Casos del Tribunal Supremo (Página 7)

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Juan E. Catalá Suárez del ejercicio de la abogacía. Esta acción disciplinaria se fundamenta en su convicción en el foro estatal por delitos relacionados con su profesión. Específicamente, el abogado fue sentenciado por cargos de conspiración, tentativa de amenaza o intimidación de testigo y persuasión de incomparecencia de testigo. Los hechos delictivos involucraron la intervención con una testigo en un caso de asesinato. El licenciado Catalá Suárez intentó que la testigo cambiara una declaración jurada previa y que no compareciera al proceso penal. El Tribunal determinó que esta conducta se aparta de los principios de honradez y moralidad esenciales para la profesión legal. Consideró que dicha conducta denota un carácter moralmente corrompido que lo incapacita para continuar ejerciendo la abogacía. La decisión subraya la noble misión de los abogados y la confianza que depositan en ellos las partes y las cortes.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión *Per Curiam* en el caso AB-2022-0099. La decisión concierne al Lcdo. Roberto O. Maldonado Nieves, quien fue objeto de una queja ética presentada por una clienta. La clienta alegó que el abogado no mantuvo comunicación con ella tras contratarlo para una declaratoria de herederos, a pesar de múltiples intentos. También sostuvo que el letrado retuvo el depósito pagado y no le devolvió el expediente completo. El abogado admitió no haber podido cumplir con las labores encomendadas. El Tribunal determinó que el licenciado Maldonado Nieves infringió los Cánones 9 y 12 del Código de Ética Profesional. Como resultado, se ordenó su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta acción subraya la obligación de los abogados de mantener una comunicación diligente con sus clientes y cumplir con sus encargos profesionales.

Resumen:

Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico examina el impacto de las prácticas desleales de una aseguradora en la interrupción del término prescriptivo contra su asegurado. La controversia principal aborda si un asegurado puede invocar la defensa de prescripción cuando la parte perjudicada fue inducida por dicho asegurado a creer que la aseguradora lo representaba en negociaciones extrajudiciales. El Tribunal se expresa sobre el principio de buena fe en el trámite de negociaciones entre un tercero perjudicado y una aseguradora. Reafirma su postura de que el asegurado no puede invocar la prescripción si contribuyó a que el perjudicado creyera que la aseguradora actuaba en su nombre. Esta creencia, generada por el asegurado, mantuvo viva la causa de acción durante las negociaciones. El caso surge de una demanda por daños y perjuicios presentada por Efraín Birriel Colón contra Supermercado Los Colobos (Econo) y su aseguradora, Integrand Assurance Company. El demandante sufrió una caída en el supermercado en mayo de 2018 y presentó la demanda en febrero de 2020. Alegó negligencia y que la aseguradora no atendió su reclamo a pesar de tener conocimiento y documentación. La decisión protege al perjudicado de ser afectado por prácticas engañosas en la industria de seguros.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Opinión el 3 de octubre de 2023 en el caso CC-2022-0764. La controversia principal giró en torno a si los gastos a ser sufragados en una revisión judicial bajo la Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley Núm. 29-2009) incluyen el pago de honorarios de abogado. La Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP) presentó un memorando de costas contra Puerto Rico Fast Ferries (PRFF) para recobrar gastos tras una revisión judicial previa. El Tribunal de Apelaciones había declarado no ha lugar el reclamo de honorarios de abogado. El Tribunal Supremo debía aclarar el alcance del "pago de honorarios" según el Artículo 20(f) de la ley especial. Se analizó si la parte prevaleciente podía reclamar honorarios sin una determinación de temeridad. Finalmente, el Tribunal Supremo confirmó la determinación recurrida. Resolvió que los gastos cubiertos en este tipo de revisión judicial no incluyen los honorarios de abogado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su resolución del 3 de octubre de 2023 para el caso TS-20,533, examinó la solicitud de Carolina Toledo Meléndez. La señora Toledo Meléndez pidió su readmisión al ejercicio de la abogacía y la autorización para cambiar su nombre en el Registro Único de Abogados (RUA). El Tribunal proveyó ha lugar a su solicitud de readmisión. Se ordenó al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus a abogada activa. También se instruyó actualizar los registros para que conste que de ahora en adelante aparecerá como Carolina Stimson. Finalmente, se ordenó a la Lcda. Carolina Stimson actualizar su información de contacto en el RUA.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico abordó la constitucionalidad de la colegiación compulsoria para ejercer la medicina en la isla. El Dr. Héctor Luis Delucca Jiménez impugnó este requisito, alegando que violaba sus derechos a la libertad de asociación y expresión. El Tribunal dictaminó que el requisito estatutario de colegiación obligatoria es inconstitucional. Aunque reconoció el interés apremiante del Estado en regular la medicina para resguardar la salud pública, la Corte determinó que la colegiación compulsoria no es necesaria para lograr este objetivo. El Tribunal identificó a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica como el único organismo rector de la profesión. Se concluyó que el requisito de membresía obligatoria menoscaba el derecho fundamental de los médicos a asociarse libremente. La decisión fue emitida el 2 de octubre de 2023 en el caso AC-2022-0083.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la interpretación de una cláusula de exclusión en un contrato de seguro de incapacidad. La cláusula en cuestión exime a la aseguradora de pagar beneficios mientras el asegurado esté en una cárcel, prisión o bajo la custodia de las autoridades legales. La peticionaria, Nancy Serrano Picón, demandó a Multinational Life Insurance Company tras la suspensión de sus beneficios por incapacidad. La aseguradora suspendió los pagos luego de que la peticionaria fuera acusada federalmente, se declarara culpable y fuera sentenciada a probatoria. Multinational argumentó que la peticionaria se encontraba bajo la custodia de las autoridades federales, haciendo aplicable la exclusión. La peticionaria, por su parte, sostuvo que nunca estuvo encarcelada ni su libertad fue restringida de manera que justificara la aplicación de la cláusula. El Tribunal Supremo confirmó la decisión del Tribunal de Apelaciones. Determinó que la cláusula de exclusión era aplicable en este caso.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 26 de septiembre de 2023. Mediante este documento, el Tribunal aprueba y publica oficialmente los cambios de estatus a Abogado(a) Inactivo(a). Estos cambios fueron autorizados por el Tribunal durante el mes de agosto de 2023. La Resolución detalla la lista de los abogados y abogadas a quienes se les concedió dicho cambio de estatus. Se identifican un total de nueve profesionales del derecho con sus respectivos números de colegiación. Esta publicación sirve para certificar y hacer constar los nombres de quienes pasaron a tener un estatus inactivo según lo dispuesto por el Tribunal.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una sentencia el 25 de septiembre de 2023 en el caso AC-2022-0102, El Pueblo de Puerto Rico v. Pascual Toro Vélez. El caso versaba sobre la permanencia del señor Toro Vélez en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales tras ser condenado por actos lascivos sin el elemento de minoridad. Al estar igualmente dividido, el Tribunal confirmó la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Esta decisión mantiene al señor Toro Vélez inscrito en el Registro, potencialmente de por vida. El Juez Asociado señor Rivera García emitió una Opinión de Conformidad. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió una expresión de conformidad, entendiendo que la ley no exime de inscripción por este delito. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió una Opinión Disidente, a la que se unió el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez también disintió. Los disidentes argumentaron que enmiendas posteriores a la condena eliminaron este delito de la lista de los que requieren inscripción. Sostuvieron que la ley penal más favorable debe aplicarse retroactivamente. Además, consideraron que el Registro es punitivo y debe regirse por principios de favorabilidad y protección contra leyes ex post facto.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso Pueblo v. Juan Maldonado De Jesús y Aaron Vick (2023 TSPR 114), abordó la jurisdicción de los Fiscales Especiales Independientes (PFEI). La controversia principal giró en torno a si el PFEI posee facultad para presentar cargos criminales únicamente contra individuos particulares. Estos particulares son aquellos cuya presunta conducta delictiva es descubierta como resultado de una investigación encomendada por el Panel del PFEI. El Tribunal ratificó su decisión previa en Pueblo v. Muñoz Noya. Pautó que la jurisdicción de los Fiscales Especiales sí se extiende a este tipo de casos. Esto significa que pueden investigar, denunciar y procesar criminalmente a particulares descubiertos durante sus investigaciones. La decisión revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. Afirma que el Panel, por conducto de los Fiscales Especiales, posee jurisdicción sobre los recurridos en este caso. El caso se originó a raíz de denuncias sobre alegadas irregularidades en compras gubernamentales durante la emergencia del COVID-19. La Opinión clarifica el alcance de la Ley del PFEI respecto a la persecución criminal de individuos no funcionarios públicos.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su Sala de Verano, emitió una Resolución el 19 de septiembre de 2023 en el caso Ex parte Yaznery Ortiz Navedo, TS-13,997. La materia tratada fue la solicitud de reactivación al ejercicio de la abogacía y cambio de estatus. El Tribunal examinó la solicitud presentada por la Sra. Yaznery Ortiz Navedo el 11 de septiembre de 2023. La Resolución declara Ha Lugar la solicitud. Se ordena a la Secretaría registrar el cambio de estatus a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA). Adicionalmente, se ordena a la licenciada Ortiz Navedo actualizar su información de contacto en el RUA.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución sobre la conducta profesional del notario Ángel L. Quintana Pabón. Tras evaluar las presentaciones de la Oficina de Inspección de Notarías y el notario, el Tribunal ordenó su suspensión inmediata del ejercicio de la notaría. La suspensión es por un término de tres meses. La resolución apercibe al notario a cumplir fielmente con los cánones del Código de Ética Profesional, especialmente el Canon 9, que exige respeto hacia jueces y funcionarios del tribunal, incluyendo la Oficina de Inspección de Notarías. El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a medidas disciplinarias. El Tribunal ordenó la incautación de la obra y sello notarial y la cancelación de su fianza notarial. Además, el notario debe notificar a sus clientes sobre su inhabilidad para atender trabajos pendientes, devolver expedientes y honorarios por trabajos no rendidos, y certificar el cumplimiento en treinta días. No hacerlo podría afectar su reinstalación futura en la notaría.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió del ejercicio de la notaría a la Lcda. Laura A. Dahdah de Surillo. La suspensión se fundamenta en infracciones al Art. 2 de la Ley Notarial, el Art. 131 de la Ley del Registro de la Propiedad y los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional. La acción disciplinaria surge de una queja presentada por el Lcdo. Juan Manuel Ponce Fantauzzi. El licenciado Ponce Fantauzzi alegó que la notaria otorgó dos escrituras de permuta sobre bienes inmuebles. Estas propiedades pertenecían en común proindiviso a él y a su hermano. Las escrituras no mencionaron la participación del 50% del licenciado Ponce Fantauzzi. Se alega que tanto la otorgante como la notaria conocían esta copropiedad. La notaria admitió haber presentado las escrituras para su inscripción.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico analizó el alcance de la sanción de eliminación de alegaciones dispuesta en la Regla 34.3(b)(3) de Procedimiento Civil. La cuestión central era si un demandado sancionado con la eliminación de sus alegaciones puede presentar prueba en el juicio para refutar los méritos de la demanda. El caso se originó en una controversia de descubrimiento de prueba en un pleito iniciado en 2002, donde el incumplimiento de los demandados llevó a la solicitud de dicha sanción y la anotación de rebeldía. El Tribunal resolvió que, una vez dictada la orden de eliminación de todas las alegaciones bajo la Regla 34.3(b)(3), el Tribunal de Primera Instancia debe declarar a la parte demandada en rebeldía. Los procedimientos subsiguientes deben seguir las disposiciones y la norma jurisprudencial relativas a la rebeldía. Esto significa que la parte demandada sancionada no podrá presentar prueba para impugnar los méritos de la demanda. La única excepción a esta prohibición es la presentación de prueba relacionada con el importe de los daños reclamados.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su autoridad disciplinaria en el caso de Ángel L. Montañez Morales, abogado y notario. La acción se originó por una queja presentada por Olga Janette Surillo Lebrón. La señora Surillo Lebrón buscaba información sobre el estatus de una escritura de compraventa que el notario había autorizado más de un año antes. Alegó que no recibía información o la que recibía era incompleta. El licenciado Montañez Morales respondió que la presentación de la escritura dependía de la entrega de documentos por otra parte involucrada en la transacción. Tras considerar la conducta del licenciado, el Tribunal Supremo decidió suspenderlo de manera inmediata e indefinida. La suspensión del ejercicio de la abogacía y la notaría se impuso por incumplir con las órdenes de este Tribunal. La decisión detalla el historial de la queja y la respuesta del notario que llevaron a esta medida disciplinaria.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en resolución del 7 de septiembre de 2023, examinó la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por la Sra. Carmen Lugo Luciano. La Sala de Verano del Tribunal proveyó ha lugar a dicha solicitud. Se ordenó la reinstalación de la Sra. Lugo Luciano al ejercicio de la abogacía. Adicionalmente, se le apercibió sobre su deber de mantener al día su información en el Registro Único de Abogados y Abogadas. También se le recordó que debe tramitar las solicitudes de exclusión del banco de abogados de oficio conforme a los reglamentos aplicables.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico clarifica cuándo una moción de reconsideración interrumpe el término para recurrir al Tribunal de Apelaciones. La cuestión central es si una moción de reconsideración que no fue notificada a la parte contraria tiene este efecto interruptor. El caso surge de un recurso de revisión judicial presentado por una unión, que fue desestimado por el Tribunal de Primera Instancia. La unión presentó una moción de reconsideración de esa desestimación, pero omitió notificarla a la parte recurrida. Posteriormente, la unión presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones desestimó el certiorari por falta de jurisdicción, entendiendo que la moción de reconsideración, aunque no notificada, sí interrumpió el término, haciendo el certiorari tardío. El Tribunal Supremo revoca al Tribunal de Apelaciones. Sostiene que solo una moción de reconsideración que cumpla cabalmente con la Regla 47 de Procedimiento Civil, incluyendo la notificación a la parte contraria, interrumpe el término para apelar. Dado que la moción de reconsideración en este caso no fue notificada, no interrumpió el término, y el recurso de certiorari presentado posteriormente fue oportuno, confirmando la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones.

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Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico del 5 de septiembre de 2023, consolidando los casos CC-2022-0689 y CC-2022-0695. La materia principal es la Responsabilidad Civil Extracontractual, enfocándose en la valorización de los daños. El propósito es puntualizar el alcance de la decisión previa del Tribunal en Santiago Montañez v. Fresenius Medical (2016) y repasar las consideraciones para el juez sentenciador al computar los daños. La opinión, emitida por el Juez Asociado Colón Pérez, surge de un caso que involucra un accidente de tránsito ocurrido el 25 de enero de 2014 en Bayamón. En el accidente, Luis Jiménez Meléndez conducía contra el tránsito, a exceso de velocidad y bajo los efectos de alcohol, invadiendo el carril de José E. Mena Pamias. El Tribunal de Primera Instancia determinó que Mena Pamias también conducía bajo los efectos de bebidas embriagantes. El caso busca establecer pautas claras para la determinación de la compensación por daños en situaciones de responsabilidad civil.

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Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico examina si un miembro de la población correccional debe agotar remedios administrativos antes de demandar al Estado por daños y perjuicios. Jonathan Muñoz Barrientos instó una demanda por alegados daños emocionales sufridos debido a una presunta agresión por parte de oficiales correccionales. Los foros inferiores desestimaron la demanda, concluyendo que debía agotarse el proceso administrativo ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Tribunal Supremo revisó esta determinación mediante certiorari. Tras un análisis legal, el Tribunal concluyó que el Departamento de Corrección no está facultado por ley para conceder indemnización por daños y perjuicios. Por consiguiente, un miembro de la población correccional puede acudir directamente al foro judicial con su reclamación extracontractual. La decisión revoca la determinación de los foros inferiores que exigía el agotamiento administrativo. El incidente que motivó la demanda ocurrió en la Institución de Máxima Seguridad de Guayama 296.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su opinión del 1ro de septiembre de 2023 (CC-2022-0669), abordó la controversia sobre la duplicidad de funciones en una sucesión. Se analizó si procedía la designación de un comisionado especial por el tribunal a solicitud de un heredero, cuando la albacea testamentaria ya había nombrado un contador partidor. La cuestión central era si el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar dicha designación. El Tribunal Supremo determinó que los foros inferiores sí erraron al designar al comisionado especial. Esta conclusión se basó en las amplias facultades conferidas a la albacea en el testamento abierto del causante. Además, se consideró la innecesaria duplicidad de roles entre el comisionado y el contador partidor ya existente. La falta de justificación adecuada por parte del tribunal de primera instancia para la designación del comisionado también fue un factor determinante. Por tanto, el Tribunal Supremo revocó las decisiones de los foros recurridos.

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Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda el alcance y los requisitos de la mediación compulsoria bajo la Ley Núm. 184-2012 en procesos de ejecución de hipotecas de vivienda principal. La controversia principal giraba en torno a si se cumplieron las disposiciones de dicha ley antes de que los tribunales pudieran dictar sentencia u ordenar la ejecución. Oriental Bank demandó a Héctor Agustín Caballero García por cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El demandado alegó haber pagado la deuda y solicitó la remisión a mediación compulsoria, ya que se trataba de su residencia principal. El foro primario refirió el caso al Centro de Mediación de Conflictos. El Tribunal Supremo, en opinión de la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco, determinó que en este caso particular no se cumplió con los requisitos de la Ley Núm. 184-2012. Señaló que la acción correcta del Tribunal de Primera Instancia era resolver primero la controversia sobre la liquidez de la deuda. Una vez superado ese punto, el caso debía ser devuelto para la continuación adecuada del proceso de mediación compulsoria conforme a la ley.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, fechada el 22 de agosto de 2023, en el caso Ex parte Luis R. Viera Zayas. La materia tratada es la readmisión al ejercicio de la abogacía. El Sr. Luis R. Viera Zayas presentó una solicitud para cambiar su estatus de abogado inactivo a activo. El Tribunal examinó la solicitud y resolvió proveer ha lugar a su petición de reingreso. Como resultado, se ordena al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA). Asimismo, se ordena al Lcdo. Luis R. Viera Zayas actualizar su información de contacto en dicho registro. La decisión fue tomada por la Sala de Verano del Tribunal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico impone una censura enérgica al Lcdo. Armando A. Cardona Estelritz. La acción disciplinaria surge por violaciones a los Cánones 9, 12, 18, 35 y 38 de Ética Profesional. Estas faltas se relacionan con su representación del Sr. Raúl Bonilla Rodríguez en un caso de quiebra bajo el Capítulo 7. El abogado presentó inicialmente la petición en 2013, la cual fue desestimada en 2014. Posteriormente, en 2015, el Lcdo. Cardona Estelritz acordó representar nuevamente al cliente de forma gratuita. Certificó su compromiso de manejar el caso hasta obtener el relevo del Tribunal de Quiebras. El incumplimiento de sus deberes profesionales en este asunto motivó la determinación del Tribunal. La decisión subraya la obligación de los abogados de adherirse estrictamente a los preceptos éticos.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su rol disciplinario sobre el Lcdo. David W. Román Rodríguez. Se le suspende de manera inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta acción se fundamenta en el incumplimiento reiterado del letrado con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y las órdenes del propio Tribunal. La decisión destaca la desidia mostrada por el licenciado. El documento menciona que el abogado tiene un historial de suspensiones previas de la profesión en 1999 y 2000, seguidas de reinstalaciones. La suspensión actual responde a un informe especial sobre incumplimiento recibido por el Tribunal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su poder disciplinario contra el notario Norberto Colón Alvarado por irregularidades en su función notarial. La acción surge de transacciones indebidas al autorizar traspasos de titularidad de vehículos de motor. Se determinó que el licenciado Colón Alvarado legitimó traspasos sin tener a las partes firmantes presentes. Además, legitimó firmas que no pertenecían a las partes declarantes. Una violación grave fue acreditar la firma de una persona que se encontraba fallecida al momento de la declaración. Estas acciones constituyeron una falta a su deber hacia la verdad y un empeño indebido de la fe pública notarial. El tribunal concluyó que el notario violó disposiciones de la Ley Notarial, el Reglamento Notarial y los Cánones de Ética Profesional. Como resultado, el licenciado Colón Alvarado fue suspendido del ejercicio de la notaría de manera inmediata e indefinida.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 4 de agosto de 2023 en el caso TS-10,661. La resolución atiende la solicitud de Wendy Sue O'Neill para ser readmitida al ejercicio de la abogacía. Tras considerar la moción presentada por la peticionaria, el Tribunal resolvió proveer a la misma. Se ordena la readmisión de la señora O'Neill al ejercicio de la abogacía en la jurisdicción de Puerto Rico. La Secretaría del Tribunal Supremo deberá proceder a cambiar su estatus profesional a activo. Respecto a su solicitud para ejercer la notaría, esta será considerada posteriormente. Dicha consideración está condicionada a que acredite haber prestado una fianza notarial vigente, según lo exige la Ley Notarial. Adicionalmente, se le advierte que está estrictamente prohibido ejercer la práctica notarial fuera del territorio de Puerto Rico.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión provisional e inmediata del abogado y notario Walter Pierluisi Isern. Esta medida se basa en una sentencia emitida en su contra en un caso penal federal. Se le impone la obligación de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para representarlos. También debe devolver los honorarios recibidos por trabajos no realizados. Adicionalmente, debe informar de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. El señor Pierluisi Isern tiene treinta días para acreditar y certificar ante el Tribunal el cumplimiento de estas obligaciones. Su fianza notarial queda automáticamente cancelada, aunque se mantiene válida por tres años respecto a actos pasados. Se le apercibe que, una vez la sentencia federal sea final y firme, se procederá a suspenderlo de manera indefinida de la profesión legal.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una resolución sobre el Plan de Retribución del Poder Judicial. Desde hace años, el Poder Judicial ha colaborado con la Junta de Supervisión para lograr aumentos salariales para su personal. Un primer aumento de \$200 mensuales se hizo efectivo el 1 de julio de 2022, excluyendo a la judicatura. Se continuaron los esfuerzos para obtener aumentos adicionales y actualizar el Plan de Retribución. El Plan Fiscal de 2023 y la Resolución Conjunta del Presupuesto para el AF2024 incluyeron una reserva para una revisión salarial. El Poder Judicial debía completar la revisión de su Plan de Retribución junto con la Junta de Supervisión para asegurar consistencia con la Reforma del Servicio Público. El Director Administrativo de los Tribunales informó que la Junta de Supervisión completó la revisión y autorizó la implementación del plan. Con la anuencia de la Jueza Presidenta, el Plan de Retribución del Poder Judicial, según revisado por la Junta de Supervisión, se aprueba efectivo el 1 de julio de 2023, representando un avance para mejorar las condiciones salariales del personal.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró si los municipios responden por reclamaciones de daños y perjuicios por accidentes en carreteras o aceras pertenecientes al Gobierno estatal, pero ubicadas dentro de sus límites territoriales. La controversia requirió interpretar la inmunidad municipal bajo la Ley de Municipios Autónomos y el Código Municipal. El caso específico surgió de una demanda contra el Municipio Autónomo de San Juan por un accidente en una vía estatal. El Municipio solicitó la desestimación alegando inmunidad mediante una moción de sentencia sumaria parcial, la cual fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones no revisó esta decisión. El Tribunal Supremo determinó que los tribunales inferiores erraron al no reconocer la inmunidad del Municipio en este tipo de reclamaciones. Concluyó que los municipios no son responsables por accidentes en infraestructura de titularidad estatal. Por consiguiente, el Tribunal Supremo revocó las decisiones apeladas y ordenó la desestimación de la demanda contra el Municipio.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 21 de julio de 2023 en el caso Ex parte Nelson H. Valle Milán, identificado con el número TS-12,486. La materia principal del caso era la solicitud de readmisión al ejercicio de la abogacía por parte del Lcdo. Valle Milán. Tras examinar una moción informativa presentada por el peticionario y una certificación del Programa de Educación Jurídica Continua, el Tribunal determinó proceder con la readmisión. En consecuencia, se readmitió al Lcdo. Nelson H. Valle Milán al ejercicio de la abogacía. La resolución también ordena al Secretario del Tribunal Supremo registrar este cambio de estatus a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 18 de julio de 2023 en el caso Ex parte: Pedro A. Vélez Baerga, identificado como TS-12,059. La materia principal del caso es la readmisión al ejercicio de la abogacía. El peticionario había solicitado un cambio de estatus de abogado inactivo a activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA). También solicitó la acreditación de créditos en ética profesional. La Sala de Verano I del Tribunal Supremo atendió la solicitud presentada. Mediante esta Resolución, el Tribunal proveyó ha lugar a la solicitud de readmisión al ejercicio de la abogacía. Se ordenó al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus del peticionario a abogado activo en el RUA.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante Resolución de 14 de julio de 2023 en el caso EM-2023-0008, aborda la aprobación de cambios de estatus de abogados. La materia principal es la certificación de las autorizaciones concedidas durante el mes de junio de 2023 para pasar a estatus de Abogado(a) Inactivo(a). La Sala de Verano del Tribunal Supremo fue la encargada de tomar estas decisiones. La resolución presenta una lista de once abogados cuyos cambios a estatus inactivo fueron aprobados en dicho período. La lista incluye los nombres y números de abogado de los profesionales afectados. Este documento sirve para publicar oficialmente la relación de abogados que pasaron a estatus inactivo en junio de 2023. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió de manera inmediata e indefinida a la Lcda. Carmen T. Saliceti Maldonado del ejercicio de la notaría. La suspensión se fundamenta en el incumplimiento de varios artículos de la Ley Notarial, el Reglamento Notarial, la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria y los Cánones 18 y 35 del Código de Ética Profesional. La acción disciplinaria surge principalmente de problemas relacionados con la autorización de la Escritura Núm. 2 de 4 de febrero de 2020. Dicha escritura documentó la compraventa de una finca perteneciente a una sucesión con múltiples herederos, de los cuales no todos comparecieron. El tribunal ordenó a la letrada que realice las gestiones necesarias para lograr la inscripción de esta escritura en el Registro de la Propiedad. Además, se le concedió un término de veinte días para mostrar causa por la cual no deba ser suspendida también del ejercicio de la abogacía. Esta decisión fue emitida el 10 de julio de 2023.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 6 de julio de 2023 en el caso TS-11,694. La resolución aborda la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por Alberto J. Rafols Van Derdys. Tras evaluar la moción radicada el 28 de junio de 2023, el Tribunal determinó reinstalar al Lcdo. Rafols Van Derdys. Esta decisión fue acordada por el Tribunal. Sin embargo, el Juez Asociado señor Colón Pérez expresó su disenso, indicando que habría denegado la solicitud de reinstalación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 5 de julio de 2023. La Resolución atendió la Moción de reinstalación al ejercicio de la notaría presentada por el Lcdo. Ángel L. Ortiz López. Tras examinar la solicitud, el contrato de fianza notarial y una certificación del Programa de Educación Jurídica Continua, el Tribunal decidió reinstalar al licenciado Ortiz López en el ejercicio de la notaría. Se aprobó la fianza otorgada por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, vigente desde el 28 de junio de 2023. Se ordenó remitir la fianza al Secretario de Hacienda y enviar copia certificada de la Resolución a este funcionario y al Secretario de Estado. El licenciado Ortiz López deberá recoger su sello y obra notarial depositada en el Archivo General de Protocolos de Caguas. Finalmente, se instruyó a la Secretaría del Tribunal actualizar el Registro Único de Abogados y Abogadas.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 5 de julio de 2023 en el caso TS-8,588. La resolución atiende la solicitud de readmisión al ejercicio de la notaría presentada por la Lcda. Wanda I. Resto Torres. Tras examinar la solicitud y la certificación de educación jurídica continua, el Tribunal readmitió a la licenciada Resto Torres a la práctica notarial. Asimismo, se aprobó la fianza notarial otorgada por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Dicha fianza está vigente desde el 23 de junio de 2023 y garantiza las funciones notariales de la peticionaria. La resolución ordena remitir la fianza original al Secretario de Hacienda de Puerto Rico para archivo. También se enviarán copias certificadas de la resolución al Secretario de Hacienda y al Secretario de Estado para su conocimiento. Una copia de la fianza se unirá al expediente personal de la peticionaria.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió un caso disciplinario contra la Lcda. María I. Torres Alvarado. La acción se originó por una queja presentada por un cliente, el Sr. Ricardo Rivera Rodríguez. El cliente alegó falta de diligencia de la abogada en la tramitación de sus apelaciones criminales. Esta falta de diligencia resultó en la desestimación de uno de los recursos apelativos. Además, la abogada no atendió las solicitudes del cliente para renunciar a la representación y entregar los expedientes. La conducta de la licenciada Torres Alvarado constituyó una infracción a varios cánones de ética profesional. Específicamente, se determinó que violó los Cánones 9, 12, 18, 19 y 20. Como resultado de estas infracciones, el Tribunal impuso una sanción disciplinaria. La sanción consistió en la suspensión inmediata del ejercicio de la profesión legal. La suspensión fue por un término de tres meses.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su poder disciplinario para suspender a la Lcda. Gloria E. Marrero Martínez. La suspensión es inmediata e indefinida, tanto del ejercicio de la abogacía como de la notaría. Esta medida se tomó debido a su reiterado incumplimiento con sus deberes profesionales. Específicamente, la letrada no mantuvo al día sus datos personales en el Registro Único de Abogados. Además, mostró un incumplimiento constante con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías. También desobedeció órdenes emitidas por el propio Tribunal Supremo. Un caso particular que motivó la intervención de la ODIN fue su falta de respuesta a un abogado que buscaba obtener una copia certificada de un testamento. A pesar de los esfuerzos de la ODIN por contactarla, la letrada no respondió adecuadamente, indicando solo que no estaba en Puerto Rico. Su conducta demostró una falta de diligencia y respeto por los procedimientos y requerimientos judiciales y administrativos.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió una controversia entre la Unión General de Trabajadores y el Hospital HIMA San Pablo Caguas. La disputa se centró en el impago del bono de navidad de 2015 a los empleados unionados. El Hospital HIMA alegó pérdidas operacionales y solicitó una exoneración estatutaria del pago basándose en su situación financiera. Sin embargo, los empleados afectados estaban cubiertos por convenios colectivos que estipulaban el pago de dicho bono. El Tribunal determinó que el Hospital HIMA incumplió los convenios colectivos al rehusar pagar la compensación. Se estableció que la exoneración estatutaria por ausencia o insuficiencia de ganancias no aplicaba a estos empleados. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos había exceptuado expresamente de dicha exoneración a los empleados cubiertos por convenios colectivos. Por consiguiente, la obligación contractual de pagar el bono prevalecía en este caso particular. La decisión confirma que la exoneración estatutaria no abarca a empleados con derechos contractuales específicos sobre el bono de navidad.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisó una apelación sobre la colegiación compulsoria de los contadores públicos autorizados. La controversia central era la constitucionalidad de los artículos de la Ley Núm. 75 de 1973 que exigen ser miembro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados para ejercer la profesión. El Tribunal de Apelaciones había declarado previamente inconstitucionales estas disposiciones. Sin embargo, al examinar el recurso, las Juezas y los Jueces del Tribunal Supremo se encontraron igualmente divididos en sus votos. La Constitución de Puerto Rico requiere una mayoría del número total de jueces para declarar una ley inconstitucional. Dado que no se alcanzó la mayoría necesaria para sostener la inconstitucionalidad, el Tribunal Supremo revocó la Sentencia del Tribunal de Apelaciones. Esto significa que los artículos que establecen la colegiación compulsoria para los CPA en Puerto Rico no fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Supremo en este caso. La demanda original que impugnaba la colegiación fue desestimada. La decisión contó con Opiniones de Conformidad y una Opinión Disidente.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión disciplinaria el 28 de junio de 2023 en el caso CP-2018-0014. La decisión concierne al licenciado Carlos E. Rivera Justiniano, quien fue admitido a la abogacía en 2009 y como notario en 2014. El tribunal determinó que el abogado incurrió en conducta antiética al quebrantar los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional. Como resultado, el licenciado Rivera Justiniano fue suspendido de forma inmediata del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión se impuso por un término de tres meses. El caso se originó a partir de una queja presentada por una cliente, la señora Arlyn L. Serpa Mercado. La cliente alegó que el abogado no se comunicó con ella ni la mantuvo informada sobre el estado de su demanda. El Tribunal Supremo reafirmó su obligación de disciplinar a los abogados por infracciones éticas.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 28 de junio de 2023 en el caso de Gilda Marie Santos Iglesias v. Lester Lugo Oliveras. El Tribunal consideró una petición de certiorari. La resolución establece que la petición fue denegada ("provee no ha lugar"). Varios jueces emitieron opiniones separadas sobre la decisión. Los Jueces Asociados Martínez Torres y Kolthoff Caraballo señalaron su conformidad con la denegación basándose en los fundamentos expuestos previamente en el caso Cintrón Román v. Jiménez Echevarría y otros. La Jueza Asociada Pabón Charneco, a la cual se unieron los Jueces Asociados Rivera García y Feliberti Cintrón, también emitió un voto particular de conformidad, haciendo referencia a su postura en el caso Cintrón Román y reconociendo la evolución del tratamiento legal de los apellidos de los menores. Este voto particular de conformidad estuvo de acuerdo con el resultado de denegar la petición. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y los Jueces Asociados Estrella Martínez y Colón Pérez emitieron votos particulares disidentes. La resolución refleja la decisión del Tribunal de no revisar el caso mediante certiorari, con varios jueces expresando sus posiciones individuales y haciendo referencia a decisiones previas relacionadas.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda el término prescriptivo para las reclamaciones salariales de empleados gubernamentales. La Corte reafirma que dicho término es de tres años, contados desde la fecha en que el empleado deja de prestar servicios. Un punto central de la decisión es la aclaración sobre la retroactividad de estas reclamaciones. El Tribunal resuelve que las reclamaciones salariales de funcionarios gubernamentales no están limitadas a término retroactivo alguno. El caso se originó de una demanda que impugnaba la implementación del salario mínimo federal mediante un memorando de 1986 por agencias como el Departamento de Hacienda y el CRIM. Esta decisión establece precedentes claros sobre el plazo para presentar estas demandas y la ausencia de un límite retroactivo en la cantidad reclamada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones, en el caso AC-2022-0059 con fecha de 23 de junio de 2023, examinó la constitucionalidad de la colegiación compulsoria para los optómetras en Puerto Rico. La controversia central giraba en torno a si el requisito de afiliación obligatoria al Colegio de Optómetras interfería con el derecho a la libertad de asociación. Varios optómetras demandaron al Colegio, argumentando que cumplían los requisitos para ejercer pero no deseaban ser miembros. Sostuvieron que la existencia de una Junta Examinadora hacía innecesaria la colegiación obligatoria, ya que la Junta era el ente regulador principal. El Tribunal se planteó si la colegiación compulsoria era el medio menos restrictivo para regular la profesión y proteger la salud pública. La opinión, emitida por el Juez Asociado MARTÍNEZ TORRES, concluyó que la colegiación compulsoria no es indispensable para adelantar el interés del Estado. Por consiguiente, el Tribunal determinó que la disposición estatutaria que obliga a los optómetras a ser miembros del Colegio es inconstitucional.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 23 de junio de 2023. El documento aprueba y certifica los cambios de estatus a Abogado(a) Inactivo(a). Estos cambios fueron autorizados por el Tribunal durante el mes de mayo de 2023. La resolución detalla la lista de abogados y abogadas a quienes se les concedió dicho cambio de estatus. Se ordena la publicación de esta lista como constancia oficial de las autorizaciones. El Secretario del Tribunal Supremo certifica el acuerdo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la moción presentada por Bárbara Y. Villalona Viera solicitando su reinstalación al ejercicio de la abogacía. Tras considerar la solicitud y una certificación del Programa de Educación Jurídica Continua, el Tribunal emitió una Resolución. En la Resolución fechada 20 de junio de 2023, el Tribunal autorizó la reinstalación de la Lcda. Villalona Viera al ejercicio de la profesión legal, según lo solicitado. Se le advirtió que en el futuro deberá cumplir puntualmente con los requisitos de educación jurídica continua y las órdenes del Tribunal. Esta decisión permite a la abogada retomar su práctica profesional.

Resumen:

Este documento es una decisión *Per Curiam* del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, emitida el 16 de junio de 2023. Resuelve recursos de certiorari consolidados presentados por ciudadanos contra la Oficina de Gerencia de Permisos y QMC Telecom, LLC. La controversia central gira en torno a la validez y nulidad del Reglamento Conjunto de 2019 y el Reglamento Conjunto de 2020. El Tribunal busca brindar certeza a la comunidad jurídica sobre la vigencia de estos cuerpos normativos. Se aborda también el efecto prospectivo de la determinación judicial sobre dichos reglamentos. La decisión se enmarca en el Derecho Administrativo y responde a una interrogante persistente sobre la legalidad de las regulaciones de permisos.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico aprueba enmiendas a su Reglamento, efectivo el 14 de junio de 2023. Estas modificaciones, producto de la experiencia y discusiones colegiadas, buscan robustecer el trabajo judicial y lograr un Tribunal más eficiente y ágil. Se afinan las disposiciones que regulan el tracto de las decisiones en sus méritos y se clarifica el orden de eventos desde la presentación de un recurso hasta la certificación de una decisión. Las enmiendas también abordan lo concerniente a los sellos de rentas internas para admisión por cortesía en casos consolidados y reconocen el rol de la Secretaría. Se modernizan las disposiciones sobre comparecencias de amicus curiae y vistas orales para fomentar la accesibilidad y transparencia. Los cambios, en general, mejoran los trámites internos y facilitan la gestión para abogados y la comunidad. Específicamente, se enmiendan las Reglas 4, 5, 9, 12, 14, 25, 39, 41, 43 y 52 del Reglamento.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante Resolución de 9 de junio de 2023, aborda la composición del Comité Asesor Permanente de Reglamento Notarial. Este comité fue constituido originalmente por Resolución EC-2020-01. Se identifica que uno de sus integrantes, el Lcdo. Héctor L. Torres Vilá, ha dejado vacante su puesto. Para cubrir esta posición, el Tribunal nombra a la Hon. Vanessa López Ortiz como nueva miembro del comité. La Resolución reconoce y agradece el compromiso y la contribución del licenciado Torres Vilá durante su servicio. Esta designación tiene efecto inmediato a partir de la fecha de la Resolución.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 7 de junio de 2023 en el caso identificado como TS-15,108. La Resolución atiende la Petición de readmisión al ejercicio de la abogacía presentada por el señor Juan Carlos López Sepúlveda. Tras examinar la solicitud, el Tribunal determinó proveer ha lugar a la Petición. Por consiguiente, se autoriza la readmisión del señor Juan Carlos López Sepúlveda al ejercicio de la abogacía. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario. El Juez Asociado señor Rivera García no intervino en este asunto.