Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 21)

Resumen:

Este Tribunal de Apelaciones emite Resolución sobre la Petición de Certiorari presentada por EAGS, LLC h/n/c Calichi Gastrobar. La parte peticionaria solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Dicha resolución del foro primario declaró No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial instada por EAGS. El recurso de Certiorari surge de una Demanda sobre daños y perjuicios presentada por Juan Enrique Molina y otros contra EAGS y otros codemandados. La demanda alega negligencia por un incidente ocurrido cerca del restaurante, donde el señor Molina cayó de un caballo en un camino oscuro. EAGS había solicitado sentencia sumaria parcial argumentando la inexistencia de nexo causal y negando ser propietaria o tener control sobre el camino. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud de sentencia sumaria. Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de Certiorari solicitado por EAGS.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202500040, una apelación sobre deslinde, amojonamiento y daños y perjuicios. El recurso fue presentado por José M. Maldonado Hernández y la Sucesión de Teresa García Centeno. Apelaban una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda contra Ángel Meléndez Guzmán y Carmen Lourdes Rivera Martínez mediante sentencia sumaria. La demanda original alegaba que los demandados causaron daños a la propiedad de los apelantes mediante construcciones y remoción de terreno en fincas colindantes. Los demandados Meléndez-Rivera negaron haber causado los daños y argumentaron que la reclamación estaba prescrita. A pesar de que la parte apelante omitió documentos necesarios en el apéndice, el Tribunal de Apelaciones revisó el expediente completo. Tras el análisis, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada. Esto ratifica la desestimación de la acción contra el matrimonio Meléndez-Rivera.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones en un caso de despido injustificado bajo la Ley Núm. 2 de Procedimiento Sumario. La parte recurrida presentó una querella y, tras acreditar el emplazamiento, solicitó la anotación de rebeldía de la parte peticionaria por no contestar. El tribunal de instancia anotó la rebeldía mediante una orden. La parte peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de Certiorari para revisar dicha orden interlocutoria. El Tribunal de Apelaciones, como cuestión de umbral, está evaluando su propia jurisdicción para entender en el recurso. Se destaca que la Ley Núm. 2 provee un mecanismo sumario y su Sección 9 limita la apelación a la sentencia final del Tribunal de Primera Instancia. La naturaleza sumaria de la ley y la limitación a la apelación de la sentencia plantean la interrogante sobre la procedencia del Certiorari contra una orden de anotación de rebeldía. El tribunal debe determinar si posee el poder para adjudicar la controversia planteada en el recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación y un recurso de certiorari en el caso de José Carlos Aponte Ramos. El apelante fue declarado culpable por un jurado de cuatro cargos de asesinato en primer grado, un cargo de tentativa de asesinato y varias infracciones a la Ley de Armas. Los hechos imputados corresponden a la muerte de cuatro personas (una pareja y sus dos hijos menores) y la tentativa de muerte de otro hijo. El Tribunal de Apelaciones concluye que procede confirmar la sentencia apelada que halló culpable al apelante. Sin embargo, el tribunal expide el auto de certiorari solicitado por el Ministerio Público. Esto se debe a que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de derecho al imponer una sentencia menor a la mínima dispuesta por ley. El documento comienza a detallar los antecedentes del caso, incluyendo los hechos y el testimonio del hijo sobreviviente.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de reclamación laboral. Los apelantes, exempleados del Colegio San Antonio, Inc., demandaron al Colegio y a un Fideicomiso de Plan de Pensión. Alegaron que sus salarios fueron diferidos para aportar al Fideicomiso a cambio de una pensión. Manifestaron que los pagos de pensión fueron suspendidos tras la terminación del Fideicomiso. Reclamaron el pago de dinero adeudado, intereses y honorarios de abogado. El Colegio negó haber diferido salarios y argumentó que el Fideicomiso era una entidad separada. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la querella de los exempleados. Mediante este dictamen, el Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia apelada. La controversia gira en torno a la responsabilidad por la compensación diferida y los beneficios de pensión suspendidos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. Sonnell Transit Service, LLC impugna la adjudicación de la subasta RFP-2023-2024-023 por la Junta de Subastas del Municipio de Juana Díaz a favor de Gómez Bus Line, Inc. La subasta es para servicios de alquiler de vehículos de transporte colectivo. Sonnell alega que la notificación de adjudicación fue defectuosa y que el licitador agraciado debió ser descalificado. También solicitó una moción en auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos. La Junta de Subastas no compareció ni presentó su posición ante el Tribunal. El Tribunal decide revocar el dictamen administrativo impugnado por considerarlo inoficioso. Esta revocación se realiza sin emitir juicio sobre los méritos de la adjudicación de la subasta. El Tribunal enfatiza su deber de examinar la jurisdicción antes de proceder.

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Se revisan dictámenes del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, a solicitud del apelante, Sr. Luis Soto Maduro. Los dictámenes incluyen una Resolución que declaró a la Sra. Ángela Galatzán no ser parte indispensable y una Sentencia Enmendada. La Sentencia Enmendada declaró Ha Lugar la Demanda presentada por la Sra. Rosa Morillo Serrano y la Sra. Rosana Montalvo. La demanda original alegó incumplimiento de contrato, fraude y daños y perjuicios contra el Sr. Soto y otros. Las demandantes alegaron que el Sr. Soto les traspasó acciones de las corporaciones Plaza Tour y Viajes Plaza tras asegurar que tenían fondos suficientes. Sin embargo, tras el traspaso, el Sr. Soto supuestamente retiró aproximadamente $200,000, dejando a las corporaciones sin dinero para operar y pagar deudas. El Tribunal de Primera Instancia decretó nulo el negocio jurídico impugnado y ordenó al Sr. Soto el pago de sumas de dinero. El Sr. Soto apeló estas decisiones. Este foro judicial CONFIRMA los dictámenes apelados.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso El Pueblo de Puerto Rico contra José Carlos Aponte Ramos. El acusado fue declarado culpable por un jurado de cuatro cargos de asesinato en primer grado, un cargo de tentativa de asesinato y múltiples infracciones a la Ley de Armas. Estos cargos se originaron en un incidente del 1 de enero de 2020, que resultó en la muerte de cuatro miembros de una familia y la tentativa de asesinato de otro. El Tribunal de Apelaciones confirmó las convicciones sostenidas en la sentencia apelada. No obstante, el tribunal también expidió el auto de certiorari solicitado por el Ministerio Público. Esto se debió a un claro error de derecho del Tribunal de Primera Instancia al imponer una sentencia menor a la mínima dispuesta por ley. El caso implicó un segundo juicio por jurado tras un jurado disuelto previamente. La prueba clave incluyó el testimonio del hijo sobreviviente, testigo presencial de los hechos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Cristina María Rivera Rodríguez contra Héctor Iván Pérez Rivera. El caso principal trata sobre custodia y alimentos de un menor. La peticionaria impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia que dejó sin efecto una prohibición de remover al menor de Puerto Rico. Inicialmente, el foro primario había prohibido la salida del menor como medida cautelar. Sin embargo, posteriormente revocó dicha orden tras determinar que el estado de Florida tenía jurisdicción como "home state" del menor, basándose en una conversación con un juez de Florida y una orden de ese estado. La peticionaria solicitó reconsideración, alegando falta de emplazamiento en Florida y que Puerto Rico cumplía con los criterios de jurisdicción bajo la UCCJEA. También señaló como error la comunicación ex parte del tribunal primario. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición y los fundamentos presentados. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones deniega el recurso de certiorari y declara No Ha Lugar la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Efraín Rivera Pérez, solicitando la revisión judicial de una Resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Mediante dicha Resolución, la Junta le denegó el privilegio de la libertad bajo palabra. Rivera Pérez cumple una sentencia consolidada de veinte años por delitos de armas y sustancias controladas. La Junta basó su determinación en el informe socio-penal y la vista del caso. Se consideraron aspectos como su ajuste institucional, incluyendo una reclasificación a custodia mediana por negarse a una prueba de sustancias. También se evaluó su plan de salida, encontrando que la residencia propuesta no tenía un cuarto disponible y la oferta de empleo no pudo ser verificada. La Junta acogió la recomendación del Oficial Examinador de no conceder el privilegio. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirmó la Resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de certiorari presentado por Petra J. Torres Sánchez contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. La peticionaria solicitaba revocar la decisión del TPI que denegó su petición para que los herederos de Jorge Martínez Rodríguez dieran mantenimiento a una propiedad. El TPI había declarado no ha lugar la solicitud en varias ocasiones anteriores. Además, impuso una sanción de \$500 a la peticionaria y su representación legal por reiterar la misma petición. La propiedad objeto del litigio está sujeta a una sentencia final que ordena su venta en pública subasta para liquidar la comunidad post ganancial. El TPI sostuvo que carece de autoridad para obligar a los herederos al mantenimiento. Señaló que el remedio legal para la peticionaria es asumir los gastos y reclamarlos posteriormente. Tras denegarse una reconsideración, la señora Torres acudió al Tribunal de Apelaciones. Este Tribunal deniega el recurso de certiorari. Concluye que el recurso no satisface los criterios para su concesión.

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Un individuo convicto, Antonio Alemañy Rosado, solicitó revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Impugnó una decisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) que se declaró sin jurisdicción para considerar su solicitud de libertad bajo palabra. La JLBP fundamentó su decisión en la Ley Núm. 85-2024, la cual contiene una cláusula que excluye a personas convictas por ciertos delitos, incluyendo violación y actos lascivos, de beneficiarse de los cálculos favorables de elegibilidad para libertad bajo palabra introducidos por la Ley Núm. 85-2022. La Ley Núm. 85-2022 buscaba ampliar la elegibilidad y aplicaba retroactivamente si era favorable. La Ley Núm. 85-2024 limitó posteriormente este alcance. La JLBP determinó que Alemañy Rosado no cumpliría la porción excluida de su sentencia hasta 2032. Alemañy Rosado argumentó que la aplicación retroactiva de la Ley 85-2024 violaba el principio ex post facto y el debido proceso. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación de la JLBP de que carecía de jurisdicción.

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Este es un caso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Tomás Pérez Ramos recurre la decisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. La JLBP emitió la resolución denegatoria el 30 de septiembre de 2024. Previamente, en una vista celebrada el 13 de septiembre de 2023, la Oficial Examinadora de la JLBP había recomendado concederle la libertad bajo palabra. La recomendación se basó en la evaluación positiva del recurrente, destacando su mejoría, ajuste institucional, clasificación de custodia mínima, plan de salida estructurado y cumplimiento de programas de rehabilitación. El recurrente solicitó reconsideración ante la JLBP, la cual fue denegada tácitamente. Presentó entonces la petición de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. La JLBP solicitó posteriormente la devolución del caso para reexaminar el criterio de hogar propuesto. El recurrente instó al Tribunal a revocar la decisión de la JLBP por no considerar el expediente completo. El Tribunal de Apelaciones se dispone a emitir una determinación sobre los méritos del recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado y represalias. La apelante, Brenda L. Sayán Resto, demandó a sus exempleadores tras su despido en 2016. Alegó despido injustificado bajo la Ley 80 y represalias bajo la Ley 115. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda por despido injustificado, ordenando el pago de mesada, doble compensación y honorarios de abogado. Sin embargo, desestimó la reclamación por represalias. La apelante recurrió ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de la sentencia. Los apelados se defendieron alegando abandono voluntario o despido justificado y prescripción. La apelante había enmendado su demanda para incluir a otra parte y solicitar lucro cesante. El Tribunal de Apelaciones, mediante este dictamen, revoca en parte la sentencia apelada del foro primario.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads apelando la desestimación de su demanda de desahucio contra United Real Estate, Inc. La Autoridad demandó a United buscando su lanzamiento de terrenos en la antigua Base Naval Roosevelt Roads tras cancelar un contrato de arrendamiento de veinte años. Según la Autoridad, United incumplió el acuerdo al no desarrollar el proyecto pactado ni realizar los pagos correspondientes. Tras la cancelación del contrato y la falta de desalojo voluntario, la Autoridad presentó la demanda de desahucio. United solicitó la desestimación argumentando falta de jurisdicción por emplazamiento defectuoso. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sin perjuicio, al concluir que no había constancia de que el emplazamiento a United se hubiera diligenciado debidamente a una persona autorizada o con suficiente capacidad para recibirlo en nombre de la corporación. La Autoridad apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión procedente del Departamento de Salud. La recurrente, Bio-Medical Applications (BMA), impugna una resolución del Secretario de Salud. Dicha resolución desestimó una querella de BMA contra el otorgamiento de un Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC) a Pure Life Renal (PLR). El CNC autoriza a PLR a establecer un centro de diálisis renal en la subregión de Bayamón. BMA alegó que el Secretario erró al determinar la necesidad y demanda de servicios, basándose en información supuestamente errónea o insuficiente y contraviniendo la ley y el reglamento aplicable. La querella original de BMA buscaba revocar la resolución del Secretario que concedió el CNC a PLR. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la resolución recurrida del Secretario de Salud.

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Aborda una petición de certiorari en un litigio sobre la división o liquidación de la comunidad de bienes hereditarios del causante Luis Báez Díaz. Las partes son los herederos, incluyendo a la cónyuge supérstite y ejecutora testamentaria. El caso se inició buscando acceso a documentos para preparar el inventario y partición del caudal relicto. Surgieron discrepancias entre las partes respecto al descubrimiento de prueba. Los demandantes solicitaron una extensión del plazo para el descubrimiento, alegando falta de entrega de información por parte de la ejecutora. El Tribunal de Primera Instancia extendió el periodo hasta el 15 de enero de 2025 mediante una orden. La parte demandada, ahora peticionaria, impugnó esta orden, solicitando su revocación. Argumentan que la extensión fue indebida y concedida sin escuchar su posición. La resolución detalla el historial procesal que culminó en esta petición ante el Tribunal de Apelaciones.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de certiorari presentado por Carlos D. Lebrón Gómez y otros. Solicitan la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas de 2 de diciembre de 2024. Dicha resolución dejó sin efecto una sentencia parcial previa que había desestimado la demanda contra los peticionarios, manteniéndolos así en el pleito principal sobre daños por vicios de construcción. La parte recurrida solicitó la desestimación del certiorari por incumplimiento con las reglas de notificación. Alegaron que no se notificó a otra parte en el pleito original sobre la presentación del recurso. El Tribunal de Apelaciones procedió a atender la cuestión jurisdiccional planteada. Finalmente, el Tribunal desestima el recurso de certiorari por falta de jurisdicción, acogiendo el argumento de la parte recurrida sobre la notificación defectuosa a una parte necesaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de revisión administrativa presentado por Green Windows Corp. La recurrente apeló una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) relacionada con una querella sobre un contrato de obras y servicios para la instalación de ventanas. Los recurridos, Jorge A. Figueroa Rodríguez e Isabel Torres, presentaron la querella original ante el DACo. Tras varias resoluciones y reconsideraciones, el DACo ordenó a Green Windows corregir deficiencias bajo garantía y pagar \$8,833.57 a los querellantes, denegando la reclamación de daños. Green Windows impugnó esta decisión final del DACo, alegando que se erró al determinar que los trabajos correctivos no fueron satisfactorios y al ordenar el pago y remoción de las ventanas. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado. Sin entrar a evaluar los méritos del señalamiento de error, el tribunal procedió a desestimar el recurso. La desestimación se basó en la determinación de que el tribunal carecía de jurisdicción para atender el caso.

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Un panel judicial revisó la apelación presentada por Jorge Orlando Rodríguez Cintrón y Cynthia Ayala Calderón contra una Resolución de la Junta de Planificación de Puerto Rico. Dicha Resolución impuso dos multas a los recurrentes por operar un negocio sin permiso comercial y por carecer de permiso de construcción para una ampliación. La Junta de Planificación había presentado la querella inicial en febrero de 2020, emitiendo la Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa en febrero de 2024 y la Resolución final en octubre de 2024. Los recurrentes argumentaron que la demora de aproximadamente cinco años en el proceso administrativo violaba el Reglamento Conjunto y su derecho al debido proceso de ley, solicitando la anulación de las multas. La Junta de Planificación denegó la reconsideración, sosteniendo que el término para emitir hallazgos es directivo y su incumplimiento no constituye una violación al debido proceso, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo. La Junta determinó que los recurrentes no presentaron prueba para sustentar sus alegaciones. Tras evaluar los fundamentos, el panel judicial decidió confirmar la Resolución recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa un caso de desahucio mediante certiorari. La apelante, Ana María Cardona Echevarría, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reconvención contra el arrendador, El Coquí Apartments, administrado por Fernando L. Sumaza & Co., LLC. El arrendador inició la acción de desahucio por incumplimiento de contrato. La apelante presentó una reconvención alegando incumplimiento por parte del arrendador y reclamando daños, solicitando que el caso se convirtiera de un procedimiento sumario a uno ordinario. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reconvención, considerándola improcedente en una acción de desahucio sumaria, y decidió continuar el caso por la vía sumaria. El Tribunal de Apelaciones señala la naturaleza sumaria de las acciones de desahucio y la facultad discrecional de los tribunales de instancia para convertirlos a procedimientos ordinarios ante controversias complejas, destacando que dicha conversión no es automática. Tras considerar los escritos de las partes, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar el auto de certiorari. Esta decisión confirma la resolución del Tribunal de Primera Instancia de desestimar la reconvención y continuar con el trámite sumario del desahucio.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca incoado por Banco Popular contra la Sucesión de Juan Antonio Reyes Ríos. La Sucesión recurre en Certiorari para revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón de 7 de noviembre de 2024. Dicha Orden denegó una Moción en Solicitud de Remedio presentada por la Sucesión. En su recurso, la Sucesión alega que el foro primario erró al autorizar la continuación de los procedimientos sin completar la evaluación de mitigación de pérdidas. Argumentan que entregaron los documentos requeridos y que el caso debió paralizarse y referirse a mediación compulsoria. También impugnan la decisión de pautar una vista presencial sobre el estado de los procedimientos. El documento expone el trasfondo fáctico y procesal que fundamenta la controversia ante el Tribunal de Apelaciones.

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La controversia ante el Tribunal de Apelaciones gira en torno a la responsabilidad del pago de la póliza de seguro full cover de un vehículo adquirido para un menor alimentista. El peticionario, Nelson Baltazar Santos Álamo, recurrió una Orden del Tribunal de Primera Instancia que le impuso el pago total de dicha póliza mientras el menor estudie en la universidad. El señor Santos alegó falta de capacidad económica y que la recurrida, Primitiva Marte Lazú, se había comprometido a realizar el pago. La señora Marte argumentó que su oferta de pago estaba condicionada a la compra de un vehículo nuevo, lo cual no ocurrió. El Tribunal de Apelaciones evaluó la petición de certiorari bajo el estándar de intervención en casos de abuso de discreción o error manifiesto. Concluyó que el peticionario no demostró que el foro primario hubiera cometido un error que justificara su intervención en esta etapa. Por tanto, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari. Asimismo, dejó sin efecto la orden que paralizaba los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un caso de despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. Kindred Spirits, Inc. (Bottles) comparece mediante una Petición de Certiorari. La empresa solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución declaró No Ha Lugar la moción de sentencia sumaria presentada por Kindred Spirits, Inc. La moción buscaba desestimar la querella de despido injustificado incoada por Carlos Pérez Rivera. El señor Pérez Rivera alega que fue despedido injustificadamente tras un incidente relacionado con su pareja, clienta del restaurante. La empresa sostiene que el despido estuvo justificado porque el empleado regaló propiedad de la compañía sin autorización en dos ocasiones. El Tribunal de Primera Instancia consideró que existían controversias de hechos que impedían la sentencia sumaria. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la Petición de Certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de un auto de certiorari solicitado por MAPFRE Praico Insurance Company. MAPFRE buscaba revocar una Resolución Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. El caso original es una demanda por daños y perjuicios presentada por Jaineffe Quetell Carrión tras sufrir una caída en una acera en Carolina. La demanda alega negligencia del Estado (DTOP) y/o el Municipio, asegurado por MAPFRE, por una condición peligrosa en la acera. MAPFRE argumentó que la acera era parte de una carretera estatal (PR-187) y que el Municipio, y por ende su aseguradora, no era responsable. La parte demandante se opuso, solicitando descubrimiento de prueba para determinar la responsabilidad. El TPI declaró no ha lugar la solicitud de desestimación de MAPFRE, permitiendo descubrimiento limitado. Insatisfecha, MAPFRE presentó reconsideración y luego el certiorari, el cual fue denegado por el Tribunal de Apelaciones.

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Resolución de un panel de jueces sobre un recurso presentado por Prestress Manufacturing Corp. contra una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Prestress solicitó revocar la decisión del TPI que declaró No Ha Lugar su Solicitud de Desestimación por Prescripción de una Querella por despido injustificado presentada por Javier Flores Reyes. La controversia central gira en torno a si la segunda Querella del empleado, presentada tras la desestimación de la primera y la denegación de una moción de reconsideración/relevo, estaba prescrita bajo la Ley Núm. 80-1976. El empleado argumentó que su moción interrumpió el término prescriptivo de un año, el cual comenzó a correr desde la notificación de la denegación de dicha moción. Prestress sostuvo que la moción no tuvo tal efecto interruptor, alegando incumplimiento con las reglas procesales aplicables. El TPI concluyó que la acción no estaba prescrita. Prestress recurrió, señalando errores en la interpretación del TPI sobre la prescripción y el efecto de la moción. El tribunal de apelaciones deniega expedir el auto solicitado, confirmando así la determinación del TPI de que la querella no está prescrita.

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El señor Lemuel Feliciano Silva presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Mediante este recurso, solicitó la invalidación de una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo que revocó su probatoria. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar el recurso, prescindiendo de trámites adicionales para su eficiente despacho. Como cuestión preliminar, el Tribunal enfatizó su deber de determinar si posee jurisdicción, explicando que la falta de esta es un defecto insubsanable que impone la desestimación del recurso. Además, se detalló que el certiorari es un mecanismo procesal discrecional para revisar determinaciones interlocutorias. El Tribunal revisa estos recursos considerando criterios específicos establecidos en la Regla 40 de su Reglamento. Tras el examen, el Tribunal anunció la desestimación del presente recurso por los fundamentos que se exponen.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Fides Acquisition, LLC. El caso subyacente trata sobre intereses propietarios en varias corporaciones. El Tribunal de Primera Instancia había emitido previamente una orden en 2021 requiriendo a todas las partes mantener intactos el capital, haberes y propiedades de las corporaciones. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que Fides infringió esta orden al vender un inmueble. Consecuentemente, ordenó a Fides consignar los $600,000 producto de la venta. Fides recurrió en certiorari, argumentando que la orden de 2021 no le aplicaba a dicha venta y que el TPI erró. Tras revisar el asunto, el Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, declinó intervenir con lo actuado por el Tribunal de Primera Instancia.

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Bancrédito Holding Corporation (BHC) recurre una Orden de Pago de Multa dictada por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). El caso se enmarca en el proceso de liquidación de Bancrédito International Bank and Trust Corporation (BIBTC), donde Driven Administrative Services, LLC fue nombrado Síndico. Las partes, incluyendo BHC como accionista, suscribieron un acuerdo transaccional para la liquidación. Dicho acuerdo estipulaba la transferencia de fondos a una cuenta escrow seleccionada por el Síndico, sujeta a la no objeción de OCIF. BHC objetó la selección del Síndico y se negó a realizar las transferencias. Una querella previa de BHC contra el Síndico fue desestimada por OCIF y confirmada por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo, validando la discreción del Síndico y la facultad exclusiva de OCIF para objetar. A pesar de estas resoluciones, el Síndico presentó una nueva querella ante OCIF alegando que BHC continuaba incumpliendo el acuerdo al negarse a transferir fondos de cuentas en el extranjero. El Síndico adujo que la conducta de BHC obstaculizaba significativamente la liquidación. La Orden de Pago de Multa apelada por BHC surge de esta segunda querella presentada por el Síndico ante OCIF.

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Se presenta una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Educación Especial. El recurrente, un menor identificado como D.F.T., impugna parcialmente una Resolución Final del Foro Administrativo de Educación Especial (FAEE). La decisión del FAEE concedió el reembolso de gastos por libros y alimentos para el año escolar 2023-2024. Sin embargo, denegó la solicitud de reembolso por el servicio de tutorías individualizadas. El menor, diagnosticado con Autismo, recibe servicios educativos en una institución privada mediante compra de servicio por parte del Departamento de Educación (DEPR). La propuesta de servicios para el año 2023-2024 incluía tutorías, pero el Comité de Programación y Ubicación (COMPU) del DEPR no las autorizó en el Programa Educativo Individualizado (PEI). La madre del menor sufragó el costo de las tutorías y solicitó el reembolso, el cual fue denegado por el DEPR. Cabe destacar que, para el año escolar anterior (2022-2023), el menor sí obtuvo el reembolso de tutorías mediante una resolución administrativa previa, aunque el DEPR lo calificó como una excepción. El DEPR argumenta que el PEI de 2023-2024 no autorizó las tutorías ni su reembolso. El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación administrativa que denegó el reembolso de las tutorías.

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Josué Ortiz Colón, un confinado, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra una Resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La Resolución se relacionaba con su solicitud de una determinación final sobre su referido a un proyecto de pre-reinserción a la libre comunidad. La división de remedios administrativos del DCR desestimó inicialmente su solicitud. La desestimación se fundamentó en que Ortiz Colón ya había presentado una solicitud previa sobre el mismo asunto, conforme a las reglas internas del DCR. Ortiz Colón solicitó reconsideración, argumentando que la respuesta no abordó su petición de una resolución final sobre el referido al proyecto. La coordinadora regional del DCR acogió la reconsideración pero confirmó la desestimación inicial, aplicando la regla sobre solicitudes repetidas. Ortiz Colón apeló esta decisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el caso procedente del DCR. Mediante Sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó el pronunciamiento impugnado por el recurrente.

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Se revisa judicialmente la resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra que denegó el privilegio de libertad bajo palabra a Melvin Alvarado Cruz. La Junta fundamentó su decisión en las recomendaciones de un informe psicológico. Dicho informe, basado en pruebas como el MMPI-2, identificó indicadores de posibles dificultades de personalidad y psicopatología. La psicóloga recomendó intervenciones con un profesional de la conducta humana y una evaluación psiquiátrica. Aunque el recurrente cumplía otros requisitos para la libertad bajo palabra, como tener plan de salida y oferta de empleo, la Junta consideró necesario que atendiera las recomendaciones psicológicas. El oficial examinador concluyó que el recurrente no cualificaba hasta cumplir con dichas recomendaciones para asegurar una reintegración exitosa y la seguridad pública. El Tribunal de Apelaciones confirma la determinación administrativa de la Junta.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de cobro de dinero entre Gierbolini Services, LLC. y Jacob Eli Goodson. El señor Goodson apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar a Gierbolini la suma de \$5,186.50, más intereses y \$2,500 por honorarios y costas. La demanda original de Gierbolini reclamaba el pago restante por trabajos de mejoras y reparaciones en una propiedad de Goodson, según un contrato. Goodson se negó a pagar la segunda mitad, alegando que Gierbolini no completó la obra dentro del plazo de noventa días pactado. Gierbolini sostuvo que la obra se completó a tiempo y presentó la demanda tras la negativa de pago. El Tribunal de Primera Instancia, tras convertir el caso a procedimiento ordinario y celebrar juicio, falló a favor de Gierbolini. El señor Goodson apeló dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirma la Sentencia apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Emmett W. Caldwell solicitando la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Dicha sentencia, emitida el 27 de noviembre de 2024, desestimó la demanda por daños incoada por Caldwell contra la Autoridad Metropolitana de Autobuses y otros. La desestimación en primera instancia se fundamentó en el incumplimiento del demandante con órdenes del tribunal relativas a la acreditación bajo juramento del cumplimiento con las Reglas 9.4 y 4.3 de Procedimiento Civil sobre emplazamientos y certificación. Caldwell apeló esta decisión buscando su revocación. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, determina desestimar la apelación. La desestimación por parte del Tribunal de Apelaciones se basa en la falta de jurisdicción para atender el recurso presentado. La decisión del Tribunal de Apelaciones fue emitida el 21 de febrero de 2025.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por Olga Hernández Padilla. La apelación busca la revisión de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. El caso original es una demanda por violación de derechos civiles y daños contra el Municipio de Naranjito y el Comisionado de la Policía, Ángel Rodríguez Medina. La demanda alegaba interferencia con prácticas religiosas de la apelante y favoritismo hacia otra iglesia por parte de la policía municipal. Se incluyeron alegaciones específicas contra el Comisionado Rodríguez Medina en su carácter personal y oficial. Rodríguez Medina solicitó la desestimación de las reclamaciones en su carácter personal, invocando la doctrina de inmunidad condicionada. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la causa de acción contra él personalmente, al concluir que las alegaciones eran en su carácter oficial. Hernández Padilla apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente y el derecho aplicable. El Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

Sentencia de un panel judicial que resuelve un recurso de apelación presentado por la Sra. Zoraida Méndez Roldán. La apelante impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Caguas que desestimó sus reclamaciones contra el Municipio de Gurabo y Optima Seguros. La demanda original buscaba compensación por daños sufridos en una caída en una acera alegadamente en mal estado en Gurabo. El Municipio y Optima solicitaron sentencia sumaria parcial, argumentando que la acera era jurisdicción del DTOP, no del Municipio, aportando una certificación. La apelante se opuso, alegando la existencia de una controversia fáctica sobre la jurisdicción del lugar del incidente. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria parcial. Tras revisar el recurso, el panel judicial confirma la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de apelación relacionado con un caso sobre injunction, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Los apelantes, Arlene Vélez Ramos y otros, impugnaron dos dictámenes del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Específicamente, apelaron la sentencia que declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria del codemandado Agustín García Acevedo y la sentencia parcial que declaró Con Lugar la moción de sentencia sumaria de Diversified and Special Services, Inc. El caso original se basó en una demanda por el incumplimiento de contratos de compraventa de dos unidades de vivienda, cuya construcción no se completó a tiempo. Los demandantes originales (apelantes) alegaron que se les ofreció adquirir las unidades a un costo mayor tras vencer el contrato. García Acevedo obtuvo sentencia sumaria argumentando que los apelantes no contestaron requerimientos de admisión, admitiéndose así que actuó solo como representante corporativo sin responsabilidad personal. Tras evaluar los planteamientos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar ambos dictámenes apelados del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones revisa recursos de apelación y certiorari presentados por Arahiza Vázquez Colón y Pavía Caguas. Los recursos impugnan decisiones del Tribunal de Primera Instancia en un caso laboral. La señora Vázquez Colón demandó a Pavía Caguas alegando despido injustificado y discrimen por sexo, argumentando responsabilidad como patrono sucesor de HIMA San Pablo-Caguas. El foro primario desestimó la reclamación por despido injustificado pero permitió que la de discrimen continuara. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos. Mediante esta sentencia, el tribunal revoca la desestimación de la causa de acción por despido injustificado. Asimismo, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Pavía Caguas respecto a la reclamación por discrimen.

Resumen:

Este tribunal consolidó un recurso de apelación presentado por Arahiza Vázquez Colón y una petición de certiorari de Pavía Caguas. Ambos recursos impugnan dictámenes del Tribunal de Primera Instancia en un caso laboral. La señora Vázquez Colón demandó a Pavía Caguas por despido injustificado y discrimen por razón de sexo, alegando que era empleada de HIMA San Pablo-Caguas y fue despedida mientras estaba embarazada durante un proceso de quiebra, y que Pavía Caguas es patrono sucesor. El foro primario desestimó la causa de acción por despido injustificado bajo la doctrina de patrono sucesor. Sin embargo, el tribunal de instancia denegó una moción de sentencia sumaria de Pavía Caguas sobre la causa de acción de discrimen por sexo. La señora Vázquez Colón apeló la desestimación de su reclamo por despido injustificado. Pavía Caguas solicitó certiorari sobre la denegatoria de su moción de sentencia sumaria en cuanto al discrimen. Este tribunal revisó ambos recursos. Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia Parcial apelada que desestimó el reclamo por despido injustificado y se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Pavía Caguas.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, un miembro de la población correccional, Carlos L. Cáceres Pizarro, solicitó revisión judicial de una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente había presentado una solicitud de remedio administrativo reclamando la incorrecta o tardía entrega de sus medicamentos recetados. El Departamento respondió inicialmente indicando que los medicamentos habían sido procesados y despachados. Insatisfecho, el recurrente solicitó reconsideración, la cual fue atendida con una respuesta que ordenó una resolución del coordinador, confirmando la posición del Departamento. El recurrente impugnó esta respuesta administrativa mediante el recurso de revisión judicial. El Tribunal evaluó el expediente administrativo y las alegaciones de las partes. El Departamento sostuvo que los reclamos fueron atendidos y los medicamentos despachados conforme a la receta. Aplicando la norma de deferencia a las decisiones administrativas, el Tribunal concluyó que la argumentación del recurrente era insuficiente para revocar la determinación. Por consiguiente, el Tribunal resolvió confirmar la decisión recurrida del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión judicial presentado por José Ramón Torres Peña y Migdalia Marrero. La parte recurrente impugna una Resolución de la Junta de Planificación (JP) del 24 de octubre de 2024. Dicha Resolución determinó que los recurrentes infringieron normativas al construir parte de un jacuzzi en suelo ajeno sin los permisos correspondientes. La JP basó su determinación en una querella de la Administración Sabanera del Río y una investigación. La Resolución inicial de la JP fue una orden para mostrar causa, que se convertiría en final si no se respondía. Los recurrentes presentaron reconsideración y luego informaron a la JP que tramitaban permisos, obteniendo una prórroga. A pesar del proceso administrativo en curso, interpusieron el recurso de revisión judicial. El Tribunal de Apelaciones señala que la JP emitió posteriormente una Resolución de Archivo en el caso administrativo. El Tribunal concluye que un tema de índole jurisdiccional obliga a desestimar el recurso de revisión judicial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia el 20 de febrero de 2025 en el caso KLAN202500046. La apelación fue presentada por Alpha Demolitions, Inc. contra Piloto Corporation LLC, et als, derivada de un caso sobre incumplimiento de contrato en el Tribunal de Primera Instancia. La parte apelada presentó una moción solicitando la desestimación del recurso por transacción. Dicha moción fue acompañada de la estipulación transaccional suscrita por las partes ante el tribunal de origen. El Tribunal de Apelaciones declaró Con Lugar la moción de desestimación. Conforme a su reglamento, el tribunal desestimó el recurso de apelación instado. Finalmente, se ordenó el archivo del caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari presentado por Quick Food Services, Inc. La empresa busca revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios e interdicto instado por Pedro Enrique Pérez Vélez. El señor Pérez Vélez demandó a Quick Food alegando la existencia de barreras arquitectónicas en uno de sus establecimientos, en violación de la Ley ADA. Quick Food presentó una moción de desestimación, argumentando que el demandante carecía de legitimación activa por no haber alegado daños concretos. El señor Pérez Vélez se opuso, sosteniendo su legitimación como cliente y "tester", y el riesgo de daño futuro. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación, concluyendo que la intención de regresar a un establecimiento con barreras arquitectónicas es suficiente para la legitimación activa bajo la Ley ADA. En desacuerdo con esta determinación, Quick Food acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Quick Food.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una solicitud de certiorari presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Villas de Parkville II y Myrna Romero. Buscan revocar una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación. El caso subyacente es una acción civil incoada por Roberto Carroccia contra múltiples codemandados, incluyendo los peticionarios, el vendedor del apartamento, una corredora de bienes raíces y una compañía hipotecaria. Carroccia alega que los demandados le ocultaron fraudulentamente la existencia de graves problemas estructurales y de suelo en el condominio antes de que él comprara un apartamento en agosto de 2022. Estos problemas estaban documentados en un informe técnico conocido por los demandados desde marzo de 2022. Poco después de la compra, un derrumbe empeoró la situación, llevando al desalojo del edificio y revelando los problemas ocultados. Carroccia reclama daños por dolo, vicios de construcción, impericia y rescisión de contrato. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones resuelve expedir el auto de certiorari para revisar la decisión del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de revisión administrativa. La recurrente, Luz E. Rodríguez Rivera, impugna una resolución de la Comisión Industrial que denegó su reclamo de incapacidad total por factores socioeconómicos tras un accidente laboral. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado le había reconocido una incapacidad parcial del 22%, pero denegó la total por factores socioeconómicos. La Comisión Industrial confirmó la decisión de la CFSE y archivó el recurso de la recurrente ante la agencia. Aunque la Comisión acogió una moción de reconsideración posterior, no emitió una nueva determinación. La recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones señalando errores de la Comisión al no reconocer la incapacidad total y al no emitir determinaciones de hecho. El Tribunal, tras examinar el recurso, resuelve desestimarlo. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de revisión administrativa. El recurrente, Celso Romero Figueroa, impugna una resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra. La Junta se declaró sin jurisdicción para considerar su solicitud de libertad bajo palabra. Fundamentó su decisión en la Ley Núm. 85-2024, que excluye a personas convictas por delitos como violación y actos lascivos del beneficio de libertad bajo palabra. El recurrente fue sentenciado por estos delitos bajo el Código Penal de 1974. Argumenta que la aplicación retroactiva de la Ley 85-2024 viola principios constitucionales como la prohibición de leyes ex post facto y el debido proceso. El Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen de la Junta. La confirmación se basa en fundamentos distintos a los esgrimidos por la Junta.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en un caso de desahucio por falta de pago. Los apelantes, Víctor Villegas Morales, Janet Morales y KRAJO Beach Bar, LLC, recurrieron una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Dicha sentencia desestimó la reconvención instada por los apelantes contra Alfonso Acosta Clemente y G.A.D. LLC. La reconvención alegaba causas de acción sobre interferencia torticera e incumplimiento de contrato. El pleito principal, presentado por los apelados, busca el desalojo y cobro de cánones de arrendamiento de una propiedad ocupada por los apelantes. Historial previo incluye un contrato de arrendamiento con opción a compra entre Acosta Clemente y Villegas Morales, declarado incumplido y sin efecto en un pleito anterior. Posteriormente, Acosta Clemente vendió la propiedad a G.A.D. LLC. Intentos previos de desahucio sumario fueron desestimados por el Apelativo, requiriendo un pleito ordinario por posible conflicto de título, dando lugar a la demanda actual. El Tribunal de Apelaciones revisó la desestimación de la reconvención. Finalmente, el panel confirmó el dictamen apelado que desestimó la reconvención de los apelantes.

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Este documento es una sentencia judicial que revisa una apelación presentada por exempleados de Sam's Club contra Walmart Puerto Rico, Inc. Los apelantes impugnan una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por despido injustificado y discrimen por edad. Las reclamaciones se originaron tras el cierre total de la tienda Sam's Club en Carolina en 2017. Los exempleados alegaron que Walmart debió reubicarlos y que fueron discriminados por edad al ser reemplazados por personal más joven. Walmart argumentó que el cierre del establecimiento constituyó justa causa para los despidos y negó el discrimen. El Tribunal de Primera Instancia concedió una moción de sentencia sumaria a favor de Walmart, desestimando el caso con perjuicio. La corte de apelaciones considera ahora los argumentos de ambas partes para resolver la apelación sobre la corrección de dicha desestimación.

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Sentencia judicial que revisa la decisión del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) de revocar la licencia de armas de José M. Puigdollers Vega. El NPPR basó la revocación en dos convicciones del recurrente por violar la Ley de Sustancias Controladas. El señor Puigdollers Vega presentó un Recurso de Revisión Judicial tras ser rechazada su moción de reconsideración ante la agencia. Alega que la decisión del NPPR es ilegal, no especifica el fundamento legal exacto (inciso del Art. 2.09), y que los impedimentos no le aplican. Sostiene que solicitó una renovación de licencia, no una nueva expedición. Se celebró una vista administrativa donde el recurrente presentó evidencia, incluyendo una orden de eliminación de antecedentes penales. El NPPR solicitó ante el tribunal la devolución del caso para notificación, a lo que el recurrente replicó. El tribunal procede a evaluar el recurso de revisión presentado.