Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 208)

Resumen:

Resumen:

Se presenta una solicitud de auto de certiorari para revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución determinó que la Sra. Catalina Pons Frontera carecía de capacidad mental desde el año 2006 para consentir válidamente en transacciones de negocios sobre sus bienes. La determinación del TPI surgió de una demanda presentada por los recurridos, hijos de la Sra. Pons Frontera, solicitando la partición de bienes y la nulidad de la inclusión de la peticionaria como codueña en cuentas. El TPI celebró una vista evidenciaria donde los recurridos presentaron prueba pericial y testifical, mientras que la peticionaria no presentó prueba. Basado en la prueba desfilada, el TPI concluyó la falta de capacidad mental de la Sra. Pons Frontera desde 2006. La peticionaria presentó una moción de relevo de resolución bajo la Regla 49.2, argumentando falta de jurisdicción y otras cuestiones, la cual fue declarada no ha lugar. Una reconsideración de esta denegatoria también fue declarada no ha lugar por el TPI. Inconforme, la peticionaria acude a este foro solicitando la revocación de la Resolución inicial del TPI. El panel, compuesto por los Jueces Figueroa Cabán, Flores García y Salgado Schwarz, deniega la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Ramón Morales Sáez, confinado cumpliendo una extensa sentencia por delitos violentos, impugnó la determinación del Comité de Clasificación y Tratamiento de la Administración de Corrección que ratificó su nivel de custodia máxima. Aunque una evaluación rutinaria arrojó una puntuación que sugería custodia mediana, el Comité mantuvo la clasificación más alta. El Comité fundamentó su decisión en factores discrecionales como el historial de violencia excesiva del confinado, su afiliación a gangas y la desobediencia a las normas institucionales. Se citaron sus crímenes originales, incluyendo asesinato y tentativa de asesinato, así como una sentencia federal reciente por violaciones a la Ley RICO relacionadas con el trasiego de drogas en instituciones correccionales. Esta sentencia federal resultó en un detainer federal y evidenció su participación en una agrupación carcelaria. El Comité concluyó que el confinado aún no posee los controles ni las destrezas necesarias para un nivel de custodia menor. Consideraron que necesita continuar observando sus ajustes en una institución de máximas restricciones para beneficiarse del tratamiento de modificación de conducta. El señor Morales Sáez presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra esta determinación. Este documento constituye la sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo dicha controversia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso KLCE20200229, un recurso de certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, Asuntos de Menores. El peticionario, el menor K.R.A., representado por la Sociedad para Asistencia Legal, impugna una Resolución del foro primario que denegó su solicitud de desestimación. Dicha solicitud se basaba en la alegación de que se le había infringido su derecho constitucional a un juicio rápido. El peticionario reproduce ante el Tribunal de Apelaciones sus argumentos para que se revoque la decisión del tribunal inferior y se desestime la querella. Tras considerar los planteamientos del peticionario y la oposición de la Oficina del Procurador General, el Panel III del Tribunal de Apelaciones decidió no expedir el auto de certiorari solicitado. En consecuencia, se deniega la expedición del recurso y la solicitud posterior de auxilio jurisdiccional.

Resumen:

Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en un pleito sobre persecución maliciosa, difamación y daños. La parte peticionaria impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para emplazar mediante edictos a la codemandada Corporación X. La demanda se presentó en septiembre de 2019, con un plazo de 120 días para emplazar que expiró en enero de 2020. La solicitud para emplazar por edictos se presentó dentro del término. Sin embargo, la declaración jurada detallando las gestiones para localizar a la Corporación X, necesaria para el emplazamiento por edictos, se presentó después de vencido el plazo de 120 días. El foro primario denegó la solicitud por este motivo. La parte peticionaria argumentó que su solicitud inicial fue oportuna. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, decidió abstenerse de ejercer su jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso instado por titulares de viviendas en el proyecto Veredas del Mar. Los apelantes impugnan la Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra la desarrolladora C \& C Management Holding Corp. La demanda original solicitaba un injunction preliminar, reclamaba incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, alegando que la desarrolladora no construyó instalaciones recreativas prometidas y cambió el concepto del proyecto. El foro primario declaró sin lugar tanto la demanda de los titulares como la reconvención de la desarrolladora. La presente apelación se limita a revisar la desestimación de la demanda de los propietarios. Tras evaluar el recurso y los autos, el Tribunal de Apelaciones confirma la parte de la sentencia de Primera Instancia que declaró sin lugar la demanda de los apelantes. La decisión valida la determinación del foro primario respecto a las reclamaciones de los propietarios sobre incumplimiento de contrato y daños.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por el Director Administrativo de los Tribunales. El recurso busca revocar una Resolución de la Junta de Personal de la Rama Judicial que denegó una solicitud de desestimación. La solicitud de desestimación fue presentada por el Director Administrativo en respuesta a una querella de Sonia Ríos Muñiz. La señora Ríos alegó que la denegatoria de una dispensa para trabajar como corredora de bienes raíces constituía represalia por una querella previa de discrimen. El Director Administrativo argumentó que la querella era tardía e improcedente, y que la denegatoria se basó en conflicto de intereses. La Junta de Personal determinó que las alegaciones de Ríos justificaban la continuación de los procedimientos. El Director Administrativo apeló, señalando errores de jurisdicción de la Junta sobre decisiones discrecionales y alegaciones tardías. La señora Ríos se opuso al recurso, defendiendo la continuación del proceso administrativo. El Tribunal de Apelaciones revisará la decisión de la Junta de Personal a la luz de estos planteamientos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda por incumplimiento de contrato y daños. La sentencia apelada ordenó a Ediciones Puerto pagar $\$ 30,000.00$ por angustias mentales. Ediciones Puerto presentó una moción de reconsideración ante el TPI. El TPI denegó la solicitud de reconsideración por entender que fue presentada tardíamente. El Tribunal de Apelaciones examinó la Regla 47 de Procedimiento Civil sobre los términos para solicitar reconsideración. Consideró la fecha de notificación de la sentencia y una resolución del Tribunal Supremo que declaró feriado el 31 de diciembre de 2019 por la tarde. Determinó que el TPI erró al concluir que la moción de reconsideración fue extemporánea. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la resolución del TPI que denegó la reconsideración. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia. El TPI deberá resolver la solicitud de reconsideración presentada por Ediciones Puerto.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones desestima por falta de jurisdicción un recurso de certiorari presentado por Branda Cruz Díaz en un caso de custodia y pensión alimentaria. La Peticionaria solicitaba la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que dejó sin efecto la designación de un comisionado especial para la fijación de pensión. La Orden apelada fue notificada el 18 de diciembre de 2019. La Peticionaria presentó una moción de reconsideración el 15 de enero de 2020, fuera del término de 15 días, lo que impidió que interrumpiera el plazo para el certiorari. El término para presentar el recurso de certiorari venció el 17 de enero de 2020. Sin embargo, el recurso fue radicado el 12 de marzo de 2020, significativamente después del vencimiento. Para aceptar un recurso tardío, la parte debe acreditar y sustentar la existencia de justa causa para la dilación. La Peticionaria no expuso ni justificó la causa de la tardanza. Por consiguiente, el Tribunal carece de discreción para aceptar el recurso y procede a su desestimación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó un recurso instado por Edgardo Márquez Lizardi contra resoluciones del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). El recurrente solicitaba la revocación de dos resoluciones del DACO que desestimaron y archivaron sus querellas. Al revisar el dictamen, el Tribunal advirtió que las resoluciones no fueron notificadas conforme a derecho. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme exige que las resoluciones finales sean notificadas por correo ordinario y certificado. El DACO solo realizó la notificación por correo ordinario, lo cual constituye una gestión procesal insuficiente. Esta falta de notificación adecuada implica que las resoluciones no son ejecutables y los términos para los procedimientos postsentencia no han comenzado a decursar. Por consiguiente, el recurso de revisión judicial instado por el recurrente se considera prematuro. El Tribunal se ve precisado a desestimar el recurso por falta de jurisdicción. La jurisdicción solo existirá una vez que el DACO notifique nuevamente las resoluciones por medio de correo ordinario y correo certificado.

Resumen:

Comparece Plaza Carolina Mall, L.P. apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró con lugar una demanda por despido injustificado. El demandante, Ángel Cordero de Jesús, alegó haber sido despedido injustificadamente en abril de 2017, tras laborar desde diciembre de 2013, reclamando la mesada de ley y honorarios de abogado. Plaza Carolina sostuvo que el despido fue por justa causa debido al uso no autorizado de una tarjeta de crédito corporativa. El proceso ante el TPI incluyó controversias sobre el descubrimiento de prueba, con órdenes judiciales dirigidas a la apelante. El panel revisó los fundamentos de la apelación presentada por Plaza Carolina. Se decidió modificar la Sentencia del TPI en cuanto al monto de la mesada y los honorarios de abogado conforme a la Ley 402. Así modificada, la Sentencia del TPI se confirma en todo lo demás.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari en un caso de impugnación de confiscación de vehículo. El Gobierno de Puerto Rico, como parte peticionaria, solicitó revocar la determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. Dicha moción se basaba en un alegado emplazamiento defectuoso, argumentando que se entregó la notificación a la Secretaria de Justicia sin acompañar copia de la demanda. El Gobierno sostuvo que esta omisión, contraria a la ley y reglas de procedimiento, conllevaba la falta de jurisdicción del tribunal. La parte demandante recurrida, Raúl González Díaz, se opuso, explicando que la omisión fue una inadvertencia y que envió la demanda electrónicamente el mismo día. Argumentó que el sistema SUMAC también notificó y que la entrega simultánea no es un requisito jurisdiccional, sino que el propósito es dar aviso, lo cual se logró. El recurrido también criticó que el Gobierno no advirtiera del supuesto defecto a tiempo. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los argumentos, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el Gobierno. Esta decisión valida la determinación del Tribunal de Primera Instancia de continuar con el pleito de impugnación de confiscación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impericia médica. El peticionario, Adalberto Montalvo, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia sobre los honorarios de su perito para una deposición. El foro primario redujo la tarifa horaria del perito, Dr. David M. Cline, de \$500 a \$300, más un per diem. Montalvo alegó que esta reducción le causa grave perjuicio y viola su derecho a un debido proceso. Argumentó que los demandados no cumplieron con los requisitos legales para solicitar la modificación de honorarios. Específicamente, no demostraron falta de recursos económicos ni la irracionabilidad de la tarifa original. El Tribunal de Apelaciones determinó expedir el auto de certiorari. Concluyó que, por los fundamentos que expondrá, procede revocar el dictamen impugnado del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso de apelación. La parte peticionaria, Betzy Olivieri Padilla y Deyaneira Domínguez Olivieri, solicita la revocación de una sentencia en rebeldía emitida en su contra. El dictamen recurrido del foro de primera instancia les ordenó cumplir con un contrato de opción de compra y vender una propiedad de su titularidad a la parte recurrida, José Alberto Domínguez Morales. La parte recurrida demandó el cumplimiento específico del contrato, alegando haber adquirido los derechos de opción de terceros mediante cesión. La sentencia en rebeldía fue dictada debido a que las peticionarias no presentaron alegaciones responsivas a la demanda dentro del término legal tras ser emplazadas. El foro primario anotó la rebeldía y posteriormente emitió la sentencia ordenando la venta. La propiedad objeto del litigio es una finca rústica en Ciales, gravada con hipoteca. El contrato de opción original se otorgó por \$80,000, incluyendo el pago de la deuda hipotecaria, con un término de un año desde agosto de 2016. El Tribunal de Apelaciones revisa la procedencia de este recurso contra la sentencia en rebeldía.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa un recurso de apelación. La apelación fue presentada por la Sucesión García contra Triple S Management Corp. Se impugna una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato y daños. La demanda original alegaba que Triple S redimió unilateralmente 21 acciones que pertenecieron al doctor Oscar García Ramírez. La Sucesión García reclamaba ser reconocida como dueña de las acciones y el pago de dividendos y daños. Triple S argumentó que los estatutos corporativos restringían la transferencia de acciones a herederos no médicos. Sostuvo que redimió válidamente las acciones en 2003 por su valor original de \$850.00. Triple S solicitó sentencia sumaria, alegando la ausencia de controversias de hechos materiales y la legalidad de la redención. El foro primario concedió la sentencia sumaria, lo que motivó este recurso ante el Tribunal de Apelaciones. El documento detalla los hechos y argumentos presentados en la moción de sentencia sumaria y la oposición.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN20200225. La apelante, Ángela López Borrero, recurre de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios contra el Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico. El foro primario había declarado ha lugar una moción de sentencia sumaria, aplicando la doctrina de cosa juzgada y/o impedimento colateral, y concluyendo que la causa de acción estaba prescrita. La apelante presentó una moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia. Sin esperar la resolución de dicha moción, la apelante instó el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Posteriormente, el foro primario denegó la moción de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones determinó que la presentación del recurso de apelación mientras la moción de reconsideración estaba pendiente en el foro primario constituyó una presentación prematura. Conforme a la jurisprudencia y el reglamento, un recurso prematuro priva al tribunal apelativo de jurisdicción. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones carece de autoridad para intervenir en el recurso. Se desestima la apelación por falta de jurisdicción debido a su prematuridad.

Resumen:

Comparece Inmobiliaria Río Lajas, Inc. en apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. Dicha demanda solicitaba una sentencia declaratoria y el resarcimiento de daños y perjuicios contra Triangle REO P.R. Corp. La controversia gira en torno al alegado ejercicio del derecho de retracto de crédito litigioso por parte de Inmobiliaria sobre un préstamo adquirido por Triangle. Este préstamo fue previamente objeto de un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca donde se dictó sentencia final y firme a favor del predecesor de Triangle. Inmobiliaria alegó que Triangle no informó correctamente los detalles de la adquisición del crédito y le impidió ejercer el retracto. Triangle, por su parte, argumentó que la demanda constituía un intento de impugnar colateralmente la sentencia previa. Sostuvo que Inmobiliaria perdió el derecho al retracto al no pagar el precio informado dentro del término legal y que la reclamación de daños estaba prescrita. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de desestimación de Triangle. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la corrección de esa determinación.

Resumen:

Este dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de apelación contra una sentencia en rebeldía. La apelante, María Socorro Robles Adorno, solicita la revocación de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia le ordena el pago de una deuda o, en su defecto, la ejecución de una garantía hipotecaria a favor de Banco Popular de PR y Sun West Mortgage Company, Inc. La demanda original reclamaba el cobro de dinero y ejecución de hipoteca por alegado incumplimiento en el pago del seguro de la propiedad. La sentencia en rebeldía fue dictada tras la alegada incomparecencia de la apelante para contestar la demanda. La apelante argumenta que sí presentó su contestación electrónicamente dentro del término. Sin embargo, alega que el escrito fue erróneamente radicado bajo un número de caso distinto en el sistema electrónico SUMAC. El foro primario denegó su solicitud para dejar sin efecto la sentencia en rebeldía. El Tribunal de Apelaciones revisa la procedencia de la sentencia en rebeldía ante la alegación de error en la radicación electrónica.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari discrecional. La peticionaria, Thais Ayala Durán, impugnó una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de modificación de sentencia. La peticionaria argumentó haber cumplido gran parte de su condena, logrado ajuste institucional y merecer una segunda oportunidad. El foro primario denegó la solicitud escuetamente con "Nada que proveer". Ante el Tribunal de Apelaciones, la peticionaria alegó que el foro primario no evaluó su pedido correctamente y reiteró sus argumentos. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones concluyó no expedir el auto de certiorari solicitado. Determinaron que el foro primario no actuó de forma arbitraria, caprichosa, abusó de su discreción o cometió error de derecho. Tampoco identificaron fundamentos jurídicos para ejercer su facultad revisora en este tipo de recurso. Por tanto, se denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación criminal. El apelante, Carlos Martínez Cruz, impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. En el foro primario, fue declarado culpable de varios delitos bajo el Código Penal, la Ley de Armas y la Ley Contra el Acecho, recibiendo una pena de reclusión de cuatro años, seis meses y tres días. La apelación se fundamenta principalmente en supuestos errores en la apreciación de la prueba por parte del tribunal de primera instancia. La sentencia detalla el proceso apelativo, incluyendo la estipulación y presentación de la transcripción de la prueba oral y la elevación de los autos originales. Ambas partes, el apelante y el Ministerio Público (El Pueblo de Puerto Rico), presentaron sus respectivos alegatos. Habiendo completado el trámite procesal, el Tribunal de Apelaciones procede a resolver el recurso. La sentencia inicia la exposición de los hechos relevantes del caso, comenzando con un incidente ocurrido el 8 de enero de 2018.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una petición de certiorari presentada por el Sr. Ricardo Cestero Rosario. El peticionario busca la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de archivo de una orden de protección. Dicha orden fue emitida a favor de la Sra. Rochelle M. Molina Martínez bajo la Ley Núm. 54-1989, tras alegaciones de conducta agresiva y amenazas. La orden inicial también dispuso la entrega del arma de fuego del Sr. Cestero Rosario. Posteriormente, la Sra. Molina Martínez solicitó el archivo de la orden, indicando que ya no sentía peligro, pero el foro primario denegó su petición. El Sr. Cestero Rosario recurrió, imputando errores al TPI por supuesta violación al debido proceso al emitir la orden y al denegar el archivo sin vista. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los autos, deniega la expedición del recurso de certiorari. Se reitera la jurisdicción apelativa para revisar discrecionalmente las resoluciones del TPI, incluyendo órdenes de protección.

Resumen:

Se presenta un recurso de apelación contra una sentencia sumaria que desestimó una demanda. Los apelantes demandaron a la Autoridad Para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) tras sufrir daños por huracán en su propiedad hipotecada con dicha entidad. La controversia principal gira en torno a la póliza de seguro requerida por la escritura de hipoteca. Los apelantes alegan que la AFV, encargada de tramitar el seguro, adquirió una póliza incompleta que solo cubría la estructura y no el inmueble en su totalidad, incumpliendo el contrato hipotecario. La AFV sostiene haber cumplido al adquirir una póliza "ampliada" conforme a la escritura. El foro de primera instancia determinó que los apelantes no gestionaron la póliza, por lo que la AFV adquirió una cubierta para la vivienda y estructuras anexas, pero no para el terreno, incluyendo peligros como huracanes. La sentencia sumaria apelada favoreció a la AFV, desestimando la reclamación de los apelantes. Los apelantes solicitan la revocación de dicho dictamen.

Resumen:

Este es un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Data @ccess Communications, Inc. impugna la adjudicación de la Subasta Formal Núm. 19-039-OGP por parte de la Administración de Servicios Generales (ASG). La ASG adjudicó la buena pro a WorldNet Telecommunications, Inc. y Puerto Rico Telephone Company, Inc. h/n/c Claro. La propuesta de Data @ccess fue rechazada por varias razones, incluyendo deficiencias en la fianza de licitación y falta de información requerida. Data @ccess solicitó una revisión ante la Junta Revisora de Subastas de la ASG, la cual confirmó la decisión original. Posteriormente, Data @ccess instó un recurso de revisión judicial anterior (KLRA2019-00734) que fue desestimado por falta de jurisdicción. En esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones DESESTIMA el presente recurso (KLRA202000094) también por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso de certiorari presentado por Iván O. Rodríguez Rentas. El peticionario impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de excarcelación bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Rodríguez Rentas fue hallado culpable en 2016 por infracciones a los Arts. 127(B) y 177 del Código Penal de 2012 y sentenciado a penas concurrentes. Su argumento principal es que la convicción bajo el Art. 127(B) fue ilegal, alegando que dicho artículo no estaba vigente o fue derogado, lo que implicaría falta de jurisdicción del TPI. El TPI declaró No Ha Lugar su moción de excarcelación en diciembre de 2019. El peticionario acude al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari, reiterando su argumento sobre la ilegalidad de la convicción. El Pueblo de Puerto Rico sostiene que la sentencia es legal y que el Art. 127(B) sí estaba vigente al momento de la sentencia. El Tribunal de Apelaciones considera el certiorari como un recurso extraordinario y discrecional. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones DENIEGA la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un caso de tutela. El pleito involucra a los hermanos Roberto y Rafael Rodríguez Parrilla, quienes disputan la declaración de incapacidad y el nombramiento de tutor para su madre, María Jesús Parrilla Sánchez. Roberto inició el proceso en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) solicitando ser nombrado tutor. Rafael intervino oponiéndose a Roberto y proponiéndose a sí mismo, alegando problemas pasados de su hermano y manejo de bienes. El TPI declaró incapaz a la madre, determinó que Rafael no era idóneo y nombró a una tercera persona como tutora. Rafael apeló la sentencia del TPI que declaró la incapacidad y nombró a la tutora, y solicitó revisión de la resolución que lo declaró no idóneo. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos presentados por Rafael para su consideración conjunta. La sentencia detalla el historial procesal y las alegaciones contrapuestas de los hermanos sobre la capacidad de su madre y la administración de sus bienes. El tribunal procede a resolver los casos consolidados tras evaluar los autos y las comparecencias de las partes.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende dos recursos consolidados presentados por Rafael Luis Rodríguez Parrilla. Los recursos buscan la revisión de decisiones del Tribunal de Primera Instancia relativas a la declaración de incapacidad y nombramiento de tutor de la señora María Jesús Parrilla Sánchez. El caso se inició con una petición de su hijo Roberto Rodríguez Parrilla para ser nombrado tutor de su madre, alegando su deterioro y su rol de cuidador. El otro hijo, Rafael Luis Rodríguez Parrilla, intervino oponiéndose al nombramiento de Roberto y postulándose él mismo como tutor. El Tribunal de Primera Instancia declaró la incapacidad de la señora Parrilla Sánchez, determinó que Rafael no era idóneo para la tutela y finalmente nombró a una tercera persona, Lcda. Milagros Rivera Guadarrama. Rafael apeló estas determinaciones. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos y re-designó uno como apelación. La Sentencia detalla los hechos del pleito, incluyendo las alegaciones contrapuestas de los hermanos sobre la idoneidad para la tutela y disputas familiares, antes de proceder a resolver los casos consolidados.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de Julito Vázquez González. El peticionario fue convicto en 2010 por tentativa de asesinato y delitos de armas, con una sentencia de 40 años. Argumenta que sus penas son ilegales y excesivas, y deben ajustarse a la Ley 246-2014. Sostiene que procede la aplicación retroactiva del principio de favorabilidad, que permite aplicar la ley penal más benigna. La moción original ante el TPI, presentada al amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, fue declarada No Ha Lugar. El recurso de certiorari busca la revocación de esa decisión. El documento discute la norma general de aplicar la ley vigente al momento del delito y la excepción del principio de favorabilidad según el Código Penal de 2012. Se menciona que este principio no es absoluto y puede ser limitado por el legislador. El texto proporcionado no incluye la decisión final del Tribunal de Apelaciones sobre el recurso.

Resumen:

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los apelantes, Luis Eugenio Diou Agrait y otros, solicitan la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha orden denegó su petición para anular una sentencia de 2007, detener la ejecución hipotecaria y anular la subasta y el lanzamiento. La orden recurrida también autorizó el mandamiento de lanzamiento solicitado por Scotiabank. El recurso de apelación se considera un certiorari. El caso arrastra un largo historial procesal, marcado por múltiples peticiones de quiebra de los apelantes y recursos previos desestimados. Los apelantes habían intentado sin éxito anular procedimientos anteriores, incluyendo alegaciones de falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de certiorari. Esta decisión valida la orden del foro primario que rechazó las pretensiones de los apelantes y permitió el lanzamiento.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelación fue presentada por Nivea Rolón Rodríguez y otros contra la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda original, incoada en 2009, reclamaba negligencia médica contra el Dr. Felipe Sánchez Gaetán y otros. Los hechos se relacionan con una cirugía de remoción de vesícula realizada en 2007 a Nivea Rolón. Se alegó que durante el procedimiento se laceró el ducto hepático común, requiriendo una cirugía abierta no consentida. La reclamación por daños ascendía a \$1,000,000 para la paciente y sumas menores para sus familiares. Al momento del juicio en 2018, solo persistía la causa contra el Dr. Sánchez Gaetán y su aseguradora SIMED. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda tras el juicio. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada, manteniendo la desestimación del caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari presentado por Carlos Bartolomé Esteva Rozas contra Kendys Pimentel Soto. El recurso proviene de un caso de divorcio tramitado en el Tribunal de Primera Instancia. El peticionario solicitó la intervención del foro apelativo para revisar una determinación del tribunal primario. El Tribunal de Apelaciones evaluó la petición de certiorari y la oposición presentada por la parte recurrida. Aplicando el estándar de revisión que limita la intervención en la discreción del foro primario, salvo error manifiesto o abuso, el Tribunal concluyó que el peticionario no logró demostrar la comisión de error alguno. Por consiguiente, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre el recurso presentado por Ivelisse Irizarry Hernández. Ella apeló la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. El foro primario la declaró culpable de agresión grave (Art. 109 C.P.) y portación y uso de armas blancas (Art. 5.05 L.A.). Los cargos se originaron por hechos ocurridos en abril de 2018, donde se le imputó causar grave daño corporal a otra persona con una navaja. Tras un juicio por tribunal de derecho, el Tribunal de Primera Instancia la sentenció a 6 años de reclusión por el delito de armas y 8 años de probatoria por la agresión, a cumplirse consecutivamente. En su apelación, la Sra. Irizarry señaló varios errores, incluyendo el descarte de la legítima defensa y la determinación sobre el arma utilizada. También cuestionó la exclusión de prueba sobre actos previos y posteriores de la víctima. Luego de considerar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones emitió su decisión. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia apelativa del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Jerry Quiñones Domenech. El apelante solicita la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo condenó a ocho años de reclusión. Fue hallado culpable de violar los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas. Los hechos ocurrieron el 28 de septiembre de 2017, cuando supuestamente apuntó un arma de fuego sin licencia a Felicita Madera Rodríguez en Loiza. Durante el juicio, el Ministerio Público presentó prueba testifical, mientras que la defensa no presentó ninguna. El apelante alega insuficiencia de prueba, duda razonable o, en la alternativa, que actuó en legítima defensa de su pareja. El Procurador General ha solicitado la confirmación de la sentencia impuesta. El panel apelativo ha revisado el expediente y está listo para adjudicar el recurso. El documento también cita las disposiciones legales pertinentes de la Ley de Armas sobre la posesión y el uso de armas de fuego sin licencia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por Universal Insurance Company contra José Antonio Batiz Meléndez. La apelación impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda de Batiz Meléndez por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. El foro primario condenó a la aseguradora a pagar $384,900 más intereses y costas. Batiz Meléndez demandó a UNICO tras denegarle cubierta por el colapso de su propiedad debido a un desprendimiento de terreno, alegando que la póliza Unipak estaba vigente y cubría la pérdida. UNICO se defendió argumentando exclusiones por negligencia, lluvia, construcciones y problemas geológicos, y la doctrina de fuente colateral. El caso presentó hechos controvertidos sobre la causa de la pérdida y la aplicabilidad de la cubierta y exclusiones. El Tribunal de Apelaciones decidió modificar la sentencia apelada y, así modificada, confirmarla.

Resumen:

Resumen:

La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) apela dos sentencias parciales del Tribunal de Primera Instancia que desestimaron su demanda de intervención. El caso principal se originó por un accidente de trabajo fatal ocurrido en 2016, donde los dependientes del obrero fallecido demandaron a terceros alegadamente responsables. Mientras la reclamación de beneficios ante la CFSE estaba pendiente, los dependientes presentaron demandas judiciales. La CFSE solicitó intervenir en estos pleitos y pidió su paralización, argumentando que su decisión administrativa aún no se había emitido. El foro primario aceptó la intervención pero no paralizó los casos. Posteriormente, tras consolidarse los casos y emitirse la decisión final de la CFSE, los demandados solicitaron la desestimación de la intervención. Alegaron que la demanda de intervención de la CFSE fue prematura al presentarse antes de su determinación administrativa final. El Tribunal de Primera Instancia concedió la desestimación, lo que llevó a la CFSE a presentar este recurso de apelación.

Resumen:

Se presenta una sentencia de un panel judicial en el caso KLCE202000102. El peticionario, Kevin J. Nieves Cabán, solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Aguadilla. Dicha resolución declaró al Sr. Osvaldo Ruiz Rodríguez, testigo clave, como no disponible. Esto permitió al Ministerio Público utilizar su testimonio previo de la vista preliminar en el juicio contra Nieves por delitos graves de 2014. El Sr. Ruiz Rodríguez fue el único testigo ocular en los hechos. El Ministerio Público había intentado previamente, sin éxito, declarar al testigo no disponible. En un segundo intento, el Ministerio Público argumentó indisponibilidad por salud y diligencia en la citación, presentando prueba sobre la entrega de una citación en Nueva York. Tras revisar los fundamentos, el panel judicial decide expedir el auto de certiorari. Finalmente, se revoca la Resolución recurrida emitida por el TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de un auto de certiorari solicitado por Albert Arocho Arocho. El peticionario recurre de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla en un caso de expediente de dominio. Dicha Orden declaró no ha lugar una moción del peticionario sobre requerimientos para edictos y citaciones. El TPI había ordenado al peticionario presentar proyectos de edicto y citaciones conforme a modelos específicos para poder señalar la vista. El señor Arocho alegó que los modelos eran improcedentes, contrarios a la Ley Hipotecaria, encarecían el proceso y requerían citar a personas no exigidas por ley. Argumentó que el TPI erró al condicionar el señalamiento de la vista a cumplir con estos requerimientos. Tras revisar el escrito y el expediente, el Tribunal de Apelaciones determina denegar la solicitud de certiorari.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico la parte apelante, Jorge Ónix Feliciano Monroig y Madeline Salva Malaret. Solicitan la revocación de una sentencia sumaria que desestimó su demanda contra Banco Popular de Puerto Rico. La demanda original alegaba que el banco incurrió en "dual tracking" y violaciones a la ley hipotecaria local. Los apelantes afirmaron haber solicitado mitigación de pérdidas en octubre de 2016 debido a atrasos en su hipoteca. Según su demanda, el banco nunca respondió a la solicitud antes de presentar una demanda de ejecución hipotecaria en noviembre de 2016. También alegaron que el banco no aceptó pagos parciales ni ofreció alternativas conforme a la Ley Núm. 169-2016. Banco Popular argumentó que la solicitud de mitigación estaba incompleta y que la ejecución procedió según la normativa federal. El tribunal de primera instancia concedió la sentencia sumaria a favor del banco, desestimando el caso. La presente sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa la procedencia de este recurso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El apelante, Juan E. Amador Colón, impugnó una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. Dicha sentencia desestimó con perjuicio la demanda que el señor Amador presentó contra la abogada Norma I. Concepción Peña. El apelante alegó que la abogada incurrió en difamación, interferencia torticera y conducta antiética al representar a un codemandado en un pleito anterior. La abogada solicitó la desestimación, argumentando que sus expresiones estaban protegidas por inmunidad al haber sido realizadas en el contexto de un procedimiento judicial en representación de su cliente. El foro primario acogió la moción, resolviendo que las expresiones de los abogados en litigios gozan de inmunidad y que las alegaciones éticas corresponden al Tribunal Supremo. El señor Amador apeló, señalando errores del tribunal al desestimar sin evaluar sus alegaciones específicas de conducta indebida y fraude. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y los autos. Finalmente, el panel confirmó la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por Jesús Manuel Rodríguez Colón y Amelia Reyes Viruet contra Oscar Torres Rivera. La apelación impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda de sentencia declaratoria, acción reivindicatoria y nulidad de escritura a favor del apelado. El foro primario también ordenó la segregación de una finca, denegó una reconvención y encontró temeridad en la conducta de los apelantes, imponiendo costas y honorarios. Tras la Sentencia inicial, los apelantes presentaron una moción de reconsideración que fue denegada. Posteriormente, interpusieron el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. La parte apelada presentó una moción para desestimar el recurso por falta de jurisdicción, alegando que los apelantes no notificaron la moción de reconsideración dentro del término de 15 días que exige la Regla 47 de Procedimiento Civil. Los apelantes se opusieron a la desestimación, argumentando que sí notificaron y que la alegada falta no constituye un defecto jurisdiccional. El documento detalla la controversia procesal centrada en la notificación de la moción de reconsideración y su impacto en la jurisdicción del tribunal apelativo.

Resumen:

Resumen:

Se trata de una sentencia de un panel apelativo que revisa una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. El caso enfrenta a Automax HV Inc. y al Sr. José Homar Vicentí (apelantes) contra la Sra. Rebeca Pérez Troche (apelada). La apelada presentó una querella alegando despido injustificado, hostigamiento sexual y discrimen por razón de sexo tras culminar una relación con su supervisor, el Sr. Vicentí. Sostuvo que el hostigamiento la indujo a renunciar, configurando un despido constructivo. Los apelantes negaron las alegaciones, aduciendo que la apelada hostigó al Sr. Vicentí y renunció voluntariamente. El TPI concedió la moción de sentencia sumaria de la Sra. Pérez, determinando que hubo despido constructivo por hostigamiento sexual. Los apelantes recurrieron la decisión, alegando errores del TPI al dictar sentencia sumaria y evaluar la prueba. El panel apelativo revisó los fundamentos del caso. Se revoca la sentencia apelada. El caso se devuelve al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia denegando un recurso de certiorari presentado por Javier Rodríguez Domínguez. El recurso buscaba la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia. Dicha determinación denegó una moción de desacato presentada por el señor Rodríguez contra Maricarmen Aponte Colón. El señor Rodríguez alegaba que la señora Aponte incurrió en desacato al permanecer con la hija menor de las partes en Orlando, Florida. El Tribunal de Primera Instancia entendió que, bajo las circunstancias particulares del caso, la señora Aponte no cometió desacato. El caso de origen es un divorcio que involucra la custodia y una solicitud de relocalización de la menor a Florida por parte de la madre. Informes sociales habían recomendado favorablemente la relocalización, aunque el padre la impugnaba. Tras examinar los alegatos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. Esta decisión confirma la determinación del foro primario de no encontrar a la madre en desacato.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202000128. El peticionario Eliezer Santana Báez comparece solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución declaró no ha lugar una solicitud de nuevo juicio al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Santana Báez fue condenado a 99 años por asesinato en primer grado y 20 años por violación a la Ley de Armas, penas consecutivas. En su petición, alegó que el juez de primera instancia violentó su derecho de confrontación. Sostuvo que se estipuló el testimonio de un testigo sin su presencia y sin renunciar a su derecho a contrainterrogar. El Tribunal de Apelaciones revisó el escrito del peticionario y los documentos en autos. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Elida Rosario Paredes presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. La recurrente impugnaba la determinación administrativa que denegó su solicitud de reconsideración sobre una sanción disciplinaria. Dicha sanción se originó en una querella disciplinaria instada en su contra, tras la cual se celebró una vista administrativa. El Oficial Examinador la encontró incursa en violación de reglas, y su posterior petición de reconsideración fue declarada No Ha Lugar por la agencia. Al examinar el recurso, el tribunal advirtió una cuestión de índole estrictamente jurisdiccional. Los tribunales adquieren jurisdicción por ley y están obligados a desestimar casos donde no la poseen. Tras analizar el asunto, el tribunal concluyó que carece de jurisdicción para atender el reclamo de la señora Rosario Paredes. Por tanto, el tribunal procederá con la desestimación del recurso de revisión judicial.

Resumen:

Un panel de jueces consideró una petición del Sr. Hilton J. García Aguirre para revocar una resolución de un tribunal inferior. El tribunal inferior había permitido al Ministerio Público enmendar una denuncia penal contra el Sr. García. Inicialmente acusado bajo el Artículo 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito por conducir con un nivel específico de alcohol en la sangre, la denuncia fue enmendada para imputar una violación del Artículo 7.01, basada en conducir bajo los efectos evidenciado por síntomas físicos. Esta enmienda se solicitó después de que la prueba de aliento para el cargo original fuera suprimida debido a problemas de calibración. El Ministerio Público argumentó que la enmienda era procedente ya que el Artículo 7.01 es un delito menor incluido. El Sr. García se opuso, alegando que la enmienda cambiaba los elementos esenciales del delito respecto a lo que originalmente se encontró causa. La resolución deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el Sr. García.

Resumen:

Los hechos probados por DACO en el caso SEN2020 detallan una querella de consumo entre Miguel A. Gonzalez Delgado y Power Sport Warehouse Inc. La disputa se originó por la compra de un generador Generac, específicamente sobre la capacidad del tanque de combustible. El querellante alegó haber pactado un tanque de 100 galones, pero el instalado resultó ser de menor capacidad, a pesar de la supuesta confirmación del vendedor. Tras el uso post-huracanes Irma y María, el generador falló. El consumidor condicionó la finalización del financiamiento al cambio del tanque, lo cual la empresa pospuso. Una segunda falla del generador llevó al querellante a buscar una reparación independiente. Propuso descontar el costo de la reparación del balance adeudado, pero la empresa se negó. La vendedora exigió el pago completo y la finalización del financiamiento antes de honrar la garantía. Ante la falta de resolución, el querellante solicitó la anulación de la compra, la devolución de las prestaciones y una indemnización por daños.