Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 188)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendiendo una Petición de Certiorari presentada por Gustavo Armstrong contra Mondelez Puerto Rico, LLC. El peticionario solicita la revisión de tres resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia en un pleito sobre despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80-1976. Las resoluciones impugnadas abordan controversias surgidas durante la etapa de descubrimiento y conferencia con antelación al juicio. Específicamente, se discute a quién corresponde el peso de la prueba en la reclamación de despido injustificado. También se cuestiona la fórmula y la definición de "sueldo" a utilizar para calcular la mesada del peticionario, considerando las enmiendas a la Ley 80 por virtud de la Ley 4. El peticionario alega errores al determinar la aplicabilidad de la definición de "sueldo" de la Ley 4 a empleados pre-Ley 4 y al excluir incentivos anuales y pago por vacaciones/días feriados del cálculo. La parte recurrida se opone al certiorari, argumentando contra las intervenciones interlocutorias en procedimientos sumarios. El Tribunal de Apelaciones procede a la adjudicación del recurso, señalando su competencia para revisar resoluciones interlocutorias.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLCE202000643, una apelación presentada por Mapfre Praico Insurance Company. Mapfre solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación y ordenó un procedimiento de valoración de daños ("appraisal"). El caso surge de una reclamación de seguro por daños causados por el huracán María al Condominio Plaza Esmeralda, asegurado por Mapfre. El Consejo de Titulares del Condominio, tras recibir una baja oferta de Mapfre, cedió su reclamación a Attenure Holdings Trust 2 y otorgó poder a HRH Property Holdings LLC, quienes junto al Consejo demandaron a Mapfre reclamando daños significativamente mayores. La demanda alegó incumplimiento de contrato y mala fe por parte de la aseguradora. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y confirmó el dictamen recurrido del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones, en resolución del 24 de septiembre de 2020, consideró un recurso de certiorari presentado por el municipio autónomo de Vieques. El municipio buscaba la revisión de una resolución interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de orden de protección. Dicha orden pretendía prohibir la toma de deposición del señor Scott M. Favre por parte de Mapfre Praico Insurance Company. El Tribunal de Apelaciones examinó la naturaleza de la decisión recurrida a la luz de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico. Esta regla limita la revisión mediante certiorari a ciertas resoluciones u órdenes interlocutorias específicas. El Tribunal determinó que la decisión del TPI sobre la deposición no se encuentra dentro del espectro de disposiciones revisables por esta vía. Tampoco encontró que la falta de intervención constituyera un fracaso irremediable de la justicia. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado por el municipio de Vieques.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. Antonio y Minalis Pantoja Serrano solicitan la revocación de una Orden de Protección emitida en su contra. La orden fue dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Toa Baja, a favor de Christian Pagán Rivera. Se emitió al amparo de la Ley Contra el Acecho (Ley Núm. 284-1999). La controversia surge de alegaciones de conducta agresiva e intimidatoria por parte de los peticionarios en la farmacia del recurrido. Tras una vista, el foro primario emitió la orden de protección, detallando incidentes específicos. Los peticionarios alegan que el tribunal de instancia cometió errores. Estos incluyen no celebrar la vista evidenciaria a tiempo, admitir prueba de referencia inadmisible y negarse a permitirles presentar testimonio de refutación. Particularmente, cuestionan la negativa a considerar prueba sobre su alegada relación de negocios o copropiedad de la farmacia. Buscan dejar sin efecto la orden y paralizar sus efectos.

Resumen:

El Pueblo de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso por infracción al Artículo 130 del Código Penal contra Carlos Javier De Jesús Durán. La controversia central giraba en torno a la modalidad de celebración de la vista preliminar. El Ministerio Público solicitó que la vista se realizara mediante videoconferencia, invocando un reglamento de emergencia y dificultades con el traslado de confinados por el Departamento de Corrección. El foro primario denegó esta solicitud, ordenando el traslado presencial del imputado y advirtiendo sobre una posible desestimación si no se cumplía la orden. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar esta determinación. Tras analizar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el foro primario erró. Por tanto, revocó la resolución recurrida. En consecuencia, ordenó que la vista preliminar se celebre utilizando el sistema de videoconferencia a la mayor brevedad posible. También dejó sin efecto una paralización previa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso sobre nulidad de contrato. Jesusa Torres Rodríguez y la sucesión de Víctor Julio Arrufat Vélez apelaron una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia apelada desestimó su causa de acción para declarar nulo un contrato de Compraventa con Pacto de Retroventa otorgado en 2008. Los apelantes alegaron que el contrato fue fraudulento y que el consentimiento de Torres Rodríguez fue viciado por dolo, ya que creyó firmar documentos para un préstamo. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por entender que la acción de nulidad por dolo estaba prescrita, al no haberse presentado dentro del término de cuatro años desde la consumación del contrato. Los apelantes argumentaron que el TPI erró al desestimar sin vista evidenciaria sobre el dolo y al resolver que la acción estaba prescrita. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos presentados por las partes. Tras evaluar el recurso, el panel confirmó la sentencia apelada. La desestimación de la demanda por prescripción fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones. Una moción en auxilio de jurisdicción presentada por la apelante fue denegada.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de reclamación laboral. La apelante, Zimmer Manufacturing B.V., recurre la negativa del Tribunal de Primera Instancia a desestimar sumariamente una demanda presentada por Jerry L. Watley Vázquez. El señor Watley Vázquez alegó despido injustificado y represalias, sosteniendo que fue despedido por condiciones de salud y por solicitar servicios del Fondo del Seguro del Estado. Zimmer argumentó que el despido se debió a un patrón de tardanzas y ausencias excesivas, tras un proceso de disciplina progresiva. La apelante solicitó sentencia sumaria, afirmando que no existía controversia sobre los hechos relacionados con el incumplimiento de asistencia y negando las alegaciones de represalias. El apelado se opuso a la moción, reiterando la represalia como causa del despido y cuestionando la política de asistencia de la empresa. El Tribunal de Primera Instancia evaluó las posiciones y determinó que ciertos hechos, como el historial de empleo y la naturaleza regulada de la empresa, no estaban en disputa. La sentencia detalla el trasfondo fáctico y procesal que llevó a la apelación.

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Ileana M. Rivera Torres acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari en un caso de cobro de dinero contra Miguel Rodríguez Rivera. La peticionaria solicitó la revocación de dos órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. Una orden dio por admitidos los requerimientos de admisiones notificados a Rivera Torres por no contestarlos en el término acordado. La otra orden denegó dar por admitidos los requerimientos de admisiones notificados a Rodríguez Rivera, a pesar de que también fueron contestados tardíamente. Rivera Torres argumentó que el TPI erró y abusó de su discreción al aplicar la Regla 33 de Procedimiento Civil de manera inconsistente. Alegó que sus contestaciones fueron solo tres días tarde sin causar perjuicio, mientras que las del recurrido también excedieron el término reglamentario. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso presentado. Tras dicha evaluación, el panel resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por Rivera Torres.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Joel Vargas Torres mediante un recurso de certiorari. El peticionario impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de una transcripción estipulada. El Tribunal de Apelaciones, al examinar el recurso, determina de inmediato que carece de jurisdicción para entender en el asunto. Se explica que la jurisdicción es fundamental y su ausencia conlleva la nulidad de los dictámenes y la obligación del tribunal de desestimar el recurso. La desestimación por falta de jurisdicción es un deber ineludible y puede realizarse de oficio. Además, se menciona que los recursos apelativos deben cumplir con requisitos de perfeccionamiento, como los establecidos en la Regla 34 para los certiorari. Por consiguiente, el Tribunal resuelve desestimar el recurso de certiorari presentado por el señor Vargas Torres debido a la ausencia de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Venrod Trading Company, Inc. y Transamerica Corp. Las empresas impugnaron una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de reclamación laboral por bono, salarios y vacaciones. La controversia principal giraba en torno a la validez del emplazamiento realizado a las empresas. Los peticionarios alegaron insuficiencia en el diligenciamiento del emplazamiento a Venrod y falta de emplazamiento a Transamerica, negando la aplicación de la doctrina de un solo patrono. El Tribunal de Primera Instancia, tras una vista evidenciaria, denegó la solicitud de desestimación y validó el emplazamiento. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari y revocó la resolución recurrida. Esto significa que el Tribunal de Apelaciones encontró mérito en la impugnación del emplazamiento por parte de las empresas.

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Heriberto García Parra, sentenciado a 40 años de reclusión en 2002, solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden declaró no ha lugar su moción de corrección o reducción de sentencia. Ante el Tribunal de Primera Instancia, el señor García aludió a la Regla 179 sobre sentencias consecutivas o concurrentes. Posteriormente, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. En este recurso, cambió su argumento principal, solicitando un nuevo juicio bajo la Regla 192.1 por alegada representación legal inadecuada. También citó las disposiciones sobre sentencias consecutivas y concurrentes, aunque sin elaborar. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su facultad discrecional para expedir el auto de certiorari, evaluó la solicitud. Tras considerar los autos y la comparecencia del peticionario, el Tribunal resolvió denegar la expedición del certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una resolución de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo. El caso se origina en una querella de un empleado contra Airborne Security por reclamaciones de vacaciones y periodo de alimentos. La controversia en la OMA se centró en la tardanza de la empresa en contestar la querella. La OMA declaró inicialmente a la empresa en rebeldía, luego levantó la rebeldía, y finalmente emitió la resolución apelada concediendo el remedio al empleado. La empresa recurrió ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de dicha resolución. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, determina revocar el dictamen de la OMA.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. El Municipio de Cataño solicitó revocar una Orden de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Dicha Orden de la CASP denegó la moción del Municipio para desestimar la apelación de Ana D. Rivera Rivera. La señora Rivera Rivera impugnó ante la CASP su destitución del empleo municipal. El Municipio argumentó que la CASP no tenía jurisdicción para concederle remedio alguno. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado por el Municipio. Como cuestión de umbral, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender la revisión judicial. Por consiguiente, desestimó el recurso del Municipio. La sentencia subraya que la falta de jurisdicción es insubsanable y obliga a desestimar el caso.

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Elvin Mejías Cáceres apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable de infracción al Artículo 15 de la Ley Número 8, sobre Comercio Ilegal de Vehículos y Piezas. La sentencia, dictada el 21 de mayo de 2019, le impuso una pena de tres años y un día de cárcel. Los hechos imputados ocurrieron el 20 de enero de 2016, relacionados con la posesión de un vehículo Toyota Yaris reportado como hurtado. El caso tuvo un historial procesal complejo, incluyendo varias denuncias y vistas preliminares. En el juicio, agentes policiales testificaron haber identificado al apelante conduciendo el vehículo hurtado. Mejías Cáceres solicitó la revocación de dicha sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Finalmente, el panel del Tribunal de Apelaciones determinó confirmar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso presentado por el señor Francisco Valdés Pérez, tratado como certiorari. El señor Valdés solicitó la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios. Alegó que una sentencia previa en el caso debía anularse porque fue dictada por un juez que posteriormente fue destituido por supuesta conducta impropia, invalidando sus actuaciones. Al revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones constató que el señor Valdés no incluyó la resolución específica que impugnaba ni otros documentos relevantes del expediente de instancia. Además, calificó las alegaciones del recurrente como confusas e inconexas, no susceptibles de adjudicación. Por incumplimiento con las reglas procesales aplicables para perfeccionar el recurso, el Tribunal de Apelaciones desestimó el escrito del señor Valdés.

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Reinaldo Moret Acevedo solicitó revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones tras la desestimación de su reclamo por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El reclamo original versaba sobre la disposición de su propiedad personal por parte del Departamento, buscando pago por su valor sentimental. La División de Remedios Administrativos denegó su solicitud y reconsideración, indicando que la propiedad fue decomisada tras exceder el tiempo reglamentario de 30 días para ser reclamada. Moret Acevedo recurrió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que la decisión fue tardía y contraria a información previa recibida. El Departamento solicitó la desestimación del recurso, alegando que la solicitud inicial de remedios administrativos, la reconsideración y el recurso de apelación fueron presentados fuera de los términos reglamentarios. El Tribunal de Apelaciones consideró la solicitud de desestimación por falta de jurisdicción, un asunto privilegiado para los tribunales. Concluyó que, al haberse presentado los trámites administrativos fuera de los plazos establecidos, carecía de jurisdicción para atender el recurso. Por tanto, se desestimó el recurso de revisión administrativa.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de daños y perjuicios. La parte apelante, Adalberto Mattei Franceschini y otros, demandó al Municipio de Lajas y Transporte Rodríguez Asfalto, Inc. por un accidente de tránsito. El accidente, ocurrido en una carretera en Lajas, fue alegadamente causado por un "manhole" bajo nivel. Los demandantes atribuyeron el suceso a la supuesta negligencia de los demandados en el mantenimiento de la vía. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda inicial y ordenó el pago de costas. Los demandantes recurrieron esta decisión ante el foro apelativo. Tras revisar el caso, las alegaciones y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Certiorari presentado por MAPFRE Praico Insurance Company. MAPFRE solicita revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación parcial. El litigio subyacente fue iniciado por el Consejo de Titulares del Condominio Terrazas de Parque Escorial contra MAPFRE. El Consejo demandó por incumplimiento de contrato, violación del Código de Seguros y daños tras los daños sufridos por la propiedad asegurada por el Huracán María en 2017. Alegan que MAPFRE no gestionó adecuadamente su reclamación, ignoró las estimaciones de daños de su consultor (más de \$33 millones) y realizó una investigación deficiente. El Consejo rechazó una oferta de pago de MAPFRE de solo \$82,727.42 por considerarla insuficiente y no basada en los daños reales. La demanda detalla la supuesta inacción, dilaciones y el incumplimiento de MAPFRE con sus obligaciones contractuales y legales. El Tribunal de Apelaciones evalúa la corrección de la decisión del tribunal inferior al no desestimar parcialmente la demanda del Consejo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico examinó una orden emitida por la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Dicha orden surgió de una solicitud de reconsideración presentada por T-Board, Inc. contra un permiso de construcción otorgado a Out of Home Media, LLC (OHM). T-Board impugnó el permiso ante la OGPe, mientras OHM solicitó la desestimación, alegando falta de jurisdicción de la agencia y falta de legitimación de T-Board. La División de Revisiones Administrativas de la OGPe emitió la orden que fue objeto de la revisión ante el Tribunal. El Tribunal determinó que la orden recurrida no cumplía los requisitos de una determinación final con determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. Consideró que la orden era de naturaleza interlocutoria. Por lo tanto, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender la revisión de dicha orden.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El pleito fue iniciado por César Márquez Quiles y otros contra Embassy Suites y su aseguradora tras una caída sufrida en el vestíbulo del hotel. Los demandantes alegaron que la caída se debió a un piso mojado y con desnivel. Los demandados solicitaron sentencia sumaria, argumentando que los demandantes no tenían prueba de una condición peligrosa o del conocimiento del hotel. Los demandantes se opusieron, manteniendo sus alegaciones sobre la negligencia. El Tribunal de Primera Instancia denegó las solicitudes de sentencia sumaria de ambas partes al encontrar controversia. Los demandados recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto y revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso presentado por los demandados en un caso de desahucio en precario. Los demandados apelaron una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reconvención y ordenó continuar el caso por la vía sumaria. El demandante alegó ser dueño de la propiedad por compra en 2009 e inscripción registral, indicando que los demandados ocupaban una estructura sin título ni pago. Los demandados, sin embargo, reclamaron tener justo título basado en un contrato privado de arrendamiento y promesa de venta de 1997 con el anterior dueño, alegando una doble venta. Presentaron una reconvención por daños y solicitaron que el caso se tramitara como ordinario. El Tribunal de Apelaciones reclasificó el recurso como certiorari al tratarse de una determinación interlocutoria. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal denegó la expedición del recurso de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por Ricardo Hatton. El Sr. Hatton solicita la revocación de una Orden de Protección emitida en su contra por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) a favor de Jerome L. Garffer. La Orden de Protección fue dictada al amparo de la Ley contra el Acecho en Puerto Rico. El TPI determinó que el Sr. Hatton incurrió en un patrón de conducta de acecho, incluyendo agresiones físicas, insultos y amenazas contra el Sr. Garffer. Basado en estas determinaciones, el TPI encontró una probabilidad sustancial de riesgo inmediato y expidió la orden, con vigencia hasta octubre de 2020, e incluyó el desarme del Sr. Hatton. El Sr. Hatton alegó errores procesales, parcialidad del TPI y una incorrecta aplicación de la Ley de Acecho en su recurso de certiorari. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones procede a denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por el Sr. Hatton. Esto implica que la decisión del TPI de emitir la Orden de Protección se mantiene vigente.

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SENTENCIA del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión judicial instada por United Retail Contractors LLC. La recurrente impugnó la adjudicación de la Subasta #1-2019-2020 del Municipio de Rincón para el recogido de material vegetativo y escombros, otorgada a Coast to Coast Construction and Transportation. La Notificación de Adjudicación, emitida el 7 de julio de 2020, advertía que la revisión judicial debía instarse ante el Tribunal de Apelaciones en un término jurisdiccional de diez días. United Retail Contractors LLC presentó su recurso de revisión el 3 de agosto de 2020. La Junta de Subastas del Municipio de Rincón solicitó la desestimación por falta de jurisdicción, argumentando que el recurso fue presentado fuera del término legal de diez días. El Tribunal de Apelaciones examinó su competencia para atender el caso. Concluyó que carecía de jurisdicción para intervenir. La presentación del recurso fuera del término jurisdiccional de diez días, según lo dispuesto por la ley aplicable, impedía al tribunal ejercer su rol revisor. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso sin entrar en los méritos de la controversia sobre la adjudicación de la subasta.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari presentado por Walmart Puerto Rico, Inc. El caso de origen en el Tribunal de Primera Instancia trata reclamaciones de despido injustificado y discrimen por edad. Walmart solicitó la revisión de una determinación del TPI que denegó su moción de sentencia sumaria. La peticionaria argumentó que el TPI erró al considerar la oposición de la parte recurrida y al concluir que existían controversias genuinas de hechos materiales. Este Tribunal ya había denegado un certiorari anterior de Walmart relacionado con la suficiencia de las alegaciones de discrimen por edad. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega el recurso de certiorari instado por Walmart.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez en un caso de impericia médica. La parte demandante, Thomas A. Bonilla Cancel y otros, presentó una demanda contra varias entidades, incluyendo el Hospital Perea. El Hospital Perea solicitó la desestimación de la demanda contra los demandantes adultos por prescripción, alegando que el término de un año había vencido. La parte demandante se opuso, argumentando que la teoría cognoscitiva del daño era aplicable y que no conocieron la verdadera identidad de la entidad responsable hasta después de presentada la demanda. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación del hospital tras una vista evidenciaría. Inconforme con esa determinación, el Hospital Perea acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la decisión del TPI. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó la desestimación por prescripción.

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Este documento es una sentencia judicial del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión judicial presentada por New Design Rentals and Contractors, Corp. contra la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). New Design apeló una resolución de la OGPe que declaró "No Ha Lugar" su solicitud de revisión administrativa. Dicha solicitud buscaba revocar una resolución previa de la OGPe que declaró "no favorable" la consulta de ubicación de New Design. La consulta solicitaba autorización para variar el uso de un terreno arrendado en Toa Baja, calificado R-I/SU, para destinarlo a oficinas administrativas y un almacén para el negocio de construcción de New Design. El documento detalla los pasos procesales ante el tribunal, incluyendo la presentación del recurso y la elevación del expediente administrativo por la OGPe. También relata el proceso administrativo, señalando el requerimiento de documentos adicionales por la OGPe a New Design. New Design sometió planos revisados, una tabla de conformidad identificando usos comerciales e industriales propuestos, y cartas de colindantes sin objeción. Se señaló una vista pública tras la publicación y colocación de avisos. El tribunal procede ahora a revisar el caso con base en el expediente y las comparecencias.

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Walgreen Co. presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución declaró "No Ha Lugar" las mociones de sentencia sumaria presentadas por Walgreen en un caso de despido. El litigio fue iniciado por 36 exempleadas que alegan despido injustificado, discrimen por sexo, e incumplimiento de obligaciones y de la Ley 4-2017. Las demandantes, que ocupaban puestos de Beauty Advisor y Senior Beauty Advisor, fueron cesanteadas en marzo de 2017. Esto ocurrió tras la eliminación de sus plazas y la creación de una nueva posición de "Consultora de Belleza" como parte de una reorganización. Las exempleadas alegan que fueron despedidas en lugar de ser reubicadas como se les había prometido, a pesar de que el nuevo puesto tenía funciones similares. Walgreen sostiene que los despidos fueron justificados y obedecieron a una reorganización bona fide. La empresa buscó sentencias sumarias parciales sobre las reclamaciones de Ley 4-2017, discrimen por sexo y despido injustificado, las cuales fueron denegadas por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la corrección de esa determinación.

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La Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA) destituyó al Sr. Miguel A. Otero Correa de su puesto de Oficinista Regional tras una investigación por supuestas irregularidades en el manejo de solicitudes de copias de expedientes y apropiación ilegal de fondos. La ACAA imputó al empleado la Ofensa Núm. 50 de su reglamento, que sanciona la apropiación de propiedad con el despido. La Unión Independiente de Empleados de la ACAA presentó una querella ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje. El Árbitro determinó que el despido no fue justificado. Ordenó la restitución del empleado a su puesto y el pago de los haberes dejados de devengar. El Árbitro concluyó que la ACAA no probó que la intervención del empleado causara pérdida de propiedad o que se apropiara de dinero de la agencia. Consideró que la prueba presentada por la ACAA fue prueba de referencia e insuficiente. La ACAA solicitó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar la decisión arbitral.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Gilberto L. Bauzó Reyes apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia contra Mildred De Jesús Flores. El Apelante solicitó que se ordenara a la Apelada presentar evidencia de la deuda reclamada. El Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso de apelación no cumplía con los requisitos reglamentarios. Se señaló que el Apelante no incluyó en el apéndice documentos esenciales como las alegaciones de las partes y la sentencia apelada. El cumplimiento riguroso de las reglas procesales es indispensable para el perfeccionamiento de los recursos apelativos. La omisión de los documentos requeridos en el apéndice impide al tribunal revisar los méritos de la controversia. Esta deficiencia sustancial conlleva la desestimación del recurso. Por consiguiente, el Tribunal desestimó la apelación por no haber sido perfeccionada conforme a derecho.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari presentado por Edgardo L. Nazario Montijo y Sheila Quiñones Santos. Los peticionarios solicitan revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su petición de paralizar una subasta en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El caso se originó en 2003 por Banco Popular, resultando en una sentencia por estipulación en 2008 tras un acuerdo de pago. Tras un alegado incumplimiento, la ejecución de sentencia fue solicitada y la deuda transferida a Lime Residential, Ltd. En 2018, Lime Residential solicitó una nueva orden de ejecución, a lo que los peticionarios se opusieron. Los peticionarios argumentaron que Lime Residential no cumplió con los requisitos federales de "Loss Mitigation" bajo RESPA/Reglamentación X antes de ejecutar la sentencia, a pesar de haber solicitado mitigación. El TPI declaró Ha Lugar la solicitud de ejecución de Lime Residential y posteriormente denegó la moción de los peticionarios para paralizar los procedimientos basada en la solicitud de mitigación. El recurso de certiorari buscaba revisar esta última decisión del TPI. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, denegó expedir el recurso de certiorari. Esto implica que la decisión del TPI de no paralizar la subasta se mantiene.

Resumen:

Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de Certiorari (acogido como Apelación) presentado por Trane de Puerto Rico, Inc. contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso se originó con una demanda presentada por el Congreso de Uniones Industriales de Puerto Rico en representación de un empleado, reclamando remedios bajo leyes laborales locales y federales. Trane solicitó la desestimación, argumentando, entre otras cosas, la falta de legitimación activa de la Unión y el incumplimiento del procedimiento de quejas y agravios del convenio colectivo. El Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia parcial, determinando que la Unión no tenía legitimación activa pero permitiendo la sustitución por el empleado, desestimando la reclamación bajo la Ley ADA y reteniendo jurisdicción sobre las demás reclamaciones. Trane apeló esta decisión, señalando errores en la asunción de jurisdicción por el foro primario tras sus propias determinaciones sobre la legitimación y el procedimiento de agravios. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso, paralizó los procedimientos en instancia y requirió a la Unión mostrar causa para no revocar el dictamen recurrido. La sentencia del Tribunal de Apelaciones se enfoca en la cuestión jurisdiccional, analizando si el Tribunal de Primera Instancia podía continuar con el caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de revisión administrativa presentado por Luis R. Bermúdez Rosa, un confinado, contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitaba que el tribunal ordenara la desestimación automática de una querella disciplinaria incoada en su contra. El tribunal procedió a examinar su jurisdicción para atender el recurso. Citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, reafirmó que la jurisdicción es fundamental y debe ser lo primero a considerar. Explicó que un recurso prematuro priva al tribunal de jurisdicción y carece de eficacia jurídica. Además, hizo referencia a la doctrina del agotamiento de remedios administrativos, que exige completar los procedimientos ante la agencia antes de acudir a los tribunales. Dado que el procedimiento administrativo sobre la querella disciplinaria aún no había culminado, el tribunal determinó que el recurso era prematuro. Por consiguiente, desestimó el recurso por falta de jurisdicción, sin entrar a considerar los méritos de la solicitud del recurrente.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un caso de cobro de dinero por honorarios legales. Abogados apelaron una decisión del Tribunal de Primera Instancia que ordenó el archivo sin perjuicio de su demanda. Los abogados habían demandado a su exciente por el pago de honorarios en contingencia no satisfechos. Representaron al cliente exitosamente en procedimientos administrativos y judiciales contra la Universidad de Puerto Rico, logrando su reinstalación y el pago de salarios dejados de devengar. Los abogados reclamaban un 30% de los fondos recuperados, cantidad que el cliente disputó. El cliente argumentó que la deuda no era líquida ni exigible pues no había recibido aún el dinero de la UPR. El Tribunal de Primera Instancia archivó el caso sin perjuicio conforme a la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil. Tras revisar la apelación y la oposición del apelado, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar el dictamen apelado.

Resumen:

Eliezer Santana Báez, confinado tras ser declarado culpable de asesinato y ley de armas, solicitó un nuevo juicio ante el Tribunal de Primera Instancia alegando una violación a su derecho a la confrontación. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud, concluyendo que las controversias ya habían sido planteadas y denegadas previamente, y que los dictámenes eran finales y firmes. En desacuerdo, Santana Báez presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Esta es la segunda petición de certiorari que presenta contra la misma resolución del Tribunal de Primera Instancia, habiendo sido denegada la primera por otro panel. En esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deja sin efecto una resolución previa y desestima el recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para atender la petición.

Resumen:

Emilio Torres Santiago, un confinado, presentó un recurso de revisión judicial alegando padecer condiciones de salud crónicas que lo hacen vulnerable al COVID-19 y que el Departamento de Corrección no provee un ambiente adecuado. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar su jurisdicción para atender el recurso. Se recordó que la revisión judicial de determinaciones administrativas requiere una orden o resolución final de la agencia, tras agotar los remedios administrativos. Esta exigencia se basa en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Un examen del expediente reveló que el recurrente no impugnó una orden o resolución administrativa final. No hay evidencia de que el asunto haya sido adjudicado previamente ante la agencia mediante los procesos legales correspondientes. Ante la ausencia de una determinación administrativa final, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción. Por consiguiente, se desestimó el recurso de revisión judicial presentado por el señor Torres Santiago.

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Sentencia de un panel de jueces resolviendo una apelación. Marisol Aponte Vázquez apeló la desestimación de su querella por despido injustificado contra Kress Stores of Puerto Rico. La señora Aponte Vázquez, empleada permanente, fue suspendida por "escasez de trabajo" y posteriormente contratada temporalmente hasta diciembre de 2018. Reclamó mesada bajo la Ley 80, alegando que las contrataciones temporales vulneraron sus derechos y crearon una expectativa de empleo continuo. Kress argumentó que la cesantía fue justificada por razones económicas (reducción de producción/ventas) conforme a la Ley 80 y el orden de antigüedad. La empresa sostuvo que los contratos temporales eran claros y no generaron expectativa de continuidad. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la querella de la señora Aponte Vázquez. El panel apelativo confirmó el dictamen del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000085. La apelante, Yara L. Cordero Díaz, recurrió la desestimación de su demanda contra MAPFRE Pan American. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato y daños contractuales por la gestión de MAPFRE de su reclamación de daños por el huracán María. La Sra. Cordero sostenía que MAPFRE no pagó la cantidad apropiada ni ajustó su pérdida correctamente. MAPFRE, en su defensa, invocó la doctrina de pago en finiquito, entre otras. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda al concluir que aplicaba dicha doctrina. La Sra. Cordero apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada. Esto significa que la desestimación de la demanda original por pago en finiquito fue validada.

Resumen:

Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una impugnación a la adjudicación de una subasta municipal. Puerto Rico Asphalt, LLC (PRA) recurrió la decisión de la Junta de Subastas del Municipio de Arroyo de adjudicar una subasta de suministro de asfalto a RT Asphalt, Inc. PRA alegó que la notificación de la adjudicación era defectuosa, no cumplía con los requisitos legales y no permitía una revisión efectiva. También argumentó que la Junta actuó arbitrariamente al no seleccionar al postor más bajo sin justificación. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y determinó que la notificación de la adjudicación de la subasta no cumplió con los requisitos estatutarios aplicables. Debido a esta deficiencia en la notificación, el tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. Por lo tanto, el Tribunal desestimó el recurso de revisión judicial presentado por Puerto Rico Asphalt, LLC.

Resumen:

Este caso trata sobre la compensación que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe a Caribbean Airport Facilities, Inc. por una expropiación forzosa temporera de derechos de arrendamiento. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al Estado presentar un informe pericial de valoración y luego lo sancionó cuando su perito no compareció a juicio. El tribunal advirtió al Estado que sus alegaciones de valor serían desestimadas si no contrataba y notificaba al tribunal sobre un nuevo perito dentro de un término específico. A pesar de recibir una extensión, el Estado no notificó al tribunal dentro del nuevo plazo, aunque alegó haber contratado peritos poco después. En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia desestimó las alegaciones de valor del Estado. El Estado solicitó reconsideración, citando dilaciones en la contratación gubernamental, eventos sísmicos y la renuncia de un abogado como justificación para la breve tardanza, argumentando que no se causó perjuicio. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración, lo que llevó al Estado a apelar. El Tribunal de Apelaciones revisó la resolución del Tribunal de Primera Instancia que desestimó las alegaciones de valor del Estado. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto y revocó la resolución del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso laboral entre Mayra Vázquez Galarza y Banco Popular de Puerto Rico. El litigio comenzó en el Tribunal de Primera Instancia con reclamaciones de despido injustificado y discrimen en el empleo. Banco Popular apeló una sentencia sumaria parcial que desestimó la causa de acción por discrimen pero mantuvo la de despido injustificado. La señora Vázquez alegó que su despido estuvo relacionado con solicitar una orden de protección contra su exesposo, quien luego se querelló ante el banco. Banco Popular sostuvo que el despido fue justificado por acceder a la cuenta bancaria de su exesposo sin autorización, violando la política institucional. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso mediante certiorari. Tras evaluar las posturas, el tribunal apelativo expidió el auto, revocó la determinación recurrida y desestimó la demanda instada por Mayra Vázquez Galarza.

Resumen:

Se presenta una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó una solicitud de desestimación presentada por la peticionaria, acusada de infracción al Artículo 5.07 de la Ley 22 (conducción negligente con resultado de muerte). La solicitud de desestimación se basó en la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal, alegando que el juicio no se celebró dentro de los 120 días posteriores a la acusación. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existía causa justificada para la dilación, principalmente debido a la emergencia de salud pública por la pandemia de COVID-19 y las consiguientes medidas judiciales. La peticionaria argumenta que el foro primario erró al no desestimar el caso. El Ministerio Público sostiene que la demora fue razonable, justificada por la emergencia y no causó perjuicio a la peticionaria. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, deniega la expedición del recurso discrecional de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instado por First Bank contra el matrimonio Ifrah-Padín. First Bank demandó por incumplimiento de pago y solicitó emplazamiento por edicto tras gestiones infructuosas de servicio personal, presentando una declaración jurada de diligenciamiento negativo. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) autorizó el emplazamiento por edicto. Publicado el edicto sin respuesta, First Bank pidió anotación de rebeldía y sentencia. Los demandados comparecieron oponiéndose a la rebeldía y solicitando la desestimación por falta de jurisdicción personal, alegando insuficiencia en la declaración jurada del emplazador. El TPI declaró "No Ha Lugar" la solicitud de desestimación, aunque refirió el caso a mediación. El matrimonio Ifrah-Padín acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para revisar la orden denegatoria de desestimación. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Orden recurrida del TPI.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de discrimen y despido injustificado. La parte peticionaria, José Luis Alejandro González, su esposa Doris Pizarro López y la sociedad de gananciales, impugnó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución determinó que las reclamaciones de la Sra. Pizarro y la sociedad de gananciales habían sido desestimadas sumariamente de forma final y firme en una etapa previa del litigio. Anteriormente, el Tribunal de Primera Instancia había dictado una Sentencia sumaria desestimando todas las causas de acción. Un panel previo de este Tribunal de Apelaciones revocó esa Sentencia sumaria y devolvió el caso para juicio al encontrar hechos en controversia. Al regresar el caso, la parte recurrida argumentó que la revocación solo aplicaba al Sr. González, no a la Sra. Pizarro ni a la sociedad de gananciales. El Tribunal de Primera Instancia acogió este argumento en la Resolución ahora recurrida. Tras evaluar el recurso, este Tribunal de Apelaciones revoca la Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una sentencia de un panel judicial que revisa una resolución de instancia. La parte peticionaria, Mapfre Praico Ins. Co., impugna la decisión del foro primario en un caso presentado por el Consejo de Titulares del Condominio Torre de Cervantes. El Condominio demandó a Mapfre por daños relacionados con una reclamación de seguro posterior al Huracán María. La demanda incluyó una causa de acción basada en las enmiendas al Código de Seguros introducidas por la Ley Núm. 247-2018. El foro de primera instancia concluyó que dichas enmiendas tienen efecto retroactivo y permiten la acumulación de la nueva causa de acción con otras. Mapfre solicitó la desestimación de esta reclamación, argumentando la irretroactividad de la ley y la imposibilidad de acumulación. El Condominio se opuso, defendiendo la retroactividad y la acumulación basadas en la intención legislativa. El panel revisa ahora la denegatoria de desestimación por parte del foro primario. La sentencia inicia su análisis jurídico discutiendo el principio general de irretroactividad de las leyes en Puerto Rico.

Resumen:

Luis G. Quiñones Irizarry presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicita la revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón. Mediante dicha Resolución, el TPI denegó su solicitud para que se le restituyera el derecho a juicio por jurado. Quiñones Irizarry enfrenta cargos por violación al Art. 204 del Código Penal (fraude en la ejecución de obras). Inicialmente, renunció a su derecho a juicio por jurado mediante un formulario firmado y el juicio por tribunal de derecho comenzó. Posteriormente, solicitó la restitución del derecho citando las decisiones *Ramos v. Louisiana* y *Pueblo v. Torres Rivera*, argumentando que su renuncia no fue informada al desconocer la futura norma de unanimidad del veredicto. El Ministerio Público se opuso, indicando que la renuncia fue voluntaria y el juicio ya había iniciado. El TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de restitución, lo que motivó el presente recurso. El Tribunal de Apelaciones examina ahora las comparecencias de las partes y el estado de derecho aplicable para disponer del recurso.