Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 172)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari presentado por Cecilia y Ana Toro. Las peticionarias buscaban revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca incoado por Banco Popular de Puerto Rico. La resolución recurrida denegó la moción de desestimación de las peticionarias, quienes alegaban no haber sido emplazadas correctamente, específicamente cuestionando el emplazamiento por edicto a herederos desconocidos. El Tribunal de Primera Instancia validó el emplazamiento por edicto y, a su vez, denegó una solicitud del Banco Popular para anotar la rebeldía de dichos herederos. Las peticionarias también solicitaron auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos ante el foro primario. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. Cónsono con lo anterior, también declara No Ha Lugar la solicitud en auxilio de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso de apelación presentado por Geraldo Rivera Jordán. El apelante impugna las Sentencias Condenatorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado. Dichas sentencias lo declararon culpable de Escalamiento Agravado y Apropiación Ilegal (menos grave). Se le impusieron penas de 10 años y 6 meses de reclusión, a cumplirse concurrentemente, además de penas especiales. El señor Rivera Jordán alega que el tribunal de instancia erró al declararlo culpable por falta de prueba suficiente más allá de duda razonable. Sostiene que la prueba demostró que entró a la residencia para auscultar la salud de su vecina, no para cometer apropiación ilegal. También argumenta que la prueba sobre la apropiación ilegal solo generó sospechas y que hubo contradicciones en el testimonio de testigos. Finalmente, cuestiona la imposición de penas especiales dada su indigencia. El Tribunal de Apelaciones procederá a resolver el recurso tras evaluar el expediente y la prueba.

Resumen:

El texto examina los requisitos de notificación para una petición de mandamus vinculada a un caso pendiente ante un juez. Se citan las Reglas 55(J) y 13(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La Regla 55(J) dispone que, en estos casos, no se emplaza al juez, sino que se le notifica con copia del escrito de mandamus según la Regla 13(B). Adicionalmente, se debe notificar a las otras partes del pleito original y al tribunal donde éste se encuentre. La Regla 13(B) especifica los métodos de notificación, como correo certificado, entrega personal, telefax o correo electrónico, y a quiénes se debe notificar. En el caso particular analizado, la parte peticionaria solo certificó haber notificado al Tribunal de Primera Instancia y a la otra parte. No consta que se haya notificado copia del recurso al juez del foro primario, el Juez Sánchez La Costa. Esta omisión constituye un incumplimiento con la Regla 55(J) del Reglamento.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso extraordinario de mandamus presentado por Tomasa del C. Vázquez Chévere. La peticionaria solicitó al tribunal ordenar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a resolver sin dilación su querella pendiente sobre cobros de agua en su condominio, radicada originalmente en 2016. El DACO había desestimado inicialmente la querella, pero un panel anterior del Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión en 2019. Dicha sentencia previa devolvió el caso al DACO para continuar el proceso, permitiendo descubrimiento de prueba, reconociendo controversias fácticas que requerían vista y descalificando la representación legal de la parte recurrida. La peticionaria presentó el mandamus actual alegando inacción del DACO tras el reenvío de 2019. El tribunal revisó el historial procesal, incluyendo las directrices de la sentencia revocatoria. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones deniega la petición de mandamus.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por la sucesión de Alfonso Cruz Colón. La apelación impugna una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La demanda original fue incoada por Fannie Mae, luego sustituida por Banco Popular de Puerto Rico. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la demanda, condenando a la sucesión al pago de \$155,387.63 más intereses, cargos por demora, créditos accesorios y honorarios de abogado. El caso presentó particularidades procesales debido al fallecimiento del demandado original antes de ser emplazado. Se realizaron gestiones para el emplazamiento por edicto y se solicitó la sustitución de partes por los herederos. Los herederos intentaron presentar una reconvención o demanda de intervención. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la apelación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Sumaria apelada.

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Se revisa la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un litigio sucesorio. La controversia principal gira en torno a la validez y efectos de fideicomisos y donaciones constituidas por el causante, Sr. Ernesto Rodríguez Rodríguez, y su segunda esposa, Sra. Gloria L. Díaz López. La Sra. Carmen Rodríguez Toro, hija del primer matrimonio del causante, impugnó estas cesiones. Alegó que fueron realizadas con la intención de desheredarla y afectaron su legítima hereditaria. El TPI declaró No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial de la Sra. Díaz y el Fideicomiso Sucesión Rodríguez-Díaz. En cambio, el TPI declaró Ha Lugar la solicitud de la Sra. Rodríguez Toro, declarando inoficiosas las cesiones a los fideicomisos respecto a la legítima. La Sra. Díaz y el Fideicomiso solicitaron la revisión de esta Sentencia Parcial ante este Tribunal. Tras evaluar el tracto procesal y los argumentos, el panel de jueces procedió a confirmar la Sentencia Parcial del TPI. Esto ratifica la determinación de que las cesiones a los fideicomisos fueron inoficiosas en cuanto a la legítima de la hija del primer matrimonio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una solicitud de Johanna Alvarado Machicote contra el Municipio de Carolina. La recurrente impugna una Resolución de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) que desestimó su apelación previa por falta de jurisdicción, al considerarla presentada fuera de término. La CASP le había notificado la resolución y el derecho a solicitar reconsideración en 20 días. La señora Alvarado Machicote presentó una moción de reconsideración fuera de ese término. Posteriormente, presentó este recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que la CASP erró al declararse sin jurisdicción. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determina que carece de autoridad para atender los méritos del recurso. Esto se debe a que la presentación del recurso de revisión judicial ante este foro fue tardía. El Tribunal explica que un recurso tardío priva fatalmente de jurisdicción al tribunal. Por consiguiente, se desestima el recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción, sin entrar a considerar el error alegado por la recurrente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación. José Vázquez Marín solicitó administrativamente que se ajustara su custodia a mínima, basándose en una sentencia previa del Tribunal de Apelaciones y alegando abuso en su clasificación actual. El Departamento desestimó su solicitud inicial por considerar que emitía opiniones y no buscaba remediar una situación de confinamiento, conforme a su reglamento. La solicitud de reconsideración de Vázquez Marín también fue denegada por la agencia. Ante esto, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones pidiendo que se hiciera cumplir la sentencia anterior. El Tribunal examinó el proceso administrativo y la decisión del Departamento. Aplicando la doctrina de revisión judicial y la deferencia a las agencias administrativas, el Tribunal concluyó que la desestimación por parte del Departamento fue correcta. Por tanto, se confirma el dictamen administrativo recurrido.

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Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición presentada por un miembro de la población correccional contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El peticionario, Carlos Luis González Rivera, solicitó un auto de mandamus para obligar al Departamento a resolver una solicitud de reconsideración sobre una acción disciplinaria. El Sr. González Rivera había sido encontrado incurso en violaciones disciplinarias y recibió una amonestación escrita, presentando posteriormente una solicitud de reconsideración. Su petición al tribunal, radicada tres semanas después de la solicitud de reconsideración, buscaba una orden para que el Departamento actuara. El tribunal acogió la presentación como una petición de mandamus pero finalmente denegó la expedición del auto. La sentencia señaló la omisión del peticionario de pagar los aranceles o solicitar litigar in forma pauperis. También explicó que el mandamus es un remedio extraordinario disponible solo después de agotar otras vías legales. La denegación del tribunal indica que el peticionario no cumplió con los requisitos legales para la expedición de un auto de mandamus en este caso.

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Un confinado, Alex M. Díaz Figueroa, solicitó la revisión judicial de una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha determinación, emitida el 25 de septiembre de 2020, le denegó la consideración para el programa de pase extendido con monitoreo electrónico. El Departamento fundamentó su negativa en que el recurrente no cualifica bajo la Ley 142 de 2013, ya que el Artículo 5.04 de la Ley de Armas lo excluye de beneficiarse de programas de desvío. El recurrente fue sentenciado a 25 años por violaciones a los Artículos 5.04 y 5.06 de la Ley de Armas de 2000. Alegó que sus cargos bajo el Artículo 5.04 fueron reclasificados y que la Ley 142-2013 no le aplica, además de destacar su buen comportamiento y rehabilitación. A pesar de que la notificación administrativa mencionaba un recurso de reconsideración, el Sr. Díaz Figueroa acudió directamente al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación administrativa. Finalmente, el Tribunal confirmó la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación sin trámite ulterior.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una Resolución Sumaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El Consejo de Titulares del Condominio Casa Magna recurre la desestimación de su querella contra el desarrollador, Casa Magna Corporation. La querella original, presentada en 2018, alegaba problemas con la transferencia de la administración, falta de copias de escrituras y defectos de construcción no corregidos desde 2016, incluyendo humedad, plomería, pintura, jardines y sellado de techo. El desarrollador negó las alegaciones y argumentó, entre otras cosas, que la reclamación sobre la pintura había caducado. Durante el proceso ante el DACo, algunas controversias se resolvieron entre las partes, quedando pendiente la relacionada con la pintura. El DACo desestimó la querella mediante Resolución Sumaria. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución Sumaria recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El Municipio Autónomo de Toa Alta y su Alcalde apelaron una decisión previa del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión declaró Con Lugar una demanda por discrimen político y despojo de funciones. La demanda fue presentada por Iris Damaris Román Elías, su esposo y la sociedad legal de gananciales. La Sra. Román Elías, empleada de carrera, alegó haber sido despojada gradualmente de sus funciones como Directora Auxiliar II tras el cambio de administración municipal en 2013. Los apelantes solicitaron la revocación del dictamen de instancia. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Finalmente, el panel de jueces decidió confirmar la sentencia impugnada. Con esta decisión, se ratifica el hallazgo de discrimen político y despojo de funciones contra la apelada.

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Se trata de una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una Petición de Mandamus. El apelante, Eliezer Santana Báez, confinado, solicitó mediante mandamus cambiar su estatus de custodia protectiva. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la petición sin perjuicio. La desestimación se basó en que la petición no fue juramentada y el apelante no demostró haber agotado los remedios administrativos disponibles. El apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones, alegando error del foro primario. Argumentó que la Ley de la Judicatura exige acceso a los foros y que la pandemia impedía agotar los remedios administrativos. El apelado, Carlos Betancourt Ortiz, compareció ante el foro apelativo. El Tribunal de Apelaciones examinó los escritos y el expediente. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado. El fallo se fundamenta en los requisitos procesales y la naturaleza del recurso de mandamus.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de certiorari presentado por la Cooperativa de Seguros Múltiples. La Cooperativa buscaba revisar una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción en Solicitud de Desestimación en un pleito de daños incoado por Nitza Márquez. La moción de desestimación se basaba en la alegación de pago en finiquito. Tras la denegación inicial y una solicitud de reconsideración también denegada, la Cooperativa presentó el certiorari. La parte peticionaria alegó errores en la denegación de la desestimación y la ausencia de determinaciones de hechos. El Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el auto de certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo. El recurso se considera prematuro, lo que impide su adjudicación en esta etapa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de revisión judicial presentado por Julio R. Gutiérrez Navarro contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnaba una aparente decisión administrativa sobre su nivel de custodia. Sin embargo, el recurrente omitió anejar al recurso la decisión administrativa objeto de la revisión. El Tribunal enfatizó la obligación de las partes de cumplir rigurosamente con las reglas para perfeccionar los recursos apelativos, incluyendo la presentación de los documentos requeridos. La Regla 59(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones exige incluir la orden o resolución administrativa impugnada en el apéndice. La ausencia de este documento impide al Tribunal corroborar su jurisdicción y revisar los méritos de la controversia. Esta deficiencia se considera sustancial y acarrea la desestimación del recurso. Por lo tanto, al no haberse perfeccionado el recurso conforme al ordenamiento, el Tribunal desestimó la causa por falta de jurisdicción.

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Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación. La apelación proviene de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo en un caso sobre rescisión de contrato y cobro de dinero. El Cementerio La Santa Cruz demandó a los herederos del titular de un Contrato de Enfiteusis por el impago de cuotas de mantenimiento. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar una solicitud de sentencia sumaria a favor del Cementerio. Dicha sentencia decretó la rescisión del contrato de 1973 y condenó a los apelantes al pago de \$6,695.08 por cuotas adeudadas, más intereses. Adicionalmente, autorizó al Cementerio a trasladar los restos de la fosa a una fosa común. La apelación fue presentada por una de las herederas demandadas, la señora Eileen González González. El Cementerio alegó que las cuotas de mantenimiento habían dejado de pagarse por más de tres años consecutivos. El proceso incluyó la enmienda de la demanda para incluir a otros herederos como partes indispensables.

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Se presenta una Revisión Judicial ante el Tribunal de Apelaciones por el ex-agente Rafael Román Fuentes. El recurso impugna una resolución de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). La CIPA había ordenado la paralización de los procesos administrativos apelativos del ex-agente. Dicha paralización se fundamentó en el Título III de la ley federal PROMESA. El ex-agente fue expulsado del Negociado de la Policía tras una querella por presuntos acercamientos sexuales y un proceso administrativo. Luego de apelar ante la CIPA, esta detuvo el caso citando la quiebra. El recurrente alegó como error la paralización basada en el Código de Quiebras. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y el alegato de la CIPA. Finalmente, el Tribunal resolvió REVOCAR la Resolución de la CIPA que paralizó los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El Municipio de Toa Alta y el Alcalde Clemente Agosto Lugardo apelaron una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. El caso original trataba sobre discrimen político y despojo de funciones. Los apelados, Iris Damaris Román Elías y su esposo, habían demandado al municipio y al alcalde. La Sra. Román Elías, empleada de carrera y afiliada del PNP, alegó que la nueva administración del PPD, a partir de febrero de 2013, la despojó gradualmente de sus funciones como Directora Auxiliar II. Indicó que le quitaron la supervisión de personal y el vehículo asignado, dejándola sin tareas. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la demanda a favor de los apelados. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen impugnado.

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Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El apelante, Javier Torres Marín, solicita la revocación de una Sentencia Sumaria Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó la demanda presentada por Torres Marín contra el apelado, José Muñoz Benedicto. El caso original se inició por una reclamación de cumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños por servicios médicos prestados en 2015. Torres Marín demandó a Muñoz Benedicto alegando que su entidad manejaba pagos y que él tenía un acuerdo operativo con la clínica contratante. Muñoz Benedicto solicitó sentencia sumaria argumentando que no era parte del contrato con Torres Marín, ni personal ni representativamente. Alegó falta de conocimiento de la deuda y presentó evidencia de su ausencia de Puerto Rico y falta de vínculo con las entidades demandadas durante el periodo relevante. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de Muñoz Benedicto. Tras revisar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Sumaria Parcial apelada.

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Se trata de una Sentencia emitida por un panel judicial en apelación. El apelante, Sr. Rolando Canales Ramos, solicita la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Sentencia desestimó, sin perjuicio, su demanda contra United Surety \& Indemnity Company por incumplimiento de contrato y daños relacionados con el huracán María. El TPI desestimó la demanda por entender que el apelante no había notificado adecuadamente a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) conforme a la Ley Núm. 247-2018, requisito que consideró jurisdiccional. El apelante argumentó que su causa de acción se basaba en el Código Civil y que sí envió una notificación a la OCS después de presentar la demanda. Alegó además que el TPI debió permitirle enmendar la demanda en lugar de desestimarla. La Sentencia detalla el historial procesal y los errores señalados por el apelante, centrados en la interpretación del requisito de notificación de la Ley 247-2018 y la decisión de desestimar. El panel judicial procederá a resolver la controversia planteada en la apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso surge de una querella presentada por compradores contra RB Auto Corp. d/b/a Extreme Motors por problemas con vehículos usados adquiridos. Inicialmente compraron un Jeep Compass, el cual fue cambiado por un Mitsubishi Outlander debido a fallas mecánicas. Los compradores alegaron que el Mitsubishi presentaba vicios ocultos y que el vendedor incumplió acuerdos sobre reparaciones y documentación. RB Auto Corp. se defendió argumentando prescripción de la acción y la inaplicabilidad de la garantía por el millaje del vehículo. El DACo determinó que procedía la acción redhibitoria y ordenó a RB Auto Corp. reembolsar a los compradores la suma de \$8,570.00. RB Auto Corp. recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el expediente, confirmó la Resolución Enmendada dictada por el DACo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Resolución emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La controversia se origina en una querella presentada por Paulino René López Fontela y Arlene Caamaño Gilot contra el Consejo de Titulares del Condominio Jardines de San Jorge. Los querellantes impugnaron acuerdos de una Asamblea Extraordinaria de 2017 que buscaban adoptar un nuevo reglamento. Alegaron que el reglamento propuesto intentaba modificar la designación de áreas privadas, específicamente garajes y estacionamientos, según lo establecido en la Escritura Matriz de 1962. Sostuvieron que alterar la designación de áreas privadas requiere enmendar la escritura matriz con el consentimiento unánime de los titulares, no una mayoría simple o de 2/3 partes. DACO emitió una Resolución el 24 de julio de 2020 declarando nulo el Artículo 3, Sección 3 del reglamento propuesto. Ambas partes solicitaron la revisión judicial de la decisión de DACO. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la Resolución emitida por el DACO.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una determinación administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre el nivel de custodia de un confinado, Ángel Solero Rodríguez. El Comité de Clasificación y Tratamiento había ratificado el nivel de custodia máxima del recurrente, y su solicitud de reconsideración fue denegada. El confinado acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de dicha decisión. El Procurador General, en representación del Departamento, solicitó la devolución del caso a la agencia. El Tribunal dejó sin efecto la determinación recurrida. La decisión se basó en que la resolución emitida por el Departamento carecía de las determinaciones de hechos, conclusiones de derecho y advertencias requeridas por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y el debido proceso de ley. El caso fue devuelto al Departamento de Corrección para que emita una nueva resolución final que cumpla con los requisitos legales para ser revisable por el foro judicial.

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El Sr. Juan Roig Rodríguez, confinado, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar una solicitud de nuevo juicio y afirmó que la sentencia condenatoria había advenido final y firme. El peticionario fue autorizado a litigar in forma pauperis. La Resolución del Tribunal de Apelaciones explica la naturaleza discrecional del auto de certiorari como vehículo procesal extraordinario. Detalla los criterios establecidos en la Regla 40 de su Reglamento para la expedición de dicho auto. Asimismo, aborda el concepto de discreción judicial según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Tras considerar los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el Sr. Roig Rodríguez.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) relacionada con el Condominio Jardines de San Jorge. La revisión fue solicitada por el Consejo de Titulares y por los querellantes originales, un matrimonio de titulares. La Resolución de DACO, emitida el 24 de julio de 2020, declaró la nulidad del Artículo 3, Sección 3 del Reglamento del Condominio. El caso se originó por una querella de los titulares impugnando acuerdos de una Asamblea Extraordinaria de 2017. Alegaron que el nuevo reglamento intentaba modificar la designación de áreas privadas, como garajes y cobertizos, según la Escritura Matriz de 1962. Sostuvieron que tal modificación requería unanimidad, no la mayoría de 2/3 partes utilizada. DACO determinó que el reglamento no podía alterar la designación de elementos privados establecida en la escritura matriz. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la Resolución emitida por el DACO. La controversia central giró en torno a la validez de una enmienda reglamentaria que afectaba la naturaleza de áreas designadas como privadas en el documento fundacional del condominio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso de revisión administrativa presentado por Luis H. Santiago Rosado. El recurrente impugna la determinación del Comité de Clasificación y Tratamiento del 6 de agosto de 2020, que mantuvo su custodia máxima. Santiago Rosado alegó violaciones procesales y falta de justificación en la decisión. El Departamento de Corrección informó que la evaluación de agosto se retrasó por la pandemia y que se realizó una evaluación posterior el 28 de octubre de 2020. Esta evaluación subsiguiente también ratificó la custodia máxima del confinado. El Tribunal analiza si el caso se ha tornado académico debido a la ocurrencia de la evaluación posterior. Se considera la normativa que establece revisiones de custodia máxima cada seis meses. La sentencia evaluará si la controversia sobre la decisión de agosto sigue vigente tras la evaluación de octubre.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera la apelación presentada por José A. López Colón contra una sentencia de 45 años de prisión. La sentencia fue dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla tras un veredicto de culpabilidad por jurado. López Colón fue hallado culpable de homicidio atenuado y dos violaciones a la Ley de Armas (portación/uso sin licencia y disparar/apuntar) por hechos ocurridos en 2012 que resultaron en la muerte de su cuñado. El juicio se llevó a cabo en julio de 2019, con presentación de prueba por el Ministerio Público y la defensa. El jurado emitió un veredicto unánime de culpabilidad por los tres delitos. La sentencia de 45 años, cumplida consecutivamente, fue impuesta en octubre de 2019. El apelante impugna la sentencia basándose en cinco señalamientos de error. Estos errores cuestionan la aplicación del Art. 5.04 de la Ley de Armas, limitaciones a la defensa propia, la suficiencia de la prueba, defectos en la acusación y el efecto acumulativo de los errores. El Tribunal de Apelaciones procederá a revisar estos argumentos.

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Ciudadanos del Karso, Inc., Sierra Club de Puerto Rico Inc., y otros apelaron una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó un auto de mandamus. El mandamus fue presentado contra la Junta de Planificación de Puerto Rico para solicitar la divulgación de información específica sobre el Mapa de Calificación propuesto por la Junta. Los apelantes buscaban acceso a mapas, geodatos y comparaciones entre distritos existentes y propuestos, alegando que la información no estaba completamente disponible. La Junta de Planificación se opuso al mandamus, argumentando que la información solicitada, incluyendo mapas y datos digitales, estaba disponible en su portal web y en sus oficinas. La Junta también sostuvo que había cumplido con los procesos legales de revisión de distritos de calificación y participación ciudadana. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso al concluir que la información ya se encontraba disponible públicamente. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa presentado por Carlos M. Hernández Domínguez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitó la desestimación de una querella disciplinaria en su contra. Alegó que el Departamento no celebró la vista administrativa dentro del término reglamentario. El Departamento, por su parte, solicitó la desestimación del recurso de revisión. El Tribunal analizó el marco legal para la revisión judicial de decisiones administrativas bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). Conforme a la LPAU, solo las órdenes o resoluciones administrativas finales son revisables judicialmente. La jurisprudencia define estas como decisiones que ponen fin al caso ante la agencia. El Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. Por consiguiente, se desestimó el recurso de revisión administrativa.

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Este es un caso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por el confinado Juan A. Córdova Cruz. El Sr. Córdova Cruz impugnó una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre su elegibilidad para libertad bajo palabra y privilegios. La controversia giraba en torno a si debía cumplir el 50% o el 75% de su sentencia de 4 años por infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas (arma neumática). El Departamento le informó que debía cumplir el 75%, citando enmiendas a la ley que hacían ciertos artículos inelegibles para bonificaciones por buena conducta. El Sr. Córdova Cruz argumentó que esto era un error y contradecía un cálculo previo que indicaba el 50%. Tras la denegación de su reconsideración administrativa por parte del Departamento, solicitó revisión judicial. Alegó que el cómputo del 75% violaba la ley aplicable y la Constitución. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, considerando el estándar de deferencia a las decisiones administrativas. Finalmente, el Tribunal REVOCÓ la determinación emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones que considera dos recursos de revisión judicial presentados por Americas Leading Finance, LLC y J & J Olympics Auto Sales, Corp. Los recurrentes impugnaban una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que declaró Con Lugar una querella de una consumidora sobre nulidad de contrato de compraventa. La Resolución del DACo fue notificada en junio de 2020. Los recurrentes solicitaron reconsideración, pero el DACo no actuó sobre ellas en el término legal. Posteriormente, los recurrentes presentaron sus recursos de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones en agosto de 2020. El Tribunal examinó los recursos, el expediente administrativo y el derecho aplicable, incluyendo disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Tras su análisis, el Tribunal determinó desestimar ambos recursos. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender las apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones examinó recursos de Americas Leading Finance, LLC y J \& J Olympics Auto Sales, Corp. Ambas compañías apelaron una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que declaró nulo un contrato de compraventa a favor de una consumidora. Tras la notificación de la resolución, los recurrentes solicitaron reconsideración ante el DACo, sin obtener respuesta en el término legal. Posteriormente, presentaron recursos de revisión judicial ante el Tribunal, señalando múltiples errores del DACo, como la determinación de dolo, la aplicación de derecho y la imposición de costas. El Tribunal revisó el expediente y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, particularmente lo relativo a órdenes finales y notificaciones. Concluyó que carecía de jurisdicción para atender los recursos. Por tanto, el Tribunal decidió desestimar las apelaciones presentadas por las compañías.

Resumen:

Se presenta una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Sentencia desestimó, sin perjuicio, una demanda por incumplimiento de contrato y daños presentada por el Sr. Rolando Canales Ramos contra United Surety & Indemnity Company. La demanda se relacionaba con daños sufridos tras el huracán María. El TPI desestimó el caso por entender que el demandante no cumplió con el requisito de notificar a la Oficina del Comisionado de Seguros bajo la Ley Núm. 247-2018. El apelante argumenta que su causa de acción se fundamenta en el Código Civil, no en la Ley 247-2018, por lo que el requisito de notificación no le aplica. Sostiene que la aseguradora negó el incumplimiento y alegó falta de jurisdicción por no agotar remedios administrativos. El apelante también alega que el TPI debió permitirle enmendar la demanda en lugar de desestimarla. La apelación busca revocar la determinación del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso KLAN202000577. El recurso fue presentado por Doris Arce Ayala, apelante, contra Professional Hospital, Inc., et als, apelados. La apelación busca la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Sentencia de primera instancia, emitida el 15 de julio de 2020, declaró Con Lugar mociones de desestimación. Como resultado, la demanda por Daños y Perjuicios presentada por la señora Arce Ayala fue desestimada en su totalidad. La demanda original alega negligencia médica tras una cirugía de reconstrucción de seno, resultando en complicaciones y necrosis. Los demandados argumentaron, entre otras cosas, la prescripción de la acción. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, decide revocar la Sentencia apelada. Consecuentemente, el caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso KLAN202000607. La apelación fue presentada por Condado Plaza Acquisition, LLC y otras entidades contra Posadas de Puerto Rico Associates, LLC y otros, relacionada con una sentencia declaratoria. Los apelantes habían recurrido la decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Posteriormente, Condado Plaza Acquisition presentó un aviso de desistimiento de la apelación. El aviso se fundamentó en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal acogió el pedido de desistimiento presentado por la parte apelante. En consecuencia, se declaró desistida la apelación. La sentencia ordena el archivo de la causa.

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Un representante de un hogar de ancianos apeló la cancelación de su licencia por parte del Departamento de la Familia. La Junta Adjudicativa del Departamento desestimó la apelación, dictaminando que fue presentada un día después del plazo de 15 días. El representante sostuvo que la fecha límite cayó en un día feriado, extendiendo el período de presentación hasta el siguiente día laborable, fecha en la que se presentó la apelación. El asunto central ante el Tribunal de Apelaciones fue el método correcto para computar los plazos administrativos. El Tribunal consideró la aplicabilidad de la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, que excluye los días feriados del cálculo de plazos y se ha considerado aplicable a procedimientos administrativos. La sentencia del Tribunal revocó la resolución de la Junta Adjudicativa. Este resultado indica que el Tribunal determinó que la apelación fue presentada a tiempo, aceptando el argumento de que el plazo se extendió debido al día feriado.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una revisión judicial instada por Primal Film Production, LLC. La recurrente impugna la denegatoria de un crédito contributivo bajo la Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica por parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. El Tribunal requirió al Departamento certificar el cumplimiento con los requisitos de notificación de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Dicha ley exige que las órdenes finales sean notificadas por escrito, incluyendo determinaciones de hecho y derecho, y enviadas por correo ordinario y certificado. El Departamento admitió haber notificado la denegatoria únicamente por correo electrónico. Justificó esta acción alegando que el envío postal era imposible y arriesgado debido al toque de queda y cuarentena impuestos por la pandemia de COVID-19 en abril de 2020. Argumentó que la notificación electrónica fue el mecanismo adecuado para asegurar la comunicación, cumplir con las órdenes ejecutivas y limitar la exposición de su personal. El Departamento sostuvo además que la parte recurrente no sufrió perjuicio alguno por la forma de notificación. El Tribunal reconoce que los argumentos del Departamento poseen razonabilidad considerando las circunstancias extraordinarias de la emergencia sanitaria.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de Certiorari presentada por Aracelis Y. Burgos Curbelo. La petición impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Hatillo. El caso surge de una controversia laboral donde Burgos Curbelo presentó una querella contra su antiguo patrono, Corporación de Servicios Médicos Primarios y Prevención de Hatillo (CSM), al amparo de la Ley Núm. 2 por discrimen y despido injustificado. Por separado, CSM presentó una demanda civil contra Burgos Curbelo por incumplimiento de contrato y daños, alegando pérdidas económicas debido a sus acciones como Directora de Finanzas. Burgos Curbelo solicitó la desestimación de la demanda de CSM, argumentando que era improcedente dada su querella laboral pendiente. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar a su moción, permitiendo a CSM continuar con su reclamación independiente. Burgos Curbelo procuró la revisión apelativa de esta decisión mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del recurso de certiorari.

Resumen:

Este recurso es un certiorari presentado por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ante el Tribunal de Apelaciones. El Departamento solicita la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que confirmó un laudo de arbitraje y desestimó su recurso de revisión judicial. La controversia se originó con una querella de la Unión General de Trabajadores en representación de empleados que alegaban realizar funciones de mayor complejidad que su clasificación y solicitaban ascenso o reclasificación retroactiva. El Comité de Conciliación cerró la querella pero abordó los méritos, indicando que las funciones de inspección eran propias de la clasificación y que el ascenso sin oposición y la retroactividad no procedían bajo las normas aplicables. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso de certiorari como el mecanismo procesal adecuado para revisar la sentencia del TPI. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Comparece el Sr. Federico Antonio Cardona Firpi apelando una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha resolución declaró que, conforme a la Convención de la Haya, el Tribunal de México era el foro más conveniente para atender la controversia sobre relaciones paternofiliales con la Sra. Diana Selene Gutiérrez. El señor Cardona había presentado mociones sobre el estatus del caso y las relaciones, mientras que la señora Gutiérrez se opuso, alegando que asuntos similares ya habían sido resueltos en México, donde existe una alerta migratoria para el hijo menor. El TPI inicialmente ordenó un estudio social, pero luego lo dejó sin efecto y determinó que el foro conveniente era México. El apelante argumentó que tribunales superiores de Puerto Rico ya habían adjudicado la cuestión del foro. Este panel de jueces, presidido por el Juez Figueroa Cabán, revoca la resolución y orden apelada. Los fundamentos para esta decisión se expondrán a continuación en el documento.

Resumen:

Un panel de juezas emite Sentencia en un recurso de apelación instado por Fabio Piñeda Pérez. El apelante solicitó la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. Dicha demanda fue presentada contra Panadería Barcelona, Inc. y otros por alegada infracción de derechos sobre la marca "Barcelona". El señor Piñeda Pérez reclamaba el uso prioritario de la marca desde 1985 para servicios de panadería y restaurante. Alegó que el uso por los demandados causaba confusión al consumidor y solicitó injunction y daños. El foro primario desestimó la demanda al considerar que no existía una reclamación que justificara un remedio. Tras revisar el expediente y la prueba, el panel de apelación confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La decisión final valida la desestimación de la reclamación por infracción marcaria.

Resumen:

Se trata de una sentencia del Tribunal de Apelaciones que atiende recursos consolidados presentados por Liz Viviana Fonseca Rivera y Alex Sánchez Díaz, así como por Puerto Rico Telephone Company (PRTC). Ambas partes solicitan la revocación de una sentencia parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario denegó la desestimación sumaria de las causas de acción por despido injustificado y discrimen por razón de maternidad presentadas contra PRTC. No obstante, desestimó sumariamente la causa de acción por daños y perjuicios por alegadas violaciones a derechos constitucionales. Los demandantes basaron su reclamación en el alegado despido injustificado y discriminatorio de la señora Fonseca tras dar a luz prematuramente y solicitar licencias. Alegaron que, luego de usar su licencia de maternidad y solicitar otras licencias, incluyendo una sin sueldo que fue denegada, se le exigió regresar al trabajo y poco después se le informó que había sido despedida. Los demandantes solicitaron mesada por despido injustificado, indemnización por discrimen por maternidad y daños por violación de derechos constitucionales. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar la procedencia de los recursos ante sí.

Resumen:

El Municipio de Juana Díaz apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar una suma de dinero. El caso original fue una demanda de cobro de dinero presentada por Ramón Torres Ramos y otros. La demanda reclamaba el pago por servicios de recogido de escombros prestados al Municipio tras el huracán María. Los demandantes alegaron que, si bien algunos contratos fueron pagados, el Alcalde solicitó servicios adicionales que quedaron impagos. El Tribunal de Primera Instancia declaró al Municipio en rebeldía por no contestar la demanda. Tras una vista en rebeldía, el foro primario dictó sentencia a favor de los demandantes. Ordenó al Municipio el pago de \$20,814.92 por los servicios no pagados, más intereses legales. La apelación busca la revisión de esta decisión judicial, evaluando el Tribunal de Apelaciones los méritos y el derecho aplicable.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La recurrente, Sugeily Meléndez González, impugnó una resolución que la encontró responsable de violar códigos disciplinarios. Los cargos se basaron en un incidente donde admitió agredir a otra confinada con un palo de escoba. El Departamento la sancionó con la pérdida de privilegios por 30 días. La señora Meléndez González cuestionó los méritos de la sanción y alegó irregularidades procesales, argumentando que las funciones de Oficial de Querellas e Investigador de Vistas no deben recaer en la misma persona. Tras examinar el recurso y el derecho aplicable, el Tribunal procedió a resolver. La corte concluyó que la actuación de la agencia fue dictada dentro de sus facultades y fue legal y razonable. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones acordó confirmar la Resolución recurrida del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una impugnación de subasta administrativa. AE Nova Dist., Inc. recurre la determinación de Alianza Municipal de Servicios Integrados, Inc. (AMSI). AMSI llevó a cabo la Subasta 002 Serie 2019-2020 para la adquisición de módulos de oficina y mobiliario. El proceso de subasta incluyó requisitos de participación, reunión pre-subasta y ajustes en las fechas de entrega de propuestas. Varias empresas presentaron ofertas, incluyendo AE Nova y FE-RI Construction, Inc. AMSI evaluó las propuestas basándose en múltiples factores como precio, recursos, especificaciones y experiencia. Tras la evaluación, FE-RI obtuvo la puntuación más alta. AMSI adjudicó la subasta a FE-RI el 2 de diciembre de 2019. Inconforme, AE Nova impugnó la adjudicación ante AMSI y posteriormente acudió al Tribunal de Apelaciones. AE Nova solicita al tribunal que revoque la decisión de AMSI y le adjudique la subasta.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una revisión administrativa solicitada por Landis+Gyr contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Landis+Gyr impugna la adjudicación del Request for Quotation Núm. 52143 a LT Automation para la compra de contadores de energía. La recurrente alegó que los productos de LT Automation no cumplían con los estándares de la AEE y que la Autoridad incumplió el requisito del RFQ de probar y certificar los productos antes de la apertura de las propuestas. También cuestionó la falta de apercibimientos requeridos en la notificación de adjudicación. Se presenta un informe preliminar de un ingeniero de la AEE que, posterior a la adjudicación, identificó múltiples problemas con los contadores de LT Automation. Estos problemas incluían la falta de canales de memoria, fallos en los sellos, dimensiones incorrectas de la placa y problemas de comunicación. La controversia central gira en torno al cumplimiento de los requisitos técnicos y procesales en el proceso de subasta y adjudicación. La sentencia revisa la decisión previa de un Juez Administrativo de la AEE que declaró No Ha Lugar la solicitud de Landis+Gyr.

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El Municipio de Ponce impugna la elegibilidad de un exempleado a beneficios de seguro por desempleo ante el Tribunal de Apelaciones. Jorge Albizu Zambrana renunció a su empleo en el Municipio, inicialmente alegando razones de salud. El Negociado de Seguridad de Empleo y un Árbitro declararon a Albizu Zambrana elegible para recibir compensación. La resolución del Árbitro fundamentó la elegibilidad en problemas de transportación, considerándolos justa causa bajo una excepción a la regla general. El Municipio apeló, argumentando que la renuncia fue por salud y que las determinaciones de hecho del Árbitro eran incorrectas y sin base probatoria. La Secretaria del Trabajo y Recursos Humanos confirmó la decisión de elegibilidad, señalando que el récord reflejaba tanto enfermedad como problemas de transportación. Inconforme, el Municipio presentó recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de la Secretaria del Trabajo y Recursos Humanos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una resolución del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACo) en una querella presentada por Edgardo Méndez Fontán y Shely Gracia Nieves contra PRLP Properties I, LLC e Interspace Corp., Inc. La disputa se originó por gabinetes de cocina afectados por polilla en una residencia comprada a PRLP Properties. Antes de la compraventa, PRLP Properties se comprometió a reemplazar los gabinetes como condición para la adquisición. Aunque PRLP Properties contrató a Interspace para instalar nuevos gabinetes, estos también mostraron rastros de polilla. Los querellantes acudieron al DACo, que ordenó a PRLP Properties reemplazar todos los gabinetes y estableció penalidades por incumplimiento. PRLP Properties apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar la prueba y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la Resolución del DACo. Sin embargo, una vez modificada, la confirmó.