Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 128)

Resumen:

Se trata de una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La recurrente, Alba N. Bruno Pagán, impugna una resolución de la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. La Junta desestimó con perjuicio su apelación contra la terminación de sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). La desestimación se basó en que la apelación fue presentada fuera del término reglamentario. La terminación de beneficios fue notificada por la ADSEF, alegando una violación intencional. La recurrente argumenta que la notificación de la ADSEF contenía información confusa sobre la fecha límite para apelar. El Departamento de la Familia, representado por el Procurador General, reconoce que la notificación generó dudas. El Departamento sugiere devolver el caso a la Junta Adjudicativa para aclarar las interrogantes sobre la notificación y la fecha de apelación. El Tribunal considera si la notificación fue inadecuada, lo que afectaría el debido proceso y el término para apelar.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de revisión administrativa procedente de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. El recurso fue presentado por el Sistema de Salud, Hospital Menonita de Caguas, contra la OPM y Jannete Guzmán Green. El caso original en la OPM trataba sobre alegaciones bajo leyes de hostigamiento sexual y la Constitución. La parte recurrente, Hospital Menonita de Caguas, presentó una solicitud de desistimiento ante el Tribunal de Apelaciones. Informó que las partes habían alcanzado un Acuerdo Confidencial que resolvía todas las controversias del caso. Conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento, el Tribunal declaró con lugar la solicitud de desistimiento. En consecuencia, se ordenó el archivo del caso.

Resumen:

Se trata de una resolución judicial en un caso de pensión excónyuge entre Nydiana Oppenheimer Font y Luis R. Novoa García. La Sra. Oppenheimer solicitó alimentos, lo cual fue denegado por el Tribunal de Primera Instancia. No obstante, el foro primario ordenó al Sr. Novoa pagar \$3,000 mensuales por 10 años, basándose en un acuerdo mutuo previo. El Sr. Novoa solicitó reconsideración en dos ocasiones, siendo denegada la última resolución. Inconforme, el Sr. Novoa presentó un recurso de Certiorari ante este tribunal apelativo y solicitó una paralización de los procedimientos, la cual fue concedida. La Sra. Oppenheimer solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción, alegando no haber sido notificada de la última resolución del foro primario. El Sr. Novoa presentó una réplica a esta alegación. Este tribunal resuelve desestimar el recurso de Certiorari presentado por el Sr. Novoa. La desestimación se fundamenta en que el recurso fue presentado de forma prematura.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de Certiorari presentado por CBM Capital Building Maintenance Inc. en un caso de despido injustificado. CBM solicitó revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición para convertir el juicio pautado de videoconferencia a presencial. La empresa argumentó que la celebración del juicio por videoconferencia afecta derechos fundamentales como el contrainterrogatorio y el debido proceso, y que las nuevas directrices operacionales judiciales permiten juicios presenciales. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado previamente el juicio por videoconferencia y denegado una solicitud similar de CBM en 2020. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del recurso de certiorari solicitado. También declaró No Ha Lugar la moción urgente en auxilio de jurisdicción presentada por el peticionario. Con esta decisión, se mantiene la determinación del foro primario de celebrar el juicio mediante videoconferencia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre sentencia declaratoria y acción reivindicatoria. Los apelantes solicitan la revocación de la sentencia emitida por el foro primario. La corte inicia su análisis examinando su propia jurisdicción para intervenir en el asunto. Para ello, detalla el complejo historial procesal del caso. Se destaca que un recurso de apelación previo presentado por los mismos apelantes ante este foro fue desestimado por falta de jurisdicción. Tras esa desestimación, los apelantes acudieron nuevamente al Tribunal de Primera Instancia solicitando dejar sin efecto la sentencia original, argumentando la falta de jurisdicción de los foros apelativos. La corte se propone examinar la doctrina del "mandato" y el tracto procesal para resolver la cuestión jurisdiccional. El propósito es determinar si, dadas las incidencias previas, el tribunal tiene autoridad para considerar los méritos de la apelación actual.

Resumen:

El Municipio de Aguadilla acudió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó una moción de desestimación presentada por el Municipio en un caso de cobro de dinero incoado por Moca Eco Park, Inc. El Municipio solicitó la desestimación basándose en la doctrina de cosa juzgada, argumentando que los asuntos ya habían sido litigados y adjudicados en un caso anterior. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción del Municipio. Inconforme, el Municipio presentó el recurso de certiorari, alegando que el TPI erró al no aplicar la doctrina de cosa juzgada. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestimó el recurso presentado por el Municipio. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para entender en el recurso. El Tribunal reiteró la norma de que la falta de jurisdicción es un defecto insubsanable.

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Félix R. Joseph Rodas apela una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia desestimó con perjuicio parte de su demanda contra Mapfre Insurance Company. El pleito original reclamaba incumplimiento de contrato y daños por la gestión de Mapfre en las reclamaciones de seguro por daños causados por el huracán María a dos propiedades del apelante. Mapfre denegó la reclamación de una propiedad y emitió pagos por la segunda propiedad (Dorado), alegando que constituían un pago total y final en finiquito. El TPI acogió la defensa de pago en finiquito presentada por Mapfre respecto a la propiedad de Dorado y desestimó esa parte de la demanda. El apelante sostiene que Mapfre subvaloró las pérdidas y actuó de mala fe, impugnando la aplicación de dicha figura. El Tribunal de Apelaciones revisará si el TPI aplicó correctamente la doctrina de pago en finiquito para desestimar la reclamación relacionada con la propiedad de Dorado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en el caso KLCE202100732, un procedimiento de Certiorari sobre Sentencia Declaratoria. Las partes principales son CB REAL ESTATE CORPORATION, como peticionaria, y LILLY DEL CARIBE, INC., como recurrida. El Tribunal toma conocimiento de la presentación de una Petición de Quiebra bajo el Capítulo 11 por parte de CB REAL ESTATE CORPORATION ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Como resultado de esta petición de quiebra, se decreta la paralización inmediata de los procedimientos ante el Tribunal de Apelaciones. La paralización se mantendrá hasta que se disponga lo contrario. Adicionalmente, se ordena el cierre administrativo del caso para fines estadísticos. Se recuerda a las partes que el cumplimiento con los términos reglamentarios no depende de las notificaciones de determinaciones interlocutorias.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró la revisión administrativa solicitada por Santa & Co., Corp. contra la Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). La recurrente impugnó la anulación de la Subasta Formal P-21-03, relativa a la construcción de un conector en Las Marías. La Junta de Subastas anuló la subasta tras identificar errores en las especificaciones, específicamente discrepancias en cantidades que podrían generar órdenes de cambio significativas. La anulación buscaba corregir estos errores y reiniciar el proceso de subasta. Santa \& Co., Corp. argumentó que la anulación fue incorrecta y que debió adjudicársele la buena pro como licitador responsivo más bajo. Alegó que las discrepancias no eran sustanciales o, en su defecto, que la ACT debía negociar directamente con ellos. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la anulación y los argumentos de la recurrente. Mediante sentencia, el panel confirmó la determinación recurrida. La decisión judicial valida la acción de la Junta de Subastas de anular el proceso para corregir los errores detectados en las especificaciones del proyecto.

Resumen:

El peticionario Juan Luis Cornier Torres solicita al Tribunal de Apelaciones revisar una determinación verbal del Tribunal de Primera Instancia que denegó la inadmisibilidad de cierta prueba de actos previos del acusado, objetada bajo la Regla 404(B) de Evidencia. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar su jurisdicción para atender el recurso de certiorari. Se destaca que la jurisdicción es un requisito fundamental e insubsanable para que un tribunal pueda conocer de un caso. La falta de jurisdicción, como la presentación de un recurso tardío o prematuro, conlleva la nulidad de cualquier dictamen. Para revisar una decisión de instancia, es esencial acompañar copia del documento que la recoge. En casos criminales, las decisiones interlocutorias verbales se recogen en una minuta, y el término de treinta días para el certiorari comienza a partir del archivo de la notificación de dicha minuta. El tribunal está obligado a auscultar su propia jurisdicción antes de entrar en los méritos de la controversia.

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Sentencia de un panel de jueces que resuelve una apelación presentada por Ángel L. Espada Rosado. El apelante solicita la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 6 de agosto de 2018. Mediante dicho dictamen, el TPI dictó sentencia en cobro de dinero y anotó rebeldía contra el señor Espada. El caso se originó con una demanda de Doral Mortgage Corporation en 2004 por cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el apelante, Carmen R. Brignoni y su sociedad legal de gananciales. Decisiones previas desestimaron la causa de acción contra la señora Brignoni con perjuicio y permitieron que el pleito continuara exclusivamente contra el señor Espada. Posteriormente, el pagaré fue adquirido por RNPM, LLC, representada por TRM, LLC, quien presentó una nueva demanda contra las mismas partes. Tras negarse una moción de desestimación del apelante, este no contestó la demanda en el término concedido. El TPI anotó su rebeldía y dictó sentencia en cobro de dinero. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los escritos y documentos, revoca la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones conoció de un recurso de revisión judicial presentado por Raymond González Ortiz contra una resolución disciplinaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente alegó que la agencia infringió el Reglamento Disciplinario 9221 al no celebrar la vista en 30 días ni entregarle la resolución en 7 días. Sin embargo, el Tribunal observó que el recurso carecía del apéndice requerido por la Regla 59(E) de su Reglamento. Dicho apéndice debe incluir copias de documentos esenciales como la resolución impugnada y las alegaciones ante la agencia. El Tribunal subrayó su deber ministerial de evaluar la jurisdicción y la importancia del cumplimiento con sus reglas procesales. Al no presentar el recurrente los documentos necesarios para acreditar su caso y cumplir con los requisitos jurisdiccionales, el Tribunal resolvió el asunto sin ulterior trámite, basándose en la Regla 7(B)(5).

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión administrativa. El recurrente, José Delgado Carrión, un confinado, impugna la liquidación de su sentencia. Alega que el Departamento de Corrección y Rehabilitación no ha aplicado correctamente las bonificaciones por trabajo en la cocina. Sostiene que las bonificaciones recientes por tres años de trabajo en custodia mediana no se han reflejado en la reducción de su sentencia. El recurrente solicita al tribunal que ordene al Departamento corregir su cálculo y emitir una nueva tabla de liquidación. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento del recurrente con los requisitos reglamentarios para perfeccionar el recurso. Se menciona específicamente la falta de la declaración jurada para litigar in forma pauperis y se hace referencia a las exigencias de la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La decisión es de carácter procesal y no entra a considerar el fondo de la reclamación sobre las bonificaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones que consolida dos recursos de revisión judicial presentados por Transporte Rodríguez Asfalto, Inc. contra las Juntas de Subastas de los Municipios de Hatillo y Utuado. La recurrente impugna las adjudicaciones de subastas para materiales de construcción y asfalto a favor de A \& M Solutions, LLC y Asphalt Solution Hatillo, LLC (en Hatillo) y A \& M Solutions, LLC (en Utuado). El fundamento principal de la impugnación es que las notificaciones de adjudicación emitidas por ambas Juntas fueron defectuosas. Se alega que las notificaciones carecían de la información requerida, un análisis fundamentado, y detalles sobre la aplicación de la Ley 14-2004 y el porciento preferencial. El Tribunal ordenó a los recurridos mostrar causa por la cual no se desestimaran los recursos debido a las notificaciones defectuosas. El Municipio de Hatillo se allanó a lo solicitado por la recurrente, mientras que el Municipio de Utuado no compareció. La sentencia procederá a resolver la controversia basándose en estos hechos y argumentos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo dos recursos de revisión judicial consolidados. Transporte Rodríguez Asfalto, Inc. impugnó las adjudicaciones de subastas de asfalto realizadas por las Juntas de Subastas de los Municipios de Hatillo y Utuado. El recurrente alegó que las notificaciones de adjudicación eran defectuosas, careciendo de la información requerida, un análisis fundamentado y detalles sobre la aplicación de la Ley 14-2004 y porcentajes preferenciales. El Tribunal consolidó los casos por versar sobre la misma controversia entre las mismas partes licitadoras. Se ordenó a los recurridos mostrar causa por la cual no se desestimaran los recursos ante las notificaciones defectuosas. El Municipio de Hatillo se allanó a lo solicitado por el recurrente. El Municipio de Utuado no compareció ni respondió dentro del término concedido. El Tribunal procede a resolver conforme a lo advertido y autorizado por el reglamento.

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Se presenta una revisión judicial contra la Junta de Subastas del Municipio de Lajas. El recurrente impugna la notificación de adjudicación de una subasta para el suministro de asfalto, alegando que fue defectuosa. Sostiene que la notificación omitió una síntesis de las propuestas no seleccionadas y las razones para no adjudicarles la subasta. Alega que esta omisión impidió a los licitadores no agraciados ejercer plenamente su derecho de revisión. El caso se examina bajo el Código Municipal de Puerto Rico (Ley Núm. 107-2020), que regula las subastas municipales para compras mayores de $100,000. Esta ley exige una junta de subastas y establece criterios de adjudicación, permitiendo excepciones por interés público con justificación. El Tribunal de Apelaciones decidió resolver el recurso basándose en los documentos presentados, sin requerir alegato de la parte recurrida. El documento detalla el fundamento legal y procesal del recurso de revisión.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Mandamus. El peticionario, Eduardo Joglar Castillo, solicita que se ordene a la jueza del Tribunal de Primera Instancia de Caguas cumplir con una sentencia previa del propio Tribunal de Apelaciones. El caso subyacente es una demanda de injunction estatutario bajo el Artículo 7.15 de la Ley General de Corporaciones, instada por Joglar contra Advanced Wireless Communications, Inc. y otros. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la acción con perjuicio. Tras una apelación (KLAN201800645), el Tribunal de Apelaciones revocó la desestimación y devolvió el caso para una vista en sus méritos. Al regresar el caso al foro primario, el señor Joglar presentó solicitudes urgentes para que se emitiera un injunction preliminar. El Tribunal de Primera Instancia concedió término a las partes demandadas para expresarse sobre dicha solicitud. Inconforme con la actuación del foro primario, el señor Joglar instó el presente recurso de Mandamus. Alega que la sentencia apelativa previa limitó la jurisdicción del TPI, requiriéndole emitir el injunction preliminar como un deber ministerial. La parte demandada se opuso a la expedición del Mandamus, cuestionando la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones y la procedencia del recurso.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos. La Peticionaria, Issanelly M. Pantojas Tapia, solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó una solicitud de descubrimiento de prueba presentada por la Peticionaria. La prueba buscaba determinar si el Recurrido, Giomar Cruz Latimer, se beneficiaba de la actividad económica de una entidad específica, Cultura Activa, LLC. Esta información era pertinente para la fijación de la pensión alimentaria a favor de la hija menor de edad. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la oposición del Recurrido a dicho descubrimiento. La Peticionaria recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante un auto de certiorari. El Tribunal de Apelaciones consideró la naturaleza discrecional del certiorari y los criterios para su expedición. Tras evaluar el recurso, el Panel VIII del Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. Esto implica que la determinación del foro primario de denegar el descubrimiento de prueba se mantuvo.

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Este recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico fue presentado por Mapfre Praico Insurance Company. La aseguradora solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria. El pleito original fue incoado por Ana V. Brillante Fernández contra Mapfre por incumplimiento de contrato y mala fe tras el huracán María. La demandante alegó que Mapfre no le ofreció una compensación justa por los daños a su propiedad. Mapfre argumentó haber cumplido sus obligaciones y que el cobro de un cheque por la demandante constituía un pago en finiquito. La demandante se opuso, alegando controversias de hechos sustanciales y que el cobro del cheque no implicaba renuncia a su derecho a una compensación adecuada. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al entender que existían hechos en controversia. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto discrecional y confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones revisó mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. El Municipio de Arecibo impugnó la denegatoria a su moción de desestimación en un pleito de daños y perjuicios instado por Claribel Adorno González. La demandante reclamó indemnización por una caída sufrida en enero de 2019, inicialmente demandando a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Posteriormente, enmendó la demanda para incluir al Municipio como parte. El Municipio solicitó la desestimación alegando falta de notificación según la Ley de Municipios Autónomos y prescripción de la acción. El foro primario denegó la moción, entendiendo que había controversias sobre el conocimiento de la posible responsabilidad municipal que requerían descubrimiento. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la resolución apelada. Con esta decisión, el Tribunal de Apelaciones determinó que procedía la desestimación solicitada por el Municipio.

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Este caso se origina en un procedimiento de expropiación forzosa incoado por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados contra el matrimonio Rodríguez Rosa. Tras adquirir la propiedad, la AAA consignó dieciséis mil novecientos dólares en el Tribunal de Primera Instancia. Los propietarios solicitaron el retiro de los fondos consignados. El foro primario denegó la solicitud de retiro. La denegatoria se fundamentó en el incumplimiento de requisitos procesales. Se requería una certificación del CRIM y la anuencia de otros posibles interesados (acreedores, arrendatarios, subarrendatarios) identificados en la demanda original. El tribunal de primera instancia consideró que la propia declaración jurada de los peticionarios reconocía derechos a terceros, haciendo contradictorio el retiro sin su consentimiento. El matrimonio Rodríguez Rosa impugnó esta decisión mediante un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones resolvió denegar el auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una solicitud de certiorari presentada por Chubb Insurance Company. Chubb buscaba dejar sin efecto una Orden del Tribunal de Primera Instancia que concedió dos órdenes protectoras al Consejo de Titulares del Condominio Balcones de Carolina I. El litigio principal trata sobre el incumplimiento de un contrato de seguro por daños causados por el huracán María. La primera orden protectora prohibió a Chubb contactar directamente a los titulares de unidades para negociar daños, sin la presencia de la representación legal del Consejo. El Consejo argumentó que esta conducta violaba la Ley de Condominios y el Código de Ética Profesional. La segunda orden protectora limitó la capacidad de Chubb para realizar inspecciones repetidas de las unidades del condominio. Chubb se opuso a ambas solicitudes, defendiendo su derecho a comunicarse con los titulares e inspeccionar la propiedad. El Tribunal de Primera Instancia concedió las órdenes protectoras solicitadas por el Consejo. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Chubb. Con esta decisión, se confirman las órdenes protectoras emitidas por el foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en un caso de cobro de dinero iniciado por UNIVERSICOOP contra Luis Alexis Manso Rosario y Yanira Santiago Rivera. UNIVERSICOOP demandó por incumplimiento de pago de un préstamo personal garantizado por un pagaré. Los apelantes admitieron el impago pero alegaron prescripción de la deuda y objetaron los honorarios de abogado, además de presentar una reconvención. El Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia Parcial que desestimó la reconvención de los apelantes y ordenó la continuación del pleito principal. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El recurso, inicialmente presentado como certiorari, fue acogido como apelación. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada.

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Edgardo Van Rhyn Soler instó una solicitud de sentencia declaratoria contra Multinational Life Insurance Co. para recuperar gastos legales incurridos en un caso federal. Multinational Life solicitó la eliminación de alegaciones y anejos de la demanda, argumentando que la documentación del FBI incluida era incompleta y engañosa, pero el tribunal denegó esta petición. Durante la etapa de descubrimiento, Multinational Life requirió a Van Rhyn Soler la producción de toda la prueba documental recopilada por la Fiscalía Federal en su contra. Van Rhyn Soler se opuso a esta solicitud, alegando que la información no era pertinente. Las partes presentaron informes conjuntos detallando las controversias sobre el descubrimiento de prueba. Posteriormente, Van Rhyn Soler presentó una solicitud de sentencia declaratoria enmendada. Multinational Life argumentó que la demanda enmendada no debía usarse para eludir el descubrimiento de prueba ya solicitado. El tribunal ordenó a las partes presentar fundamentos para facilitar la adjudicación de las controversias pendientes sobre el descubrimiento de evidencia. La sentencia detalla este historial procesal, centrándose en las disputas sobre la documentación del caso federal y el proceso de descubrimiento.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. El Consejo de Titulares del Condominio Alturas de Caldas solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia. Dicha determinación concedió objeciones de Mapfre Praico Insurance Company a solicitudes de descubrimiento de prueba. El litigio subyacente involucra una demanda del Consejo contra Mapfre por daños sufridos tras el huracán María e incumplimiento en el ajuste de la reclamación de seguro. El Consejo alegó incumplimiento de contrato, mala fe y violaciones al Código de Seguros. Durante el descubrimiento, Mapfre objetó varios requerimientos de información y documentos. El Consejo presentó una moción para compeler las contestaciones objetadas. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el Consejo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de discrimen originado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Los peticionarios solicitaron la revisión de una resolución que denegó su moción de reconsideración, la cual alegaba falta de jurisdicción y de parte indispensable, y solicitaba la nulidad de una sentencia previa. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari para revisar el dictamen apelado. Tras analizar los fundamentos, el tribunal encontró mérito en los planteamientos de los peticionarios. Por tanto, revocó la resolución recurrida. Declaró nula la sentencia emitida previamente por el Tribunal de Primera Instancia. El caso es devuelto al foro primario. Allí continuarán los procedimientos de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones. La controversia se centró en aspectos procesales sobre jurisdicción, emplazamiento y la inclusión de partes necesarias en el litigio.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre relaciones paterno filiales. El caso involucra a Franciris Janice Torres Ramos y Ariel Laracuente Santos respecto a su hija menor. La madre solicitó permiso para viajar con la menor a Florida. El padre se opuso o pidió recoger a la niña en Florida para una estadía prolongada. El Tribunal de Primera Instancia autorizó el viaje pero también permitió al padre recoger a la menor en Florida. La madre recurrió esta decisión, argumentando que la niña de cuatro años tiene contacto limitado con el padre y nunca ha pernoctado con él. Señaló que las recomendaciones de la trabajadora social favorecen un contacto gradual y supervisado. El Tribunal de Apelaciones revisó la resolución del foro primario. Se expidió el auto de certiorari y se modificó la resolución recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que deniega la expedición de un auto de certiorari solicitado por Mapfre Pan American Insurance Company y Mapfre Praico Insurance Company. Mapfre recurrió la determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en Humacao que declaró No Ha Lugar su solicitud de sentencia sumaria. El caso original fue presentado por Reinaldo Aponte Laboy por incumplimiento de contrato y daños contractuales relacionados con los daños causados por el Huracán María. Aponte Laboy alegó que Mapfre incumplió la póliza, subestimó pérdidas y pagó de menos por los daños cubiertos. Mapfre solicitó la desestimación y luego sentencia sumaria, argumentando que una entidad no emitió la póliza y que el demandante aceptó un pago final al endosar cheques, aplicando la doctrina de pago en finiquito. El demandante se opuso, alegando la existencia de controversias sobre la buena fe del ajuste y su consentimiento al pago como finiquito. El TPI denegó la sentencia sumaria al encontrar hechos controvertidos. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó el auto de certiorari solicitado por Mapfre.

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Este recurso de *Certiorari* ante el Tribunal de Apelaciones surge de un caso de cobro de dinero. Los peticionarios, Automax HV, Inc. y José Homar Vicenti, solicitan la revisión de la negativa del Tribunal de Primera Instancia a desestimar la demanda. Su argumento principal se basa en la alegada nulidad de los emplazamientos recibidos. Presentaron una moción de desestimación inicial cuestionando la forma en que fueron emplazados. El tribunal de instancia validó el emplazamiento personal de Vicenti pero encontró posibles defectos en el emplazamiento original de la corporación. En lugar de desestimar, el tribunal concedió a la demandante un término para diligenciar un nuevo emplazamiento a Automax HV, Inc. La demandante procedió a emplazar nuevamente a la corporación a través de su presidente, el señor Vicenti. Los peticionarios presentaron una segunda moción de desestimación, sosteniendo que la determinación previa sobre el emplazamiento inicial de la corporación era final y que el re-emplazamiento fue extemporáneo bajo las reglas procesales. La parte demandante se opuso, argumentando la validez y oportunidad del segundo emplazamiento. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora si el tribunal de instancia actuó correctamente al permitir el re-emplazamiento tras identificar posibles fallas en el servicio original.

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La Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) compareció ante el Tribunal de Apelaciones solicitando dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia. Dicha determinación declaró No Ha Lugar una solicitud de desestimación presentada por la AMA en un pleito incoado por Lymarie Colón Rodríguez. La señora Colón Rodríguez demandó a la AMA alegando represalias bajo la Ley Núm. 115-1991 y violación al Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico (Ley 2-2018). Sostuvo que fue objeto de represalias, como la exclusión de funciones de supervisión, tras realizar señalamientos y denuncias a la gerencia. La AMA argumentó en su moción de desestimación que el Código Anticorrupción solo aplica a individuos y no a la entidad gubernamental, y que los supervisores eran partes indispensables. La demandante se opuso, indicando que la definición de "persona" en el Código incluye entidades y que el patrono responde por las acciones de sus agentes. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, permitiendo que el caso continuara. Inconforme, la AMA presentó el recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, denegó la expedición del auto solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Roderick Méndez Santiago. El peticionario, quien cumple sentencia por infracciones a la Ley de Armas, solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia. Previamente, Méndez Santiago había instado una moción para corregir su sentencia de 2009 ante el foro primario. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar dicha solicitud en abril de 2021. Inconforme, el peticionario recurrió en certiorari, alegando errores del TPI al denegar su moción sin vista y al mantener una sentencia que considera ilegal y excesiva. El Tribunal de Apelaciones examinó la naturaleza del auto de certiorari y los criterios para su expedición discrecional. Tras considerar los planteamientos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado.

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Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una petición de certiorari presentada por Beatriz Mercado Cuevas. La petición impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria en un caso de liquidación de comunidad de bienes instado por Javier Santiago Vélez. La Peticionaria argumentó que el foro primario erró al no reconocer la titularidad de ciertos inmuebles a su favor y al no incluir determinaciones de hecho en su dictamen. El Tribunal de Primera Instancia había denegado la sentencia sumaria al entender que existía controversia sobre la configuración de la comunidad de bienes y el posible crédito del Recurrido sobre las propiedades. El Tribunal de Apelaciones determinó que la Resolución recurrida no cumplió con los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil al carecer de las correspondientes determinaciones fácticas y conclusiones jurídicas. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia. El caso es devuelto al foro primario para que emita una nueva resolución que cumpla con los requisitos procesales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un litigio por incumplimiento de contrato y cobro de dinero. Santana Painting Service, Inc. demandó al Consejo de Titulares de un condominio y a la Presidenta de su Junta de Directores. La demanda alegaba incumplimiento de un contrato de servicios profesionales suscrito con el condominio y reclamaba daños. La Presidenta solicitó la desestimación de las reclamaciones en su contra, argumentando que actuó en calidad representativa y no era personalmente responsable. El demandante se opuso, alegando responsabilidad personal por actos fuera del contrato e interferencia torticera. El TPI denegó la moción de desestimación, entendiendo que las alegaciones justificaban un remedio contra la Presidenta personalmente. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI erró al denegar la desestimación. Sostiene que las alegaciones de la demanda solo configuran una causa de acción contractual contra el condominio, no una reclamación extracontractual personal contra la Presidenta.

Resumen:

Peticionarios solicitaron la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción para Eliminar Defensas Renunciadas por la Aseguradora. Los peticionarios habían demandado a Multinational, su aseguradora, para cobrar la indemnización por pérdidas ocasionadas por el Huracán María. Multinational presentó varias defensas afirmativas en su contestación a la demanda. Los peticionarios argumentaron que la aseguradora había renunciado a dichas defensas por no haberlas levantado en un tiempo razonable. El TPI denegó la moción, entendiendo que existían controversias sustanciales de derecho que no debían resolverse mediante una moción eliminatoria, sino tras el descubrimiento de prueba y el juicio. Inconformes, los peticionarios presentaron una Petición de Certiorari ante este Tribunal, alegando errores del TPI. Multinational presentó su oposición a la expedición del auto. Tras considerar las comparecencias, este Tribunal denegó el certiorari solicitado por los peticionarios.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Los peticionarios, demandados en un caso de cobro de dinero, solicitan la revisión del dictamen que declaró No Ha Lugar su Moción de Desestimación Total. La demanda original fue incoada por Hard Contractors, Inc. en diciembre de 2020 contra varios individuos y corporaciones. Un punto central del recurso es el proceso de emplazamiento de los demandados. La parte demandante informó haber tenido dificultades para emplazar a la mayoría de los codemandados tras intentos infructuosos. Se presentó una declaración jurada detallando múltiples gestiones de un emplazador en diversas direcciones residenciales y fincas. Los intentos incluyeron visitas, conversaciones con familiares y guardias de seguridad, e indagaciones en alcaldías y cuarteles de policía. Ante la imposibilidad de lograr el emplazamiento personal, la demandante solicitó autorización para emplazar por edicto. La decisión del TPI denegando la desestimación, presumiblemente relacionada con la validez o suficiencia de estos intentos de servicio, es el objeto de la presente revisión apelativa.

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El señor Rolando Barreiro Vázquez presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Impugnaba una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de reducción de penas. El peticionario fue sentenciado bajo el Código Penal de 2004 por delitos cometidos en 2007. Solicitaba la aplicación retroactiva del principio de favorabilidad del Código Penal de 2012. Este principio permite aplicar leyes penales posteriores si son más benignas. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones explicó que el principio de favorabilidad no es absoluto y está limitado por la ley. El Artículo 303 del Código Penal de 2012 contiene una cláusula de reserva. Esta cláusula establece que los delitos cometidos bajo el Código Penal de 2004 se rigen por las leyes vigentes en ese momento. Por lo tanto, el principio de favorabilidad del Código de 2012 no aplica a los delitos cometidos bajo el Código de 2004. El Tribunal concluyó que no procede la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a un recurso de Certiorari presentado por Michael Louis Ruiz Matos. El Peticionario solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha decisión denegó su Solicitud bajo la Regla 192.1 para corregir una sentencia que consideraba excesiva. El Tribunal de Primera Instancia había examinado el expediente y determinado que la sentencia dictada era conforme a derecho y dentro de la discreción del juez sentenciador. Tras deliberar, el Tribunal de Apelaciones concluye no expedir el auto de Certiorari solicitado. Consideran que la determinación del foro recurrido fue correcta en derecho y no amerita su intervención. No encontraron indicio de que el Tribunal de Primera Instancia actuara de forma arbitraria, caprichosa, abusara de su discreción o cometiera algún error de derecho. Por tanto, deniegan la expedición del auto y devuelven el asunto al foro de origen.

Resumen:

El Comisionado de Seguros de Puerto Rico, actuando como liquidador de Integrand Assurance Company, ha presentado un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Comisionado busca revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó la solicitud de desestimación presentada por Integrand. El proceso de liquidación de Integrand se inició en septiembre de 2019, tras determinarse su insolvencia. Integrand solicitó la desestimación del caso argumentando que la posición de Comisionado de Seguros estaba vacante, lo que implicaba la ausencia de una parte demandante legítima para continuar el procedimiento de liquidación. Alegó que el nombramiento interino del Subcomisionado no era suficiente ni permanente. El Comisionado se opuso a la desestimación, afirmando que el Subcomisionado actuaba válidamente y que, además, fue nombrado Comisionado en receso, validando su autoridad para representar a la Oficina. El TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación de Integrand, decisión que ahora es objeto de apelación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimó un recurso de certiorari presentado por Devon Cotto Olmedo. El peticionario, quien comparece por derecho propio desde custodia, solicitaba la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de corrección de sentencia. El Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso adolece de defectos procesales que impiden constatar su jurisdicción. Específicamente, el peticionario no acompañó la documentación necesaria en un apéndice. Faltan documentos clave como la sentencia, prueba de su alegación de haber sido menor procesado como adulto, la solicitud de corrección de sentencia ante el foro primario y la denegatoria de este. La desestimación es de carácter procesal y no evalúa los méritos del planteamiento. El peticionario puede solicitar reconsideración dentro del término, incluyendo toda la documentación requerida. Solo con la documentación completa se podrá verificar la jurisdicción y considerar la procedencia de la corrección de sentencia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso de certiorari presentado por Yariel Nieves Nieves. El peticionario solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de revisión de sentencia. Nieves Nieves fue declarado culpable en 2018 por asesinato en segundo grado y violaciones a la Ley de Armas, recibiendo una pena total de 98 años de reclusión. Previamente, el TPI había denegado una solicitud de reconsideración sobre la sentencia. En su moción de revisión de sentencia, el peticionario alegó errores en la determinación de culpabilidad bajo un artículo de la Ley de Armas, la imposición de penas consecutivas, la aplicación del Art. 7.03 de la Ley de Armas sin notificación en el pliego acusatorio, y la incorrecta evaluación de circunstancias atenuantes y agravantes. El TPI denegó esta moción remitiéndose a su resolución anterior. Mediante este certiorari, el peticionario reitera estos señalamientos de error. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, deniega la expedición del recurso solicitado.

Resumen:

Charlie Car Rental (CCR) presentó un Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución denegó la solicitud de CCR para que la Juez María M. Cabrera Torres se inhibiera del caso de daños y perjuicios en su contra. El caso se remonta a 2001 y previamente resultó en una sentencia en rebeldía dictada por la misma jueza en 2014, la cual fue revocada por el Tribunal de Apelaciones en 2017 por falta de notificación. Al regresar el caso al TPI bajo la misma jueza, CCR planteó dudas sobre su objetividad, argumentando que ya había evaluado la prueba de la demandante durante el juicio en rebeldía. Además, CCR cuestionó la forma en que se ordenó un juicio virtual con poca antelación y reduciendo el tiempo previamente asignado. El TPI, a través de otra jueza, declaró No Ha Lugar la moción de inhibición. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado por CCR.

Resumen:

Comparece Rafael L. Rodríguez Parrilla solicitando la revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su solicitud de desalojo de su hermano, Roberto Rodríguez Parrilla, de la residencia de su madre y la restitución de ciertas sumas de dinero. El caso original se relaciona con la declaración de incapacidad de la madre de las partes y el nombramiento de un tutor. Rafael alegó que Roberto usaba marihuana y cuestionó transacciones bancarias como fundamento para el desalojo y la devolución de fondos. El Tribunal de Primera Instancia, tras una vista, no encontró justificado el desalojo ni la devolución de dinero. Determinó que Roberto era el cuidador principal, la madre estaba bien atendida y las transacciones fueron previas a la declaración de incapacidad. Rafael recurrió en certiorari, argumentando errores en la apreciación de la prueba por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones, considerando la naturaleza discrecional del certiorari, evaluó la actuación del tribunal inferior. Al no hallar abuso de discreción, error o parcialidad, el Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Sr. Joemil Cruz Martínez presentó un escrito intitulado Apelación Certiorari solicitando la revisión de una Orden que, alegadamente, denegó una solicitud de enmienda a su sentencia. El Tribunal de Apelaciones examinó el escrito. Se determinó que el documento incumplía crasamente con la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Entre las deficiencias se señaló la omisión de la decisión del Tribunal de Primera Instancia cuya revisión se solicitaba. Tampoco se incluyó una relación de hechos procesales y materiales, ni se señalaron o discutieron los errores alegados. Adicionalmente, no se acompañaron la denuncia y acusación requeridas en casos criminales ni documentos pertinentes del expediente original. El Tribunal concluyó que el escrito no constituía un recurso revisable bajo el ordenamiento procesal vigente. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal desestimó el escrito motu proprio. La desestimación se basó en que el recurso no fue perfeccionado conforme a la ley y reglas aplicables, y por no haberse proseguido con diligencia. Se ordenó notificar la sentencia al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación para que se entregue copia al confinado, y al Procurador General.

Resumen:

Francisco R. Cosme Nieves compareció directamente ante el Tribunal de Apelaciones presentando una demanda por falta de pago contra el Departamento de Hacienda. Solicitó que el tribunal ordenara al Departamento de Hacienda a pagarle subsidios federales relacionados con la pandemia del COVID-19 que alegaba le eran adeudados. El peticionario argumentó que el tribunal tenía jurisdicción por tratarse de fondos federales. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para atender la reclamación. Explicó que su competencia es principalmente la revisión de sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia o decisiones de agencias administrativas, no la consideración inicial de demandas por pago. Por tanto, al no tener la autoridad para conocer de este tipo de asunto en primera instancia, el tribunal desestimó el recurso presentado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una petición de Certiorari presentada por Anibal Lugo Irizarry. El recurrente solicitaba revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden disponía que las partes debían satisfacer los honorarios de un Contador Partidor en las proporciones indicadas en el testamento de la causante. El Tribunal de Apelaciones, tras deliberar, decidió no expedir el auto de Certiorari solicitado. Explicó que la determinación del foro primario era un asunto interlocutorio relacionado con el proceso de descubrimiento de prueba para la sucesión. Consideró que la decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre los honorarios era correcta en derecho. Argumentó que expedir el auto dilataría el proceso, y cualquier desavenencia sobre los honorarios podría tratarse como crédito al finalizar el caso. El tribunal no encontró indicio de que el foro recurrido actuara de forma arbitraria, caprichosa, abusara de su discreción o cometiera error de derecho. Por tanto, denegó la expedición del auto y devolvió el asunto al foro de origen para la continuación de los procedimientos.

Resumen:

Este caso se origina en una demanda por despido injustificado y discrimen por edad presentada por exempleados contra Marriott P.R. Management Corporation. Los demandantes alegaron que fueron despedidos y sustituidos por trabajadores más jóvenes provistos por una compañía tercera, KCS, Inc. En el Tribunal de Primera Instancia, los demandantes solicitaron una orden para que este tercero produjera una amplia gama de documentos e información relacionada con sus servicios al hotel. El tercero se opuso, argumentando que la solicitud era excesiva y comprendía información confidencial. Tras una reconsideración, el TPI emitió una orden protectora relevando al tercero de producir ciertos documentos como contratos y facturas. Los demandantes acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para revisar esta determinación del TPI. El Tribunal de Apelaciones deniega el auto solicitado. La controversia sobre la orden protectora a un tercero no es un asunto revisable bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VIII, emitió una Resolución en el caso KLCE202100804. La resolución atiende un recurso de certiorari instado por Dennis Sánchez Martin contra Claudia Ramírez Martell. El recurso buscaba revocar una Orden de Protección de dos años dictada por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha orden fue emitida al amparo de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico. El foro primario determinó que el peticionario se obsesionó con la recurrida, realizó acercamientos no deseados, se presentó en su trabajo y la amenazó, generando temor por su seguridad. El peticionario alegó que otras personas lo suplantaron en redes sociales para difamarlo. Tras examinar el expediente, los hechos y el derecho, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. La decisión se basó en los fundamentos expuestos tras la evaluación inicial del recurso.