Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 84)

Resumen:

Se revisan dos recursos relacionados con un proceso de divorcio entre el señor Edgardo Josué Barreto Rodríguez y la señora Johanna Monroig Tavárez. El recurso KLAN20230637, presentado por el señor Barreto Rodríguez, impugna una sentencia que concedió pensión alimentaria provisional a la señora Monroig Tavárez. El recurso KLAN202300994, incoado por la señora Monroig Tavárez, cuestiona una resolución que denegó designar un apartamento en San Juan como hogar seguro para sus hijos menores. La señora Monroig Tavárez argumentó su dependencia económica tras dedicarse al cuidado de su hijo con necesidades especiales y la necesidad del apartamento por la ubicación de la escuela especializada del menor. También solicitó pensión alimentaria provisional y excónyuge debido a su imposibilidad de trabajar. El tribunal confirma la sentencia del foro primario que concedió la pensión alimentaria provisional a la señora Monroig Tavárez. Asimismo, expide el auto de certiorari y revoca la resolución que denegó la designación del apartamento como hogar seguro. La sentencia aborda aspectos de sustento económico para la excónyuge y la necesidad de vivienda adecuada para los hijos en el contexto de la disolución matrimonial.

Resumen:

Sentencia judicial que resuelve dos recursos consolidados derivados de un proceso de divorcio entre el señor Edgardo Josué Barreto Rodríguez y la señora Johanna Monroig Tavárez. El recurso KLAN20230637, presentado por el esposo, impugna una pensión alimentaria provisional concedida a la esposa por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). El recurso KLAN202300994, incoado por la esposa, solicita revisar la denegatoria del TPI a designar un apartamento en San Juan como hogar seguro para sus dos hijos menores. La esposa argumentó dependencia económica tras dedicarse al cuidado a tiempo completo de su hijo con autismo severo, lo que le impide reinsertarse laboralmente, y la necesidad del apartamento por la escuela especializada de su hijo. El tribunal confirma la sentencia del TPI que concedió la pensión alimentaria provisional a la señora Monroig Tavárez. Asimismo, revoca la resolución del TPI que denegó la designación del apartamento como hogar seguro para los menores. La decisión aborda aspectos económicos y de vivienda relacionados con la disolución matrimonial y las necesidades de los hijos.

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El Municipio de Añasco presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra una resolución de la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos (DRA de la OGPe). La resolución impugnada devolvió a la Junta Adjudicativa de la OGPe un caso relacionado con una solicitud de permiso de extracción de corteza terrestre presentada por LLE Development Corporation. Inicialmente, la Junta Adjudicativa había denegado el permiso, lo que llevó a LLE a solicitar una revisión administrativa. Durante el proceso de revisión, LLE y la OGPe solicitaron conjuntamente que el caso fuera devuelto a la Junta Adjudicativa para una nueva evaluación. La DRA de la OGPe accedió a esta solicitud, a pesar de la oposición del Municipio de Añasco, que desconocía las razones para la devolución. El Municipio de Añasco recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones, alegando error de la DRA al permitir la devolución. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestimó el recurso de revisión judicial. La desestimación se basó en la determinación del tribunal de que carecía de jurisdicción para conocer del asunto.

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Presenta un listado de varios casos judiciales, principalmente procedimientos de Certiorari. Estos casos se originan en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Cobra Acquisitions, LLC aparece como la parte peticionaria en la mayoría de las disputas. Las partes recurridas son diversos municipios de Puerto Rico, incluyendo Utuado, Arroyo, Guayama, Ceiba, Gurabo, Guaynabo y Yabucoa. En algunos casos, también se incluyen la Autoridad de Energía Eléctrica y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico como recurridos. Los asuntos centrales de estos litigios son Sentencias Declaratorias, Arbitrios de Construcción y Patentes Municipales. El documento detalla el número de caso y un número identificador para cada procedimiento listado.

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Un confinado, Jonathan Román Bagué, solicitó al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) la corrección de su hoja de cómputos y sentencia, alegando duplicidad y la aplicación de la Ley Núm. 85-2022. El DCR respondió que la Ley Núm. 85 había sido aplicada y no se observaba duplicidad. Inconforme, Román Bagué presentó una Solicitud de Revisión de Decisión Administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. El recurrente planteó varios errores en la actuación del DCR. El Tribunal de Apelaciones procedió a verificar su jurisdicción para atender el recurso. Determinó que la respuesta del DCR fue notificada el 19 de diciembre de 2023. La solicitud de revisión fue entregada a los oficiales correccionales el 24 de enero de 2024. Aplicando la norma para confinados, la fecha de presentación es el 24 de enero de 2024. Este plazo excede los treinta días permitidos para recurrir desde la notificación. Por lo tanto, el Tribunal concluyó que carece de jurisdicción para considerar el recurso por haber sido presentado tardíamente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de certiorari instado por Diego Ronaldo Joaquín Cruz contra su padre, Juan Marcos Joaquín. El joven impugnó órdenes del Tribunal de Primera Instancia del 4 de enero de 2024. Dichas órdenes relevaron al padre del pago de pensión alimentaria al alcanzar el hijo la mayoría de edad y requirieron a este último presentar un pleito independiente sobre alimentos entre parientes. El hijo argumentó que aún necesitaba sustento por ser estudiante universitario con necesidades especiales. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó las órdenes recurridas. Dejó sin efecto el relevo de la obligación alimentaria y el requisito de iniciar un nuevo caso. Además, declaró con lugar la moción en auxilio de jurisdicción. Se restituyó provisionalmente el cincuenta por ciento de la pensión alimentaria fijada al padre. El caso se remite para que se establezca la pensión alimentaria final que proceda, considerando la obligación dual de ambos progenitores.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimó un recurso de certiorari presentado por los actuales dueños de una propiedad hipotecada. Los peticionarios buscaban la revisión de un mandamiento de ejecución de sentencia emitido por el Tribunal de Primera Instancia, que ordenaba la venta judicial del inmueble. El caso se originó por una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por una cooperativa de ahorro y crédito. La hipoteca fue constituida originalmente en 2008 por los deudores hipotecarios iniciales. Los peticionarios adquirieron la propiedad en 2013, alegando que intentaron sustituir al deudor con conocimiento de la cooperativa, quien supuestamente se negó pero continuó aceptando pagos. La cooperativa demandó tras el impago de la deuda, invocando una cláusula de aceleración y la alegada falta de conocimiento de la compraventa. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia y emitió el mandamiento de ejecución. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar la solicitud, decidió desestimar el recurso de los peticionarios.

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El Tribunal de Apelaciones emite una resolución denegando un recurso de certiorari presentado por Jaime De León Hernández. El peticionario solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo. Dicha determinación declaró No Ha Lugar su petición para enmendar su sentencia. El señor De León Hernández argumentó que debía aplicarse retroactivamente la Ley de Armas de 2020 (Ley 168-2019). Sostuvo que esta ley es más benévola respecto a la pena por posesión de arma de fuego sin licencia, delito por el cual fue sentenciado a 20 años bajo la derogada Ley de Armas de 2000 (Ley 404-2000). El foro primario denegó la solicitud al considerar que la Ley de 2020 no resultaba beneficiosa ni reducía la pena para los delitos imputados. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción, deniega la expedición del auto solicitado.

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Se presenta una sentencia de un panel judicial en Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Manuel E. Figueroa Agosto solicitó la revisión de la Sentencia Parcial que desestimó sumariamente sus causas de acción por represalias y despido injustificado contra NUC University. Figueroa Agosto había presentado una querella laboral alegando despido injustificado como profesor tras presentar quejas internas y reclamando salarios adeudados. Argumentó violación de las leyes de despido injustificado y represalias. NUC University negó las alegaciones, afirmando que el despido se debió a conducta impropia, insubordinación y negativa a cumplir tareas asignadas. La universidad solicitó sentencia sumaria, argumentando que no existían hechos materiales en controversia. Figueroa Agosto se opuso, alegando que sus quejas sobre cambios en funciones eran actividades protegidas y que existían hechos controvertidos. El Tribunal de Primera Instancia concedió parcialmente la sentencia sumaria, desestimando las reclamaciones de represalias y despido injustificado. El panel judicial, tras revisar los fundamentos, confirma la Sentencia Parcial recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por Baloncesto Superior Nacional Corp. (BSN) contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Los apelados son padres que representan a sus hijos menores de edad, quienes alegan ser "hijos de franquicia". El caso versa sobre un interdicto preliminar y permanente, sentencia declaratoria y daños y perjuicios. El foro primario había declarado Ha Lugar la solicitud de injunction permanente de los apelados, ordenando al BSN a cesar la aplicación retroactiva de una enmienda al Art. 20.1 de su Reglamento General. Dicha enmienda eliminó la capacidad de las franquicias para reservar jugadores como "hijos de franquicia", obligándolos a participar en el sorteo de nuevo ingreso. Los apelados argumentaron que esto laceraba derechos adquiridos bajo la reglamentación anterior. El BSN se opuso, alegando falta de jurisdicción, ausencia de partes indispensables y que no concurrían los elementos para el interdicto. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones revoca el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de revisión contra una decisión de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). El recurrente, José Luis Rivera Hernández, solicitó una Consulta de Ubicación para segregar una finca en Adjuntas. La solicitud implicaba la creación de lotes, incluyendo uno con una estructura residencial, en una propiedad zonificada como "Industrial Liviano" (I-L). La OGPe declaró la solicitud "No Favorable", argumentando que el uso residencial no es el mejor uso para terrenos industriales y no se justificaba una variación. El recurrente solicitó reconsideración y revisión administrativa, señalando que la OGPe había autorizado previamente servicios para uso residencial en la propiedad. Aunque un Oficial Examinador recomendó aprobar la segregación durante la revisión administrativa, la OGPe mantuvo su decisión de denegación. El documento presenta el trasfondo fáctico y procesal que llevó el caso ante el Tribunal de Apelaciones para la revisión judicial de la determinación administrativa final de la OGPe.

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Lista de varios casos judiciales identificados con números KLCE, que incluyen procedimientos de Certiorari. Estos casos provienen del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. En la mayoría de las instancias, COBRA ACQUISITIONS, LLC figura como la parte peticionaria. Las partes recurridas son diversos municipios de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Estado Libre Asociado. Los asuntos principales tratados en estos litigios son Sentencias Declaratorias, Arbitrios de Construcción y Patentes Municipales. La lista abarca casos relacionados con los municipios de Utuado, Arroyo, Guayama, Ceiba, Gurabo, Guaynabo y Yabucoa. Cada entrada detalla el número de caso original y las partes involucradas. El documento sirve como un índice o registro de estos procesos judiciales.

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El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una Orden del Tribunal de Primera Instancia que resolvió sobre un memorando de costas y honorarios. El litigio original versó sobre una acción resolutoria de contrato y daños relacionados con la instalación de un sistema de placas solares. El foro primario dictó sentencia a favor de los peticionarios, ordenando la resolución del contrato, la devolución del dinero pagado e imponiendo honorarios de abogado por temeridad. Tras la confirmación de la sentencia en apelación, los peticionarios presentaron un memorando detallando gastos incurridos, como honorarios de perito, deposiciones y otros desembolsos. La Orden recurrida aprobó únicamente \$1,200 de los gastos reclamados, correspondientes a una parte de los honorarios del perito. Los peticionarios acudieron en certiorari solicitando la revocación de dicha Orden. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado y revocó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.

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Anthony Hernández Edwards solicitó revisión judicial de una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El señor Hernández había pedido cambiar su estatus de custodia protectiva a población general por motivos de salud y seguridad. El DCR denegó la solicitud basándose en una instrucción interna que establece que quien pide custodia protectiva permanece en ella por el resto de su sentencia. Tras denegarse su solicitud administrativa y reconsideración, el recurrente acudió a los tribunales. La corte revisó la actuación administrativa para asegurar que se ajustara a la ley y fuera razonable. Se examinó si las conclusiones de derecho del DCR eran correctas. El panel judicial determinó revocar la resolución del DCR. El caso se devuelve a la agencia. El DCR deberá proceder conforme a lo solicitado por el señor Hernández en su escrito.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por El Pueblo contra Airam Stevie Texidor Falú. El Pueblo impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó dos cargos criminales contra el recurrido. Los cargos eran por infracción al Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas (posesión con intención de distribuir marihuana y cocaína). El TPI había declarado Ha Lugar una moción de desestimación al amparo de la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal. El Pueblo solicitó reconsideración de dicha decisión, la cual fue denegada por el TPI. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado por la parte peticionaria. Tras revisar el caso, el panel revoca la sentencia emitida por el TPI que había ordenado la desestimación de los cargos. La sentencia detalla el historial procesal del caso en el foro primario, incluyendo las múltiples suspensiones de la vista preliminar antes de que se determinara causa para acusación.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari presentado por el Municipio de Cataño. El Municipio solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria en un caso de daños y perjuicios. Daisy Guzmán Román demandó al Municipio tras sufrir una caída en una acera, alegando negligencia municipal por falta de mantenimiento e iluminación. El Municipio, al solicitar sentencia sumaria, argumentó que la acera pertenecía al Estado, no a ellos, presentando una certificación a esos efectos. Guzmán Román se opuso, presentando una certificación previa del propio Municipio que indicaba que la acera sí estaba bajo su control, creando una controversia fáctica sobre la titularidad y mantenimiento. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existía una disputa de hechos materiales y denegó la sentencia sumaria. El Municipio acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para impugnar esta decisión. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar el recurso, denegó la expedición del auto solicitado. Esto confirma la decisión del foro primario de no dictar sentencia sumaria, permitiendo que el caso continúe.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre recursos de certiorari presentados por Triple-S Propiedad, Inc. La aseguradora impugnó dos determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en un litigio por daños de huracán con el Condominio Costa Brava. Triple-S cuestionó la exclusión de transcripciones de deposiciones por parte del foro primario. El Tribunal de Primera Instancia excluyó las transcripciones por incumplimiento con las reglas de notificación, permitiendo el uso de los audios. Triple-S también recurrió la imposición de honorarios de abogado e intereses legales en su contra. Argumentó que dichas imposiciones eran improcedentes en esa etapa procesal y sin determinación de temeridad o mala fe. El caso principal ya había sido objeto de una apelación previa donde se ordenó a Triple-S pagar una suma parcial no controvertida. Tras evaluar los fundamentos presentados por Triple-S, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de los recursos de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consolidó dos recursos de certiorari provenientes del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. Estos recursos fueron presentados por Eduardo Feliciano López y las corporaciones Fabrixs y Fabrics. Los peticionarios buscaban la revocación de dos resoluciones del foro primario que denegaron sus peticiones de desestimación. Dichas peticiones se fundamentaban en la impugnación del emplazamiento realizado por edicto en una demanda por daños y otros. El demandante, Bryan Siamak Afshar, había incoado la acción original por incumplimiento de contrato y daños. Tras la consolidación, el Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar los méritos de los recursos. La sentencia del Tribunal de Apelaciones resuelve expedir el auto de certiorari en ambos casos y revocar las dos resoluciones recurridas del Tribunal de Primera Instancia.

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Comparecen José Antonio Figueroa y Carmen M. Colón Rolón solicitando la revocación de una orden interlocutoria emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha orden, de 22 de enero de 2024, declaró no ha lugar una segunda solicitud de desestimación de la demanda presentada por el Municipio de Orocovis. La solicitud de desestimación se basaba en la alegada falta de jurisdicción sobre la persona por ausencia de emplazamientos. El TPI ya había denegado una primera moción de desestimación con los mismos fundamentos el 18 de octubre de 2023. Esa primera orden no fue objeto de reconsideración ni revisión judicial. El TPI denegó la segunda moción indicando que el asunto ya había sido resuelto previamente. Tras evaluar el recurso presentado contra la segunda denegatoria, el panel judicial decide desestimarlo. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del propio panel para atender el recurso.

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El documento enumera varios procedimientos judiciales de Certiorari identificados por números de referencia (KLCE202400118 a KLCE202400129). Estos casos provienen del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. En la mayoría de los litigios listados, Cobra Acquisitions, LLC aparece como la parte Peticionaria. Las partes Recurridas son diversos municipios de Puerto Rico, incluyendo Utuado, Arroyo, Guayama, Ceiba, Gurabo, Guaynabo y Yabucoa. Con frecuencia, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico también figuran como partes recurridas. Los asuntos principales en controversia son Sentencias Declaratorias, Arbitrios de Construcción y Patentes Municipales. Cada entrada detalla el número de caso original del Tribunal de Primera Instancia. Este listado parece compilar una serie de disputas legales relacionadas con impuestos y regulaciones municipales que involucran a Cobra Acquisitions, LLC.

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FirstBank Puerto Rico acude al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari tras la denegación de su Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial por el Tribunal de Primera Instancia. El caso original fue instado por Víctor Gabriel Rosario Durán, quien alegó despido injustificado bajo la Ley Núm. 80 y reclamó beneficios y pagos adeudados. Rosario Durán sostuvo que su cesantía se debió a un viaje personal realizado durante la pandemia fuera de horas laborables. FirstBank argumentó que el despido estuvo justificado porque el empleado desobedeció instrucciones directas de su supervisor y violó la política de viajes de la institución durante el COVID-19. Dicha política requería que los empleados se ausentaran por cinco días y se hicieran una prueba al regresar de un viaje. La solicitud de sentencia sumaria de FirstBank se basó en la deposición de Rosario Durán, donde admitió que su supervisor le indicó que no podía viajar debido a la política y la ausencia requerida. A pesar de la instrucción, Rosario Durán procedió a comprar el pasaje y realizar el viaje. FirstBank afirmó que esta desobediencia constituía causa justa para el despido, eximiéndolo de las obligaciones de la Ley 80. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora si el foro primario erró al determinar que existía una controversia de hechos que impedía dictar sentencia sumaria a favor del banco.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de Certiorari. El peticionario, Alberto Salas Román, impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia. La acción original era una Petición sobre expediente de dominio para inscribir una finca en San Sebastián. El peticionario alegó poseer la propiedad por 32 años mediante compraventa privada. El Tribunal de Primera Instancia denegó la petición por no cumplir con requisitos de segregación. El peticionario argumenta que la finca tiene identidad propia y que se violó el debido proceso. El Procurador General se opuso, señalando que la finca es parte de una mayor sin evidencia de segregación. El Tribunal de Apelaciones revisa el caso bajo el procedimiento de expediente de dominio. Se considera el Art. 185 de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria y sus requisitos. El tribunal se dispone a emitir su fallo sobre la controversia planteada.

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Un confinado presentó una demanda por daños y violación de derechos contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y varios funcionarios. Debido a su confinamiento, tuvo dificultades para diligenciar los emplazamientos, por lo que el tribunal autorizó a los alguaciles a hacerlo. Aunque algunos funcionarios fueron emplazados, tres no pudieron serlo. El demandante desistió del caso contra el DCR para continuar solo contra los funcionarios en su carácter personal. El tribunal de primera instancia desestimó sin perjuicio la demanda contra los tres funcionarios no emplazados por no cumplir con el término de 120 días para el emplazamiento. El demandante recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, cuestionando la desestimación de estos tres codemandados y alegando fallas en el diligenciamiento. Mientras el recurso estaba pendiente, el tribunal de primera instancia desestimó la totalidad del caso por falta de interés en su tramitación, específicamente por la inacción del demandante en obtener representación legal. La Oficina del Procurador General informó al Tribunal de Apelaciones sobre esta desestimación total y la situación de las partes. Este documento del Tribunal de Apelaciones presenta el historial procesal de la demanda y el recurso de certiorari.

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El documento contiene un listado de varios casos judiciales, principalmente procedimientos de Certiorari. Cobra Acquisitions, LLC aparece como Peticionario en la mayoría de estas acciones legales. Los demandados (Recurrida) son diversos municipios de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Estado Libre Asociado. Todos los casos listados se originan en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Las materias principales de las disputas incluyen Sentencias Declaratorias, Arbitrios de Construcción y Patentes Municipales. Cada entrada en el listado detalla las partes involucradas, el número de caso original y el asunto legal. El documento identifica estos casos con números KLCE que van desde el 202400118 hasta el 202400129.

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Heriberto García Parra, confinado, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitaba la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios contra la técnica sociopenal Johan M. Dávila Rivera. García Parra alegó que la conducta de la recurrida y la omisión en registrar su lista de visitantes le causaron daños, impidiendo la visita de su hijo. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda aplicando las doctrinas de impedimento colateral e inmunidad condicionada, y concluyendo que no se expuso una reclamación que justificara un remedio. El peticionario argumentó contra la aplicación de dichas doctrinas. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, determinó desestimarlo. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para atender el certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de certiorari instado por Medical Card System, Inc. contra Horizon Accounting and Consulting Firm, Corporation. El recurso impugnaba una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez en un caso sobre cobro de dinero y daños contractuales. La resolución apelada indicaba que una moción de desestimación presentada por los peticionarios no estaba pendiente de adjudicación. Los peticionarios alegaron que el foro primario erró al considerar resuelto el planteamiento de falta de legitimación activa sin atender sus méritos. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición, la oposición y el historial procesal. Aplicando el principio de no intervención con la discreción del foro primario salvo abuso manifiesto, el tribunal evaluó los argumentos. Concluyó que la parte peticionaria no logró demostrar que el tribunal de instancia hubiera cometido un error que justificara la intervención apelativa en esta etapa. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso de certiorari, tratado como apelación, presentado por la madre en un caso de divorcio. La madre impugna dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia relativas a la pensión alimentaria de su hijo mayor de edad. El tribunal de instancia relevó al padre del pago de pensión para el hijo, quien supuestamente es incapaz. Posteriormente, denegó solicitudes de la madre relacionadas con el proceso de declaración de incapacidad del hijo y una pensión provisional. La madre alega que el hijo padece autismo y que el tribunal de instancia no siguió el procedimiento adecuado para partes incapacitadas, incluyendo la posible designación de un defensor judicial. Presentó evidencia de la condición del hijo y su historial de educación especial. El Tribunal de Apelaciones anticipa revocar las resoluciones recurridas. El caso se centra en la obligación de sustento del padre hacia el hijo adulto ante su alegada incapacidad.

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Sentencia de un panel judicial en Puerto Rico resolviendo una apelación. La apelante, Milagros López Cotto, impugna una Sentencia Sumaria previa del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había desestimado con perjuicio su querella contra Bayamón Medical Center (BMC). La querella original alegaba despido injustificado, discrimen y represalias. La apelante, enfermera, fue despedida tras agotar licencia por incapacidad y alegar denegación de acomodo razonable. BMC sostuvo que la terminación fue conforme a derecho bajo la Ley Núm. 4, al no poder la empleada realizar sus tareas tras agotar el beneficio. El TPI concluyó que el despido fue justificado y legal. El panel judicial actual confirma la Sentencia apelada del TPI.

Resumen:

El documento presenta un listado de varios casos judiciales identificados con números KLCE, como KLCE202400118 hasta KLCE202400129. Cada entrada corresponde a un recurso de Certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. En la mayoría de estos casos, COBRA ACQUISITIONS, LLC figura como la parte peticionaria. Las partes recurridas son diversos municipios de Puerto Rico, incluyendo Utuado, Arroyo, Guayama, Ceiba, Gurabo, Guaynabo y Yabucoa. Frecuentemente, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico también aparecen como recurridos. Los asuntos principales de estas disputas legales abarcan Sentencias Declaratorias, Arbitrios de Construcción y Patentes Municipales. El listado detalla el número de caso original en el tribunal de instancia y las partes involucradas en cada procedimiento de Certiorari. Sirve como un registro conciso de estos recursos judiciales específicos.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso presentado por una asociación en representación de Marilyn Exclusa Rivera. La apelación busca revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su demanda. La demanda original fue instada contra la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), su patrono, y un compañero de trabajo. En ella, la señora Exclusa Rivera alegó haber sido víctima de agresión y hostigamiento sexual por parte del compañero. También reclamó que la CFSE no actuó diligentemente ante sus denuncias, creando un ambiente de trabajo hostil. Los demandados negaron las alegaciones y la CFSE argumentó que realizó una investigación que no probó el hostigamiento y que tomó medidas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda al considerar que no exponía una reclamación plausible. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la sentencia apelada que desestimó el caso.

Resumen:

La Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR) apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar la Demanda de Gilberto J. Alvarado Díaz. Alvarado Díaz inició una acción reivindicatoria reclamando la posesión de la finca número 865, alegando que Kéfruits LLC la ocupaba bajo un contrato de arrendamiento con la ATPR. La ATPR intervino en el caso, argumentando que Kéfruits mantenía un contrato de arrendamiento con la agencia sobre una propiedad distinta de 225.25 cuerdas, sin relación con la finca 865. Kéfruits también negó ocupar la finca 865 y presentó una reconvención. El foro primario había fallado a favor del señor Alvarado Díaz. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la decisión apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación criminal. El apelante, Daniel Alberto Martínez Martínez, impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Coamo. Dicha sentencia lo declaró culpable de violar el Artículo 7.02 de la Ley de Tránsito por conducir bajo los efectos del alcohol. Se le impuso una pena como reincidente por tercera vez, incluyendo multa, servicio comunitario, revocación de licencia, confiscación de vehículo y cárcel. La intervención inicial se basó en el uso de luces de alta intensidad, lo que llevó a detectar signos de embriaguez y una prueba de aliento de 0.164%. El apelante alegó errores sobre la suficiencia de la prueba, la constitucionalidad de la ley sobre luces y el conocimiento judicial de sentencias previas. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones concluye que procede confirmar la Sentencia apelada.

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Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Oscar Santamaría Torres, peticionario en un caso de daños procedente del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Solicita la revocación de una Orden del foro primario que declaró No Ha Lugar su Moción de Desestimación por Insuficiencia en el Emplazamiento. Dicha moción argumentaba que el emplazamiento, relacionado con una demanda contra tercero interpuesta por el Municipio de Cidra, se realizó fuera del término de 120 días. El peticionario también pide la paralización de los procedimientos y la revocación de órdenes posteriores que le anotaron la rebeldía y ordenaron una deposición. El Tribunal de Apelaciones adelanta que desestimará el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción para atender el certiorari presentado. Se exponen los hechos procesales pertinentes para comprender los asuntos ante la consideración de este panel.

Resumen:

El documento presenta un listado de varios casos judiciales. Se trata de procedimientos de Certiorari originados en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Cobra Acquisitions, LLC figura como parte principal, actuando como peticionario en la mayoría de los casos. Los recurridos incluyen a diversos municipios de Puerto Rico, como Utuado, Arroyo, Guayama, Ceiba, Gurabo, Guaynabo y Yabucoa. También se mencionan la Autoridad de Energía Eléctrica y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico como partes recurridas en algunos casos. Los asuntos legales tratados varían, abarcando Sentencias Declaratorias, Arbitrios de Construcción y Patentes Municipales. Cada entrada detalla el número de caso, las partes y la materia sobre la que versa el litigio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso entre Banco Popular y un Consejo de Titulares. La controversia central es si el Banco es un "adquirente involuntario" de una propiedad adquirida en subasta tras ejecutar una hipoteca. El Banco alegó ser involuntario por adquirir la propiedad solo para proteger su acreencia, no como negocio principal. El Condominio sostuvo que el Banco era voluntario y debía pagar todas las cuotas de mantenimiento acumuladas. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente desestimó la demanda del Banco, pero luego reconsideró y dejó sin efecto la desestimación. El Condominio recurrió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones determina que, según las propias alegaciones del Banco, este es un adquirente voluntario. Esto se debe a que el Banco adquirió voluntariamente el crédito hipotecario original de otra entidad. La adquisición de la propiedad en subasta fue una consecuencia de la ejecución de ese crédito adquirido voluntariamente. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI erró al no desestimar la demanda del Banco.

Resumen:

El Municipio de Vieques presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revocación de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución ordenó al Municipio pagar una Sentencia a Aluma Construction Corporation. El TPI determinó que el Municipio estaba obligado al pago sin poder acogerse al Artículo 8 de la Ley Núm. 66-2014. El foro primario consideró que el Municipio estaba expresamente excluido de la aplicación de esa disposición legal. La Sentencia original se fundamentó en un Acuerdo de Transacción alcanzado en 2017 en un pleito de cobro de dinero por obras realizadas. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado por el Municipio. Finalmente, el Apelativo revocó la Resolución emitida por el TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelante, Yeseida Cruz Hernández, solicita la revocación de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su reclamación. La demanda original surgió de un accidente donde la apelante sufrió lesiones al caer en un hueco en una carretera. Inicialmente demandó al Municipio de Corozal y otros, pero el municipio fue desestimado al certificarse que la vía era estatal. El pleito continuó contra el Estado Libre Asociado y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, representados por la Autoridad de Carreteras y Transportación y su aseguradora Mapfre. La Sentencia Parcial apelada desestimó la reclamación contra estas últimas entidades. El Tribunal de Apelaciones anticipa la revocación de dicho pronunciamiento judicial. El documento detalla el historial procesal del caso, incluyendo la presentación de la demanda y las gestiones de descubrimiento de prueba. La controversia principal gira en torno a la corrección de la desestimación de la acción contra los apelados estatales.

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El Ateneo Puertorriqueño presentó un recurso de certiorari para revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha decisión declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria instada por el Ateneo. La solicitud de sentencia sumaria se presentó en el marco de una querella por despido injustificado, incumplimiento de contrato y represalias radicada contra el Ateneo por la Sra. Minerva Rodríguez Reyes. El Ateneo había negado las alegaciones y argumentado que el despido, si ocurrió, fue justificado. El TPI, al denegar la sentencia sumaria, consideró varios hechos no controvertidos sobre el historial laboral de la Sra. Rodríguez Reyes, pero concluyó que persistían controversias materiales. El panel de jueces examinó el expediente y determinó denegar el auto de certiorari, confirmando así la decisión del TPI de no dictar sentencia sumaria a favor del Ateneo.

Resumen:

Se trata de una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. La Sucesión de Magdalena González Villarrubia demandó al Dr. Erick G. Cruz y otros por daños y perjuicios alegando negligencia médica que causó su fallecimiento. El Dr. Cruz presentó una Moción de Sentencia Sumaria argumentando que la acción estaba prescrita. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción y desestimó el pleito contra el Dr. Cruz por entender que la acción había prescrito. La parte demandante apeló esta Sentencia Sumaria Parcial ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Por los fundamentos que expondrá, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Sentencia Sumaria Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Un panel de jueces deniega un recurso de certiorari presentado por el Lcdo. Christian J. Francis Martínez y su bufete. Buscaban revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Caguas que les negó la regrabación de una vista. El TPI fundamentó su denegatoria en que el Lcdo. Francis Martínez ya no era abogado en el pleito de expropiación forzosa instado por el Municipio Autónomo de Caguas. El Municipio había anunciado nueva representación legal previamente. El TPI instruyó remover al Lcdo. Francis Martínez de las notificaciones del caso. El Lcdo. Francis Martínez solicitó la regrabación de una vista a la que compareció el 8 de noviembre de 2023. Tras la denegatoria del TPI y la negación de reconsideración, recurrió en certiorari. El Municipio de Caguas argumentó que el peticionario carecía de legitimación activa al no ser parte ni representante en el caso. La sentencia concluye denegando el recurso presentado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión administrativa de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). El recurrente, José Hiram Soto Rivera, Alcalde de Adjuntas, solicitó revocar la resolución de la OEG que lo encontró responsable de violaciones a la Ley de Ética Gubernamental (Ley Núm. 1-2012). La OEG imputó al Alcalde infringir los artículos 4.2(s) y 4.3(d) de dicha ley. Las violaciones se relacionan con el otorgamiento de dos contratos y dos enmiendas a FERCON LLC, representada por Roberto Fernandini Torré. El señor Fernandini Torré es sobrino del Director de Obras Públicas del Municipio, nombrado por el Alcalde. La OEG determinó que estos contratos fueron otorgados sin la consulta previa requerida por ley, configurando cuatro violaciones. Por estas infracciones, la OEG impuso multas al Alcalde. Tras evaluar el recurso de revisión judicial, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución emitida por la Oficina de Ética Gubernamental.

Resumen:

Richard Machado Ortiz solicitó la declaración de incapacidad de su padre, el Doctor Richard Machado González, y el nombramiento de un tutor. Alegó que sus hermanos, apoderados de su padre, incurrían en explotación financiera y le negaban tratamiento médico. El peticionario afirmó que su padre estaba incapacitado antes de otorgar el poder duradero y pidió un tutor provisional y detener las acciones de los apoderados. Manifestó que no podía obtener evaluaciones médicas objetivas porque sus hermanos le negaban acceso a la información. El Doctor Machado González solicitó la desestimación del caso, argumentando que era un intento repetido de incapacitarlo tras un pleito anterior. Sostuvo que la petición de exámenes médicos era una "expedición de pesca" intrusiva y que la ley del caso ya había sido definida. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la petición de incapacidad e impuso honorarios al peticionario. El peticionario recurrió esta Sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari, revocó la Sentencia apelada y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. Los peticionarios, Antonio García Villanueva y Myriam Villanueva Vega, impugnan la desestimación de su Petición ex parte de expediente de dominio por el Tribunal de Primera Instancia. Buscaban inscribir una finca no registrada adquirida por compraventa. El foro primario desestimó la petición por entender que no se había cumplido con la aprobación de segregación por OGPe. Los peticionarios argumentaron que dicha aprobación solo es requerida cuando la finca de mayor cabida está inscrita, lo cual no ocurría en su caso. Sostuvieron que el procedimiento para fincas no inmatriculadas se rige por el Artículo 185 de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. Alegaron que el Tribunal de Primera Instancia erró al denegar su derecho a inscribir y al aplicar incorrectamente los requisitos de segregación. El Tribunal de Apelaciones revisa la controversia para determinar si la desestimación fue correcta.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación sobre un caso de preterición e impugnación de testamento. La apelación cuestiona la decisión de un tribunal de primera instancia que anuló un testamento otorgado bajo el Código Civil de 1930 por preterición de la viuda, declarándola única heredera universal. El testador falleció bajo la vigencia del Código Civil de 2020, habiendo omitido a su esposa en el testamento que designaba legatarios. Los apelantes sostienen que el foro primario aplicó erróneamente la ley al anular el testamento en lugar de modificarlo. El Tribunal de Apelaciones explica que, según el artículo 1816 del Código Civil de 2020, la herencia se rige por este código, pero se deben respetar las disposiciones testamentarias en cuanto sea posible. Asimismo, la preterición de un legitimario, como el cónyuge supérstite, no conlleva la nulidad de la institución de herederos. Conforme al artículo 11182 del Código de 2020, lo procedente es modificar las disposiciones testamentarias para asegurar que el legitimario reciba su legítima, que para el cónyuge es la mitad del caudal. El Tribunal adelanta que, por estos fundamentos, revocará la sentencia del tribunal de primera instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación. La apelación fue presentada por Colegio Mi Cuido y Educación, Inc. contra la Junta de Planificación y Elizabeth Gómez Acevedo y Raúl Ortiz Dávila. El recurso proviene de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao. El caso original trataba sobre una Demanda de Injunction Estatutario presentada por la Junta de Planificación. La demanda se basó en una querella previa de Colegio Mi Cuido sobre alegadas violaciones de planificación en una propiedad. La Junta de Planificación investigó y determinó la existencia de una construcción no autorizada y la falta de un Permiso de Uso para el comercio operando. Tras notificar a los propietarios y denegar su solicitud de reconsideración, la Junta acudió al tribunal para solicitar el injunction. Colegio Mi Cuido intervino en el proceso judicial y apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirmó el dictamen apelado.

Resumen:

El señor Ángel Adorno Conde apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella laboral contra Amgen Manufacturing Limited mediante sentencia sumaria. El querellante alegó haber sido despedido en represalia por solicitar una investigación sobre un incidente con su supervisora, la señora Teresita Rivera. Según el querellante, la supervisora le gritó sin motivo y luego lo acusó falsamente de haberla tocado, lo que él negó solicitando corroboración con testigos y videos. Amgen, por su parte, sostuvo que el despido se debió a razones legítimas de negocio, específicamente por agresión y contacto físico del querellante con la supervisora. La querella se basó exclusivamente en la Ley de Represalias (Ley 115), no en la Ley de Despidos Injustificados (Ley 80). El foro primario concedió la sentencia sumaria a favor de Amgen al concluir que el señor Adorno Conde no demostró pertenecer a la clase protegida por la Ley 115. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, determinó confirmar la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en revisión judicial de una determinación del Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.). El caso enfrenta al Consejo de Titulares de Patio Señorial contra PPG Architectural Coatings y RM General Contractors. La disputa se originó por alegados defectos en la pintura aplicada al condominio y el cumplimiento de una garantía de cinco años. El Consejo de Titulares presentó una querella ante el D.A.Co. tras reclamar a PPG por el deterioro de la pintura. PPG negó responsabilidad, atribuyéndola al contratista y a la falta de mantenimiento, además de invocar cláusulas de la garantía y un acuerdo transaccional previo. El D.A.Co. determinó que PPG y RM debían honrar la garantía, aunque reconoció que el deterioro se debía mayormente a falta de mantenimiento y humedad. PPG apeló la decisión del D.A.Co. ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones modificó la determinación del D.A.Co. La modificación consistió en relevar a PPG de la responsabilidad basada en la garantía según lo determinado por la agencia. Así modificada, la sentencia del D.A.Co. fue confirmada.

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Roberto Quiñones López presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El peticionario impugnaba una resolución del Tribunal de Primera Instancia que determinó que las penas impuestas en su sentencia, por delitos de asesinato y Ley de Armas, debían cumplirse de forma consecutiva. Quiñones López, quien cumple una sentencia total de 45 años, argumentaba que la ley permitía el cumplimiento concurrente de sus penas. El Tribunal de Apelaciones revisó la solicitud y los criterios para la expedición de un auto de certiorari. Tras examinar el expediente, el panel denegó la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso laboral por alegado despido injustificado. Clean Harbors Caribe, Inc. (CHC) comparece mediante Recurso de Certiorari contra Gilda N. Irizarry Carlo. El caso se tramita bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. CHC recurre de la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Solicitud de Sentencia Sumaria. CHC argumentó que el despido fue por justa causa (reorganización) y que la oposición de la recurrida fue tardía. El foro primario concluyó que existían hechos en controversia que impedían la sentencia sumaria. La señora Irizarry Carlo solicitó la desestimación del recurso, alegando que desvirtuaba el carácter sumario del procedimiento. El Tribunal de Apelaciones, mediante Resolución de 29 de febrero de 2024, DENIEGA la expedición del auto de certiorari solicitado por CHC.