Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 196)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El Banco Popular de Puerto Rico demandó a José T. Torres García y Maritza Feliciano Jordán por el pago de primas de seguros de propiedad e inundaciones que alegó haber sufragado. El Banco reclamaba \$21,096.95 por seguros y \$5,732.58 por costas y honorarios, sosteniendo que estas sumas estaban garantizadas por hipotecas sobre la propiedad de los demandados. El Tribunal de Primera Instancia de Utuado falló a favor del Banco, condenando a los demandados al pago y declarando la deuda garantizada hipotecariamente. Los demandados apelaron, argumentando que el préstamo original estaba saldado, la hipoteca extinguida, y que la deuda por seguros no estaba garantizada hipotecariamente. También negaron haber acordado pagar los seguros o haber firmado documentos relacionados. Tras revisar el proceso judicial, incluyendo la demanda, la contestación y las mociones de sentencia sumaria, el Tribunal de Apelaciones emitió su decisión. El Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por José A. Lugo Lugo y JAL Outlet, Inc. Impugnan una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia en una acción civil de cobro de dinero iniciada por Julio Ruiz Colón. La demanda, originalmente contra la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), fue enmendada para incluir a los apelantes como demandados. El foro primario ordenó el pago de $360,000, más costas, intereses y $7,000 en honorarios de abogado. La sentencia fue posteriormente enmendada para incluir explícitamente a JAL Outlet, Inc. como co-deudora. Los apelantes alegan seis errores en la decisión del tribunal inferior. El Tribunal de Apelaciones identifica un asunto jurisdiccional que requiere resolución antes de considerar los méritos de la apelación. El documento detalla el historial procesal, comenzando con la reclamación inicial contra la ACT relacionada con una expropiación y la posterior inclusión de los apelantes.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones atiende una petición de certiorari presentada por el matrimonio Gómez-Martínez. Dicha petición busca revocar la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El litigio principal involucra una demanda de acción reivindicatoria, deslinde, amojonamiento y daños y perjuicios presentada por sus vecinos, el matrimonio Martínez-Arroyo. La controversia se centra en la colindancia entre las propiedades de ambas partes, surgida tras la remoción de árboles y una verja. Los peticionarios solicitaron sentencia sumaria argumentando la falta de hechos materiales en disputa sobre los linderos. Sin embargo, el foro primario determinó que persistían controversias de hechos esenciales, particularmente en cuanto a las medidas de los linderos y otros elementos de las acciones presentadas. Los peticionarios alegan que el Tribunal de Primera Instancia erró al identificar hechos controvertidos y al permitir la acción de deslinde. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora si la decisión del foro primario constituyó un abuso de discreción o un error de derecho.

Resumen:

Matrimonio Marrero Román instó una demanda sobre división y segregación de comunidad proindiviso. En 2014, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) dictó sentencia a su favor, ordenando la segregación y condenando a los demandados. Años después, terceros intervinieron alegando ser comuneros y partes indispensables del inmueble objeto del litigio. El TPI acogió la intervención y, en 2019, anuló la sentencia de 2014 y desestimó el pleito por falta de partes indispensables. Los demandantes originales apelaron esta última determinación, argumentando que el TPI erró al considerar a los intervinientes como partes indispensables. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta sentencia, revoca el dictamen apelado del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una Orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha orden denegó la solicitud de Beecoast Contractors, Inc. para expedir un emplazamiento a un tercero demandado. El caso original fue instado por José Espinal Valdez contra Beecoast por daños y perjuicios relacionados con un portón. Beecoast presentó una demanda contra terceros, incluyendo a Junco Steel Corporation y otras entidades subcontratadas. Posteriormente, Beecoast identificó a una de estas entidades como JSC Construction, Corp. y solicitó la enmienda y el correspondiente emplazamiento. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud, lo que motivó el recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones expide el auto al considerar que esperar a una apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Resolverá la controversia, centrada en la expedición del emplazamiento para el tercero demandado nombrado en la demanda enmendada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico con fecha de 19 de agosto de 2020. El recurso de revisión judicial fue presentado por Puerto Rico Appraisals, LLC contra una adjudicación de la Junta de Subastas del Municipio de Trujillo Alto. Dicha adjudicación, emitida el 9 de julio de 2020, otorgó un Request for Qualification a Pacífico Group, Inc. Posteriormente, el 10 de agosto de 2020, la parte recurrente presentó una moción de desistimiento voluntario. El Tribunal, en virtud de la Regla 83(A) de su Reglamento, tuvo a la parte recurrente por desistida. En consecuencia, se ordenó el archivo del recurso de revisión judicial.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la revisión administrativa solicitada por un confinado. José De León Allende impugnó la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación de ratificar su nivel de custodia mediana. Alegó que el Comité de Clasificación y Tratamiento aplicó modificaciones discrecionales para un nivel más alto sin considerar sus ajustes. El tribunal examinó el Manual para la Clasificación de Confinados, que permite considerar factores discrecionales como la gravedad del delito. Se recordó que la revisión judicial respeta la deferencia al criterio especializado de las agencias administrativas. El tribunal confirmó su jurisdicción al determinar que el proceso de reconsideración administrativa no fue completado adecuadamente por el recurrente. Se concluyó que el Comité no actuó de manera irrazonable o contraria a derecho. La decisión tomó en cuenta criterios discrecionales autorizados, como la gravedad del delito de asesinato en primer grado por el que cumple 99 años. El recurrente no logró probar que el ejercicio de discreción de la agencia fuera incorrecto.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación del Pueblo contra una decisión de habeas corpus. El apelado, Roberto Luis Montalvo Irizarry, fue detenido preventivamente el 18 de septiembre de 2019 por graves delitos. La petición de habeas corpus se basó en el vencimiento del término máximo de seis meses para la detención preventiva. La jurisprudencia establece que este término es improrrogable y su vencimiento requiere la excarcelación. El Tribunal de Primera Instancia concedió el habeas corpus el 31 de marzo de 2020. El Ministerio Público apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada. Se reitera que, una vez transcurrido el plazo de seis meses, la única acción procedente es la excarcelación del imputado, continuando el proceso judicial en libertad.

Resumen:

Se trata de una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos. El apelante, Esteban Vargas Sanjurjo, impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 5 de marzo de 2020. Mediante dicha determinación, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud del apelante para que el foro no declinara su jurisdicción. El pleito de alimentos se originó en 2003 y fue trasladado al TPI de San Juan. En 2018, el TPI fijó una pensión alimentaria de $650 mensuales y un plan de pago para una deuda retroactiva de $7,400. Posteriormente, el apelante solicitó al TPI que ordenara una auditoría y corrección de una deuda de aproximadamente $20,000 que aparecía en los registros de ASUME y Florida, alegando que era incorrecta. La apelación busca la revisión de la decisión del TPI relacionada con esta solicitud, específicamente sobre su jurisdicción para atender la corrección de la deuda en ASUME.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El señor Francisco Valdés Pérez presentó un recurso, tratado como certiorari, solicitando la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden declaró "nada que proveer" una Moción Urgente que pedía anular una sentencia previa. La moción alegaba que la jueza que emitió la sentencia actuó indebidamente tras ser recusada y demandada personalmente. El Tribunal de Apelaciones ejerció su facultad discrecional para revisar decisiones interlocutorias. Aplicó los criterios establecidos en la Regla 40 de su Reglamento para determinar si procedía expedir el auto. Tras analizar el recurso, el panel no encontró elementos que justificaran intervenir con la determinación del foro de instancia. Se deniega la expedición del recurso de certiorari. La resolución aclara que esta denegatoria no constituye una adjudicación sobre los méritos de la controversia subyacente. La parte afectada podrá solicitar revisión de la decisión final del Tribunal de Primera Instancia por la vía procesal correspondiente.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por Alexis García de León. El peticionario solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su petición para modificar una sentencia de 129 años de prisión. García de León argumentó que su sentencia debía ser cumplida de forma concurrente, invocando el Art. 71 del Código Penal de 2012 sobre concurso de delitos y el principio de favorabilidad del Art. 4. También impugnó la excesividad de las penas impuestas por infracciones a la Ley de Armas (Arts. 5.04 y 5.15), alegando que el TPI ignoró penas fijas. El peticionario presentó errores atribuidos al TPI por no aplicar la concurrencia, el principio de favorabilidad y supuestamente ignorar penas fijas. El Pueblo de Puerto Rico, a través del Procurador General, presentó su oposición al recurso. Tras considerar el recurso, el Tribunal de Apelaciones DENIEGA la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa. Félix E. Pérez Rivera y Evelyn Pastor Rivera impugnan una resolución de la Secretaría de Procedimiento Adjudicativo (SPA) del Departamento de Hacienda. La resolución de la SPA ordenó el cierre y archivo de su querella (Núm. 2018-EM-282) por falta de jurisdicción. La querella original se presentó tras una notificación de error matemático de Hacienda en su planilla de 2016. Dicha notificación ajustaba ingresos basándose en una cantidad que los recurrentes alegaban era compensación judicial exenta por despido injustificado, reportada erróneamente como salario. Los recurrentes buscaban la eliminación de dicho ajuste. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión de la SPA. La sentencia confirma el dictamen recurrido, validando la falta de jurisdicción de la SPA sobre la querella presentada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por Haydee Torres Rosa. La apelación impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que desestimó su demanda. La demanda era contra Cooperativa de Seguros Múltiples y Luis A. Rivera Torres por incumplimiento de contrato y daños relacionados con una reclamación de seguro por daños del huracán María. El TPI desestimó el caso al concluir que la apelante incumplió con el requisito de notificación previa al Comisionado de Seguros y a la aseguradora, según el Artículo 27.164 del Código de Seguros. El foro primario determinó que dicho incumplimiento le privaba de jurisdicción. La apelante argumentó que el TPI sí tenía jurisdicción sobre las reclamaciones contractuales a pesar de la falta de notificación. La apelación fue presentada antes de que los demandados fueran emplazados. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la corrección de la desestimación basada en la falta de notificación previa.

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Juanita Moya Silverio apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reclamación por despido injustificado contra KRESS Stores of Puerto Rico, Inc. La desestimación se basó en la prescripción de la acción. La Sra. Moya fue cesanteada inicialmente en junio de 2017 por supuesta disminución de trabajo. Posteriormente, fue recontratada mediante múltiples contratos temporeros entre noviembre de 2017 y diciembre de 2018. Su último día de trabajo fue el 21 de diciembre de 2018. La reclamación extrajudicial se presentó en agosto de 2019 y la querella formal en noviembre de 2019. La apelante argumentó que el despido inicial fue injustificado y las recontrataciones temporeras un subterfugio. El Tribunal de Apelaciones evaluó los hechos y el derecho aplicable. La Sentencia apelada fue confirmada, validando la desestimación por prescripción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un caso de certiorari originado en un pleito de divorcio. La peticionaria impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que dispuso el depósito de $17,000 de pensión alimentaria adeudada en una cuenta para el hijo de las partes, quien ya es mayor de edad. Tras la orden inicial del TPI en marzo de 2020, la peticionaria solicitó reconsideración. El TPI denegó la reconsideración mediante una orden notificada en junio de 2020. La peticionaria presentó su petición de certiorari ante el foro apelativo en julio de 2020. El recurrido ha presentado una moción solicitando la desestimación del caso por falta de jurisdicción. Alega que la petición de certiorari fue radicada fuera del término de treinta días establecido por ley y reglamento. La resolución detalla las normas que rigen la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para revisar órdenes del TPI mediante certiorari discrecional y el carácter estricto del término de treinta días.

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Recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El peticionario Rosendo Jr. Rodríguez Meléndez solicita revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de julio de 2020. Dicha Orden, emitida a solicitud de los recurridos Julio E. Gil de la Madrid Pérez y otros, instruyó al Registro de la Propiedad a eliminar un gravamen hipotecario de Doral Mortgage Corporation sobre una propiedad del peticionario. El caso subyacente comenzó en 2008 como una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por parte de los recurridos contra el peticionario, alegando apropiación ilegal de \$50,000. Como parte del proceso, se decretó y anotó un embargo preventivo sobre la finca del peticionario en 2008. En 2009, el TPI dictó sentencia condenando al peticionario al pago de la deuda. El peticionario impugnó la sentencia y los intentos de subasta, planteando, entre otras cosas, la falta de partes indispensables como Doral Bank. Una Resolución de 2013 ordenó anotar la titularidad y el embargo preventivo en el Registro, y el peticionario intentó anotar un derecho de hogar seguro en 2014. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver el recurso de Certiorari sin necesidad de ulteriores trámites.

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Una petición de certiorari fue presentada ante el Tribunal de Apelaciones por Isacc Urgiles y otros, buscando la revisión de varias determinaciones del Tribunal de Primera Instancia de Carolina en un caso de daños y perjuicios. Los peticionarios impugnan una Sentencia Parcial que desestimó la demanda contra un co-demandado y anotó su rebeldía, una Orden que dio por finalizado el descubrimiento de prueba, y una sanción económica de $600.00. Alegan que el foro primario denegó múltiples mociones de reconsideración presentadas contra estas resoluciones. El Tribunal de Apelaciones emitió una resolución requiriendo a la parte recurrida mostrar causa por la cual no debía expedirse el auto. La recurrida se opuso a la expedición, argumentando que los peticionarios incumplieron con las normas procesales al omitir documentos esenciales y que su conducta en el TPI fue dilatoria e incumplidora. La presente resolución detalla estos antecedentes procesales y se dispone a analizar las normas jurídicas que rigen el recurso de certiorari.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Trata sobre la apelación de una decisión del Tribunal de Primera Instancia relativa a la liquidación de la sociedad de gananciales post-divorcio entre Aníbal Maldonado Hernández (apelante) y Onelia Sáez Hernández (apelada). El apelante impugna la sentencia del TPI que liquidó los bienes y adjudicó créditos significativos a la apelada por pagos hipotecarios y mejoras a una propiedad. Estos créditos resultaron en una distribución de bienes muy desigual a favor de la apelada. El apelante alega errores en la adjudicación del aumento de valor por mejoras, la denegación de renta por uso exclusivo de la propiedad común, y el reconocimiento de ciertos pagos sin evidencia. También cuestiona la imposición de honorarios de abogado por temeridad basada en procedimientos previos. La apelación incluye señalamientos sobre la no admisión de evidencia de otros posibles bienes gananciales y la falta de resolución sobre la disposición de un terreno específico. El Tribunal de Apelaciones revisará los seis errores señalados por el apelante en este recurso.

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Los peticionarios Gloria E. Sánchez Rivera y otros presentaron un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitaban la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un pleito sobre daños y perjuicios. La controversia se centraba en el orden de la toma de deposiciones en el descubrimiento de prueba. El foro primario había resuelto que la parte demandada tomaría las deposiciones primero y denegó una solicitud de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción, procedió a evaluar la petición sin requerir la comparecencia de la parte recurrida. Tras examinar los documentos del expediente, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ la expedición del recurso de certiorari. La decisión se fundamenta en la naturaleza discrecional de la expedición de dicho auto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una Revisión Administrativa procedente del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso surge de una querella presentada por Leida Colón Torres (Recurrida) contra Efraín Valentín h/n/c E&A Property (Recurrente) por defectos en trabajos de construcción. El Recurrente apeló la Resolución del DACo que declaró con lugar la querella. La resolución original ordenó al Recurrente corregir los defectos o indemnizar a la Recurrida por \$14,340.00, además de reembolsar \$279.53 por materiales. También condicionó el desembolso del remanente del préstamo de Sun West (\$8,662.41) a la realización satisfactoria de las reparaciones. El DACo impuso responsabilidad solidaria a Mapfre-Praico Insurance Co. hasta \$4,000.00. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión administrativa. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal modifica la Resolución Administrativa recurrida. Una vez modificada, la resolución del DACo es confirmada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una acción confesoria de servidumbre de paso y daños y perjuicios. Los apelados (matrimonio Sánchez-Ríos) demandaron a los apelantes (matrimonio Almeida-Martínez/Colón) para que se reconociera una servidumbre de paso sobre la finca de estos últimos. Alegaron que su finca, segregada de una mayor, tenía derecho al uso de la servidumbre existente a favor de la finca original. Los apelados sostuvieron que la servidumbre era legal, aparente y discontinua, adquirida por título o establecida por reglamento de planificación, y que los apelantes habían bloqueado el acceso. Los apelantes negaron la existencia de la servidumbre, argumentando su prescripción por no uso por más de 20 años y la existencia de acceso alterno para los apelados. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de los apelados, reconociendo la servidumbre y ordenando eliminar las barreras. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar el dictamen apelado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El peticionario, Miguel Álvarez Grillet, presentó un recurso de certiorari solicitando la revocación de resoluciones del Tribunal de Primera Instancia. Dichas resoluciones denegaron sus solicitudes de auxilio de jurisdicción y de relevo de sentencia por nulidad radical, así como la paralización de una orden de lanzamiento. El caso original fue instado por Scotiabank de Puerto Rico debido al incumplimiento en los pagos de un pagaré hipotecario que gravaba la vivienda principal del peticionario. El tracto procesal incluyó una mediación compulsoria bajo la Ley 184-2012, la cual no resultó en acuerdo. Scotiabank presentó una moción de sentencia sumaria, a la que el peticionario no se opuso. El foro primario requirió al banco certificar cumplimiento con la Ley 169-2016 antes de resolver. Tras la certificación, el TPI emitió las resoluciones que motivaron el recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones evaluó los méritos del recurso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones decidió expedir el recurso y confirmar las resoluciones recurridas del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de partición de herencia. Los peticionarios solicitan revocar una Minuta-Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había determinado que una Sentencia por Estipulación previa era un acuerdo solo entre las partes. Además, el TPI pospuso la adjudicación de un crédito reclamado por los peticionarios por rentas alegadamente no pagadas de una propiedad de la sucesión. Los peticionarios argumentan que la recurrida les adeuda su porción de la renta mensual de $\$400$ acordada en la estipulación. El TPI concluyó que el acuerdo sobre la renta estaba fuera del caso de partición y no vinculaba a la inquilina, quien no era parte. Por tanto, el TPI no podía adjudicar el crédito por rentas dentro de este procedimiento. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos presentados por los peticionarios. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el recurso de certiorari. Esto confirma la decisión del TPI de no adjudicar la reclamación de rentas dentro del caso de partición de herencia.

Resumen:

Doris Arce Ayala presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia. La orden recurrida, emitida en un pleito de daños y perjuicios por alegada impericia profesional, determinó que un informe pericial de la peticionaria no sería admitido. El foro primario había concedido un término para la presentación del informe, advirtiendo que su incumplimiento resultaría en la exclusión. La peticionaria no presentó el informe a tiempo, lo que llevó a la orden de exclusión, cuya reconsideración fue denegada. Sin embargo, dos días después de presentarse el certiorari, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia desestimando la demanda en su totalidad. El Tribunal de Apelaciones considera que el certiorari es un remedio discrecional y extraordinario. Su expedición requiere evaluar la etapa procesal para evitar fraccionamientos indebidos del litigio. Dado que ya se emitió una sentencia final en el caso, la etapa procesal actual hace inoportuna la expedición del recurso solicitado. La denegatoria no atiende los méritos, los cuales pueden plantearse en una apelación contra la sentencia final. Por tanto, se deniega el recurso de certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El recurrente, un confinado, impugna la denegatoria del Departamento de Corrección y Rehabilitación a su solicitud de ajuste retroactivo de compensación por trabajo en el Programa de Empresas de Adiestramiento y Trabajo (PEAT). El confinado reclamaba el pago de $7 diarios como diestro según la Orden Administrativa DCR-2016-11, solicitando la diferencia de $1 diario retroactivo desde octubre de 2016. La agencia denegó la solicitud y la posterior reconsideración, alegando que los aumentos de compensación para confinados fueron congelados desde enero de 2017 debido a recortes de gasto público impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal. El recurrente argumentó que no pedía un aumento, sino el punto de partida correcto para diestros. Tras agotar los remedios administrativos, acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó la determinación administrativa. Mediante esta sentencia, el Tribunal REVOCA la determinación recurrida del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en un caso de daños y perjuicios. El recurso proviene de una apelación presentada por Noemí Rosa Santiago contra Belz, The Outlet Route 66. La señora Rosa demandó por una caída sufrida en el centro comercial el 7 de febrero de 2014, alegando negligencia por un área mojada. La demanda fue radicada el 27 de enero de 2016. La parte apelada solicitó la desestimación mediante sentencia sumaria. Argumentaron que la causa de acción estaba prescrita, ya que la demanda se presentó casi dos años después del incidente. Indicaron que solo hubo una interrupción del término prescriptivo mediante una reclamación extrajudicial en marzo de 2014. El Tribunal de Primera Instancia acogió el argumento y desestimó la demanda por prescripción. El Tribunal de Apelaciones revisa esta decisión. Resuelve confirmar en parte y revocar en parte la Sentencia apelada.

Resumen:

Este caso es una apelación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sumariamente una demanda por incumplimiento de contrato y daños contra una aseguradora por pérdidas causadas por el huracán María. La demandante reclamaba que la aseguradora subestimó y omitió pérdidas, negando cubierta y pagos debidos. La aseguradora solicitó la desestimación alegando pago en finiquito, presentando un cheque cobrado por la demandante con una leyenda de pago total y final. El TPI acogió la desestimación basándose en que el cobro del cheque constituía un pago total y definitivo. La demandante apeló, argumentando que no se configuraron los elementos del pago en finiquito y que existían hechos materiales en controversia. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el TPI erró al aplicar la doctrina de pago en finiquito. El récord no demostró que la aseguradora hiciera una oferta justa, brindara orientación adecuada, que la asegurada entendiera que el pago era una transacción final, ni que no hubiera opresión. Por tanto, el récord no permitía la desestimación sumaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Iris N. Ortiz Escribano contra Clínica de Terapias Pediátricas, Inc. La apelación busca revocar una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la reclamación por despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80. El foro primario concluyó que dicha causa de acción había prescrito. La señora Ortiz demandó a la Clínica tras la cancelación verbal de su contrato de servicios profesionales en octubre de 2015. La cancelación coincidió con una investigación del Departamento de la Familia por alegaciones de abuso sexual, que posteriormente resultaron infundadas en 2018. Ortiz argumentó que el despido fue injustificado, basado en imputaciones sin fundamento y sin debido proceso. La Clínica solicitó la desestimación, alegando que el contrato permitía la terminación inmediata sin requerir notificación escrita, dada la seriedad de las alegaciones. Tras evaluar el recurso y la oposición, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia parcial del tribunal apelado, validando la desestimación de la reclamación por despido injustificado por haber prescrito.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestima un recurso de apelación presentado por Jorge L. Pagán Vélez. El apelante impugnaba una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su acción civil sobre entredicho provisional y permanente contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El tribunal apelativo determina que el recurso no fue perfeccionado conforme a los preceptos legales y reglamentarios aplicables. Señala que el expediente no contiene copia de la demanda original, la sentencia apelada ni la moción de desestimación considerada por el foro primario. La corte enfatiza la obligación del apelante de incluir los documentos necesarios en el apéndice para permitir el cabal ejercicio de sus funciones de revisión. El incumplimiento de estos requisitos procesales impide al tribunal atender el asunto planteado. Por tanto, al no haberse observado las exigencias reglamentarias, se procede a la desestimación del recurso.

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Comparecen peticionarios ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden declaró con lugar una solicitud de anotación de rebeldía contra la codemandada Keyshmary González Marano en un caso de accidente de tránsito. La demanda original por daños y perjuicios fue presentada en mayo de 2019. Sin embargo, la demandante no solicitó la expedición del emplazamiento para González Marano hasta septiembre de 2019, transcurridos más de 120 días desde la radicación. El emplazamiento fue expedido tardíamente y se autorizó la notificación por edicto, tras lo cual se anotó la rebeldía. Los peticionarios alegan que el Tribunal de Primera Instancia debió desestimar la acción contra González Marano sin perjuicio, conforme a la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, por la demora en solicitar el emplazamiento. La demandante recurrida se opone al certiorari, argumentando que no se cumplen los requisitos para su expedición. El Tribunal de Apelaciones revisa si procedía la desestimación en lugar de la rebeldía ante el incumplimiento del término de 120 días para solicitar el emplazamiento.

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Farmacia Medina 2, Inc. solicitó al Tribunal de Apelaciones la revocación de una determinación del Departamento de Hacienda. Dicha determinación sostuvo, en parte, multas administrativas impuestas a la farmacia por infracciones al Código de Rentas Internas. Las multas surgieron de una inspección en 2014, identificando una licencia de venta de cigarrillos vencida y la operación de máquinas de entretenimiento sin licencia. Inicialmente, se impusieron multas de $5,000 y $30,000. La farmacia impugnó las multas, admitiendo la licencia de cigarrillos vencida pero cuestionando la legalidad de las penalidades, especialmente la relacionada con las máquinas. El Negociado de Impuesto al Consumo solicitó sostener la multa por la licencia de cigarrillos y argumentó la aplicación de otra sección del Código (3050.03) para las máquinas, pidiendo anular la multa original de $30,000 bajo una sección derogada. La farmacia, aunque admitió no tener la licencia para las máquinas, disputó que la sección 3050.03 permitiera la imposición de multas. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución administrativa apelada.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, Lester Vega Valentín, impugnó una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de alimentos contra Luz Selenia Negrón Pérez. El recurso se originó en la Sala Superior de Ponce. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición de certiorari y la oposición presentada por la parte recurrida. Aplicó el estándar legal que limita la intervención con la discreción del foro primario a casos de craso abuso o error sustancial. Tras evaluar los argumentos, el panel concluyó que el peticionario no logró demostrar que el Tribunal de Primera Instancia hubiera cometido un error que justificara la intervención apelativa en esta etapa. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. La petición fue presentada por Dimpna Fuentes Álvarez, tutora de Carmen María Batista Díaz, en el contexto de un pleito de desahucio en precario. Se solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó una moción de sentencia sumaria. La peticionaria argumentó que los hechos incontrovertidos establecían la procedencia del desahucio. No obstante, el TPI identificó controversias de hechos esenciales, especialmente en cuanto a los derechos de la demandante sobre la propiedad. El TPI también determinó que el Departamento de Vivienda, como propietario original, era una parte indispensable en el litigio. La peticionaria impugnó la denegatoria de sentencia sumaria mediante certiorari. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Samuel Gómez Morales. El peticionario solicitó la revisión de la sentencia de cuatro años de cárcel que le fue impuesta en noviembre de 2016 por maltrato a personas de edad avanzada y apropiación ilegal. Previamente, el señor Gómez Morales presentó una moción de enmienda de sentencia ante el Tribunal de Primera Instancia, la cual fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución notificada en septiembre de 2019. Inconforme, presentó un recurso de certiorari en octubre de 2019, que fue desestimado por falta de información. El presente recurso fue presentado el 30 de diciembre de 2019, argumentando un error en la liquidación de las penas. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción por haberse presentado tardíamente. Se señala además que el escrito carece de los requisitos formales necesarios para su consideración.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión instado por CCA Group, LLC contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La resolución del DACo, emitida en agosto de 2019, declaró con lugar una querella de Félix Colón Anaya e Isabel Rodríguez Galarza. La querella original, presentada en 2015, alegaba vicios de construcción en una residencia adquirida de CCA Group, incluyendo filtraciones, grietas y otros defectos. El DACo había ordenado a CCA Group pagar a los querellantes \$21,024.09 más intereses por la corrección de los defectos. Un informe de investigación del DACo había identificado hallazgos, y CCA Group no cumplió con su compromiso de corregirlos. Tras revisar el recurso, las mociones de las partes y la prueba, el Tribunal de Apelaciones emitió su decisión. El Tribunal de Apelaciones revocó la resolución del DACo que ordenaba el pago.

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Mapfre Pan American Insurance Company solicitó la revocación de una resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó una moción de sentencia sumaria presentada por Mapfre y ordenó la continuación de los procedimientos. El caso original fue incoado por los Sres. Roldán y Ortiz contra Mapfre por incumplimiento de contrato de seguro tras el huracán María. Los demandantes alegaron que Mapfre no proveyó justa compensación por los daños a su propiedad y actuó de mala fe. Mapfre, en su moción de sentencia sumaria, argumentó que los demandantes aceptaron un cheque por $3,058.80$ como pago total y definitivo de la reclamación. Sostuvo que la aceptación del cheque liberaba a la aseguradora de ulterior responsabilidad. El Tribunal de Primera Instancia rechazó este argumento en la etapa de sentencia sumaria. El panel judicial revisó la solicitud de Mapfre para expedir un auto de certiorari. Por los fundamentos expuestos, el panel denegó la expedición del auto solicitado. Esto significa que la decisión del Tribunal de Primera Instancia de continuar con el caso se mantiene.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari en un caso de habeas corpus. El peticionario, Francisco López Castro, impugna la denegatoria de su solicitud de excarcelación por el Tribunal de Primera Instancia. López Castro fue encarcelado preventivamente por cargos de armas al no prestar fianza. Argumentó que su detención excedía el término constitucional de seis meses sin juicio. El tribunal primario inicialmente concedió el habeas corpus, pero impuso supervisión electrónica como condición. Posteriormente, el mismo tribunal revocó su decisión y denegó la excarcelación. El peticionario recurrió, alegando detención ilegal por el vencimiento del término y su indigencia para cumplir la condición económica. El Pueblo se opuso, aduciendo la suspensión del término por la pandemia. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Se expide el auto solicitado y se revoca la resolución recurrida, declarando procedente el habeas corpus.

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Sentencia de un panel judicial que resuelve una Petición de Certiorari presentada por la Oficina del Procurador General en representación del Gobierno de Puerto Rico. El Gobierno impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha resolución anotó la rebeldía al Gobierno en un pleito de reinstalación y daños presentado por el Sr. Antonio Rodríguez Ortiz y otros. La rebeldía se anotó por la alegada falta de contestación a la demanda en el término provisto. El Gobierno solicitó dejar sin efecto la anotación, argumentando que la omisión se debió a la ausencia de su abogada por motivos de salud familiar y que no hubo intención de dilatar el proceso. Alegó además que la omisión de la representación legal no debía imputarse a la parte y que tenía defensas válidas. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la reconsideración del Gobierno y mantuvo la anotación de rebeldía. El Gobierno recurrió en certiorari, alegando que el TPI abusó de su discreción al anotarle la rebeldía. El panel judicial expide el auto de certiorari. Finalmente, revoca la resolución del Tribunal de Primera Instancia que anotó la rebeldía al Gobierno.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de apelación presentado por el Estado Libre Asociado (ELA). El recurso busca la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso presentado por Lewis Dorta Mowery. El Sr. Dorta, ex Comisionado Asociado de la Comisión de Servicio Público (CSP), fue cesado tras la aprobación de la Ley Núm. 211-2018, que reorganizó la agencia y redujo el número de comisionados. Alegando despido sin justa causa y sin debido proceso, el Sr. Dorta solicitó una sentencia declaratoria y un injunction para su reinstalación. El TPI declaró sin lugar la moción de desestimación del ELA, concluyó que el Sr. Dorta tenía un interés propietario en su puesto hasta el fin de su término y ordenó su reinstalación. El ELA apeló, argumentando que el TPI erró al no aplicar la doctrina de inmunidad legislativa y al emitir el interdicto. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia apelada.

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Mapfre Insurance Company solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. El caso original involucra una demanda por incumplimiento de contrato presentada por Nixa Díaz Medina contra Mapfre por daños a su residencia tras el huracán María. Mapfre argumentó que la reclamación debía desestimarse basándose en la doctrina de pago en finiquito, ya que la demandante endosó un cheque que indicaba ser el pago total. El TPI denegó la moción de sentencia sumaria al determinar que Mapfre renunció a la defensa de pago en finiquito por no haberla planteado en su contestación a la demanda. Mapfre recurrió esta decisión mediante certiorari, alegando que el TPI erró al considerar renunciada la defensa y al no encontrar configurados sus elementos. El Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del recurso de certiorari solicitado por Mapfre.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari en un caso de daños. El Tribunal de Primera Instancia dictaminó la culpa de los codemandados pero ordenó continuar el proceso para determinar y valorar los daños. Los peticionarios impugnan este dictamen. El Tribunal de Apelaciones examina si la determinación recurrida es una sentencia final o una resolución interlocutoria. Explica las diferencias entre sentencias, resoluciones y sentencias parciales según las reglas procesales. Una sentencia parcial es final y apelable solo si cumple ciertos requisitos de certificación. El dictamen del TPI no resolvió la totalidad del caso ni certificó una sentencia parcial como final, dejando pendiente la cuestión de los daños. Por tanto, se considera una resolución interlocutoria. El Tribunal de Apelaciones concluye que no puede revisar este tipo de dictamen interlocutorio mediante certiorari en esta etapa.

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El Tribunal de Apelaciones resolvió una petición de certiorari presentada por Exiel Vélez et al. Los peticionarios buscaban revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. Alegaban que la jurisdicción para atender la demanda sobre daños por incumplimiento contractual, relacionada con equipos solares defectuosos, correspondía al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El Tribunal de Apelaciones deliberó sobre los méritos del recurso. Concluyó que tanto el foro primario como el DACo poseen jurisdicción primaria concurrente sobre la controversia. Al no encontrar indicio de actuación arbitraria, caprichosa, abuso de discreción o error de derecho por parte del tribunal de primera instancia, y sin identificar fundamentos para expedir el auto, denegó la petición de certiorari.

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Sentencia de un panel de jueces en Puerto Rico que revisa una apelación. El apelante, Ramón Luis Meléndez Maisonet, fue declarado culpable por un jurado de cuatro cargos de agresión sexual y uno de actos lascivos contra un menor. El Tribunal de Primera Instancia le impuso una pena de 50 años de reclusión y ordenó su inclusión en el Registro de Ofensores Sexuales. El apelante alegó errores del TPI al no permitir instrucciones al jurado ni argumentos finales sobre las características de niños abusados sexualmente, y error en la apreciación de la prueba. Tras examinar los autos, la transcripción y los alegatos, el tribunal apelativo procedió a resolver. La sentencia concluye confirmando la decisión emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegó un recurso discrecional de certiorari presentado por Benjamín Rosa Ramos. El peticionario buscaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que le denegó una moción para un nuevo juicio. La solicitud de nuevo juicio se fundamentaba en el derecho a un veredicto unánime del jurado en casos de delito grave, citando jurisprudencia reciente. El Tribunal de Apelaciones concluyó no expedir el auto solicitado. Fundamentó su decisión en que el peticionario incumplió con las formalidades del recurso al no incluir documentos esenciales del expediente original, lo que impidió la función revisora. Además, señaló que la sentencia impugnada colateralmente ya había adquirido firmeza. El tribunal no encontró indicio de que el foro primario actuara de forma arbitraria o cometiera error de derecho. Por tanto, denegó la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones, Panel VI, emitió una resolución en el caso entre Miguel Ramírez Worth y Denisse Rodríguez Fuentes (Recurridos) y el Consejo de Propietarios de Sevilla Biltmore, Inc. et al. (Peticionarios). Los Peticionarios solicitaron la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición para excluir prueba documental, testifical y pericial. Argumentaban que no eran los dueños de la propiedad inmueble objeto de la reclamación. Tras deliberar, el Tribunal de Apelaciones decidió no expedir el auto de certiorari solicitado. Fundamentó su decisión en que algunas controversias estaban fuera del alcance de revisión bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Además, señaló que la determinación impugnada era interlocutoria y podía ser atendida en una etapa posterior del proceso. El tribunal concluyó que el foro primario no actuó de forma arbitraria, caprichosa, abusó de su discreción o cometió error de derecho. Por tanto, denegó la expedición del auto de certiorari conforme a los criterios que guían su discreción.

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Carlos Luis González Rivera, un confinado, presentó una Petición de Mandamus ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó que se ordenara a dos funcionarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación, un Oficial Examinador y un Oficial Investigador, inhibirse de su caso disciplinario. El peticionario alegó que el Investigador le manifestó que el Oficial Examinador era injusto y parcial, sugiriendo un resultado predeterminado. El tribunal inició su análisis explicando la naturaleza y alcance del recurso de mandamus. Detalló que el mandamus es un remedio extraordinario para compeler el cumplimiento de un deber *ministerial*. Un deber ministerial es aquel impuesto por ley que es mandatorio y no deja espacio a la discreción. Por el contrario, el mandamus no es aplicable a deberes de carácter *discrecional*. La sentencia describe los hechos del caso y los principios legales que rigen el mandamus en Puerto Rico. La porción del documento provista se enfoca en el trasfondo fáctico y la explicación legal del recurso. No contiene la determinación final del tribunal sobre la solicitud de inhibición del peticionario.

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Idalia M. Guzmán Baquero solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden requirió a la señora Guzmán, residente de Florida, prestar una fianza de no residente de $2,000.00 en su caso laboral. La señora Guzmán había presentado una demanda por hostigamiento sexual, despido injustificado y represalias bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. Argumentó que la imposición de la fianza era incompatible con dicha ley, la cual prohíbe honorarios de abogado al empleado. Los demandados solicitaron la fianza basándose en la Regla 69.5 de Procedimiento Civil para garantizar costas y honorarios. El Tribunal de Primera Instancia impuso la fianza y suspendió el caso. Inconforme, la señora Guzmán acudió en certiorari. Los demandados solicitaron la desestimación por falta de jurisdicción, y el Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso por esa misma razón.

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Un confinado, Reynaldo Perez Delgado, fue acusado de poseer una tarjeta SIM dentro de la Institución Penal Guerrero de Aguadilla. Tras una determinación inicial de no causa probable, una vista preliminar en alzada sí encontró causa, resultando en una acusación formal. La acusación imputaba que la tarjeta SIM era un objeto capaz de afectar el orden o la seguridad de la institución. El peticionario solicitó la desestimación, argumentando que una tarjeta SIM por sí sola carece de valor y no puede alterar la seguridad penal. El Ministerio Público se opuso, sosteniendo que la tecnología permite que una SIM afecte la seguridad al dar utilidad a un teléfono celular y almacenar datos. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de desestimación. El tribunal concluyó que la posesión de una tarjeta SIM por un confinado constituye un objeto que puede afectar el orden o la seguridad, ya que es capaz de hacer funcionar un teléfono celular y almacenar data, y que las leyes penales están sujetas a interpretación.