Para establecer la “Ley para la prohibición de uso, posesión y distribución de artificios de pirotecnia”, a los fines de proteger la salud física y emocional de los ciudadanos, proteger el ambiente y prevenir la crueldad animal; derogar la Ley Núm. 83 de 25 de junio de 1963, según enmendada; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico que incluya en el Programa Académico de Cadetes del Negociado de la Policía de Puerto Rico un curso especializado en temas de abuso sexual; y requerir a los Agentes de la Policía de Puerto Rico cursos de educación continua en temas de abuso sexual.

Para establecer que todo agente del Negociado de la Policía de Puerto Rico deberá certificarse con un curso de primeros auxilios o salvamiento inmediato en el Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico; disponer que los agentes deberán mantener vigente la certificación, en todo momento; además, cada patrulla de la Policía deberá contar con equipo de primeros auxilios; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Departamento de Seguridad Pública reubicar en una zona libre de inundaciones el Cuartel del Negociado de la Policía, actualmente localizado en la carretera PR-775 kilómetro 0.1, en el barrio Piñas de Comerío, a los fines de garantizar la seguridad y vida de nuestros policías; y para evitar la interrupción de servicios durante eventos atmosféricos, o de fuertes lluvias; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico”, a los fines de crear el Departamento de la Policía de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico; establecer sus facultades y deberes con el fin de mejorar las condiciones de seguridad en todas las áreas que se encuentren bajo la jurisdicción de la Autoridad de los Puertos; enmendar el Artículo 2.12 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública”; enmendar los Artículos 1.04 y 27.01 de la Ley 22–2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”; enmendar el inciso (R) del Artículo 3 de la Ley 430-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”; enmendar el inciso (a) del Artículo 2 de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según enmendada, conocida como “Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular”, para incluir a los Agentes u Oficiales del Departamento de la Policía de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico en la definición de “Agente del orden público” de estas respectivas leyes; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) hacer las gestiones pertinentes a los fines de permitir el acceso y uso del Sistema de Informes y Formularios Globally Totally Electronic, conocido como GTE, (por sus siglas en inglés) el cual es utilizado por el NPPR para informes de incidentes, al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) como medida de fortalecimiento de la interoperabilidad, la interconexión, comunicación e intercambio de información entre ambos entes en su labor como parte del esclarecimiento de casos, procesamiento de evidencia, entre otras funciones y disponer para que se ofrezcan los adiestramientos necesarios.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación en torno a los programas de rehabilitación para jóvenes que son ofrecidos por los departamentos, agencias, corporaciones públicas o instrumentalidades públicas o privadas que reciban fondos del Gobierno de Puerto Rico.

Para ordenar a las Comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano y de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación, estudio y análisis sobre el estado actual de la política pública establecida mediante la Ley 99-2009, según enmendada, para atender los casos de violencia doméstica, recomendando la utilización de supervisión electrónica de manera obligatoria para los(as) agresores(as) y los mecanismos de notificación a las víctimas sobre la localización exacta de los(as) agresores(as) cuando se acercan a su perímetro.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el funcionamiento y efectividad del sistema de supervisión electrónica del Programa de Servicios con Antelación al Juicio, incluyendo, pero sin limitarse a la actualización de la información del imputado, de la víctima, los protocolos en caso de inestabilidad de la señal, inalámbrica y la notificación de la víctima en caso que se pierda señal y la asignación de fondos para el debido mantenimiento del Programa, así como la necesidad de empleomanía.

Para enmendar el Artículo 5.1 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada, conocida como “Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber”, a los fines de aumentar hasta doscientos mil dólares ($200,000.00) el pago de la hipoteca y enmendar la Ley Núm. 111 de 16 de julio de 1988, para otorgar una exención total en la Universidad de Puerto Rico y sus Recintos a través de todo Puerto Rico, así como cualquier institución de educación postsecundaria del Gobierno o sus municipios, por concepto de matrícula, cuotas, libros y otros materiales necesarios para completar su grado académico universitario, a nivel subgraduado universitario, postsecundario técnico-profesional, al nivel graduado y/o profesional al cónyuge supérstite y los hijos no emancipados e hijastros para quienes el empleado actuó como padre, menores de veinticinco (25) años de edad un empleado fallecido en el cumplimiento del deber y para otros fines legales.

Para enmendar el Artículo 7.21 de la Ley 168-2019, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, con el propósito de extender la vigencia de toda licencia y permiso concedido bajo la Ley 404-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”, hasta el 31 de diciembre de 2021; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 1.02 de la Ley Núm. 168-2019, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, a los fines de incluir en la definición de “Agente del Orden Público”, a los agentes investigadores de la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación; para otros fines.

Para adicionar un nuevo inciso (j) al Artículo 5.04, de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, y un nuevo inciso (k) al Artículo 25, del Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de Noviembre de 2011, según enmendado, conocido como "Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011", con el propósito de aunar esfuerzos compatibles entre sí, que propicien la maximización en el tiempo de respuesta ante una llamada de emergencia relacionada a los participantes del Programa de Servicios con Antelación al Juicio y las violaciones de órdenes de protección, entre otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Artículo 5.02(a) a la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como la “Ley del Departamento de Seguridad Pública”, a los fines de autorizar a los integrantes del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres graduados de la Academia de Búsqueda y Rescate a utilizar una placa para identificarse; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 4, 11, 12 y 30 de la Ley Núm. 108 de 29 de junio de 1965, según enmendada, conocida como “Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico”, a los fines de disponer que en caso de contar con un grado de Bachillerato en Artes en Justicia Criminal, solo se le exigirá la aprobación de un curso de no más de 200 horas como requisito para la concesión de una licencia de detective privado; especificar que no será requisito ser empleado de una “Agencia” para recibir una licencia de detective o guardia de seguridad privado; prohibir que una “Agencia”, según definida en esta Ley, obligue a un empleado a trabajar horas extras sin debida notificación; prohibir represarías en contra de empleados que rehúsen trabajar horas adicionales sin haber sido debidamente notificados; obligar a toda “Agencia” a diligenciar el pago total del salario y horas extra de sus empleados dentro de los periodos acordados; prohibir que una “Agencia” retenga el pago de sus empleados por esta no haber recibido el pago de sus clientes; exigir que cada “Agencia” tenga una reserva privada de cien dólares ($100.00) por cada empleado a los fines de cubrir el pago de salario y horas extra de sus empleados en caso de no recibir el pago de sus clientes; establecer el término de treinta (30) días como el periodo límite para liquidar a un exempleado y pagarle sus horas de vacaciones acumuladas; prohibir el uso de nóminas colectivas; disponer que cada Agencia deberá entregarle a cada empleado al menos 3 uniformes completos; exigir que toda Agencia le garantice a sus empleados acceso a facilidades sanitarias dentro de un radio de 50 pies de su puesto de trabajo; requerir que cada Agencia provea y costee al menos seis (6) horas de educación continua certificada cada dos (2) años; aumentar los derechos a pagarse para la obtención de una licencia de detective y de guardia de seguridad privado; aumentar los términos de expiración de las licencias de detectives y guardias de seguridad privados; aumentar las penas ante violaciones a la presente ley; disponer sanciones adicionales en caso de que una Agencia retenga indebidamente el pago de un empleado; ordenarle al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos a llevar a cabo una campaña informativa; ordenarle al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos a establecer un procedimiento anónimo para querellas contra Agencias por estas retener indebidamente el pago de sus empleados; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Seguridad Pública, disolver permanentemente la División de Operaciones Tácticas y reasignar su personal a otras operaciones del cuerpo policiaco que resulten congruentes con la preparación, adiestramiento, mérito, capacidad y aptitud de sus agentes, así como las necesidades de la agencia; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación a establecer un programa que viabilice a los confinados que cuenten con la debida autorización a trabajar en la libre comunidad y realizar labores relacionadas a la reconstrucción de Puerto Rico, como por ejemplo proyectos de construcción; siempre que dicha autorización sea compatible con la seguridad de la comunidad en general; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (d) a la Sección 4030.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, a los fines de otorgar a los veteranos no residentes en Puerto Rico que interese establecer o reestablecer su residencia en Puerto Rico, una exención sobre las partidas tributables que constituyen mudanza; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 224-2018, a los fines de incorporar a las estaciones de bomberos del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico en las disposiciones esbozadas en la citada Ley; y para otros fines relacionados.

Para añadir un inciso (11) al Artículo 7 de la Ley 430-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”, a los fines de regular los métodos, procedimientos e instrumentos científicos utilizados para la toma y análisis de muestras de sangre, orina o cualquier otra sustancia del cuerpo para la determinación de concentración de alcohol, incluyendo la prueba inicial de aliento y la detección e identificación de sustancias controladas en los operadores de embarcaciones; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 203-2007, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, a los fines de disponer que será obligación de las agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, los municipios, de las entidades privadas que reciban fondos públicos, y de los centros comerciales, sin importar su clasificación, separar no menos de dos (2) espacios de estacionamiento y destinarlos para el uso de los veteranos; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a las Comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano y Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación inmediata en cuanto a la alta incidencia de muertes por ahogamiento o asfixie en las playas y balnearios de la Isla, evaluando, entre otras cosas: las rotulaciones de advertencia, cantidad de salvavidas presente, frecuencia de vigilantes marítimos, equipo de rescate disponible, existencia de boyas y posición geográfica y geomorfológica, así como otros aspectos que competen a la seguridad del área.

Para enmendar el Artículo 14 de la Ley 119-2011, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”, a los fines de disponer que, en caso de que la propiedad confiscada sea ubicada en un Cuartel del Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Director Administrativo de la Junta de Confiscaciones y la agencia que ordenó a ocupar la propiedad, tendrán un término de treinta (30) días para identificar un lugar seguro y así mantener la disponibilidad de espacios para uso de la ciudadanía y la Uniformada; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisiones de Asuntos Municipales y de Vivienda; y de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre los trabajos que han estado realizando las distintas corporaciones privadas que administran los residenciales públicos del país, incluyendo, pero sin limitarse a, el manejo de los fondos, las prioridades establecidas, la atención brindada a las situaciones planteadas por los residentes, la rehabilitación de unidades de vivienda, áreas recreativas y deportivas y la seguridad, entre otras.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva a los fines de auscultar la posibilidad de crear un mecanismo para ofrecer un seguro de responsabilidad a los guardias de seguridad privados cuando realizan trabajos como guardias independientes o cesan sus labores en las compañías o agencias de seguridad que les emplean.

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 27 de la Ley Núm. 108 de 29 de junio de 1965, según enmendada, conocida como “Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico”, a los fines de incluir en las exenciones para poder obtener la licencia de detective privado a todos aquellos agentes que hayan pertenecido al Negociado de Investigaciones Especiales, a los cuerpos de la Policía Municipal y a otros cuerpos de investigación locales, municipales o federales, cuyos agentes cumplan con una función investigativa, siempre que hayan servido por un término no menor de ocho (8) años y que hayan sido licenciados honorablemente; y para otros fines.

Para crear el Negociado de Investigaciones Especiales, adscrito al Departamento de Justicia; separar el Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Pública; definir sus, facultades, funciones y deberes; asignar los recursos necesarios para su constitución y operación; establecer penalidades; enmendar los artículos 1.06, 1.16 y 2.04; suprimir el Capítulo 8, reenumerar el actual Capítulo 9 como nuevo Capítulo 8; reenumerar los artículos del 9.01 al 9.07, como los artículos 8.01 al 8.07, respectivamente, en la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el propósito de atemperar dicha Ley con las del Negociado aquí creado; y para otros fines relacionados.

Para añadir un sub-inciso (g) al Artículo 4 del inciso (G) de la Ley 203-2007, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, a los fines de establecer que los municipios que cuentan con cementerios públicos vendrán obligados a suministrar, libre de costo el servicio fúnebre, una tumba, nicho y/o sepultura de cenizas a todo veterano o veterana fallecida, militares jubilados de los distintos componentes de la Reserva de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, incluyendo la Guardia Nacional Terrestre (Ejercito) y la Guardia Nacional Aérea (Fuerza Aérea) y residente en el municipio al momento del fallecimiento, que tenga derecho a los beneficios de entierro que provee el Departamento de Asuntos de los Veteranos; concederle a la Oficina del Procurador del Veterano los poderes y deberes necesarios para asegurar la adecuada implementación de esta Ley y su posterior fiscalización; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley del Programa Enlace Empresarial con el Negociado de la Policía”; a los fines de establecer un programa para estrechar lazos de colaboración entre el Negociado de la Policía y el sector comercial, empresarial e industrial local, con el propósito de allegar fondos privados, mediante donaciones, para ser utilizados en la compra de vehículos, equipos, armas, municiones o en la realización de mejoras de mantenimiento, expansiones y construcciones de nuevos cuarteles y otras instalaciones para beneficio de los agentes del orden público; añadir un inciso (t) al Artículo 2.04 de la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de facultar al Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico a establecer un programa a denominarse como “Programa de Enlace Empresarial con el Negociado de la Policía”; adicionar un inciso (c) a la Sección 1033.10 de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de establecer que las deducciones por concepto de donaciones en exceso de diez mil (10,000) dólares al Programa de Enlace Empresarial con el Negociado de la Policía no estarán sujetas a los límites dispuestos en el inciso (a) de esta Sección; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 2.02, 2.03. 2.04, 2.05, 2.06, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.14, 2.17, 2.19, 2.20, 2.21 y 2.22 de la Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de redenominar al Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico como Superintendente, al Comisionado Asociado como Superintendente Asociado y a los Comisionados Auxiliares como Superintendentes Auxiliares; enmendar toda ley en la cual se haga referencia al Comisionado de la Policía a los efectos de que sustituya por el Superintendente de la Policía; establecer que cualquier referencia al Comisionado de la Policía en cualquier reglamento, Orden Ejecutiva u otro documento oficial del Gobierno de Puerto Rico, se entenderá que se refiere al Superintendente de la Policía; y para otros fines.

Para enmendar el Artículo 1.05, añadir un nuevo Artículo 1.17, y reenumerar los actuales artículos del 1.17 al 1.21, como los artículos del 1.18 al 1.22, respectivamente, en la Ley 20-2027, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el propósito de proveer, formalmente, para la creación del “Cuerpo Interdenominacional de Capellanes” del Departamento de Seguridad Pública, cuyos integrantes podrán ofrecerle a la ciudadanía y a los miembros pertenecientes a los distintos Negociados que comprenden la Agencia, servicios voluntarios de consejería y cuidado pastoral en situaciones de emergencias, desastres naturales y crisis; derogar la Ley 168-2012, conocida como “Ley para la Creación del Cuerpo Voluntario de Capellanes del Gobierno de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1.11 y 2.07 y de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública”; enmendar los Artículos 2.02, 3.05, 6.03 y 6.23, de la Ley 168-2019, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”, según enmendada, con el fin de autorizar el ingreso de toda persona mayor de 18 años al Negociado de la Policía, asegurar que cada nuevo miembro de dicho negociado tenga, como mínimo un grado asociado; permitir que nuevo miembro de dicho negociado pueda usar y portar armas de fuego; para establecer la facultad de reglamentación sin sujeción a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1.02; 2.01; 2.02; 2.03; 2.04; 2.06; 2.07; 2.08; 2.10; 2.13; 2.15; 3.02; 3.03; 3.05; 4.01; 4.02; 4.04; 5.02; 5.04; 6.08; 7.09 e insertar un nuevo Artículo 2.17 en la Ley 168-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”; con el fin de realizar enmiendas técnicas a dicha Ley; y para otros fines relacionados.

“Para añadir un inciso (k) a la Sección 3, del Artículo VI, de la Ley Núm. 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de incluir como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno a los policías municipales, retirados y activos, sus cónyuges e hijos; autorizar a la ASES a promulgar aquellos reglamentos que estime pertinentes, en cuanto a cubiertas y beneficios, criterios de elegibilidad y el pago de primas; disponer que sea opcional para los policías municipales acogerse al Plan de Salud del Gobierno y de optar por acogerse al mismo la aportación patronal vaya a ASES; y para otros fines relacionados.

Para añadir un inciso (k) a la Sección 3, del Artículo VI, de la Ley Núm. 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de incluir como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno a los policías estatales, retirados y activos, sus cónyuges e hijos; autorizar a la ASES a promulgar aquellos reglamentos que estime pertinentes, en cuanto a cubiertas y beneficios, criterios de elegibilidad y el pago de primas; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 16, del Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011” a fin de permitirle a confinados que hoy no tienen la oportunidad de rehabilitarse participando en los Programas de Desvío; eliminar el inciso 2 y renumerar los incisos 3 y 4 como 2 y 3; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 1.18 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de aumentar los beneficios de los que son acreedores, el cónyuge supérstite o los dependientes del empleado que falleciere en el cumplimiento del deber, aumentando dicho beneficio a veinticuatro (24) mensualidades del salario bruto devengado y para aumentar la partida de gastos fúnebres hasta un máximo de cinco mil dólares ($5,000); y para otros fines relacionados.

Para ordenarle a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación en relación a la implementación de la Ley 32-2020, que pretendía proteger los fondos del Sistema de Emergencias 9-1-1, evitar incumplimiento con leyes federales y proteger la vida y seguridad de los individuos, así como investigar las razones por las cuales la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal emitiera una certificación de incumplimiento con el Plan Fiscal, toda vez que el fondo del Sistema de Emergencias 9-1-1 se nutre de cargos a individuos y no del fondo general.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación para conocer los servicios y la calidad de los servicios que reciben los veteranos, incluyendo, pero sin limitarse a las condiciones de vida, las ayudas de vivienda, salud física, salud mental, rehabilitación física, educación, empleo, pensiones, exenciones contributivas, bienestar social y demás derechos que le corresponden a los veteranos y sus familiares, en aras de determinar si se cumple con las disposiciones de la Ley 203-2007, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, tanto a nivel judicial, estatal, como municipal; así como auscultar la adecuada distribución de fondos, recursos, programas o estructuras de servicio que repercuten en los servicios que se le brindan a los veteranos.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre los aspectos concernientes a la seguridad pública de Puerto Rico, tanto a nivel judicial, estatal, como municipal; auscultar la adecuada asignación de fondos y recursos que repercuten sobre el cumplimiento a cabalidad del derecho ciudadano al libre disfrute de la vida y la propiedad; evaluar los resultados obtenidos mediante los planes de acción establecidos, dar continuidad a los estudios para la prevención y mitigación de incendios, la protección de la vida y propiedad; incluyendo en los casos de huracanes, inundaciones, terremotos, maremotos u otros desastres naturales, al igual que en casos de desastres aéreos u otros accidentes catastróficos, intervenir en el estudio de los planes, programación, obra pública, organización y la prestación de los servicios ordenados a las agencias gubernamentales de seguridad pública y la seguridad civil en casos de emergencia; la adecuada administración del sistema correccional y sus procesos; verificar el cumplimiento de dichas agencias con las leyes y los reglamentos aplicables; el respeto y la protección de los derechos y libertadas ciudadanas y constitucionales por las agencias y agentes del orden público; así como los funcionarios responsables de ejecutar dichas gestiones, tomar decisiones dentro de la agencia, departamento, instrumentalidad y/o municipios y el alcance de las facultades inherentes a sus puestos.