Muñoz Barrientos v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros

Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico examina si un miembro de la población correccional debe agotar remedios administrativos antes de demandar al Estado por daños y perjuicios. Jonathan Muñoz Barrientos instó una demanda por alegados daños emocionales sufridos debido a una presunta agresión por parte de oficiales correccionales. Los foros inferiores desestimaron la demanda, concluyendo que debía agotarse el proceso administrativo ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Tribunal Supremo revisó esta determinación mediante certiorari. Tras un análisis legal, el Tribunal concluyó que el Departamento de Corrección no está facultado por ley para conceder indemnización por daños y perjuicios. Por consiguiente, un miembro de la población correccional puede acudir directamente al foro judicial con su reclamación extracontractual. La decisión revoca la determinación de los foros inferiores que exigía el agotamiento administrativo. El incidente que motivó la demanda ocurrió en la Institución de Máxima Seguridad de Guayama 296.