Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 132)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de incumplimiento de aseguradoras por daños de huracán. Los demandantes recurridos instaron un pleito contra Mapfre Pan American Insurance Company, alegando que la aseguradora subvaloró los daños y no ajustó ni pagó la reclamación adecuadamente tras el huracán María. Mapfre solicitó sentencia sumaria, argumentando la aplicación de la doctrina de pago en finiquito, pues los demandantes endosaron y depositaron cheques por un total de $1,505.41 como pago final. Los demandantes se opusieron, sosteniendo que el pago fue insuficiente y que no hubo un consentimiento informado. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de sentencia sumaria, al encontrar controversias de hechos esenciales, incluyendo si hubo consentimiento informado y si el pago constituyó un ajuste justo y total. Mapfre recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari, alegando que el foro primario erró al identificar controversias fácticas que impiden la disposición sumaria. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la sentencia sumaria.

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Este caso es una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Brenda Lee Mejías Arroyo impugna una resolución final de la Administración de los Sistemas de Retiro. Dicha resolución desestimó su apelación contra la denegatoria de beneficios de pensión por incapacidad ocupacional y no ocupacional. El Sistema de Retiro desestimó la apelación por falta de jurisdicción, argumentando que la solicitud de reconsideración ante el Administrador fue presentada tardíamente. La Recurrente sostuvo que su solicitud de reconsideración fue oportuna, basándose en la fecha de depósito en correo de la notificación inicial. También alegó que la determinación del Administrador sobre su incapacidad fue errónea. El Sistema de Retiro, además de la falta de jurisdicción, indicó que la determinación del Administrador estaba sustentada en la evidencia médica. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y confirmó la Resolución Final emitida por el Sistema de Retiro.

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La Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico (AMPP) presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso surge de un pleito por daños por incumplimiento de contrato iniciado por Luis Ángel Sotomayor López contra la AMPP. La controversia principal se centra en la embargabilidad de fondos de la AMPP depositados en First Bank. First Bank solicitó al Tribunal de Primera Instancia que determinara si los fondos eran embargables, luego de que la AMPP alegara que provenían de asignaciones bajo la Ley Núm. 20-2015 y estaban exentos. El Tribunal de Primera Instancia resolvió que los fondos eran embargables. Inconforme, la AMPP recurrió en certiorari, argumentando que el foro primario erró al declarar los fondos embargables. El Tribunal de Apelaciones considera la naturaleza discrecional del certiorari y los criterios para su expedición. Se menciona un caso previo donde fondos de la AMPP bajo la misma ley fueron declarados no embargables por otro panel, aunque se señalan diferencias fácticas. El Tribunal está en posición de resolver la petición.

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Se trata de una revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurrente, Carlos Motta Vélez, impugna una sanción disciplinaria impuesta por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. La sanción se originó por la violación del Código 105 del reglamento disciplinario, al encontrarse un conducto de aire acondicionado obstruido en su celda. Tras una investigación y vista administrativa, se determinó que Motta Vélez cometió la falta y se le impuso una suspensión de comisaría y recreación por sesenta días. Motta Vélez solicitó reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar. En su apelación, Motta Vélez alega que los oficiales no dieron credibilidad ni investigaron adecuadamente la confesión de su compañero de celda, quien supuestamente admitió haber colocado el plástico. El Tribunal de Apelaciones revisará la decisión administrativa basándose en el expediente y la ley aplicable. La revisión se centrará en si las determinaciones de hecho están sustentadas por evidencia sustancial y si las conclusiones de derecho son correctas. Se recuerda la deferencia judicial a las decisiones de las agencias administrativas con conocimiento experto.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida dos peticiones de certiorari presentadas por Keishla Pérez Bigio y William Alexis Avilés González. Ambos peticionarios recurren de resoluciones del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que declararon "No Ha Lugar" sus mociones de desestimación bajo la Regla 64(P). Las mociones buscaban la desestimación de cargos que incluyen tentativa de asesinato (Art. 93(A) CP) y violaciones a la Ley de Armas (Arts. 5.04, 5.14, 5.15). Se les imputa haber conspirado para cometer un asesinato y haber intentado dar muerte a dos menores disparando contra el vehículo en que se encontraban. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existía causa probable para creer que los co-acusados cometieron los delitos imputados. El Tribunal de Apelaciones ordenó la consolidación de ambos recursos para su consideración conjunta.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida y atiende dos peticiones de certiorari (KLCE202100185 y KLCE202100309). Las peticiones fueron presentadas por Keishla Pérez Bigio y William Alexis Avilés González. Ambos recurren resoluciones del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. El foro primario declaró "No Ha Lugar" sus mociones de desestimación de causas al amparo de la Regla 64(P). Los cargos imputados a los peticionarios incluyen tentativa de asesinato (Art. 93(A) CP) y violaciones a la Ley de Armas (Art. 5.15 Ley 404). Los hechos se relacionan con el alegado asesinato de Hilda Padilla Romero y la tentativa de asesinato de dos menores el 30 de septiembre de 2019. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existía causa probable para creer que los co-acusados cometieron los delitos imputados. La resolución del Tribunal de Apelaciones detalla el historial procesal de los recursos consolidados.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Walgreens of Puerto Rico. Walgreens solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso laboral incoado por Carmen Rivera Rodríguez. El caso original trata sobre reclamaciones de despido injustificado, discrimen por razón de sexo y hostigamiento laboral. Walgreens presentó una moción en el foro primario argumentando que las enmiendas recientes a las leyes laborales (Ley 4-2017) eliminaron las presunciones de despido injustificado y discrimen, recayendo el peso de la prueba enteramente sobre la demandante. La Sra. Rivera Rodríguez se opuso, refiriéndose a una sentencia previa de este Tribunal que sostuvo que las enmiendas no eliminaron dichas presunciones. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de Walgreens, manteniendo que el peso de la prueba no recaía únicamente sobre la querellante. Walgreens presentó entonces esta petición de certiorari impugnando esa determinación. El Tribunal de Apelaciones procede a disponer del recurso sin necesidad de ulterior trámite.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Antonio Pérez Roselló solicitó la acreditación de bonificaciones en su sentencia por buena conducta, asiduidad, trabajo y estudio. El recurrente cumple múltiples sentencias consecutivas, sumando 570 años, incluyendo cinco condenas por asesinato en primer grado. El DCR concedió bonificaciones para algunos delitos, como tentativa de asesinato y robo. Sin embargo, denegó las bonificaciones para las sentencias de asesinato en primer grado. La denegatoria se fundamentó en leyes (Ley Núm. 27 de 1989 y Ley Núm. 87-2020) que excluyen bonificaciones para condenas de 99 años o más. Pérez Roselló impugnó la decisión, alegando errores en la aplicación de la ley y violación al debido proceso. El DCR, representado por el Procurador General, sostuvo que su determinación fue correcta. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen administrativo recurrido.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de ruptura irreparable, específicamente en cuanto a la pensión alimentaria. El apelante impugna la negativa del foro primario a aplicar el Art. 9(1)(a) de las Guías Mandatorias de Pensiones Alimentarias, referente a alimentantes que reciben beneficios del programa TANF. El caso involucra custodia compartida de los hijos y una pensión inicialmente acordada de \$800 mensuales. El apelante solicitó la reducción de la pensión alegando desempleo, una condición médica y la recepción de beneficios del TANF. Presentó múltiples gestiones ante el TPI y la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA) solicitando la aplicación de las guías pertinentes. La EPA recomendó no fijar pensión y relevar al apelante, lo cual fue acogido por el TPI en enero de 2019. El caso también trata sobre una deuda de pensión acumulada, sobre la cual uno de los hijos mayores expresó no tener interés en su cobro. El recurso busca que el Tribunal de Apelaciones determine si el TPI erró al no aplicar la guía específica para alimentantes que reciben TANF.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una petición de revisión administrativa presentada por César A. Segura Cornielle contra el Negociado de la Policía de Puerto Rico. El Sr. Segura Cornielle solicitó la revisión de una resolución del Negociado de la Policía que denegó su solicitud de devolución de su licencia de armas y arma de fuego. El Negociado de la Policía había ocupado su licencia y arma tras un incidente en el que presuntamente disparó un arma mientras la limpiaba. Tras una vista, el Negociado de la Policía denegó la devolución, lo que llevó al Sr. Segura Cornielle a presentar la petición de revisión, alegando que la agencia cometió errores procesales y sustantivos. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de autoridad para conocer del caso. Citando la Regla 83(C) de su reglamento, el Tribunal decidió desestimar la petición de revisión administrativa. La sentencia subraya que la jurisdicción es un requisito fundamental para que un tribunal considere un caso y que su ausencia exige la desestimación sin entrar en los méritos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso de Yarelys Rossy Pérez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. La recurrente solicitó la revisión de una determinación administrativa que confirmó una sanción disciplinaria impuesta por el Departamento. Dicha determinación había sido previamente confirmada por la Oficial de Reconsideración del Departamento. El Tribunal procede a desestimar el recurso presentado por la señora Rossy Pérez. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el caso. Se señala que el escrito de revisión incumple con numerosos requisitos del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Entre las deficiencias se mencionan la ausencia de índices, citas legales, doctrina aplicable y un apéndice completo. Además, el Tribunal concluye que el escrito no presenta un argumento válido en derecho para variar la determinación recurrida. La falta de jurisdicción es insubsanable y obliga a la desestimación sin entrar en los méritos de la controversia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201900095, un recurso de apelación presentado por Carlos E. Aguilar Pérez y otros. Los apelantes solicitan la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 2018. Dicha sentencia del TPI declaró sin lugar la demanda original y sus enmiendas, ordenando el archivo definitivo del caso contra varios demandados y el archivo administrativo contra otro. La demanda inicial, presentada en 1990, reclamaba daños y perjuicios e incumplimiento de contrato contra Universal Insurance Company por daños a una residencia tras el Huracán Hugo y un terremoto. Posteriormente, se presentaron múltiples demandas enmendadas, añadiendo reclamaciones. Estas incluyeron una acción decenal contra Garita Development Corp., Constructora Tolec, Inc., y otros, alegando defectos de construcción que causaron daños y amenaza de ruina al inmueble. También se añadieron otros demandados y causas de acción, como incumplimiento de transacción. El Tribunal de Apelaciones procede con la desestimación del presente recurso de apelación.

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Nelson Omar Berríos Rosario solicita al Tribunal de Apelaciones revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución revocó su sentencia suspendida de diez años y ordenó su cumplimiento en prisión. La sentencia suspendida fue concedida en 2011 por una violación a la Ley de Armas, sujeta a varias condiciones. En 2018, se radicaron cargos contra el peticionario por un asesinato ocurrido en diciembre de 2010, previo a la concesión de la probatoria. El Ministerio Público solicitó la revocación de la probatoria basándose en este nuevo cargo. El Tribunal de Primera Instancia interpretó que un "nuevo delito" para fines de revocación no dependía de si ocurrió antes o después de la sentencia suspendida. Testimonio del técnico sociopenal indicó que no habría recomendado la probatoria de haber conocido sobre la investigación del asesinato y que el peticionario ocultó información relevante. La policía identificó al peticionario como sospechoso del asesinato a principios de 2011.

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Nora M. Ulloa Dávila apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella por despido injustificado y represalia contra Kelly Services, Inc. La Sra. Ulloa alegó que fue despedida en julio de 2017 sin justa causa y en represalia por solicitar una licencia por enfermedad. Kelly Services sostuvo que el despido fue justificado debido a la eliminación de la posición de la apelante por una baja en el negocio de un cliente. La empresa argumentó que la decisión de despedir se tomó antes de la solicitud de licencia y que se consideró la antigüedad y el desempeño. Tras la presentación de una moción de sentencia sumaria por Kelly Services y la oposición de la apelante, el foro primario desestimó la querella. La apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de dicha sentencia. Luego de examinar el recurso y los documentos, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimó un recurso de certiorari presentado por Gilberto Vega González. El peticionario solicitaba la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción en su caso penal por posesión de armas sin licencia. El Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para considerar el recurso. Esta falta de jurisdicción se fundamentó en el incumplimiento sustancial del peticionario con los requisitos reglamentarios. Entre las deficiencias, el peticionario no incluyó copia de la moción denegada por el foro primario. Tampoco expuso fundamentos en derecho específicos que sustentaran su solicitud de revisión. El tribunal enfatizó su deber de salvaguardar la jurisdicción y la facultad para desestimar recursos por incumplimiento de las reglas aplicables.

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Luis Jesús Cruz solicitó una reducción del 25% a su sentencia de 50 años, impuesta tras un preacuerdo de culpabilidad por un cargo reclasificado. Fundamentó su petición en la Ley 246-2014, alegando que su declaración de culpabilidad constituía una circunstancia atenuante. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, indicando que la aplicación de atenuantes es discrecional al sentenciar y que el convicto ya se benefició del preacuerdo. Cruz recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso. Encontró que el peticionario no incluyó copia de la moción original ni adujo fundamentos de derecho para cuestionar la discreción del foro primario. Ante estas deficiencias procesales y argumentativas, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado.

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El documento detalla el historial procesal de un caso sobre relaciones abuelo-nietos iniciado en 2015 por Iris V. Mulero Rivera contra los padres, Verónica Llera Vega y José Serrano Mulero. El tribunal de primera instancia dependió en gran medida de los informes de trabajadoras sociales, ordenando tres estudios separados a lo largo de varios años. Se concedieron relaciones iniciales basándose en las recomendaciones del primer informe. Una solicitud de modificación llevó a un segundo informe y a una orden judicial de terapia familiar y facilitación de la relación por parte de los padres. Conflictos familiares posteriores y cuestiones legales motivaron un tercer estudio social. Este informe final recomendó que las relaciones se llevaran a cabo dentro de un contexto terapéutico para la abuela y los menores, ordenando también terapia para los padres. El tribunal de primera instancia adoptó estas recomendaciones, ordenando terapia y requiriendo que el padre sirviera de intermediario. El documento describe las numerosas mociones y órdenes judiciales emitidas a lo largo de la progresión del caso.

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José A. Resto Pagán solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su reconsideración de sentencia. El señor Resto pedía una reducción de pena amparado en el Artículo 67 del Código Penal de 2012, argumentando una posible reducción del 25%. Fue sentenciado en 2008 a 23 años de reclusión por infracciones a la Ley de Sustancias Controladas y la Ley de Armas del 2000. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones concluyó que no procedía intervenir. Determinó que no hubo abuso de discreción, prejuicio o error de derecho en la decisión del tribunal inferior. Además, señaló que la solicitud de favorabilidad bajo el Artículo 67 del Código Penal de 2012 no aplicaba. Esto se debe a que las sentencias se impusieron bajo leyes especiales con sistemas de penas propios que no han cambiado. Las penas impuestas al señor Resto fueron las más bajas permitidas por dichas leyes en aquel momento. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del certiorari.

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La Hermandad de Empleados de Oficina y Ramas Anexas de Puerto Rico (HEOAMA) y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) discreparon sobre el cómputo del pago a un empleado que trabajó un día libre decretado por el Gobernador. HEOAMA reclamó que el empleado debía recibir doble tiempo y medio, mientras que la AMA pagó a razón de tiempo y medio. El Negociado de Conciliación y Arbitraje (NCA) resolvió a favor de la AMA, determinando que el pago de tiempo y medio no violó el convenio colectivo. HEOAMA impugnó esta decisión ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI confirmó el laudo arbitral, declarando no ha lugar la impugnación. HEOAMA solicitó entonces al Tribunal de Apelaciones revisar la sentencia del TPI. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari.

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Una sentencia de un panel de jueces resuelve la solicitud de TCG Investment, LLC para revocar una resolución de la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal. La Junta impuso una multa de $5,000 a TCG tras una inspección en su dispensario "Clínica Verde". La infracción consistió en que el sistema de cámaras de seguridad no cumplía con la capacidad de almacenamiento de noventa días exigida por el Reglamento. TCG impugnó la multa y solicitó una vista administrativa. Durante la vista, TCG alegó problemas técnicos, pero la prueba documental estipulada demostró la ausencia de grabaciones requeridas. El inspector de la Junta también testificó sobre el incumplimiento. Tras evaluar los argumentos y la evidencia, el tribunal concluyó que procedía confirmar la decisión apelada. Se confirma así el dictamen de la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal.

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El Pueblo de Puerto Rico solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) mediante recurso de certiorari. La resolución del TPI había declarado Ha Lugar una moción de desestimación presentada por Jorge E. Ramos Mora. Dicha moción buscaba desestimar una denuncia por infracción al Artículo 5.07 de la Ley Núm. 22-2000. El TPI fundamentó su decisión en que la vista de causa probable para arresto (Regla 6) para esa infracción no contó con el testimonio de un testigo con conocimiento personal de los hechos, sino solo con el del agente denunciante. Consideró que esta ausencia infringió el derecho al debido proceso de ley en esa etapa inicial. El Ministerio Público se opuso a la desestimación, argumentando que el testimonio del agente era suficiente en una vista de Regla 6. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar la determinación del TPI. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones expidió el certiorari y revocó la resolución recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestima un recurso de certiorari presentado por Joel Ovalles Coriano. El peticionario, confinado, impugnaba una sentencia relacionada con la Ley de Armas. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo. Esta falta de jurisdicción surge del incumplimiento del peticionario con las disposiciones reglamentarias para perfeccionar el recurso. Específicamente, no se incluyó un apéndice completo con los documentos necesarios del tribunal de instancia, según exige la Regla 34(E)(1) del Reglamento. El tribunal reitera que la inclusión de un apéndice completo es esencial para que pueda ejercer su función revisora y constatar su jurisdicción. Se enfatiza que las partes, incluso las que comparecen por derecho propio, deben cumplir con las reglas procesales para colocar al foro apelativo en posición de revisar la controversia.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El caso surge de querellas presentadas por Centro Médico del Turabo (HIMA San Pablo) ante la Administración de Seguros de Salud (ASES) contra UTICORP/Molina Healthcare por cobro de dinero por servicios hospitalarios. Molina Healthcare solicitó la desestimación de las querellas ante ASES, alegando que los contratos entre las partes contenían cláusulas de arbitraje que excluían la jurisdicción de ASES. El Oficial Examinador de ASES denegó la solicitud de desestimación de Molina. Inconforme, Molina Healthcare presentó una Solicitud de Revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Molina argumentó que ASES erró al denegar la desestimación a pesar de las cláusulas de arbitraje y por no fundamentar legalmente su decisión. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, procede a desestimar la Solicitud de Revisión presentada por Molina Healthcare.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la impugnación de una subasta municipal del Municipio Autónomo de Ponce. Venegas Construction Corp. recurrió la adjudicación de la Subasta Núm. 9-AE-2020-2021 a MAC Painting Contractors Corp. para proyectos de reconstrucción post-Huracán María. Venegas alegó que la oferta de MAC Painting y de otro licitador no cumplían con los requisitos del pliego. El Tribunal desestimó el recurso de revisión judicial. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. Esta falta de jurisdicción se debió a que el Aviso de Adjudicación emitido por la Junta de Subastas era defectuoso. El aviso no incluyó una síntesis de las propuestas ni las razones para rechazar las ofertas no agraciadas, incumpliendo con el derecho aplicable. El caso fue devuelto a la Junta de Subastas. La Junta debe emitir un nuevo aviso de adjudicación que se ajuste a los requisitos legales.

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Comparece la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos de Puerto Rico ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. La Asociación solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su petición de paralizar un procedimiento de ejecución y embargo. Dicho procedimiento fue instado por Víctor M. Jiménez Pagán en un caso de daños y perjuicios contra Integrand Assurance Company, ahora en liquidación. Jiménez Pagán busca ejecutar un acuerdo transaccional contra la Asociación, que asumió la representación de Integrand tras su insolvencia. La Asociación argumentó que el proceso de liquidación de un asegurador es especial y limita la jurisdicción judicial, y que los pagos dependen del proceso general de liquidación y la disponibilidad de fondos. El TPI autorizó el embargo y ejecución de los activos de la Asociación. El Tribunal de Apelaciones revisará si el TPI actuó conforme al Código de Seguros al no paralizar los procedimientos. El tribunal anticipa expedir el recurso y revocar la orden del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de Certiorari presentado por MCS Healthcare Holdings, LLC. MCS buscaba la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso principal trata sobre una reclamación de despido injustificado presentada por Pedro Robles Cruz contra MCS. Robles Cruz alega que fue despedido arbitrariamente tras casi 17 años de trabajo, basándose en alegaciones falsas de hostigamiento sexual. MCS sostiene que el despido fue por justa causa, resultado de una investigación legítima sobre quejas de hostigamiento sexual. En su moción de sentencia sumaria, MCS argumentó que la investigación justificaba la acción tomada para asegurar un ambiente laboral seguro. Robles Cruz se opuso, negando las imputaciones y señalando la falta de acciones disciplinarias previas y una investigación anterior que lo exoneró. El foro primario determinó que existían controversias de hechos materiales que impedían dictar sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Sentencia, deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado por MCS. Esto confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia, permitiendo que el caso continúe para la dilucidación de los hechos en disputa.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Las apelantes, hermanas de la fallecida Ileana Laboy Acosta, demandaron a un hospital y varios doctores por daños y perjuicios alegando negligencia médica durante el parto de su hermana en 2016. Inicialmente, las apelantes demandaron a múltiples partes, pero llegaron a un acuerdo parcial con la mayoría, continuando la acción solo contra el Dr. Samuel Fuentes. El Dr. Fuentes presentó una moción de desestimación argumentando que las apelantes no diligenciaron el emplazamiento dentro del término legal de 120 días. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la moción y desestimó la demanda con perjuicio contra el Dr. Fuentes. Las apelantes apelaron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y, por los fundamentos expuestos, confirmó la sentencia apelada. La desestimación de la demanda contra el Dr. Fuentes por incumplimiento en el diligenciamiento del emplazamiento dentro del término se mantiene.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari presentada por Ileana Martínez Rosado. El recurso impugna una Minuta del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de Desahucio incoado por Julio Toro Díaz. La peticionaria cuestionaba la negativa del foro primario a atender su reconvención por mejoras realizadas a la propiedad. También solicitaba la conversión del procedimiento sumario a uno ordinario. Además, pedía que se considerara una reclamación de alimentos entre parientes en un pleito separado. Simultáneamente, presentó una Moción en Auxilio de Jurisdicción para paralizar los procedimientos. Examinado el expediente, el Tribunal de Apelaciones determinó desestimar el auto de certiorari. La Moción en Auxilio de Jurisdicción también fue desestimada. La desestimación se fundamenta en que la controversia resultó académica.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Dagmar Vélez Pagán. La peticionaria solicita revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación. Dicha moción, amparada en la Regla 64(p), alegaba ausencia total de prueba en la vista preliminar en alzada. Los cargos contra Vélez Pagán, actuando en concierto con otro, incluyen asesinato en primer grado, robo, apropiación ilegal de vehículo y violación a la Ley de Armas. Estos delitos se relacionan con el asesinato de Francisco López Rodríguez durante un robo, la apropiación de sus bienes y el intento de ocultar evidencia. El Tribunal de Primera Instancia había determinado causa probable para acusar a la peticionaria por estos delitos tras la vista preliminar en alzada. Vélez Pagán argumentó que la prueba presentada fue insuficiente para sustentar dicha determinación de causa probable. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, concluye que corresponde denegar la petición de certiorari. Esto significa que se confirma la determinación de causa probable para acusar a la peticionaria por los delitos imputados.

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Una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso en un caso de impericia médica. El apelante, un médico demandado, impugnó la decisión del Tribunal de Primera Instancia de archivar la demanda sin perjuicio. El foro primario había reconsiderado un dictamen inicial de desestimación con perjuicio a solicitud del demandante. El apelante sostuvo que el desistimiento debió ser con perjuicio, alegando una moción pendiente por falta de prueba pericial y reclamando costas. El Tribunal de Apelaciones analizó la aplicación de la Regla 39.1 de Procedimiento Civil sobre el desistimiento voluntario. Se estableció que para que procediera un desistimiento con perjuicio, el apelante debía probar que el archivo sin perjuicio le causaba daño sustancial. Al no constar dicha afectación en el expediente, el Tribunal concluyó que el foro primario actuó dentro de su discreción. En consecuencia, se confirmó la Sentencia Enmendada apelada que ordenó el archivo sin perjuicio de la causa de acción.

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Jean Marie Rivera González, Fiscal Auxiliar II, demandó al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al Departamento de Justicia y a varios funcionarios por alegado discrimen por enfermedad, creencias políticas, sexo, represalias y violación de derechos constitucionales y civiles, solicitando acomodo razonable, restitución a su puesto y una indemnización de $2.5 millones. El Tribunal de Primera Instancia decretó la paralización de los procedimientos y el archivo de la demanda, aplicando la paralización automática dispuesta en el Título III de la Ley PROMESA. La demandante apeló esta decisión, argumentando que la paralización no procedía para su caso, que no era una acreedora de deuda pública sino una reclamante laboral y de derechos civiles, y que existían excepciones a la paralización automática. Alegó además que la Ley PROMESA era inconstitucional o estaba siendo utilizada indebidamente para detener procesos legales contra el gobierno. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia apelada. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia de paralizar y archivar el caso bajo las disposiciones de PROMESA.

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Este caso de apelación surge de una demanda sobre cobro de dinero e incumplimiento de contrato por honorarios de abogado. El demandante, Eduardo René Estades Rodríguez, reclamó el pago de honorarios contingentes pactados verbalmente con los demandados, Rigoberto Figueroa Figueroa y varias corporaciones. Estades Rodríguez alegó que se acordó un 12.5% de los fondos recuperados del Departamento de Corrección y Rehabilitación en un pleito anterior. Sostuvo que se recuperaron más de $2.7 millones, pero los demandados se negaron a pagarle la suma adeudada de $459,304.55. Los demandados negaron el acuerdo contingente, afirmando que la contratación fue bajo el régimen de iguala, y reconvinieron por negligencia. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la demanda del señor Estades Rodríguez. Aunque el TPI encontró que no existía un acuerdo escrito, validó la posibilidad de un acuerdo verbal. La controversia principal en la instancia primaria giró en torno a la existencia y términos del alegado acuerdo verbal de honorarios contingentes. La presente Sentencia del tribunal apelativo revisa el dictamen del TPI, modificándolo y confirmándolo así modificado.

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Sentencia de un tribunal apelativo resolviendo recursos contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. El caso original fue instado por el abogado Eduardo René Estades Rodríguez contra Rigoberto Figueroa Figueroa y varias corporaciones por cobro de dinero e incumplimiento de contrato. El abogado reclamaba honorarios legales por servicios prestados en otro pleito, alegando un acuerdo verbal de pago contingente del 12.5% sobre las cantidades recuperadas. Sostuvo que sus servicios facilitaron el cobro de más de $2.7 millones adeudados a las corporaciones por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Por ello, reclamaba el pago de $459,304.55. Los demandados negaron el acuerdo contingente, alegando una iguala, e instaron una reconvención por negligencia. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda del abogado. Tras la apelación, el tribunal apelativo modificó la sentencia de instancia y, así modificada, la confirmó.

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Comparece Marieliz Rivera Quiñones ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de custodia. Dicha Orden acogió provisionalmente las recomendaciones de un Informe Social sobre la custodia y el plan de relaciones paternofiliales. La peticionaria estaba de acuerdo con la custodia provisional a su favor, pero impugnaba el horario de relaciones filiales recomendado. A pesar de su objeción, el foro primario adoptó provisionalmente todas las recomendaciones del Informe Social. La señora Rivera Quiñones solicitó reconsideración, argumentando que se acogió el plan que pretendía impugnar y que el TPI no hizo determinaciones de hecho ni conclusiones de derecho. Tras ser denegada la reconsideración, interpuso recurso de certiorari alegando errores del TPI por basar su decisión en el informe sin vista y sin fundamentación adecuada. El recurrido, Juan Carlos Santa López, se opuso a la expedición del recurso. El Tribunal de Apelaciones revisó la solicitud. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado por la señora Rivera Quiñones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VIII, en el caso KLAN202000904. La apelación fue presentada por Christopher Manuel Pacheco Rolón contra El Pueblo de Puerto Rico, procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. El caso original, D TR2019-0147, versaba sobre el Artículo 7.03 de la Ley 22. El apelante presentó una solicitud de desistimiento de la apelación el 21 de junio de 2021. El Tribunal, integrado por los jueces Hernández Sánchez, Brignoni Mártir y Grana Martínez, atendió dicha solicitud. Mediante sentencia dictada el 24 de junio de 2021, el Tribunal declaró con lugar la solicitud. Conforme a la Regla 83 de su Reglamento, se dictó sentencia por desistimiento.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100420. El recurso de apelación provenía del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, sobre daños por vicios de construcción. Las partes involucradas eran Yoelis M. Rosario Chaves y el Consejo de Titulares del Condominio Atrium Park y otros como apeladas, y CAT Adjusters, Inc. como apelante. La parte apelante presentó una Moción Solicitando el Retiro del Recurso de Apelación. El Tribunal de Apelaciones, mediante sentencia de 24 de junio de 2021, declaró Con Lugar dicha moción. En consecuencia, se tuvo por desistido el presente recurso de apelación. Esta determinación se fundamentó en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Finalmente, el Tribunal ordenó el archivo y cierre del caso de epígrafe.

Resumen:

Christian Bilingual Academy demandó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en el Tribunal de Primera Instancia para detener el cobro de facturas por servicios supuestamente no prestados tras el huracán María. La academia reclamó que la AEE le facturó \$18,940.62 por tres meses sin servicio eléctrico. La AEE solicitó la desestimación de la demanda, argumentando que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) poseía jurisdicción primaria exclusiva sobre el asunto conforme a la Ley 57-2014. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, concluyendo que el NEPR tenía jurisdicción primaria. Inconforme, Christian Bilingual Academy apeló, alegando que el caso trataba sobre incumplimiento de contrato por fuerza mayor, lo cual no requería la pericia del NEPR y sí era competencia judicial. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia apelada. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Esto validó la determinación de que el NEPR tiene jurisdicción primaria para atender el reclamo de la apelante.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en respuesta a una solicitud del Pueblo de Puerto Rico para revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Mayagüez. La resolución del TPI había declarado Ha Lugar una Moción de Supresión de Evidencia presentada por Renty Antonio Areizaga García. Dicha moción buscaba suprimir la evidencia ocupada durante un allanamiento realizado el 13 de diciembre de 2019 en su residencia y vehículo. El allanamiento se efectuó con una orden judicial obtenida tras la ejecución de una orden de arresto contra el señor Areizaga García, donde agentes alegaron haber visto evidencia a plena vista. El recurrido argumentó que la declaración jurada para la orden de registro carecía de motivos fundados y probable causa. El TPI concedió la supresión de la evidencia. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida, validando la decisión del TPI de suprimir la evidencia.

Resumen:

Cruz Adrián Núñez Suárez presentó una Moción informativa ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la modificación de la sentencia criminal que cumple. El Tribunal examinó el recurso y determinó que carece de competencia para atender la solicitud. Explicó que, como tribunal apelativo y revisor, su competencia se limita a recursos de apelación, certiorari, revisión judicial, habeas corpus y mandamus, entre otros. Las solicitudes para dejar sin efecto, corregir o modificar una sentencia, conforme a las Reglas 185 y 192.1 de Procedimiento Criminal, son remedios propios del Tribunal de Primera Instancia, el foro primario. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones ordenó el cierre y archivo de la Moción informativa en su foro. Asimismo, dispuso el traslado del caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los trámites correspondientes conforme a derecho.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de acoso laboral. Rubí Ayala Mercado presentó un Recurso de Certiorari buscando revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden declaró que la Ley Núm. 90-2020 sobre acoso laboral no estaba vigente para la fecha de los hechos alegados en la querella. El caso se originó en el Tribunal de Primera Instancia, donde inicialmente se ordenó cumplir con el requisito de mediación de la Ley 90-2020. Tras una solicitud de reconsideración de la parte recurrente, el foro primario cuestionó la aplicabilidad temporal de la ley. La Peticionaria impugnó esta determinación mediante el Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, DESESTIMÓ el Recurso de Certiorari. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción para conocer del recurso presentado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Puerto Rico Consumer Debt Management Co., Inc. La apelación impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sin perjuicio una demanda de cobro de dinero contra Sarah Trinidad de Nieves y otros. La desestimación se basó en el incumplimiento del apelante de diligenciar el emplazamiento dentro del término improrrogable de 120 días. El foro primario determinó que el apelante no acreditó gestiones suficientes ni presentó una solicitud de emplazamiento por edicto con los detalles requeridos antes de expirar dicho término. El apelante alegó que el tribunal de instancia erró al desestimar la causa de acción, argumentando que sí cumplió con los requisitos para solicitar el emplazamiento por edicto a tiempo. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente del caso. Tras su análisis, el panel confirma la sentencia apelada. La decisión subraya la relevancia del emplazamiento adecuado para adquirir jurisdicción sobre la persona demandada y garantizar el debido proceso de ley.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón en un caso sobre despido injustificado y otros reclamos laborales. El recurrido, William Nieves Figueroa, demandó a su exempleador, New Security Investigation and Correctional Consultant, Inc., alegando discrimen por edad, represalias, denegación de acomodo razonable y despido injustificado. El Sr. Nieves detalla incidentes como la reducción de su jornada laboral tras cumplir 60 años y despidos posteriores a presentar querellas y solicitar acomodo por condiciones médicas. Sus reclamos se fundamentan en las Leyes Núm. 80, 100, 115 y 44. La peticionaria, New Security, solicitó la revisión de una decisión del TPI que denegó su moción de relevo de órdenes previas. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, determina denegar la expedición del auto de certiorari solicitado sin trámite ulterior. La resolución confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia respecto a la moción de relevo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de un auto de certiorari solicitado por New Security Investigation and Correctional Consultant, Inc. La petición buscaba revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar una Solicitud en Relevo de Orden y una Réplica y Reiteración de Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción presentadas por New Security. El caso original es una querella por despido injustificado (Ley 80) incoada por William Nieves Figueroa y otros contra New Security, alegando también represalias y discrimen por edad. La querella se presentó bajo el procedimiento sumario de la Ley 2. El TPI anotó la rebeldía a New Security por no contestar la querella en el término de diez días que dispone la Ley 2 y señaló el juicio. New Security solicitó relevo de la orden de rebeldía y desestimación, argumentando la nulidad del emplazamiento y falta de jurisdicción. El TPI denegó estas solicitudes. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la intervención solicitada mediante el recurso de certiorari.

Resumen:

Se trata de una reclamación laboral por despido injustificado y discrimen por edad bajo la Ley 100 y la ADEA, tramitada mediante el procedimiento sumario de la Ley 2. El empleado, Manuel Vega Jiménez, demandó a Pep Boys alegando despido fabricado y trato desigual. Durante el proceso, el empleado solicitó la producción e inspección de documentos de expedientes de personal de otros empleados para probar el discrimen. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud de descubrimiento de prueba. Inconforme, el empleado acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de Certiorari para impugnar la resolución interlocutoria. El Tribunal de Apelaciones considera la naturaleza sumaria y expedita del procedimiento bajo la Ley 2. Cita jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que las resoluciones interlocutorias en casos de Ley 2 solo pueden ser revisadas al apelarse la sentencia final. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones dispone del recurso de Certiorari sin trámites adicionales, adhiriéndose al principio de esperar la sentencia final para revisar determinaciones interlocutorias en este tipo de procedimiento.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso KLCE202100071. La Resolución atiende una Petición de Certiorari presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representado por el Departamento de Justicia. El Estado solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. La demanda original fue instada por Javier Smith Torres y sus padres contra el Estado y agentes de la policía. Los demandantes alegaron uso de fuerza excesiva y detención ilegal durante las protestas de 2019, resultando en daños físicos y mentales. El Estado argumentó que la demanda debía ser desestimada por incumplimiento de los requisitos de notificación de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado. Específicamente, el Estado señaló la supuesta falta de notificación oportuna y la omisión del lugar de tratamiento médico inicial. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la desestimación y la reconsideración solicitada por el Estado. Ante la negativa, el Estado acudió en Certiorari al Tribunal de Apelaciones. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ la expedición del auto de certiorari solicitado por el Estado.

Resumen:

El Peticionario Roberto Guerrios Rivera solicita al Tribunal de Apelaciones dejar sin efecto órdenes del Tribunal de Primera Instancia que denegaron su solicitud de reconsideración. Dicha reconsideración buscaba revertir la denegatoria de una moción de relevo de sentencia. La sentencia original fue un dictamen sumario a favor de Scotiabank en un caso de ejecución de hipoteca, dictado tras la rebeldía del Peticionario. El Peticionario alegó no haber recibido la notificación de la sentencia y problemas de dirección desde el Huracán María como fundamento para el relevo. El Tribunal de Primera Instancia denegó el relevo, concluyendo que la sentencia fue notificada correctamente y que la inacción del Peticionario constituyó falta de diligencia. El Peticionario también presentó una moción de inhibición contra el juez, la cual fue denegada por otra magistrada. Posteriormente, el TPI denegó la reconsideración de la denegatoria del relevo. El Peticionario recurre en certiorari, señalando error en el manejo del proceso de inhibición. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de violación de leyes laborales entre Betzaida Maldonado Cordero y CUD Salud, Inc. El recurso de certiorari proviene del Tribunal de Primera Instancia, que denegó las solicitudes de sentencia sumaria presentadas por ambas partes. La controversia central gira en torno al despido de la señora Maldonado, quien alega despido injustificado. CUD Salud, Inc. sostiene que la cesantía se debió a un plan de reorganización bona fide y la eliminación de su puesto por motivos económicos tras el huracán María. La recurrida refuta esta versión, argumentando que su clasificación no era única y que la empresa no enfrentaba precariedad económica. El Tribunal de Apelaciones expide el auto para revisar y modificar los hechos en controversia en el caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. El Pueblo de Puerto Rico solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha resolución desestimó un caso criminal contra Héctor L. Vargas Soto por apropiación ilegal agravada y fraude. La desestimación se basó en la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal. El caso había sufrido múltiples posposiciones desde 2017. Las dilaciones se debieron a diversos factores, incluyendo la dificultad para citar a un agente investigador retirado y problemas de preparación del Ministerio Público. En la fecha final señalada para juicio, el fiscal a cargo indicó no estar preparado. El Tribunal de Primera Instancia procedió a desestimar el caso. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado por el Pueblo. Tras revisar el dictamen, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución desestimatoria del tribunal de instancia.