Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 190)

Resumen:

La sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Miguel Cruz Santiago impugna la ratificación de su clasificación de custodia en nivel mediana. El Comité de Clasificación y Tratamiento mantuvo la custodia mediana. Esto se basó en una modificación reglamentaria que aplica a confinados con más de quince años restantes para ser elegibles a la Junta de Libertad Bajo Palabra. Al recurrente le faltan veintiocho años para dicha elegibilidad. El señor Cruz argumenta que su puntuación en la escala de reclasificación indica custodia mínima. Además, destaca su notable progreso y conducta intachable durante su confinamiento. Alega que la decisión de la agencia fue mecánica y obvió su evaluación positiva y logros rehabilitadores. El Tribunal de Apelaciones procede a considerar y resolver la controversia sobre la aplicación del reglamento frente al progreso individual del confinado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso de revisión judicial presentado por Wide Range Corporation contra la Autoridad de los Puertos. Wide Range Corporation impugnó la adjudicación de la Subasta Núm. 1-90, mediante la cual la Autoridad de Puertos adquirió defensas para muelles, a favor de Del Valle Group. Tras la notificación de la adjudicación el 20 de mayo de 2020, WRC presentó una solicitud de reconsideración que no fue atendida. Posteriormente, WRC recurrió ante el Tribunal de Apelaciones el 7 de agosto de 2020. La Autoridad de Puertos solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción, argumentando que la revisión judicial se presentó fuera del término de 20 días dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los argumentos, determinó que procedía la desestimación. La Sentencia concluye desestimando el recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202000436. La peticionaria, Ileana María Rivera Torres, solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución permitió al recurrido, Miguel Rodríguez Rivera, presentar una contestación enmendada y una reconvención en un pleito de cobro de dinero. La peticionaria argumenta que el TPI abusó de su discreción al permitir estos escritos tardíamente, alegando que las defensas y la reconvención se basaban en hechos conocidos desde el inicio del caso y que la reconvención era compulsoria. El Tribunal de Apelaciones recibió el recurso de certiorari y la oposición del recurrido. El documento detalla el marco legal y los criterios que rigen la expedición de un auto de certiorari en Puerto Rico. El tribunal se dispone a evaluar si procede expedir el auto solicitado para revisar la determinación del foro primario.

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Geovanny Ortiz Pérez presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Impugnaba una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de nuevo juicio. El peticionario alegó haber sido sentenciado por violaciones a la Ley Núm. 8 sin juicio, pero los récords judiciales indicaban sentencias por infracciones al Art. 8 de la Ley de Armas. El foro primario denegó su moción, confirmando la legalidad de las sentencias y aclarando que no cumplía pena por la Ley Núm. 8. Ortiz Pérez solicitó al Tribunal de Apelaciones anular su juicio y ordenar su excarcelación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, determinó desestimar el recurso. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción. El tribunal hace referencia a los requisitos reglamentarios para el perfeccionamiento de los recursos de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre violación de derechos constitucionales y daños y perjuicios. El apelante impugna la desestimación sin perjuicio de la demanda contra varios codemandados, incluyendo a Wanda Vázquez Garced y Ricardo Marrero Guerrero. La desestimación se fundamentó en el incumplimiento del término de 120 días para diligenciar el emplazamiento, conforme a la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil. El Tribunal de Primera Instancia expidió los emplazamientos, pero los envíos postales a la dirección de récord del apelante fueron devueltos por ser insuficiente. El apelante alegó que su encarcelamiento le impidió recoger y diligenciar los emplazamientos a tiempo. Aunque se autorizó el diligenciamiento por alguaciles, el apelante no pagó los aranceles requeridos. Ante la falta de diligenciamiento dentro del término, el foro primario desestimó la demanda contra los codemandados específicos. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari relacionado con un caso de nulidad de testamento. Los peticionarios, encabezados por Wendy Lind Casado, apelaron una decisión del Tribunal de Primera Instancia. La parte peticionaria presentó una moción solicitando el desistimiento del recurso de apelación. El Tribunal concedió a la parte recurrida un plazo para oponerse o mostrar causa en contra del desistimiento. Al no recibir respuesta de la parte recurrida dentro del término establecido, el Tribunal procedió a evaluar la solicitud. La Sentencia declara Ha Lugar la Moción de Desistimiento presentada por los peticionarios. En consecuencia, se ordena el archivo del caso ante el Tribunal de Apelaciones. Este desistimiento se efectúa con perjuicio, según lo dispuesto en el reglamento del Tribunal. Se advierte que el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia por Estipulación en el caso original.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La peticionaria, Ileana M. Rivera Torres, solicitó la revocación de dos órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. Una orden dio por admitidos los requerimientos de admisiones que el recurrido, Miguel Rodríguez Rivera, le notificó a la peticionaria y que esta contestó fuera de término. La otra orden denegó dar por admitidos los requerimientos de admisiones que la peticionaria notificó al recurrido, a pesar de que también fueron contestados tardíamente. La peticionaria argumentó que el TPI actuó arbitrariamente al aplicar la Regla 33 de Procedimiento Civil de forma inconsistente a las partes. Tras evaluar la petición de certiorari presentada, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto solicitado.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Luis Guadalupe González. El peticionario solicitó la revisión de una denegatoria del foro primario a su moción de corrección de sentencia bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Argumentó la necesidad de ajustar su pena y alegó violaciones a sus derechos constitucionales. El Tribunal observó que el señor Guadalupe González ya había presentado argumentos y mociones similares en ocasiones anteriores, las cuales fueron atendidas y resueltas por este mismo foro apelativo. Se explicó el propósito de la Regla 192.1 para cuestionar la validez de una sentencia y la naturaleza discrecional del auto de certiorari. El Tribunal determinó que el peticionario intentaba litigar nuevamente asuntos ya resueltos mediante dictamen final y firme. Además, el peticionario no anejó copia de la moción denegada, impidiendo evaluar si se cumplían los criterios para expedir el auto. Por tanto, al intentar relitigar asuntos previos y no demostrar los fundamentos requeridos, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un caso de Certiorari entre Jonathan Arroyo Muñiz y la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada, relacionado con un cobro de dinero. El señor Arroyo presentó un escrito solicitando la anulación o modificación de una sentencia del tribunal de primera instancia. Alegó que el gerente de la cooperativa actuó de mala fe al demandar injustamente varias propiedades tras una controversia por el retiro de fondos, violando leyes sobre atrasos en propiedades. No obstante, el tribunal encontró deficiencias significativas en su presentación. El peticionario no incluyó la sentencia recurrida ni documentos necesarios del expediente del tribunal de primera instancia. Tampoco identificó señalamientos de error específicos en la decisión apelada ni presentó argumentos revisables. El tribunal calificó sus alegaciones como conclusorias, confusas y no susceptibles de adjudicación. Concluyendo que el escrito no constituía un recurso revisable bajo el ordenamiento procesal, el Tribunal de Apelaciones desestimó el escrito del señor Arroyo por incumplir con su reglamento.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Kevin Vidot Vega. El peticionario impugnó la denegatoria de su moción de desestimación por el Tribunal de Primera Instancia. Vidot Vega enfrenta acusaciones por asesinato en primer grado, robo agravado y otros delitos relacionados con la muerte de Michael S. Candelaria Ferrer. Argumentó que, al ser menor de edad al momento de los hechos, la imputación correcta debió ser asesinato estatutario con el robo como delito base. Esta clasificación habría permitido un proceso de renuncia de jurisdicción en el tribunal de menores, en lugar de la jurisdicción automática en el tribunal de adultos por asesinato en primer grado. El Ministerio Público se opuso, alegando que la prueba demostró un asesinato deliberado ocurrido antes de la apropiación de bienes. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el señor Vidot Vega.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una resolución de la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. La resolución desestimó con perjuicio la apelación presentada por Refugio Edad de Oro, Inc. y su operador. Dicha apelación administrativa se relacionaba con una determinación de maltrato institucional con fundamento. La Junta fundamentó su desestimación en que la apelación fue presentada fuera del término de quince días calendarios. El recurrente argumentó que la Junta erró al computar el término, el cual debía iniciar desde la fecha de notificación personal. El Tribunal de Apelaciones examinó la decisión administrativa bajo el estándar de revisión judicial aplicable. Este estándar otorga deferencia a las agencias a menos que su actuación sea arbitraria, irrazonable, ilegal o sin base en evidencia sustancial. Tras la revisión, el Tribunal confirmó el dictamen de la Junta. La confirmación implica que el Tribunal encontró correcta la aplicación del procedimiento sobre la presentación a tiempo de la apelación administrativa.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. El Lcdo. Paul Vilaró Nelms solicita la revisión de una Resolución y Orden de Embargo Preventivo Enmendada del Tribunal de Primera Instancia. La orden impugnada fue emitida el 9 de julio de 2020 en el caso civil K JV1998-0647 sobre cartas testamentarias. El peticionario fue nombrado administrador judicial en dicho caso en 2005. Fue destituido de su cargo en 2012, lo que dio lugar a una disputa sobre sus honorarios y la rendición de cuentas final desde julio de 2009. Los herederos objetaron repetidamente los informes de cuenta final presentados por el Lcdo. Vilaró. Las objeciones se centraron en la falta de documentación, el método contable y gastos administrativos. El recurso de certiorari busca la revisión de la decisión del tribunal de primera instancia respecto a esta controversia contable y de honorarios, que culminó en la orden de embargo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) sobre fijación de pensión alimentaria. La recurrente, Yashira Núñez Karry, solicita la revisión de la Resolución de ASUME que fijó la pensión a cargo del padre, Víctor G. Valentín Torres, en \$323.49 mensuales. La madre custodia argumenta que ASUME no incluyó ciertos gastos razonables de la menor en el cálculo. Durante la vista administrativa, la madre presentó una lista de gastos mensuales para la hija, incluyendo servicios, alimentos, ropa y cuido. El padre objetó varios de estos gastos, cuestionando su atribución a la menor o su razonabilidad. Antes de la resolución, el padre pagaba una pensión provisional de \$575.00. La recurrente pide que se recalcule la pensión para reflejar la totalidad de los gastos reclamados. El Tribunal evalúa el recurso de revisión judicial, la oposición y los documentos presentados. La sentencia detalla el proceso administrativo previo y los argumentos de las partes ante ASUME.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000317. El apelante, Manuel Orlando Cruz Díaz, recurre una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra MAPFRE Pan American Insurance Company. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato y daños por la alegada falta de pago adecuado de MAPFRE por daños a la propiedad del apelante tras el huracán María. El apelante sostenía que MAPFRE pagó de menos y no ajustó la pérdida correctamente. MAPFRE argumentó haber cumplido sus obligaciones y que el apelante aceptó el pago final como finiquito al cobrar el cheque. MAPFRE solicitó sentencia sumaria basándose en la doctrina de pago en finiquito, la cual fue concedida por el TPI. El TPI determinó que el cobro del cheque constituyó una aceptación en finiquito, extinguiendo la obligación. El apelante apeló esta decisión. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Juan Otero Santos, miembro de la población penal, recurre ante el Tribunal de Apelaciones tras la denegatoria de su reconsideración administrativa por la División de Remedios Administrativos del DCR. El peticionario impugna su traslado de la Institución Correccional 216 a la 718. Aduce que el traslado fue una medida disciplinaria impuesta sin seguir el proceso reglamentario. Como resultado, perdió su derecho a estudiar y trabajar en la Institución 216. Solicita ser trasladado de vuelta para recuperar estas oportunidades. El DCR sostiene que el traslado fue por seguridad y que el peticionario fue reubicado en Sabana Hoyos (Institución 216) posteriormente. La División de Remedios Administrativos denegó la reconsideración, considerándola académica. El DCR también argumenta que el peticionario no agotó los remedios administrativos respecto a los estudios. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso. Finalmente, el Tribunal decidió confirmar la sentencia administrativa recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Sumaria Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de injunction. El litigio involucra al Consejo de Titulares de un condominio y a MTI Development \& Construction, propietario de la unidad 1-03. La disputa central se refiere al uso permitido para la unidad 1-03, específicamente si podía ser utilizada como oficina médica o si estaba restringida a uso comercial según los documentos del condominio. El Consejo de Titulares instó un injunction alegando que MTI violó la escritura matriz y el reglamento al intentar convertir la unidad en una oficina médica. Argumentaron que los documentos designaban la unidad 1-03 exclusivamente para usos comerciales, como cafetería o restaurante. MTI sostuvo que la escritura permitía tanto el uso comercial como el de oficina médica para dicha unidad. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria parcial concluyendo que la unidad 1-03 era exclusivamente para propósitos comerciales según los documentos. No obstante, el foro primario dejó pendientes controversias sobre la prescripción de acciones relativas a contratos de arrendamiento de áreas comunes y el pago de cuotas de mantenimiento por parte de MTI. MTI apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó la Sentencia Sumaria Parcial impugnada.

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Sandra Hernández Miranda demandó a United Surety & Indemnity Company por incumplimiento de contrato de una póliza de seguro de vivienda tras el Huracán María. La peticionaria alegó daños severos a su propiedad y que la aseguradora no ofreció una compensación justa, sino una suma muy inferior a la estimada por su perito. Reclamó la diferencia en daños a la propiedad y por angustias mentales. United Surety sostuvo que ya había efectuado un pago final y total de $2,212.14, el cual la peticionaria aceptó al cambiar el cheque, dando por cerrada la reclamación. La peticionaria controvirtió que el cheque se emitiera sin una explicación clara de que constituía un pago final. El Tribunal de Primera Instancia, al evaluar el caso, ordenó a la peticionaria devolver el cheque recibido de United Surety. Este documento es la Sentencia del Tribunal de Apelaciones que considera el recurso de certiorari presentado por la señora Hernández Miranda para revocar dicha orden del foro primario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en los casos consolidados KLCE202000622 y KLCE202000623. El Pueblo de Puerto Rico presentó recursos de certiorari contra una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para continuar procedimientos pre-juicio, específicamente la vista preliminar, mediante videoconferencia. La solicitud se basaba en protocolos de seguridad por la pandemia de COVID-19 que impedían el traslado del recurrido, Jorge M. Cordero López, quien se encontraba en prisión preventiva por cargos de delitos sexuales y maltrato contra menores. Posteriormente, el Pueblo informó que el Tribunal de Primera Instancia había ordenado la excarcelación del Sr. Cordero. Ante esta nueva circunstancia, el Tribunal de Apelaciones determinó que la controversia sobre la celebración de la vista por videoconferencia se había tornado académica. Concluyó que carecía de jurisdicción para resolver el asunto planteado. Por tanto, procedió a desestimar los recursos de certiorari presentados.

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El Pueblo de Puerto Rico presentó dos recursos de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones impugnando una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden denegó la solicitud del Ministerio Público para que los procedimientos previos al juicio, incluyendo la vista preliminar, continuaran mediante videoconferencia. La petición de videoconferencia se fundamentaba en la imposibilidad de trasladar al acusado, Jorge M. Cordero López, desde la institución correccional debido a la pandemia de COVID-19. Cordero López enfrentaba cargos por abuso y delitos sexuales contra menores, y se encontraba en prisión preventiva. Posteriormente, el Pueblo informó al Tribunal de Apelaciones que el foro primario había ordenado la excarcelación del acusado y señalado una nueva vista. Ante esta nueva circunstancia, el Tribunal de Apelaciones determinó que la controversia planteada en los recursos se había tornado académica. Concluyó que carecía de jurisdicción para resolver el asunto. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó las peticiones de certiorari.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Barchetta, LLC solicitó la revisión judicial de una resolución de la Junta de Revisión de Subasta de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM). Barchetta impugnó la adjudicación del requerimiento de propuesta RFP 2019-002, relativo a servicios de administración, facturación y cobro hospitalario. ASEM había adjudicado el contrato a Continium Care Solution, Inc. (CCS) tras evaluar las propuestas de cinco proponentes. La evaluación consideró criterios como cualificaciones, fortaleza financiera, compensación y referencias, asignando puntuaciones y valores porcentuales. CCS obtuvo la mayor puntuación general y presentó la propuesta económica más baja, mientras que Barchetta quedó en tercera posición. Barchetta solicitó reconsideración ante la Junta de Revisión de Subasta de ASEM, la cual ratificó la adjudicación a CCS. Inconforme, Barchetta acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión judicial. El tribunal denegó una moción urgente de paralización de procedimientos. Finalmente, por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación administrativa recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de revisión judicial presentado por el confinado Jeremy Juarbe Rosario. El recurrente impugnó una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Dicha resolución lo encontró incurso en dos infracciones disciplinarias del Reglamento Núm. 7748. Las faltas imputadas incluían desobedecer una orden directa y entorpecer la visibilidad en el área de vivienda. Como sanción, se le impuso la privación de privilegios de comisaría, visitas y recreación por veinticinco días. El Tribunal revisó el expediente administrativo del procedimiento disciplinario. Consideró los derechos al debido proceso de ley que asisten a la población correccional, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Tras el análisis, el Tribunal anunció su determinación de revocar parcialmente la resolución recurrida del DCR. El documento detalla los pasos procesales seguidos por la agencia y las normativas disciplinarias aplicadas.

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La Unión de Tronquistas de Puerto Rico, Local 901, instó un recurso de certiorari para revisar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra San Juan Gas Acquisition. La demanda buscaba el pago de salarios y beneficios para dos empleados por el periodo comprendido entre la fecha en que advino final y firme un laudo arbitral que ordenó su reinstalación (mayo de 2009) y la fecha en que fueron efectivamente reinstalados (mayo de 2010). Previamente, un primer laudo arbitral había ordenado la reinstalación de los empleados despedidos. Una segunda querella ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje resultó en un laudo que concedió salarios y beneficios prospectivamente desde la fecha de reinstalación. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de la Unión con perjuicio, aplicando la doctrina de cosa juzgada. Determinó que la reclamación de salarios retroactivos debió plantearse en la segunda querella arbitral. San Juan Gas Acquisition también había argumentado la prescripción de la acción. Tras evaluar el recurso de certiorari y la oposición presentada, este panel concluye que procede abstenerse de ejercer su jurisdicción.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso criminal procedente del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. El apelante, Francisco Valdés Pérez, recurre contra una determinación del foro primario que denegó su solicitud de inhibición de la jueza María T. Rivera Corujo. El peticionario alegó que la jueza mintió en corte y que existía un conflicto de interés debido a una demanda civil que él interpuso en su contra. La moción de inhibición fue referida a otra jueza, Nerisvel C. Durán Guzmán, quien celebró una vista y declaró sin lugar la solicitud. El apelante argumenta que el TPI erró al referir el asunto de la recusación y al permitir que la jueza continuara presidiendo a pesar de la demanda. El Tribunal de Apelaciones, tratando el recurso como certiorari, revisa la determinación interlocutoria. Tras considerar los fundamentos expuestos, el Tribunal deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el apelante.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La resolución declaró con lugar una moción de BPPR de Puerto Rico basada en cosa juzgada o impedimento colateral por sentencia. Esto impidió a Monsita Lecaroz Arribas litigar una causa de acción contra BPPR en su reconvención enmendada. El caso original fue una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por BPPR contra Lecaroz y otros. Los demandados reconvinieron, alegando negligencia y mala fe de BPPR respecto a una moratoria y denegación de refinanciamiento. BPPR cedió su interés en los préstamos a PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso presentado por la señora Lecaroz como un certiorari. El tribunal revisó la determinación del foro primario sobre la aplicación de la cosa juzgada. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y confirmó la resolución recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en el caso KLCE20200247. El recurso de certiorari fue presentado por GFR Services, Inc., GFR Media, LLC y Sand Dollar, LLC. Los peticionarios buscaban la revocación de tres resoluciones del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dichas resoluciones denegaron mociones de desestimación parcial, desestimación por alegaciones y conversión de procedimiento presentadas por los peticionarios. El caso original es una demanda por despido injustificado y represalias radicada por Gisela Soraya Pérez Hernández. La demandante alegó haber sido despedida tras expresar inconformidad con un paquete de compensación. Los peticionarios negaron las alegaciones y argumentaron que el despido fue justificado. Tras examinar los asuntos presentados, el Tribunal de Apelaciones decidió denegar la expedición del recurso de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso KLAN201900685. Este recurso de apelación provenía del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, en un caso sobre declaración de incapacidad y nombramiento de tutor (Caso Núm. J EX1997-0174). Las partes en apelación eran José L. Biaggi Lugo como apelante y Alba Biaggi Lugo y Milka Ivelisse Biaggi Lugo como apeladas. El apelante presentó una moción informativa sobre un acuerdo transaccional alcanzado con la parte apelada. Dicha moción incluía una solicitud de desestimación del recurso. El Tribunal de Apelaciones declaró Ha Lugar la moción presentada por el apelante. En consecuencia, ordenó el archivo del caso por desistimiento, conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento. La sentencia fue pronunciada el 9 de septiembre de 2020.

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Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por Norma I. Martínez contra MAPFRE Insurance Company. La apelante impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato y daños tras el huracán María. Martínez alegó que MAPFRE denegó injustificadamente la cubierta por los daños a su propiedad. MAPFRE argumentó que la reclamación se cerró por falta de comunicación de la apelante y que la demanda era vaga. El Tribunal de Primera Instancia desestimó con perjuicio las causas de acción por incumplimiento, mala fe y dolo. No obstante, permitió que la reclamación por daños del huracán continuara si la apelante la complementaba para que MAPFRE la adjudicara. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una petición de certiorari presentada por Carmen G. Szendrey Ramos. La petición busca revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que aprobó ciertas partidas de gastos sometidas por FirstBank Puerto Rico, Inc. en un memorando de costas. El pleito original, incoado en 2008, trata sobre alegaciones de discrimen por género, despido injustificado y represalias. Como parte del proceso, se designaron Comisionados Especiales para manejar el descubrimiento de prueba y vistas evidenciarias. En una apelación previa, este Tribunal ordenó a los recurridos pagar la totalidad de los honorarios del segundo Comisionado Especial, con derecho a recobro si prevalecían. La controversia actual se centra en la validez de la aprobación por el TPI de dichos gastos como costas recuperables por FirstBank.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre la apelación presentada por Luis Ayala González. El apelante recurrió la sentencia penal del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que lo encontró culpable de violar el Artículo 5.04 de la Ley de Armas. Los cargos originales surgieron de un incidente el 19 de abril de 2017, donde se alegó que Ayala González portó y disparó ilegalmente un arma de fuego. Tras trámites preliminares, solo se encontró causa probable por la infracción al Artículo 5.04. En el juicio, testigos de cargo declararon que el apelante, luego de una discusión, regresó al lugar, apuntó con una pistola y disparó al marcharse. La prueba incluyó testimonios, una certificación de ausencia de licencia de armas y fotografías. La defensa no presentó prueba testifical. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y las comparecencias de las partes. Procedió a confirmar la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando la desestimación de una querella por despido injustificado. La apelante, Jannette Calero Caraballo, demandó a Metro Health, Inc. tras ser despedida el 22 de febrero de 2016. Trabajó para la empresa desde 2001 como Supervisora de Sala de Operaciones. La querella original también incluía una alegación de discrimen por edad, la cual fue desistida posteriormente. Metro Health defendió el despido como justificado, citando conducta impropia y negligencia. El Tribunal de Primera Instancia denegó una sentencia sumaria al identificar controversias fácticas. Sin embargo, tras un juicio en su fondo, el TPI desestimó la querella. La apelante recurre la sentencia desestimatoria, cuestionando la valoración de la prueba oral. El Tribunal de Apelaciones examina el recurso para determinar si el despido fue justificado conforme a derecho.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Sentencia Declaratoria y Acción de Reivindicación. La apelación surge de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que resolvió una disputa sobre la herencia de Carlos S. Torres Sigurani. Maribel Muñiz Méndez, en representación de su hija menor, demandó a Raymond, Maybeth y Ludovina Sigurani Torres, alegando que la menor era la única heredera y que los demandados se habían apoderado de los bienes. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de la menor, declarando Ha Lugar la Acción de Reivindicación e imponiendo costas y honorarios a los demandados. Inconformes, los demandados apelaron, presentando varios señalamientos de error. Entre los errores alegados se encuentra la supuesta falta de jurisdicción del foro primario por no incluir una parte indispensable. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar los méritos de la apelación presentada.

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Este recurso de apelación revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de impugnación de confiscación por falta de jurisdicción. Los apelantes presentaron una primera demanda para impugnar la confiscación de un vehículo, pero no emplazaron al Estado dentro del término jurisdiccional de 15 días desde la radicación, según la Ley Uniforme de Confiscaciones. Posteriormente, desistieron de esa demanda y presentaron una segunda, la cual fue radicada fuera del término jurisdiccional de 30 días a partir de la notificación de la confiscación. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que ambos términos son jurisdiccionales, fatales e improrrogables, y su incumplimiento le privaba de jurisdicción para atender el caso. Los apelantes argumentaron que tenían derecho a desistir y volver a presentar la acción. El Tribunal de Apelaciones examinó el Art. 15 de la Ley Núm. 119-2011, que establece claramente el carácter jurisdiccional de los plazos para demandar y emplazar en casos de impugnación de confiscación. Confirmó que el incumplimiento de estos términos impide al tribunal ejercer jurisdicción sobre la controversia. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada que desestimó el caso por falta de jurisdicción.

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Este caso se origina en una demanda por alegada impericia médica presentada contra el Dr. Antonio Otero López. El demandado solicitó sentencia sumaria, alegando inmunidad bajo el Código de Seguros de Puerto Rico por ser facultativo a tiempo completo del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. Argumentó que la ley provee inmunidad absoluta a los profesionales de la salud que actúan en cumplimiento de sus deberes como empleados del Estado. La demandante se opuso a la moción, pero no presentó prueba para refutar la alegación de inmunidad del doctor. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria y desestimó la causa de acción contra el Dr. Otero. La demandante apeló, cuestionando que no se realizara descubrimiento de prueba ni una vista evidenciaria para determinar si los servicios fueron prestados como médico privado o como facultativo del RCM-UPR. El documento discute la aplicación del Art. 41.050 del Código de Seguros sobre la inmunidad de profesionales de la salud empleados por el Estado. También aborda los requisitos para dictar sentencia sumaria cuando no existe controversia genuina sobre hechos materiales. La apelación busca revocar la desestimación, argumentando que existía una controversia de hecho material sobre el estatus del doctor que impedía la sentencia sumaria.

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Guillermo J. Rosado Martínez y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado demandaron a Compañía Cervecera de Puerto Rico por daños y perjuicios tras un accidente laboral. Rosado Martínez sufrió una caída en las instalaciones de Cervecera mientras descargaba azúcar líquida. Compañía Cervecera solicitó la desestimación del caso alegando ser un patrono estatutario con inmunidad bajo la ley de compensaciones por accidentes del trabajo. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente concedió la sentencia sumaria a favor de Cervecera. Rosado Martínez apeló, argumentando que la figura del patrono estatutario no aplicaba a un contrato de compraventa y que existían controversias de hechos. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia sumaria original, determinando que persistían controversias de hechos materiales sobre la relación contractual entre Cervecera y el suplidor del azúcar. Tras la devolución del caso, Compañía Cervecera presentó una segunda moción de sentencia sumaria reiterando su defensa de inmunidad. Rosado Martínez se opuso nuevamente, señalando las controversias fácticas pendientes.

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Sentencia que revisa la Resolución a Reconsideración del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar una solicitud de paralización de procedimientos. La solicitud fue presentada por la señora María Isabel Chávez Ardila en un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca incoado por Banco Santander de Puerto Rico. El Banco Santander demandó a la señora Chávez Ardila y a la sucesión de su fenecido esposo por incumplimiento de un pagaré hipotecario sobre una propiedad. La señora Chávez Ardila, aunque repudió la herencia de su esposo, fue demandada como deudora obligacional y titular de la propiedad. Como defensa, invocó la prescripción, la falta de posesión del pagaré por el banco y su estado de quiebra. Posteriormente, solicitó la paralización del caso al amparo de la Ley PROMESA. Argumentó que la paralización procedía porque el Estado Libre Asociado de Puerto Rico adquirió una participación en la propiedad hipotecada debido a la repudiación de la herencia por parte de los herederos. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud de paralización. Este panel procede a examinar dicho dictamen a la luz del derecho aplicable.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por Zaida Felisa Pérez Ramírez. El recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia y se relaciona con un caso sobre entredicho provisional e injunctions. La parte recurrida es Broadcasting & Programming Systems of Puerto Rico, Inc. El Tribunal examinó la petición de certiorari y el alegato de la parte recurrida. Aplicando su estándar de revisión de la discreción del foro primario, el Tribunal concluyó que no se demostró la comisión de error alguno que justificara su intervención. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. Una solicitud de desestimación presentada por la parte recurrida fue declarada sin lugar.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación sobre la custodia de menores en un caso de divorcio. La apelante, Yamila Ramírez Rodríguez, recurre de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que mantuvo un plan de custodia compartida de semanas alternas. Un informe social forense había recomendado la custodia compartida pero con un plan de fines de semana alternos, el cual fue aceptado por la madre pero objetado por el padre. A pesar de la recomendación y la preferencia expresada por los hijos (de 17 y 12 años) a la trabajadora social, el foro primario decidió continuar con el esquema de semanas alternas. La apelante argumenta que el tribunal erró al no acoger la recomendación del informe social y al desestimar la preferencia de los menores. El Tribunal de Apelaciones revisa el dictamen primario bajo el criterio del mejor bienestar del menor. Previamente, se concedió una solicitud de auxilio de jurisdicción a la apelante, y el apelado no compareció en la apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Procede del Tribunal de Primera Instancia en un pleito sobre división de comunidad hereditaria y daños y perjuicios. Los peticionarios solicitan la revisión de una resolución del TPI que declaró No Ha Lugar su solicitud de relevo de sentencia. El foro primario determinó que la vía procesal adecuada era una acción independiente sobre nulidad de sentencia. El caso subyacente se inició en 2011 para la división de la herencia de Bonifacia Figueroa Solís. Los demandantes originales alegaron posesión exclusiva de los bienes hereditarios por una codemandada y reclamaron la devolución de fondos y restitución. La codemandada contestó la demanda, presentó defensas afirmativas e interpuso una reconvención. El documento describe la historia procesal del caso primario, incluyendo el desistimiento de partes y la anotación de rebeldía. El Tribunal de Apelaciones examina la corrección de la determinación del TPI respecto al remedio de relevo de sentencia.

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Esta sentencia resuelve la Apelación Civil presentada por el señor Tomás Correa Acevedo. El apelante impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que confirmó una Resolución de la Directora de la Oficina de Asuntos Legales del Municipio de San Juan. Dicha Resolución declaró "No Ha Lugar" el Recurso de Revisión Administrativa presentado por el apelante. En ese recurso, el señor Correa Acevedo cuestionó un boleto administrativo expedido por la Policía Municipal de San Juan a su vehículo por una alegada infracción de estacionamiento. El apelante solicitó una vista administrativa para impugnar el boleto, alegando que fue expedido falsamente. Su solicitud de revisión administrativa fue denegada por incomparecencia a la vista, a pesar de haber solicitado un reseñalamiento. El Tribunal de Primera Instancia confirmó esta decisión administrativa. El apelante recurre ahora ante este panel judicial buscando la revocación de la sentencia del TPI. El documento detalla el historial procesal del caso, incluyendo mociones presentadas ante este tribunal.

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Se trata de una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo. El apelante, José A. Cubano Escoriaza, presentó una acción para impugnar la paternidad de Jairo J. Cubano Pérez y Joiselyn M. Cubano Pérez, a quienes había reconocido como hijos durante su matrimonio. Alegó que el padre biológico era su hermano y solicitó pruebas de paternidad. Los demandados solicitaron la desestimación del caso por caducidad de la acción. Argumentaron que la Ley 215-2009 establece un término de seis meses desde el conocimiento de la inexactitud de la filiación para impugnarla. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el apelante tuvo conocimiento de la posible inexactitud de la paternidad en 2013. Dado que la demanda se presentó en abril de 2019, el foro primario concluyó que el término de caducidad de seis meses había expirado. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. El apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones, el cual indica que desestima el recurso por falta de jurisdicción.

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Eliseo Vélez Vélez, ex-empleado del Municipio de Dorado, presentó una demanda contra el municipio y su alcalde alegando que su destitución fue una represalia por denunciar actos de corrupción. En la demanda, solicitó su restitución al empleo, el pago de salarios y licencias, y una compensación por daños. El Municipio de Dorado solicitó la desestimación de la demanda por falta de jurisdicción, argumentando que Vélez Vélez ya había apelado su destitución ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Sostuvo que la CASP es el foro con jurisdicción exclusiva para atender las reclamaciones de empleados públicos sobre acciones disciplinarias, incluyendo la restitución y el pago de haberes. Vélez Vélez se opuso a la desestimación, alegando que el Código Anticorrupción, bajo el cual demandó, no requiere agotar remedios administrativos. El Municipio replicó que la jurisdicción sobre la materia no se somete voluntariamente y que el Código Anticorrupción no aplica a municipios para reclamaciones de daños. El alcalde, en su defensa personal, negó las alegaciones y afirmó que Vélez Vélez fue despedido por cometer actos ilegales en el desempeño de sus funciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación contra una sentencia parcial. La apelación impugna la desestimación de una demanda por impericia médica contra el Dr. Héctor J. Cases. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reclamación al concluir que la esposa del Dr. Cases y la sociedad legal de gananciales eran partes indispensables en el pleito. Los demandantes no incluyeron a estas partes, a pesar de que el Dr. Cases les advirtió que estaba casado y levantó la defensa de falta de parte indispensable. El TPI fundamentó su decisión en que el reclamo por impericia médica afecta el patrimonio ganancial. Los apelantes argumentan que la desestimación fue errónea, citando disposiciones legales que permitirían demandar a una persona casada sin incluir al cónyuge o la SLG, sujetando la ejecución a bienes privativos o siguiendo reglas específicas. El documento discute la figura de la parte indispensable bajo las Reglas de Procedimiento Civil, señalando que su ausencia impide la adjudicación de la controversia y afecta la jurisdicción del tribunal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Comunidad de Herederos. El recurso fue presentado por Shirley Ríos Santiago y otros contra Yannette D. Ríos Santiago. La apelación busca revocar una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la segunda causa de acción de la demanda enmendada. El caso se originó tras la muerte de Juan Ríos López, padre de las partes principales. Inicialmente, la demanda solicitaba la partición de su herencia y la coadministración del negocio familiar. Tras el fallecimiento de la madre, María Noelia Santiago Medina, se presentó una segunda demanda enmendada. Esta añadió, entre otras cosas, una causa de acción para impugnar el testamento de la madre y solicitar la partición de sus bienes. Los apelantes alegaron irregularidades en el otorgamiento del testamento materno. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen recurrido y CONFIRMÓ la Sentencia Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones desestima un Recurso de Revisión presentado por Puerto Rico Appraisals, LLC contra la Junta de Subasta del Municipio de Trujillo Alto. El recurso impugnaba la Notificación de Adjudicación Enmendada del 31 de julio de 2020, que reiteró la adjudicación del Renglón #1 de un Request for Proposal para servicios de consultoría de recuperación de desastres a Pacífico Group, LLC. Puerto Rico Appraisals, LLC alegó que la propuesta de Pacífico Group no cumplió requisitos y que la adjudicación fue arbitraria. La Junta de Subasta y el Municipio solicitaron la desestimación por falta de jurisdicción y academicidad. Argumentaron que la Junta emitió una nueva notificación el 31 de agosto de 2020. El Tribunal concluye que carece de jurisdicción y que el recurso se tornó académico debido a la emisión de esta nueva notificación posterior a la presentación del recurso.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Daniel Reyes González, apelante en este caso. El recurso busca revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su petición de *hábeas corpus*. Reyes González alegó estar ilegalmente recluido tras no ser excarcelado en la fecha esperada según una liquidación inicial de sentencia. Una liquidación posterior le negó bonificaciones por buena conducta y asiduidad, citando la Ley Núm. 27-2017. El apelante argumentó tener derecho a dichas bonificaciones bajo la Ley Núm. 2-2011. Sostuvo que el foro primario debía determinar su elegibilidad a las bonificaciones mediante el *hábeas corpus*. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso por falta de jurisdicción. Determinó que Reyes González no agotó los remedios administrativos disponibles. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa si el foro primario actuó correctamente al desestimar el *hábeas corpus* por no agotar la vía administrativa en un caso de elegibilidad de bonificaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos. Assad El Burai Félix apeló una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La apelación cuestionaba la declaración de No Ha Lugar a su Moción de Reconsideración en un pleito de alimentos instado por Sharon G. Meléndez Ascanio para sus dos hijos menores. El peticionario alegó no haber sido debidamente notificado de la vista final por un error de dirección y tener un conflicto de calendario. El foro primario denegó su solicitud de cambio de fecha por no acompañar evidencia del señalamiento previo. La vista final de alimentos se celebró sin la comparecencia del Sr. El Burai Félix ni su representación legal. La Examinadora de Pensiones emitió un informe con determinaciones de hechos sobre los ingresos de las partes y las necesidades de los menores. Se imputó al padre un ingreso neto mensual de \$4,888.00 y a la madre de \$1,260.00. Se estableció la responsabilidad del padre de aportar el 80% de ciertos gastos de educación y cuido de los menores. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirmó el dictamen apelado del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por Edwin González Sánchez. El Peticionario solicitó la revisión de una Orden Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia que notificaba instrucciones al jurado en su caso criminal. Alegó que dichas instrucciones violaban sus derechos constitucionales. Específicamente, cuestionó la instrucción sobre la unanimidad requerida tanto para veredictos de culpabilidad como de no culpabilidad, y la adopción de la normativa "Allen Charge". El Peticionario argumentó que la redacción de estas instrucciones imponía una carga indebida sobre él respecto a la no culpabilidad. Tras examinar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones determinó denegar la expedición del recurso de certiorari. La resolución se basa en los fundamentos expuestos y discutidos por el panel.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso original involucra una demanda por incumplimiento de contrato y cobro de dinero presentada por el subcontratista J.J. Annoni contra el contratista general Caribbean Display and Construction y el propietario Plaza del Caribe. Annoni reclamó el pago por trabajos realizados en un proyecto para Plaza del Caribe, subcontratado por CDC. Plaza del Caribe solicitó sentencia sumaria alegando que Annoni estaba obligado por las cláusulas de mediación y arbitraje del contrato entre Plaza y CDC. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria de Plaza. Plaza recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado por Plaza del Caribe. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la sentencia sumaria.