Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 175)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio. La peticionaria, Leydy Guzmán Lorenzo, solicitó un auto de certiorari para revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden, emitida el 17 de agosto de 2020, reiteró la decisión del foro primario de declinar su jurisdicción. La declinación de jurisdicción se refiere a los asuntos de custodia, patria potestad y relaciones filiales. El caso de divorcio entre la peticionaria y el recurrido, César E. Sainz Rodríguez, inició en 2015. Originalmente se trataron temas de pensión alimentaria, custodia y patria potestad. El tribunal primario autorizó posteriormente el traslado de las menores a los Estados Unidos. El recurrido se opuso a la petición de certiorari. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso presentado por la peticionaria. La decisión del foro apelativo es denegar la petición de certiorari.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el Municipio de San Juan y sus oficiales, solicitando la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró No Ha Lugar una moción de desestimación y Ha Lugar una Petición de mandamus perentorio presentada por Carlos A. Acevedo Caballero. El señor Acevedo Caballero, empleado de carrera municipal, solicitó su reinstalación tras cesar en un puesto de confianza en el gobierno central. Su solicitud inicial fue denegada por el Municipio. Ante ello, instó un mandamus reclamando la reinstalación retroactiva y el pago de salarios y beneficios. El Municipio se opuso, alegando falta de jurisdicción del TPI, no agotamiento de remedios administrativos, prematuridad por investigaciones y que la reinstalación implicaba discreción. Informaron además que el apelado había sido reinstalado para fines salariales pero suspendido sumariamente sujeto a investigación. El foro primario, tras una vista, expidió el auto de mandamus ordenando la reinstalación. Los apelantes recurren ahora ante el Tribunal de Apelaciones para dejar sin efecto dicha orden.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación presentado por Frank Bonelly Sagrado y Ninoska Liriano Díaz contra United Surety & Indemnity Company. La apelación proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, y trata sobre incumplimiento de contrato y daños contractuales. Los apelantes demandaron a la aseguradora por la gestión de su reclamación de daños por viento causados por el Huracán María a su propiedad. Alegaron que la aseguradora no pagó la cantidad adecuada, que el ajustador subestimó las pérdidas y que actuó de mala fe. Sostuvieron que la aseguradora violó disposiciones de la póliza y del Código de Seguros de Puerto Rico en el proceso de ajuste. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el pleito al entender que procedía la doctrina de pago en finiquito. Los apelantes solicitan al Tribunal de Apelaciones que revoque dicha sentencia desestimatoria. La sentencia del Tribunal de Apelaciones fue emitida el 18 de noviembre de 2020.

Resumen:

Macquarie Capital demandó al Municipio Autónomo de San Juan para cobrar por un estudio de viabilidad. El Municipio se defendió alegando la nulidad del contrato por incumplir con los requisitos de la Ley 237-2004 sobre contratación gubernamental. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) dictó sentencia sumaria a favor de Macquarie, ordenando el pago. El Municipio apeló, y el Tribunal de Apelaciones (TA) revocó esa sentencia inicial, devolviendo el caso para que Macquarie presentara la documentación legal requerida. Macquarie sometió documentos, pero el Municipio argumentó que no cumplían con la ley. El TPI emitió una segunda sentencia sumaria a favor de Macquarie, ordenando el pago y considerando que anular el contrato sería enriquecimiento injusto. El Municipio apeló nuevamente esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisa la sentencia del TPI del 17 de octubre de 2019 y, mediante este dictamen, la modifica.

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El Tribunal de Apelaciones conoció de un recurso de revisión presentado por José Julio Service, Corp. y otros contra el Municipio Autónomo de Caguas. Los recurrentes solicitaban la revisión y revocación de tres permisos expedidos por la Oficina de Permisos municipal. Al examinar el caso, el Tribunal advirtió que la notificación de los permisos no se realizó conforme a derecho. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme vigente al momento exigía la notificación de decisiones finales por correo certificado, entre otros requisitos. La Oficina de Permisos solo notificó los permisos por correo ordinario y electrónico, lo cual constituyó una notificación inadecuada. Una notificación defectuosa impide que la decisión surta efecto y que comiencen a transcurrir los términos para los recursos postsentencia. Dado que la notificación fue inadecuada, el recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones fue instado prematuramente. El Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso en esta etapa. Por tanto, se desestimó el recurso de revisión presentado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201901134. El recurso fue presentado por Ana Ivette Santiago et als. contra el Municipio Autónomo de San Juan y QBE Seguros. Los apelantes solicitan la revocación de una Sentencia Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó una demanda por daños y perjuicios instada por los apelantes contra el Municipio y QBE. Los daños alegados fueron causados por la caída de un árbol durante el Huracán María, atribuyendo responsabilidad al Municipio por supuesta omisión en su poda. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el Municipio no incurrió en negligencia al no ser dueño del predio ni haber recibido autorización del DRNA para la poda. Los apelantes argumentaron que existían hechos materiales en controversia que impedían la sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del foro primario. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Sumaria Parcial apelada.

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Edwin Rivera Maya presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, titulado Moción Apelativa, solicitando remedio al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El peticionario fue condenado en 2010 tras una alegación de culpabilidad por infracciones a los Artículos 106 y 198 del Código Penal, recibiendo penas consecutivas que suman 30 años. Alegó violaciones a sus derechos, incluyendo asistencia legal inefectiva y una discrepancia en la forma de cumplimiento de su sentencia. Esta solicitud no es la primera que presenta bajo la Regla 192.1 en este caso. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado. La Corte denegó la expedición del recurso de certiorari. La resolución inicia una discusión sobre la rigurosidad en el cumplimiento de las normas para perfeccionar recursos apelativos, sugiriendo que la denegatoria se fundamenta en deficiencias procesales. Se menciona específicamente la obligación de incluir la decisión del Tribunal de Primera Instancia que se solicita revisar.

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El Consejo de Titulares del Condominio Terrazas del Parque Escorial solicitó al Tribunal de Apelaciones la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia mediante certiorari. La controversia se originó en un pleito por incumplimiento contractual y daños contra MAPFRE Praico Insurance Company. Durante el descubrimiento de prueba, el Tribunal de Primera Instancia consideró las solicitudes del Consejo amplias y onerosas, denegando parte de ellas. Específicamente, el Tribunal de Primera Instancia se negó a ordenar la producción de información relativa a la reserva fijada por MAPFRE para la reclamación. El Consejo de Titulares solicitó reconsideración de esta determinación, la cual fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia. Inconforme, el Consejo acudió al Tribunal de Apelaciones argumentando error al denegar el descubrimiento sobre la reserva. El Tribunal de Apelaciones, haciendo uso de su discreción conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Hanny E. Rodríguez Solís presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha resolución declaró no ha lugar su oposición a la celebración de una vista preliminar por videoconferencia. El peticionario solicitó la paralización de los procedimientos criminales en su contra. El Pueblo de Puerto Rico se opuso a la paralización, argumentando que el peticionario no perfeccionó el recurso al no notificar a la Fiscal de Distrito. El Tribunal de Apelaciones consideró la obligación de perfeccionar los recursos en alzada conforme a los preceptos legales y reglamentarios. Subrayó que la notificación a la parte contraria es fundamental para el adecuado trámite y perfeccionamiento del recurso. La omisión de este requisito puede resultar en la falta de jurisdicción del foro intermedio. Por tanto, el Tribunal desestimó el auto de certiorari presentado.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un confinado, Roberto Rodríguez Rivera, solicitando la revisión de una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La decisión administrativa confirmó su remoción de un programa de trabajo de mantenimiento de áreas verdes. Dicha remoción ocurrió tras el hallazgo de contrabando, incluyendo celulares y aparente marihuana, dentro de un termo de agua utilizado por su brigada de trabajo. El recurrente alegó que no había prueba directa que lo vinculara con el contrabando y que se le privó de su trabajo sin el debido proceso administrativo. La División de Remedios Administrativos del Departamento sostuvo la remoción, argumentando que el hallazgo del contrabando en el termo utilizado por el grupo constituía prueba suficiente. Además, indicó que la participación en programas laborales se basa en la confianza y es prerrogativa de la institución. El recurrente presentó recurso de revisión judicial contra esta determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Finalmente, el Tribunal confirmó la resolución administrativa recurrida.

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María Elena Sobrino Arraiza compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución refirió su oposición a una solicitud de rebaja de pensión alimentaria y una solicitud de orden protectora a la Examinadora de Pensiones Alimentarias. La decisión del TPI de remitir la controversia a dicho organismo había advenido final. La señora Sobrino solicitó la revocación de la Resolución y la paralización de los procedimientos. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso pero determinó que no ameritaba mayor consideración. Se constató que la señora Sobrino presentó su oposición a la rebaja de pensión el 21 de julio de 2020, posterior a la fecha límite del 15 de julio de 2020 establecida tras la extensión por la pandemia. Ante la dilación en la presentación de la oposición y la firmeza de la remisión a la Examinadora, el Tribunal concluyó que el TPI no erró al no adjudicarla directamente. Corresponderá a la Examinadora determinar si procede la modificación de la pensión. Por tanto, el Tribunal denegó el auto de certiorari y el auxilio de jurisdicción solicitados.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari instada por Alexis Candelaria Monserrate. El peticionario impugnaba una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de modificación de sentencia. Candelaria Monserrate fue sentenciado a 17 años de prisión por delitos de agresión grave, asesinato atenuado e infracción a la Ley de Armas, con penas consecutivas. Alegaba que la pena por agresión grave excedía el máximo para un delito de cuarto grado, argumentando que fue convicto de ese grado. También sostenía que aplicaban los principios de favorabilidad y concurso de delitos, por lo que la agresión grave debía ser absorbida por el asesinato atenuado. El Tribunal de Apelaciones constató que el peticionario fue convicto de agresión grave de tercer grado, no de cuarto. Además, determinó que los principios de favorabilidad y concurso de delitos invocados no eran aplicables a los hechos del caso por su fecha. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal concluyó que el foro primario no cometió error que justificara su intervención. Por tanto, denegó la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de certiorari presentado por el Hospital Español Auxilio Mutuo. Auxilio Mutuo solicitó la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Petición de Impugnación de Laudo de Arbitraje. La disputa subyacente se originó por una querella de acoso laboral presentada por una empleada, miembro de la Unidad Laboral de Enfermeras (os) y Empleados de la Salud (ULEES). Ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje, Auxilio Mutuo planteó que la controversia no era arbitrable sustantivamente. La Árbitra consideró la cuestión de la arbitrabilidad. Auxilio Mutuo impugnó el laudo arbitral resultante ante el TPI, el cual desestimó su petición. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI. Tras expedir el auto de certiorari, el panel judicial confirmó el dictamen recurrido.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Triple S Propiedad contra el Consejo de Titulares del Condominio Reina del Mar y otros. Triple S solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Moción de Desestimación. La demanda original fue instada por el Consejo de Titulares contra Triple S por incumplimiento y dolo relacionado con la valoración de daños tras el Huracán María. El Consejo de Titulares suscribió un Acuerdo de Cesión con Attenure y HRH Property Holdings, LLC, cediendo un interés sobre la reclamación a cambio de asistencia económica y pericial. Triple S argumentó que la demanda debía desestimarse porque el Acuerdo de Cesión era nulo, alegando que la póliza prohibía la cesión de derechos sin su consentimiento y que la cesión violaba la Ley de Propiedad Horizontal. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación de Triple S. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, DENIEGA la expedición del auto de certiorari solicitado por Triple S.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de Certiorari en un caso de custodia y alimentos. La Peticionaria busca revisar una orden del Tribunal de Primera Instancia, mientras el Recurrido solicita la desestimación del recurso por supuesta falta de notificación oportuna. El Tribunal subraya la naturaleza privilegiada de la jurisdicción y la obligación de examinarla de oficio. Se destaca que la presentación tardía o prematura de un recurso resulta en falta de jurisdicción. La Resolución explica que el pago del arancel es un requisito indispensable para perfeccionar un recurso judicial, cuya ausencia lo torna nulo. El incumplimiento con el pago del arancel o la presentación fuera del término estricto de 30 días para el certiorari conlleva la desestimación. Se detallan excepciones limitadas al requisito del arancel, ninguna aplicable si el error es de la parte o su abogado. El documento sienta las bases legales para decidir sobre la moción de desestimación presentada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. Las partes son Iris Pellot Feliciano y otros contra Monsanto Caribe, LLC y otros. La demandante alega daños por exposición a químicos en el trabajo, actos intencionales de los demandados y despido. Los demandados solicitaron sentencia sumaria parcial, invocando inmunidad patronal bajo la Ley 45. Argumentaron que la demandante ya recibió el remedio exclusivo de la ley y que las alegaciones de actos intencionales eran insuficientes. La demandante se opuso, alegando que las mociones eran prematuras y que aplicaban excepciones a la inmunidad por actos intencionales y capacidad dual. Solicitó descubrimiento de prueba para sustentar su oposición a la defensa de inmunidad. El Tribunal de Primera Instancia declaró prematuras las mociones de sentencia sumaria y ordenó descubrimiento. Los demandados recurrieron al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el certiorari, modificó la Sentencia Parcial del TPI y la confirmó así modificada.

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Este caso de custodia y relaciones paternofiliales involucra a Leonardo Díaz Pérez y Stephanie L. García Echevarría, padres de una menor. El señor Díaz, residente en New Jersey, solicitó ver a su hija durante una visita a Puerto Rico. Presentó una moción urgente ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) el 12 de marzo de 2020, pidiendo recoger a la menor ese mismo día. El TPI denegó la solicitud mediante Resolución, argumentando que no había tiempo suficiente para asegurar el bienestar de la menor y el debido proceso de la madre. Indicó que tales peticiones deben presentarse con mayor antelación. En desacuerdo, el señor Díaz presentó un Recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los autos originales del TPI. Mediante Resolución de 17 de noviembre de 2020, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de reclamación laboral. Liberty Cablevision of Puerto Rico apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. El caso original fue presentado por José A. Frías Méndez por despido injustificado y represalias. Frías Méndez alegó haber sido despedido tras quejarse por comisiones impagas y discutir asuntos sindicales. Liberty argumentó que el tribunal estatal carecía de jurisdicción, pues la Ley Taft-Hartley otorgaba jurisdicción exclusiva a la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente consideró la falta de jurisdicción, pero luego reconsideró y ordenó la continuación del caso. Liberty solicitó la revisión de esta última decisión mediante un recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición de Liberty. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para atender dicho recurso.

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Sentencia de un panel de juezas sobre un recurso de revisión presentado por Ángel González Silva. El recurrente solicitó la revisión de una Orden interlocutoria de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Dicha Orden concedió al Departamento de Seguridad Pública (DSP) una prórroga para responder a la apelación del señor González, dejando sin efecto una orden previa. El señor González alegó que la CASP erró al otorgar una prórroga excesiva, incumplir su propio reglamento y orden anterior, y violar el debido proceso. Tras evaluar el recurso, el tribunal determinó que carecía de jurisdicción. La desestimación se fundamentó en que el recurso fue presentado de manera prematura. La doctrina de jurisdicción primaria exclusiva y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) limitan la revisión judicial a órdenes o resoluciones finales de la agencia. La determinación de la CASP recurrida era de carácter interlocutorio, no final. Por consiguiente, el tribunal desestimó el recurso.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve la apelación presentada por Heidi Sostre contra Mapfre Praico Insurance Co. La apelación proviene de una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda de Sostre. Sostre demandó a Mapfre por incumplimiento de contrato, alegando que la aseguradora no pagó adecuadamente los daños a su propiedad causados por el Huracán María. Mapfre se defendió argumentando que el cobro de un cheque por \$6,130.66 constituyó un pago en finiquito de la reclamación. El Tribunal de Primera Instancia acogió esta defensa y desestimó el caso. Sostre apeló, sosteniendo que existían controversias de hechos materiales y que la defensa de pago en finiquito no aplicaba debido a las alegadas prácticas desleales de Mapfre en el ajuste de la reclamación. La sentencia del Tribunal de Apelaciones examina si el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar sumariamente la demanda.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó un recurso de mandamus. La apelante, Sonia A. Rivera García, solicitó el mandamus contra el Departamento de Educación y la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación (OASE). Rivera García, exempleada despedida, apeló su caso, el cual fue transferido de la CASP a la OASE. Alegando dilación indebida por parte de la OASE en adjudicar su apelación, presentó el recurso de mandamus. El foro primario desestimó el mandamus, concluyendo que la OASE no había incumplido un deber ministerial. En apelación, Rivera García argumenta que la OASE perdió jurisdicción sobre su caso al exceder el término de noventa días para adjudicarlo. El Departamento de Educación sostuvo que la OASE conservaba jurisdicción primaria. La sentencia detalla el historial procesal, incluyendo recursos de mandamus previos, y las posturas de las partes sobre la alegada inacción de la OASE y sus efectos jurisdiccionales. El Tribunal determinará si la denegatoria del mandamus por el foro primario fue correcta.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El caso involucra a un policía municipal de Carolina que reclama el pago de pasos salariales por años de servicio. Tras solicitar los pagos al Municipio sin respuesta, el empleado apeló ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (C.A.S.P.). La C.A.S.P. desestimó la apelación por falta de jurisdicción, determinando que la reclamación estaba prescrita. Según la C.A.S.P., el empleado debió reclamar dentro de los 30 días siguientes a cumplir cada quinquenio de servicio. El empleado solicitó reconsideración, argumentando que el término debía contar desde la inacción municipal, pero fue denegada. Inconforme, el empleado acudió al Tribunal de Apelaciones para revisar la decisión de la C.A.S.P. El tribunal enfatiza la naturaleza fundamental de la jurisdicción y su deber de evaluarla en este proceso.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una apelación. La apelación fue presentada por Edwin Quiñones Rivera y otros contra Oriental Bank. Los apelantes solicitan la revocación de una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que dio paso a una demanda de ejecución de hipoteca. Argumentan que el TPI erró al conceder la sentencia sumaria, pues existía controversia sobre la tasa de interés aplicable y el banco no cumplió con el procedimiento de mediación de la Ley 184-2012. El banco, que sustituyó a Scotiabank, admitió y corrigió un error en el cálculo de intereses. El banco alegó que el préstamo era comercial, no personal, y por tanto no le aplicaba la Ley 184-2012, basándose en el propósito de consolidación de deudas y la información de negocio solicitada. Los apelantes negaron la naturaleza comercial del préstamo y persistieron en la controversia sobre los intereses. El TPI dictó sentencia sumaria al entender que no existían hechos materiales en controversia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de informativo de dominio. Los apelantes, Arsenio Báez Badillo y Margarita Ortiz Bobé, solicitaron la inscripción registral de una finca rústica en Aguadilla. Basaron su petición en la prescripción adquisitiva (usucapión) sobre el inmueble. El Tribunal de Primera Instancia desestimó inicialmente su solicitud. La finca en cuestión es un remanente de una propiedad mayor que perteneció a los abuelos maternos del Sr. Báez Badillo. Ni la finca original ni el remanente fueron inscritos en el Registro de la Propiedad por los dueños anteriores o sus herederos. Los apelantes alegaron posesión continua, pago de contribuciones y mejoras sobre la propiedad. Comparecieron ante el Tribunal de Apelaciones para revisar la desestimación. El Tribunal de Apelaciones determinó revocar el dictamen apelado.

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Oscar Galván López acude al Tribunal de Apelaciones en revisión judicial contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Busca revocar la desestimación de su solicitud de remedio administrativo por la División de Remedios Administrativos del Departamento. Galván López, un confinado, había presentado la solicitud para obtener información o la resolución de una querella disciplinaria radicada en su contra por lanzar platos de comida. Alegaba que no había recibido notificación de la resolución ni de una vista sobre la querella. La División desestimó su solicitud por falta de jurisdicción, indicando que debía agotar el trámite a través del Reglamento Disciplinario. Su solicitud de reconsideración fue denegada, reiterando la necesidad de seguir el proceso disciplinario y mencionando demoras en las vistas. Galván López solicita al tribunal que revoque la desestimación administrativa y ordene la continuación de su caso. El tribunal procede a analizar la controversia a la luz del derecho administrativo aplicable.

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Brenda Rodríguez Meléndez apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) sobre la custodia de su hijo menor. El TPI había eliminado las alegaciones de la señora Rodríguez, anotado su rebeldía y dictado sentencia concediendo la custodia compartida al señor Carlos Fonseca Zayas. Esta decisión del TPI se basó en la incomparecencia de la señora Rodríguez y su abogada a una vista para impugnar un informe social forense. La notificación de la vista había sido enviada a su representación legal anterior. Tras la sentencia, la señora Rodríguez, con nueva representación, solicitó reconsideración, alegando falta de comunicación de su abogada previa y desconocimiento de la vista. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Considerando los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia apelada del TPI.

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Este juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de revisión presentado por Juan J. Claudio Morales contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnó la determinación administrativa que reclasificó su nivel de custodia de mínima a máxima. Esta reclasificación se basó en su vinculación a nivel federal con trasiego de drogas y pertenencia a una organización criminal mientras se encontraba en custodia mínima. Dicha conducta resultó en su arresto por el FBI, una acusación bajo la Ley RICO, y una subsiguiente convicción federal que incrementó su pena. El Comité de Clasificación y Tratamiento concluyó que esta conducta demostraba falta de controles para una custodia de mínimas restricciones. Tras denegarse su reconsideración, el recurrente solicitó al Tribunal de Apelaciones que se le reclasificara a custodia mediana. El Tribunal revisó la determinación administrativa, considerando el balance entre el interés público en la seguridad y rehabilitación y el interés del confinado. Aplicando el Manual para la Clasificación de Confinados y el estándar de deferencia a las agencias administrativas, el Tribunal encontró justificada la decisión. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la reclasificación del recurrente a custodia máxima.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación presentado por Carlos V. Ramos Dones. El apelante impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan del 11 de marzo de 2019. Dicha determinación acogió la recomendación de la Examinadora de Pensiones Alimentarias e impuso una pensión alimentaria final. El caso se originó como un pleito de divorcio por ruptura irreparable iniciado en 2016 por Magali M. Rodríguez Dones. Tras decretarse el divorcio, se otorgó la custodia de los tres hijos menores a la madre y se fijó una pensión alimentaria provisional. Posteriormente, surgieron controversias, incluyendo una moción de desacato por alegado impago de la hipoteca que el padre debía cubrir de la pensión. El foro primario ordenó al apelante consignar pagos adeudados y futuros relacionados con la vivienda. Las partes estipularon hechos relevantes para la pensión final, como las edades de los hijos y gastos escolares. El recurso ante el Tribunal de Apelaciones busca dejar sin efecto la pensión alimentaria final impuesta.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa la desestimación sumaria de una reclamación de represalias. Carlos Asdrúbal Marrero Marrero apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su caso contra EDP University of Puerto Rico, Inc. Alegó haber sido despedido en represalia por quejarse ante su supervisora sobre discrepancias y la forma en que se anunciaron decisiones sobre posiciones. EDP argumentó que la alegación no constituía actividad protegida bajo la Ley Núm. 115-1991. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la queja se basó en una conversación posterior al anuncio de cambios organizacionales, expresando molestia por la manera en que se llevó a cabo una reunión. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y confirmó el dictamen apelado.

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MAPFRE PRAICO Insurance Company apela una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una solicitud de sentencia sumaria de los esposos Rivera-Rivera. Dicha sentencia se fundamentó en una decisión previa del Tribunal de Apelaciones como ley del caso. El litigio original fue iniciado por los esposos Rivera-Rivera contra Banco Popular y MAPFRE, reclamando la nulidad de una modificación de hipoteca y daños. Alegaron que un error de MAPFRE al cotizar un seguro contra inundaciones vició su consentimiento para el acuerdo, al aumentar drásticamente los pagos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó inicialmente la demanda. Sin embargo, en una apelación anterior, otro panel de este Tribunal revocó esa desestimación. Dicho panel concluyó que el error de MAPFRE constituyó un vicio en el consentimiento que anuló la modificación hipotecaria y hacía a MAPFRE responsable por los daños. La apelación actual de MAPFRE impugna la sentencia parcial que aplicó esta determinación previa del Tribunal de Apelaciones.

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La presente es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve un recurso de certiorari presentado por United Surety & Indemnity Company (USIC). USIC impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación de una demanda. La demanda original fue presentada por Vilma M. Berríos Cruz contra USIC por incumplimiento en el pago de daños a su propiedad tras el huracán María. La demandante reclamó daños contractuales y/o por negligencia, incluyendo daños económicos y angustias mentales. Tras varios trámites procesales, la señora Berríos renunció a los daños económicos especiales y angustias mentales. USIC argumentó que la demanda debía ser desestimada al renunciarse a estos daños. El foro primario denegó la desestimación, aclarando que subsistía la reclamación por los daños a la propiedad no compensados. USIC acudió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado por USIC.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una resolución de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME). La controversia se centra en el registro y modificación en Puerto Rico de una orden de pensión alimentaria emitida originalmente en Nueva York. La recurrida solicitó a ASUME la revisión y modificación de la pensión, proceso que ASUME decidió continuar a pesar de las objeciones del recurrente. El recurrente, Orlando J. Córdova Rolón, impugna la decisión de ASUME, alegando errores sobre la jurisdicción de los estados involucrados y la falta de celebración de una vista. ASUME había ratificado su decisión de proseguir con el registro y modificación. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el recurso, aborda la importancia de la jurisdicción judicial. Se discute la obligación de los tribunales de desestimar recursos sin jurisdicción, incluyendo aquellos que son prematuros. El análisis del Tribunal se enfoca en si el recurso fue presentado adecuadamente ante la corte apelativa.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por José Luis Lugo Quiñones. El peticionario solicita que se ordene al Tribunal de Primera Instancia reincorporar la pena de restricción domiciliaria como medida rehabilitadora. Esto se relaciona con una sentencia de 2015 por delitos de portación y uso de armas blancas, donde el peticionario se declaró culpable y fue sentenciado a prisión. En 2020, el peticionario pidió al foro primario la restricción domiciliaria, solicitud que fue denegada. El recurso de certiorari busca revocar esa determinación del TPI. El Tribunal de Apelaciones identifica fallas procesales en el recurso. El peticionario no acompañó copias de los escritos presentados ante el TPI ni adujo fundamento legal para modificar una sentencia firme de hace cinco años. El Tribunal subraya la necesidad de cumplir con las reglas procesales y establecer bases legales claras.

Resumen:

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico apeló una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que dejó sin efecto la confiscación de un vehículo propiedad de Juan Carlos Lastra Calderón. El vehículo fue ocupado por alegada violación a la Ley de Sustancias Controladas mientras estaba en posesión del hijo del apelado. El señor Lastra impugnó la confiscación, alegando falta de notificación y que la determinación de no causa probable en el caso criminal contra su hijo impedía la confiscación bajo la doctrina de impedimento colateral por sentencia. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la notificación fue adecuada, pero acogió la demanda de impugnación basándose en la determinación de no causa probable en el pleito criminal. Ordenó la devolución de la fianza prestada por el apelado. El Estado apeló, argumentando que el TPI erró al permitir que se presentara una nueva teoría (impedimento colateral) mediante la solicitud de sentencia sumaria y al aplicar incorrectamente dicha doctrina. Este documento presenta la Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo dicho recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio una demanda por incumplimiento de contrato y daños. La acción fue incoada por Joe Curet López y otros contra las aseguradoras Triple S Propiedad y Mapfre Pan American Ins. Co. Los demandantes reclamaban por daños a su propiedad causados por el Huracán María, alegando que las aseguradoras incumplieron sus pólizas y les indujeron a aceptar pagos inferiores. También imputaron prácticas desleales bajo la Ley Núm. 247-2018. MAPFRE presentó una moción de desestimación, argumentando que las reclamaciones basadas en dicha ley no aplicaban retroactivamente a eventos de 2017. Además, planteó falta de jurisdicción por alegado incumplimiento con el requisito de notificación previa al Comisionado de Seguros. Un fundamento clave de MAPFRE fue la doctrina de pago en finiquito, sosteniendo que los demandantes aceptaron un cheque como pago total y definitivo de la reclamación al endosarlo y cobrarlo. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar estos argumentos para disponer del recurso de apelación.

Resumen:

Jorge Rivera Zayas apeló una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Mapfre Insurance Company. Rivera había demandado a Mapfre por incumplimiento de contrato tras los daños causados por el huracán María, alegando compensación injusta bajo su póliza. Mapfre presentó una moción de desestimación argumentando que se configuró un "pago en finiquito". Según Mapfre, Rivera endosó y depositó un cheque de \$220.00 que constituía un pago total y final por la reclamación. El Tribunal de Primera Instancia determinó que hubo pago en finiquito y desestimó la demanda con perjuicio. Rivera apeló, cuestionando si Mapfre había renunciado a la defensa de pago en finiquito al no incluirla en su contestación inicial. Mapfre sostuvo que Rivera no se opuso a la moción de desestimación y que la defensa se levantó oportunamente. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y el tracto procesal. La Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada. Esto valida la desestimación de la demanda de Rivera basada en el pago en finiquito.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Noel Rivera Sayas demandó a Mapfre Insurance Company por incumplimiento de contrato tras los daños causados por el huracán María. Rivera alegó que Mapfre no le compensó justamente por los daños a su propiedad. Mapfre sostuvo que cumplió con la póliza y que el pago realizado constituyó un finiquito aceptado por Rivera al cobrar el cheque. Rivera se opuso, argumentando que los daños fueron subestimados, que no recibió información completa y que Mapfre actuó de mala fe. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Mapfre, concluyendo que se configuró el pago en finiquito y desestimando la demanda. Rivera apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Rafaela Martínez Adorno. La peticionaria impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de relevo de sentencia. El caso subyacente es un Expediente de Dominio instado por Valentín Adorno Adorno y Carmen M. Pizarro Márquez sobre una finca. La señora Martínez, como colindante, fue notificada y compareció con representación legal. A pesar de tener oportunidad, no presentó sus motivos de oposición al Expediente de Dominio dentro del término concedido. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista evidenciaria y posteriormente autorizó el Expediente de Dominio. Surgió una controversia sobre el valor de la finca declarado inicialmente en la petición versus la prueba presentada en la vista. La peticionaria solicitó relevo de sentencia, el cual fue denegado por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones resuelve denegar el auto de certiorari solicitado por la señora Martínez.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de revisión judicial presentado por Professional Consulting Phsycoeducational Services, LLC. La recurrente impugnó la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación de descartar sus propuestas para proveer servicios de salud mental y rehabilitación a la población correccional adulta y juvenil. La recurrente alegó que otra entidad, Physician Correctional, estaba siendo considerada sin un proceso competitivo adecuado. El Departamento reconoció el interés de otro proveedor y requirió a la recurrente separar sus propuestas para análisis. Indicó que la evaluación se realizaría bajo los mismos parámetros para ambos proponentes. El documento detalla los servicios específicos requeridos para el Programa de Instituciones Juveniles. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión judicial presentado por la recurrente.

Resumen:

El Tribunal expide auto de certiorari para revisar la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la moción de sentencia sumaria de MAPFRE. MAPFRE solicitó la desestimación de la demanda por incumplimiento de contrato y daños, alegando que el asegurado aceptó un pago en finiquito al cambiar un cheque marcado como pago total y final. El asegurado, Sr. Rodríguez, se opuso, argumentando la existencia de controversias de hechos sustanciales que impedían la resolución sumaria. La demanda original alegaba que MAPFRE incumplió sus deberes contractuales y estatutarios tras los daños por el Huracán María. El Tribunal de Primera Instancia determinó que MAPFRE envió un cheque marcado como "Pago Total y Final" sin una carta explicativa o desglose detallado de las partidas cubiertas. Tampoco se explicó al asegurado cómo se calculó la cantidad ni su derecho a solicitar reconsideración. El foro primario identificó controversias de hecho sobre si el asegurado pudo razonablemente entender el pago como total y final, dada la falta de comunicación clara. También existe controversia sobre la adecuacidad de la inspección y valoración de los daños. Concluyó que estas controversias impedían resolver el caso sumariamente. El Tribunal confirma el dictamen del Tribunal de Primera Instancia, validando la existencia de controversias de hechos que impiden la sentencia sumaria basada en el pago en finiquito.

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La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) solicitó la revisión de una Resolución Final y Orden emitida por el Negociado de Energía de Puerto Rico. Dicha orden instruyó a la AEE a conceder un crédito de $673.25$ a la señora Carmen Márquez Pérez en sus facturas de energía eléctrica. La señora Márquez había presentado querellas ante el Negociado alegando facturación por servicios no suplidos durante un periodo específico tras el huracán María. El Negociado determinó que, aunque la energía provino de un generador de la AEE, la Autoridad incumplió con los términos reglamentarios para investigar las objeciones de la cliente. La normativa establece que la falta de inicio o culminación de la investigación en los plazos fijados resulta en que la objeción se resuelva a favor del cliente. Basado en este incumplimiento procesal de la AEE, el Negociado ordenó el crédito por las cuantías objetadas. La AEE recurrió esta decisión ante el tribunal. El tribunal revisó el caso y confirmó la determinación del Negociado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió esta Resolución en respuesta a una petición de certiorari de Eglis A. Segura Ledesma. El señor Segura Ledesma había demandado al Estado por daños y perjuicios en el Tribunal de Primera Instancia. El tribunal de instancia ordenó la paralización del pleito civil, condicionándolo a la conclusión de la apelación criminal del señor Segura Ledesma, cuyo resultado podría incidir en la reclamación. Luego de una moción del demandante, el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden acusando recibo y confirmando la paralización del caso. Inconforme, el señor Segura Ledesma recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal consideró el marco legal aplicable al auto de certiorari y la revisión de órdenes interlocutorias. Tras evaluar la solicitud, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto.