Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 200)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel V, emitió una Sentencia el 21 de julio de 2020 en el caso KLCE201801689. Este caso de certiorari provenía del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, y trataba sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Las partes involucradas eran Scotiabank de Puerto Rico como recurrida y David Alfredo Morges Mojica, Nerisliang Crespo Rivera y su sociedad legal de bienes gananciales como peticionaria. El Tribunal examinó una Moción de Desistimiento presentada por la parte peticionaria. Dicha moción solicitaba el desistimiento del caso ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal declaró Ha Lugar la Moción de Desistimiento. En consecuencia, se ordenó el archivo y sobreseimiento del caso. La decisión se tomó de conformidad con la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. No se impusieron costas ni honorarios de abogado a ninguna de las partes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de apelación presentado por Eliezer Torres Barros. El apelante fue declarado culpable en el Tribunal de Primera Instancia por infracción al Artículo 7.02 de la Ley 22, relacionado con conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. Impugnó la denegatoria de su Moción de Reconsideración, en la cual solicitó la desestimación de la denuncia. Alegó que un error en la fecha de la firma de determinación de causa probable, en comparación con la fecha de los hechos imputados, constituía un error sustancial que afectaba su derecho a la debida notificación de los cargos. El Ministerio Público sostuvo que se trataba de un error de forma subsanable. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración, y el apelante recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos presentados, incluyendo la alegada violación a su derecho constitucional a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

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La agente Lourdes Lazaney Medina acude ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar la revocación de una Resolución de la Comisión de Investigación Procesamiento y Apelación (CIPA). La CIPA había ordenado la paralización de la apelación administrativa presentada por Lazaney Medina sobre medidas disciplinarias. Dicha apelación se originó tras la desestimación de una querella por ambiente hostil y discrimen de género contra un sargento. La CIPA entendió que la resolución del caso podría implicar erogación de fondos gubernamentales, aplicando así la paralización automática bajo las secciones 11 USC 362(a)(1) y 11 USC 922(a)(1) del Código de Quiebras Federal, incorporadas por PROMESA. Lazaney Medina argumenta que la CIPA erró al aplicar la paralización, ya que ella no solicitó un remedio económico ante dicha agencia. El recurrido, José Cordero Quiñones, no presentó alegato en oposición. El Tribunal procede a resolver la revisión, analizando las funciones de la CIPA y el alcance de la paralización automática bajo PROMESA.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa solicitada por un confinado contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, José Abner Sánchez Roa, impugna la denegatoria de un remedio administrativo relacionado con el uso de prendas personales permitidas por el reglamento institucional, particularmente en el área de visitas. Inicialmente, el DCR le informó sobre la normativa que permite ciertas prendas de bajo valor, pero posteriormente el Superintendente emitió un comunicado restringiendo su uso en visitas por razones de seguridad. Sánchez Roa solicitó al Tribunal que ordenara al DCR cumplir con el reglamento y permitir el uso de las prendas en visitas. El DCR solicitó la desestimación del recurso, argumentando que el recurrente no pagó los aranceles de presentación ni presentó una solicitud jurada para litigar *in forma pauperis*, además de considerar que la reclamación no justificaba un remedio. El Tribunal desestimó el recurso, basándose en la discusión sobre el requisito de pago de aranceles judiciales y la necesidad de presentar una solicitud jurada para la exención por indigencia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la clasificación de custodia de un confinado. Tomás Hernández Santa recurrió la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación de mantener su nivel de custodia mediana. Alegó violación al debido proceso y abuso de discreción por no asignarle una custodia menor. El Tribunal revisó la determinación a la luz del Manual para la Clasificación de Confinados. El Manual establece un sistema de puntuación pero también modificaciones no discrecionales obligatorias. Estas modificaciones requieren una custodia mediana bajo ciertas condiciones, independientemente del puntaje. En el caso del recurrente, aplican dos modificaciones no discrecionales: le restan más de 15 años para la libertad bajo palabra y tiene órdenes de deportación. El Tribunal concluyó que estos criterios obligatorios requerían la asignación de custodia mediana. Descartar estas modificaciones habría constituido un abuso de discreción por parte del Comité. Por tanto, la decisión administrativa de ratificar la custodia mediana fue considerada razonable y conforme a derecho.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. Popular Auto, LLC demandó a Befa Holding Corp. y a varios individuos por deficiencias en contratos de arrendamiento financiero de vehículos. Los apelantes habían devuelto los vehículos antes de tiempo, y Popular Auto reclamaba la diferencia tras la reventa. La defensa principal de los apelantes fue que la acción de cobro estaba prescrita, alegando que los contratos eran mercantiles con un término de tres años. Popular Auto argumentó que los apelantes no probaron el carácter mercantil, por lo que aplicaba el término de quince años para acciones personales. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación por prescripción y dictó sentencia sumaria a favor de Popular Auto. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y los argumentos de las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada, validando la decisión del foro primario.

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Se resuelve una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de impugnación de confiscación de vehículo. La apelante presentó la demanda inicial el 8 de enero de 2018 para impugnar la incautación de su automóvil. El foro primario desestimó la acción por falta de jurisdicción sobre el Estado, al no haber sido emplazado dentro del término de 15 días dispuesto por la Ley Uniforme de Confiscaciones. La apelante no diligenció los emplazamientos hasta el 6 de abril de 2018, mucho después de vencer el término legal. Argumentó que el término debía contarse desde la expedición de los emplazamientos o que el Estado no podía alegar la defensa por no notificar la confiscación a tiempo. El Tribunal de Primera Instancia rechazó estos argumentos, determinando que el término de 15 días para emplazar comenzó con la radicación de la demanda. Consecuentemente, el foro primario declaró Con Lugar la solicitud de desestimación del Estado y ordenó la confiscación de la fianza. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Nathanahel Arroyo Martínez contra el Departamento de Educación. El señor Arroyo Martínez apeló la desestimación de su demanda por parte del Tribunal de Primera Instancia. En su demanda, solicitó interdictos y sentencia declaratoria tras ser removido y trasladado de su puesto de maestro como medida cautelar por querellas en su contra. Alegó falta de notificación de las querellas, violación al debido proceso de ley y un patrón de persecución. El Departamento de Educación solicitó la desestimación argumentando, entre otras cosas, la falta de agotamiento de remedios administrativos por parte del apelante. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de desestimación. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revoca una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón en un caso de daños y perjuicios. Los apelantes, Ada Serrano Vera y José R. Irizarry Pérez, demandaron a DDR Río Hondo y Doral Bank, entre otros. La demanda se originó tras un incidente en mayo de 2012, donde la Sra. Serrano alegó haber sido secuestrada y robada en el estacionamiento del centro comercial Plaza Río Hondo. Fue forzada a entregar joyas y retirar dinero de un certificado de depósito en Doral Bank. Los apelantes reclamaron negligencia contra el centro comercial por falta de seguridad y contra el banco por no protegerla durante la transacción. El Tribunal de Apelaciones determinó revocar la sentencia sumaria apelada. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos.

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Se trata de una revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones sobre una resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Ariel Reyes Rivera recurre la decisión de la Junta que revocó su beneficio de libertad bajo palabra. El recurrente cumplía su libertad bajo palabra internado en el centro Teen Challenge tras una sentencia de 99 años. La Junta revocó el beneficio y ordenó su reclusión, alegando violaciones a las condiciones 11, 12 y 18 de su mandato. La situación se originó cuando Teen Challenge informó que no podía atender adecuadamente las delicadas condiciones de salud del señor Reyes Rivera. La Junta convirtió una vista de seguimiento en una de revocación basada en esta situación y las supuestas violaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, determinó revocar la Resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una apelación presentada por José Luis Torres Negrón. El recurso busca revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que resolvió una disputa contractual. La controversia central gira en torno a una transacción que involucra un camión de volteo. El apelante, Torres Negrón, alegó que entregó el camión como garantía de un préstamo verbal de $10,000 otorgado por Eduardo J. García Cruz. Por su parte, el apelado, García Cruz, sostuvo que la transacción fue una compraventa del camión por dicha suma. Torres Negrón demandó por incumplimiento de contrato y daños, afirmando que García Cruz se negó a devolver el camión al intentar saldar el supuesto préstamo. El Tribunal de Primera Instancia, tras evaluar la prueba, determinó que la transacción fue una compraventa. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, incluyendo la prueba testifical y documental desfilada en el foro primario. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada. Con esta decisión, se valida la determinación del foro primario de que la transacción entre las partes constituyó una compraventa del camión.

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El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato. Harry Rodríguez Plaza demandó a Cooperativa de Seguros Múltiples por la liquidación de una reclamación de daños tras el huracán María. El Tribunal de Primera Instancia concedió una sentencia sumaria a favor de la aseguradora, aplicando la doctrina de pago en finiquito al considerar que el demandante había cobrado cheques marcados como liquidación total. El demandante apeló, argumentando que había objetado la cantidad ofrecida y solicitado reconsideración antes de cobrar los cheques, los cuales entendió como pago parcial debido a su situación de precariedad. El Tribunal de Apelaciones determinó que existían hechos esenciales en controversia respecto a si el cobro de los cheques constituyó un finiquito. Por tanto, revocó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el Sr. José Ángel Arocho Cruz para impugnar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Dicha sentencia declaró Con Lugar la demanda de Impugnación de Expediente de Dominio y Desahucio en Precario presentada por la Sra. Mirta Feliciano Vendrell. La Sra. Feliciano Vendrell alegó ser copropietaria de una finca por herencia y buscó anular el proceso mediante el cual el Sr. Arocho Cruz adquirió titularidad y ordenar su desalojo. El Sr. Arocho Cruz se opuso, alegando ser dueño por prescripción adquisitiva y cuestionando la legitimación activa de la demandante sin incluir a todos los coherederos. El foro primario declaró No Ha Lugar la reconvención del Sr. Arocho Cruz. El Tribunal de Primera Instancia permitió a la demandante instar la acción en beneficio de los demás comuneros y ordenó emplazar a los coherederos por edicto. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, procede a confirmar la Sentencia recurrida.

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Christian Velázquez Pagán, actualmente recluido, presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la aplicación del Artículo 7.25 de la nueva Ley de Armas de Puerto Rico (Ley 168-2019) a su sentencia, buscando elegibilidad para libertad bajo palabra tras cumplir el 75% de su término. El Tribunal consideró la solicitud a la luz de las doctrinas de autolimitación judicial, específicamente jurisdicción primaria y agotamiento de remedios administrativos. Estas doctrinas exigen que las partes busquen primero los remedios disponibles ante la agencia administrativa pertinente antes de acudir a la vía judicial. El propósito es permitir que la agencia desarrolle un historial, aplique su conocimiento especializado y potencialmente resuelva el asunto. El Tribunal enfatizó que la jurisdicción es fundamental y no puede asumirse si no se tiene, siendo su ausencia insubsanable. Dado que el peticionario no había agotado los remedios administrativos disponibles para atender su solicitud relacionada con la ejecución de la sentencia y la elegibilidad para libertad bajo palabra, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para conocer del asunto. En consecuencia, el Tribunal resolvió desestimar el recurso incoado.

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Edgar Carrasquillo Carrasquillo recurre ante el Tribunal de Apelaciones una Resolución de un Juez Administrativo de ASUME sobre pensión alimentaria. La resolución administrativa revisó una determinación inicial de ASUME, modificando la pensión mensual y acreditando pagos de hipoteca a la cuenta del alimentante. El señor Carrasquillo impugnaba la deuda de retroactividad y la exclusión del gasto de vivienda en el cómputo. El Juez Administrativo reevaluó el ingreso del padre, resultando en una pensión de \$436.43 mensuales. Determinó que el gasto de vivienda no procedía como suplementario pues la propiedad es del padre y él cubre la hipoteca, siendo el hogar seguro de la menor. Confirmó un acuerdo entre las partes para considerar los pagos de hipoteca realizados durante la tramitación del caso como abono a la pensión. Por ello, acreditó \$3,276.00 a la cuenta del señor Carrasquillo por dichos pagos. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, confirma la determinación administrativa impugnada.

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Elías M. Figueroa Liciaga, miembro de la población penal, presenta un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicita la revocación de una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La controversia se centra en su despido de un trabajo en la cocina de la institución penal. El DCR justificó la acción alegando que el área de cocina no estaba disponible y la plaza no existía. No obstante, el peticionario afirma que otros confinados siguen laborando en la cocina y que su despido es injustificado. Argumenta que esta decisión afecta su plan institucional y sus posibilidades de cambio de custodia. El peticionario agotó los remedios administrativos, presentando una solicitud de remedio y una reconsideración ante el DCR, las cuales fueron denegadas. El documento también describe la base legal y los procedimientos para la revisión judicial de decisiones administrativas finales por parte del Tribunal de Apelaciones.

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Comparece Luis Echevarría Gómez ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de sus convicciones. Fundamenta su petición en la decisión de *Pueblo de Puerto Rico v. Tomás Torres Rivera*, alegando que los veredictos de culpabilidad en su contra no fueron unánimes. El señor Echevarría había presentado previamente un recurso de apelación impugnando las sentencias dictadas en diciembre de 2018. A pesar de varias órdenes del tribunal, el apelante incumplió reiteradamente con el perfeccionamiento del recurso, específicamente con la presentación de la prueba oral y los alegatos. Este incumplimiento llevó a la imposición de una sanción al representante legal del apelante. Posteriormente, en junio de 2020, el apelante presentó una moción urgente solicitando un nuevo juicio al amparo del derecho a un veredicto unánime. En dicha moción, afirmó que ninguno de los veredictos condenatorios fue unánime, aunque el tribunal señala que esta certificación podría ser incorrecta. Ante esta situación procesal, el Tribunal de Apelaciones ordenó a la Oficina del Procurador General que expusiera su posición. El documento establece el contexto para la decisión del tribunal sobre la apelación y la solicitud de revocación, considerando tanto el argumento de los veredictos no unánimes como el historial de incumplimiento procesal del apelante.

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Sentencia de un panel apelativo sobre la disputa por la alcaldía de Lares tras la renuncia del incumbente. Carlos Roberto Pagán Crespo apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró nulo e ineficaz el procedimiento mediante el cual fue seleccionado como alcalde. Pagán Crespo demandó al Partido Nuevo Progresista (PNP) buscando ser reconocido como el legítimo alcalde. El PNP y un candidato interventor, José Rodríguez Ruiz, se opusieron, argumentando que el Comité Municipal del PNP excedió el plazo legal para llenar la vacante. El tribunal de instancia determinó que el proceso de selección no cumplió con los requisitos legales. La corte apelativa revisó los hechos estipulados, incluyendo la fecha de renuncia efectiva y la notificación al PNP. Se constató que el calendario de actividades aprobado por el Comité Municipal para la selección no se cumplió. El panel apelativo confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La decisión valida que el procedimiento de selección de Pagán Crespo como alcalde fue nulo.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La Cooperativa de Viviendas Los Robles apela una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro de dinero contra Alex Raphael Rivera Portela y Rosa Di Tua Ventura. La Cooperativa reclamaba una suma por multas, conducta indebida y ocupación de un apartamento sin pago. Los apelados argumentaron que la demanda repetía alegaciones de múltiples casos previos y pendientes entre las partes, algunos ya recurridos ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de la Cooperativa. La parte apelante alega como único error que el Tribunal de Primera Instancia no incluyó determinaciones de hecho ni conclusiones de derecho en su sentencia de desestimación, según exige la Regla 42.2 de Procedimiento Civil. Los apelados no presentaron alegaciones en el recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar la controversia planteada.

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Un agente de la Policía de Puerto Rico, Roy Rodríguez Torres, fue expulsado de la fuerza tras una investigación administrativa. El incidente que motivó la expulsión resultó en una acusación criminal, de la cual fue declarado no culpable. A pesar de un informe administrativo posterior que determinó que no incurrió en violación, la Policía emitió una resolución final de expulsión. Rodríguez Torres apeló esta decisión ante la Comisión de Procesamiento y Apelación (CIPA). La CIPA celebró una vista sobre la apelación, pero luego ordenó la paralización de los procedimientos debido a la petición de quiebra del Gobierno de Puerto Rico bajo PROMESA. Ante la inacción de la CIPA, el agente Rodríguez Torres presentó un recurso de Mandamus ante el Tribunal de Apelaciones. Solicita que se ordene a la CIPA emitir y notificar su resolución final sobre la apelación de expulsión. El Tribunal de Apelaciones está evaluando la petición de Mandamus y la aplicabilidad de la paralización de PROMESA al caso administrativo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900888, apelación presentada por la Universidad de Puerto Rico (UPR) contra José Francisco Rodón Elizalde. El caso se originó por una demanda de Rodón contra la UPR reclamando daños morales y psicológicos por la presunta negligencia en el cuidado de sus obras de arte, creadas mientras era Pintor Residente de la universidad. Rodón solicitó $450,000 en daños bajo la Ley de Propiedad Intelectual. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) denegó una moción de sentencia sumaria de la UPR y posteriormente ordenó a la universidad pagar a Rodón $50,000 en daños morales. La UPR apeló, argumentando, entre otras cosas, que Rodón carecía de legitimación activa y derechos morales sobre las obras creadas como empleado. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen del TPI y los hechos establecidos, incluyendo que las obras pertenecían al patrimonio de la UPR por haber sido creadas en el desempeño de las funciones de Rodón. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada. En consecuencia, se desestimó la demanda incoada por José Francisco Rodón Elizalde contra la Universidad de Puerto Rico.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos recursos consolidados. Luis J. Castellano Rodríguez y Raúl Esquilín Correa apelaron la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que los declaró culpables de infringir el Art. 189 del Código Penal y les impuso 15 años de reclusión. Los recursos se consolidaron al impugnar la misma sentencia tras un juicio conjunto por los mismos hechos. Un aspecto procesal clave fue la necesidad de transcribir o narrar la prueba oral del juicio, ya que los errores señalados incidían en su apreciación. El Tribunal ordenó la regrabación y concedió términos para presentar la transcripción o una exposición narrativa estipulada. A pesar de las oportunidades concedidas, los apelantes no presentaron la transcripción ni justificaron su incumplimiento. Las Reglas del Tribunal de Apelaciones exigen la presentación de la prueba oral cuando se cuestiona su suficiencia o apreciación. La omisión de los apelantes impide al foro apelativo revisar los errores relacionados con la prueba.

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Mario Estrada Torres presentó una revisión administrativa contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación, alegando la denegación de peticiones de bonificación y falta de respuesta de la agencia. Compareciendo por derecho propio, el recurrente no anejó los documentos esenciales del proceso administrativo, como las peticiones, respuestas de la agencia o la solicitud de revisión a nivel central. El Tribunal de Apelaciones revisa decisiones administrativas finales, pero el recurso debe cumplir estrictamente con los requisitos reglamentarios. La Regla 59(E) del Reglamento del Tribunal exige incluir copia del expediente administrativo relevante para que el tribunal pueda juzgar. El sistema judicial es rogado y el derecho a la revisión no es automático, requiriendo el perfeccionamiento adecuado del recurso. El incumplimiento con las reglas procesales, particularmente la omisión de documentos necesarios, impide al tribunal atender el caso en los méritos. Esta falta constituye un impedimento real y meritorio para la revisión. Por tanto, el incumplimiento reglamentario puede conllevar la desestimación del recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Los apelantes, Andrés Reyes Vélez y Alix Pulido, demandaron a Altitude Costa, LLC (Altitude Trampoline Park) tras una grave lesión sufrida por el Sr. Reyes Vélez en un trampolín. Alegaron negligencia por parte de Altitude debido a falta de supervisión, condiciones peligrosas y medidas de seguridad inadecuadas. Altitude negó la negligencia, argumentando que el Sr. Reyes Vélez asumió el riesgo, actuó descuidadamente y había firmado un relevo de responsabilidad. El Tribunal de Primera Instancia, tras celebrar un juicio en su fondo, desestimó la demanda de los apelantes. Los demandantes apelaron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada. La decisión final valida la desestimación de la demanda por parte del Tribunal de Primera Instancia.

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Comparecen oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución declaró No Ha Lugar una solicitud de desestimación presentada por los oficiales en un caso de daños y perjuicios. El caso fue instado por un confinado que alegó haber sido agredido por los oficiales y sufrir daños físicos y emocionales, así como problemas de visión por falta de transporte médico. Los oficiales basaron su moción de desestimación en la prescripción de la acción y en la inmunidad condicionada que les cobijaba por actuar en funciones oficiales. El confinado había solicitado litigar como indigente, lo cual fue autorizado por el foro primario, y las notificaciones se enviaron a su dirección en una institución correccional. La moción de desestimación también fue notificada a esa dirección. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, concluye que procede la desestimación del mismo por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de certiorari presentado por Elvin González Matías. El peticionario solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su segunda moción de reconsideración de sentencia. González Matías fue sentenciado por tentativa de robo (Art. 189 C.P.) a 10 años, pena que fue enmendada a 7 años y 6 meses. Previamente, el peticionario intentó modificar la sentencia argumentando que aplicaba otro artículo (Art. 182 C.P.) con una pena menor de 3 años. Una petición de certiorari anterior ante este Tribunal, con planteamientos similares, fue denegada en 2019. La moción de reconsideración más reciente fue denegada por el foro primario al considerar que el asunto ya había sido atendido. El peticionario reitera su argumento sobre la pena aplicable y la modificación del delito imputado. El Tribunal procede a resolver el recurso sin trámites adicionales.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. La Sentencia apelada había ordenado al Departamento de Educación y al Estado Libre Asociado abrir inmediatamente los comedores escolares para alimentar a la población necesitada durante la emergencia del COVID-19. El Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia del foro primario. La revocación se fundamenta en que el Tribunal de Primera Instancia basó su dictamen en alegaciones de hecho de la parte demandante, como la existencia de un estado de hambruna, sin que se presentara prueba alguna para sustentarlas. Se señala que varias de las determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia eran un calco de las alegaciones de los demandantes. El Tribunal de Apelaciones enfatiza que las decisiones judiciales deben basarse en evidencia, no en meras alegaciones o argumentos forenses. La controversia legal sobre si existe un deber ministerial de alimentar a toda la población necesitada no fue resuelta adecuadamente por el foro primario al basarse en hechos no probados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende las apelaciones consolidadas presentadas por Luis J. Castellano Rodríguez y Raúl Esquilín Correa. Estos impugnan una sentencia del tribunal de primera instancia que los declaró culpables bajo el Artículo 189 del Código Penal y les impuso una pena de 15 años de reclusión. Los errores señalados en sus recursos incidían en la apreciación de la prueba oral presentada durante el juicio. Por ello, el Tribunal de Apelaciones les requirió la presentación de una transcripción o exposición narrativa de dicha prueba. El Tribunal ordenó la regrabación de los procedimientos y concedió un término para la entrega de la transcripción. No obstante, a pesar de recibir la regrabación y obtener una extensión, los apelantes incumplieron con la presentación del documento requerido. La sentencia detalla las reglas procesales del Tribunal de Apelaciones relativas a la presentación del récord de evidencia al impugnar la apreciación de la prueba. Este documento expone el trámite procesal y el incumplimiento de los apelantes con las reglas que rigen el proceso apelativo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de apelación sobre un procedimiento de exequátur. Michael P. Hagerty solicitó la convalidación en Puerto Rico de una sentencia dictada en 2009 por una corte del Condado de Orange, Florida, que condenó a Keith R. St. Clair y Diana E. St. Clair a pagarle una suma considerable. Keith R. St. Clair se opuso al exequátur, alegando que la sentencia de Florida no era final ni firme y que se le negó el debido proceso de ley por falta de notificación tras el retiro de su abogado. La parte de Diana E. St. Clair fue paralizada debido a su quiebra. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la solicitud de Hagerty, validando la sentencia de Florida. St. Clair apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El foro apelativo revisó los argumentos, incluyendo la alegación de violación al debido proceso, señalando que esta cuestión ya había sido litigada en la corte de Florida. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de certiorari presentado por Medshape, Inc. contra Caribbean Orthopedics Products of Puerto Rico, LLC. El recurso impugnaba una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de desestimación por alegada falta de jurisdicción sobre la persona. Medshape argumentó que el emplazamiento por edicto realizado por Caribbean Orthopedics fue defectuoso. La parte demandante solicitó el emplazamiento por edicto al alegar que Medshape era una corporación de Georgia sin agente residente ni registro en Puerto Rico. El Tribunal de Primera Instancia autorizó el emplazamiento por edicto y luego permitió una corrección, denegando la desestimación. Medshape sostuvo que los documentos enviados por correo tras la publicación del edicto no incluían la fecha ni el nombre del periódico, constituyendo un diligenciamiento insuficiente. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decidió acoger el certiorari. En consecuencia, procedió a expedir el auto y revocar la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación presentado por Carlos W. Santiago Rivera. El apelante busca revocar una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró responsable por daños y perjuicios por persecución maliciosa. La demanda original fue presentada por 17 vecinos de Peñuelas, un grupo de estudiantes universitarios y algunos de sus padres. Alegaron haber sido hostigados y perseguidos mediante la presentación de querellas y acciones judiciales infundadas por supuestos ruidos innecesarios. Estas querellas y acciones fueron desestimadas consistentemente por el foro primario. El Tribunal de Primera Instancia celebró un juicio en su fondo y realizó determinaciones de hechos basadas en la prueba presentada por los demandantes. Dichas determinaciones detallaron las actividades de los jóvenes y la persistencia de las querellas por parte del apelante y su madre. El foro primario concluyó que las acciones constituían persecución maliciosa y otorgó remedios a los demandantes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900875. Los apelantes, Agustín A. Messón Díaz y Alys Frances de Thomas Lobody, apelaron la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra PR Asset Portfolio2013-1 International Sub I, LLC. Demandaron por daños y perjuicios e incumplimiento de contrato, alegando que el apelado no cumplió su obligación de cancelar un embargo federal sobre un apartamento que les vendería. Adujeron que esta omisión causó retrasos, estrés y gastos, reclamando daños significativos. El apelado negó haber incumplido, sosteniendo que la obligación de cancelar el embargo no le correspondía. Los apelantes presentaron una Moción de Sentencia Sumaria Parcial, la cual fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia, que también desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia recurrida.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Perymar Rodríguez Rivera mediante recurso de certiorari en un caso de divorcio. Solicita la revocación de una Resolución Enmendada Nunc Pro Tunc del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar su solicitud de desestimación. La peticionaria alegó que el TPI carecía de jurisdicción porque ambas partes residían en Florida. El recurrido se opuso, sosteniendo que cumplían con el requisito de residencia en Puerto Rico por un año o que la causa ocurrió aquí. Tras una vista evidenciaria, el TPI determinó que las partes residían en Puerto Rico por más de un año, cumpliendo con el Artículo 97 del Código Civil, y por tanto, tenía jurisdicción. La peticionaria presentó mociones para enmendar la resolución del TPI por errores de fecha, resultando en resoluciones enmendadas. Ante el Tribunal de Apelaciones, la peticionaria alega errores en la apreciación de la prueba por parte del TPI. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Un padre apela la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que fijó su pensión alimentaria. La sentencia apelada, basada en el informe del Oficial Examinador, impuso un pago final de $329.65 mensuales para uno de sus dos hijos. No se fijó pensión para la otra hija, quien recibe beneficios de seguro social. El apelante argumenta que la pensión viola la reserva legal de $615.00 de sus ingresos, especialmente considerando el pago futuro para la segunda hija. También alega que el tribunal erró al no considerar el pago de vivienda o deducir gastos, ya que la madre e hijos residen en su propiedad. El Tribunal de Primera Instancia había denegado su moción de reconsideración sobre estos puntos. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

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El Pueblo de Puerto Rico solicitó la intervención del Tribunal de Apelaciones para dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha determinación, emitida el 20 de marzo de 2019, denegó la solicitud de confiscación de fianza criminal presentada por el Pueblo. El caso original involucra a José L. Bermúdez Rodríguez, acusado de infracción a la Ley de Sustancias Controladas, a quien se le fijó una fianza de \$30,000 prestada por Chapman Bonding Corporation. Tras la incomparecencia del acusado a varias vistas, se expidió orden de arresto y se ordenó a la fiadora mostrar causa para no confiscar la fianza. La fiadora realizó gestiones activas para localizar al acusado, informando al tribunal que este había evadido la jurisdicción y solicitando documentos para extradición. La fiadora notificó posteriormente el arresto del acusado en Illinois y se comprometió a asumir los gastos de extradición. Ante estas circunstancias, el foro primario denegó la confiscación de la fianza. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar la petición de certiorari del Pueblo, determinó denegar su expedición. Con esta resolución, el Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no confiscar la fianza.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari. El caso original fue instado por FirstBank (luego sustituido por Hibiscus PR 126, LLC) contra los demandados Acevedo Ruiz y otros por cobro de dinero y ejecución de prenda. Las partes habían llegado a una estipulación para sentencia, reconociendo la deuda y acordando términos de pago y ejecución. La estipulación permitía la ejecución de la sentencia sobre la totalidad de la deuda y la ejecución de las prendas hipotecarias si no se cumplía el pago acordado. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia conforme a la estipulación. Ante el incumplimiento de pago, la parte demandante solicitó la ejecución de sentencia. El foro primario denegó una solicitud posterior de orden y mandamiento de anotación de embargo en ejecución de sentencia. Hibiscus impugnó esta denegatoria mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud de embargo.

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Sentencia judicial que atiende la solicitud de José L. Barreto Colón para revocar un dictamen previo del 24 de agosto de 2015. Dicha sentencia original declaró con lugar la demanda de Julio A. Torres Colón y Deric Torres Colón, desestimó la reconvención de Barreto Colón e impuso honorarios. El litigio se origina en un alegado contrato verbal para la compra y división de terrenos en Guayama entre Barreto Colón, los hermanos Torres Colón y Oscar Vázquez Cruz. El acuerdo implicaba la división en cinco solares y el pago de un préstamo hipotecario según la participación de cada uno. Los demandantes (Torres Colón) alegaron que Barreto Colón incumplió al rehusarse a segregar y poner a su nombre los dos quintas partes acordadas. Por su parte, Barreto Colón sostuvo que los demandantes incumplieron al no tener el dinero para saldar su porción del préstamo en el término de dos años pactado, condición previa a la segregación. Barreto Colón presentó una reconvención reclamando el pago de la porción de la deuda y gastos que asumió. El documento detalla las alegaciones de ambas partes sobre los términos del contrato verbal y el presunto incumplimiento.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende cuatro apelaciones consolidadas. Los apelantes, Marggie M. Vargas Velázquez, Edwin Olán Rodríguez, Ivette Del Valle e Iris B. Mercado Molina, recurren de Sentencias Parciales emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. Dichas sentencias declararon No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de los apelantes y Con Lugar la de la Escuela Hotelera de San Juan, Recinto de Mayagüez, desestimando con perjuicio sus causas de acción. La querella original, presentada en 2016, alegaba despido injustificado, discrimen en el empleo y represalias al amparo de las Leyes Núm. 80, 100 y 115. Los apelantes solicitan la revocación de las sentencias del foro primario. El documento detalla el inicio del procedimiento judicial y la consolidación de las apelaciones para su revisión.

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Holsum de Puerto Rico, Inc. solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una Resolución y Orden del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos. Dicha orden confirmó un boleto de infracción emitido a un conductor de Holsum por no poseer la Licencia de Operador de Transporte de Carga. Holsum argumentó que su propia certificación de conductores debía ser suficiente, invocando una decisión previa de otro panel y la doctrina de cosa juzgada. El Negociado rechazó la aplicación de cosa juzgada, explicando que una enmienda reglamentaria posterior (Reglamento 8963) modificó el requisito para exigir la licencia del Negociado además de la certificación de la empresa. Holsum recurrió al Tribunal de Apelaciones alegando errores en la interpretación reglamentaria y la negativa a aplicar cosa juzgada. El Tribunal revisó el caso. Se confirmó la determinación del Negociado.

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Este documento es la Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000141. Se trata de una apelación presentada por Daniel Alexis Serrano Alvira contra Terraverde Development Corp. El apelante demandó la rescisión de un contrato de compraventa de un apartamento, alegando vicio en el consentimiento por no habérsele informado sobre un proceso de ejecución hipotecaria que afectaba el proyecto. Solicitó la nulidad del contrato, devolución de pagos y resarcimiento por daños. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda mediante sentencia sumaria, basándose en hechos no controvertidos. El apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el expediente y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones concluye que procede confirmar el dictamen apelado. La sentencia del foro primario, que desestimó la demanda, es ratificada.

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Carmen Coralia Rosado Quiñones presentó un recurso de certiorari discrecional ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre partición de herencia. La primera instancia había denegado una moción de la peticionaria indicando que el caso fue desestimado sin perjuicio mediante sentencia final y firme en enero de 2019. La peticionaria discrepaba y pedía que se ordenara al foro primario ver el caso en su fondo. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y concluyó no expedir el auto solicitado. Determinó que la sentencia de 2019 era final y firme al haber transcurrido el término para apelar. Sin embargo, aclaró que la desestimación "sin perjuicio" permite a la peticionaria presentar una nueva demanda. El Tribunal de Apelaciones no encontró que el foro primario actuara de forma arbitraria, caprichosa o con abuso de discreción. Por los fundamentos expuestos, denegó la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en un recurso de certiorari presentado por Luis I. Jiménez Cabrera. El peticionario impugnó la denegatoria de su solicitud para revocar o modificar sentencias dictadas en 2013. Estas sentencias resultaron de un preacuerdo y alegación de culpabilidad por delitos cometidos en 2012, incluyendo asesinato atenuado, robo agravado, escalamiento agravado, uso de disfraz y violación a la Ley de Armas. Jiménez Cabrera argumentó en una moción post-convicción (Regla 192.1) que las penas impuestas, específicamente por robo agravado y la violación a la Ley de Armas, fueron incorrectas o excesivas según el acuerdo. Alegó que la pena de 10 años por robo agravado excedió el mínimo legal y que la duplicación de la pena por el delito de armas fue indebida en el contexto de una alegación. Tras revisar el expediente y la postura del Procurador General, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Sin embargo, la corte confirmó la determinación judicial del Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud de Jiménez Cabrera.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revocó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que había desestimado un pleito por incumplimiento de contrato. Los apelantes demandaron a Mapfre Pan American Insurance Company tras recibir un pago de \$201.13 por daños causados por el Huracán María, alegando que la suma era insuficiente y que no fueron debidamente orientados. Mapfre solicitó sentencia sumaria argumentando que el endoso y cobro del cheque constituía un pago en finiquito, aceptando la liquidación total de la reclamación. El foro primario declaró Ha Lugar la solicitud de Mapfre y desestimó el caso. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que la sentencia sumaria debía ser revocada. En consecuencia, el caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia en el caso contra Pablo J. Casellas Toro. Casellas Toro enfrenta cargos por asesinato en primer grado, destrucción de pruebas e infracción a la Ley de Armas. Tras anularse su condena previa y ordenarse un nuevo juicio, el foro primario fijó fianza y condiciones para su excarcelación. Entre las condiciones impuestas se encontraba la exigencia de un tercer custodio cualificado por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ). OSAJ informó que la persona propuesta no cumplía con los requisitos para ejercer el control necesario. El Tribunal de Primera Instancia reconsideró y modificó su dictamen sobre la condición del tercer custodio. El Pueblo de Puerto Rico recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto, paralizó los procedimientos de excarcelación y revocó la resolución del foro primario.

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