Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 211)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve la apelación presentada por Alberto García Merced. El apelante solicita la revocación de la Sentencia dictada el 19 de diciembre de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Dicha sentencia lo declaró culpable por agresión grave atenuada, en su modalidad mutilante. Los hechos que dieron lugar a las acusaciones ocurrieron el 4 de junio de 2017 en Guaynabo. Inicialmente, también enfrentó cargos por maltrato agravado y violación de orden protectora bajo la Ley 54, de los cuales fue absuelto en el juicio. El documento resume la prueba testifical presentada por el Ministerio Público, incluyendo el testimonio de la víctima, Sherly Ann Goire Ávila. La víctima relató un altercado con el apelante que culminó cuando él le aplicó presión en el cuello hasta que perdió la sensación. El Tribunal de Apelaciones, con el beneficio de la transcripción de la prueba oral y los alegatos de las partes, se encuentra en posición de resolver la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre una petición de certiorari presentada por Nayda A. Betancourt Colón. La peticionaria impugna la determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en Ponce que denegó su solicitud de supresión de evidencia. Betancourt Colón enfrenta cargos bajo el Artículo 277 del Código Penal por posesión e introducción de objetos a un establecimiento penal. Alegó que la evidencia fue obtenida mediante registros (vehicular y al desnudo) ilegales e involuntarios, sin la debida orientación sobre sus derechos. El TPI, tras una vista de supresión, concluyó que la peticionaria fue debidamente orientada, firmó formularios de consentimiento voluntariamente y se le informó de su derecho a abandonar las facilidades. Además, el TPI determinó que la marca de contaminación por un can constituyó motivo fundado para los registros. La peticionaria solicitó reconsideración, la cual fue denegada, y luego acudió al Tribunal de Apelaciones. El Procurador General se opuso a la expedición del auto. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso y la comparecencia del Procurador General, resuelve denegar el auto de certiorari solicitado.

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Cheiro I. Vargas Justiniano, bajo custodia, presentó una moción ante el Tribunal de Apelaciones alegando la violación de su derecho a un juicio rápido. Sostuvo que el término de 120 días para el inicio del juicio había vencido y que el Ministerio Público había causado dilaciones. Solicitó al Tribunal de Apelaciones que ordenara al Tribunal de Primera Instancia desestimar los cargos en su contra. El Tribunal de Apelaciones examinó su jurisdicción para atender el recurso. Determinó que su función es revisar decisiones interlocutorias o finales del Tribunal de Primera Instancia o agencias administrativas. La petición presentada no constituía la revisión de un dictamen previo del tribunal de instancia. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones concluyó que carecía de jurisdicción para considerar la solicitud. En consecuencia, el Tribunal desestimó la petición presentada por el Sr. Vargas Justiniano.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Iván O. Rodríguez Rentas. El peticionario fue convicto en 2016 por infracciones a los artículos 127-B (maltrato a personas de edad avanzada mediante amenazas) y 177 (amenazas) del Código Penal, cumpliendo penas concurrentes de reclusión. Estando encarcelado, solicitó al Tribunal de Primera Instancia la asignación de abogado, una vista, evaluación pericial de evidencia y su excarcelamiento. El foro primario denegó su petición. Insatisfecho, el señor Rodríguez Rentas presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones reiterando sus solicitudes. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones adelanta que procederá a desestimarlo. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento de los recursos ante este foro apelativo, incluyendo las reglas sobre el contenido del escrito y la notificación a las partes. El incumplimiento con las reglas procesales puede impedir la revisión judicial.

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Este recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico fue presentado por Jorge L. Ortiz Rivera contra la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. El caso surge de problemas con un neuroestimulador implantado por el Fondo tras un accidente laboral. Años después de la implantación, Ortiz Rivera confrontó dificultades con la batería del dispositivo y buscó asistencia del Fondo. Tras la negativa inicial del Fondo, la Comisión Industrial intervino, ordenando al Fondo atender los reclamos. La Comisión emitió una Resolución Enmendatoria que ordenó al Fondo citar a Ortiz Rivera para discutir su política médica sobre el neuroestimulador y las alternativas de tratamiento, antes de emitir una decisión final. Inconforme con esta orden, Ortiz Rivera recurrió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que la Comisión debió ordenar evaluación y tratamiento directo, no solo una reunión. El Fondo, por su parte, sostuvo que el recurso era prematuro ya que la Comisión aún no había dictado su decisión final tras la reunión ordenada. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción por ser el recurso prematuro, dado que el proceso ante la Comisión Industrial no había concluido.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión de primera instancia en un caso de daños y perjuicios. La demandante, Solgeilly Báez Torres, reclamó por lesiones sufridas en octubre de 2017. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por prescripción, al entender que no se demostró la interrupción del término de un año. La demandante apeló, alegando que sí presentó evidencia de interrupción extrajudicial mediante cartas enviadas a los demandados en 2018. Los demandados argumentaron que las cartas no acreditaron interrupción efectiva o que el término prescriptivo volvió a decursar. El Tribunal de Apelaciones evaluó el error imputado sobre la desestimación por prescripción. La sentencia del apelativo revoca en parte y confirma en parte la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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El Consejo de Titulares del Condominio Bristol presentó una Petición de Interdicto contra Heileene P. Colberg Birriel, alegando la retención ilegal de propiedad del condominio y el desembolso de fondos no autorizados tras cesar sus funciones como Presidenta de la Junta. La Sra. Colberg Birriel respondió con una Moción de Desestimación. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la Petición de Interdicto y Con Lugar la Moción de Desestimación. Tras una solicitud de reconsideración denegada, el Consejo de Titulares apeló la decisión. El apelante señaló como único error que el tribunal de instancia desestimó la demanda sin celebrar una vista evidenciaria, violando el debido proceso de ley. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver el recurso presentado. El documento también aborda el estándar legal bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil para la desestimación de demandas por no exponer una reclamación que justifique un remedio. Se discute cómo los tribunales deben evaluar las alegaciones de la demanda al considerar una moción de desestimación.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve la apelación presentada por Braulio Soto Rivera contra su convicción por agresión agravada contra una menor. El apelante fue declarado culpable por un jurado en el Tribunal de Primera Instancia por violar el Artículo 103-A del Código Penal y sentenciado a 37 años y 6 meses de prisión. En su recurso, el Sr. Soto Rivera alegó múltiples errores procesales y sustantivos, incluyendo fallas en el descubrimiento de prueba, manejo de fondos para peritos, comentarios del fiscal, instrucciones al jurado sobre el veredicto no unánime y la suficiencia de la prueba. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente completo, la prueba presentada en el juicio y los argumentos de las partes. Tras evaluar los señalamientos de error, el panel del Tribunal de Apelaciones determinó que procedía confirmar la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegó la expedición de un recurso de certiorari solicitado por Virginia Dib Olazábal. La petición buscaba la revisión de varias órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de liquidación de comunidad de bienes post-divorcio contra Pedro Hernández Fragela. La señora Dib impugnaba determinaciones relacionadas con el descubrimiento de prueba en el pleito de división de bienes. Específicamente, cuestionaba órdenes que le exigían autorizar a un banco a divulgar información financiera de ciertas entidades. También recurría la denegatoria de sus solicitudes de desacato contra el señor Hernández y entidades relacionadas por alegado incumplimiento con requerimientos de descubrimiento. El Tribunal de Primera Instancia también había ordenado al señor Hernández proveer información y extendido el plazo de descubrimiento. El Tribunal de Apelaciones concluyó que no procedía la expedición del recurso para revisar estas órdenes.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Bienvenido Martínez Cortés. El Sr. Martínez solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo. El tribunal inferior había declarado sin lugar su moción de corrección de sentencia, presentada al amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal. Martínez Cortés fue sentenciado a 101 años de prisión en 2007 por asesinato en primer grado y posesión de arma tras un acuerdo de alegación pre-acordada. Su moción argumentaba que fue coaccionado a aceptar la alegación y que recibió una sentencia agravada indebidamente sin juicio por jurado. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar la petición y la oposición del Pueblo, ha decidido denegar la expedición del auto de certiorari. La resolución señala el carácter discrecional del remedio de certiorari.

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El Pueblo de Puerto Rico apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una petición de *habeas corpus* presentada por Edgabriel Cabán Montalvo. La sentencia apelada ordenó la excarcelación del señor Cabán Montalvo. El apelado fue arrestado por autoridades federales y permaneció bajo custodia federal mientras enfrentaba cargos locales por hechos distintos. Un tribunal local halló causa probable para arresto y le impuso fianza, pero él continuó recluido en la jurisdicción federal. Posteriormente, fue sentenciado en el foro federal y trasladado a una institución correccional en Florida. Los procedimientos locales continuaron, requiriendo autos de *habeas corpus ad prosequndum* para su comparecencia. El apelado fue liberado de la custodia federal en diciembre de 2019. La apelación del Pueblo buscaba revocar la concesión del *habeas corpus* por el tribunal de instancia. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal en ambas jurisdicciones. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia recurrida, manteniendo la concesión del *habeas corpus* y la orden de excarcelación.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una controversia de custodia. La madre, Erica Marie Cintrón, apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que concedió la custodia del menor Zión S. Quiñonez Cintrón a su padre, Héctor Rafael Quiñones, permitiendo su relocalización a Florida. El foro primario consideró un informe social que inicialmente recomendaba mantener la custodia con la madre, pero basó su determinación principalmente en la clara preferencia del menor, expresada directamente al juez, de vivir con su padre en Florida. La madre argumentó que el tribunal erró al no seguir la recomendación del informe social y al no celebrar una vista en su fondo. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, reafirmando que el bienestar y los mejores intereses del menor son el criterio primordial en disputas de custodia. Considerando la evidencia, incluyendo la preferencia del menor, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada que otorgó la custodia al padre y autorizó la relocalización.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La apelación fue presentada por la Asociación de Frailes Capuchinos, Inc. y Richard Kauffman Rodríguez. El caso original involucra una demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios presentada por padres y estudiantes contra varias partes, incluyendo una aseguradora, Universal Insurance Company. Los demandantes alegaron que un colegio cerró prematuramente, violando un contrato de servicios educativos. El TPI había desestimado la causa de acción contra Universal, determinando que la reclamación era de naturaleza contractual y estaba excluida por la póliza de seguro. Los apelantes argumentaron que la reclamación en su contra era extracontractual y que el TPI interpretó erróneamente la demanda y la póliza. El Tribunal de Apelaciones examinó los argumentos presentados por los apelantes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial emitida por el TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de apelación presentado por Manuel Santana Domínguez y Sonny M. Arroyo Pedró. Los apelantes impugnan una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su "Petición para hacer cumplir Orden". Dicha petición buscaba la ejecución de una Resolución previa del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La Resolución del DACo surgió de una querella contra un desarrollador y la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA) por una residencia defectuosa, ordenando remedios que incluían la resolución del contrato hipotecario. El TPI desestimó la petición de cumplimiento, declarando nula la Resolución del DACo por no incluir al Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) como parte indispensable. El TPI también consideró que la orden de resolver el contrato hipotecario era condicional y que la Resolución del DACo no era final ni firme. Los apelantes alegan que el TPI erró al asumir jurisdicción para modificar o revocar una resolución administrativa final en un proceso de ejecución. Argumentan que el TPI se extralimitó al entrar en los méritos de la resolución del DACo y al determinar incorrectamente que BPPR era una parte indispensable. El Tribunal de Apelaciones procederá a resolver el recurso presentado.

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El Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda buscaba invalidar nuevos requisitos para la expedición de licencias impuestos por la Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico. La Junta notificó los cambios, que incluían fotografía, declaración jurada y certificación médica, mediante correo electrónico, citando una resolución. El Colegio alegó que estos requisitos eran onerosos, innecesarios, carecían de base legal y fueron adoptados sin seguir el procedimiento administrativo adecuado. Sostuvieron que la comunicación informal impidió proteger los derechos de sus miembros, quienes presentaron numerosas quejas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por falta de legitimación activa del Colegio, al no probar un daño claro y preciso a sus actividades. El Colegio apeló, argumentando que el foro primario erró al determinar la falta de legitimación y al exigir el agotamiento de remedios administrativos. El Tribunal de Apelaciones se encuentra evaluando el recurso para adjudicarlo.

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El caso judicial se centra en el Condominio AMC Center y la determinación del porcentaje de participación en sus elementos comunes. La controversia principal gira en torno a si ciertas estructuras erigidas dentro de locales comerciales específicos constituyen "niveles" que aumentan la superficie computable. ALH impugnó inicialmente la adopción del criterio de superficie para el cálculo, pero esta acción fue validada previamente. La disputa actual se limitó a la configuración física de áreas como la Farmacia, Cafetería, Instituto de Ginecología y Obstetricio, y Laboratorio. El Tribunal de Primera Instancia resolvió que las estructuras en la Farmacia y Cafetería no son niveles, pero sí lo son las del Instituto de Ginecología y Laboratorio. ALH apeló esta última determinación, argumentando que las plataformas en sus locales (Instituto y Laboratorio) no deben considerarse niveles. El Consejo del Condominio también presentó un recurso de apelación. Finalmente, la Sentencia apelada, que validó la distinción entre las estructuras, es confirmada por este Tribunal.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de una demanda de Firstbank contra Pedro Ortiz Blanco por incumplimiento de contrato y cobro de dinero relacionado a un préstamo para una embarcación. Tras una sentencia en rebeldía, las partes alcanzaron un acuerdo estipulado que fue aprobado por el Tribunal de Primera Instancia. Dicho acuerdo establecía pagos mensuales por parte del señor Ortiz y la entrega del bote a Firstbank, permitiendo la ejecución de la sentencia en caso de incumplimiento. Firstbank solicitó la ejecución alegando que el señor Ortiz incumplió los pagos acordados. El señor Ortiz se opuso a la ejecución, cuestionando el valor de venta de la embarcación entregada. El señor Ortiz presentó un recurso de certiorari impugnando órdenes del foro primario que denegaron la paralización de la ejecución y permitieron a Firstbank retirar fondos. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari, modificó la determinación del Tribunal de Primera Instancia y, así modificada, la confirmó.

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El caso versa sobre una disputa en el Condominio AMC Center relativa al cálculo del porciento de participación en los elementos comunes. La controversia principal se centra en si ciertas estructuras erigidas dentro de locales comerciales específicos constituyen "niveles" a ser incluidos en el cómputo basado en superficie. Previamente, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) validó el uso del criterio de superficie para este cálculo, decisión que fue confirmada en apelación. La cuestión pendiente era determinar qué superficies específicas contaban como niveles para este fin. El TPI resolvió que las superficies en la Farmacia y la Cafetería no constituyen niveles para el cómputo de participación. Sin embargo, determinó que las superficies de las estructuras en el Instituto de Ginecología y Obstetricia y el Laboratorio sí son niveles y deben considerarse. ALH, propietario de estos últimos locales, apeló esta determinación específica. El Consejo del Condominio también presentó un recurso de apelación. La sentencia apelada, que resolvió sobre la naturaleza de las superficies como niveles, es confirmada por este tribunal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201901373, una apelación presentada por Marina Las Gaviotas Corporation y PAD Systems Corporation. Los apelantes impugnan una Sentencia Parcial que desestimó su demanda y una Resolución que descalificó a su representación legal. El pleito original buscaba la cancelación de un pagaré al portador extraviado y la nulidad de la hipoteca que lo garantizaba, alegando prescripción y falta de buena fe del tenedor. La demanda fue iniciada por un accionista de ambas corporaciones, incluyendo una acción derivativa a favor de Marina Las Gaviotas. Los demandados apelados cuestionaron la legitimación activa de los demandantes y la procedencia de la acción derivativa, además de plantear conflictos de intereses del abogado. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda al determinar que PAD Systems no tenía legitimación para una acción derivativa y que el accionista no cumplió con los requisitos procesales para instarla. También se descalificó al abogado de los apelantes. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de estas decisiones. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial y la Resolución apeladas.

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Este recurso de apelación proviene de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que decretó el archivo de un caso de cobro de dinero. La parte apelante, United Surety & Indemnity Company (USIC), impugna la desestimación impuesta como sanción. El tribunal de primera instancia ordenó a USIC suplementar contestaciones a un interrogatorio. Ante el incumplimiento inicial, impuso una sanción de \$500 y concedió un plazo final de diez días para suplementar y consignar el pago, bajo apercibimiento de archivo. USIC suplementó las contestaciones dentro del plazo, pero no consignó el pago de la sanción. El tribunal procedió a archivar el caso al constatar la falta de pago de la sanción. USIC solicitó reconsideración, alegando que el tribunal no cumplió con los términos procesales para imponer la sanción de archivo y que la omisión del pago fue involuntaria. El tribunal de primera instancia denegó la reconsideración. La apelación busca la revocación de la sentencia que decretó el archivo del caso. El Tribunal de Apelaciones revisa si la desestimación fue una sanción apropiada bajo las reglas de procedimiento civil.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari sobre custodia de menor. La peticionaria, Neishannie Marrero Rolón, impugnó la decisión del Tribunal de Primera Instancia que concedió la custodia compartida de su hijo a Edgardo Rivera Martínez. El foro primario dictó sentencia en ausencia de la madre, quien no había sido debidamente notificada debido a una dirección incorrecta. La decisión se tomó antes de que venciera el término concedido a la madre para contestar la demanda. La peticionaria solicitó sin éxito al foro primario que anulara la rebeldía y dejara sin efecto la sentencia. El Tribunal de Apelaciones determinó expedir el auto de certiorari. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación recurrida. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúe los procedimientos conforme a lo resuelto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por Carlos Perdomo Cheyne y otros. Los peticionarios buscaban revocar una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de nulidad de una subasta judicial. Alegaban que el aviso de venta y los edictos publicados contenían defectos, específicamente en la descripción de la propiedad subastada. El Tribunal de Apelaciones evaluó el edicto de subasta. Concluyó que el edicto cumplía con los requisitos de la Regla 51.7 de Procedimiento Civil. Determinó que la descripción de la propiedad era adecuada y que se hacía referencia a la sentencia, fecha, hora y lugar de la venta. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones no encontró que el foro primario actuara de forma arbitraria o cometiera error de derecho. Denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Juan Ramón Castro Burgos apela la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Junker Los Muchachos, Inc. La desestimación se fundamentó en una moción de compensación en un proceso de quiebra presentada por la parte apelada. El caso original, iniciado en mayo de 2015, es una reclamación por daños y perjuicios y despido injustificado. El apelante alegó haber sido despedido sin justa causa en febrero de 2015, tras presentar una querella laboral en septiembre de 2014. Sostuvo que el despido constituyó una represalia por la querella sobre paga de vacaciones, horas extras y salarios. La demanda buscaba el pago de mesada, bono de navidad, vacaciones, salarios adeudados, y compensación por daños morales. Uno de los codemandados, Jesús Delgado Morillo, alegó justa causa por la situación económica de la empresa. El proceso judicial se vio afectado temporalmente por la quiebra de Delgado Morillo, aunque luego continuó contra él tras un acuerdo. Las corporaciones codemandadas negaron las alegaciones en su contestación. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la procedencia de la desestimación decretada por el foro primario.

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Ismael Benítez Méndez instó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones contra una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación que denegó una moción de reconsideración. El Tribunal requirió al recurrente que presentara documentos pertinentes, incluyendo la solicitud de reconsideración y la determinación administrativa final. El recurrente presentó documentos, pero no incluyó la moción de reconsideración solicitada. El expediente ante el Tribunal reveló que la moción de reconsideración administrativa fue presentada antes de la vista y denegada por extemporánea. La respuesta administrativa final en el expediente, posterior a la presentación del recurso judicial, desestimó la solicitud por falta de jurisdicción administrativa. El Tribunal determinó que el recurrente no proveyó la documentación necesaria para permitirle auscultar su jurisdicción o ejercer su función revisora. Por tanto, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

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Un recurrente presentó un recurso de mandamus ante el Tribunal de Apelaciones solicitando ordenar a un juez de primera instancia resolver una moción de sentencia sumaria. Alegaba que habían transcurrido los términos legales sin que el tribunal emitiera una decisión. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y encontró un incumplimiento con los requisitos reglamentarios. Específicamente, el recurrente no notificó copia del mandamus al juez de primera instancia, como exige la Regla 55(J) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La notificación al juez es un requisito indispensable en este tipo de recurso. El incumplimiento con esta exigencia priva al Tribunal de Apelaciones de jurisdicción para atender el caso. La responsabilidad de cumplir rigurosamente con los requisitos reglamentarios recae en las partes. Ante la falta de jurisdicción, el tribunal no puede considerar los méritos del asunto. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de mandamus.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial presentado por la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT). La OAT impugna una Orden de la Defensoría de las Personas con Impedimentos en una querella sobre acomodo razonable presentada por Griselle Tañón Díaz. La Defensoría se reservó el fallo sobre la solicitud de desestimación por falta de jurisdicción de la OAT hasta evaluar la prueba. La OAT alegó que la Defensoría erró al no desestimar la querella de inmediato, argumentando que la querellante no cumplía los requisitos legales de persona con impedimento. Durante el trámite apelativo, la querellante informó a la Defensoría su deseo de desistir de la reclamación, a lo cual la OAT se opuso. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso presentado por la OAT. Finalmente, el Tribunal desestima el presente recurso de revisión judicial. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para atender el recurso en esta etapa procesal.

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Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en un caso de divorcio sobre pensión alimentaria. El peticionario, padre de la menor, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución dejó sin efecto una estipulación de pensión alimentaria acordada por las partes ante la Examinadora de Pensiones Alimentarias. La madre solicitó anular la estipulación alegando incumplimiento y desconocimiento de los ingresos del padre. El foro primario acogió la solicitud, anuló el acuerdo y refirió el caso nuevamente a la examinadora. El padre argumenta que la estipulación era vinculante y que el tribunal erró al anularla en lugar de considerar remedios por incumplimiento. El Tribunal de Apelaciones revisa el recurso, destacando la naturaleza discrecional del certiorari.

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Sentencia de un panel de jueces que resuelve una apelación contra la desestimación de una querella por despido injustificado y represalias. El apelante, Sr. Norbert Cruz Martin, impugnó la decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su caso al amparo de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil. La desestimación del TPI se basó, aparentemente, en la falta de diligencia en la prosecución del caso, incluyendo el incumplimiento de plazos para el descubrimiento de prueba y dificultades de comunicación entre el querellante y su abogado. El TPI había advertido previamente al querellante sobre la posible desestimación si el caso no avanzaba. El tribunal apelativo revisó los fundamentos de la desestimación. Como resultado de la apelación, la Sentencia del TPI es modificada. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia. Los procedimientos deberán continuar de forma consistente con lo resuelto por el tribunal apelativo.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Se refiere a una apelación presentada por Sherie Ann Rebollo Rossy contra Oriental Bank. La apelación surgió de un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por el banco. La apelante impugnaba una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Durante la tramitación del recurso, las partes informaron al tribunal que habían iniciado un proceso de negociación. Posteriormente, el banco notificó que la deudora había suscrito una escritura de dación en pago. La deudora confirmó haber llegado a un acuerdo con el banco. Ante la transacción y resolución de la reclamación, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el recurso se había tornado académico y procedió a desestimar la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por William Díaz Martell y Carmen Irizarry Caraballo contra Banco Popular de Puerto Rico. El recurso proviene de un caso de ejecución de hipoteca en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Los recurrentes solicitaban la revocación de una orden del foro primario que denegó su petición para extender el periodo de descubrimiento de prueba. En el caso subyacente, el banco demandó por cobro de dinero y ejecución de hipoteca, y los recurrentes reconvinieron alegando prácticas fraudulentas. El periodo de descubrimiento había sido extendido en varias ocasiones por el Tribunal de Primera Instancia, estableciendo fechas límite específicas. La orden recurrida denegó una solicitud adicional de extensión presentada por los recurrentes tras haber transcurrido los términos previamente fijados. Los recurrentes también pidieron al Tribunal de Apelaciones paralizar los procedimientos en el foro primario. Tras evaluar los méritos, el Tribunal de Apelaciones declaró No Ha Lugar a la moción de auxilio de jurisdicción y denegó la expedición del recurso de certiorari.

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PRCI presentó una demanda enmendada para ejecutar prendas e hipotecas contra la señora Rosa, alegando ser tenedor por endoso de pagarés hipotecarios y un contrato de prenda. Sostuvo que la señora Rosa incumplió un préstamo comercial original y que la deuda era líquida y exigible, reclamando el pago y la venta en subasta de los bienes hipotecados. La señora Rosa contestó la demanda, cuestionando la naturaleza comercial de la deuda, la cuantía y la legitimación de PRCI, argumentando la necesidad de descubrimiento de prueba. PRCI solicitó sentencia sumaria, aportando documentos como una declaración jurada sobre el balance adeudado. La señora Rosa se opuso, reiterando sus alegaciones. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que no existía controversia sobre hechos esenciales y dictó sentencia sumaria a favor de PRCI. La sentencia ordenó a la señora Rosa pagar \$1,443,425.00 a PRCI, más costas e intereses. Además, dispuso la ejecución de las prendas e hipotecas y la venta en pública subasta de los bienes inmuebles. La señora Rosa solicitó reconsideración de la sentencia sumaria.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso discrecional de certiorari presentado por Abigail Jusino Ramos. La peticionaria buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que ordenó medidas provisionales para asegurar la efectividad de una futura sentencia. El caso subyacente trata sobre la eficacia jurídica de donaciones de inmuebles hechas por Juan Ramón Ruiz Rodríguez a la peticionaria, mencionándose el nombramiento de una Defensora Judicial para el Sr. Ruiz Rodríguez debido a su incapacidad. El Tribunal de Apelaciones decidió no expedir el auto de certiorari solicitado. Fundamentó su decisión en la amplia discreción del foro primario para ordenar remedios provisionales. Consideró que el tribunal de instancia tomó en cuenta asegurar la efectividad de la sentencia y los intereses de las partes. No encontró indicio de que el foro recurrido actuara de forma arbitraria, caprichosa, abusara de su discreción o cometiera error de derecho. Por tanto, denegó la expedición del auto conforme a los criterios que guían su facultad revisora.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de corrección de sentencia. El peticionario, Martín Joe Mejías Ortiz, fue sentenciado a 184 años de prisión en 2002 por delitos cometidos a los 17 años, incluyendo asesinato en primer grado. Su solicitud se fundamentó en la jurisprudencia federal de *Miller v. Alabama* y *Montgomery v. Louisiana*. Esta doctrina prohíbe la reclusión perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad a prueba para menores procesados como adultos. Mejías Ortiz argumentó que su extensa condena violaba la prohibición de castigos crueles e inusitados al no considerar su minoridad y no permitirle acceso a la Junta de Libertad Bajo Palabra. El Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen del foro primario. Ejerció su función revisora para asegurar que el sentenciado, menor al momento de los hechos, tenga una opción real de acceder a la libre comunidad. El caso fue referido a la Junta de Libertad Bajo Palabra. Esta decisión busca salvaguardar la garantía constitucional relativa a la prohibición de castigos crueles e inusitados para menores convictos como adultos.

Resumen:

Este recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico fue presentado por Víctor Javier Díaz Fontánez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. La controversia principal gira en torno a la reclasificación de su nivel de custodia. Díaz, quien cumple una larga sentencia, impugna la decisión del Departamento de mantenerlo en custodia máxima. Previamente clasificado en custodia mediana, fue reclasificado a máxima tras una querella disciplinaria por contrabando/posesión de armas. Aunque una evaluación rutinaria posterior arrojó una puntuación que cualificaba para custodia mínima, el Comité de Clasificación ratificó el nivel máximo. El Comité aplicó un factor discrecional basado en su historial de desobediencia a las normas institucionales. Díaz apeló administrativamente y luego recurrió a este tribunal para revisar dicha determinación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El caso surge de una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) sobre compraventa de vehículos de motor. La parte recurrente, MSD San Alfonso Auto Group, Inc., impugnó una resolución del DACo notificada el 14 de enero de 2020. El recurso de revisión judicial fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones el 14 de febrero de 2020. La parte recurrida solicitó la desestimación por haberse presentado el recurso fuera del plazo jurisdiccional. El Tribunal explica que la ley establece un término estricto de treinta días para solicitar revisión judicial de decisiones administrativas, contado desde la notificación. Los términos jurisdiccionales son improrrogables y su incumplimiento priva al tribunal de autoridad para considerar el caso. Dado que el recurso se presentó fuera del plazo de treinta días a partir de la notificación del DACo, el Tribunal concluye que carece de jurisdicción para atender el reclamo.

Resumen:

Este caso de revisión judicial fue instado por Fernando Padilla Alicea contra la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente solicitó al Tribunal de Apelaciones que ordenara a la Junta entregarle la resolución que denegó su libertad bajo palabra. La Junta informó al tribunal que ya había notificado al señor Padilla de dicha resolución con posterioridad a la presentación del recurso. Alegó que, al haberse cumplido el reclamo, el caso se había tornado académico. El Tribunal analizó la doctrina de la controversia académica, que impide a los tribunales adjudicar casos donde el remedio solicitado ya no tendría efecto práctico. Concluyó que, efectivamente, el recurso de Padilla se volvió académico al ser notificado de la resolución. Al no concurrir ninguna de las excepciones a la doctrina, el Tribunal determinó que no se justificaba ejercer su jurisdicción revisora. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión administrativa.

Resumen:

Miguel A. Rivera Díaz solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha resolución denegó su petición para declarar nula su sentencia por la alegada ausencia de un informe presentencia. El Tribunal de Primera Instancia había dictado sentencia tras una alegación de culpabilidad en 2008. En 2020, Rivera Díaz solicitó el informe presentencia, pero el TPI lo denegó indicando que no existía debido a un preacuerdo para una sentencia de cárcel. Inconforme, el señor Rivera acudió en certiorari al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones consideró la solicitud de revisión. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari. El documento explica brevemente el carácter discrecional del recurso de certiorari y los criterios que rigen su concesión.

Resumen:

Panel de jueces emite sentencia sobre un recurso de revisión administrativa presentado por AEQUITAS, LLC. AEQUITAS impugnó la validez del Reglamento Conjunto Para la Evaluación y Expedición de Permisos, promulgado por la Junta de Planificación. El reglamento fue aprobado el 7 de mayo de 2019 y entró en vigor el 7 de junio de 2019. La recurrente alegó que la Junta de Planificación no cumplió con las exigencias procesales de la Ley 161-2009 y la LPAU durante el proceso de aprobación. El tribunal revisó el historial del proceso reglamentario, incluyendo avisos públicos, vistas (algunas canceladas por huracanes) y periodos de comentarios. Tras examinar los argumentos de las partes y el expediente administrativo, el panel procedió a resolver. Por los fundamentos expuestos, el tribunal declaró NULO el Reglamento Conjunto.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, resolviendo la apelación KLAN20200006. La apelación fue presentada por Mildred A. Lozada Berrios contra el Municipio de San Juan, su Alcaldesa y otros, originada en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (Civil Núm.: SJ-2019-CV-07565). El caso trataba sobre injunction preliminar y permanente, violación a derechos constitucionales y civiles, represalias y sentencia declaratoria. La Sentencia, fechada el 4 de marzo de 2020, atiende una Moción Informativa presentada por la apelante el 28 de febrero de 2020. El Tribunal ordena el archivo y cierre del caso de epígrafe. Esta decisión se fundamenta en el desistimiento de la apelante. El archivo y cierre se realiza conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en reconsideración en casos de expropiación forzosa. Atiende una moción presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la que se unió la parte con interés. La reconsideración es declarada Ha Lugar para modificar la parte dispositiva de una sentencia previa del Tribunal de Apelaciones de 13 de diciembre de 2019. Dicha sentencia anterior ordenó modificar dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia de 4 de septiembre de 2019. Esas resoluciones de instancia dejaron sin efecto una estipulación transaccional acogida por sentencia que fijó la justa compensación y dio fin al pleito. El Tribunal de Apelaciones consideró que las resoluciones recurridas mantenían activo el caso de expropiación en contravención a la transacción judicial. Por ello, se modifica la sentencia previa del Tribunal de Apelaciones. La modificación tiene el único fin de revocar en su totalidad las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que fueron objeto del recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en Reconsideración en un caso de expropiación forzosa (K EF1995-0536/0537). Atiende la solicitud de reconsideración presentada por el Estado Libre Asociado y a la que se unió la Sucesión parte con interés. La reconsideración se declara Ha Lugar únicamente para modificar la parte dispositiva de la sentencia previa del Tribunal de Apelaciones de 13 de diciembre de 2019. Dicha sentencia anterior había ordenado modificar dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia de 4 de septiembre de 2019. Las resoluciones del foro primario habían dejado sin efecto una estipulación transaccional previamente acogida por sentencia. Esta estipulación había acordado la justa compensación y el fin del pleito entre las partes. El Tribunal de Apelaciones juzgó que las resoluciones recurridas del Tribunal de Primera Instancia mantenían activo el caso en contravención a la transacción judicial. Por ello, se modifica la sentencia del Tribunal de Apelaciones para revocar en su totalidad las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia. Esto asegura que el caso concluya conforme a la transacción judicial previamente alcanzada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el recurso de certiorari instado por Pep Boys, Inc. contra Ramón Rodríguez Santos y Loraine Rodríguez Montalvo. El recurso buscaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud de sentencia sumaria de Pep Boys en un caso de despido injustificado y discrimen. La parte peticionaria alegaba la existencia de hechos materiales en controversia. Pep Boys también solicitó urgentemente la paralización del juicio pautado en el foro primario. El Tribunal de Apelaciones recordó que la revisión de resoluciones interlocutorias en procedimientos laborales sumarios es excepcional y limitada a casos extremos. Determinó que las circunstancias del caso no cumplían con los requisitos para ejercer dicha revisión. Además, señaló que el recurso no cumplía con la Regla 40 de su Reglamento y que no se informó la fecha del juicio. Por tanto, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari y declaró no ha lugar la moción de auxilio de jurisdicción. La decisión se tomó prescindiendo de la comparecencia de la parte recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de revisión administrativa. Los recurrentes, propietarios de una estación de gasolina cercana, impugnaron una Resolución de la Oficina Gerencia de Permisos (OGPe). Dicha resolución había aprobado una consulta de ubicación para la construcción de una estación de gasolina en Maunabo. Los recurrentes solicitaron la revocación de la aprobación, alegando que los proponentes no divulgaron información relevante sobre la existencia de un pozo de agua cercano, una investigación de la EPA en la propiedad y su ubicación sobre un acuífero. Los proponentes argumentaron que el proyecto cumplía con la normativa, que no había pozo en el solar y que la EPA había indicado que su investigación no impedía la construcción. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal confirmó la determinación administrativa de la OGPe.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre liquidación de sociedad de bienes gananciales. El peticionario, Luis G. Rullán Marín, solicitó la revisión de dos decisiones del Tribunal de Primera Instancia. Una resolución de 2017 denegó su solicitud de embargo sobre la residencia de la señora Zoraida Buxó Santiago. Una orden de 2020 dispuso el embargo de bienes muebles del señor Rullán Marín por una suma específica. El caso se origina de un divorcio y la posterior liquidación de bienes, incluyendo una estipulación y sentencia sobre la división de activos y obligaciones. Existió un recurso de apelación previo (KLAN201401112) relacionado con una orden de embargo anterior contra la señora Buxó Santiago. El señor Rullán Marín también presentó una moción en auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos de ejecución. El Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari incoado por el señor Rullán Marín. Consecuentemente, declaró No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Fannie Mae contra Aida M. Arroyo Rivera. La señora Arroyo apeló una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de recusación del juez. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un *certiorari* al tratarse de una resolución interlocutoria. El documento discute la Regla 63 de Procedimiento Civil sobre las causales de inhibición o recusación judicial, destacando que el prejuicio debe ser personal, serio y originado extrajudicialmente. La apelante argumentó que el juez había prejuzgado el caso, negado el debido proceso y manejado de forma inapropiada la prueba y las mociones. Tras examinar el escrito y los documentos, el Tribunal concluyó que no se cumplían los requisitos para la recusación. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó el auto de *certiorari* solicitado. Esto confirma la decisión del foro primario de mantener al juez en el caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación presentada por Miguel Ángel Díaz Martínez contra una sentencia de ocho años de reclusión por infracción al Art. 144(a) del Código Penal (actos lascivos). La sentencia apelada fue emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, luego de un veredicto de culpabilidad por jurado en 2012 y una posterior re-sentencia en 2018. El apelante alegó que el foro primario erró al negarle la presentación de un testigo exculpatorio y al aquilatar la prueba, argumentando que la evidencia fiscal era deficiente. También sostuvo que se le impidió un juicio justo al permitir una enmienda a la fecha del alegado delito, afectando su defensa de coartada. Los hechos imputados ocurrieron en 2011 contra una menor de cuatro años. El caso tuvo un extenso trámite procesal, incluyendo recursos previos relacionados con representación legal inadecuada. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, resolvió confirmar la sentencia apelada.