Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 70)

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve un recurso de revisión judicial presentado por Elda González Santiago contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La señora González Santiago había presentado una querella ante el DACo para impugnar una asamblea del Condominio Santa Rita. El DACo desestimó la querella sumariamente por no incluir una certificación de no deuda con el condominio. La querellante solicitó reconsideración ante el DACo, pero esta fue desestimada por falta de jurisdicción, al no certificar haber notificado a la parte recurrida. La señora González Santiago acudió entonces al Tribunal de Apelaciones, alegando errores del DACo. El Tribunal de Apelaciones analizó los requisitos procesales para la reconsideración administrativa. Concluyó que la omisión de certificar la notificación de la reconsideración a la parte adversa constituyó un defecto jurisdiccional ante el propio DACo. Al existir este defecto jurisdiccional a nivel administrativo, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para revisar la decisión del DACo. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Enrique H. Questell Alvarado, impugna una resolución del Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Dicha resolución lo encontró sumariamente responsable de violaciones a la Ley Orgánica de la OEG y le impuso una multa de $42,000. También solicita la revisión de órdenes interlocutorias del Oficial Examinador de la OEG. Entre las órdenes recurridas se encuentra la denegación de una moción de resolución sumaria y la prohibición del uso de deposiciones como mecanismo de descubrimiento de prueba. La OEG había presentado una querella contra Questell Alvarado por múltiples infracciones al Artículo 4.3(d) de su ley orgánica. El recurrente negó las imputaciones y cuestionó el proceso investigativo de la OEG. El Oficial Examinador limitó el descubrimiento de prueba, impidiendo las deposiciones solicitadas por Questell Alvarado. Tras examinar el recurso, el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones procedió a revocar el dictamen recurrido.

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Resolución de un panel judicial sobre una petición de certiorari presentada por Oscar Santamaría Torres. Santamaría Torres recurre de varias determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en un pleito donde fue incluido como tercero demandado. El caso principal fue iniciado por Waste Collection Corp. (WCC) contra el Municipio de Cidra por incumplimiento de un contrato de recogido de desperdicios sólidos. WCC reclamó daños y perjuicios tras la cancelación unilateral del contrato por el nuevo alcalde. El Municipio de Cidra contestó la demanda, reconvino contra WCC y presentó una demanda contra tercero contra Santamaría Torres. El Municipio alegó que WCC incumplió el contrato y que este debía ser declarado nulo debido a la declaración de culpabilidad de Santamaría Torres en un caso federal de corrupción. Santamaría Torres apeló la denegatoria de su moción de desestimación y dos anotaciones de rebeldía por no presentar su alegación responsiva. El tribunal revisó los antecedentes del caso y los argumentos de las partes. Finalmente, el panel judicial denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Santamaría Torres.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Mayagüez Medical Center. La controversia se origina en una demanda por discrimen y despido injustificado incoada por el Dr. Juan C. Pérez Olmos. El centro médico solicitó el descubrimiento de los estados bancarios del demandante para los años 2021 a 2023. Argumentaron que la condición económica del Dr. Pérez Olmos se puso en controversia al enmendar su demanda. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente ordenó la producción de dichos documentos. No obstante, reconsideró su decisión y denegó la solicitud de descubrimiento. Mayagüez Medical Center impugnó esta última resolución ante el Apelativo. El Tribunal de Apelaciones expide el recurso de certiorari. Finalmente, revoca la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó el descubrimiento de los estados bancarios.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una Petición de Certiorari. Los peticionarios, Luis Manuel Vázquez Negrón y Luis Vázquez Investment, Inc., impugnan una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Guaynabo. El foro primario resolvió que los peticionarios fueron debidamente emplazados en un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instado por Banco Popular de Puerto Rico. Banco Popular demandó por incumplimiento de un pagaré hipotecario. Ante la imposibilidad de emplazar personalmente, Banco Popular obtuvo autorización para emplazar por edictos. Se publicó el edicto y se envió copia de la demanda y el edicto por correo certificado a la última dirección conocida. El tribunal de primera instancia concluyó que estas gestiones constituyeron un emplazamiento válido. Los peticionarios recurrieron esta determinación, primero mediante reconsideración y luego vía certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido, validando el emplazamiento realizado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos. El apelante, Edgardo Emmanuel Suárez López, recurre una sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre la pensión alimentaria de sus tres hijos menores con Katherine Janitza Mercado Soto. La apelada solicitó la revisión de la pensión existente para dos hijos y la fijación para el menor. Tras una vista final, la Examinadora de Pensiones Alimentarias recomendó imputar ingresos al padre, basándose en su potencial para generar ingresos entrenando en béisbol, al no encontrar creíble su testimonio. El foro primario acogió la recomendación, fijando una pensión de \$574 mensuales, más el 50% de gastos escolares y médicos bajo Vital, y gastos extracurriculares de béisbol. También ordenó a ASUME calcular la retroactividad desde junio de 2022 e impuso honorarios de abogado al apelante. El apelante solicitó reconsideración, la cual fue denegada. El Tribunal de Apelaciones indica que modificará el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones emite una resolución sobre un Recurso presentado por Juan Ramón Díaz Román. El peticionario, integrante de la población correccional, solicitó a este foro revisar una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Dicha Resolución del Supremo, de 8 de diciembre de 2022, archivó una queja presentada por Díaz Román contra un abogado. El Tribunal de Apelaciones explica que su jurisdicción está limitada por ley. Este tribunal intermedio solo puede revisar sentencias y resoluciones del Tribunal de Primera Instancia y agencias administrativas. Las determinaciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico no son apelables ante el Tribunal de Apelaciones. Por lo tanto, este foro carece de jurisdicción para atender el Recurso presentado. En consecuencia, el Recurso es desestimado por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en respuesta a un recurso de certiorari presentado por José A. Viera Rodríguez. El recurso buscaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Humacao de diciembre de 2023. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar varias mociones presentadas por el Sr. Viera Rodríguez. Las mociones solicitaban bonificaciones por buena conducta, crédito por tiempo bajo supervisión electrónica (Regla 182), y una reducción de sentencia (Regla 192.1). El Sr. Viera Rodríguez fue sentenciado en 2021 por violaciones a la Ley 54 y al Código Penal, recibiendo penas concurrentes y crédito por detención preventiva. Sus mociones argumentaban ajustes a la sentencia basados en rehabilitación, el carácter restrictivo de la supervisión electrónica y atenuantes. El foro primario indicó que las bonificaciones por buena conducta deben gestionarse primero administrativamente ante el Departamento de Corrección. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la decisión. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de revisión administrativa. El recurso fue presentado por Manuel Clemente Rosado contra Resoluciones del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El DACo había declarado Ha Lugar una querella presentada por Carmen Silva Serrano y Raúl Márquez Cruz contra Clemente Rosado y Clember LLC. La querella original versaba sobre un contrato de obra para la construcción de un muro de contención por $55,000. Los querellantes alegaron incumplimiento del contrato tras pagar el 95% del precio pactado y que la corporación contratada tenía su certificado de incorporación revocado. El DACo, tras celebrar vistas, emitió una Resolución declarando Ha Lugar la reclamación de los querellantes. El señor Clemente Rosado solicitó reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por el DACo. Mediante este recurso, Clemente Rosado solicitó al Tribunal de Apelaciones la revocación de la decisión del DACo. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, confirma el dictamen recurrido del DACo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una revisión judicial instada por Mercedes Benz USA, LLC (MBUSA). MBUSA solicita la revocación de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que falló a favor del querellante, el Sr. Manuel Lirio Sánchez. La decisión del DACo decretó la resolución del contrato de compraventa de un vehículo, ordenó la devolución de las prestaciones y el pago de honorarios de abogado. El caso se originó por la compra de una guagua Mercedes Benz usada en julio de 2020 que presentó problemas de encendido y otros fallos desde el momento de la adquisición. El Sr. Lirio Sánchez acudió a servicio bajo garantía en múltiples ocasiones. Durante el proceso ante el DACo, se incluyó a MBUSA como parte indispensable. Una inspección del DACo no replicó el fallo principal, aunque el querellante alegó otros desperfectos. MBUSA recurre la determinación administrativa que anuló la venta y ordenó la restitución.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Trata sobre una petición de certiorari presentada por la abogada Teresa Pacheco Camacho. La peticionaria fue designada como representante legal de oficio para Pedro Quiles López en un caso civil de Mandamus contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación y funcionarios. Pacheco Camacho solicitó ser relevada de la representación, argumentando que el caso versaba sobre materias (penal y administrativa) que no ejerce y que aceptar la designación violaría el Canon 18 de Ética Profesional. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud de relevo y la posterior moción de reconsideración. Inconforme, la abogada acudió al Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Pacheco Camacho.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso de apelación presentado por Raymond Rivera Guindin, CSP (Corporación RRG) contra Emmanuel Santiago Rodríguez. La apelación surge de una Sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un pleito de cobro de dinero. El Sr. Santiago Rodríguez demandó a Corporación RRG reclamando $37,868.01 por servicios de plomería supuestamente prestados. Corporación RRG negó la deuda, alegando que los servicios no fueron completados. El foro primario dictó Sentencia en rebeldía contra Corporación RRG y la condenó al pago de la suma reclamada más costas. Esta decisión se basó en la incomparecencia reiterada de la representación legal de Corporación RRG a varias vistas. La Corporación RRG apeló solicitando la revocación de dicha Sentencia en rebeldía. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el tracto procesal, procede a revocar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendió un recurso de certiorari presentado por el Pueblo de Puerto Rico en un caso de asesinato atenuado contra Juan Meléndez Suárez. El recurso impugnaba la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Carolina de no admitir un récord de la compañía T-Mobile. El Ministerio Público intentaba usar el récord para corroborar que un número de teléfono pertenecía al acusado en la fecha de los hechos. El foro primario concluyó que el récord era prueba testimonial bajo la doctrina de *Crawford v. Washington* porque fue requerido por el fiscal. El Ministerio Público argumentó que se trataba de un récord de negocio, admisible como excepción a la prueba de referencia y autenticable por declaración jurada. Tras evaluar los planteamientos, el Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto de certiorari. La sentencia revoca el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Esto permite la autenticación y potencial admisión del récord de T-Mobile en el juicio.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones In-Servicio, LLC mediante recurso de Certiorari. Solicita la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 19 de marzo de 2024. Dicha Orden dejó sin efecto una prórroga concedida a In-Servicio para contestar una demanda enmendada. El TPI fundamentó su decisión en que existía una anotación de rebeldía previa contra In-Servicio que no había sido levantada. El caso original es una demanda por daños y perjuicios instada por Radamés Jordán Ortiz, donde In-Servicio fue declarado en rebeldía y se dictó sentencia en su contra. El Tribunal de Apelaciones previamente revocó esa sentencia en rebeldía por motivos relacionados al emplazamiento de otro codemandado. Tras presentarse una demanda enmendada, surgió la controversia sobre si la rebeldía original seguía vigente. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. Finalmente, confirma el dictamen del TPI, validando que la anotación de rebeldía contra In-Servicio se mantenía.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Alpha Demolitions, Inc., apelante en un caso de incumplimiento de contrato contra Piloto Construction LLC y otros. Alpha solicita la revocación de una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) el 25 de enero de 2024. Mediante dicha sentencia, el TPI desestimó sumariamente la demanda contra dos codemandados, Jorge Redondo Borges y Angela Lightfoot Redondo. El foro primario concluyó que la demanda no establecía responsabilidad personal de estos individuos por los pagos retenidos por Piloto Construction, la entidad con la que Alpha subcontrató. Alpha había demandado a Piloto y varios individuos, incluyendo a Redondo como gerente del proyecto, alegando sumas adeudadas y responsabilidad personal. Redondo y Lightfoot solicitaron la desestimación argumentando falta de alegaciones suficientes para justificar una reclamación personal, dado que Piloto tiene personalidad jurídica propia. Alpha se opuso, alegando responsabilidad personal por actuaciones u omisiones y solicitando enmendar la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la apelación de Alpha contra la desestimación de estos dos codemandados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la adjudicación de la Subasta Municipal Número 005 2023-2024 del Municipio de Corozal. Sonnell Fleet Solutions II, LLC impugna la decisión de la Junta de Subastas que otorgó la buena pro a Truckars, Inc. La subasta buscaba servicios de mantenimiento y reparación para la flota vehicular municipal adquirida con fondos federales. Sonnell alega que Truckars no cumplió con todos los requisitos y no era un licitador responsable, por lo que debió ser descalificado. Consecuentemente, Sonnell sostiene que la subasta debió habérsele adjudicado a ellos. Tras la presentación del recurso, el Tribunal ordenó la paralización inmediata de la ejecución de la subasta. La Junta de Subastas presentó su oposición a la revisión y a la paralización. El Tribunal anticipa la revocación de la determinación administrativa de la Junta de Subastas. La sentencia discute el alcance de la revisión judicial de decisiones administrativas, indicando que la deferencia cede ante actuaciones arbitrarias, ilegales o irrazonables.

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La sentencia del Tribunal de Apelaciones resuelve una revisión de una orden de ASUME sobre pensión alimentaria. ASUME emitió una resolución en rebeldía fijando la pensión y retroactividad. El recurrente solicitó reconsideración alegando falta de notificación y jurisdicción. ASUME ordenó integrar documentos sobre gestiones de localización antes de resolver la reconsideración. El recurrente presentó la revisión ante el Tribunal de Apelaciones antes de que ASUME emitiera la decisión final sobre la reconsideración. El Tribunal analiza el concepto de recurso prematuro, explicando que carece de eficacia y priva de jurisdicción al foro apelativo. Un recurso es prematuro si se presenta antes de que el foro inferior resuelva lo que tiene ante su consideración. Dado que ASUME aún no había resuelto la moción de reconsideración, la revisión fue presentada prematuramente. El Tribunal desestima el recurso por prematuro, sin perjuicio de que el recurrente pueda presentarlo nuevamente una vez ASUME resuelva la reconsideración.

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Lizza Marie Rivera Bonnet solicitó beneficios del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF), los cuales fueron denegados por la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF). La señora Rivera apeló esta determinación ante la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. La Junta Adjudicativa desestimó la apelación por considerarla presentada fuera del término reglamentario, basándose en la fecha del matasellos de la notificación. Inconforme, la recurrente presentó una solicitud de reconsideración ante la Junta Adjudicativa, reiterando su alegación sobre la fecha de recibo de la notificación. Posteriormente, la señora Rivera acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de la Resolución de la Junta Adjudicativa. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar el recurso, concluyó que carecía de jurisdicción para atender la revisión administrativa en esta etapa procesal. Por consiguiente, el Tribunal emitió una Sentencia desestimando el recurso presentado por la señora Rivera Bonnet.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en dos recursos consolidados (certiorari KLCE202400403 y apelación KLAN202400336) relacionados a un pleito de cobro de dinero. Camioneros de Volteo de Guaynabo, Inc. (CVG) demandó a Metro Avanti Properties, Inc., ABZCO LLC, Rotonda LLC y RDS Construction Corp por una deuda de \$86,408.49 por servicios de acarreo. CVG alegó que los primeros tres demandados (identificados como Brito Development Group) eran solidariamente responsables con RDS. En el certiorari, Metro Avanti, ABZCO y Rotonda recurrieron de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación de la demanda por insuficiencia de alegaciones. En la apelación, los mismos demandados impugnaron una Sentencia Parcial Por Estipulación entre CVG y RDS, donde RDS fue condenado al pago de la deuda y sus demandas contra copartes/terceros fueron desestimadas. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos. Mediante esta sentencia, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Metro Avanti, ABZCO y Rotonda. Asimismo, confirmó la Sentencia Parcial Por Estipulación apelada por dichos demandados.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La señora Eva Garnier Etanislao presentó un recurso de Certiorari solicitando la revisión de órdenes interlocutorias de un Tribunal de Primera Instancia. El caso de instancia trata sobre una Petición de Orden de Protección para un Adulto Mayor, su esposo. La peticionaria alegó que el foro primario le negó participación en una vista a pesar de haberle concedido la intervención. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones constató que la peticionaria no incluyó en su recurso las órdenes que deseaba apelar. Ella misma indicó que dichas órdenes aún no habían sido emitidas por escrito por el tribunal de instancia. El Tribunal de Apelaciones subraya que los dictámenes civiles deben constar por escrito y estar firmados para ser revisables. Al no cumplir este requisito fundamental, el Tribunal concluye que carece de jurisdicción para atender el recurso. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de Certiorari presentado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el recurso de revisión instado por Eric J. Burgos Rosado contra el Departamento de Educación. El recurrente impugnó una Resolución Sumaria de la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación (OASE) que desestimó su caso sobre impugnación de nombramientos. El Sr. Burgos Rosado notificó la presentación del recurso al Departamento de Educación y a la OASE. No obstante, la certificación de notificación no demuestra que se haya notificado a la Oficina del Procurador General de Puerto Rico. El Tribunal subraya la naturaleza jurisdiccional de los requisitos procesales, incluyendo la notificación a todas las partes necesarias. La falta de notificación al Procurador General constituye un defecto jurisdiccional insubsanable en este tipo de recurso contra una agencia gubernamental. Por consiguiente, el Tribunal se ve obligado a desestimar el recurso de revisión por carecer de jurisdicción para atenderlo.

Resumen:

Evelyn Mercado Pérez solicitó la declaración de incapacidad de Monserrate Pérez Suárez y su nombramiento como tutora ante el Tribunal de Primera Instancia. La Oficina del Procurador de Asuntos de Familia presentó informes señalando la residencia de la peticionaria fuera de Puerto Rico y la falta de cumplimiento con requisitos procesales y documentales. Se requirió, entre otras cosas, acreditar el emplazamiento personal a la señora Pérez Suárez y al director del hogar de cuido donde reside. La peticionaria realizó gestiones de emplazamiento, pero cuestionó la necesidad de emplazar al director del hogar. El Procurador alegó falta de jurisdicción por no haberse emplazado conforme a derecho, específicamente al director del hogar. Tras una vista, el Tribunal de Primera Instancia archivó la petición sin perjuicio por falta de jurisdicción. La decisión se basó en el incumplimiento de la Regla 4.4(c) de Procedimiento Civil al no acreditarse la entrega de copia de la demanda y emplazamiento al director del hogar. La peticionaria presentó una moción de reconsideración contra esta decisión.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202300943. La Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había desestimado una solicitud de injunction presentada por la ADEA contra la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales (ASG). La ADEA impugnó el pliego de la Subasta Formal 23J-17237 de la ASG. Alegó que dicho pliego incluía artículos ya adjudicados en subastas previas (22-0616 y 22-0616-R1) con contratos vigentes hasta 2024, perjudicando a empresas agropecuarias representadas por ADEA. La ASG desestimó la impugnación administrativa de ADEA por falta de legitimación activa. Ante el TPI, ADEA argumentó que el remedio administrativo era inútil. El TPI desestimó el caso aplicando la doctrina de agotamiento de remedios administrativos. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, revoca la sentencia del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó al Estado Libre Asociado devolver $9,160.00 a Krystal De León Santiago. Este dinero fue ocupado por la policía durante el diligenciamiento de una orden de registro y allanamiento en su propiedad. La señora De León Santiago impugnó la acción, alegando que la confiscación fue ilegal por incumplimiento de los requisitos de notificación de la Ley Uniforme de Confiscaciones, especialmente tras la desestimación de los cargos criminales relacionados. El Estado argumentó que el dinero fue ocupado, no confiscado, que no se requería notificación, y que el tribunal carecía de jurisdicción al no haberse agotado los remedios administrativos ante el Departamento de Hacienda. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente denegó la solicitud de desestimación del Estado y luego concedió la moción de sentencia sumaria a favor de la señora De León Santiago. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el expediente y el derecho aplicable, revoca la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre liquidación de bienes gananciales. La apelante, María de Lourdes Santiago Rodríguez, impugnó una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicho dictamen denegó su solicitud de sentencia en rebeldía. Asimismo, desestimó sin perjuicio la demanda enmendada contra dos partes apeladas. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción sobre estas partes por no haber sido emplazadas dentro del término legal. El caso original se centra en la reclamación de la apelante sobre una construcción realizada durante el matrimonio en una propiedad perteneciente a los padres del apelado. La apelante buscaba una parte del valor de dicha construcción y una renta. El Tribunal de Primera Instancia había realizado determinaciones de hecho sobre la propiedad y la construcción. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión recurrida.

Resumen:

Se confirma la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda presentada por Juan M. Cruzado Laureano contra el Partido Popular Democrático y su Junta de Gobierno. Cruzado Laureano impugnó su descalificación como aspirante a la gobernación por el PPD. El PPD lo descalificó por no considerarlo idóneo, citando una condena federal por delitos graves y un expediente incompleto. El TPI desestimó la demanda por falta de jurisdicción, al entender que no se cumplió con el requisito de notificación bajo el Código Electoral. El Tribunal de Apelaciones, aunque no se pronuncia sobre la aplicabilidad del artículo citado por el TPI, concluye que la demanda no expone una causa de acción viable. El PPD tiene amplia libertad para seleccionar sus candidatos, conforme a su derecho de asociación y sus reglamentos internos que descalifican a personas convictas de delito grave. Por tanto, la determinación del PPD de no calificar al aspirante debe ser respetada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en recursos consolidados de certiorari y apelación presentados por Metro Avanti Properties, ABZCO, LLC y Rotonda, LLC. Los casos provienen de un pleito de cobro de dinero instado por Camioneros de Volteo de Guaynabo, Inc. contra los apelantes y RDS Construction Corp. Camioneros de Volteo reclama \$86,408.49 por servicios de acarreo, alegando responsabilidad solidaria de los apelantes con RDS. Los apelantes recurrieron la denegatoria de su solicitud de desestimación de la demanda de Camioneros de Volteo por insuficiencia de alegaciones. También apelaron una Sentencia Parcial Por Estipulación entre Camioneros de Volteo y RDS, que condenó a RDS al pago de la deuda y desestimó sus demandas de coparte y terceros. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por los apelantes. Asimismo, confirmó la Sentencia Parcial Por Estipulación apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda civil y por daños presentada por Corporación Primas y Seguros, Inc. (PSI) contra la Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro Obligatorio, Inc. (ASC) y KPMG, LLC. PSI apeló la decisión del foro primario que declaró Ha Lugar las mociones de desestimación presentadas por ASC y KPMG. La desestimación en Primera Instancia se fundamentó, entre otras razones, en las doctrinas de cosa juzgada o impedimento colateral por sentencia, basadas en un pleito anterior entre PSI y ASC (Caso SJ2018CV02981). En dicho caso previo, cuya sentencia advino final y firme, se determinó que PSI no tenía derecho a recibir comisiones por el cobro del seguro obligatorio. Esto se debió a que PSI no cumplió con los requisitos legales y reglamentarios, como no tener un nombramiento de agente por parte de la ASC ni nombramientos escritos de los asegurados. La sentencia previa estableció que solo las entidades autorizadas por ley (colecturías, estaciones de inspección, bancos, cooperativas) retienen el 5% de las primas por servicio de cobro. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, la causa de acción instada por PSI fue desestimada con perjuicio.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revoca una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Dicha sentencia desestimó una acción de nulidad de sentencia presentada por Héctor A. Colón Rodríguez y Kattia L. Ayala Alicea, junto a su sociedad de gananciales. Los apelantes buscaban anular una "Resolución y Orden" de 2018 que modificó la pensión excónyuge a favor de Mari C. Rodríguez Ruíz. Alegaron que la sentencia de 2018 era nula por falta de partes indispensables, específicamente la Sra. Ayala Alicea y la sociedad de gananciales, cuyos intereses se vieron afectados. El foro primario desestimó el caso por entender que carecía de jurisdicción para atender la nulidad de una sentencia de familia. Los apelantes recurrieron, argumentando error en la aplicación del derecho sobre acciones de nulidad independiente y la falta de declaración de nulidad ante la ausencia de partes indispensables. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones revoca el dictamen desestimatorio.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. La apelación fue presentada por Israel Class Arce, Vilmary Báez Concepción y su sociedad legal de gananciales. Buscaban revocar una sentencia sumaria dictada el 22 de enero de 2024 a favor de RTR Institute, Inc. El caso original era una demanda de cobro de dinero presentada por RTR. RTR alegó que las partes suscribieron un contrato de opción de compraventa. Dicho contrato estipulaba la devolución de \$10,000.00 si no se aprobaba un préstamo de USDA Rural Development. RTR reclamaba la devolución de esta cantidad, la cual los apelantes no habían pagado. Los apelantes se opusieron, argumentando sobre la interpretación contractual y otros asuntos litigiosos. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la moción de sentencia sumaria de RTR, y el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero entre Moca Eco Park (MEP) y el Municipio de Villalba. MEP demandó al Municipio por servicios prestados, llegando a una estipulación transaccional aprobada por el TPI en 2015. Dicha estipulación estableció un plan de pago de 48 plazos para una deuda de $125,000, acogido a la Ley Núm. 66-2014. El Municipio incumplió con los pagos acordados. Ante el incumplimiento, MEP solicitó al TPI que ordenara el pago de la sentencia y declarara en desacato al alcalde. El TPI denegó esta moción por no ajustarse a la Ley Núm. 66-2014. MEP recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirmó la denegatoria del TPI en cuanto a la ejecución bajo la Regla 51. Sin embargo, modificó la decisión para ordenar la celebración de una vista evidenciaria. Esta vista busca cumplir con los requisitos del Artículo 29 de la Ley Núm. 66-2014 para la ejecución de sentencias contra municipios.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución denegando un recurso de certiorari presentado por Vanessa Ávila Torres. La peticionaria buscaba la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su moción de desestimación. Dicha decisión también determinó que la repudiación de herencia presentada por la señora Ávila Torres fue instada de manera tardía. El caso subyacente fue iniciado por Banco Popular de Puerto Rico contra la sucesión de Juan Ramón Ávila Colón por cobro de dinero y ejecución de hipoteca sobre una propiedad comercial. Banco Popular interpeló judicialmente a los herederos en la demanda y los emplazamientos para que aceptaran o renunciaran la herencia en un término de treinta días. La peticionaria fue emplazada personalmente y compareció al pleito después de que el banco solicitara la anotación de rebeldía. El Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del tribunal de instancia respecto a la tardanza en la repudiación de la herencia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de apelación por libelo, calumnia y difamación. El apelante, Nathanael Arroyo Martínez, demandó al apelado, Miguel Méndez Pérez, por fraude al tribunal y difamación. Esta demanda se presentó luego de que Méndez Pérez obtuviera una orden de protección contra Arroyo Martínez bajo la Ley contra el Acecho. Arroyo Martínez había apelado sin éxito la orden de protección hasta el Tribunal Supremo. En su nueva demanda, alegó que Méndez Pérez mintió para obtener la orden y lo difamó públicamente. Méndez Pérez solicitó la desestimación de la demanda. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de Arroyo Martínez. La desestimación se basó en la firmeza de la orden de protección previa, la insuficiencia de las alegaciones de fraude y difamación, y que las supuestas violaciones de derechos civiles eran resultado de la aplicación de la ley. Tras la desestimación, Arroyo Martínez presentó mociones de reconsideración e inhibición.

Resumen:

Recurso de certiorari presentado por el Ministerio Público ante el Tribunal de Apelaciones. Se impugna la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia contra Carlos Julián Maldonado Dávila. El Recurrido fue hallado culpable de infracciones a la Ley de Vehículos y Tránsito (Art. 4.02 y 5.07(C)) por ocasionar una muerte y daños al conducir negligentemente y darse a la fuga. El foro primario le impuso una pena de 10 años de cárcel, pero suspendió completamente sus efectos bajo la Ley de Sentencia Suspendida. El Ministerio Público alega que el tribunal de instancia erró al interpretar dicha ley y abusó de su discreción al ignorar el informe presentencia y conceder la suspensión total. El informe presentencia había recomendado una sentencia fraccionada, señalando la falta de arrepentimiento y responsabilidad del Recurrido. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari con el propósito de modificar la Sentencia del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. El apelante, un exsocio de una firma legal, demandó a la firma tras su despido, impugnando una cláusula de no competencia y solicitando entredicho provisional, injunction y sentencia declaratoria. El Tribunal de Primera Instancia desestimó las acciones interdictales (entredicho provisional e injunction preliminar). Argumentó que los daños reclamados eran económicos y cuantificables, no irreparables, y que existían remedios adecuados en ley. Ordenó la transferencia de las demás causas de acción, incluyendo la sentencia declaratoria sobre la validez de la cláusula, a la sala civil ordinaria. El foro primario concluyó que la controversia sobre la validez del acuerdo de no competencia debía atenderse mediante el proceso ordinario. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo. El caso versa sobre un incumplimiento de contrato de compraventa de un apartamento. La parte apelada (vendedora) demandó al apelante (comprador) alegando que este incumplió al no obtener financiamiento hipotecario y atrasarse en los pagos. Los vendedores solicitaron la devolución de la propiedad según una cláusula contractual. El comprador negó el incumplimiento, argumentando que mantuvo informados a los vendedores y que la falta de financiamiento no le era imputable. El comprador también presentó una reconvención, reclamando que los vendedores le adeudaban dinero por pagos directos que no fueron aplicados correctamente a la hipoteca. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de los vendedores, ordenando el traspaso del título de la propiedad de vuelta a ellos y desestimando la reconvención del comprador. El comprador apeló esta sentencia, solicitando su revocación. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio entre Cynthia A. Matosantos Lewis y Federico Cardona Firpi. La apelación se centra en la revisión de dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia relativas a la pensión alimentaria para el hijo menor de las partes. La primera resolución, basada en un informe de una Examinadora de Pensiones Alimentarias tras múltiples vistas, fijó la pensión mensual en \$9,314.35 para 2020-2021 y \$5,268.10 a partir de 2022. Además, impuso al padre la obligación de cubrir un porcentaje o la totalidad de diversos gastos adicionales del menor, incluyendo vivienda, regalos, viajes, cumpleaños, gastos escolares y otros gastos directos. La segunda resolución apelada modificó la primera, resultando en una reducción de la pensión. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones determinó modificar el dictamen apelado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Jonathan Sierra de Jesús, impugnó la denegatoria de libertad bajo palabra por parte de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP). Sentenciado en 2006, el recurrente cumplió el mínimo de su pena en 2022, adquiriendo la JLBP jurisdicción. La JLBP denegó el privilegio en octubre de 2023, fundamentando su decisión en la falta de un plan de salida corroborado (vivienda, amigo consejero), ausencia de oferta de empleo o plan de estudios, y carencia de una evaluación psicológica reciente. El recurrente solicitó reconsideración, presentando información adicional sobre vivienda y consejero, pero la JLBP sostuvo la denegatoria en enero de 2024, reiterando la falta de evaluación psicológica y plan de empleo/estudios. El recurrente presentó el recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, alegando errores en la determinación de la JLBP. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación recurrida.

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Una Petición de Certiorari fue presentada por Perfect Cleaning Services, Inc., y Triple S, Propiedad, Inc. ante el Tribunal de Apelaciones. La petición busca revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que les ordenó pagar \$62,890.03 a Autoridad De Los Puertos y AIG Insurance Company Puerto Rico. Dicho pago corresponde a honorarios de abogados y gastos incurridos en la ejecución de una Sentencia Parcial previa en un caso de daños y perjuicios. La parte peticionaria solicitó la elevación de prueba documental y la minuta de una vista evidenciaria del foro primario. El Tribunal de Apelaciones declaró Ha Lugar esta solicitud y ordenó al Tribunal de Primera Instancia elevar los documentos. La parte recurrida se opuso al certiorari y presentó mociones, incluyendo una para desestimar el recurso por supuesta extemporaneidad y falta de elevación de autos. El Tribunal de Apelaciones declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación y la petición de elevar los autos completos. La Secretaria Regional Auxiliar del Tribunal de Primera Instancia certificó y elevó la evidencia documental solicitada. Este documento detalla el historial procesal y las resoluciones emitidas por el Tribunal de Apelaciones en respuesta a las mociones presentadas por las partes en el contexto de este recurso de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La Asociación de Residentes Terra demandó a José Yamil Báez Meléndez y Melissa Serrano Rodríguez por cuotas de mantenimiento impagadas. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) anotó la rebeldía de los demandados y dictó sentencia en su contra por más de \$16,000. Los demandados presentaron una moción de relevo de sentencia ante el TPI. El TPI emitió una orden que, en respuesta a dicha moción, se limitó a referenciar la sentencia previa. Los demandados apelaron esta orden ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari. Tras requerir fundamentación al TPI sobre su decisión, el Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones decidió expedir el auto de certiorari y revocar el dictamen recurrido del TPI.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegando un recurso de Certiorari. El recurso fue presentado por Eileen M. Pomales Ortiz para revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar una moción suya. El caso subyacente trata sobre la liquidación de la comunidad de bienes post ganancial entre la peticionaria y José F. Rivera Vega, su exesposo. La disputa principal gira en torno a un negocio que la peticionaria alega fue adquirido durante el matrimonio con fondos gananciales y del cual ha sido excluida. El recurrido niega que el negocio sea propiedad de la comunidad y presenta una reconvención. La peticionaria había solicitado medidas cautelares provisionales en el foro primario relacionadas con los ingresos y la participación en dicho negocio. La Orden recurrida denegó una solicitud posterior de la peticionaria. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, resuelve denegar la petición de Certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao. Dicha sentencia declaró Ha Lugar una moción de los apelados, desestimando el pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instado por San Carlos Mortgage, LLC. La controversia principal se centra en el término de prescripción aplicable a la acción. Los apelados argumentaron que la deuda provenía de un pagaré tipo balloon con vencimiento en 2013, sujeto a una prescripción de tres años bajo la Ley de Transacciones Comerciales, y que la hipoteca se inscribió tardíamente. San Carlos Mortgage, LLC, apelante, sostuvo que se trataba de un pagaré hipotecario con un término de veinte años y que la inscripción retrotraía sus efectos. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la acción estaba prescrita y desestimó el caso. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los argumentos, confirma el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso civil por daños y perjuicios contra el Municipio de Morovis, iniciado en 2017 por una caída. La apelación fue presentada por la demandante, Gregoria Rivera Torres, y su hija. El TPI había dictado sentencia el 11 de enero de 2024, decretando el desistimiento del caso con perjuicio. Esta decisión del TPI se produjo después de que la parte demandante solicitara el desistimiento sin perjuicio durante la celebración del juicio, tras una determinación adversa sobre la admisibilidad de prueba. El TPI fundamentó su decisión en la duración del litigio, el descubrimiento de prueba completado y el inicio del juicio. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, confirma la sentencia recurrida que desestimó el pleito con perjuicio.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una apelación contra una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. El TPI había ordenado a una corporación y a un accionista sobreviviente comprar las acciones de los herederos de un accionista fallecido. Dicha orden se fundamentó en un acuerdo previo entre los accionistas que establecía el mecanismo y precio para la compraventa de acciones tras el fallecimiento de uno de ellos. El acuerdo preveía financiar la transacción con pólizas de seguro de vida a nombre de la corporación y establecía una fórmula de precio basada en el beneficio por muerte y deudas de las empresas. Sin embargo, el accionista fallecido cambió el beneficiario de la póliza principal de la corporación a un fideicomiso antes de morir. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el TPI erró al declarar con lugar la solicitud de los herederos. Determinó que las acciones posteriores de los socios, como el cambio de beneficiario, junto con la situación económica de las empresas, extinguieron o hicieron inexigible la fórmula de precio original según el propio texto del acuerdo. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia del TPI.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico aborda una disputa entre los herederos de un accionista fallecido y el accionista sobreviviente de varias empresas. El conflicto gira en torno a un acuerdo de compraventa de acciones que estipulaba que, al fallecer un accionista, el sobreviviente compraría las acciones del difunto. El acuerdo detallaba una fórmula de precio de compra basada en los beneficios de pólizas de seguro de vida pagaderas a la corporación y la deuda de la empresa. Sin embargo, el accionista fallecido cambió posteriormente el beneficiario de una póliza de seguro de vida importante de la corporación a un fideicomiso. Los herederos demandaron para obligar al accionista sobreviviente y a la corporación a comprar las acciones según el acuerdo original. El tribunal de primera instancia falló a favor de los herederos, ordenando la compra basada en la fórmula de precio estipulada. El Tribunal de Apelaciones determinó que el tribunal inferior erró en esta decisión. Concluyó que la acción del accionista fallecido de cambiar el beneficiario del seguro, junto con la precaria situación económica de las empresas, resultó en la extinción e inexigibilidad de la fórmula original para determinar el precio. Por lo tanto, la obligación de comprar las acciones al precio calculado por esa fórmula ya no era exigible.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Pedro Zenón Encarnación. El apelante solicitó la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de rescisión de contrato. La desestimación en primera instancia se fundamentó en la falta de legitimación activa del demandante. El pleito se origina en una disputa relacionada con la obtención y operación de una licencia de dispensario de cannabis medicinal a través de Royal Grass, Inc. Inicialmente, la gestión involucró al hermano del apelante, Cacimar Zenón, y a Ángel Luis Carrillo Ramos. Pedro Zenón alegó haber adquirido participaciones y derechos en la corporación. La controversia se agudizó tras el traspaso de la licencia del dispensario a JJJ Cann, LLC y Julio C. Vergara Morges. El apelante presentó la demanda tras una supuesta cesión de derechos por parte de su hermano. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que Pedro Zenón carecía de la capacidad legal para iniciar la acción. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones revocó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una Petición sobre Expediente de Dominio. La Apelante, Diana Morales Penchi, solicitó la corrección de la cabida registral de la Finca Número 897 en Rincón. La petición se basó en una discrepancia entre la cabida inscrita en el Registro de la Propiedad y la cabida reflejada en planos de segregación aprobados por ARPE en 1984. Esta diferencia de cabida impedía la inscripción de una escritura de partición de herencia. La Apelante argumentó que la magnitud de la discrepancia requería un proceso judicial de expediente de dominio. El foro primario desestimó la petición sin perjuicio, indicando que no se presentó documentación de segregación de una finca mayor y que la finca principal estaba inscrita. El Tribunal de Apelaciones determinó que la desestimación fue incorrecta y procedió a revocarla.

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La Oficina del Inspector General (OIG) implementó un proceso de transferencia de personal de auditoría interna desde diversas entidades gubernamentales, incluyendo la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA). Este proceso conllevó la conversión de los puestos transferidos para alinearlos con el plan de clasificación de la OIG. Sheila T. Hodge Narváez, Auditora Principal en la OPPEA, fue transferida a la OIG. Su puesto fue convertido a la clasificación de Auditor en la OIG, un puesto de menor nivel, aunque su salario no se vio afectado. Tras ser notificada, la señora Hodge Narváez solicitó información a la OIG para preparar una reconsideración, pero se le negó acceso a ciertos detalles sobre la clasificación de otros puestos. Posteriormente, presentó una solicitud de reconsideración impugnando la conversión de su puesto. Este documento es la Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve la revisión judicial de la determinación de la OIG sobre dicha reconsideración. El caso aborda la aplicación de la Ley del Inspector General y su reglamento de recursos humanos en el proceso de clasificación y conversión de personal transferido.

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El Tribunal de Apelaciones conoció de un recurso presentado por E.G.B. Funeraria Anaya, Corp. contra Antonio Alfonso Cora Rosario. La Funeraria Anaya apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Guayama en un caso de despido injustificado. El foro primario había declarado Ha Lugar la querella de despido injustificado tras declarar en rebeldía a la Funeraria Anaya. La sentencia parcial admitió las alegaciones del querellante y mantuvo un señalamiento para cuantificar la indemnización. La Funeraria Anaya argumentó que el tribunal erró al determinar la relación laboral y al negar el derecho a descubrimiento de prueba a una parte en rebeldía. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari. Sin embargo, el tribunal procedió a desestimar el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción para conocer del asunto.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una apelación presentada por Antonio Calderón Pérez contra una Orden de Protección. Dicha orden fue emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón a favor de Marisol Velázquez Rechani bajo la Ley Contra el Acecho. La recurrida solicitó la orden tras alegar que el apelante, su compañero de trabajo, le hacía comentarios inapropiados y la invitaba a salir, causándole temor. Tras una vista con prueba testifical, el TPI dio credibilidad a la recurrida y expidió una orden de protección por seis meses. Esta orden prohíbe al apelante acosar, acercarse o comunicarse con la recurrida, entre otras restricciones. El apelante recurrió alegando errores en la apreciación de la prueba y la falta del estándar probatorio. El Tribunal de Apelaciones, acogiendo el recurso como Certiorari, deniega la apelación.