Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 195)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación. El caso versa sobre la división de la comunidad de bienes formada durante una relación de convivencia de trece años entre las partes. El demandante solicitó la división de los activos acumulados, principalmente un negocio operado por ambos. El demandado aceptó la división pero presentó una reconvención reclamando bienes en posesión del demandante y aportaciones a bienes privativos. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda de división y denegó la reconvención. El demandado apeló la sentencia de instancia. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente, los alegatos de las partes y la prueba presentada. La corte apelativa modificó la Sentencia apelada y así modificada la confirmó.

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Recurso de Certiorari presentado ante el Tribunal de Apelaciones por Karla M. Rondán Díaz contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. La peticionaria impugnó la denegatoria de su recurso de revisión de boletos de tránsito y una moción de reconsideración subsiguiente. Alegó violaciones al debido proceso de ley y falta de debida notificación de las multas administrativas. El Tribunal de Apelaciones consideró el recurso, citando la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico sobre la notificación de multas y el derecho a revisión. Se recordó la naturaleza discrecional del Certiorari y la obligación judicial de verificar la jurisdicción. Tras el análisis, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar el recurso de Certiorari presentado. Esta decisión valida la determinación previa del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la revisión de los boletos.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Marisela Román De Jesús contra el Hospital Dr. Susoni, Inc. La apelación surge de una querella por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. La apelante alegó haber sido despedida sin justa causa tras 18 años de servicio, específicamente por negarse a firmar una notificación de suspensión. El hospital sostuvo que el despido fue justificado por insubordinación y negativa a seguir procedimientos durante una reunión disciplinaria. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existió justa causa para el despido y desestimó la querella. La apelante recurrió esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, validando la conclusión de que el despido de la apelante tuvo justa causa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de certiorari. McNeil Healthcare, LLC solicita la revocación de una Sentencia Parcial en Rebeldía dictada en su contra por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia fue emitida en un caso de despido injustificado presentado por Kermie Virola Martinez. McNeil argumenta que el tribunal de instancia no tenía jurisdicción sobre su persona. Alega que el emplazamiento no se realizó conforme a las disposiciones del procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. Sostiene que la anotación de rebeldía y la adjudicación de las causas de acción sin vista son contrarias a Derecho. El documento detalla el trasfondo del caso original, incluyendo las alegaciones del empleado sobre su historial laboral, condiciones de salud y las circunstancias de su despido. La Sentencia del Apelativo evaluará la validez del emplazamiento y la procedencia de la sentencia en rebeldía.

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Recurso de apelación instado por Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La apelación proviene de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de impugnación de confiscación de un vehículo. El vehículo fue ocupado en 2016 por su uso en una supuesta violación a la Ley de Sustancias Controladas. La Cooperativa, como aseguradora subrogada, impugnó la confiscación. Aunque los ocupantes del vehículo resultaron favorecidos en los procesos criminales por falta de causa probable, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la impugnación. El foro primario determinó que la Cooperativa no rebatió la presunción de corrección y legalidad que cobija las confiscaciones bajo la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. La Cooperativa argumentó que el resultado de los casos criminales debía aplicar por impedimento colateral por sentencia. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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Scotiabank de Puerto Rico presentó una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra Hedson Zavala Steidel y otros, obteniendo sentencia a su favor y una posterior orden de lanzamiento del inmueble hipotecado. Los demandados solicitaron la reconsideración de la orden de lanzamiento y la recusación del juez de instancia, alegando prejuicio y denegación de debido proceso en etapas previas del caso. El juez denegó la solicitud de inhibición, y otro juez designado denegó la recusación por incumplimiento de formalidades procesales. Los demandados apelaron esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones y luego ante el Tribunal Supremo, sin éxito, confirmándose la denegación por falta de juramentación y ausencia de indicio de prejuicio. A pesar de los fallos previos, los demandados presentaron una segunda moción de recusación juramentada ante el tribunal de instancia. Scotiabank se opuso, argumentando la ley del caso. El tribunal primario evaluó la segunda solicitud y determinó que no existía conducta prejuiciada por parte del juez, denegándola nuevamente. Este historial procesal, centrado en los intentos de recusación del juez, es el contexto del recurso ante el Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El recurso fue presentado por Gilberto Bonilla y otros contra Javier Suárez y otros, apelando una decisión del Tribunal de Primera Instancia. La controversia surge de alegados actos difamatorios dentro de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, relacionados con la posición del señor Bonilla como vicepresidente. Los apelantes demandaron a varios individuos, incluyendo a Javier Suárez Miranda, alegando su participación en dichos actos y la firma de una carta con alegaciones falsas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la causa de acción contra Suárez Miranda mediante sentencia sumaria. La desestimación se basó en la falta de oposición de los demandantes a la solicitud de sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia Parcial del foro primario, la cual carecía de determinaciones de hechos y análisis legal. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia Parcial que desestimó la demanda contra Javier Suárez Miranda.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones en un caso laboral iniciado por Sharonly Peña Olmeda contra el Colegio de Profesionales de la Enfermería y otros. La demanda original incluyó reclamaciones por despido injustificado, represalias y otros daños bajo la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales. Un punto central del litigio fue la solicitud de anotación de rebeldía contra los demandados, la cual fue inicialmente denegada por el Tribunal de Primera Instancia. La Peticionaria recurrió en certiorari (KLCE201900387), logrando que un panel previo del Tribunal de Apelaciones revocara la decisión y ordenara la anotación de rebeldía. Los demandados apelaron sin éxito ante el Tribunal Supremo, que desestimó el recurso. Tras la devolución del caso y la notificación del mandato, el Tribunal de Primera Instancia señaló una vista en rebeldía. Posteriormente, los demandados presentaron mociones solicitando levantar la rebeldía y convertir el procedimiento, a pesar de las determinaciones apelativas previas. Este recurso (KLCE202000607) parece abordar la situación procesal generada por estas acciones subsiguientes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Javier Castro Rivera contra Econo Rial, LLC. El señor Castro Rivera apela una Sentencia sumaria parcial del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. En dicho dictamen, el foro primario desestimó las causas de acción por represalias y ambiente hostil al amparo de la Ley Núm. 115, así como las reclamaciones en daños. El apelante había demandado a Econo Rial, LLC alegando despido injustificado y represalias en octubre de 2013 tras un incidente con un compañero de trabajo. Econo Rial, LLC sostuvo que el despido se debió a un altercado físico entre empleados que violó las normas de la empresa. La desestimación en Primera Instancia se fundamentó en la alegación de Econo de que las reclamaciones de Castro Rivera estaban prescritas. El apelante argumentó que una querella administrativa presentada en 2016 interrumpió el término prescriptivo. El error señalado en apelación es que el Tribunal de Primera Instancia desestimara las causas de acción por despido en represalias bajo las Leyes Núm. 80 y Núm. 115 por prescripción. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar el recurso.

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RJ Reynolds Tobacco Company apeló una penalidad impuesta por el Departamento de Hacienda por la radicación y pago tardío de la Planilla Mensual de Arbitrios de octubre de 2009. La planilla fue presentada con dos días de retraso, venciendo el 10 de noviembre y radicándose el 12 de noviembre de 2009. RJ Reynolds solicitó la exoneración de la penalidad alegando causa razonable, específicamente la enfermedad de la persona responsable. El Negociado de Servicio al Contribuyente de Hacienda denegó la solicitud, considerando el historial de radicaciones y pagos tardíos de la compañía. La Secretaría de Procedimiento Adjudicativo confirmó la determinación de Hacienda tras una vista administrativa. Inconforme, RJ Reynolds recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. La recurrente argumentó que se erró al denegar la exoneración por causa razonable y al no considerar la posible prescripción de la deuda de la penalidad. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por RJ Reynolds. Finalmente, el Tribunal confirmó el dictamen administrativo que denegó la solicitud de exoneración de la penalidad.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa la denegatoria de una petición de relevo de sentencia por parte del Tribunal de Primera Instancia. Los peticionarios, Israel Martínez Hernández y su esposa, buscan revocar dicha resolución. El caso se originó con una querella laboral presentada por Gilberto Peña Lacern bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2-1961. El recurrido reclamó diversas sumas por salarios, beneficios y daños relacionados con su empleo y despido. Los peticionarios fueron emplazados y presentaron una moción de desestimación, argumentando que el patrono era una corporación y no ellos personalmente. El foro primario denegó la posterior moción de relevo de sentencia fundamentándose en la Ley Núm. 2-1961. La sentencia del Tribunal de Apelaciones evalúa si procedía la denegatoria de dicho relevo en el contexto de este procedimiento sumario laboral.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la revisión de una resolución de pensión alimentaria. La apelante, madre de la menor, solicitó modificar la pensión establecida previamente en \$691.34 mensuales. Argumentó una disminución significativa en sus ingresos desde la determinación original en 2016. Un segundo informe del Examinador de Pensiones Alimentarias en 2018 calculó una pensión menor (\$456.03) basada en los ingresos actualizados de ambos padres. Sin embargo, el Examinador recomendó mantener la pensión vigente de \$691.34. El Tribunal de Primera Instancia acogió esta recomendación y denegó la solicitud de modificación. La madre recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El tribunal revisará la resolución como una apelación, a pesar de haber sido presentada como certiorari. El proceso se vio afectado inicialmente por problemas técnicos con la grabación de la vista en primera instancia, requiriendo la remisión de autos y regrabación.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Mayra Acevedo García. La peticionaria solicitó revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de supresión de evidencia. La evidencia fue ocupada durante una inspección en un apartamento de vivienda pública donde la señora Acevedo se encontraba, aunque no era la arrendataria autorizada. La inspección fue realizada por un funcionario del Departamento de Vivienda acompañado por agentes de la policía, motivada por una confidencia y la sospecha generada al notar luces encendidas en el apartamento de una arrendataria ausente. Al abrir la puerta, percibieron olor a marihuana. Según las determinaciones del TPI, la señora Acevedo accedió a la inspección, durante la cual se encontró un bulto con sustancias controladas en un armario. La peticionaria argumentó que el registro fue ilegal al no contar con una orden judicial. El Tribunal de Primera Instancia denegó la supresión. Tras examinar el recurso y las comparecencias, el Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari solicitado.

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El señor Alex Quiñones Rodríguez presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de supresión de evidencia. Específicamente, buscaba suprimir una grabación de una conversación telefónica entre él y la presunta víctima, que el Ministerio Público pretendía usar como prueba en un caso por violación al Artículo 3.3 de la Ley Núm. 54. El Tribunal de Primera Instancia había denegado la solicitud de supresión y una posterior reconsideración. Mientras el recurso estaba pendiente en apelación, el peticionario informó al Tribunal que la controversia se había tornado académica. Esto ocurrió porque el peticionario alcanzó un preacuerdo con el Ministerio Público en el foro primario. Conforme a este acuerdo, el señor Quiñones Rodríguez hizo alegación de culpabilidad por los delitos imputados. El tribunal sentenciador acogió el preacuerdo, que incluía la posibilidad de referir el caso a informe para un desvío si cualificaba. Ante esta situación, el Tribunal de Apelaciones concluyó que la controversia planteada en el recurso había perdido su vigencia. Cualquier remedio que pudiera conceder el Tribunal de Apelaciones no tendría efecto práctico. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari por haberse tornado académico.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de una demanda por incumplimiento de contrato presentada por José Albarrán Santiago contra Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM) tras los daños causados por el huracán María. Albarrán reclamó que CSM no le compensó justamente y actuó de mala fe. CSM solicitó la desestimación del caso, alegando que Albarrán aceptó un pago final, configurando un finiquito. Albarrán se opuso, argumentando que su consentimiento al pago pudo estar viciado por las acciones de la aseguradora. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación de CSM, al encontrar controversias sobre hechos materiales, particularmente si la aceptación del pago por Albarrán fue válida o si su consentimiento estuvo viciado por dolo. Inconforme, CSM presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Sin embargo, confirmó la resolución del foro primario.

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Un panel del Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó una demanda por nulidad de sentencia. Los apelantes buscaban anular una sentencia de 2010 sobre ejecución de hipoteca, alegando que el banco carecía de legitimación activa debido a la titularización del pagaré. El banco solicitó la desestimación argumentando cosa juzgada, ya que los apelantes habían presentado un pleito anterior en 2015 con las mismas alegaciones, el cual fue desestimado con perjuicio y quedó final y firme. El TPI determinó que la demanda actual reproducía exactamente las mismas causas de acción previamente litigadas y desestimadas. Los apelantes recurrieron, señalando como error la aplicación de la doctrina de cosa juzgada y la desestimación bajo la Regla 10.2(5). El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y resolvió confirmar la sentencia del TPI. La decisión valida la aplicación de la doctrina de cosa juzgada para desestimar la demanda de nulidad.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari presentado por una abogada. La abogada solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su relevo como abogada de oficio en un caso de daños y perjuicios. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud inicial y posteriormente la reconsideración. La abogada recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Al examinar el tracto procesal, el Tribunal de Apelaciones advierte que el recurso fue presentado fuera del término establecido por el Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio. Dicho reglamento dispone un término de cinco días para presentar el certiorari tras la notificación de la resolución. Aunque una resolución del Tribunal Supremo extendió los términos procesales hasta el 15 de julio de 2020 debido a la pandemia de COVID-19, el certiorari fue presentado el 31 de julio de 2020. Al ser presentado tardíamente y sin justificación, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para intervenir. Por consiguiente, el Tribunal desestima el recurso de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de la apelación presentada por Jean C. Rodríguez Quiñones y Joel D. Reyes Pacheco. Los apelantes recurrieron la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, que les impuso una pena de 258 años, 7 meses y 12 días de reclusión. Las acusaciones incluyeron múltiples infracciones al Código Penal de 2012, como asesinato y tentativa de asesinato, así como violaciones a la Ley de Armas. Los cargos se relacionan con un incidente ocurrido el 18 de octubre de 2014 en Fajardo, donde se les imputó causar la muerte de tres personas y herir a otra mediante disparos. Los hechos se basaron, en parte, en el testimonio de una de las víctimas y un co-autor. Tras revisar los autos y la prueba, el Panel II del Tribunal de Apelaciones procedió a confirmar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari. El caso se origina en una demanda por violación de propiedad intelectual y competencia desleal sobre marcas "Black Beard". Los demandantes (recurridos) alegaron que los demandados (peticionarios) usaban marcas similares para servicios idénticos. Los peticionarios impugnaron la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, argumentando que no fueron emplazados correctamente. Alegaron que los documentos de emplazamiento estaban en blanco y en un idioma que no entendían. El foro primario determinó que el emplazamiento fue diligenciado conforme a derecho y adquirió jurisdicción. Los peticionarios recurrieron esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y REVOCÓ la orden del Tribunal de Primera Instancia.

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Se trata de una apelación presentada por Carlos Hiram Morales Martínez contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella laboral contra Supermercado Alcoba, Inc. El apelante reclamó despido injustificado bajo la Ley 80, solicitando indemnizaciones y pago de vacaciones, alegando despido constructivo tras un altercado y temor por su seguridad. El supermercado, representado por la madre del apelante, argumentó que este renunció voluntariamente tras una reunión familiar de negocios. La prueba en el TPI demostró que, durante una discusión en dicha reunión, el apelante tiró las llaves, expresó su intención de irse y abandonó el lugar, sin regresar ni comunicarse posteriormente. El empleador le envió una carta de despido por ausencias. El Departamento del Trabajo también determinó que el apelante abandonó voluntariamente su empleo. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que no hubo despido injustificado. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, resuelve confirmar la sentencia apelada, validando la desestimación de la querella.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la sentencia impuesta por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, a Jean C. Rodríguez Quiñones y Joel D. Reyes Pacheco. Los apelantes buscaban revocar la pena de 258 años, 7 meses y 12 días de reclusión dictada en su contra. Las acusaciones incluían múltiples infracciones al Código Penal de 2012, como homicidio y tentativa de homicidio, así como violaciones a la Ley de Armas. Los hechos imputados ocurrieron el 18 de octubre de 2014 en Fajardo, donde se les acusó de causar la muerte de tres personas y herir a otra mediante disparos. La evidencia principal provino del testimonio de un sobreviviente y un co-autor. Tras revisar los autos y la prueba, el Panel II del Tribunal de Apelaciones procedió a confirmar la sentencia apelada.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico se presentó un recurso de revisión contra un permiso de construcción emitido por la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Guaynabo a favor de San Juan Fuel Corp. El permiso autorizaba la reconstrucción y/o remodelación de una estación de gasolina. Los recurrentes impugnaron la decisión administrativa. Sin embargo, la parte recurrida solicitó la desestimación del recurso por haber sido presentado tardíamente. El Tribunal recordó que el término jurisdiccional para recurrir en alzada es de 30 días a partir del archivo de la notificación de la resolución final de la agencia. El permiso fue emitido el 7 de marzo de 2019, venciendo el término para apelar el 8 de abril de 2019. Los recurrentes presentaron su recurso el 14 de julio de 2020, sin haber solicitado reconsideración previa. Al haber transcurrido el término jurisdiccional, el Tribunal determinó que carecía de autoridad para intervenir en el caso. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción.

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Este caso se presenta ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en apelación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Los apelantes impugnaron la Resolución, señalando inicialmente un error en su notificación. Previo a la apelación, los apelantes solicitaron al Tribunal de Primera Instancia que re-notificara la Resolución, petición que fue concedida. Esta re-notificación provocó que el recurso de apelación presentado se tornara prematuro, ya que los términos para apelar comenzaron a correr nuevamente. Tanto los apelantes como la parte apelada coincidieron en que el recurso era prematuro. El Tribunal de Apelaciones determinó que un recurso presentado antes del plazo aplicable adolece de falta de jurisdicción. Conforme a su Reglamento, el Tribunal carece de jurisdicción para atender un recurso prematuro. Por tanto, se ordenó la desestimación del recurso de apelación por ser prematuro. Adicionalmente, se dispuso el desglose de los apéndices presentados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión administrativa del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACo). El caso surge de una querella presentada por Aida Iris Concepción González contra el contratista Eric I. Rodríguez Marrero por un trabajo de sellado de techo defectuoso. La Sra. Concepción González alegó que el trabajo falló poco después de realizado y el contratista no cumplió con corregirlo. El DACo investigó la querella, realizó una inspección que confirmó múltiples desperfectos en el sellado. Tras una vista administrativa, el DACo ordenó al Sr. Rodríguez Marrero reembolsar a la consumidora la suma de \$1,200. El contratista recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal, al revisar el recurso, confirma la resolución emitida por el DACo.

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El Tribunal de Apelaciones desestimó un recurso instado por Emilio Torres Santiago, un confinado. El recurrente solicitó su excarcelación o un indulto debido a la pandemia de Covid-19, alegando ser paciente de VIH y, por tanto, vulnerable. Incluyó una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación que lo reclasificó a custodia mediana en marzo de 2020. Sin embargo, el Tribunal observó que el recurrente no impugnó dicha reclasificación, sino que pidió un remedio (excarcelación/indulto) que no está dentro de las facultades de este foro apelativo. El Departamento de Corrección y Rehabilitación también solicitó la desestimación por falta de jurisdicción y defectos procesales. El Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender la solicitud del recurrente, desestimando el recurso por incumplimiento con la ley y el reglamento aplicables y por el remedio solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000582. Alexis José Torres Irizarry apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de injunction y sentencia declaratoria en un asunto electoral. El Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones solicitó la desestimación del recurso por haber sido presentado a destiempo. El Tribunal revisó la fecha de notificación de la sentencia apelada, que fue el 16 de julio de 2020. Según el Código Electoral aplicable (Ley Núm. 78-2011), el término para apelar era de diez días. Este plazo vencía el 27 de julio de 2020. El Apelante presentó su recurso el 12 de agosto de 2020, fuera del término jurisdiccional. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para atender el caso. En consecuencia, se desestima la apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202000506. Las partes involucradas son Oriental Bank como recurrido y Ángel Ricardo Cintrón Dávila, Carola Elena Acosta Marín y José Milán Rodríguez como peticionarios. El caso original, procedente del Tribunal de Primera Instancia, trata sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los peticionarios presentaron un aviso informando su desistimiento del caso ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal declaró Ha Lugar el desistimiento presentado. Por consiguiente, se ordena el archivo y sobreseimiento de este caso. La sentencia fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 21 de agosto de 2020.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación contra una sentencia de desahucio. Los apelantes recurren una decisión del Tribunal de Primera Instancia a favor del Municipio de Cataño. El Tribunal de Apelaciones examinó su jurisdicción para revisar el caso. Se encontró que la apelación fue presentada el 15 de julio de 2020, pero sin los sellos de rentas internas requeridos. La deficiencia fue corregida al día siguiente, 16 de julio de 2020. La sentencia apelada fue notificada el 6 de julio de 2020, y una resolución del Tribunal Supremo extendió el término para apelar hasta el 15 de julio de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. El Tribunal reitera que el pago de aranceles y la adhesión de sellos son requisitos jurisdiccionales para perfeccionar un recurso. Dado que los sellos fueron adheridos el 16 de julio de 2020, el recurso fue perfeccionado tardíamente. Al no haberse perfeccionado la apelación dentro del término jurisdiccional extendido, el Tribunal carece de autoridad para considerar el caso. Por consiguiente, el Tribunal desestima la apelación.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La peticionaria, Vivian Rodríguez, solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución del TPI declaró No Ha Lugar una moción de relevo de sentencia presentada por la peticionaria. La sentencia original del TPI, emitida en diciembre de 2018, ordenó a la peticionaria pagar una suma de dinero a la Junta de Residentes Urb. Rincón Español. La peticionaria apeló esa sentencia, pero su recurso fue desestimado por deficiencias procesales. Posteriormente, solicitó el relevo de la sentencia en el TPI, argumentando su nulidad. El TPI denegó la moción, entendiendo que la sentencia era final y firme y carecía de jurisdicción. Mediante este certiorari, la peticionaria impugna la decisión del TPI de denegar su moción de relevo. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, resuelve denegar el auto de certiorari solicitado por la señora Rodríguez.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero entre padre e hijo. El apelado, Alfredo Bravo Nones, demandó a su hijo, Alfredo Adolfo Bravo Colón, reclamando el pago de $25,500. Esta cantidad representaba la mitad del balance restante de un préstamo de $70,000 que el padre y su difunta esposa habían otorgado al hijo. El apelante admitió haber recibido el dinero y pagado $19,000, pero alegó que el resto fue un regalo de su madre y que la deuda estaba prescrita. El Tribunal de Primera Instancia concedió la demanda mediante sentencia sumaria, ordenando al hijo pagar los $25,500 más intereses. El hijo apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen apelado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. La peticionaria, Migdalia I. Rodriguez Sanz, solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su solicitud de orden de protección contra los recurridos y concedió la solicitud de orden de protección de los recurridos contra ella. Ambas solicitudes se basaron en la Ley de Derechos de la Persona de Edad Avanzada (Ley 121-1986). Las querellas recíprocas involucraban alegaciones de maltrato, explotación financiera y control sobre los asuntos de un matrimonio de edad avanzada. La peticionaria alegó falta de cuidado y explotación hacia el señor de edad avanzada. Los recurridos alegaron que la peticionaria coaccionaba al matrimonio, se apropiaba de bienes y actuaba unilateralmente. La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada intervino, identificando sospechas de diversas modalidades de maltrato. Tras revisar el dictamen recurrido, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó un recurso de la Administración de Vivienda Pública (AVP). La AVP impugnó una resolución de la Junta Revisora de Subastas del Departamento de la Vivienda. Dicha resolución declaró nulo el aviso de adjudicación y siete contratos de la Solicitud de Propuestas AVP-RFP-18-19-03. Este RFP buscaba contratar servicios multidisciplinarios para residentes de vivienda pública. La Junta Revisora también dejó sin efecto los contratos suscritos. El Tribunal evaluó los escritos y anejos presentados por las partes. Se detalla el proceso de evaluación del RFP, que incluía requisitos mandatorios. El incumplimiento de estos requisitos resultaba en la descalificación automática de la propuesta. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida. Esto valida la anulación de la adjudicación y los contratos por la Junta Revisora.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una petición de certiorari en un caso de daños y perjuicios (KLCE202000288). Los peticionarios solicitaron la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para sustituir a la "Aseguradora X" por MAPFRE y anotar la rebeldía contra esta. La demanda original se presentó contra individuos y aseguradoras desconocidas. Una abogada de MAPFRE compareció en nombre de los demandados individuales, logrando que se dejara sin efecto la anotación de rebeldía inicial. Posteriormente, los peticionarios argumentaron que MAPFRE se había sometido a la jurisdicción al representar a los individuos y participar en el proceso, y que su identidad se había admitido mediante descubrimiento. MAPFRE solicitó la desestimación por falta de jurisdicción, alegando que nunca fue emplazada y que solo compareció en representación de los demandados individuales, no en su propio nombre, señalando además la tardanza de los peticionarios en nombrarla formalmente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de los peticionarios relativa a MAPFRE. Tras analizar los argumentos de las partes, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado. Esta decisión confirma la determinación del tribunal de instancia sobre la sustitución y rebeldía de MAPFRE.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Plaza del Caribe Shopping Center apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. La Sentencia original declaró con lugar una demanda de daños y perjuicios presentada por Julissa Cordero Sepúlveda y su esposo. Los demandantes reclamaron compensación por un intento de "carjacking" y agresión sufrido por la señora Cordero Sepúlveda en el estacionamiento del centro comercial en 2012. Alegaron que el incidente y los daños resultantes, incluyendo una herida de cuchillo en el rostro y angustias mentales, fueron consecuencia de la negligencia del centro comercial al no proveer seguridad adecuada. El foro primario determinó que la falta de seguridad razonable fue la causa probable de los daños. Consecuentemente, el TPI condenó a la parte apelante a pagar \$375,000 en daños, más intereses. La parte apelante solicitó la revocación de esta determinación, argumentando que la seguridad era suficiente. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

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Procedimiento de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre liquidación de comunidad de bienes. La peticionaria, Belkis M. Navas, impugna la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de descubrimiento de prueba. El recurrido, Astrid Molina Iglesias, inició el pleito para liquidar dos inmuebles adquiridos durante su matrimonio, celebrado en Colorado y disuelto por divorcio. Navas alegó la existencia de otros bienes comunes, como planes de retiro y activos financieros, y solicitó descubrir prueba sobre ellos. Molina Iglesias se opuso al descubrimiento, argumentando que no se constituyó una sociedad legal de gananciales al casarse en Colorado y que la ley aplicable era la de dicho estado. Sostuvo que su demanda solo buscaba liquidar las dos propiedades inmuebles en Puerto Rico. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de descubrimiento de Navas. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado y revocó la resolución recurrida.

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El Pueblo de Puerto Rico comparece en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución ordenó la desestimación y archivo de una denuncia contra Ángel Irizarry Sanabria por infracción al Artículo 5.15 de la Ley de Armas. El TPI basó su decisión en la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal. Argumentó que la denuncia fue sometida fuera del término de 60 días desde que el acusado fue sujeto a responder por otros cargos relacionados con los mismos hechos. El foro primario concluyó que la dilación del Ministerio Público no tenía justa causa y violaba el debido proceso. El Pueblo peticionario alega que el TPI erró al aplicar la Regla 64(n)(2) y al desestimar la denuncia sin que se demostrara perjuicio. El Tribunal de Apelaciones resuelve expedir el auto solicitado y revocar la Resolución recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari presentada por Mapfre Praico Insurance Company. Mapfre solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. El caso subyacente es una demanda por incumplimiento de contrato presentada por Diego Alejandro Cintrón Velázquez contra Mapfre. El demandante reclama que Mapfre se negó a pagar una justa compensación por daños causados por el Huracán María bajo su póliza de seguro. Mapfre basó su moción de sentencia sumaria en la alegación de que el asegurado no cumplió con las disposiciones de la póliza al no notificar los daños antes de demandar. El demandante argumentó haber realizado gestiones y que Mapfre tenía registro de una reclamación. El TPI denegó la sentencia sumaria, identificando hechos controvertidos sobre el cumplimiento de la póliza por el demandante y la diligencia de Mapfre. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado por Mapfre. Esto confirma la decisión del TPI de que existen controversias de hechos que impiden resolver el caso sumariamente, por lo que el litigio continuará en la instancia inferior.

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Panel del Tribunal de Apelaciones resuelve recurso presentado por Mr. Cacique, Inc. contra Puma Energy Caribe, LLC. El recurso impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud de sentencia sumaria de Mr. Cacique. La controversia principal gira en torno a la interpretación de una cláusula (Cláusula Segunda) de un contrato de arrendamiento de 2013. Mr. Cacique demandó a Puma buscando declarar su derecho a rescindir el contrato antes de la expiración de su término inicial de diez años. Ante la negativa de Puma, Mr. Cacique añadió una acción de desahucio y solicitó sentencia sumaria alegando claridad contractual. Puma se opuso, argumentando que la interpretación requería un análisis integral del contrato. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de sentencia sumaria de Mr. Cacique. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación y revisó la determinación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida. Como resultado, se desestima la demanda presentada por Mr. Cacique.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación de FirstBank Puerto Rico. El banco apeló una sentencia sumaria que le fue adversa en un pleito iniciado por un matrimonio. Los demandantes alegaron que FirstBank aumentó su pago hipotecario para cubrir una supuesta deuda del CRIM, pero basándose en información incorrecta de la propiedad. Presentaron una moción de sentencia sumaria, aportando una carta del banco donde este admitía el error en la información y confirmaba un ajuste y reembolso. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria, concluyendo que FirstBank había admitido el cobro indebido. FirstBank apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia emitida por el foro primario. La decisión ratifica que el banco cobró en exceso debido a información errónea sobre la deuda contributiva, lo cual fue reconocido por la propia institución.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Jerry Alemán Roque, apelante, solicitando la revisión de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó su demanda de desahucio en precario. El apelante adquirió un terreno mediante venta judicial y buscaba desalojar a Sergio Colón Vargas y Brunilda Vargas Becerril, quienes residen en una estructura enclavada en dicho predio. Los apelados argumentaron ser dueños de la edificación por más de 40 años, señalando que la venta judicial solo incluyó el terreno y no la propiedad que enclava en el mismo. Presentaron reconvención alegando hostigamiento y daños. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existían controversias de hechos y errores de las partes que impedían resolver el asunto en un pleito sumario de desahucio. El foro primario concluyó que el apelante no estuvo pendiente a que se hiciera constar la existencia de estructuras, y los apelados no notificaron que poseían la estructura enclavada. Por tales fundamentos, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la demanda de desahucio. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, procede a confirmar el dictamen apelado.

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Se apela una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sumariamente una demanda por incumplimiento de contrato y daños contra AIG Insurance Company. El demandante original reclamó que la aseguradora no pagó adecuadamente los daños a su propiedad causados por el Huracán María. AIG solicitó la desestimación sumaria, argumentando que el cobro de un cheque final constituía un pago en finiquito que extinguía la deuda. El Tribunal de Primera Instancia concedió la desestimación, aplicando la doctrina de pago en finiquito. El apelante sostiene que el TPI erró al aplicar esta doctrina y al determinar que no existían hechos materiales en controversia. Alega que existía una disputa sobre la cantidad correcta adeudada y que AIG incumplió con sus obligaciones bajo el Código de Seguros. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión, considerando la inapropiedad de la sentencia sumaria en casos que involucran elementos subjetivos como la intención o credibilidad, particularmente en la doctrina de pago en finiquito. También considera la naturaleza de interés público de la industria de seguros y la aplicación del Código de Seguros.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de revisión judicial contra una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La Resolución del DACo declaró Ha Lugar una querella presentada por los propietarios de un apartamento en el Condominio El Sol. La querella alegaba filtraciones de aguas negras y daños en su vivienda. El DACo ordenó al administrador interino del condominio reubicar una tubería sanitaria y realizar reparaciones en el apartamento afectado. Alternativamente, el DACo dispuso el pago de \$10,195.53 a los querellantes para que efectuaran las obras. El administrador recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, imputando error al DACo por no desestimar la querella alegando falta de prueba por parte de los querellantes. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. El Tribunal concluye que la presentación del recurso fue prematura.

Resumen:

Kelvin Ortiz Pagán, confinado bajo la custodia del DCR, presentó un recurso de revisión judicial impugnando una respuesta administrativa del Departamento relacionada con un programa. En su presentación inicial, el recurrente no incluyó documentos esenciales como mociones de reconsideración o revisión ni las respuestas del DCR a las mismas. Ante esta deficiencia, el Tribunal de Apelaciones emitió una Resolución concediéndole un término para someter un apéndice enmendado con todos los documentos pertinentes. Se le advirtió que el incumplimiento podría resultar en la desestimación del caso. Sin embargo, el recurrente no cumplió con la orden del Tribunal dentro del término concedido. La ley y la jurisprudencia exigen el cumplimiento riguroso de las normas procesales para el perfeccionamiento de los recursos apelativos. La falta de presentación de los documentos requeridos en el apéndice constituye un incumplimiento con dichas normas. Este incumplimiento con la orden del Tribunal es fundamento suficiente para desestimar el recurso de revisión judicial.

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Este documento trata sobre un recurso de certiorari presentado ante el Tribunal de Apelaciones por Francisco Luis Cartagena Figueroa. El peticionario impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que permitió a un testigo de cargo usar mascarilla durante una vista preliminar. La defensa argumentó que el uso de la mascarilla violaba el derecho a la confrontación del acusado al impedir la apreciación del demeanor del testigo. El Ministerio Público justificó el uso por la pandemia de COVID-19. El TPI denegó la petición de la defensa, basándose en los protocolos de salud pública y las guías del CDC que requieren el uso de mascarillas para prevenir contagios. El TPI concluyó que el uso de la mascarilla no vulneraba el derecho a la confrontación en la vista preliminar, ya que el acusado aún podía escuchar el testimonio, observar la proyección corporal, contrainterrogar al testigo bajo juramento y estar presente. Consideró que estos factores, junto a la evaluación judicial de la prueba, cumplían con los requisitos constitucionales. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y modificó la resolución del TPI.

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El caso se origina en una solicitud de declaración de incapacidad y designación de tutor presentada por Juan Crespo Ramos contra sus hijos, relacionada con su esposa Ivonne Rivera Mujica. Como parte del proceso, Crespo Ramos solicitó una evaluación médica de la señora Rivera Mujica. El Tribunal de Primera Instancia autorizó la evaluación, pero impuso condiciones, incluyendo permitir un acompañante y la grabación del procedimiento. Crespo Ramos recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, impugnando específicamente la autorización para grabar la evaluación. Mientras el recurso estaba pendiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden enmendada. Esta orden enmendada mantuvo la autorización para la evaluación y el acompañante, pero eliminó la condición que permitía la grabación. Dado que la orden enmendada removió el fundamento de la controversia planteada en el recurso, el Tribunal de Apelaciones desestimó el certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones atiende una petición de certiorari presentada por Irwing García Torres y José Cuadrado Iglesias. Los peticionarios impugnan sentencias del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez relacionadas con cargos por posesión de sustancias controladas sin receta bajo el Art. 404(a). Tras declararse culpables mediante pre-acuerdo, el tribunal inicialmente emitió una resolución bajo el Art. 404(c), imponiendo multa y servicio comunitario. Sin embargo, los peticionarios incumplieron con las horas de servicio comunitario y las terapias ordenadas. Ante dicho incumplimiento, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia de dos años de reclusión bajo libertad a prueba, fundamentada en la alegación original bajo el Art. 404(a). Los peticionarios alegan que el tribunal abusó de su discreción al no dictar una resolución bajo el Art. 404(b) en lugar de la sentencia suspendida. El Pueblo de Puerto Rico se opone a la solicitud de los peticionarios. El documento establece el contexto procesal para la revisión apelativa sobre la correcta aplicación de la ley tras el incumplimiento de las condiciones iniciales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión judicial instado por Juan Morales Báez. El recurrente impugna una resolución de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). La CIPA había ordenado la paralización de su apelación administrativa contra una suspensión de empleo y sueldo impuesta por la Administración de Corrección. Dicha paralización se basó en la paralización automática dispuesta por el Código de Quiebras Federal (11 USC § 362), aplicable al caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico bajo la Ley PROMESA. El recurrente alegó que la CIPA erró al ordenar dicha paralización. El Tribunal acogió el recurso como un certiorari para revisar la determinación de archivo administrativo. Tras examinar el recurso, el Tribunal procedió a resolver la controversia de derecho. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y confirmó la Resolución de la CIPA que ordenó la paralización de los procesos administrativos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de liquidación de sociedad de gananciales tras un divorcio. El señor Juan Arnaldo Rodríguez López presentó un Recurso de Certiorari contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión acogió en su totalidad el informe de una Comisionada Especial designada para la liquidación de bienes. El peticionario alegaba múltiples errores y perjuicio en el informe de la Comisionada y en la determinación del foro primario. El Tribunal de Apelaciones considera el Certiorari como un remedio discrecional y extraordinario. Evalúa la solicitud a la luz de los criterios establecidos en su Reglamento para la expedición de dicho auto. Tras analizar los fundamentos presentados por el peticionario, el Tribunal determina no expedir el auto. Por tanto, se deniega la solicitud de Certiorari presentada por el señor Rodríguez López.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando la denegatoria de reconsideración por el Tribunal de Primera Instancia. Los apelantes, Sergio Lugo Galarza y esposa, demandaron a Obdulia Negrón Caraballo y otros por un injunction posesorio, nulidad de sentencia y daños. Alegaron que los demandados segregaron terreno y construyeron una verja que les impide el acceso, basándose en una supuesta adjudicación ilegal en un pleito anterior. Los demandados solicitaron la desestimación invocando la doctrina de cosa juzgada, argumentando que sus acciones fueron autorizadas por una sentencia firme en el caso previo (J AC2012-0327). El Tribunal de Primera Instancia aplicó la cosa juzgada, determinando que existía identidad entre los casos y que las actuaciones de los demandados eran ejecución de una sentencia anterior. Denegó la solicitud de reconsideración de los apelantes, quienes alegaban la nulidad de la sentencia previa. El foro primario concluyó que los demandantes intentaban relitigar asuntos ya resueltos en el caso anterior. La apelación busca la revisión de esta determinación que desestimó la demanda por cosa juzgada.

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El Tribunal de Apelaciones deniega una petición de certiorari presentada por Mapfre Pan American Insurance Company. Mapfre solicitaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito que declaró No Ha Lugar a su Moción de Sentencia Sumaria. La demanda original fue presentada por el matrimonio Rodríguez-Ortiz contra Mapfre por incumplimiento de contrato relacionado con una reclamación de daños por el Huracán María. Mapfre basó su moción de sentencia sumaria en la doctrina de pago en finiquito, alegando que los demandantes cobraron un cheque presentado como pago total y final. Los demandantes se opusieron, argumentando falta de información y, crucialmente, que devolvieron el dinero dentro del término de 90 días permitido por ley para evitar que la reclamación quedara saldada. El TPI denegó la moción de Mapfre, concluyendo que la aseguradora no probó que el cheque contuviera las advertencias requeridas y que los demandantes demostraron haber devuelto el pago, hecho que Mapfre no refutó. Mapfre recurrió alegando que el TPI erró al no aplicar la defensa de pago en finiquito. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del recurso de certiorari.