Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 43)

Resumen:

Recurso de revisión judicial presentado por AE Nova Distributors, Inc. ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. AE Nova impugna la adjudicación de la Subasta Núm. 231007741 por la Junta de Subastas del Colegio de Ciencias Agrícolas, UPR Mayagüez, a favor de Multidesk, LLC. La subasta era para la venta e instalación de mobiliario de oficina. AE Nova alegó que la notificación de adjudicación fue defectuosa, se le negó acceso al expediente administrativo y que, siendo el licitador responsivo con la oferta más baja, no recibió la buena pro. El Tribunal de Apelaciones determinó que los primeros dos señalamientos de error de AE Nova, relativos a la notificación y la denegación de acceso al expediente, tienen razón. Debido a estos errores procesales, el tribunal no se pronunció sobre el tercer señalamiento respecto a la oferta económica. En consecuencia, el tribunal ordenó a la Junta de Subastas revelar de inmediato la totalidad del expediente administrativo al recurrente. La sentencia se enfoca en corregir los defectos procesales en la tramitación de la subasta.

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San Jorge Associates presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones buscando revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó la solicitud de sentencia sumaria de San Jorge Associates en un pleito laboral por despido injustificado. El caso fue instado por María del Pilar Rivera Cintrón acogiéndose al procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 de 1961. La señora Rivera Cintrón argumentó que el Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción para intervenir con una determinación interlocutoria en este tipo de procedimiento. El Tribunal de Apelaciones coincidió con la recurrida. Por tanto, desestimó el recurso de certiorari por falta de jurisdicción. Determinó que la decisión recurrida es una determinación interlocutoria en un proceso sumario bajo la Ley Núm. 2-1961. No se configuró ninguna de las excepciones jurisprudenciales que permitirían la intervención apelativa en esta etapa. El Tribunal de Primera Instancia había denegado la sentencia sumaria al encontrar controversia sustancial de hechos materiales.

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Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio. Frances M. Díaz Fossé apeló una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La resolución apelada, notificada en junio de 2024 y enmendada posteriormente, modificó los arreglos de custodia de las tres hijas menores de las partes. El Tribunal de Primera Instancia acogió las recomendaciones de un informe social para establecer la custodia compartida. La apelante solicitó reconsideración, la cual fue denegada en agosto de 2024. Díaz Fossé presentó el recurso de apelación, argumentando que la modificación de custodia sin una vista en su fondo violó el debido proceso de ley. El apelado, Javier Rivera Guillama, se opuso al recurso, alegando falta de jurisdicción, entre otros fundamentos. El Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar el recurso. Por los fundamentos que expondrá, el Tribunal desestima el recurso. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender la apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de Certiorari. El caso principal es una demanda por daños y perjuicios presentada por Luz M. Fuentes González contra el Condominio Baldorioty Plaza y sus aseguradoras. La controversia central gira en torno a si la causa de acción de la demandante está prescrita. Los peticionarios, Condominio y Guardian Insurance, impugnaron una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que determinó que la reclamación no estaba prescrita. Argumentaron que una carta extrajudicial enviada por la demandante no interrumpió el término prescriptivo al ser devuelta por dirección insuficiente. El TPI, en su resolución del 17 de julio de 2024, rechazó el argumento de prescripción y ordenó seguir con el caso. Los peticionarios acudieron nuevamente al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari contra esta decisión. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado y confirmó la resolución del TPI, dictaminando que la causa de acción por daños y perjuicios no está prescrita.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende la apelación de la Federación Laborista de Empleados Universitarios del Recinto de Mayagüez (FLEURUM). La FLEURUM impugnó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que concedió un injunction permanente a la Universidad de Puerto Rico y el Recinto Universitario de Mayagüez (UPR-RUM). La UPR-RUM demandó a la FLEURUM tras esta bloquear los portones del recinto durante manifestaciones, impidiendo el acceso y paralizando actividades. La universidad alegó que estas acciones eran ilegales, recurrentes y causaban daño irreparable, solicitando remedios interdictales. El Tribunal de Primera Instancia emitió un entredicho provisional y posteriormente, tras una vista consolidada, dictó el injunction permanente. Dicho injunction ordenó a la FLEURUM cesar y desistir de obstruir el libre tránsito y acceso a las facilidades del RUM. La FLEURUM había argumentado falta de jurisdicción en primera instancia. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos y confirmó la sentencia apelada, validando la orden de injunction permanente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en un recurso de revisión judicial presentado por Gerardo Colón Rosado. El recurrente, confinado, impugna una Resolución disciplinaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) notificada el 14 de junio de 2024. Alega que la decisión del DCR violó su derecho al debido proceso de ley procesal. Tras solicitar reconsideración ante el DCR sin obtener respuesta, presentó el recurso de revisión judicial el 1 de octubre de 2024. El Tribunal, antes de evaluar el fondo, examina su jurisdicción. Determina que la presentación tardía de un recurso es un defecto insubsanable que priva al tribunal de jurisdicción. Concluye que el recurso fue presentado fuera del término legal establecido. Por consiguiente, desestima el recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción debido a su presentación tardía.

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Sentencia de un panel apelativo de Puerto Rico que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo. La apelante, Sra. Susan Figueroa, demandó a Gilbert Pool Construction, Inc., y otros por incumplimiento de contrato en la construcción de una piscina y jacuzzi. Figueroa alegó que la obra no fue satisfactoria y que incurrió en gastos adicionales para completarla. La parte apelada solicitó sentencia sumaria, argumentando que la interferencia de terceros justificó la rescisión del contrato y les impidió finalizar la obra. El foro primario declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria y desestimó la demanda. La Sra. Figueroa apeló esta determinación ante el panel. Tras revisar los fundamentos, el panel apelativo confirmó la Sentencia apelada.

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Se presenta un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por Reynaldo Bultrón Román contra la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente impugna la resolución de la Junta que denegó su solicitud de libertad bajo palabra. Tras la denegatoria inicial, el señor Bultrón Román presentó una moción de reconsideración ante la Junta. La Junta de Libertad Bajo Palabra acogió dicha moción de reconsideración y se encontraba en el proceso de resolverla. Sin esperar la resolución final de la reconsideración administrativa, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. El recurso fue presentado de forma prematura. La Junta aún no había emitido una decisión final sobre la moción de reconsideración, por lo que el proceso administrativo no había concluido.

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Recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Génesis Security Services, Inc. contra la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Guaynabo. La recurrente impugnó la adjudicación de la Solicitud de Propuesta 23-RFP-004 a Arimar, Inc., alegando que su oferta no era responsiva por insuficiencia de documentos. La Junta de Subastas solicitó la desestimación del recurso por academicidad. Reconoció que Arimar, Inc. no había sometido los documentos requeridos. Consecuentemente, la Junta de Subastas dejó sin efecto la adjudicación a Arimar, Inc. y la descalificó de la propuesta. El Tribunal de Apelaciones evaluó los escritos de las partes. Determinó que la acción de la Junta de Subastas de revocar la adjudicación tornó la controversia académica. Aplicando la doctrina de la academicidad, el Tribunal concluyó que no existía una controversia vigente que ameritara su intervención. Por tanto, se desestima el recurso de revisión administrativa por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre una petición de certiorari presentada por Nicky Hernández Gaya. El peticionario solicita la revisión y revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Mayagüez. Dicha resolución del TPI, emitida el 27 de junio de 2024, declaró No Ha Lugar una Moción al Amparo de la Regla 64(N)(4) de Procedimiento Criminal. Esta moción buscaba la desestimación de los casos criminales contra el peticionario, alegando la violación de su derecho a un juicio rápido. El TPI determinó que existió justa causa para la demora y que esta fue provocada o consentida por el peticionario. El peticionario recurre alegando error en la determinación del TPI, particularmente sobre la supuesta consolidación y la competencia de la sala. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones deniega el auto de certiorari solicitado.

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Este recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones fue presentado por Mayra Pastrana Martínez para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de descalificar al abogado Enrique Peral. La peticionaria demandó a Raúl Pastrana Martínez y otros por alegadas violaciones al deber de fiducia en empresas familiares. Solicitó la descalificación del Lcdo. Peral, representante de Raúl Pastrana, argumentando que este fue su abogado y el de la sucesión de su padre en trámites hereditarios. Alegó que el abogado obtuvo información confidencial y que los asuntos hereditarios implicaron análisis de las mismas empresas objeto del litigio actual, creando un conflicto de interés por representación sucesiva adversa. El Lcdo. Peral se opuso, negando haber representado a la peticionaria en asuntos contenciosos o haber accedido a información confidencial, y sostuvo que la partición de herencia no le otorgó interés en las corporaciones litigadas. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de descalificación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, Denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por la peticionaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por miembros de la población correccional. Los apelantes impugnaron una medida de seguridad del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que suspendió privilegios bajo la Regla 9 de su reglamento disciplinario. Alegaron que la medida fue impuesta ilegalmente y violó sus derechos constitucionales y el debido proceso. Inicialmente, buscaron una orden de injunction en el Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI desestimó su acción por falta de jurisdicción, concluyendo que no habían agotado los remedios administrativos disponibles dentro del DCR. Los apelantes apelaron esta desestimación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada del TPI. La decisión valida la determinación del TPI de que era necesario agotar los procedimientos administrativos de la agencia antes de recurrir al foro judicial en este caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por CBL Realty SE contra Evolution Services Group, LLC. La apelación busca la revisión de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda y solicitud de sentencia sumaria de ESG. El litigio surge de la cancelación de un acuerdo de servicios profesionales de limpieza y mantenimiento entre las partes. Dicho acuerdo, efectivo desde el 1 de mayo de 2021, incluía una cláusula de renovación automática anual y procedimientos específicos para su cancelación. CBL intentó cancelar el acuerdo en abril de 2022, antes de su primer aniversario, mediante correo electrónico y carta certificada, alegando deficiencias y otras razones. ESG demandó por incumplimiento contractual. El foro primario falló a favor de ESG. Tras revisar el expediente y los fundamentos presentados, el Tribunal de Apelaciones determina revocar el dictamen apelado del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en revisión administrativa de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Los recurrentes, Carmen D. Perea Cruz y Reese M. Johnson, impugnaron la determinación del DACo que declaró No Ha Lugar su querella contra Automobili Corp. h/n/c Avilés Auto. La querella original alegaba dolo en la contratación por el incumplimiento del concesionario de notificar que el vehículo adquirido fue utilizado como uno de alquiler. Además, los recurrentes detallaron numerosos problemas mecánicos que experimentó el vehículo tras la compra, incluyendo fallos en el radiador, transmisión y motor, que requirieron múltiples reparaciones y reemplazos bajo garantía. A pesar de estas alegaciones y el historial de desperfectos, el DACo había desestimado la querella. El Tribunal de Apelaciones examinó la solicitud, los alegatos de las partes y el expediente administrativo completo. Tras su análisis, el Tribunal concluyó que procedía revocar la resolución emitida por el DACo. La sentencia detalla el historial de reparaciones del vehículo y el proceso seguido ante el DACo. La decisión se fundamenta en los motivos que llevaron al Tribunal a dejar sin efecto la determinación administrativa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de Certiorari presentado por Cristian J. Rodríguez Marrero contra El Pueblo. El Peticionario solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que denegó su moción de traslado de región judicial. Alegó haber recibido amenazas y maltrato por parte de alguaciles del tribunal debido a la relación de una víctima con el Supervisor de Alguaciles. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud por considerar las alegaciones genéricas y sin fundamento legal suficiente para ordenar el traslado. El Peticionario también solicitó un auxilio de jurisdicción para paralizar el juicio inminente. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones prescindió de la comparecencia del Ministerio Público. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones declaró No Ha Lugar al Auxilio de Jurisdicción y denegó la expedición del auto de Certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, emitió una resolución sobre una petición de Certiorari. La petición fue presentada por Caribe Federal Credit Union, parte demandada-peticionaria en un caso originado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. El pleito subyacente involucra a Félix Carlos Arroyo Dávila como demandante contra HMW Automotive Group LLC, Caribe Federal Credit Union y otros, relacionado con incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Fechada el 4 de octubre de 2024, la resolución indica que el Tribunal consideró el recurso de Certiorari presentado por Caribe Federal Credit Union. El Tribunal decidió denegar la expedición del Certiorari. Esta denegatoria se fundamenta en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. La resolución fue certificada por la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por Ángeles M. Rodríguez D’andrea contra el Departamento de Hacienda. La apelante impugna la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha demanda buscaba el reintegro de contribuciones sobre ingresos pagadas por una partida de daños y relevo de reclamaciones laborales recibida en 1998 como parte de un acuerdo de terminación de empleo. La apelante alegó que esta partida estaba exenta de tributación según jurisprudencia del Tribunal Supremo. El Departamento de Hacienda solicitó la desestimación de la demanda, argumentando que la reclamación constituía cosa juzgada, pues una determinación administrativa previa sobre la deficiencia contributiva había advinido final y firme en 2008. La apelante se opuso, sosteniendo que la determinación administrativa era nula e ilegal. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones desestima la apelación presentada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VII, emitió una Resolución el 4 de octubre de 2024 en el caso KLAN202400833. Este recurso de apelación proviene del Tribunal de Primera Instancia de San Juan y trata sobre incumplimiento contractual. Las partes son VRH PROPERTIES, INC. Y OTROS como apelante y SANTANDER FINANCIAL SERVICES, INC. Y OTROS, incluyendo a Planet Home Lending, LLC., como apelada. La parte apelada, Planet Home Lending, LLC., presentó una moción solicitando la paralización del caso conforme a la Sección 362 del Código de Quiebras de Estados Unidos (11 USC §362). El Tribunal de Apelaciones declaró ha lugar dicha moción. Consecuentemente, se ordenó el archivo administrativo del recurso de apelación. El Tribunal se reservó jurisdicción para reabrir el caso si la paralización cesa o si procede continuar por otro fundamento.

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Sentencia de un panel de jueces que atiende la apelación del Sr. Héctor Berrios Quintero. El apelante recurre la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, que lo encontró culpable del delito de resistencia u obstrucción a la autoridad pública. Dicha sentencia le impuso una multa de $500.00. Los hechos se remontan a una intervención de tránsito donde el apelante, al ser requerido, se negó a entregar sus documentos. Alegó ser empleado federal y que el vehículo, supuestamente de su trabajo, no necesitaba tablilla ni marbete. Esta conducta, que incluyó negarse a firmar citaciones y advertencias, demoró la labor del agente. El Ministerio Público presentó prueba, incluyendo el testimonio del sargento interviniente, detallando la negativa y dilación. El Tribunal de Primera Instancia determinó causa probable y, tras el juicio, lo halló culpable. El panel de jueces revisó los fundamentos del caso. Por los motivos expuestos, el foro apelativo CONFIRMA la Sentencia recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por El Piex Puertorriqueño, Inc. contra Al C. Sneeden en un caso de cobro de dinero. El Piex apeló una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La Sentencia Sumaria fue dictada a favor del demandado, señor Sneeden. El foro primario dio por admitido un requerimiento de admisiones presentado por el señor Sneeden debido a la falta de respuesta de El Piex. Dicho requerimiento de admisiones sustentaba la posición del demandado de haber cumplido con sus obligaciones. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente, incluyendo los incumplimientos procesales de la parte apelante, como la falta de oposición a mociones y la crucial falta de respuesta al requerimiento de admisiones. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada. La decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda de cobro de dinero queda así validada.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Isaac Orozco García. El peticionario solicita la revisión de una Minuta-Resolución del Tribunal de Primera Instancia de 30 de abril de 2024. Dicha resolución denegó una solicitud para enmendar las alegaciones de la Demanda en un caso de daños y perjuicios. El caso original fue incoado en 2019 contra el Municipio Autónomo de Carolina y otros, relacionado con un accidente sufrido por el peticionario en 2018 al tropezar en una acera. La demanda alegó negligencia del Municipio y Capital Projects, Corp. Aunque la demanda fue enmendada para incluir a Capital, el foro primario desestimó posteriormente las reclamaciones contra Capital por prescripción y contra el Municipio por una cláusula contractual. A pesar de estas desestimaciones previas, el peticionario intentó enmendar la demanda nuevamente. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar esta solicitud. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones deniega el auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre una petición de Certiorari presentada por Krupp \& Co., Inc. Krupp solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que concluyó su periodo de deposiciones en un caso de restitución de pago de lo indebido y daños. La demanda original de Krupp alega que pagó a José M. Toral Muñoz facturas por servicios supuestamente no pagados por el anterior dueño de la corporación. Krupp sostiene que posteriormente encontró copias de esas mismas facturas marcadas como ya pagadas o no cobrables. Por tal motivo, Krupp reclama la restitución del dinero y compensación por daños. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de Certiorari. La decisión se fundamenta en que la petición no satisface los criterios establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la adjudicación de la Subasta Núm. 1, Serie 2024-2025, del Municipio de Aguada para el proyecto "El Sueño del Pescador". Imperial Constructions, Inc., recurrente, impugna la decisión de la Junta de Subasta que la descalificó y adjudicó la buena pro a Caribbean Specialized Construction Group (CSCG). Imperial argumenta que su descalificación fue errónea por no incluir documentos no esenciales y que CSCG debió ser descalificada por supuestas fallas en su propuesta y personalidad jurídica. La Junta descalificó a Imperial por no entregar todos los documentos requeridos en el pliego. El tribunal considera el interés público en las subastas gubernamentales y la amplia discreción de las agencias en la evaluación de propuestas. La revisión judicial se limita a determinar si la decisión fue arbitraria, caprichosa, fraudulenta o de mala fe. Tras examinar el recurso, el tribunal confirma la adjudicación de la subasta a favor de CSCG.

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Steven Sanabria Ojeda comparece ante el Tribunal de Apelaciones en revisión judicial contra una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurso surge de una solicitud administrativa de Sanabria Ojeda para imponer medidas disciplinarias a una técnica sociopenal. Alegaba que la funcionaria le notificó con un retraso significativo (95 días) una resolución relacionada con programas correccionales. La División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección denegó su solicitud de sanción. La División argumentó que no tenía facultad para disciplinar empleados. En reconsideración, la División modificó su respuesta inicial, concluyendo que la notificación fue oportuna, pero reafirmó su falta de autoridad para sancionar. El Tribunal de Apelaciones revisó esta decisión administrativa. Su Sentencia modifica la conclusión de la División sobre la entrega a tiempo del documento. No obstante, confirma la determinación de la División de Remedios Administrativos en cuanto a su falta de facultad para sancionar a la técnica sociopenal.

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Rubén Freyre Martínez solicitó la revisión judicial de una Resolución Sumaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha resolución desestimó su querella contra el Consejo de Titulares y Junta de Directores del Condominio Sol y Playa. Freyre Martínez buscaba ser eximido del pago de derramas relacionadas con la demolición y costos legales de una verja ilegalmente construida. Alegó que DACo previamente lo eximió del pago de la derrama para la construcción original, declarada nula. Sostuvo que los costos posteriores estaban vinculados al mismo proyecto ilegal. El Condominio argumentó que las nuevas derramas fueron aprobadas en asambleas distintas y no impugnadas por Freyre Martínez. DACo desestimó la querella al concluir que la exención previa solo aplicaba a la construcción y que las derramas posteriores no fueron impugnadas. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación de DACo. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal revocó la Resolución Sumaria recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de Certiorari presentado por Camarero Race Track Corp. Camarero solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reconvención contra Puerto Rico Horse Owners Association (PRHOA). La acción original fue iniciada por PRHOA, demandando a Camarero y otros por enriquecimiento injusto y daños, alegando deducciones ilegales de cuotas bajo un contrato expirado. PRHOA sostuvo que estas deducciones empobrecieron a sus miembros y beneficiaron a Camarero sin que este cumpliera sus pagos acordados. Camarero, al contestar, presentó una reconvención reclamando daños y perjuicios e interferencia torticera por parte de PRHOA. Alegó que PRHOA se había beneficiado de sus aportaciones y que sus acciones interferían con su relación contractual con la Confederación Hípica. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reconvención de Camarero a solicitud de PRHOA. Camarero impugnó esta desestimación mediante un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, denegó el recurso de Certiorari presentado por Camarero.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una solicitud de certiorari presentada por Julio J. Maldonado González. El peticionario solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de corrección de sentencia. Maldonado González fue sentenciado a un total de 56 años de prisión por asesinato en segundo grado y una infracción a la Ley de Armas. Alegó que las penas impuestas eran incorrectas según disposiciones del Código Penal de 2012 y la Ley de Armas de 2000. El Tribunal de Primera Instancia en Ponce denegó su solicitud de corrección de sentencia. Maldonado González acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un escrito tratado como certiorari. El Tribunal de Apelaciones confirmó que se cumplió con el requisito de notificación a las partes. Tras evaluar el recurso presentado, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación en un caso de desahucio por incumplimiento. Alma Cepero Nieves demandó a Ingrid Jailene Lebrón Olivo por falta de pago de cánones de arrendamiento en el Tribunal de Primera Instancia de Toa Baja. El foro primario declaró con lugar la demanda, ordenando el desalojo de la Apelante por adeudar varios meses de renta. La Apelante recurrió, alegando que el TPI erró al no citar al Municipio, supuestamente dueño del terreno, y al reconocer legitimación activa a la Apelada. El Tribunal de Apelaciones revisó el carácter sumario del desahucio y los fundamentos de la decisión apelada. Consideró que el TPI determinó la existencia de un contrato escrito y la deuda de renta, y que la Apelante admitió no tener prueba sobre la titularidad del terreno. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Se valida así la orden de desalojo contra la Apelante por incumplimiento en el pago de la renta.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una petición de certiorari presentada por American International Bank, LLC. El Banco buscaba revocar la decisión de un tribunal inferior que denegó su solicitud de desestimación de una demanda. La demanda fue instada por Best Wisdom Technology Limited por incumplimiento de contrato y cobro de dinero relacionado con depósitos. La controversia principal giraba en torno a si el foro judicial o la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) tenía jurisdicción sobre la reclamación. El Banco argumentó que, al estar en liquidación voluntaria bajo supervisión de la OCIF, esta última era el foro competente. Best Wisdom se opuso, presentando evidencia de que la propia OCIF había indicado que carecía de jurisdicción sobre disputas contractuales de depósito, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo. El tribunal de primera instancia coincidió con Best Wisdom y denegó la desestimación. El Banco recurrió esta decisión mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, denegó la expedición del auto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa un recurso de revisión administrativa presentado por Carlos M. Figueroa Nieves. El recurrente impugna una Resolución Sumaria de la Junta de Apelaciones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). Dicha resolución denegó su solicitud de sentencia sumaria y desestimó su apelación ante la Junta. La apelación original de Figueroa se dirigía contra el recobro de $7,743.70 por parte de la CFSE. Este monto le fue descontado de su compensación final al acogerse al retiro. La CFSE determinó que había pagado indebidamente dicha cantidad, correspondiente a pasos por mérito concedidos en el año 2000. Según la CFSE, la concesión fue errónea debido a un cómputo incorrecto de los años de servicio requeridos. Figueroa argumentó que cumplía los requisitos o, alternativamente, que la CFSE estaba impedida de recobrar por tratarse de un error en la interpretación de su reglamento. El Tribunal examina ahora la decisión de la Junta con base en los alegatos presentados y el expediente administrativo.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones 138 empleados y exempleados de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para revisar una resolución de la Junta de Apelaciones de la ACT. La reclamación original, presentada en 1994, busca el pago de horas extras trabajadas entre 1984 y 1994, alegando una jornada laboral de 8 horas en lugar de 7.5. La ACT no contestó la apelación inicial por casi dos décadas. Tras una vista en 2015, la Junta de Apelaciones desestimó casos por incomparecencia en 2016, decisión que fue revocada por el Tribunal de Apelaciones en 2017, señalando la dilación de la ACT. En 2024, la Junta de Apelaciones volvió a desestimar las causas de acción de 27 recurrentes por alegado desinterés. Los recurrentes afectados apelaron esta última determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó la Resolución Final Parcial y Orden emitida por la Junta de Apelaciones el 8 de abril de 2024. Por las razones expuestas en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la determinación de la Junta de Apelaciones. El caso es devuelto a la Junta de Apelaciones para que continúen los procedimientos.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Pueblo de Puerto Rico mediante Petición de Certiorari para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución declaró no ha lugar una Solicitud de Descalificación del Abogado de Defensa del señor Luis A. Espinet García. El señor Espinet García enfrenta múltiples cargos por apropiación ilegal de identidad, fondos públicos y reclamaciones falsas a Medicaid. El Ministerio Público solicitó la descalificación del abogado alegando un conflicto de interés por representación sucesiva, basado en su supuesta intervención durante el diligenciamiento de una orden de allanamiento. Alegaron que el abogado tuvo acceso previo a la prueba y orientó a la secretaria del acusado para no colaborar. El Tribunal de Primera Instancia, tras una vista, determinó que el Ministerio Público no probó sus alegaciones sobre la representación de la secretaria o el acceso previo a evidencia. Por tanto, el foro primario denegó la solicitud de descalificación. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso, confirma la Resolución y Orden recurrida. Con esta decisión, el Tribunal de Apelaciones valida la determinación del foro primario de no descalificar al abogado de defensa.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el señor Weynbert Robledo De León para revisar una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Guayama. Dicha sentencia declaró Con Lugar la solicitud de desestimación presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Policía. La acción civil original surge de un incidente el 27 de agosto de 2022, donde el Apelante alega haber sido agredido tras un accidente de auto y que agentes de la Policía no investigaron a sus agresores, sino que lo arrestaron a él. El Estado solicitó la desestimación argumentando que el Apelante no notificó oportunamente su intención de demandar. El Apelante se opuso, señalando que la querella presentada ante el Negociado de la Policía constituía una excepción al requisito de notificación. Argumentó que el Estado ya poseía la prueba relevante a través de dicha querella. El Apelante citó el caso *Aixa Hernández Normandía* como precedente análogo a su situación. El Tribunal de Apelaciones procede a atender los planteamientos de las partes respecto a la desestimación.

Resumen:

Se revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una moción de desestimación. Los apelantes, Rhamses Carazo y Blanca Forastieri, habían presentado una demanda independiente solicitando relevo de una sentencia previa. Esa sentencia anterior, de octubre de 2022, fue dictada a favor de Desarrollos Victoria, Inc. (DVI) en un pleito original de cobro de dinero y desahucio. La sentencia de 2022 fue una "sentencia por las alegaciones", emitida tras la anotación de rebeldía de los apelantes y su falta de oposición a la solicitud de DVI. DVI solicitó la desestimación de la demanda independiente de relevo de sentencia, argumentando que era tardía y buscaba re-litigar asuntos ya adjudicados. El TPI acogió la moción de desestimación de DVI. Los apelantes recurrieron esa decisión de desestimación. El panel judicial revisó los fundamentos de la desestimación. Por los motivos expuestos, se confirma la Sentencia del TPI que desestimó la demanda independiente de relevo de sentencia.

Resumen:

José M. Rodríguez Román presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones impugnando acuerdos del Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Alegó errores en su tabla de liquidación de sentencia y reclamó que el DCR le adeudaba 434 días en bonificaciones. Solicitó la revisión de estos acuerdos y un plan de desvío. El Tribunal procedió a evaluar el recurso presentado. Sin embargo, el ordenamiento jurídico exige el cumplimiento riguroso de las reglas procesales para la revisión administrativa. Específicamente, las Reglas 57 y 59 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones establecen requisitos estrictos sobre el término para apelar y el contenido del escrito de revisión. El incumplimiento con estas reglas puede impedir la revisión judicial y resultar en la falta de jurisdicción del Tribunal. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones se vio obligado a desestimar el recurso presentado por el señor Rodríguez Román por falta de jurisdicción.

Resumen:

Máximo Herrera, una persona confinada, solicitó un colchón y una silla ortopédicos para atender una condición médica. El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), a través de su División de Remedios Administrativos, resolvió que dicho equipo debía ser provisto por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), entidad que trataba al recurrente. Inconforme con esta determinación administrativa, Herrera presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Panel del Tribunal, al evaluar el recurso, se encontró igualmente dividido en su decisión. Debido a esta división, se dictó Sentencia confirmando el dictamen emitido por la agencia recurrida, el DCR. La decisión judicial incluyó un voto particular de la Jueza Ponente, al que se unió otro juez, explicando el historial del caso. También hubo votos disidentes de otros miembros del Panel.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La peticionaria, Blasina Mesa Sánchez, solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para anular una sentencia y desestimar la demanda. Su argumento principal era la supuesta falta de emplazamiento adecuado a la demandada original, María Emperatriz Morán Lantigua. El caso se originó con una demanda de Oriental Bank (luego Casitas Blancas, LLC) contra Morán Lantigua por cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Mesa Sánchez fue incluida como demandada al adquirir la propiedad. El demandante realizó gestiones para emplazar a Morán Lantigua, obteniendo y efectuando finalmente el emplazamiento por edicto tras intentos infructuosos. Posteriormente, se incluyó y emplazó por edicto a los posibles herederos de Morán Lantigua tras informarse de su posible fallecimiento. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a favor del demandante. El Tribunal de Apelaciones evaluó la solicitud de certiorari y los antecedentes procesales. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado por Mesa Sánchez.

Resumen:

Sentencia de un panel especial de jueces en un recurso de Apelación presentado por Samuel Quiñones Zambrana contra Esther Rivera Ortiz. El apelante impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda de la señora Rivera. La demanda original solicitaba el cobro de \$54,600 por incumplimiento de un contrato de arrendamiento de una habitación. El señor Quiñones negó la existencia del contrato, alegando una relación consensual, y presentó una reconvención por gastos. Tras el juicio, el foro primario dio credibilidad a la señora Rivera, validó el contrato de arrendamiento y encontró que el apelante no pagó los cánones adeudados. El tribunal de instancia ordenó al señor Quiñones a pagar la suma reclamada por alquiler, más honorarios de abogado, y desestimó su reconvención. El apelante recurrió, argumentando que el contrato era nulo por vicios en el consentimiento y constituía una simulación contractual. El panel apelativo revisó el expediente y los argumentos presentados. Por los fundamentos expuestos, la Sentencia apelada fue confirmada. La decisión ratifica la determinación del foro primario sobre la validez del contrato y el incumplimiento del apelante.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Johnny E. Vélez Martínez. El peticionario impugna la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a eximirlo de una pena especial impuesta bajo el Código Penal. Dicha exención se solicitó al amparo de la Ley Núm. 36-2021, que permite a personas indigentes ser eximidas para acceder a programas de rehabilitación. La Ley Núm. 36-2021 establece una política pública a favor de la rehabilitación y presume la indigencia si el convicto es representado por la Sociedad de Asistencia Legal u organizaciones similares. El señor Vélez Martínez fue representado por la Sociedad de Asistencia Legal. El foro de primera instancia denegó la solicitud sin celebrar una vista. El Tribunal de Apelaciones determina que la representación por Asistencia Legal activó la presunción de indigencia. La ausencia de vista implicó que dicha presunción no fue rebatida. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia erró al denegar la exención. Se revoca la determinación impugnada y se ordena eliminar la pena especial.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces apelativos revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El señor Francisco Manuel Vargas Ramos apeló la desestimación de su petición contra la Oficina de Licencia de Armas del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR). El apelante solicitaba una orden para que se le expidiera una licencia de armas, denegada por el NPPR. La agencia basó la denegatoria en previas convicciones del apelante por Agresión Agravada Grave y Actos Lascivos, citando la Ley de Armas. El apelante argumentó que cumplía los requisitos al poseer un certificado negativo de antecedentes penales, ya que las convicciones fueron eliminadas judicialmente. El NPPR sostuvo que la ley prohíbe la licencia si una investigación revela convicciones por delitos graves violentos, independientemente del certificado. El TPI desestimó la petición, concluyendo que la investigación de la agencia y la sentencia criminal confirmaron la convicción por Agresión Agravada Grave, un delito grave violento. El foro primario determinó que esta convicción descalifica al solicitante bajo la Ley de Armas, a pesar del certificado negativo. El panel apelativo considera el recurso tras recibir los alegatos de las partes.

Resumen:

Jadiel Álamo Arroyo, ex-agente de la Policía, fue expulsado tras dar positivo a marihuana, pero la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) revocó su expulsión mediante una Resolución firme. Dicha Resolución ordenaba su reinstalación y el pago de haberes dejados de percibir. Ante el alegado incumplimiento del Negociado de la Policía con la Resolución de la CIPA, el Sr. Álamo Arroyo presentó un recurso de mandamus ante el Tribunal de Apelaciones. El recurso de mandamus es un auto discrecional y privilegiado que busca compeler el cumplimiento de un deber ministerial cuando no hay otro remedio legal adecuado. Para que proceda, el derecho del peticionario y el deber del demandado deben ser claros y patentes. El tribunal analizó los requisitos legales para la expedición de un mandamus. Por los fundamentos que se expondrían, el tribunal desestimó el recurso de mandamus presentado por el Sr. Álamo Arroyo.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando un recurso de revisión judicial presentado por José A. Resto Pagán contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurso se relacionaba con una solicitud de aplicación de la Ley 66. El tribunal, antes de considerar los méritos, evaluó su jurisdicción como cuestión de umbral. Se recordó que la revisión judicial de decisiones administrativas requiere una orden o resolución final y el agotamiento de remedios administrativos. El recurso presentado carecía de información esencial, como la determinación administrativa recurrida, el trámite procesal y el remedio solicitado. Además, se observó que una posible resolución previa fue notificada fuera del plazo para recurrir. Ante la falta de información y la posible extemporaneidad, el tribunal concluyó que carecía de jurisdicción. Por consiguiente, el recurso fue desestimado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de protección a menores. La recurrente, Stephanie Ortiz Labarca, impugna una resolución de la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. Dicha Junta desestimó con perjuicio un recurso de apelación presentado por la recurrente. La desestimación se basó en que la apelación fue radicada fuera del término legal de quince días. La recurrente fue notificada de la acción inicial de ADFAN el 30 de mayo de 2024, teniendo hasta el 14 de junio para apelar. Sin embargo, presentó su apelación el 26 de junio de 2024, alegando falta de orientación. La Junta Adjudicativa confirmó la desestimación al denegar una solicitud de reconsideración. La recurrente acudió entonces al Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión del informe de ADFAN. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y CONFIRMA la determinación de la Junta Adjudicativa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación presentada por Víctor A. Rivera Soto contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. La apelación surge de un caso de divorcio y se centra en la pensión alimentaria de un hijo menor. El apelante solicitó que se le reconociera un crédito por supuestos pagos en exceso realizados por la Administración del Seguro Social directamente al menor. Estos pagos provenían de beneficios por incapacidad del padre y cesaron al cumplir el hijo 18 años. El apelante argumentó que los beneficios de ASS excedieron su obligación total de pensión, generando un crédito a su favor. El Tribunal de Primera Instancia denegó el crédito, basándose en el Artículo 657 del Código Civil, que establece que el derecho a recibir alimentos no puede compensarse. El apelante recurrió, alegando abuso de discreción por parte del foro primario. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los argumentos, confirma la Resolución apelada.

Resumen:

Un panel judicial revisó la decisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) que denegó el privilegio de libertad bajo palabra a Bienvenido Félix Figueroa. El recurrente impugnó la resolución de la JLBP que, al reconsiderar, reiteró su negativa. La JLBP fundamentó su decisión en la falta de un plan viable de "amigo consejero" que residiera cerca del área requerida y en la existencia de una orden de protección vigente contra el peticionario. El recurrente alegó que la JLBP erró al usar estos factores, argumentando que la falta de amigo consejero no debía ser razón suficiente según el reglamento y que la orden de protección ya era conocida. El tribunal examinó el expediente administrativo, incluyendo los delitos del recurrente (sentencia consolidada de 15 años), su progreso en custodia mínima, cumplimiento con pruebas, planes de salida (excepto amigo consejero), participación en programas y la orden de protección. Tras evaluar los fundamentos de la JLBP y los argumentos del recurrente, el tribunal procedió a confirmar la determinación recurrida.

Resumen:

Se emite sentencia en el caso de Erick Rodríguez Santiago contra la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP). El señor Rodríguez solicitó la revocación de la Resolución de la JLBP que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. La JLBP consideró diversos factores del expediente del recurrente, incluyendo su historial institucional, programas completados, evaluaciones psicológicas favorables y un plan de salida. Sin embargo, la denegación se basó, entre otros aspectos, en la opinión de las víctimas y la inviabilidad del hogar propuesto por su cercanía a estas. El recurrente argumentó que la decisión fue un abuso de discreción, carente de evidencia sustancial y que la información sobre el hogar fue ex parte. Alegó que existían factores que lo hacían un buen candidato y que se pudo imponer grillete electrónico. Tras revisar el caso, el panel de jueces confirma la Resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces que atiende el recurso de revisión presentado por la señora Jaylen Hernández Vázquez contra una Resolución del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR). La señora Hernández solicita la revocación de la decisión del NPPR que denegó la devolución de su licencia de armas. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado previamente a la Policía devolverle las armas. El NPPR justificó su negativa a renovar la licencia basándose en una convicción por delito grave bajo la Ley de Sustancias Controladas en 2010, un arresto por Ley 54 en 2022 y una orden de protección temporal en 2022. La agente investigadora del NPPR consideró que la convicción por delito grave impedía la renovación, aunque hubiera sido eliminada. La recurrente argumentó que la convicción fue eliminada legalmente y no debía ser un impedimento. El NPPR declaró no ha lugar la petición de la señora Hernández. La recurrente acudió a este foro alegando que el NPPR erró al considerar una convicción eliminada. El panel revoca la Resolución recurrida del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una petición de mandamus y sentencia declaratoria. Varias asociaciones empresariales apelaron la decisión, que se originó en su impugnación a una determinación de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo. La Comisión había aprobado un aumento del salario mínimo a $10.50 por hora, efectivo el 1 de julio de 2024. Los apelantes argumentaron que esta determinación era nula porque, según su interpretación de la Ley de Salario Mínimo, requería el voto afirmativo de los cinco miembros de la Comisión, no solo tres. Solicitaron al foro primario que ordenara a la Comisión corregir su decisión y declarara la nulidad del aumento. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar una moción de desestimación presentada por el Estado Libre Asociado y la Comisión. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó el dictamen apelado, manteniendo la desestimación de la acción presentada por las asociaciones empresariales.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impericia médica. El apelante, Víctor Carmona Rivera, impugna la desestimación con perjuicio de sus demandas consolidadas por el Tribunal de Primera Instancia. Las acciones originales alegaban negligencia médica contra el Dr. Luis O. Ramírez Ferrer, Mayagüez Medical Center y otros, reclamando daños por una pancreatectomía y falta de consentimiento informado. El caso había experimentado desestimaciones previas contra codemandados por fallas procesales. La desestimación final del foro primario se fundamentó en el incumplimiento del apelante con las órdenes de descubrimiento de prueba. A pesar de prórrogas y sanciones, el apelante no entregó los expedientes médicos de sus testigos periciales. El Tribunal de Primera Instancia aplicó la Regla 39.2 de Procedimiento Civil para la desestimación con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso de apelación presentado. Por los fundamentos que expondrá, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación. La desestimación del recurso se ordena por falta de jurisdicción.