Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 215)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de certiorari presentado por el Municipio de San Lorenzo. El Municipio solicitó la revisión de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en un caso donde Ethicon, LLC impugna notificaciones de deficiencias de patentes municipales. La Orden recurrida, de 16 de octubre de 2019, dispuso el desglose de una solicitud de reconsideración del Municipio, entre otras razones, por incluir la firma electrónica de la representación legal de Ethicon. El caso de origen involucra controversias sobre descubrimiento de prueba, específicamente la producción de documentos financieros auditados por PWC y la invocación del privilegio contador-cliente. Ethicon y PWC solicitaron órdenes protectoras alegando onerosidad y privilegio. El Tribunal de Apelaciones, tras analizar el recurso, determina desestimarlo. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. El recurso no satisfizo los criterios establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Revisa una Resolución interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia en un caso criminal por violación a la Ley Núm. 54 contra George John Patrick Gorton. El Tribunal de Primera Instancia había declarado con lugar una solicitud de la defensa para citar como testigo a la Fiscal Laura Hernández Gutiérrez, quien estuvo a cargo de la consulta inicial del caso. El foro primario justificó su decisión en el derecho constitucional del acusado a preparar su defensa y obtener la comparecencia compulsoria de testigos. El Ministerio Público recurrió esta determinación mediante Certiorari, argumentando en contra de la participación de abogados como testigos en las causas que intervienen. El Tribunal de Apelaciones concedió el recurso de Certiorari y ordenó la paralización de los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia. La controversia principal es si procede citar a la fiscal que manejó la consulta inicial como testigo de la defensa en el juicio.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso surge de una demanda por daños y perjuicios por alegada impericia médica. Los peticionarios, un médico y su aseguradora, solicitaron la revisión de la denegatoria a su moción de desestimación por prescripción. Argumentaron que el médico fue incluido en el pleito y emplazado fuera del término prescriptivo de un año desde los hechos. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y los criterios para expedir un auto de certiorari. Tras el análisis, el tribunal determinó que no se cumplían los requisitos para la expedición del auto. Concluyó que el Tribunal de Primera Instancia razonó correctamente al determinar que el co-demandado fue traído al pleito dentro del término prescriptivo. Por consiguiente, se denegó la expedición del certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por PRCI Loan CR, LLC. El peticionario solicita la revocación de una Orden postsentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de octubre de 2019. Dicha orden dispuso que PRCI debía efectuar pagos al CRIM por una alegada deuda acumulada. La controversia surge de un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Banco Popular, cuyos derechos fueron adquiridos por PRCI. Tras obtener sentencia, PRCI solicitó la ejecución y venta en pública subasta de varias propiedades. En la subasta, un tercero adquirió una de las propiedades y solicitó al TPI que ordenara a PRCI pagar las deudas del CRIM anteriores a la venta. El TPI emitió la orden recurrida, ordenando a PRCI el pago. El documento detalla el historial procesal del caso, incluyendo la sustitución de partes y los resultados de la subasta. El recurso ante el Tribunal de Apelaciones busca determinar la validez de la orden del TPI que impone a PRCI el pago de la deuda contributiva municipal.

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Mapfre Praico Insurance Company y Popular Auto, Inc. presentaron un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó su solicitud de sentencia sumaria en un caso de impugnación de confiscación de un vehículo. El vehículo fue confiscado por el Estado tras alegadas violaciones de ley, lo que resultó en cargos criminales contra el conductor. Sin embargo, el caso criminal no prosperó, determinándose no causa para acusar en vista preliminar. Los Peticionarios argumentaron que esta determinación impedía la confiscación civil bajo la doctrina de impedimento colateral por sentencia. El Estado se opuso, alegando la independencia de los procedimientos civiles de confiscación. El foro primario denegó la sentencia sumaria, indicando que la determinación de no causa no era una adjudicación fáctica y que no se había rebatido la presunción de legalidad de la confiscación. Tras una solicitud de reconsideración denegada, los Peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la Resolución recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones emitió sentencia en recursos de certiorari consolidados provenientes del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. El Ministerio Público impugnó resoluciones que denegaron su solicitud de consolidar casos criminales contra un grupo de coacusados. Estos individuos están imputados de participar en un esquema criminal para apropiarse de dinero de máquinas ATM mediante robos y escalamientos. Los cargos incluyen conspiración e infracciones a la Ley contra el Crimen Organizado. Tras la vista preliminar, los casos se distribuyeron entre dos jueces, y uno de ellos denegó la consolidación para ciertos acusados. El Ministerio Público solicitó reconsideración y reiteró su petición, las cuales fueron denegadas por el foro primario. Ante ello, el Procurador General interpuso los recursos de certiorari. El Tribunal de Apelaciones determinó que el Tribunal de Primera Instancia erró al no consolidar los casos. Por tanto, expidió el auto de certiorari y REVOCÓ las resoluciones recurridas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de revisión judicial presentado por Juan Correa Torres contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnaba la denegatoria de bonificaciones por labores realizadas, alegando que una trabajadora social se negó a acreditárselas. Tras presentar un reclamo administrativo que fue denegado por extemporáneo, el Sr. Correa acudió al tribunal. El expediente judicial reveló discrepancias y la ausencia de la solicitud administrativa inicial. El tribunal concedió al recurrente un plazo para presentar la documentación necesaria que permitiera auscultar su jurisdicción. Al vencer dicho término sin que el Sr. Correa presentara los documentos requeridos, el tribunal procedió a resolver. La sentencia desestima el recurso por falta de jurisdicción. El tribunal enfatiza su deber de examinar la jurisdicción prioritariamente y que, sin la documentación solicitada, no pudo confirmar su autoridad para considerar el caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Juan L. Maldonado Figueroa demandó a Héctor Roque Velázquez y otros por el impago de una deuda relacionada con la venta de dos propiedades. La deuda estaba garantizada por un pagaré y una escritura de hipoteca. Los compradores originales vendieron las fincas a terceros, quienes supuestamente asumieron la deuda. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) emitió una Sentencia Parcial Enmendada en 2018. En dicha sentencia, el TPI declaró nula la escritura de hipoteca por errores de contenido y consideró usurario el interés pactado del 10% anual. Maldonado apeló esta decisión, solicitando su revocación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, revoca el pronunciamiento apelado del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución denegando la expedición de un auto de certiorari solicitado por Cidra Excavation, LLC. Cidra Excavation recurrió la decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Solicitud de Sentencia Sumaria. El litigio original entre Cidra Excavation y el Municipio Autónomo de Carolina versa sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero por obras públicas. El Municipio alegó la nulidad de los contratos por la supuesta falta de divulgación de una condena por soborno de un socio anterior de Cidra Excavation. Cidra Excavation buscaba mediante sentencia sumaria validar los contratos y su capacidad para contratar. El foro primario denegó la solicitud, entendiendo que existía una controversia fáctica sobre la renuncia del socio que requería un juicio plenario. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los argumentos, determinó no expedir el recurso solicitado.

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Efraín Cordero López, quien cumple una sentencia de 20 años por agresión sexual, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicita que se le acredite el tiempo cumplido antes de la sentencia, específicamente el tiempo bajo supervisión electrónica en su hogar. El peticionario argumenta que este período, estimado en unos cinco años, debe aplicarse para reducir su sentencia. El tribunal revisó el historial del caso, señalando que la sentencia original ordenó acreditar el tiempo privado de libertad ("preventiva"). La reclamación específica del peticionario es que el tiempo bajo supervisión electrónica en el hogar califica para este crédito. Previamente presentó una moción ante el tribunal de instancia solicitando esto, la cual fue denegada. Esta denegatoria motivó el presente recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. La resolución del tribunal aborda la solicitud del peticionario de crédito de sentencia basado en el tiempo bajo supervisión electrónica.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari. El recurso fue presentado por los demandados en un caso de ejecución de hipoteca incoado por Firstbank de Puerto Rico. Los peticionarios, Teresa Gladys Andreu González y Francisco Hernández Abreu, impugnaron una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. Dicha resolución denegó su moción de desestimación por supuesta falta de jurisdicción. Los peticionarios alegaron que el emplazamiento fue defectuoso al indicar la sala equivocada y no especificar el salón de sesiones. Argumentaron que estas deficiencias impedían al tribunal adquirir jurisdicción sobre sus personas. Firstbank se opuso, sosteniendo la suficiencia del emplazamiento. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la determinación. Finalmente, el panel confirmó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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Wanda I. Pérez Cotto recurre ante el Tribunal de Apelaciones la Resolución de la Junta de Apelaciones del Departamento de Educación que desestimó su apelación administrativa con perjuicio. La controversia original se relaciona con días descontados de su retribución tras acogerse al retiro temprano. Pérez Cotto había acudido a la Junta de Apelaciones para corregir lo que consideraba un error en su informe de asistencia y liquidación. El Departamento de Educación solicitó la desestimación de la apelación administrativa, alegando que la reclamación se había tornado académica al no ser ya empleada. La Junta de Apelaciones desestimó la apelación de Pérez Cotto. Al recurrir ante el Tribunal de Apelaciones, Pérez Cotto señaló como error principal que la notificación de la Junta omitió informarle sobre su derecho a solicitar reconsideración. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y la notificación de la resolución administrativa. Tras considerar los detalles, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. La falta de jurisdicción se debió a que el recurso fue presentado de forma prematura. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión administrativa.

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El Dr. Jaime Vázquez Velázquez presentó cuatro recursos de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Estos recursos impugnaban órdenes de la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico. Las órdenes denegaron mociones del Dr. Vázquez Velázquez sobre resoluciones disciplinarias previas. La Junta sostuvo que sus resoluciones fueron debidamente notificadas y advinieron finales y firmes. El Dr. Vázquez Velázquez solicitó la consolidación de los cuatro casos, alegando identidad de argumentos. El Tribunal de Apelaciones concedió la consolidación, unificando los recursos bajo el caso KLRA201900785. La Junta, representada por el Procurador General, presentó su alegato defendiendo la validez de las notificaciones enviadas a la dirección del recurrente.

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Moisés Abreu Guillama solicita al Tribunal de Apelaciones revisar la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición para designar el inmueble ganancial como hogar seguro para sus hijos menores. En el proceso de divorcio, el padre obtuvo la custodia provisional de los menores en abril de 2018. Argumenta que los niños residen con él en un apartamento alquilado, mientras la madre utiliza la propiedad que fue el hogar conyugal solo durante sus visitas. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud indicando que el padre no tenía un decreto de custodia monoparental final. El padre recurre alegando que el foro primario erró al denegar el hogar seguro, dada su custodia provisional y el desinterés de la madre en impugnar informes que recomendaban su custodia. Sostiene que, bajo estas circunstancias, procedía fijar la propiedad como hogar seguro para los menores. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar la petición de certiorari presentada por el padre. El derecho a hogar seguro se fundamenta en la obligación de los padres de proveer habitación a sus hijos como parte de los alimentos y la protección familiar.

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Ante el Tribunal de Apelaciones compareció Samaris Pedraza Santos mediante certiorari solicitando la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia sobre custodia y relaciones paternofiliales. El foro primario había concedido relaciones paternofiliales según un informe anterior y el acuerdo de las partes. Respecto a un nuevo informe social que recomendaba custodia compartida, el TPI señaló una vista para que las partes pudieran examinarlo. Dicha vista estaba pautada para la misma fecha en que el Tribunal de Apelaciones consideraba el recurso. El Tribunal de Apelaciones determinó que no era el momento apropiado para intervenir. Consideró que lo más recomendable era permitir que el caso continuara su curso en el TPI. Esto permitiría a las partes exponer sus posiciones sobre el nuevo informe social. Así se podría disponer de la controversia con celeridad y teniendo en cuenta el mejor bienestar de la menor. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó tanto el auxilio de jurisdicción como el auto de certiorari solicitado.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo recursos de certiorari presentados por Égida-Hogar Las Colinas, Inc. El caso se origina en una reclamación laboral por discrimen presentada por Georgina Almenas Díaz contra Hogar Las Colinas. Tras la presentación de la querella, la única propiedad de Hogar Las Colinas, una finca mantenida en fideicomiso, fue transferida a otro fideicomiso mediante dación en pago. Se dictó sentencia por consentimiento contra Hogar Las Colinas por la reclamación de discrimen, condenándolo al pago de una suma considerable. Para asegurar el pago, se ordenó el embargo de la finca. Hogar Las Colinas solicitó anular el embargo, alegando que no era titular de la finca, sino el fideicomiso, que no fue parte en el pleito. El Tribunal de Primera Instancia declaró extinto el Fideicomiso Hogar Las Colinas y ordenó cancelar la inscripción de la dación en pago sobre la finca. Hogar Las Colinas recurrió esta orden en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones resolvió expedir los autos solicitados. Sin embargo, confirmó la orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Banco Popular presentó una demanda de cobro de dinero contra José A. Cruz Vélez. Tras no lograr el emplazamiento personal, solicitó emplazar por edicto, acreditando las gestiones infructuosas. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de edicto y desestimó la demanda sin perjuicio, entendiendo que había expirado el término de 120 días para emplazar. Banco Popular solicitó reconsideración, señalando que la solicitud de edicto fue oportuna, presentada antes de los 120 días. El tribunal reconsideró y dejó sin efecto la primera sentencia, admitiendo su error inicial. Sin embargo, desestimó nuevamente la demanda sin perjuicio, pues al momento de la reconsideración ya habían transcurrido los 120 días. Banco Popular apeló esta segunda desestimación. La apelación plantea si es correcto desestimar un caso por el término de emplazamiento cuando el tribunal erró al denegar una solicitud oportuna de emplazamiento por edicto y el plazo expiró durante la corrección del error judicial. El caso analiza la aplicación de las reglas de procedimiento civil sobre emplazamiento y el impacto de errores judiciales en los plazos procesales.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. FirstBank Puerto Rico apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Rubén González Marrero. El Sr. González Marrero había alegado que FirstBank no completó el proceso de mitigación de pérdidas ni cumplió con notificaciones requeridas bajo leyes federales como RESPA. Tras una sentencia sumaria inicial a favor de FirstBank, el Tribunal de Apelaciones revocó y ordenó una vista evidenciaria sobre el cumplimiento de la mitigación de pérdidas. Luego de la vista, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de FirstBank y declaró con lugar la reconvención del Sr. González Marrero. La decisión de Primera Instancia se basó en el incumplimiento de FirstBank con las reglas de mitigación de pérdidas establecidas por la Reglamentación X bajo RESPA, derivada de la ley Dodd-Frank. Estas reglas federales exigen que la institución prestataria cumpla con el proceso de mitigación antes de solicitar la ejecución hipotecaria. FirstBank apeló la desestimación de su caso, la concesión de la reconvención y la imposición de costas y honorarios de abogado. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver la apelación presentada por FirstBank.

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La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que paralizó los procedimientos en un caso de cobro de dinero. La AEE demandó a Vassallo International Group, Inc. (VIG) y a varias aseguradoras fiadoras por deuda de consumo eléctrico, basándose en fianzas emitidas por las aseguradoras. El TPI había emitido una sentencia parcial condenando a VIG y ordenando a dos aseguradoras responder solidariamente. El Comisionado de Seguros de Puerto Rico solicitó la paralización del caso debido a procedimientos relacionados con una de las aseguradoras, Integrand Assurance Company, que entró en liquidación. La AEE objetó la paralización total, argumentando que solo debía aplicar a la aseguradora insolvente y no al resto de las partes. El TPI acogió la solicitud de paralización completa y ordenó el archivo administrativo del caso. La AEE solicitó reconsideración, la cual fue denegada por el TPI. El tribunal apelativo revisó la Sentencia del TPI que decretó la paralización y el archivo administrativo. Por los fundamentos expuestos, el tribunal apelativo confirma la Sentencia apelada.

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Ángel David García Santana y Amalia Quiñones Vélez apelan la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó su desahucio de una propiedad en Carolina. El apelado, Ángel Manuel García Santana, es el padre de Ángel David y el dueño de la parcela en cuestión. La demanda de desahucio en precario fue presentada por el padre contra su hijo, su nuera y la sociedad de gananciales. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el padre permitió inicialmente a su hijo usar una porción de la propiedad. Sin embargo, debido a conductas de acoso y una tentativa de asesinato por parte del hijo contra el padre, este retiró su consentimiento. El tribunal de instancia concluyó que el padre era el dueño y que el permiso de uso había cesado. Una Orden de Protección previa obtenida por el padre contra el hijo también incluyó una orden de desalojo. La sentencia apelada se basó en estos hechos para ordenar el desalojo de los apelantes.

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SENTENCIA del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El Banco Popular de Puerto Rico apeló la desestimación sin perjuicio de su demanda por parte del Tribunal de Primera Instancia. La desestimación se basó en la falta de presentación de evidencia del diligenciamiento del emplazamiento por edicto dentro del término de 120 días. El Banco Popular había solicitado y obtenido autorización para emplazar por edicto tras intentos fallidos de emplazamiento personal. Tras dos solicitudes de reconsideración denegadas por el foro primario, el Banco Popular apeló. El apelante argumenta que el tribunal erró al desestimar el caso cuando el emplazamiento sí se había diligenciado dentro del término. También alega que el tribunal debió darle oportunidad de presentar la evidencia antes de desestimar. El Tribunal de Apelaciones procede a analizar el recurso y la normativa sobre el emplazamiento.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende la apelación presentada por Víctor I. Ramírez h/c/n Buye Beach Resort. El apelante busca revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar \$3,000 a Henio Santiago Pabón en un caso de cobro de dinero. Santiago Pabón demandó la devolución de un depósito pagado bajo un contrato de arrendamiento de espacio para un "trailer". El contrato incluía un periodo probatorio de 90 días, tras el cual Buye Beach Resort podía rechazar al inquilino y debía devolver el depósito. Buye Beach Resort rechazó la solicitud de Santiago Pabón pero no le devolvió el dinero. En cambio, entregó por error los \$3,000 al inquilino anterior del espacio. El Tribunal de Primera Instancia determinó que Buye Beach Resort estaba obligado a devolver el depósito a Santiago Pabón. El foro primario rechazó la defensa de Buye Beach Resort basada en el pago erróneo al tercero. Buye Beach Resort apela, argumentando que el TPI erró al no aplicar las doctrinas de pago en nombre de terceros y enriquecimiento injusto. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar la decisión de instancia.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa la desestimación de una demanda de alimentos entre parientes. Libardo Hernández Pérez presentó la acción en representación de su hermana adulta y discapacitada, Patricia Hernández Pérez, contra su otra hermana, Martha Gladys Hernández Pérez. Libardo, quien actuaba como tutor de facto, buscaba que Martha Gladys contribuyera a los gastos de Patricia, los cuales superaban sus ingresos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por falta de legitimación activa de Libardo y por falta de madurez. Argumentó que Patricia, al no estar judicialmente incapacitada, era la única con legitimación, y Libardo no era su tutor legal. El Procurador de Relaciones de Familia coincidió, destacando la naturaleza personalísima de la acción y la necesidad de un proceso formal de incapacidad y tutela. Libardo apeló, alegando error del TPI al negar su legitimación como proveedor del sustento. El Tribunal de Apelaciones analiza si procedía la desestimación.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso El Pueblo v. Jeffrey García Carrero. El Tribunal consideró un escrito presentado por el Sr. García Carrero que, aunque enviado al Tribunal de Primera Instancia (TPI), contenía una referencia errónea al Tribunal Circuito de Apelaciones en su epígrafe. El TPI remitió el escrito al Tribunal de Apelaciones debido a este error. Tras revisar el contenido, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el escrito estaba dirigido y debía ser atendido por el TPI. Se determinó que el error en el epígrafe era irrelevante, dado que el escrito fue recibido por el TPI y sus solicitudes correspondían a dicho foro. No se identificó ninguna decisión reciente del TPI que estuviera siendo apelada. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones ordenó a su Secretaría trasladar el escrito al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, para su trámite. El recurso ante el Tribunal de Apelaciones fue ordenado archivar para fines estadísticos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un caso de daños y perjuicios derivado de un accidente vehicular ocurrido en 2013. Raymond Ramos López demandó a Juan I. Sanfeliz Ramos y Oscar Iván Sanfeliz Virella, alegando que el accidente fue causado por la negligencia del primero. Los demandados negaron la negligencia y presentaron una reconvención. Tras un juicio, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a favor del demandante, concediendo su reclamación por daños. Los demandados apelaron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Luego de revisar los escritos, la prueba pericial y la transcripción de la prueba oral, el panel especial del Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la sentencia apelada.

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Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativo a una apelación sobre pensión excónyuge. Marilyn Rosa Rosario apela la denegatoria de su solicitud de pensión alimentaria por parte del tribunal de primera instancia contra su excónyuge, Juan Lefebre Piccot, tras 28 años de matrimonio. Ella alegó incapacidad para encontrar empleo y falta de medios suficientes para su sustento después del divorcio. El documento detalla los historiales laborales y las circunstancias económicas de ambas partes según se presentaron en el juicio inicial. La prueba demostró que la apelante trabajó en varios empleos durante el matrimonio y realizó gestiones para conseguir empleo post-divorcio. El tribunal de primera instancia denegó la solicitud de pensión, concluyendo que la apelante había contribuido a los gastos del hogar, no dependía exclusivamente del excónyuge, su necesidad económica no surgió directamente del divorcio y no estaba incapacitada para generar ingresos. La apelación busca revocar esta decisión.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la revisión administrativa del caso Ramón Nieves Pantoja contra Flexi Auto, Inc., originado en el DACO. La disputa concierne la compraventa de un vehículo, donde el comprador alegó vicios ocultos y engaño por falta de sellos de identificación y no divulgación de daños previos. El DACO resolvió a favor del comprador, declarando nulo el contrato y ordenando a Flexi Auto devolver los \$7,200.00 pagados. El DACO determinó que la información sobre sellos y daños pudo haber sido añadida al contrato después de la firma y que la divulgación verbal fue insuficiente. Flexi Auto apeló, argumentando que el DACO debió atenerse a las cláusulas escritas del contrato. Tras revisar el proceso y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación emitida por el DACO.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso sobre incumplimiento de contrato. El apelante, Héctor Aníbal Garced Vázquez, demandó a la apelada, Stephanie Rosa Garced Ríos, alegando que esta no cumplió con un acuerdo transaccional previo. Dicho acuerdo, incorporado en una sentencia anterior, establecía la transferencia de una propiedad libre de gravámenes. El apelante sostuvo que la apelada no liberó los gravámenes existentes. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sin perjuicio, indicando que el reclamo debía tramitarse como una ejecución de sentencia en el caso original. El apelante apeló esta determinación, argumentando que se trataba de un incumplimiento contractual que justificaba una nueva acción. El Tribunal de Apelaciones evaluó los argumentos presentados. Finalmente, confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, procedente de una demanda por daños y perjuicios en el Tribunal de Primera Instancia. Los peticionarios solicitan la revisión de una resolución que les ordenó, como demandantes no residentes, prestar fianza para garantizar costas, gastos y honorarios de abogado. La orden del TPI se basó en la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, requiriendo una fianza de $1,000 a cada no residente y suspendiendo el caso hasta su prestación. Los peticionarios argumentaron que la presencia de otros demandantes residentes en Puerto Rico debía eximirlos de esta obligación. El Tribunal de Apelaciones analizó la Regla 69.5, confirmando su carácter mandatorio para los reclamantes que residen fuera de la isla. La regla establece excepciones limitadas, ninguna de las cuales aplica a la mera concurrencia de demandantes residentes y no residentes. La responsabilidad por costas y honorarios es individual para cada parte. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones concluye que el Tribunal de Primera Instancia interpretó y aplicó correctamente la ley al requerir la fianza a los demandantes no residentes.

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Un peticionario solicitó un nuevo juicio seis años después de su convicción, alegando nueva evidencia exculpatoria de un testigo presencial y coacción por parte de un tercero para declararse culpable. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) denegó la moción tras una vista. El TPI consideró poco creíbles las nuevas alegaciones, contrastándolas con las múltiples confesiones previas del peticionario, cuya validez había sido confirmada. Cuestionó por qué el peticionario no mencionó al supuesto testigo antes y señaló que la alegada amenaza del tercero ya no existía al momento del juicio original. Además, el TPI encontró que el testimonio del nuevo testigo carecía de credibilidad. Concluyó que, aun con esta nueva evidencia, era improbable un resultado diferente en el juicio debido a las confesiones del acusado. Inconforme, el peticionario presentó un recurso de Certiorari, argumentando que el TPI erró al desestimar la nueva evidencia y la participación del tercero, de quien el oficial investigador tenía conocimiento. El recurso está listo para adjudicación ante el tribunal superior.

Resumen:

Un panel del Tribunal de Apelaciones consideró un recurso presentado por apelantes. El recurso buscaba la revisión de una resolución interlocutoria del Tribunal Superior que denegó la recusación de una jueza en procedimientos post sentencia de un caso civil de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El foro apelativo acogió el recurso como un certiorari, dado que solicitaba la revisión de un asunto interlocutorio en etapa post sentencia. Tras analizar el recurso, sus apéndices y la oposición presentada por Oriental Bank, el tribunal procedió a denegar la expedición del auto de certiorari. Explicó que la expedición de un certiorari es una determinación discrecional. Esta discreción se ejerce ponderando si la decisión recurrida es contraria a derecho, la idoneidad de la situación fáctica, la existencia de prejuicio o error craso, y la etapa procesal, conforme a la Regla 40 de su Reglamento. El tribunal concluyó que, luego de un análisis sosegado, ninguno de los criterios establecidos en dicha regla estaba presente para justificar la expedición del auto en este caso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo recursos de certiorari presentados por Égida-Hogar Las Colinas, Inc. contra una orden del Tribunal de Primera Instancia. La orden recurrida declaró extinto el Fideicomiso Égida-Hogar Las Colinas y canceló la inscripción de una escritura de dación en pago sobre la finca 3,786. Esta finca era el único inmueble propiedad de Hogar Las Colinas. La controversia se origina en una reclamación laboral por discrimen presentada por Georgina Almenas Díaz contra Hogar Las Colinas. Luego de entablada la querella, Hogar Las Colinas transfirió la titularidad de la finca a otro fideicomiso. Almenas Díaz obtuvo una sentencia favorable y solicitó el embargo de la propiedad. El Tribunal de Primera Instancia, al resolver sobre la validez del embargo, dictó la orden que extinguió el fideicomiso y anuló la transferencia. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos de las partes en los recursos de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió expedir los autos y confirmar la orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201901394. Angel Luis Rivera Nieves apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia desestimó con perjuicio su demanda sobre reivindicación de inmueble y cobro de dinero. El foro primario también impuso al apelante el pago de $10,000 por honorarios de abogado. Este caso se relaciona con litigios previos entre las mismas partes y el Fideicomiso La Familia. En casos anteriores, sentencias firmes del TPI ya habían validado la existencia y vigencia del Fideicomiso. Esas sentencias previas también desestimaron reclamos relacionados presentados por el señor Rivera Nieves. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del recurso presentado. Por los fundamentos expuestos, el tribunal confirma la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Honyadi Medina Santiago apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha sentencia lo declaró culpable de tentativa de asesinato y dos infracciones a la Ley de Armas (Ley 404-2000). Los cargos se originaron por hechos ocurridos el 14 de abril de 2018, donde se le imputó seguir y disparar a otra persona con un arma sin licencia. El Tribunal de Primera Instancia le impuso penas de reclusión consecutivas sumando 35 años. El apelante presenta tres señalamientos de error, cuestionando la identificación, la suficiencia de la prueba y la apreciación de la misma por el foro primario. El Ministerio Público, por su parte, sostiene que el Tribunal de Primera Instancia basó su dictamen en prueba presentada y creída, sin cometer los errores alegados. El Tribunal de Apelaciones procede a adjudicar el recurso tras examinar los autos y argumentos de las partes.

Resumen:

Comparece Integrand Assurance Company ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar la revocación de una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó una demanda de mandamus, injunction y sentencia declaratoria, así como una reconvención, presentada por Integrand. La acción original fue iniciada por el Comisionado de Seguros, quien solicitó una orden de rehabilitación para Integrand debido a graves problemas financieros tras los huracanes Irma y María. Integrand se allanó a la solicitud inicial, pero luego demandó al Comisionado, alegando que sus acciones durante la rehabilitación eran ultra vires por no haber presentado y obtenido aprobación judicial para un plan de rehabilitación previamente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de rebeldía contra el Comisionado y desestimó la demanda de Integrand. Fundamentó su decisión en que el Comisionado tenía un año para someter el plan de rehabilitación según la ley, plazo que no había transcurrido, y que las acciones administrativas estaban dentro de sus facultades legales. Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa esa determinación de primera instancia.

Resumen:

La apelante, C&C Management Holding Corp., recurre ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico tras la desestimación de su reconvención en cobro de dinero por el Tribunal de Primera Instancia. El caso original fue iniciado por residentes (Ferdinand Colón Padilla et al.) contra la apelante, reclamando daños por incumplimiento de contrato al no construir facilidades recreativas prometidas en un proyecto de vivienda. La apelante, a su vez, presentó una reconvención para cobrar cuotas de mantenimiento adeudadas por los residentes. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de daños de los residentes por falta de prueba creíble. Asimismo, desestimó la reconvención de la apelante, condicionando el cobro de las cuotas de mantenimiento a la terminación de las facilidades recreativas y del 50% de las unidades proyectadas. La apelante impugna esta decisión, alegando que el foro primario erró al desestimar su reconvención y al imponer dichas condiciones para el cobro de las cuotas.

Resumen:

Jonathan Sierra De Jesús presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El DCR lo encontró culpable de violar el código 129 del Reglamento Disciplinario por uso de sustancias controladas. Esta determinación se basó en una prueba toxicológica rápida que arrojó positivo a cocaína y buprenorfina. Tras una vista disciplinaria, el Oficial Examinador concluyó que la prueba desfilada demostró la violación imputada. Como consecuencia, se le impuso una sanción de privación de privilegios por sesenta días. El recurrente solicitó reconsideración de la decisión, la cual fue denegada por la agencia. El Tribunal de Apelaciones revisará la decisión administrativa, evaluando si las determinaciones de hechos se basan en evidencia sustancial y revisando las conclusiones de derecho.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que concedió un recurso de habeas corpus. La petición de habeas corpus se basó en la detención del apelado por más de seis meses sin que se iniciara el juicio, lo que constituye una violación del término constitucional. El apelante, el Superintendente de la Cárcel, disputó la decisión alegando un error de cómputo en el plazo de seis meses. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que el escrito del apelante confirmaba la reclusión excesiva y no presentaba circunstancias válidas para excluir tiempo de detención según la jurisprudencia. El tribunal rechazó la pretensión del apelante de que un error de cálculo pudiera soslayar la rigidez del término constitucional, citando un caso reciente del Tribunal Supremo que reafirmó su carácter inexorable. Concluyó que el Tribunal de Primera Instancia adjudicó la petición conforme al estado de derecho. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia que ordenó la excarcelación del apelado. Un juez concurrente sugirió remitir el caso al Tribunal Supremo para investigar la conducta del abogado del apelado por posible violación ética al no divulgar la fecha correcta de encarcelación en una vista previa.

Resumen:

El Consejo de Titulares del Condominio de Villas de Punta Guilarte Resort, representado por Wilfredo Martínez, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revisión de resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron su moción de desestimación por falta de jurisdicción. El Peticionario argumentó que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) era el foro competente para dilucidar la controversia sobre acuerdos de asambleas. La disputa original surgió de una demanda de injunction contra alegados exmiembros de la Junta Directiva por convocar una asamblea extraordinaria. La representación del Consejo en el pleito fue cuestionada por otra facción, liderada por José A. Guzmán, quien alegó ser el presidente electo tras una asamblea posterior. El Peticionario también solicitó la descalificación de la representación legal de la parte demandada. El Tribunal de Primera Instancia había dejado sin efecto acuerdos de asambleas previas y decidió continuar con el caso. El Tribunal de Apelaciones evaluó la solicitud de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ expedir el auto de certiorari. También declaró No Ha Lugar la moción de auxilio de jurisdicción presentada por el Peticionario.

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Una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico aborda la petición de certiorari de Celso Romero Figueroa. El señor Romero buscaba la revisión de una orden del Tribunal Superior de San Juan que denegó su solicitud de corrección de sentencia. Argumentaba que su sentencia de 30 años de 1996, impuesta tras declararse culpable de escalamiento agravado y otros cargos, incluyó indebidamente agravantes como la reincidencia a pesar de que el Estado retiró su solicitud de factores agravantes. Sostenía que el debido proceso exigía una pena más leve sin dichas agravantes. El tribunal de primera instancia declaró no ha lugar su solicitud de corrección. Tras revisar el expediente original, el Tribunal de Apelaciones ejerció su discreción y denegó la expedición del auto de certiorari. La resolución fue emitida el 21 de febrero de 2020.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evaluó una petición de certiorari presentada por Bautista REO PR Corp. y Capital Crossing Puerto Rico LLC contra Ramón López Rodríguez. El recurso provenía del Tribunal de Primera Instancia de Carolina y versaba sobre nulidad contractual, entre otros asuntos. El Tribunal, aplicando su jurisprudencia sobre la intervención con la discreción del foro primario, concluyó que los peticionarios no lograron demostrar que el Tribunal de Primera Instancia hubiera cometido un error que justificara su intervención en esta etapa. En consecuencia, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. La Juez Méndez Miró emitió un voto disidente. En su disidencia, argumentó que los reclamos contra los peticionarios estaban subsumidos en reclamos contra Doral Bank y Pórtico del Sol Development Corp. Sostuvo que la jurisdicción exclusiva sobre tales reclamos recae en el FDIC bajo la ley FIRREA, al tratarse de una institución bancaria fallida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve dos recursos consolidados. Las apelaciones provienen de un caso de daños y perjuicios iniciado en el Tribunal de Primera Instancia. La demanda fue presentada por Ivette Avilés Rivera y otros contra el Municipio de Barranquitas, la Autoridad de Energía Eléctrica y sus aseguradoras. El caso se originó por un accidente ocurrido en 2014, cuando un muro colapsó sobre el pie de la señora Avilés Rivera mientras caminaba por una acera en Barranquitas, causándole graves lesiones. El Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia declarando con lugar la demanda por daños. El Municipio de Barranquitas y su aseguradora, Universal Insurance Company, apelaron dicha sentencia solicitando su revocación. Por su parte, la parte demandante apeló parcialmente la misma sentencia en cuanto a los intereses y honorarios de abogado concedidos. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos para su consideración conjunta.

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Yanira Vega Mercado solicitó revisión al Tribunal de Apelaciones sobre una determinación del Negociado de Seguridad de Empleo (NSE) denegándole beneficios por desempleo. El proceso administrativo incluyó una determinación inicial de inelegibilidad, confirmada por la Secretaria del Trabajo, y una subsiguiente denegatoria de reconsideración por el NSE el 19 de febrero de 2019. Vega Mercado presentó su recurso ante el Tribunal de Apelaciones el 11 de octubre de 2019, impugnando la determinación administrativa. El tribunal examinó su jurisdicción para atender el caso, destacando la importancia de la notificación adecuada y la presentación oportuna de los recursos. Tras revisar las circunstancias, incluyendo el método de notificación de la determinación final, el tribunal determinó que carecía de jurisdicción. El recurso fue considerado prematuro. La falta de jurisdicción, ya sea por prematuridad o tardanza, impide al tribunal atender el asunto. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación en un caso de custodia. La apelante, Mariangeli Cintrón Ruiz, impugna la desestimación de su demanda de custodia por parte del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Carolina. El TPI desestimó el caso por falta de jurisdicción. La disputa de custodia involucra a los hijos menores de la apelante y el apelado, Mark Schreiner. El apelado, no domiciliado en Puerto Rico, cuestionó la jurisdicción del TPI. Simultáneamente, el apelado inició procedimientos de divorcio y custodia en Missouri. Una corte en Missouri asumió jurisdicción temporera y concedió la custodia temporera al apelado. El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación del TPI sobre la jurisdicción para adjudicar la custodia de los menores.