba y otros, en un caso sobre Injunction y Entredicho. El Certiorari recurrió de una orden de Entredicho Provisional y la Apelación de una Sentencia de Injunction Preliminar en el mismo pleito. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos mediante Resolución de 9 de enero de 2025. Se toma conocimiento judicial de que el Hon. Danny Santiago Núñez asumió el cargo de Alcalde de Villalba el 13 de enero de 2025. El caso original en el TPI fue presentado por Santiago Núñez para paralizar una resolución municipal que autorizaba una transferencia presupuestaria de \$399,000. El TPI emitió una Orden de Entredicho Provisional en respuesta a la demanda. El documento detalla el historial procesal de los recursos ante el Tribunal de Apelaciones, incluyendo denegaciones de Auxilio de Jurisdicción y Reconsideración.

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Un miembro de la población correccional recurre ante el Tribunal de Apelaciones solicitando revisión judicial de una petición de bonificaciones presentada ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente alega que la agencia no ha emitido una determinación final sobre su solicitud inicial. La ley y la jurisprudencia exigen que las decisiones, órdenes y resoluciones administrativas sean finales para que proceda la revisión judicial. Agotar los remedios administrativos es un requisito jurisdiccional, salvo contadas excepciones. Un dictamen final es aquel que resuelve todas las controversias ante la agencia. Dado que el Departamento de Corrección y Rehabilitación no ha emitido una resolución final, el Tribunal carece de jurisdicción para revisar el asunto en este momento. El Tribunal exime a la parte recurrida de presentar alegato para agilizar el proceso.

Resumen:

Un panel judicial revisa una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que dejó sin efecto una sentencia previa que decretó un inmueble como hogar seguro para un menor. La sentencia original de hogar seguro se dictó tras la solicitud de la madre y el allanamiento del padre. Venezia Club House LLC intervino en el caso, solicitando la revocación de la designación de hogar seguro por alegada obtención deshonesta. El TPI, al revisar, encontró que la madre había declarado residir en Guaynabo en un caso anterior de custodia, contradiciendo su alegación de vivir en la propiedad de Carolina desde siempre. Además, la propiedad de Carolina era objeto de un pleito previo de Venezia contra el padre sobre un contrato de opción de compraventa. La madre incluso firmó un contrato de arrendamiento sobre dicha propiedad después de que Venezia radicara su demanda. Basado en estas inconsistencias y el litigio preexistente, el TPI dejó sin efecto la sentencia de hogar seguro. El panel actual, al considerar la solicitud de revisión como certiorari, deniega la expedición del auto.

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Un panel de jueces revisó una solicitud de Jorge Javier Marrero Gerena y Karina Gallardo Troche para dejar sin efecto una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La resolución del TPI había dejado sin efecto una sentencia previa que designaba una propiedad en Carolina como "hogar seguro" para un menor. La señora Gallardo había solicitado inicialmente la designación de "hogar seguro", a lo que el señor Marrero se allanó. Venezia Club House LLC intervino, alegando que la designación se obtuvo de forma indebida y solicitando su revocación. El TPI encontró inconsistencias significativas en las declaraciones de residencia de la señora Gallardo en distintos procedimientos legales. La evidencia mostró que ella declaró residir en Guaynabo en un caso de custodia de 2022, pero luego afirmó que la propiedad de Carolina era el hogar familiar y su residencia en el caso de "hogar seguro" de 2024. Además, la propiedad de Carolina estaba sujeta a un pleito previo de Venezia Club House LLC contra el señor Marrero, y la señora Gallardo arrendó la propiedad después de ese pleito y de su declaración de residencia en Guaynabo. Basado en estos hallazgos, el TPI dejó sin efecto la sentencia de "hogar seguro". El panel revisor denegó la expedición del auto de certiorari, confirmando así la decisión del TPI de dejar sin efecto la designación de "hogar seguro".

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión de la Junta de Libertad bajo Palabra que denegó el privilegio de libertad bajo palabra al confinado José R. Trinidad Jorge. El señor Trinidad Jorge, quien cumple una extensa sentencia por delitos graves, impugnó la resolución de mayo de 2024. La Junta denegó la solicitud al considerar que no era un buen candidato en ese momento y carecía de un plan de salida verificado. No obstante, la Junta dispuso que el caso sería reconsiderado en mayo de 2025, condicionado a la presentación de un informe de ajuste y progreso con el plan de salida verificado. El recurrente presentó una moción de reconsideración ante la Junta, detallando su propuesta de residencia y amigo consejero, la cual no fue actuada. Posteriormente, acudió al Tribunal de Apelaciones argumentando violación al debido proceso. El Tribunal, aplicando el principio de deferencia a las decisiones administrativas, examinó el recurso de revisión judicial. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida de la Junta de Libertad bajo Palabra.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de Certiorari presentada por Keila M. Linares Ramos y Julio Moll Arce. Solicitan la revisión de la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a su moción de desestimación en un pleito de cobro de dinero iniciado por Popular Auto, LLC. Popular Auto demandó a los peticionarios por alegado incumplimiento de un contrato de venta al por menor a plazos de un vehículo de 2011, reclamando una deuda de más de $15,000. Los peticionarios solicitaron la desestimación, argumentando que la demanda era insuficiente por omitir la fecha de incumplimiento y que la reclamación estaba prescrita. Alegaron que aplicaba un término prescriptivo más corto (tres o cuatro años), haciendo que la demanda presentada en 2024 estuviera fuera de término. Popular Auto se opuso, sosteniendo que aplicaba el término prescriptivo de quince años para acciones personales bajo el Código Civil de 1930. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, determinando la ausencia de un pagaré y aplicando el término de quince años, concluyendo que la acción no estaba prescrita. Los peticionarios recurrieron al Tribunal de Apelaciones, alegando errores en la determinación sobre la suficiencia de las alegaciones y la defensa de prescripción.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI, en un caso de Certiorari. La peticionaria, Odemaris Ortiz Ortiz, instó el recurso contra Abraham Colón López, relacionado con un caso de custodia proveniente del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La petición fue presentada el 10 de enero de 2025. El recurrido no compareció ni presentó escrito alguno ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el expediente, el panel decidió abstenerse de ejercer su función revisora. Por consiguiente, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. La decisión se fundamenta en las Reglas de Procedimiento Civil y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que evalúa la solicitud de consolidación de dos recursos. Las partes involucradas son Dorado Moon Management, LLC y la pareja José Miguel Nolla y María V. Seda Albert. La controversia principal se origina en una compraventa de bienes raíces que no se perfeccionó. Dorado Moon demandó a los compradores en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) por incumplimiento de contrato y daños. Paralelamente, los compradores presentaron una querella en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) reclamando la devolución de su depósito. El TPI denegó la solicitud de los compradores para desestimar la demanda, rechazando el argumento de que el DACo tenía jurisdicción. Por su parte, el DACo desestimó la querella de los compradores. Los compradores apelaron ambas decisiones ante el Tribunal de Apelaciones y solicitaron la consolidación de los recursos. Dorado Moon se opuso a la consolidación, argumentando que los casos eran distintos y provenían de foros diferentes. El Tribunal de Apelaciones debe resolver primero si procede la consolidación de los recursos antes de atender el fondo de las disputas.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa. José L. Hernández Compres recurre la denegatoria de libertad bajo palabra emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente cumple una sentencia de 35 años por asesinato atenuado e infracciones a la Ley de Armas. La Junta denegó el privilegio principalmente por la existencia de un detainer federal de inmigración. Consideró que el recurrente carece de un plan de salida viable, ya que la ley federal prohíbe a ciudadanos o residentes ofrecer vivienda o empleo a inmigrantes no autorizados. El recurrente alega que la Junta erró al denegar la libertad bajo palabra por falta de plan de salida viable y al asumir su estatus migratorio ilegal por su nacionalidad. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre tres recursos de certiorari consolidados presentados por Manuel Correa Márquez contra Carmen M. Juliá Rodríguez. Los recursos provienen de un caso de divorcio en el Tribunal de Primera Instancia y versan sobre controversias relacionadas con pensiones alimentarias entre parientes y alimentos excónyuge. El peticionario solicitó la revisión de dictámenes que atendieron reclamaciones de alimentos, denegaron el reembolso por alegados pagos en exceso y rechazaron la desestimación por prescripción de la reclamación de la recurrida. El Tribunal de Apelaciones consideró los argumentos presentados por Correa Márquez en sus peticiones. Tras evaluar los fundamentos, el panel especial del Tribunal de Apelaciones determinó denegar la expedición del auto de certiorari para los tres recursos consolidados. Esto significa que el Tribunal de Apelaciones no revisará las decisiones del Tribunal de Primera Instancia impugnadas por el peticionario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que evalúa la solicitud de consolidación de dos recursos relacionados con una disputa de compraventa de bienes raíces. Los recursos fueron presentados por José Miguel Nolla y María Verónica Seda Albert contra Dorado Moon Management, LLC. El primer recurso es un certiorari contra la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a desestimar una demanda por daños y otros. El segundo es una revisión administrativa contra la desestimación de una querella por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La controversia subyacente involucra un contrato de compraventa, un depósito y alegaciones de incumplimiento. Dorado Moon demandó a los compradores en el TPI, mientras que los compradores presentaron una querella en el DACo buscando la devolución del depósito. Los esposos Nolla Seda solicitaron la consolidación de ambos recursos ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que la disputa principal es sobre cuál foro tiene jurisdicción. Dorado Moon se opuso a la consolidación, alegando que los casos son distintos y resueltos en foros diferentes. El Tribunal de Apelaciones debe determinar si procede la consolidación de ambos recursos conforme al derecho aplicable.

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Sentencia en reconsideración de un panel apelativo sobre la reclamación de cuota viudal usufructuaria. Ángel Manuel Torres Cubano demandó a la sucesión de su esposa fallecida, representada inicialmente por la madre y luego por el hijo, Ismael Herrero Otero, único heredero. Torres reclamaba su participación usufructuaria, alegando que no se había establecido ni pagado desde el fallecimiento en 2011, y solicitaba las rentas adeudadas. Pidió al tribunal que estableciera la cuantía de la cuota, incluyera las rentas no pagadas por 11 años y ordenara la conmutación y pago inmediato. Las partes estipularon que el caudal relicto ascendía a \$1,491,399.00. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia el 9 de noviembre de 2023. Dicha sentencia resolvió que la cuota usufructuaria arrojaba un balance negativo de \$26,531.55. Se ordenó a Torres pagar esa cantidad a Herrero, además de costas y gastos. Torres apeló esta decisión el 12 de abril de 2024, buscando su revisión. Este documento detalla el proceso judicial y los argumentos de las partes que culminaron en la apelación de la sentencia adversa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones atiende una petición de certiorari en un caso de desahucio en precario y cobro de dinero procedente del Tribunal de Primera Instancia de Humacao. Los peticionarios, Gregorio Mejías Velázquez y otros, solicitaron la revisión de una Resolución del TPI que denegó su moción de sentencia sumaria. El TPI concluyó que existían controversias sobre hechos medulares que debían dilucidarse en un juicio en su fondo. La demanda original se basó en la alegada expiración de un contrato de arrendamiento con opción de compraventa sobre una propiedad comercial, sin que el arrendatario ejerciera la opción. Los peticionarios reclamaban el desalojo y el pago de cánones adeudados, mientras el arrendatario alegaba tácita reconducción y reclamaba pagos y mejoras. Ejerciendo la discreción que le confiere su Reglamento, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de certiorari sin trámite ulterior. Esta decisión valida la determinación del TPI de que el caso requiere la celebración de un juicio para resolver las disputas fácticas.

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Este es un juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación en un caso de fraude de acreedores (acción pauliana). La apelante, Swirl, Corp., impugnó una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su demanda. El caso se centra en una propiedad que perteneció a un matrimonio, Milagros Montes Crespo y Carlos Matos Jordán, y que tras su divorcio fue adjudicada únicamente a la señora Montes Crespo y designada como hogar seguro. El señor Matos Jordán era el único accionista de Marbro, Inc., una empresa contra la cual Nestlé obtuvo un laudo arbitral por una deuda considerable. Nestlé intentó embargar la propiedad en posesión de la señora Montes Crespo para satisfacer la deuda de Marbro y el señor Matos Jordán, pero el foro primario denegó la solicitud al no ser propiedad de Marbro. La acción pauliana de Swirl probablemente buscaba rescindir la transferencia de la propiedad a la señora Montes Crespo. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la desestimación de la demanda por el tribunal de instancia. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial recurrida, validando así la desestimación de la acción pauliana.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202401059. Swirl, Corp. apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia desestimó con perjuicio la demanda de Swirl por fraude de acreedores contra Carolyn Matos Montes y Katherine Matos Montes. El foro primario fundamentó la desestimación en la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil. Concluyó que la demanda no presentaba hechos que vincularan a las hermanas Matos Montes con fraude ni justificaba su inclusión como partes indispensables. Además, el tribunal de instancia impuso costas y honorarios por temeridad a Swirl. Swirl alegó varios errores, incluyendo la desestimación bajo la regla incorrecta, la determinación sobre partes indispensables, la falta de detalle en las alegaciones de fraude y la imposición de honorarios. Tras examinar los planteamientos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consideró tres recursos de certiorari consolidados presentados por Manuel Correa Márquez contra Carmen M. Juliá Rodríguez. Los recursos provienen de un caso de divorcio en el Tribunal de Primera Instancia. Las peticiones buscaban revisar resoluciones y una orden relacionadas con controversias de alimentos. Específicamente, se impugnaron decisiones sobre alimentos entre parientes para los hijos adultos. También se cuestionó la denegatoria de una solicitud de reembolso por alegados pagos en exceso de pensión. Otro recurso apelaba la denegatoria de desestimar por prescripción una reclamación de alimentos excónyuge adeudados. El peticionario también solicitó crédito por pagos realizados. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari para los tres recursos consolidados.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de apelación. El caso original fue una demanda de desahucio en precario presentada por Irma Castro Rivera y Carlos Rafael Castro Rivera contra Taína Rachell Bermúdez Cochran. Los demandantes alegaron ser codueños de una propiedad en Salinas ocupada por la demandada sin autorización ni pago de canon. La demandada se defendió y reconvino, reclamando la titularidad del inmueble por prescripción adquisitiva (usucapión). Argumentó posesión pública, pacífica y continua en concepto de dueña por más de 30 años, a través de un predecesor, su madre y ella misma. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar el desahucio y No Ha Lugar la reconvención. La apelante solicitó la revocación de esa sentencia. El Tribunal de Apelaciones modificó el dictamen apelado. No obstante, confirmó la sentencia del foro primario tal como fue modificada.

Resumen:

Manuel Correa Márquez presentó tres recursos de certiorari consolidados ante el Tribunal de Apelaciones contra Carmen M. Juliá Rodríguez. Los recursos solicitan la revisión de tres resoluciones y una orden emitidas por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio. Dichas determinaciones del foro primario abordaron controversias relacionadas con alimentos entre parientes, la solicitud de reembolso por pagos de pensión en exceso y la reclamación de alimentos excónyuge. Específicamente, se impugnó la denegación de crédito por supuestos sobrepagos y la desestimación por prescripción de la reclamación de la recurrida. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos expuestos, resolvió denegar la expedición del auto de certiorari para los tres recursos consolidados.

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Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impugnación de testamento. La apelante, Karlianne Cintrón Rodríguez, demandó a Ana I. Albizu Merced, excónyuge de su padre, quien la desheredó y nombró heredera universal a la Sra. Albizu Merced. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la desheredación no estaba justificada y que hubo reconciliación posterior. Consecuentemente, anuló la desheredación respecto a la legítima y el tercio de mejora de la hija. Sin embargo, mantuvo la disposición del tercio de libre disposición a favor de la excónyuge. La apelante recurre, alegando que el foro primario debió anular la totalidad de la institución de herederos y que la apelada no tiene derechos sobre el tercio de libre disposición. La apelada no presentó alegato en oposición ante el Tribunal de Apelaciones. El tribunal resolverá la apelación basándose en el expediente y la legislación aplicable al momento del fallecimiento.

Resumen:

Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa de una decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La recurrente, titular de un apartamento en el Condominio Pavilion Court, impugnó una deuda por cuotas de mantenimiento y seguro, así como la falta de reparaciones en elementos comunes. Presentó una querella inicial ante el DACo, la cual fue desestimada por falta de jurisdicción sobre las partes nombradas. Posteriormente, incoó una segunda querella contra el Consejo de Titulares, reiterando sus reclamaciones. El DACo desestimó nuevamente esta segunda querella, alegando falta de jurisdicción, aplicando un término prescriptivo de 30 días y considerando las reclamaciones académicas o prescritas. La titular recurrió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que el DACo erró al aplicar el término de 30 días en lugar del de dos años dispuesto en la Ley de Condominios para impugnar acciones de la Junta. También alega error en la desestimación de la deuda como académica y de la reclamación de reparaciones por prescripción. El Tribunal de Apelaciones admitió el recurso y solicitó la comparecencia del Condominio. El tribunal procederá a resolver la controversia basándose en los argumentos de las partes y el derecho aplicable.

Resumen:

La Asociación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y otros apelaron una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró No Ha Lugar su solicitud de interdicto preliminar y permanente y una petición de sentencia declaratoria. Los apelantes buscaban anular la creación del puesto de Coordinador(a) Interagencial y detener la convocatoria para su reclutamiento. Alegaron que la creación del puesto constituyó una acción ultra vires y violó la ley y el reglamento aplicable al personal gerencial, específicamente en cuanto al principio del mérito y el plan de clasificación. La parte apelada solicitó la desestimación, argumentando falta de legitimación, incumplimiento de requisitos para el interdicto y, principalmente, falta de jurisdicción del tribunal. Sostuvieron que la controversia, al versar sobre alegadas violaciones al principio del mérito, debía ser atendida por la Junta de Apelaciones interna de la Agencia, que posee jurisdicción primaria. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resolvió un recurso de certiorari presentado por A \& J Rental, LLC y otros contra Pemsy Group Corporation y otros. Los peticionarios impugnaban seis determinaciones interlocutorias y una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegaron o pospusieron su solicitud de remedios, costas y honorarios de abogado. Estas determinaciones se emitieron en el contexto de una acción sobre daños y perjuicios, incumplimiento de contrato, interdicto y fraude hipotecario. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado. La decisión se fundamentó en principios de jurisdicción y la importancia del cumplimiento estricto de los plazos para la presentación de recursos apelativos. Se destacó que un recurso tardío adolece de falta de jurisdicción y carece de eficacia jurídica.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones que consolida una apelación y dos recursos de certiorari. Los casos se originan de una demanda por incumplimiento de contrato, daños y despido injustificado, centrada en reclamaciones de comisiones impagadas. El apelante impugnó una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reclamación de comisiones. También recurrió órdenes que le impusieron honorarios de abogado y costas. El foro primario desestimó la reclamación de comisiones, en parte, por un intento tardío del apelante de modificar su teoría sobre la distribución de las mismas. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia parcial que denegó el pago de comisiones. Sin embargo, revoca la orden del foro primario que impuso honorarios de abogado al apelante. Finalmente, confirma la orden del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la imposición de costas.

Resumen:

El Municipio Autónomo de San Juan presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Buscaba la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación. Dicha moción se presentó en el contexto de una demanda por vicios y daños de construcción incoada por el Consejo de Titulares del Condominio Sierra Alta. El Consejo imputó responsabilidad al MSJ, alegando que tuvo roles de supervisión y certificación en el proyecto, lo que resultó en problemas graves con los sistemas sanitarios y pluviales. El MSJ negó las imputaciones, sosteniendo que su participación se limitó a canalizar fondos federales y que no tuvo roles de inspección, aprobación o desarrollo. Argumentó que no le aplicaba la acción por vicios ocultos y que cualquier otra acción estaba prescrita. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación del MSJ. Ante esta decisión, el MSJ recurrió en certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los argumentos, resolvió denegar la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Sentencia judicial desestima el recurso de revisión presentado por CH4 Green Energy, LLC contra la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP). CH4 impugnó la selección de Energiza, LLC como proponente para el Proyecto "Puerto Rico LNG to H2 Combined Cycle Generation Plant" bajo el RFP 2023-03. La AAPP emitió la notificación final de selección el 20 de diciembre de 2024, informando a CH4 que Energiza había sido elegida. CH4 alegó que la notificación de adjudicación era defectuosa por no incluir las puntuaciones obtenidas por cada proponente. También argumentó que la AAPP vulneró el debido proceso al proveer acceso limitado al expediente administrativo y no incluir las propuestas de los competidores. El tribunal examinó la solicitud, el expediente y el derecho aplicable. Concluyó que los fundamentos presentados por CH4 no justificaban la revocación de la determinación de la AAPP. Por consiguiente, el recurso de revisión judicial fue desestimado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre una apelación presentada por Universal Insurance Company y Oriental Bank and Trust. La apelación impugnó una decisión del Tribunal de Primera Instancia en Humacao. El foro primario había desestimado la demanda de los apelantes que impugnaba la confiscación de un vehículo de motor por parte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La desestimación se basó en que los apelantes, específicamente Oriental Bank and Trust como acreedor hipotecario, carecían de legitimación activa para presentar la acción. Los apelantes argumentaron que el interés propietario de Oriental Bank como acreedor garantizado le otorgaba la legitimación requerida bajo la Ley de Confiscaciones aplicable, Ley 119-2011. El tribunal apelativo revisó el historial procesal del caso y los argumentos legales sobre la legitimación. La sentencia concluye indicando que el Tribunal de Apelaciones revoca la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Este dictamen aborda el derecho de una institución financiera con un gravamen a impugnar la confiscación de un vehículo financiado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia sobre la custodia de los menores L.J. y Y.M. Méndez Mojica y las relaciones maternofiliales. Las partes son los padres, Luz J. Mojica Rosado y Xavier Méndez Estrada. La resolución apelada, del 27 de septiembre de 2024, acogió las recomendaciones de un informe social forense. Dicha resolución mantuvo la custodia de los menores en el padre y determinó no establecer relaciones maternofiliales con la madre en este momento. El padre ostenta la custodia desde 2012, tras alegaciones de maltrato físico por parte de la madre. Relaciones maternofiliales previamente establecidas fueron suspendidas luego de un incidente de agresión de la madre hacia el padre en presencia de los menores. La madre presentó una demanda de custodia, resultando en varios informes sociales y órdenes judiciales sobre las relaciones. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado actualizar los informes sociales debido al tiempo transcurrido. El Tribunal de Apelaciones resuelve revocar el dictamen apelado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de libelo, calumnia o difamación. La apelante, Erica Marie Erickson, demandó a María de los Ángeles González y otros, incluyendo TeleOnce, por alegados daños a su reputación. La demanda se originó tras la publicación de una noticia sobre supuestos indicios de maltrato animal en su propiedad. La apelante recurre la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha sentencia declaró Con Lugar una solicitud de desistimiento sin perjuicio presentada por la apelante. Además, el foro primario impuso a la apelante el pago de $3,000.00 dólares en honorarios de abogado a favor de la parte demandada. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del tribunal de instancia. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones modifica la Sentencia apelada. Una vez modificada, la Sentencia del foro primario es confirmada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones, Panel VI, examinó una Petición de Certiorari y una Moción Urgente de Suspensión de Procedimientos presentadas por el Municipio Autónomo de Morovis y otros. El caso, sobre un accidente de tránsito, proviene del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. La parte recurrida, Minerva Alvarado Figueroa y otros, presentó una Oposición Urgente a la moción de suspensión. Tras estudiar el expediente, el Tribunal optó por prescindir de trámites ulteriores para un despacho eficiente. La Resolución, emitida el 31 de enero de 2025, declara No Ha Lugar la solicitud en auxilio de jurisdicción. El Tribunal decidió abstenerse de ejercer su función revisora. Por consiguiente, se denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por los peticionarios.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución en respuesta a un recurso de certiorari presentado por Giovanny Medina Plaza. El Peticionario solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Moción de Supresión de Evidencia. Luego de deliberar, el foro apelativo decidió no intervenir con la determinación del foro primario. Se denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. La decisión se fundamenta en que no surge del expediente que el foro primario actuase mediando prejuicio, parcialidad, error manifiesto o craso abuso de su discreción. Tampoco se divisaron fundamentos jurídicos bajo la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones que motivaran la expedición del auto. En consecuencia, también se declaró No Ha Lugar una moción en auxilio de jurisdicción presentada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de un recurso de certiorari solicitado por Carmen Reyes Montañez y su sociedad legal de gananciales. Los peticionarios buscaban revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su solicitud de desestimación por prescripción. El caso original es una demanda por daños y perjuicios derivada de un accidente de tránsito ocurrido el 30 de julio de 2021. Los demandantes originales incluyeron al conductor, al dueño registral del vehículo y a sus respectivas esposas desconocidas (Juana Doe y Petra Doe) y sociedades de gananciales. Mediante una demanda enmendada el 7 de febrero de 2024, se identificó a Petra Doe como Carmen Reyes Montañez, esposa del dueño registral. La parte peticionaria argumentó que la causa de acción contra ellos estaba prescrita porque los demandantes conocían la identidad de la señora Reyes Montañez desde agosto de 2023 y tardaron en enmendar la demanda. El Tribunal de Primera Instancia rechazó este argumento y denegó la desestimación. Tras evaluar los fundamentos presentados, el Tribunal de Apelaciones decidió no expedir el recurso, confirmando implícitamente la decisión del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia sobre la custodia de dos menores. La madre apela la decisión que mantuvo la custodia del padre y suspendió las relaciones maternofiliales. La custodia del padre data de 2012, tras alegaciones de maltrato físico por parte de la madre y la remoción de los menores de su hogar. La madre entregó voluntariamente la custodia al padre en ese momento. Las relaciones maternofiliales, establecidas previamente, fueron suspendidas tras un incidente de agresión de la madre hacia el padre en presencia de los menores. La madre inició un pleito de custodia en 2015. Informes sociales posteriores recomendaron mantener la custodia del padre y relaciones maternofiliales terapéuticas o supervisadas. La resolución apelada acogió un informe social reciente que ratificaba la custodia del padre y la no reanudación de relaciones maternofiliales por el momento. El Tribunal de Apelaciones resuelve revocar el dictamen apelado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en Reconsideración en un caso de desahucio. La apelante, Juliana María Isabel Menchaca, impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó su desalojo y el pago de dinero a Carolina Associates Limited Partnership, S.E. Inicialmente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción, debido a que la apelante no notificó al foro primario dentro del término reglamentario. La apelante solicitó reconsideración, argumentando justa causa para la notificación tardía. El Tribunal acoge la moción de reconsideración respecto a la causa de la desestimación inicial. No obstante, el Tribunal mantiene la desestimación del recurso de apelación. La nueva razón para la desestimación es que el recurso se considera prematuro. Esto se debe a que la notificación de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue defectuosa. La decisión subraya la responsabilidad del tribunal de examinar su propia jurisdicción y la del foro de origen.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegó un recurso de Certiorari presentado por Wilson Padilla Morales y otros. Los peticionarios solicitaron la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Resolución había declarado No Ha Lugar una Moción en Solicitud de Inhibición y Traslado. La moción buscaba la recusación de la jueza Teresita Mercado Fernández y el traslado del caso de responsabilidad civil extracontractual. Los peticionarios alegaron falta de imparcialidad de la jueza, basándose en expresiones de una Orden emitida en otro caso donde el Lcdo. Padilla (parte y abogado en este pleito) también participaba. Argumentaron que la jueza cuestionó la capacidad del abogado y le faltó el respeto durante una vista. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, decidió denegar el recurso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida una apelación y dos recursos de certiorari presentados por Alexis O. Hernández Arnaldy contra Engineered Parts and Services, Inc. Los recursos provienen de un litigio iniciado en 2015 sobre incumplimiento de contrato, daños y despido injustificado, centrado en una reclamación de comisiones impagadas. La apelación impugnaba una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la reclamación de comisiones. Los certioraris cuestionaban órdenes de honorarios de abogado y costas impuestas por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial que desestimó la reclamación de comisiones adeudadas. Revocó la Orden que impuso honorarios de abogado al apelante. Confirmó la Orden del foro primario en cuanto a la imposición de costas.