Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 44)

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Excellence San Lorenzo LLC para impugnar la desestimación de su demanda de injunction contra Energy Partners LLC y la OGPe. La acción buscaba la revocación de un Permiso de Construcción y un Permiso Único otorgados a Energy Partners LLC para una estación de gasolina. La apelante alegó que la operación de la estación había cesado por más de dos años, por lo que los permisos debieron tramitarse como nueva construcción, no remodelación, en violación a la Ley 161-2009. Sostuvo que, al operar una estación dentro del radio legal de 1600 metros, debió ser considerada y notificada, conforme a la Ley 73-1978, que exige estudios de viabilidad económica y vistas públicas para permisos de estaciones de gasolina. La apelante afirmó que se incumplieron las exigencias legales, viciando de nulidad los permisos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, confirma la Sentencia apelada.

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Jadiel Álamo Arroyo, ex-agente de la Policía, fue expulsado tras dar positivo a marihuana, pero la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) revocó su expulsión mediante una Resolución firme. Dicha Resolución ordenaba su reinstalación y el pago de haberes dejados de percibir. Ante el alegado incumplimiento del Negociado de la Policía con la Resolución de la CIPA, el Sr. Álamo Arroyo presentó un recurso de mandamus ante el Tribunal de Apelaciones. El recurso de mandamus es un auto discrecional y privilegiado que busca compeler el cumplimiento de un deber ministerial cuando no hay otro remedio legal adecuado. Para que proceda, el derecho del peticionario y el deber del demandado deben ser claros y patentes. El tribunal analizó los requisitos legales para la expedición de un mandamus. Por los fundamentos que se expondrían, el tribunal desestimó el recurso de mandamus presentado por el Sr. Álamo Arroyo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando un recurso de revisión judicial presentado por José A. Resto Pagán contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurso se relacionaba con una solicitud de aplicación de la Ley 66. El tribunal, antes de considerar los méritos, evaluó su jurisdicción como cuestión de umbral. Se recordó que la revisión judicial de decisiones administrativas requiere una orden o resolución final y el agotamiento de remedios administrativos. El recurso presentado carecía de información esencial, como la determinación administrativa recurrida, el trámite procesal y el remedio solicitado. Además, se observó que una posible resolución previa fue notificada fuera del plazo para recurrir. Ante la falta de información y la posible extemporaneidad, el tribunal concluyó que carecía de jurisdicción. Por consiguiente, el recurso fue desestimado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de protección a menores. La recurrente, Stephanie Ortiz Labarca, impugna una resolución de la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. Dicha Junta desestimó con perjuicio un recurso de apelación presentado por la recurrente. La desestimación se basó en que la apelación fue radicada fuera del término legal de quince días. La recurrente fue notificada de la acción inicial de ADFAN el 30 de mayo de 2024, teniendo hasta el 14 de junio para apelar. Sin embargo, presentó su apelación el 26 de junio de 2024, alegando falta de orientación. La Junta Adjudicativa confirmó la desestimación al denegar una solicitud de reconsideración. La recurrente acudió entonces al Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión del informe de ADFAN. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y CONFIRMA la determinación de la Junta Adjudicativa.

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Un panel judicial revisó la decisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) que denegó el privilegio de libertad bajo palabra a Bienvenido Félix Figueroa. El recurrente impugnó la resolución de la JLBP que, al reconsiderar, reiteró su negativa. La JLBP fundamentó su decisión en la falta de un plan viable de "amigo consejero" que residiera cerca del área requerida y en la existencia de una orden de protección vigente contra el peticionario. El recurrente alegó que la JLBP erró al usar estos factores, argumentando que la falta de amigo consejero no debía ser razón suficiente según el reglamento y que la orden de protección ya era conocida. El tribunal examinó el expediente administrativo, incluyendo los delitos del recurrente (sentencia consolidada de 15 años), su progreso en custodia mínima, cumplimiento con pruebas, planes de salida (excepto amigo consejero), participación en programas y la orden de protección. Tras evaluar los fundamentos de la JLBP y los argumentos del recurrente, el tribunal procedió a confirmar la determinación recurrida.

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Una persona conocida como Vivian Arocho Hernández en Puerto Rico solicitó al Tribunal de Primera Instancia (TPI) una orden para corregir su certificado de nacimiento de New York, donde aparece como "Byrian Arocha". Las autoridades de New York exigían una orden judicial para realizar las correcciones solicitadas. El TPI desestimó la petición, entendiendo que carecía de jurisdicción para emitir órdenes dirigidas a autoridades de otro estado. La peticionaria argumentó que el TPI sí tenía jurisdicción para declarar que "Byrian Arocha" y "Vivian Arocho Hernández" son la misma persona en Puerto Rico, bajo el proceso de perpetuar un hecho. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI. El panel apelativo confirmó que el TPI no tiene autoridad para ordenar cambios en el certificado de nacimiento de New York. No obstante, concluyó que el TPI sí posee jurisdicción para emitir una declaración sobre el nombre por el cual la peticionaria es conocida en Puerto Rico. Esta declaración puede realizarse al amparo del proceso reglamentario de perpetuar un hecho (*ad perpetuam rei memoriam*). La sentencia establece que, aunque no se puede ordenar la corrección en New York, sí se puede constatar judicialmente la identidad en esta jurisdicción.

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Se emite sentencia en el caso de Erick Rodríguez Santiago contra la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP). El señor Rodríguez solicitó la revocación de la Resolución de la JLBP que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. La JLBP consideró diversos factores del expediente del recurrente, incluyendo su historial institucional, programas completados, evaluaciones psicológicas favorables y un plan de salida. Sin embargo, la denegación se basó, entre otros aspectos, en la opinión de las víctimas y la inviabilidad del hogar propuesto por su cercanía a estas. El recurrente argumentó que la decisión fue un abuso de discreción, carente de evidencia sustancial y que la información sobre el hogar fue ex parte. Alegó que existían factores que lo hacían un buen candidato y que se pudo imponer grillete electrónico. Tras revisar el caso, el panel de jueces confirma la Resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de injunction. LUMA Energy Servco, LLC demandó a TotalEnergies Marketing Puerto Rico Corp. y otros. El litigio se centra en la reivindicación de una servidumbre constituida a favor de la Autoridad de Energía Eléctrica, ubicada sobre parte de una finca propiedad de la parte apelante. El Tribunal de Primera Instancia de Carolina emitió un interdicto preliminar y permanente, ordenando el desalojo de negocios por invadir dicha servidumbre. TotalEnergies apeló esta determinación. La controversia tiene su origen en la constitución de la servidumbre en 1966 y su posterior expropiación por el Estado Libre Asociado para beneficio de la Autoridad de Fuentes Fluviales (predecesora de la AEE). El Tribunal de Apelaciones revisó los antecedentes históricos y registrales de la servidumbre. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decidió Modificar y así Modificada, Confirmar la Sentencia apelada.

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Sentencia de un panel de jueces que atiende el recurso de revisión presentado por la señora Jaylen Hernández Vázquez contra una Resolución del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR). La señora Hernández solicita la revocación de la decisión del NPPR que denegó la devolución de su licencia de armas. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado previamente a la Policía devolverle las armas. El NPPR justificó su negativa a renovar la licencia basándose en una convicción por delito grave bajo la Ley de Sustancias Controladas en 2010, un arresto por Ley 54 en 2022 y una orden de protección temporal en 2022. La agente investigadora del NPPR consideró que la convicción por delito grave impedía la renovación, aunque hubiera sido eliminada. La recurrente argumentó que la convicción fue eliminada legalmente y no debía ser un impedimento. El NPPR declaró no ha lugar la petición de la señora Hernández. La recurrente acudió a este foro alegando que el NPPR erró al considerar una convicción eliminada. El panel revoca la Resolución recurrida del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

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Se presenta una Sentencia judicial para resolver un Recurso de Revisión Judicial interpuesto por Liberty Communications contra una Orden del Negociado de Telecomunicaciones (NET). Liberty impugna la Orden NET-2024-PA-0001, emitida el 27 de junio de 2024, que busca regular el uso de postes públicos de tendido eléctrico operados por LUMA. La Orden tiene como propósito establecer tarifas de uso de postes, resolver costos de transferencia de equipos y aclarar asuntos de nuevas instalaciones. Como parte de sus disposiciones, NET estableció una tarifa provisional de $8.65 por poste para el año fiscal 2024. La Orden también requirió a los proveedores presentar un inventario detallado de sus instalaciones en los postes en formato GIS. Se dispuso que el pago de la tarifa provisional se realizaría a LUMA en plazos específicos hasta diciembre de 2025. Liberty solicitó y obtuvo un Auxilio de Jurisdicción, logrando la suspensión de los procedimientos relacionados con la Orden mientras el tribunal revisaba el caso. El tribunal procede a resolver la controversia con base en las posiciones presentadas por las partes.

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Unique Security, Inc. presentó un recurso de revisión judicial impugnando la adjudicación de la Subasta General 2025-011 para Servicios de Guardias de Seguridad por el Municipio de Cayey a favor de JOM Security Services. Unique alegó que JOM Security modificó sus tarifas ofertadas en dos ocasiones después de la fecha límite de radicación, incumpliendo las especificaciones de la subasta. Sostuvo que, al ser el mejor postor, la subasta debió serle adjudicada a Unique y solicitó la descalificación de JOM Security. La Junta de Subastas del Municipio de Cayey solicitó la desestimación del recurso. La Junta argumentó que su carta de adjudicación inicial incumplía con los requisitos legales al no incluir las ofertas de todos los proponentes ni un análisis de las propuestas rechazadas. Por ello, la Junta informó que dejaría sin efecto la notificación de adjudicación impugnada y emitiría una nueva. Consideró que, al estar pendiente una nueva notificación, el recurso de Unique era prematuro. El Tribunal de Apelaciones revisa la controversia bajo el marco legal aplicable a las subastas municipales.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El recurrente impugnó la resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. La denegación inicial se fundamentó en la proximidad del hogar propuesto a la residencia de una víctima. Durante el proceso de revisión judicial, el Tribunal solicitó el expediente y la posición de la Junta. La Junta informó al Tribunal que, tras reevaluar el caso con toda la información, incluyendo datos confidenciales, había decidido conceder el privilegio. La Junta solicitó la devolución del caso para iniciar el proceso de concesión. El Tribunal verificó la nueva determinación de la Junta. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución denegatoria original. El caso fue devuelto a la Junta de Libertad Bajo Palabra para que continúe con los procedimientos de concesión del privilegio.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el señor Domingo Bracero Quiñones apelando una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró Ha Lugar una Moción de Desestimación presentada por Don Bolloepan Bakery Corp., parte apelada. El caso original era una Petición de Interdicto Preliminar y Permanente presentada por el señor Bracero Quiñones. El apelante alegó que la panadería incumplía con el Título III de la Ley American with Disabilities Act (ADA). Detalló múltiples barreras físicas en el establecimiento que le impedían el acceso y disfrute, incluyendo problemas con estacionamientos, rampas, entradas, pasillos y baños. El señor Bracero Quiñones, quien sufre de una discapacidad, buscaba remediar la alegada discriminación en el lugar de acomodo público. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada. Consecuentemente, se sostuvo la desestimación de la petición de interdicto.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa. Del Mar Enterprise impugnó ante la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) facturas de consumo de agua de agosto y septiembre de 2020. Tras vistas administrativas, la AAA emitió una Resolución Final declarando No Ha Lugar la querella de Del Mar Enterprise. La AAA determinó que el contador funcionaba bien, no había salideros de su responsabilidad y encontró una interconexión no autorizada en la propiedad del recurrente. Ambas partes presentaron amplia prueba documental, testifical y pericial en el proceso administrativo. Del Mar Enterprise recurrió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión judicial de la resolución de la AAA. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, desestima el dictamen recurrido de la AAA.

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Se revisa administrativamente una Resolución de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) que ordenó el cierre y archivo de una Petición de Representación presentada por la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR). La FMPR buscaba convertirse en el representante exclusivo del personal docente del Departamento de Educación, cargo que ostentaba la Asociación de Maestros de Puerto Rico-Local Sindical (AMPRLS). El convenio colectivo vigente de la AMPRLS fue extendido por la Ley 3-2017 hasta el 30 de junio de 2021. La FMPR presentó su petición el 27 de abril de 2021, argumentando que cumplía con el periodo de radicación permitido por el reglamento de la CASP previo a la expiración del convenio. Sin embargo, la AMPRLS y el Departamento de Educación sostuvieron que la Ley 3-2017, y posteriormente la Ley 9-2021, crearon un impedimento legal expreso para la radicación y celebración de elecciones sindicales mientras los convenios estuvieran extendidos. La CASP reconoció que la FMPR cumplió con los requisitos reglamentarios, pero determinó que el impedimento legal establecido por las leyes prevalecía. Por tanto, la CASP ordenó el archivo de la petición. El Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución de la CASP, validando la decisión de archivar la Petición de Representación debido al impedimento legal vigente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una petición presentada por Sucesión Sierra contra Aqua Drilling Inc. y otros. Los peticionarios solicitaron la revisión de varias resoluciones del Tribunal de Primera Instancia de Carolina en un caso sobre liquidación de ley de corporaciones. Las resoluciones recurridas trataban sobre asuntos de descubrimiento de prueba y una sanción impuesta a la representación legal de los peticionarios. El litigio subyacente involucra a los herederos de un accionista fallecido que buscan documentos corporativos del accionista restante y la corporación. Durante el descubrimiento, los peticionarios tuvieron dificultades para presentar su informe pericial a tiempo, alegando problemas con la producción de documentos y su perito inicial. El foro primario encontró justa causa para la demora y concedió una extensión para la entrega del informe pericial. Tras evaluar la petición y los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el recurso de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones desestima un recurso de certiorari presentado por la señora Aixa Mangual González. La peticionaria buscaba la revisión de órdenes de protección emitidas en su contra por el Tribunal de Primera Instancia. Estas órdenes surgieron en un caso donde ella inicialmente solicitó protección contra sus vecinos por acoso, pero el TPI denegó su petición y expidió órdenes a favor de los vecinos. El Tribunal de Apelaciones fundamenta su desestimación en el incumplimiento craso del Reglamento del Tribunal de Apelaciones por parte de la peticionaria. Su escrito carece de una relación fiel de hechos, no identifica ni discute los errores alegados del TPI con base legal o jurisprudencial, y no incluye citas de jurisdicción. Además, no consta que se haya notificado a las partes recurridas. El Tribunal reitera que el cumplimiento de las reglas procesales es obligatorio, incluso para quienes comparecen por derecho propio.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Ruben's Café Corp. contra TSF Properties Inc. El caso principal involucra pleitos consolidados sobre incumplimiento de contrato y desahucio. La controversia se centra en la validez de la contestación de TSF a un requerimiento de admisiones presentado por Ruben's Café. Ruben's Café argumentó que la contestación fue tardía y que el juramento tomado en Florida no cumplía con los requisitos legales al carecer de certificación o apostilla. El Tribunal de Primera Instancia autorizó la contestación de TSF y posteriormente denegó una moción de Ruben's Café que reiteraba la falta de perfeccionamiento del juramento. El foro primario sostuvo que la contestación de TSF cumplía con la Regla 33 de Procedimiento Civil. Ruben's Café solicitó la intervención del Tribunal de Apelaciones para dejar sin efecto esta determinación. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari presentado por Humberto W. Rivera Figueroa y la Cooperativa de Seguros Múltiples. Los peticionarios impugnaron una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de recusación en un caso de daños y perjuicios. El pleito original fue incoado por Ángel Ortiz Mangual y otros, alegando daños sufridos por un ataque de perros bajo el Artículo 1805 del Código Civil. La demanda reclama compensación por el incidente ocurrido en Añasco, atribuyendo responsabilidad a los peticionarios como dueños o poseedores de los animales. Los peticionarios negaron las alegaciones y atribuyeron el incidente a la culpa del demandante. En el presente recurso ante el Tribunal de Apelaciones, los peticionarios también presentaron una Moción en Auxilio de Jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones declara No Ha Lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción. Asimismo, el Tribunal deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por los peticionarios.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, José Ermitanio Cruz Cruz, impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que anotó su rebeldía en un pleito de nulidad de contrato y desahucio. Los demandantes, los Hermanos Renovales Meléndez, iniciaron la acción alegando la nulidad de un contrato de arrendamiento por falta de consentimiento unánime de los herederos y por incumplimiento contractual. El señor Cruz Cruz fue emplazado pero no contestó la demanda dentro del término reglamentario. Los demandantes solicitaron y obtuvieron la anotación de rebeldía. El peticionario solicitó una prórroga y luego la reconsideración de la rebeldía, presentando su contestación, pero ambas peticiones fueron denegadas por el Tribunal de Primera Instancia. El señor Cruz Cruz alega que el tribunal erró al no relevar la anotación de rebeldía. El Tribunal de Apelaciones evalúa el recurso conforme a las reglas de procedimiento civil aplicables al certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación presentada por Víctor A. Rivera Soto contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. La apelación surge de un caso de divorcio y se centra en la pensión alimentaria de un hijo menor. El apelante solicitó que se le reconociera un crédito por supuestos pagos en exceso realizados por la Administración del Seguro Social directamente al menor. Estos pagos provenían de beneficios por incapacidad del padre y cesaron al cumplir el hijo 18 años. El apelante argumentó que los beneficios de ASS excedieron su obligación total de pensión, generando un crédito a su favor. El Tribunal de Primera Instancia denegó el crédito, basándose en el Artículo 657 del Código Civil, que establece que el derecho a recibir alimentos no puede compensarse. El apelante recurrió, alegando abuso de discreción por parte del foro primario. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los argumentos, confirma la Resolución apelada.

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Resolución de un panel de jueces sobre un recurso de Certiorari presentado por Eulogio Galarza Torres. El Peticionario solicitó la nulidad de una subasta de propiedad y la paralización de un Aviso de Lanzamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia. La propiedad fue subastada y posteriormente se emitió un aviso de desalojo. El foro recurrido denegó una moción del Peticionario para anular la subasta. Inconforme, el Peticionario acudió a este Tribunal mediante Certiorari. El Tribunal analizó el recurso presentado. Se determinó que el Tribunal carece de jurisdicción para atender la petición. La falta de jurisdicción es un defecto insubsanable que impide al tribunal considerar el caso. Por tanto, el recurso de Certiorari es desestimado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en respuesta a un recurso de certiorari. La Asociación de Titulares Los Eucaliptos, Inc. y otros solicitaron revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución del foro primario declaró No Ha Lugar una moción de desestimación presentada por los peticionarios. El caso original fue incoado por William de Gracia de León y Yesenia Martínez Claudio. Los recurridos demandaron a la Asociación y otros buscando una sentencia declaratoria e injunction. La controversia surge de la denegatoria de sus planos de construcción por el Comité de Arquitectura de la Urbanización. Los demandantes alegaron que la denegatoria fue inoficiosa, suscrita por personas no autorizadas y arbitraria. Argumentaron que la Junta Directiva usurpó las funciones del Comité de Arquitectura. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado. Esto confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no desestimar la demanda.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. La Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos (la Unión) solicitó la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia denegó la revisión de una determinación del Negociado de Conciliación y Arbitraje. El Negociado había desestimado con perjuicio una querella de una empleada contra Telefónica de Puerto Rico / Claro. La desestimación ocurrió por la incomparecencia de la Unión a la vista de arbitraje. La Unión argumentó que la desestimación fue un abuso de discreción y contraria a la política pública. El Patrono sostuvo que la decisión del Negociado se ajustó al reglamento y al convenio colectivo. El Tribunal de Primera Instancia confirmó la decisión del Negociado. El Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción y considerando los criterios aplicables, ha decidido denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por la Unión.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha orden condenó a B Billboard BG, LLC, parte demandante en un caso previo bajo la Ley 161-2009, al pago de honorarios de abogado a la parte demandada, Out of Home Media, LLC. El caso original fue desestimado por el TPI por falta de legitimación activa de la demandante, decisión confirmada por el Tribunal de Apelaciones y cuya revisión fue denegada por el Tribunal Supremo con votos divididos. El TPI había denegado inicialmente la solicitud de honorarios, indicando que el caso no se desestimó por los méritos y la petición no carecía totalmente de ellos. No obstante, un juez distinto del TPI concedió una solicitud posterior de honorarios sin justificación. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI erró al imponer los honorarios. Determina que el TPI no estaba en posición de concluir que la postura de la demandante carecía de "mérito y razonabilidad" o "fundamento en ley", considerando que la desestimación fue por legitimación y que la controversia generó opiniones divididas en los foros apelativos.

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Sentencia de un panel de jueces apelativos revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El señor Francisco Manuel Vargas Ramos apeló la desestimación de su petición contra la Oficina de Licencia de Armas del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR). El apelante solicitaba una orden para que se le expidiera una licencia de armas, denegada por el NPPR. La agencia basó la denegatoria en previas convicciones del apelante por Agresión Agravada Grave y Actos Lascivos, citando la Ley de Armas. El apelante argumentó que cumplía los requisitos al poseer un certificado negativo de antecedentes penales, ya que las convicciones fueron eliminadas judicialmente. El NPPR sostuvo que la ley prohíbe la licencia si una investigación revela convicciones por delitos graves violentos, independientemente del certificado. El TPI desestimó la petición, concluyendo que la investigación de la agencia y la sentencia criminal confirmaron la convicción por Agresión Agravada Grave, un delito grave violento. El foro primario determinó que esta convicción descalifica al solicitante bajo la Ley de Armas, a pesar del certificado negativo. El panel apelativo considera el recurso tras recibir los alegatos de las partes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso de certiorari presentado por Platinum Emergency Group, Inc. Platinum solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria en cuanto a la causa de acción del doctor Francisco M. Estrada Fernández. El caso se originó con una demanda por incumplimiento de contrato y daños presentada por el Dr. Estrada y F/E Medical Services Group, PSC contra Platinum, Salud Integral en la Montaña, Inc. y aseguradoras. Los demandantes alegaron que Platinum terminó sin causa ni notificación un contrato para servicios médicos en salas de emergencia de SIM, supuestamente basado en una queja infundada contra el Dr. Estrada. Reclamaron compensación por ingresos perdidos y otros daños. Platinum y SIM cuestionaron la existencia de un contrato con la entidad corporativa FE y la legitimación activa de los demandantes. Los demandantes enmendaron la demanda aclarando su rol como subcontratistas de Platinum. El Tribunal de Apelaciones resuelve no ejercer su discreción para expedir el recurso solicitado. Por tanto, el caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos.

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Sentencia judicial emitida por un panel de jueces en Puerto Rico. El recurso de Certiorari fue presentado por Telecomunicaciones de Puerto Rico, Inc. ("Claro Puerto Rico"). La Peticionaria solicitó dejar sin efecto una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Solicitud de Sentencia Sumaria y la Oposición del Recurrido. El caso subyacente trata sobre la querella de despido injustificado y represalias presentada por el señor Juan Carlos Chinea Ayala ("Recurrido"). El despido ocurrió tras un incidente donde el Sr. Chinea confrontó, impidió ponchar y aguantó por un brazo a otro empleado, causando interrupción laboral. La evidencia, incluyendo videos y la deposición del Recurrido, corroboró los hechos del altercado. El Sr. Chinea presentó su querella alegando despido injustificado y represalias. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado el trámite sumario pero denegó ambas solicitudes de sentencia sumaria. El panel revisó el dictamen recurrido y, por los fundamentos expuestos, revoca la Resolución del foro recurrido.

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Sentencia de un panel de jueces apelativos en Puerto Rico que revisa un dictamen del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había declarado No Ha Lugar una querella presentada por María E. Colón y la sucesión de su esposo contra Walmart Puerto Rico, Inc. La querella alegaba despido injustificado y discriminatorio por edad. La señora Colón, de 73 años y con 27 años de servicio, sostenía que fue despedida de su puesto de Asistente de Gerente tras negarse a trabajar un turno nocturno obligatorio debido a la necesidad de atender emergencias de salud de su esposo. Argumentó que la exigencia del turno y su posterior despido fueron discriminatorios. El TPI concluyó que Walmart tuvo una razón legítima no discriminatoria para el despido, basada en incumplimiento de políticas y abandono de empleo. Tras evaluar el expediente, el tribunal apelativo adelanta la revocación del dictamen sumario del TPI. El caso involucra reclamaciones al amparo de las leyes de Puerto Rico sobre despidos injustificados y discrimen en el empleo por edad.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una petición de mandamus y sentencia declaratoria. Varias asociaciones empresariales apelaron la decisión, que se originó en su impugnación a una determinación de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo. La Comisión había aprobado un aumento del salario mínimo a $10.50 por hora, efectivo el 1 de julio de 2024. Los apelantes argumentaron que esta determinación era nula porque, según su interpretación de la Ley de Salario Mínimo, requería el voto afirmativo de los cinco miembros de la Comisión, no solo tres. Solicitaron al foro primario que ordenara a la Comisión corregir su decisión y declarara la nulidad del aumento. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar una moción de desestimación presentada por el Estado Libre Asociado y la Comisión. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó el dictamen apelado, manteniendo la desestimación de la acción presentada por las asociaciones empresariales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia sumaria que declaró nulo un testamento y anuló un legado de propiedad. La acción fue presentada por la viuda y albacea de un heredero de la testadora, quien falleció años después de esta. La demandante impugnó un testamento de 2013 que legaba un inmueble a unos menores, cuya transferencia se efectuó tras el fallecimiento del heredero. Los demandados alegaron que el heredero, en vida, participó en la liquidación de la herencia sin objetar el testamento, lo que implicaría su consentimiento y extinguiría la causa de acción. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de la demandante. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones concluye que el expediente no permitía determinar sumariamente si el heredero consintió a la forma de dividir los bienes de la causante antes de fallecer. Esta determinación es fundamental para establecer si la demandante heredó una causa de acción válida o si esta se extinguió previamente. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia no estaba en posición de adjudicar los méritos del caso por la vía sumaria.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El recurrido, Rolando Rivas Calzada, demandó por un accidente en carrito de golf ocurrido en 2014. Inicialmente demandó a otras entidades, pero mediante descubrimiento de prueba identificó a DBR Dorado Owner, LLC como dueño del carrito. Enmendó la demanda para incluir a DBR y su aseguradora, AIG, en 2017. DBR-AIG presentaron una moción de sentencia sumaria parcial alegando que la acción estaba prescrita en su contra. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha moción. DBR-AIG recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y el historial procesal. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución del foro primario. Esto significa que se mantuvo la denegatoria de la sentencia sumaria basada en la prescripción.

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Gabriel Medina Torres comparece ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. Solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito, que declaró no ha lugar su moción de corrección de sentencia amparada en la Regla 192.1. El señor Medina Torres cumple una sentencia de veinte años y en su moción original alegó desconocimiento al hacer alegación de culpabilidad, falta de evidencia pericial y que la sentencia era inconstitucional e ilegal. El TPI denegó la moción al considerar que no cumplía los criterios de la Regla 192.1. El Tribunal de Apelaciones requirió al peticionario copia de documentos para evaluar su jurisdicción, pero solo recibió copia de la moción original. La resolución explica la naturaleza del certiorari como un vehículo procesal extraordinario y discrecional para revisar decisiones de tribunales inferiores. El tribunal se encuentra evaluando el expediente para determinar si procede expedir el auto y atender la reclamación.

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Sentencia de un panel apelativo que resuelve la apelación presentada por Caparra 5, LCC. Caparra 5 impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró responsable del pago de cuotas de mantenimiento adeudadas por dos unidades de condominio. El TPI determinó que Caparra 5, al adquirir voluntariamente las propiedades en subasta, asumió la responsabilidad por las deudas conforme a la Ley de Condominios. Caparra 5 alegó haber adquirido las propiedades mediante engaño, argumentando que no se le informó de la cuantiosa deuda de mantenimiento. Sostuvo que el administrador del condominio y el representante del acreedor hipotecario actuaron de mala fe al no revelar la deuda ni incluirla en los edictos de subasta. A pesar de que el TPI identificó hechos controvertidos que requerían juicio, dispuso sumariamente sobre la responsabilidad inicial. El tribunal apelativo revisó los argumentos de Caparra 5 contra la decisión sumaria. Tras considerar los planteamientos, el panel encontró que los argumentos no eran convincentes. Por tanto, el tribunal apelativo decidió confirmar la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia emitida por un panel de jueces en San Juan, Puerto Rico. Se revisa una Sentencia Parcial sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó varias causas de acción. Los apelantes, Manuel Antonio Hernández Alemán y Virna Sid Rodríguez Ortiz, solicitaron revocar dicho dictamen. Sus reclamaciones contra Ranger American of Puerto Rico, Inc. incluían despido injustificado, discrimen por edad, represalias y daños. El señor Hernández Alemán alegó discrimen al asignarle menos horas, fabricación de un caso de hostigamiento sexual, difamación y despido sin justa causa ni en represalia. Ranger sostuvo que el señor Hernández Alemán renunció y sus acciones se debieron a necesidades operacionales. El Tribunal de Primera Instancia desestimó las causas de acción mediante sentencia sumaria. Tras revisar los fundamentos, el panel de jueces confirmó el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión administrativa de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas. El recurrente, Edwin Valentín Vázquez, apeló la suspensión de su licencia de perito electricista. La Junta suspendió la licencia por incumplimiento con el requisito de horas de educación continua para el periodo que culminó el 31 de diciembre de 2023, según lo exige la Ley 115-1976. El recurrente alegó que la Junta carecía de jurisdicción debido a fallas procesales del Colegio de Peritos Electricistas. También argumentó que la suspensión sumaria violó su derecho al debido proceso de ley al no permitírsele ser oído o presentar prueba de cumplimiento, y que la disposición legal aplicada era inconstitucional. El recurrente afirmó haber completado las horas requeridas después de la fecha límite pero antes de la suspensión. La Junta Examinadora no presentó alegato ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución de la Junta Examinadora.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una Petición de Certiorari presentada por Orlando José Aponte Rosario. El peticionario busca revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, que denegó su solicitud de desestimación de cuatro denuncias en su contra. Estas denuncias, presentadas por un Fiscal Especial Independiente (FEI), incluyen violaciones a la ley de violencia doméstica y a la ley de armas. El peticionario argumentó que el FEI carecía de jurisdicción porque la investigación excedió los términos estatutarios establecidos en la Ley Núm. 2-1988. Alegó que el FEI no le notificó extensiones posteriores al 29 de enero de 2024, mientras que las denuncias se radicaron en junio de 2024. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, resolviendo que el término investigativo no es jurisdiccional sino de estricto cumplimiento, basándose en *Pueblo v. Colón Bonet*. El peticionario solicitó reconsideración, afirmando que el tribunal interpretó incorrectamente el precedente sobre la naturaleza jurisdiccional de los términos. El Pueblo de Puerto Rico se opuso a esta solicitud. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora el asunto y ha decidido prescindir de la comparecencia del Pueblo. La cuestión central es si el FEI perdió jurisdicción para radicar cargos al exceder el período estatutario para la investigación.

Resumen:

La Cámara de Comercio de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Busca dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso laboral instado por Antonio de los Santos Tejada. El pleito original trata sobre despido injustificado y discrimen por edad bajo la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la causa de acción por discrimen, pero continuó la reclamación bajo la Ley 80. La controversia central del certiorari es la negativa del foro primario a concederle a la Cámara de Comercio un término para radicar una solicitud de sentencia sumaria. La parte peticionaria alegó que el tribunal abusó de su discreción al negar la solicitud, basándose en una interpretación errónea del plazo para presentarla. El recurrido solicitó la desestimación del certiorari por falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, desestima el recurso de certiorari presentado por la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones evalúa un recurso de certiorari en un litigio sobre deslinde entre vecinos. El demandante solicitó la declaración de los linderos de su propiedad y la remoción de una estructura alegadamente invasora. Los demandados presentaron dos mociones de desestimación argumentando la prescripción de la acción. El Tribunal de Primera Instancia denegó la primera moción, determinando que la acción de deslinde es imprescriptible. Ante la segunda moción, el TPI se limitó a referir a su resolución anterior. Los demandados recurrieron en certiorari contra la denegatoria de la segunda moción. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción, declina intervenir con la decisión del TPI. Considera que el Tribunal de Primera Instancia actuó razonablemente al denegar la segunda moción de desestimación por prescripción.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de liquidación de comunidad post ganancial. El peticionario impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que refirió el caso de liquidación a la Sala de Familia dentro del expediente de divorcio. Dicha Resolución ordenó aplicar artículos del Código Civil de 2020 sobre hogar seguro a una Sentencia previa. La controversia gira en torno a la liquidación de una propiedad inmueble que fue declarada hogar seguro para la hija menor de las partes. La hija alcanzó la mayoría de edad, cesando la pensión alimentaria. El Tribunal de Primera Instancia intentó que la reclamación de hogar seguro se ventilara en el caso de divorcio bajo el nuevo Código Civil. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de certiorari presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Armonía en los Prados. La petición buscaba la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. Dicha moción se basaba en la alegación de insuficiencia en el diligenciamiento del emplazamiento en una demanda de cobro de dinero presentada por Manor Contractors, Inc. El Consejo de Titulares argumentó que el emplazamiento debió ser entregado al Presidente de la Junta de Directores, conforme a la Ley de Condominios y la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, y no a la Secretaria. El Tribunal de Primera Instancia había determinado que el emplazamiento realizado era válido. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado. Por tanto, el caso se devuelve al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un caso de despido injustificado y discrimen por razón de edad. La corporación Caribbean Restaurants, LLC solicitó al tribunal revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión del foro primario denegó la moción de sentencia sumaria presentada por Caribbean Restaurants. La empresa buscaba la desestimación de las reclamaciones de su exempleado, Eric Rodríguez Cruz. El Sr. Rodríguez Cruz demandó a Caribbean Restaurants alegando despido injustificado y discrimen por edad tras ser despedido. La empresa argumentó que el despido se debió a alegaciones de hostigamiento sexual. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar la petición, denegó expedir el auto de certiorari solicitado por Caribbean Restaurants. Esto implica que el caso continuará su curso en el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia de un panel de jueces revisando dos recursos: una Apelación (KLAN202400579) presentada por Think and Grow Rich, LLC y un Certiorari (KLCE202400752) presentado por Matthew Winter. La Apelación busca revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó una Demanda de Desahucio en precario incoada por la Corporación contra Kimberly Winter. La Corporación alegó ser dueña de un inmueble ocupado por la señora Winter. La señora Winter argumentó que la Corporación es el alter ego de su exesposo, Matthew Winter, y que el inmueble fue el hogar conyugal. El Certiorari impugna una Resolución del TPI que concedió provisionalmente el derecho de Hogar Seguro sobre el mismo inmueble a favor de la señora Winter y el hijo menor de edad en un caso de divorcio. El TPI había desestimado el desahucio tras considerar la defensa de la señora Winter y la determinación de Hogar Seguro. El panel confirma la Sentencia del TPI que desestimó la Demanda de Desahucio. Asimismo, deniega expedir el recurso de Certiorari presentado por el señor Winter.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Juan Arce Collazo y Giovanni Ramos Betancourt. Solicitan la revisión de una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, el 17 de enero de 2024. Dicha sentencia decretó el desistimiento y archivo, con perjuicio, de la causa de acción fundamentada en la violación de la cláusula de no competencia de un contrato. El caso original es un cobro de dinero e incumplimiento de contrato presentado por José Luis Rodríguez González. La controversia surge de un Contrato de Arrendamiento de Restaurante y Venta de Negocio en Marcha de 2016. El demandante alegó que los apelantes violaron la cláusula 30 al operar un negocio competidor, forzándolo a cambiar el concepto de su establecimiento. Los apelantes negaron el incumplimiento y solicitaron la nulidad de la cláusula de no competencia mediante moción de sentencia sumaria parcial. Este documento detalla el trasfondo fáctico y procesal que llevó a la apelación de la decisión del foro primario sobre dicha cláusula.

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El Tribunal de Apelaciones revisó las sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia contra el Sr. Francisco J. Santiago Rosario y el Sr. José M. Díaz Serrano. Ambos fueron hallados culpables por un jurado de múltiples delitos, incluyendo robo agravado, amenazas, intimidación a testigos y violaciones a la ley de armas. Los hechos imputados ocurrieron en Guayama en julio de 2022. Tras el veredicto de culpabilidad, el TPI les impuso penas de 102 y 116 años de reclusión, respectivamente. Los apelantes recurrieron la decisión, alegando error del TPI al admitir prueba supuestamente inadmisible, específicamente certificaciones sobre la falta de licencia de armas. El Tribunal de Apelaciones consideró los argumentos presentados en el recurso. Finalmente, el panel de jueces determinó confirmar las sentencias apeladas.

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Este tribunal revisa una Apelación (KLAN202400579) presentada por Think and Grow Rich, LLC y un Certiorari (KLCE202400752) presentado por Matthew Winter. La Apelación busca revocar la Sentencia del TPI que desestimó una Demanda de Desahucio en precario incoada por la Corporación contra Kimberly Winter sobre un inmueble en Río Grande. La Corporación alegó ser dueña del inmueble, mientras la señora Winter sostuvo que era el hogar conyugal y la Corporación el alter ego de su entonces esposo, el señor Winter. El Certiorari solicita la revisión de una Resolución del TPI que concedió provisionalmente un derecho de Hogar Seguro sobre el mismo inmueble a favor del hijo menor de edad de los señores Winter, en el contexto de su caso de divorcio. La señora Winter informó al TPI sobre esta determinación de hogar seguro en el pleito de desahucio. El tribunal confirma la Sentencia apelada que desestimó la Demanda de Desahucio. Asimismo, deniega expedir el recurso de Certiorari solicitado por el señor Winter. La decisión valida la desestimación del desahucio y mantiene la determinación provisional de hogar seguro sobre la propiedad.

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Se trata de una apelación contra una sentencia sumaria dictada en un caso de cobro de dinero. La apelante, Priscila Veintidós Rivera, impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar una deuda a Popular Auto, LLC. La controversia surge de un contrato de venta a plazos de un vehículo, donde Popular Auto alega incumplimiento de pago. La apelante sostiene que entregó el vehículo en 2017, lo que considera cerró la cuenta, y que Popular Auto posee el vehículo. El Tribunal de Primera Instancia sancionó a la apelante por incumplimiento con el descubrimiento de prueba, eliminó sus alegaciones y anotó su rebeldía. A pesar de que la apelante presentó una moción de sentencia sumaria basada en la entrega del vehículo, el foro primario dictó sentencia sumaria a favor de Popular Auto. La apelante alega que el tribunal erró al dictar sentencia sin considerar su defensa y sin que Popular Auto probara sus alegaciones, existiendo evidencia que apoyaba su versión. El Tribunal de Apelaciones revisa si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente las reglas de sentencia sumaria, especialmente considerando el historial procesal y la disputa fáctica sobre la entrega del vehículo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre custodia, relaciones filiales y alimentos. Las partes se divorciaron por mutuo consentimiento en octubre de 2022 mediante escritura notarial, acordando custodia compartida y sin pensión alimentaria. En febrero de 2023, modificaron voluntariamente el acuerdo mediante declaración jurada, estableciendo custodia monoparental para la madre y una pensión de \$3,000 mensuales a cargo del padre. En septiembre de 2023, el padre demandó para modificar los acuerdos, solicitando la intervención del Examinador de Pensiones Alimentarias. La madre se opuso a la revisión de alimentos, alegando que no habían transcurrido tres años ni había cambio sustancial desde la modificación. El foro primario dictó sentencia declarando que la escritura de divorcio original es la fuente jurídica que rige a las partes y refirió el caso al Examinador. La madre apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.