Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 107)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una determinación administrativa. El recurrente, un confinado, impugna la denegatoria de su solicitud para participar en el Programa de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico. El Departamento de Corrección y Rehabilitación denegó la solicitud. La denegatoria se basó en que el programa fue creado en 1994, posterior a la comisión de los delitos del recurrente en 1992, por lo que no tenía expectativa de beneficiarse. Además, se señaló que la Ley Núm. 49 de 1995 excluye a los convictos por asesinato de participar en dichos programas. La agencia administrativa denegó la reconsideración solicitada por el recurrente. El Tribunal de Apelaciones examina la legalidad de esta denegatoria. Se menciona que el Tribunal Supremo ha resuelto casos similares en contra de la postura del recurrente. La sentencia procede a exponer el derecho aplicable, particularmente la Ley 49-1995 que establece criterios de exclusión. Se anticipa la confirmación de la decisión administrativa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari. El recurso proviene de un pleito de clase y sentencia declaratoria instado contra el Director de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT). Los peticionarios, algunos residentes y otros no residentes de Puerto Rico, reclaman ser dueños de los intereses acumulados sobre fondos privados consignados en los tribunales. Alegan que la OAT retiene indebidamente dichos intereses y solicitan su desembolso. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a seis de los ocho demandantes, por ser no residentes, prestar una fianza de \$1,000 cada uno. La parte peticionaria impugnó esta determinación mediante el presente certiorari. El Tribunal de Apelaciones examinó la solicitud y la postura de las partes. Tras considerar los argumentos, el Tribunal decidió expedir el auto discrecional. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación judicial del foro primario que exigía la fianza a los peticionarios no residentes.

Resumen:

Un caso sobre custodia y alimentos de un menor llegó al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El padre, Daniel Álvarez Rodríguez, demandó a la madre, Annette García Martínez, solicitando la custodia y pensión alimentaria para su hijo de 14 años. Alegó tener la custodia de facto desde agosto de 2020 debido a los viajes frecuentes de la madre a Estados Unidos y cuestionó su capacidad de cuidado. La madre contestó y reconvino, negando la custodia de facto del padre y afirmando que él retuvo al menor unilateralmente en febrero de 2021. Admitió viajes pero sostuvo que ella cubre los gastos del menor y cuenta con recursos adecuados. La madre solicitó la restitución de la co-custodia, una investigación y que se fijara pensión alimentaria para ambos. El padre replicó negando haber retenido al menor y oponiéndose a la solicitud de la madre, argumentando que nunca existió un plan de custodia formal.

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La Resolución del Tribunal de Apelaciones desestima un recurso de certiorari presentado por Edwin E. Méndez Reyes. El Peticionario impugnaba una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Coamo, que declaró No Ha Lugar una solicitud de reconsideración. El caso de instancia se originó por denuncias y boletos de tránsito emitidos contra el señor Méndez Reyes, incluyendo una por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. El Tribunal de Primera Instancia había encontrado causa para arresto por la violación de conducir ebrio. El Peticionario alega irregularidades en la intervención policial, violaciones constitucionales y problemas con su representación legal y la notificación de la sentencia previa. Sostiene que presentó un recurso de revisión contra los boletos y, tras enterarse tardíamente de la decisión, radicó una moción de reconsideración por derecho propio. La moción de reconsideración fue denegada, lo que motivó el presente certiorari. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso, señalando, entre otras razones, la falta de inclusión de documentos clave por parte del Peticionario.

Resumen:

Reynaldo Pagán Colón, confinado cumpliendo una pena de 60 años por asesinato, presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El peticionario impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo que declaró "No Ha Lugar" una Moción al Amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Pagán Colón alega que su sentencia de 2011 fue dictada en violación de sus derechos constitucionales, argumentando que no fue debidamente notificado sobre la imposición de agravantes y duplicación de penas tras renunciar a juicio por jurado. Sostiene además que el Tribunal de Primera Instancia no formuló determinaciones de hecho ni conclusiones de derecho al resolver su moción. Solicita que el caso sea devuelto al foro primario para que continúen los procedimientos conforme a la Regla 192.1. El Tribunal de Apelaciones, con jurisdicción discrecional mediante certiorari, examinará la petición. Un aspecto crucial a considerar es el cumplimiento del término estricto de treinta días para presentar el recurso, contado desde la notificación de la orden recurrida. El peticionario alegó notificación tardía, aunque la evidencia presentada al respecto es incompleta. El tribunal autorizó al peticionario a litigar por derecho propio y en forma pauperis y procederá a analizar las normas jurídicas aplicables, particularmente en cuanto a la jurisdicción y la oportunidad del recurso.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. La parte peticionaria, demandante en un caso de desahucio en precario, solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó la reconsideración de dos determinaciones previas. Primero, la conversión del procedimiento sumario de desahucio a uno ordinario. Segundo, la desestimación de la reconvención presentada por la parte demandada. La reconvención alegaba la existencia de un contrato de opción de compraventa, un pronto pago y mejoras sustanciales a la propiedad, reclamando derechos como edificantes de buena fe. El foro primario consideró que estas alegaciones requerían un procedimiento ordinario para su adjudicación. La parte peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones para impugnar estas determinaciones. Tras evaluar la solicitud, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de Certiorari.

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Se presenta una revisión judicial contra una Resolución Sumaria emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La recurrente, Sra. Iliana L. Conde, solicita la revisión de la decisión del DACo que desestimó su querella contra la Junta de Directores del Condominio Park West. La querella original impugnaba una derrama aprobada en una asamblea extraordinaria del condominio. El DACo desestimó la querella de la Sra. Conde, razonando que ella no estaba obligada a pagar la derrama en cuestión. La derrama fue aprobada para cumplir con una resolución previa del DACo que ordenaba al condominio pagar \$26,286.74 a favor de la propia Sra. Conde. Por tanto, el DACo determinó que la recurrente carecía de legitimación para impugnar una derrama destinada a saldar una deuda con ella misma. La Sra. Conde solicitó reconsideración al DACo, la cual fue denegada o entendida como denegada. Ante ello, acudió al foro judicial mediante este recurso de revisión, señalando varios errores en el proceso administrativo. El tribunal, tras evaluar los argumentos y el expediente, confirma la Resolución Sumaria del DACo.

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El Consejo de Titulares del Condominio Aquátika presentó una Petición de Certiorari para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La resolución del TPI denegó parcialmente una moción para compeler descubrimiento de prueba en una demanda. El caso principal involucra al Consejo demandando a Triple-S, Inc. por incumplimiento de contrato y daños sufridos durante el huracán María. El Consejo alega que Triple-S no cumplió con sus obligaciones bajo la póliza de seguro. Durante la fase de descubrimiento, el Consejo solicitó a Triple-S diversos documentos, incluyendo información sobre reservas y reaseguro. Triple-S objetó la producción de esta información, considerándola impertinente y privilegiada. El TPI, tras una vista, determinó que la información sobre reservas y reaseguro no era pertinente para el caso. No obstante, el TPI sí ordenó la producción del expediente de suscripción y partes específicas de expedientes de personal. El Consejo de Titulares impugna mediante este recurso la determinación del TPI de denegar el descubrimiento sobre reservas y reaseguro. Triple-S ha presentado oposición a la expedición del auto de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos recursos de certiorari (KLCE202101084 y KLCE202101085). Los recursos fueron presentados por el Municipio Autónomo de Arecibo y Multinational Insurance Company. Ambos peticionarios solicitan la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar sus solicitudes de desestimación. El caso civil subyacente (AR2021CV00132) es una demanda por daños y perjuicios presentada por Jason Ramírez Maldonado y otros. Los demandantes alegan haber sufrido una caída en el Parque Duhamel el 23 de enero de 2020 debido a una varilla que sobresalía del suelo. Alegan negligencia del Municipio por no mantener condiciones seguras ni advertir del peligro. Una demanda previa fue desestimada sin perjuicio por emplazamiento tardío al Municipio. En la segunda demanda, el Municipio solicitó la desestimación parcial alegando falta de notificación oportuna del incidente dentro del término de 90 días, y Multinational también impugnó el mismo dictamen. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, DENIEGA la expedición del auto de certiorari en ambos recursos.

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Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de Certiorari. La parte peticionaria, codemandada en un caso de cobro de dinero ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI), impugna una Resolución de dicho foro. La Resolución del TPI, emitida el 28 de julio de 2021, declaró No Ha Lugar una solicitud de desestimación presentada por la parte peticionaria. Dicha solicitud se basaba en la alegada falta de parte indispensable, argumentando la ausencia de uno o más miembros de la Sucesión demandante en el pleito. El caso original ante el TPI consolida dos demandas de la Sucesión para reclamar la devolución de préstamos otorgados por el causante a las corporaciones controladas por el peticionario. La parte peticionaria sostiene que el TPI erró al denegar la desestimación, supuestamente basándose en acuerdos confidenciales externos al expediente. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar la corrección de la decisión del TPI sobre la alegada falta de partes indispensables en el litigio de cobro de dinero.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consideró dos recursos de certiorari presentados por el Municipio Autónomo de Arecibo y Multinational Insurance Company. Ambos peticionarios solicitaron la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar una solicitud de desestimación. La acción original fue incoada por Jason Ramírez Maldonado y otros, quienes demandaron al Municipio por daños y perjuicios tras una caída en el Parque Duhamel. Alegaron que el incidente ocurrió debido a una varilla que sobresalía del suelo, causando lesiones al señor Ramírez. El Municipio solicitó la desestimación parcial de la segunda demanda argumentando que los demandantes no cumplieron con el requisito de notificarle la caída dentro del término de 90 días. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud de desestimación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los recursos, DENIEGA la expedición del auto de certiorari en ambos casos.

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Sentencia de un panel de jueces que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. MAPFRE PRAICO Insurance Company apeló la sentencia del foro primario que ordenó la puesta en vigor de una Resolución y Orden de la Oficina de Mediación y Adjudicación del Departamento del Trabajo (OMA). La OMA había ordenado a Metropolitan Security Investigation, Corp. pagar a un empleado \$4,786.08 por salarios y horas extras no pagadas. La OMA también determinó que MAPFRE, como fiadora de Metropolitan, debía responder por dicha cuantía hasta el monto de la fianza. El Departamento del Trabajo solicitó ante el Tribunal de Primera Instancia la ejecución de la orden de la OMA, incluyendo a MAPFRE. MAPFRE argumentó que su responsabilidad como fiadora estaba limitada a \$5,000 y que dicho monto ya había sido agotado. El Tribunal de Primera Instancia ordenó la ejecución de la resolución de la OMA. Tras revisar la apelación de MAPFRE, el panel de jueces CONFIRMÓ la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución de un panel judicial ante una solicitud de certiorari presentada por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La AEE recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de desestimación en una demanda incoada por Office Park, Inc. Office Park demandó a la AEE por incumplimiento de contrato y cobro de dinero, reclamando cánones de arrendamiento impagados por un local comercial. La disputa surge por el periodo posterior al vencimiento del contrato original, pero previo a la firma de un nuevo acuerdo. La AEE argumentó que la reclamación era improcedente bajo la doctrina de contratación gubernamental al no existir contrato vigente y no aplicar la tácita reconducción. Office Park sostuvo que las gestiones para la extensión iniciaron antes del vencimiento y el nuevo contrato fue resultado de estas. El TPI declaró no ha lugar la moción de desestimación de la AEE. La AEE solicitó el certiorari alegando error del TPI al permitir el cobro bajo un contrato expirado y considerar efectos retroactivos de un contrato posterior. El panel, tras examinar el recurso y la oposición, resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la desestimación de una reconvención en un caso de cobro de dinero y ejecución de gravamen mobiliario. Americas Leading Finance (ALF) demandó a Diana Serrano Fuentes por incumplimiento en un contrato de financiamiento de vehículo. Serrano Fuentes contestó la demanda y presentó una reconvención, alegando que ALF ya había reposeído el vehículo y que, posteriormente, este fue objeto de una investigación criminal, causándole daños y angustias mentales. Argumentó que ALF actuó negligentemente al permitir que terceros tomaran posesión del vehículo. ALF solicitó la desestimación de la reconvención, negando la reposesión y sosteniendo que las alegaciones eran especulativas y no configuraban una causa de acción válida. Alegó falta de nexo causal entre sus acciones y la investigación criminal. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reconvención con perjuicio. La apelación de Serrano Fuentes buscaba revocar esta decisión. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el caso, confirma la sentencia apelada, manteniendo la desestimación de la reconvención.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari presentada por Cabrera Grupo Automotriz, Corp. La empresa solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso subyacente es una reclamación laboral incoada por John Siracusa Villanueva por despido injustificado, discrimen por edad y represalias. Siracusa Villanueva alegó haber sido despedido tras negarse a participar en un fraude y ser sustituido por un empleado más joven. Cabrera Grupo argumentó que el despido se debió a la participación del empleado en un esquema de deshonestidad y maltrato a otros empleados, basado en una investigación interna. La empresa presentó una solicitud de sentencia sumaria con evidencia buscando la desestimación de las reclamaciones. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud de sentencia sumaria. Tras evaluar los escritos y documentos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Cabrera Grupo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa presentada por Roberto Enrique Benítez Burgos contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). El Sr. Benítez Burgos impugna una resolución de la Oficina de Apelaciones y Querellas de Personal de la CEE. Dicha resolución confirmó una decisión previa de la Oficina de Recursos Humanos de la CEE. La oficina de Recursos Humanos determinó que el Sr. Benítez Burgos tenía balances negativos de licencia. Esto se basó en un análisis de sus registros de asistencia, señalando períodos en los que no registró horas o carecía de autorización para trabajo remoto durante cierres administrativos. La CEE decidió descontar de sus licencias acumuladas e iniciar gestiones de cobro por el salario correspondiente. El Sr. Benítez Burgos apeló, argumentando que la decisión se basó indebidamente, no fue autorizada, constituyó trato discriminatorio y fue en represalia. La oficina de apelaciones interna de la CEE denegó su apelación. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora esa denegatoria.

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Comparece ante el tribunal Jaime A. Sierra Albertorio apelando una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La controversia surge de la compra de un vehículo BMW en 2012 a Autogermana, Inc. El recurrente alegó que el vehículo presentó un ruido al encender y problemas de arranque desde finales de 2014, dentro del periodo de garantía. A pesar de múltiples visitas al taller, Autogermana no corrigió el defecto, que el recurrente atribuyó a vicios ocultos. Sierra Albertorio solicitó a DACo la reparación del motor, un vehículo nuevo, o la sustitución del motor, además de otros remedios. Autogermana negó la existencia de defectos y argumentó que el problema no se manifestó durante las inspecciones. DACo resolvió ordenar a Autogermana el pago de ciertos gastos y la instalación del "starter" del vehículo. Sin embargo, DACo denegó la solicitud del recurrente de reparar el motor o proveer una unidad nueva. El tribunal revisa la apelación del señor Sierra Albertorio contra esta decisión de DACo. Tras recibir el alegato de Autogermana, el tribunal procede a confirmar la Resolución recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa. La recurrente, Mayra Z. Serra Gaviño, impugnó una multa de $5,000 impuesta por el Departamento de Hacienda en 2016. La multa se debió a la operación de un billar con licencia vencida en su negocio. La señora Serra presentó una querella administrativa argumentando que el billar era para entretenimiento gratuito y sin fichero. Hacienda tardó más de cinco años en resolver la querella, declarándola no ha lugar y confirmando la multa en julio de 2021. La recurrente apeló ante el Tribunal de Apelaciones, solicitando el archivo del caso por la excesiva dilación de Hacienda. El Tribunal revisó la Resolución emitida por Hacienda. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la Resolución del Departamento de Hacienda.

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Esta es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos recursos consolidados. El caso se originó en una demanda presentada por Rosa María Vicioso Tueros de Suárez contra la Sucesión de Vicente Suárez Sánchez. La controversia principal gira en torno a la interpretación y validez de una cláusula testamentaria sobre la conmutación del usufructo viudal de la apelante. La viuda alega que el testamento le concede una suma específica en efectivo o el valor conmutado del usufructo, lo que sea mayor. La Sucesión argumenta que la cláusula es nula por gravar su legítima e infringir su derecho a elegir la forma de conmutación. También plantearon la ilegalidad de supuestas donaciones hechas por el causante. La cuestión legal novedosa ante el tribunal es si el testador tiene facultad para ordenar la conmutación del usufructo viudal y cómo se realiza. El tribunal indica que modificará la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre un recurso de revisión instado por Aneudy Resto Pérez. El recurrente impugna la Resolución del Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha resolución, notificada el 22 de junio de 2021, ratificó su nivel de custodia máxima. El Sr. Resto fue convicto en 2014 por asesinato en primer grado y delitos de armas, con una sentencia total de 187 años. Fue clasificado inicialmente a custodia máxima en 2015 y ha permanecido en ese nivel. El Comité revisó su caso en abril de 2021, evaluando su expediente social y criminal conforme al manual de clasificación. El recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones fue presentado el 21 de septiembre de 2021. El Tribunal desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción por tratarse de un recurso tardío.

Resumen:

Mediante recurso de certiorari, Héctor O'Neill García solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El peticionario enfrenta cargos penales por infracciones a la Ley 54, Ley de Ética Gubernamental y Código Penal. En el TPI, solicitó que la decisión del Tribunal Supremo en *Pueblo v. Centeno*, sobre la unanimidad de veredictos absolutorios, no le fuera aplicada. Adujo que la aplicación retroactiva de *Centeno* constituiría una violación a la protección constitucional contra leyes ex post facto. El Ministerio Público se opuso, argumentando que la norma de retroactividad de decisiones judiciales aplica a casos pendientes de revisión. El TPI declaró No Ha Lugar la solicitud del peticionario. El foro primario concluyó que la norma de retroactividad de las decisiones judiciales no establece excepciones para normas procesales aplicadas a un acusado. El TPI citó precedentes sobre la aplicación retroactiva a casos pendientes de apelación directa. Ante la negativa del TPI, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El recurso cuestiona la negativa del Tribunal de Primera Instancia a paralizar una orden de entrega de posesión de un inmueble. Dicha orden se basa en una transacción judicial aprobada por el TPI en mayo de 2019, que resolvió todas las reclamaciones entre las partes. La Peticionaria participó en dicha transacción y estuvo representada por abogado. El acuerdo implicaba el traspaso de la propiedad tras un pago, el cual no se completó, llevando al TPI a ordenar la entrega de posesión. Ante una nueva orden de lanzamiento en 2021, la Peticionaria solicitó detenerla, alegando falta de consentimiento a la transacción y notificación defectuosa a otra parte. El TPI denegó su solicitud. El Tribunal de Apelaciones declina intervenir con la decisión del TPI, al considerar que la orden se fundamenta en una transacción aprobada hace más de dos años con la participación y anuencia de la Peticionaria a través de su abogado.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Los peticionarios, Israel Benítez Naranjo y otros, solicitaron la revisión mediante certiorari de dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia. Dichas órdenes fijaron una vista para una moción de desestimación y continuaron el descubrimiento de prueba en un caso de incumplimiento de contrato. El litigio se originó por un contrato de sub-arrendamiento de una estación de gasolina, inicialmente demandado por Ibrahim Sammy Odeh. Odeh había cedido sus derechos sobre el contrato a VP Petroleum, LLC (VPP). Un recurso de apelación previo determinó que Odeh carecía de legitimación activa tras la cesión a VPP y desestimó su demanda personal. El foro primario ordenó posteriormente a VPP enmendar la demanda. El Tribunal de Apelaciones, en esta resolución, desestima el auto de certiorari presentado por los peticionarios.

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El Consejo de Titulares del Condominio Grand Bay Beach demandó a Triple S Propiedad, Inc. por incumplimiento de contrato y violaciones al Código de Seguros tras los daños sufridos por los huracanes Irma y María. El condominio reclamó más de $6 millones en daños y alegó que la aseguradora actuó de mala fe y retrasó injustificadamente el ajuste y pago de la reclamación. Triple S contestó la demanda negando las alegaciones y afirmando haber actuado de forma responsable y de buena fe conforme a la póliza. El Tribunal de Primera Instancia determinó que, según un Memorandum of Understanding (MOU), las partes estaban obligadas a resolver la controversia mediante arbitraje. El foro primario ordenó a Triple S seleccionar un árbitro y paralizó los procedimientos judiciales. Triple S presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar esta determinación. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, denegó la expedición del auto de certiorari. Con esta decisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la orden del Tribunal de Primera Instancia de que la disputa debe ser dilucidada a través del proceso de arbitraje.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202101197. La parte peticionaria, compuesta por oficiales del Departamento de Corrección, solicitó un auto de certiorari para revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar una Moción de Desestimación presentada por los oficiales en una demanda por daños y perjuicios. La demanda original fue instada por el confinado Alexis López López, quien alegó negligencia personal de los oficiales al no intervenir durante una agresión por otros reclusos. El Tribunal de Primera Instancia consideró que las alegaciones eran suficientes para permitir un descubrimiento de prueba. Inconformes, los oficiales acudieron al Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar la petición, el Tribunal de Apelaciones desestimó el auto de certiorari. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo para atender el recurso.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de un recurso de certiorari presentado por Orlando Mangual Díaz. Impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación de un caso de custodia por falta de jurisdicción. Las partes tienen una hija nacida en Pennsylvania, donde se emitió una orden de custodia compartida en 2018. La madre se mudó a Puerto Rico con la menor, mientras el padre reside en Florida. La madre presentó demanda en Puerto Rico para modificar la custodia a su favor. Tras dificultades en el emplazamiento personal, se realizó por edicto, y ante la incomparecencia del padre, se le anotó la rebeldía y se dictó sentencia concediendo la custodia total a la madre. Posteriormente, el padre solicitó la desestimación y traslado del caso a Pennsylvania, alegando falta de jurisdicción y servicio defectuoso. El Tribunal de Primera Instancia determinó que tenía jurisdicción sobre la persona y la materia, validando el emplazamiento por edicto y concluyendo que Pennsylvania había perdido jurisdicción continua. El padre recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y confirma la determinación recurrida del foro primario.

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Antonio Morales Peña, empleado del Municipio de San Juan, fue suspendido de empleo y sueldo por cinco días. La sanción disciplinaria se impuso por negligencia en el trámite de una solicitud de incentivos salariales bajo la Ley Núm. 52. Se le imputó no asistir a un curso de orientación requerido y no notificar oportunamente a su supervisora sobre su incumplimiento. Tras una vista administrativa, el Municipio determinó que las faltas fueron probadas, aunque recomendó una sanción menor a la inicialmente propuesta. El recurrente apeló la suspensión ante la Comisión Apelativa del Servicio Público, solicitando que se cambiara a una amonestación escrita. La Comisión Apelativa, luego de revisar la prueba, declaró NO HA LUGAR la apelación, confirmando la suspensión de cinco días. El presente documento es la sentencia del Tribunal de Apelaciones revisando la resolución de la Comisión Apelativa. Se detallan los hechos que llevaron a la suspensión y el proceso administrativo subsiguiente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AGSM). La AGSM solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de desestimación en un caso de daños y perjuicios. La demanda original fue presentada por Wilma Fernández Feliciano contra Supermercados Econo, su aseguradora Real Legacy, y la AGSM como sustituta de Real Legacy tras su liquidación. La AGSM argumentó que la reclamación en su contra debía ser desestimada porque la demandante no presentó el formulario de reclamación requerido ante el Liquidador de Real Legacy dentro del plazo de 90 días establecido por la orden de liquidación. La demandante alegó que presentó el formulario posteriormente y que no fue notificada a tiempo del proceso de liquidación y el plazo. El TPI denegó la moción de desestimación de la AGSM. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso, determina que el formulario de reclamación no fue presentado oportunamente. Por tanto, expide el recurso de certiorari y revoca la determinación del TPI. Esto implica que la reclamación contra la Asociación de Garantía es desestimada.

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Antilles Enterprises, Inc. apeló una Sentencia Sumaria Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en un caso sobre daños y perjuicios y difamación. El pleito original fue incoado por Clemenceau 2 contra Antilles y otros, alegando imputaciones falsas sobre un proyecto de construcción que afectaron su reputación y causaron pérdidas. Antilles presentó una demanda contra tercero contra su aseguradora, Mapfre Praico Insurance Company, reclamando cubierta y defensa bajo una cláusula de Personal & Advertising Injury Liability. Mapfre solicitó sentencia sumaria, argumentando que la póliza excluía la cubierta para expresiones hechas con conocimiento de su falsedad, como se alegaba en la demanda principal, liberándola de la obligación de defender. Antilles se opuso, sosteniendo que la difamación también puede basarse en negligencia o grave menosprecio de la verdad, modalidades que, a su juicio, activarían la obligación de defensa de Mapfre. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de Mapfre, desestimó la demanda contra tercero de Antilles y denegó la solicitud de sentencia sumaria de Antilles. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Abel Osmundo Borroto, Wanda E. López Vázquez y W Plaza LLC, apelantes, solicitando la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha sentencia declaró con lugar una demanda de Iglesia Visión de Amor, Inc., apelada, y ordenó a los apelantes pagarle \$92,425.87 por enriquecimiento injusto. La controversia surge de un contrato de arrendamiento de un local comercial dañado por los huracanes Irma y María. La Iglesia, como arrendataria, realizó y costeó las reparaciones mayores al local tras los huracanes. Posteriormente, los apelantes, como dueños, recibieron un pago de seguro por los daños. La Iglesia reclamó que la porción del pago de seguro correspondiente a las reparaciones que ellos financiaron constituía un enriquecimiento injusto para los dueños. El Tribunal de Primera Instancia acogió la reclamación de la Iglesia. Los apelantes argumentan que el contrato de arrendamiento no les obligaba a responder por los daños causados por fuerza mayor ni a reembolsar las reparaciones. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar el recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre un recurso de apelación presentado por EKO, Inc. EKO, Inc. impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón de desestimar su demanda de cobro de dinero. La demanda original, instada contra Fernando Delgado Sellas y la Federación Puertorriqueña de Triatlón, reclamaba $131,083.30 por incumplimiento de un acuerdo publicitario. El foro primario ordenó el archivo y cierre del caso. Fundamentó su decisión en la inactividad procesal del demandante por más de seis meses. Además, señaló el incumplimiento de EKO, Inc. con órdenes previas para informar el estado de los procedimientos. Aunque EKO, Inc. compareció posteriormente explicando las razones de la demora y solicitando la continuación, el Tribunal de Primera Instancia procedió a desestimar la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la corrección de dicha desestimación.

Resumen:

El documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una decisión administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La decisión recurrida encontró al confinado Anderson Sánchez Gil culpable de poseer un teléfono celular, violando el Código 108 del reglamento correccional. El teléfono fue hallado durante un registro rutinario en la celda que compartía con otro recluso. Aunque ninguno se responsabilizó inicialmente, el recurrente alegó en la vista disciplinaria que el celular pertenecía a su compañero de celda. A pesar de su alegación y la supuesta existencia de una declaración jurada de su compañero, el Oficial Examinador lo encontró incurso. Se le impuso una sanción de 45 días de suspensión de varios privilegios. Tras denegarse su reconsideración, el recurrente acude al Tribunal de Apelaciones. Alega que el foro administrativo erró al encontrarlo culpable, ignorando la prueba documental y la declaración de su compañero que lo eximían de culpa. También señala errores en las fechas del informe disciplinario.

Resumen:

Comparece Centrocamiones, Inc. ante el Tribunal de Apelaciones en revisión judicial contra la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales. Impugna la adjudicación de la Subasta Formal Núm. 21-054-DSP-NCBPR a favor de Super Guaraguao International, realizada el 29 de junio de 2021. Centrocamiones solicitó previamente una revisión administrativa ante la Junta Revisora de Subastas. La Junta Revisora, mediante resolución del 1 de septiembre de 2021, revocó el aviso de adjudicación original. Ordenó a la Junta de Subastas reevaluar las ofertas conforme a los requisitos del pliego y sin la preferencia del 2%. A pesar de esta determinación administrativa, Centrocamiones presentó el recurso de revisión judicial objetando la adjudicación inicial. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal para atender la impugnación en esta etapa procesal.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado en interés del menor A.Y.R.L. La Sociedad para Asistencia Legal, en representación del menor, solicita la desestimación de querellas presentadas en ausencia. Alegan que la determinación de causa en ausencia violó el debido proceso de ley, ya que no se cumplieron las circunstancias excepcionales requeridas para este tipo de vista. Sostienen que el menor estaba disponible para comparecer tras hablar con su trabajador social y que no se tuvieron las consideraciones adicionales necesarias al tratar con un menor. La defensa argumenta que la vista de aprehensión en ausencia solo procede bajo criterios específicos que no se daban en este caso. El Tribunal de Apelaciones revisa la solicitud y la respuesta del Procurador General para determinar si el foro primario incurrió en error o abuso de discreción al permitir la vista en ausencia. El recurso busca corregir la alegada actuación indebida del tribunal inferior en el proceso contra el menor. El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario para revisar determinaciones de tribunales inferiores, especialmente en casos de menores.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando un recurso de certiorari. El peticionario, Rafael Doitteau Cruz, solicitó revocar una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para modificar su sentencia condenatoria. Dicha solicitud se fundamentaba en la aplicación del concurso de delitos según el Artículo 79 del Código Penal de 2004. El peticionario alegó errores del foro primario al rechazar su moción bajo la Regla 192.1 y en el proceso de notificación. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por incumplimiento de los requisitos procesales. El peticionario no acompañó su recurso con copias de las resoluciones impugnadas del Tribunal de Primera Instancia. Tampoco incluyó copia de la sentencia condenatoria original. El tribunal enfatizó la obligación de las partes de perfeccionar sus recursos con la documentación necesaria para permitir la revisión. Se recordó que el certiorari es un recurso extraordinario y discrecional.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, Alfred J. Hernández Ruiz, impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Mayagüez. El peticionario solicitó al TPI la modificación de sentencias impuestas por infracciones a la Ley de Armas. Buscaba que las sentencias reflejaran que las armas fueron incautadas mediante registro y allanamiento y no fueron usadas en la comisión de delitos. El TPI acogió parcialmente su solicitud, corrigiendo que hubo juicio en vez de alegación de culpabilidad, pero denegó la enmienda sobre el no uso de las armas. El peticionario alegó que el TPI erró al denegar esta última solicitud de modificación de sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado y la postura del Procurador General. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación. El apelante, Adalberto Colón Morales, impugna la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que adjudicó propiedades inmuebles valoradas en $851,000 a favor de la apelada, María Angélica Rodríguez Burgos. Dichas propiedades formaban parte de una comunidad de bienes entre las partes, cuya existencia fue previamente confirmada por el Tribunal de Apelaciones. Un recurso anterior había devuelto el caso al TPI para finalizar el inventario, avalúo y adjudicación de los bienes. En el TPI, las partes lograron acordar el inventario y avalúo, pero no la forma de adjudicación. La Sentencia apelada resolvió esta adjudicación final. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, procede a confirmar el dictamen del TPI.

Resumen:

La Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante este panel judicial. La Aseguradora solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria. Dicha moción buscaba desestimar una demanda por incumplimiento contractual relacionada con daños del huracán María, alegando que fue presentada fuera del término prescriptivo de la póliza. La Aseguradora argumentó que la Ley 242-2018 no aplicaba retroactivamente a pólizas expiradas y que la acción estaba prescrita bajo el término de la póliza o, alternativamente, incluso bajo la Ley 242-2018. La parte recurrida se opuso, sosteniendo que el término fue interrumpido por pleitos de clase y que la Ley 242-2018 sí aplicaba, cambiando el término a uno prescriptivo susceptible de interrupción. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria, lo que motivó el certiorari. Tras evaluar los argumentos, el panel determinó denegar expedir el recurso de certiorari solicitado por la Aseguradora.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso de Certiorari presentado por MAPFRE PRAICO Insurance Company. MAPFRE solicita la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó culminar un proceso de ajuste de reclamación y pagar al Consejo de Titulares del Condominio Atlantic Plaza la suma resultante. La reclamación del Consejo de Titulares se originó por daños sufridos tras el huracán María en 2017, bajo una póliza de MAPFRE. Inicialmente, MAPFRE estimó los daños en \$44,902.20, cifra que el Consejo rechazó por ser significativamente menor a su estimado. El Consejo presentó una demanda contra MAPFRE por incumplimiento de contrato y violaciones al Código de Seguros. Durante el pleito, MAPFRE presentó un segundo estimado que elevó la cuantía a \$298,145.69. Posteriormente, el Consejo solicitó al Tribunal de Primera Instancia la orden para finalizar el ajuste y realizar un pago, la cual fue emitida y es objeto de este recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones procede a adjudicar el recurso tras considerar las posturas de ambas partes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación presentado por Tiffany Nicole Cuevas Soto. La apelante solicitó la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios contra el Municipio de San Sebastián. La demanda original alegaba que el Municipio fue negligente al cerrar el Puente José Martínez sin aviso ni rotulación, causando un accidente donde la apelante impactó vallas de concreto. El Municipio solicitó sentencia sumaria, argumentando que el cierre y la colocación de las vallas fueron realizados por la Autoridad de Carreteras (ACT) / PRHTA y el DTOP debido a preocupaciones de seguridad, no por el Municipio. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor del Municipio. La apelante recurrió esta decisión. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, revocó la sentencia apelada.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de apelación sobre incumplimiento de contrato. El apelante, Jean A. Medina Olmo, demandó a Universal Insurance Company por no cumplir con una póliza de seguro tras los daños causados por el huracán María. La aseguradora solicitó la desestimación del caso mediante sentencia sumaria, alegando que la demanda estaba prescrita. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) concedió la sentencia sumaria, determinando que la demanda fue presentada fuera del término prescriptivo. El TPI calculó el término basándose en las interrupciones que consideró válidas, como la reclamación inicial y la notificación de cierre, pero no otras alegadas interrupciones. El apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de la sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, revoca la sentencia apelada del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una Petición de Certiorari presentada por CashMax LLC. La petición busca revisar una Orden de Fijación de Fianza de \$20,700 emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado y reclamaciones laborales presentado por Jaime Franco Garay. Franco Garay solicitó la fianza bajo la Ley 80 por temor a la capacidad de pago de CashMax. CashMax impugnó la orden alegando que se basó en una ley derogada o que se emitió sin una vista evidenciaria, violando el debido proceso. El Tribunal de Apelaciones subraya la importancia de la jurisdicción en los procesos judiciales. Tras analizar el recurso, el tribunal determina que carece de jurisdicción para atender la petición. Por consiguiente, se desestima el recurso de certiorari presentado por CashMax.

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Se presenta un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para impugnar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó una solicitud de orden protectora presentada en beneficio de una menor identificada como VSGP. La solicitud buscaba impedir que, durante los mecanismos de descubrimiento de prueba, se realizaran preguntas sobre la orientación sexual de la menor y se accediera a sus expedientes terapéuticos. El caso original es una demanda de daños y perjuicios donde se alegó que los demandados intervinieron maliciosamente con la menor, causándole daños emocionales y psicológicos. Aunque las causas de acción a nombre de la menor fueron desestimadas, se le realizó una deposición donde surgieron las preguntas objetadas. La representante legal de la menor argumentó que las preguntas y la solicitud de expedientes violaban la intimidad, dignidad y el privilegio psicoterapeuta, además de ser impertinentes. El foro primario denegó la orden protectora, lo que motivó el recurso ante el Tribunal de Apelaciones. La parte recurrente alegó que la denegación constituyó un abuso de discreción y violó derechos fundamentales. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Este tribunal revisó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un litigio entre Triple-S Propiedad, Inc. y el Condominio Altos del Escorial. El Condominio demandó a Triple-S por daños tras el Huracán María, alegando incumplimiento de contrato. Durante el descubrimiento de prueba, el Condominio solicitó información sobre el monto de la reserva que Triple-S estableció para la reclamación. Triple-S objetó la solicitud, argumentando que la información sobre las reservas constituía un secreto de negocio protegido. La aseguradora solicitó al TPI una orden protectora para evitar divulgar dicha información. El TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de Triple-S, determinando que el privilegio de secreto de negocio no aplicaba y ordenó contestar el descubrimiento. Triple-S acudió a este tribunal mediante certiorari para revisar la decisión del TPI. Este tribunal emitió el certiorari y confirmó la Resolución del TPI.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. La Peticionaria, Hilda A. Moreno Ramírez de Arellano, solicita revocar una Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo. El caso original trata sobre retracto legal y daños y perjuicios. La controversia principal ante el Apelativo surge de una determinación del foro primario durante una vista. En dicha vista, el Tribunal de Primera Instancia sugirió o requirió que la abogada de la Peticionaria, admitida por cortesía, compareciera asistida por un abogado local. La Peticionaria presentó moción de reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por el Tribunal de Primera Instancia. La Peticionaria alega que esta determinación viola sus derechos constitucionales y estatutarios a la representación legal de su elección. Tras evaluar los fundamentos expuestos en la petición de certiorari, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari. El caso subyacente es una demanda de cobro de dinero y ejecución de gravámenes presentada por Banco Popular de Puerto Rico contra OTB Restaurantes LLC y otros. Los peticionarios en el certiorari solicitaron la descalificación del bufete Ferraiuoli, LLC, representante legal de Banco Popular, alegando representación previa. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha solicitud de descalificación mediante una Resolución. Los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones en revisión de esa determinación. La corte expidió el auto de certiorari para considerar el asunto planteado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida. Esto significa que se mantuvo la decisión del foro primario de no descalificar a la representación legal de Banco Popular.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202100709. Se trata de una apelación presentada por Janet Maldonado Castro contra Triple S Propiedad, Inc., impugnando la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sumariamente su demanda por daños y perjuicios. La demanda original alegaba que la señora Maldonado Castro sufrió una caída al resbalar en una acumulación de agua en la entrada del Adler Medical Plaza el 20 de febrero de 2019. Triple S, aseguradora del edificio, presentó una Moción de Sentencia Sumaria exponiendo hechos no controvertidos, incluyendo que lloviznaba y el área exterior y escaleras estaban mojadas al momento del incidente. La parte demandante no se opuso a la moción de sentencia sumaria dentro del término concedido. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la demanda y la desestimó sumariamente. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso de apelación en un caso de incumplimiento de contrato. El apelante, Carlos M. Benítez Rivera, impugna la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La desestimación se basó en la inactividad procesal de la parte demandante por más de dieciocho meses, conforme a la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil. El TPI había requerido al apelante mostrar causa por la falta de trámite. A pesar de las alegaciones del apelante sobre justificaciones para la demora y el tracto procesal, el foro primario no encontró convincentes sus razones y dictó la sentencia desestimatoria en agosto de 2021. El apelante argumenta que el TPI erró y abusó de su discreción al desestimar el caso. El Tribunal de Apelaciones revisará la corrección de dicha desestimación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa, vía certiorari, dos resoluciones interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. El apelante, José D. Santiago Torres, solicitó la revisión de la denegatoria de su petición de representación legal por un abogado de oficio. También impugnó la resolución que le negó la exención de presentar documentos a través del sistema SUMAC. El caso subyacente es una demanda por violación de derechos civiles presentada por Santiago Torres contra la Asociación de Residentes de Quintas de Altamira, Inc. Santiago Torres, actuando bajo un poder de su hija, alegó que la Asociación no tiene derecho a controlar el acceso a la urbanización porque no hay un gravamen inscrito. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de abogado de oficio por no cumplir los criterios reglamentarios. Además, el TPI ordenó a Santiago Torres presentar prueba de la inscripción registral de la propiedad y del poder, y le requirió mostrar causa por la cual no debía desestimarse la demanda por falta de legitimación activa. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso solicitado por el señor Santiago Torres.