Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 360)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Banco Popular. El Banco Popular solicitó revisar una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición para continuar procedimientos en un caso previamente desestimado. El caso original, de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, culminó con una sentencia final y firme dictada en marzo de 2014. Dicha sentencia, basada en una estipulación de las partes, desestimó la demanda conforme a la Regla 39.1 de Procedimiento Civil. En octubre de 2014, Banco Popular pidió continuar el caso, alegando que la sentencia debió basarse en la estipulación y que la parte recurrida había incumplido el acuerdo. El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar la solicitud, indicando que la sentencia era final y requería un caso nuevo. Tras denegar la reconsideración, Banco Popular acudió en certiorari, argumentando error al no reconocer un remedio ante el incumplimiento. El Tribunal de Apelaciones, considerando las limitaciones del recurso de certiorari bajo la Regla 52.1, deniega la expedición del auto.

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Wilfredo Ortiz Maldonado presenta un auto de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Humacao. El peticionario cumple una sentencia de 36 años por violaciones a la Ley de Armas. Previamente, había apelado su convicción, pero el recurso fue desestimado por este Tribunal en 2012 tras un desistimiento presentado por su abogado y confirmado por declaración jurada. Posteriormente, Ortiz Maldonado presentó una moción bajo la Regla 192.1 en el TPI alegando violación a su debido proceso y representación legal inadecuada durante el juicio y el proceso apelativo, incluyendo el desistimiento. El TPI declaró "Sin Lugar" dicha moción el 23 de septiembre de 2014. Inconforme con esta denegatoria, el peticionario acude nuevamente al Tribunal de Apelaciones. Alega que el TPI erró al denegar la moción sin exponer determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. También señala error al no acoger sus argumentos sobre la alegada violación de derecho cometida por su abogado.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Universal Insurance Company mediante un recurso de Certiorari. La aseguradora solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Moción de Sentencia Sumaria. La moción fue presentada por los demandantes en un caso de daños y perjuicios. El caso surge de las lesiones sufridas por una menor al manejar un carrito de golf en la residencia de los codemandados. Los demandantes alegaron negligencia de los padres demandados por dejar a menores solas y posibles desperfectos del vehículo. Argumentaron que los demandados habían admitido responsabilidad total. Universal Insurance se opuso, planteando la responsabilidad exclusiva o compartida de la menor perjudicada. El TPI denegó la sentencia sumaria, determinando que, aunque los padres fueron negligentes, era necesario dilucidar la causa próxima de los daños y la posible negligencia comparada. Universal Insurance impugna esta determinación ante el foro apelativo.

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Banco Popular de Puerto Rico demandó a varias partes, incluyendo a CV Steel Fab. of PR Inc. y a Miguel A. Cedeño Rodríguez y Edelicia Ríos Figueroa, por cobro de dinero y ejecución de garantías hipotecarias y mobiliarias. El demandante solicitó sentencia sumaria, alegando la inexistencia de controversia fáctica. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de sentencia sumaria en octubre de 2012, determinando la existencia de controversias de hechos reales y materiales que requerían dilucidación. Los procedimientos fueron paralizados temporalmente en marzo de 2013 debido a la quiebra de uno de los demandados, reanudándose en julio de 2014. Posteriormente, el señor Cedeño Rodríguez solicitó permiso para enmendar su contestación a la demanda. El foro primario denegó la solicitud en octubre de 2014, al considerar que los hechos en controversia ya habían sido establecidos. Los demandados Cedeño Rodríguez y Ríos Figueroa solicitaron la reconsideración de esta última orden. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración en noviembre de 2014, señalando que la resolución de 2012 debió ser impugnada en su momento si no estaban conformes.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Sears Roebuck de Puerto Rico, Inc. Sears solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación parcial. El caso subyacente fue iniciado por Luz N. Rivera Marrero, quien presentó una querella contra Sears por despido injustificado y discrimen por razón de sexo. La señora Rivera fue despedida en febrero de 2014 y alega que su cese fue discriminatorio, citando la posterior contratación de un hombre para su puesto. Reclama daños, reinstalación, salarios dejados de devengar y otras compensaciones bajo diversas leyes laborales y antidiscrimen. Sears sostiene que el despido se debió a una reorganización y que la recurrida no fue seleccionada para un nuevo puesto por no ser la mejor candidata, negando el discrimen. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado por Sears.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Stephany Galloway solicitando revocar una orden de lanzamiento dictada por el Tribunal de Primera Instancia. El caso se origina de una demanda de ejecución de hipoteca incoada por Banco Popular en 2003. En 2007, el foro primario dictó sentencia en rebeldía declarando la deuda y reconociendo el gravamen hipotecario sobre un inmueble. La sentencia advino final y firme al no ser objeto de revisión judicial. Tras un incumplimiento en un plan de pago post-sentencia, el banco solicitó la ejecución. El Tribunal de Primera Instancia autorizó la ejecución, lo que llevó a la subasta de la propiedad en 2013, siendo adjudicada al banco. Una solicitud posterior de la peticionaria para dejar sin efecto la subasta fue denegada por el foro primario en marzo de 2014. Galloway recurrió al Tribunal de Apelaciones solicitando la paralización del proceso de lanzamiento. Inicialmente, el Tribunal de Apelaciones concedió la paralización y solicitó la oposición del banco. Considerados los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones acuerda denegar la expedición del recurso solicitado por Galloway y dejar sin efecto la orden de paralización.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en respuesta a una petición de certiorari presentada por el Pueblo de Puerto Rico. La petición impugnaba una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, en el caso de Carlos Aníbal González Colón. El Tribunal de Primera Instancia había aceptado la alegación de culpabilidad del señor González Colón por delitos bajo la Ley 15 y el Código Penal. Sin embargo, el tribunal inferior se negó a imponer la pena especial establecida en el Artículo 61 del Código Penal de 2012. El Ministerio Público solicitó reconsideración, argumentando que dicha pena es mandatoria y no discrecional. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración. El Pueblo de Puerto Rico acudió entonces al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones determinó que el Tribunal de Primera Instancia erró al no imponer la pena especial obligatoria. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la resolución recurrida.

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Enviroresources, Inc. presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar una moción de consolidación de casos. Los casos subyacentes se originaron por la alegada exposición a asbesto en la Torre Norte del Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella. El caso *Caridad Sánchez* fue incoado por numerosos empleados gubernamentales reclamando daños a la salud, consolidado posteriormente con el caso *Víctor Rosado*, que incluía reclamos similares y de monitoreo médico. Un tercer caso, *Zulma Ramos*, fue presentado por arrendatarios de locales comerciales reclamando pérdidas económicas millonarias debido a la propagación del asbesto, sin incluir a la Autoridad de Edificios Públicos como codemandada. Enviroresources solicitó consolidar el caso *Zulma Ramos* con los otros pleitos, argumentando cuestiones comunes de hecho y derecho. El Tribunal de Primera Instancia denegó la consolidación y la reconsideración de su dictamen. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Enviroresources, Inc.

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Se presenta un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones por Advance Auto Parts d/b/a Western Auto. Western Auto busca revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que dio por terminado el descubrimiento de prueba. Dicha resolución también denegó la solicitud de Western Auto para deponer al demandante y eliminar sus alegaciones de daños por incumplimiento. El caso original fue presentado por Carlos A. Muñiz García contra Western Auto por despido injustificado y reclamación de daños. Durante el descubrimiento, Western Auto solicitó documentos relacionados con los daños reclamados por el señor Muñiz. El señor Muñiz se negó a proveer ciertos documentos, como expedientes del Seguro Social y expedientes médicos completos. Western Auto argumentó que esta negativa impedía preparar su defensa y tomar la deposición del demandante. Western Auto solicitó al TPI la eliminación de las alegaciones de daños y la imposición de sanciones. El Tribunal de Apelaciones examinó los escritos presentados y el derecho aplicable. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Western Auto.

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Este documento es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La acción fue iniciada por RG Premier Bank, continuada por Scotiabank, contra Marina de Ponce, Inc. y otros. La parte peticionaria presentó una Moción de Descalificación contra el bufete legal que representa a Scotiabank. La moción se fundamenta en que el notario que autorizó las escrituras de hipoteca y garantías personales es socio del bufete demandante. Se argumentó que el testimonio del notario sería necesario para cuestionar la validez de los documentos y que tuvo acceso a información privilegiada. Scotiabank se opuso, señalando que la alegación de violación a la Equal Credit Opportunity Act ya había sido desestimada y advino final. La parte recurrida sostuvo que la intervención del notario se limitó a actos notariales públicos no cuestionados previamente. La Resolución detalla los antecedentes procesales y las posiciones de las partes respecto a la solicitud de descalificación del abogado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Oriental Bank y Universal Insurance Company. Los peticionarios solicitan la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo que denegó su moción de sentencia sumaria. La disputa se origina en la impugnación de la confiscación de un vehículo por parte del Estado Libre Asociado (ELA). Los peticionarios argumentan que la notificación de la confiscación fue nula por no cumplir con el término legal de treinta días establecido en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. Sostienen que el término debe contarse desde la fecha de ocupación del vehículo. El ELA, por su parte, alegó que el vehículo fue retenido para fines investigativos y que el término de notificación comienza a partir de la orden de confiscación. El Tribunal de Primera Instancia favoreció la posición del ELA, declarando oportuna la notificación. Los peticionarios recurren, imputando error al TPI por su interpretación del inicio del término de notificación. El Tribunal de Apelaciones concluye que procede revocar la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201402066. Al revisar un escrito presentado por Carlos W. Santiago Rivera, el tribunal determinó que no constituía un recurso de apelación. Se trataba, en realidad, de una copia de la notificación de un recurso de certiorari presentado ante el Tribunal Supremo. Dicho certiorari estaba relacionado con el caso KLAN201400140, en el cual el propio Tribunal de Apelaciones había dictado sentencia previamente. La Secretaría del tribunal asignó por inadvertencia un número de caso a esta copia. En consecuencia, el tribunal desestima el escrito presentado. Asimismo, ordena a la Secretaría corregir el error de identificación. Finalmente, dispone el cierre definitivo del caso KLAN201402066 por considerarlo inexistente.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Los apelantes, Joglar Aggregates y Joglar Ready Mix, recurrieron una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había desestimado la demanda de los apelantes contra HDP Construction, DAER Concrete y Empresas Fortis. Tras la desestimación, los apelantes presentaron una moción de reconsideración en el último día hábil. No obstante, la notificación de dicha moción a las partes contrarias se realizó días después de su presentación, incumpliendo el requisito de notificación simultánea. Los apelados argumentaron que este incumplimiento procesal impidió la interrupción del término para apelar. Los apelantes alegaron que la demora se debió a la enfermedad de su abogado anterior. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y la objeción de los apelados. Concluyó que carecía de jurisdicción para atender la apelación debido al defecto en la notificación de la moción de reconsideración. Por consiguiente, el recurso de apelación es desestimado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Firstbank Puerto Rico contra Pablo Luis Meléndez Bonilla y Nydia Negrón Contreras. El Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla había dictado sentencia a favor de Firstbank, condenando a los demandados al pago de \$143,823.86 más intereses y otros cargos por incumplimiento de un préstamo hipotecario. La deuda se basaba en un pagaré y una hipoteca de 2006 por \$148,751.00, garantizados por una propiedad rústica en Isabela, con pagos vencidos desde junio de 2013. Vicente Pérez Acevedo, como interventor, compareció ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la paralización de los procedimientos y la anulación de la sentencia del TPI. Alegó que él y Marcaribe Investment debían ser incluidos como partes en el pleito. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso presentado por Pérez Acevedo como una petición de certiorari. Tras examinar los fundamentos, el panel denegó la expedición del auto solicitado. Esto implica que la solicitud de paralizar el caso y anular la sentencia del TPI basada en la no inclusión de las partes peticionadas fue rechazada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación de Jessica Rodríguez Castro. La apelante impugnó la desestimación de su demanda por daños tras un accidente de ciclismo por el Tribunal de Primera Instancia. El tribunal de instancia determinó que el lugar del accidente era responsabilidad del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Concluyó que no se probó que la Federación de Ciclismo fuera la única auspiciante ni que incumpliera deber alguno. El Tribunal de Primera Instancia también negó credibilidad a la prueba testifical de la demandante y no encontró nexo causal probado. Señaló además la falta de prueba pericial y la improcedencia de la demanda por una sociedad legal inexistente. La apelante alegó errores en la evaluación de la prueba y la credibilidad. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirmó la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso apelativo presentado por el menor J.A.L. El menor apeló una determinación del Tribunal de Primera Instancia que lo encontró incurso por infracciones al Código Penal y la Ley de Sustancias Controladas, imponiéndole una medida de 18 meses. Posteriormente, el menor expresó su interés en desistir de la apelación. La parte apelante presentó una Moción en Solicitud de Desistimiento, acompañada de una declaración jurada del menor y su defensora judicial. En la declaración jurada, el menor afirmó que su decisión de desistir era libre y voluntaria, entendiendo que era con perjuicio y renunciaba a plantear el asunto nuevamente. El Tribunal examinó la moción y la declaración jurada conforme a su reglamento. Basado en la solicitud de desistimiento voluntario, el Tribunal declaró Con Lugar la moción. Se ordenó el archivo con perjuicio del caso.

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Se resuelve una apelación en un pleito de cobro de dinero iniciado por Clínica Veterinaria La Muda contra María y Francis Schiavetti. La Clínica reclamó $18,470.84 por servicios veterinarios impagados. Al residir los demandados en Florida, se autorizó y efectuó el emplazamiento mediante edicto tras intentos de notificación personal. Los señores Schiavetti solicitaron prórrogas para contestar la demanda, haciendo constar que no se sometían a la jurisdicción. El Tribunal de Primera Instancia denegó una segunda solicitud de prórroga. Posteriormente, el foro primario dictó sentencia en rebeldía a favor de la Clínica por la totalidad de la deuda. Los demandados apelaron esta determinación. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia recurrida.

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Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El apelante, Gerardo Miranda Ortiz, impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda era por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios contra Hojalateria y Pintura JR, Inc. El apelante alegó daños a su vehículo y falta de entrega de documentos tras unas reparaciones. Previamente, el apelante presentó una querella ante el DACo por los mismos hechos, la cual fue desestimada al encontrar los trabajos adecuados. Esa resolución del DACo fue confirmada por este Tribunal de Apelaciones en 2012. La parte apelada solicitó la desestimación de la nueva demanda por prescripción y cosa juzgada. El foro primario acogió la solicitud y desestimó la demanda con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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El Municipio de Mayagüez apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó, mediante Mandamus, cobrar arbitrios municipales a TowerCo 2013 Holdings LLC. TowerCo, dedicada a facilidades de telecomunicaciones, intentó pagar los arbitrios requeridos por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para su proyecto. El Municipio se negó a cobrar los arbitrios, alegando objeciones a la ubicación del proyecto y reclamando facultad para otorgar permisos de construcción. TowerCo argumentó haber cumplido con los requisitos para el pago y agotado los procedimientos. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el Municipio tenía el deber de cobrar los arbitrios. El TPI concluyó que la expedición de permisos para este tipo de proyectos corresponde a la Junta de Planificación y la OGPe, no al Municipio. Se señaló que la negativa del Municipio interfería con la función de la OGPe. El TPI indicó que la legalidad de la construcción no era el asunto a dilucidar en el Mandamus. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones acordó confirmar la Sentencia impugnada del TPI.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la impugnación de la confiscación de un vehículo. El vehículo fue ocupado en marzo de 2011 por su presunto uso en actividades delictivas. Estaba financiado por Oriental y asegurado contra confiscación por la Cooperativa de Seguros Múltiples, la parte apelante. El Estado notificó la confiscación al dueño registral en mayo de 2011, pero no a la compradora, la financiera ni la aseguradora. La Cooperativa y Oriental demandaron para impugnar la confiscación, alegando interés legítimo y vicios procesales. Argumentaron que la notificación de confiscación fue tardía bajo la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988. El caso se inició en el Tribunal de Primera Instancia y fue apelado. Una nueva ley de confiscaciones fue promulgada durante la tramitación del caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El Municipio de San Juan apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había revocado la Resolución Núm. 64 del Municipio que aprobaba el cierre parcial de la Urbanización Dos Pinos. La revocación se basó en el incumplimiento del Municipio con el requisito legal de notificar individualmente a los propietarios y residentes afectados. El TPI consideró esta falta de notificación un error fatal que vulneraba el debido proceso de ley. El Municipio argumentó que el TPI erró al revocar la resolución por esta razón. Tras considerar los argumentos y documentos, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Sentencia apelada. Esto significa que se mantiene la revocación del permiso de cierre parcial de la urbanización.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación. Los apelantes, incluyendo a Roberto Soto Carreras y otros miembros de la familia Soto Chabrier, impugnaron una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha sentencia, emitida en julio de 2014, declaró Con Lugar la solicitud de sentencia sumaria de la parte apelada, LSREF2 Island Holding, LTD, Inc. El caso original fue una demanda de cobro de dinero y ejecución de garantías presentada en 2008 por FirstBank Puerto Rico (posteriormente LSREF2) contra Prime R. Construction Corporation y sus garantizadores, incluyendo a los apelantes. La demanda se basó en el incumplimiento de un préstamo comercial. Los apelantes habían presentado contestación a la demanda negando hechos y levantando defensas. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, determinó revocar la Sentencia Sumaria Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones conoce de una apelación presentada por David Vélez Serra contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró ha lugar una demanda de liquidación de bienes gananciales. El apelante solicitó la revocación de dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción. La desestimación se fundamenta en que la apelación es prematura. La prematuridad surge de notificaciones defectuosas emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. El TPI utilizó formularios incorrectos al denegar mociones de enmienda y reconsideración presentadas por el apelante. Estas notificaciones incorrectas no informaron adecuadamente a las partes sobre su derecho a apelar ni el término para hacerlo. Un recurso de apelación anterior en este mismo caso fue desestimado por el mismo motivo, devolviéndose el caso al TPI para que emitiera las notificaciones correctas. Al no haberse subsanado el defecto de notificación previo, el presente recurso es desestimado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Región Judicial de Ponce. El recurso fue presentado por René Arnaldo Alicea Franco contra el Estado Libre Asociado, la Guardia Nacional y varios funcionarios. El apelante impugnó una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. En la demanda original, el señor Alicea alegó que la Guardia Nacional no renovó su contrato de servicios profesionales tras 10 años por discrimen político y represalias por denunciar corrupción. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria, concluyendo que el contrato era de término fijo y no hubo discrimen político. El apelante argumentó en apelación que el TPI erró en la interpretación contractual, en la determinación de discrimen sin juicio plenario y sobre la inmunidad de los demandados. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del recurso. Por los fundamentos expuestos, el panel confirmó la sentencia recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VIII, de 30 de enero de 2015. El recurso fue presentado por Iván Rodríguez Velázquez y Sandra Ivette Miranda Montañez contra LSREF2 ISLANDS HOLDING LTD. y otros. Los apelantes solicitaban la revisión de una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Ponce en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Alegaban que el foro primario erró al dictar sentencia sumaria en su contra y al desestimar su reconvención. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. El tribunal determinó que la apelación era prematura. Se explica que un recurso prematuro adolece de un defecto jurisdiccional insubsanable. El tribunal reitera su deber de examinar su propia jurisdicción y que no puede arrogarse una jurisdicción que no posee.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa un interdicto posesorio. La apelación proviene de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que ordenó al demandado, Edgar Aguayo Ramos, demoler una verja. Dicha verja fue construida en su finca y bloquea el acceso a la propiedad de los demandantes, la Sucesión de Don Cecilio Santiago. Los demandantes alegaron haber utilizado el camino obstruido por al menos 66 años para acceder a su finca. La construcción de la verja constituyó una inquietación a su posesión sobre dicho acceso. Durante la vista en el TPI, se presentó testimonio sobre el uso histórico del camino y se admitieron fotografías de la verja. Aunque existe otra servidumbre inscrita, la parte demandante testificó que esta es intransitable e inundable. El Tribunal de Apelaciones evaluó los alegatos y la evidencia presentada. Finalmente, resolvió confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, que desestimó la demanda de la Sra. María I. Vélez Crespo e impuso honorarios de abogado por temeridad. El caso se origina en un préstamo de \$900 que Vélez Crespo hizo al Sr. Ángel Vélez Flores, garantizado con un vehículo todo terreno. Al no pagar la deuda en el término acordado, Vélez Crespo vendió el vehículo que tenía en posesión como garantía. Posteriormente, Vélez Flores ofreció pagar, presentó una querella policíaca por apropiación ilegal y se inició una investigación. La investigación aclaró que el vehículo fue entregado como garantía, no hurtado. Las partes finalmente llegaron a un acuerdo y el vehículo fue devuelto por el comprador. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción legal de Vélez Crespo y la sancionó por temeridad. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los fundamentos, confirma la Sentencia apelada.

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El Banco Santander de Puerto Rico apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La demanda se presentó contra Edwin David Román Miranda y su sociedad legal de gananciales por alegado incumplimiento de un pagaré hipotecario de 2005. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso al determinar que la controversia ya había sido adjudicada de forma final y firme en un pleito anterior entre las mismas partes. Se encontró que el caso actual era idéntico al previo en cuanto a partes, controversias, cosa y calidad en que litigaron. La parte demandante, Banco Santander, incluso se allanó a que el tribunal dictara sentencia, aceptando la identidad de hechos esenciales entre ambos casos. La desestimación se fundamentó en evitar contradecir el derecho ya afirmado en la sentencia final y firme del caso anterior. El Tribunal de Apelaciones examina ahora el recurso para resolver la controversia sometida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201401920. La apelante, Nitza Zoral Acosta Vega, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha resolución dejó en todo su vigor una sentencia emitida en 2013 que desestimó su demanda. La demanda original, presentada en 2012, alegaba incumplimiento de contrato y despido injustificado por parte de Universal Pharmacy Supplies Corp. y otros, relacionados con su empleo y una opción de compra de la farmacia. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la demanda con perjuicio en 2013 debido a múltiples incumplimientos procesales de la señora Acosta. El Tribunal de Apelaciones admite el recurso presentado como uno de certiorari. No obstante, deniega su expedición bajo la Regla 40 de su Reglamento. Con esta decisión, se mantiene la desestimación de la demanda original.

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Francisco Pereyó demandó a Peregrine Development Company por despido injustificado tras más de 10 años de servicio, reclamando la indemnización de la Ley 80. La empresa alegó que el despido estuvo justificado por una reorganización debido a una baja significativa en el volumen de negocios, lo que llevó a la eliminación de la plaza del demandante. El Tribunal de Primera Instancia evaluó la prueba presentada por ambas partes. Concluyó que la empresa demostró que el despido ocurrió como parte de un proceso de reorganización justificado. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la querella de despido injustificado. Pereyó apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones, imputando varios errores al tribunal de instancia. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y los fundamentos de la sentencia apelada. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

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Eduardo Torres Maldonado apeló una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Dicha sentencia se basó en un veredicto de culpabilidad de un jurado por infracción al Artículo 5.05 de la Ley de Armas y al Artículo 109 del Código Penal (agresión agravada). Los hechos ocurrieron el 23 de diciembre de 2012 en Juana Díaz, donde el apelante agredió a Julio Joel Matos Santiago con una cuchilla, causándole una lesión abdominal que requirió hospitalización. Fue absuelto de un cargo bajo la Ley Núm. 54. La Sentencia apelada le impuso penas de tres años (duplicada a seis) por la Ley de Armas y ocho años bajo sentencia suspendida por la agresión agravada, a cumplirse consecutivamente. El juicio se llevó a cabo ante un jurado, con presentación de prueba por el Ministerio Público y la defensa. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por el Estado Libre Asociado (ELA). El ELA recurre de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda de impugnación de confiscación instada por la Cooperativa de Seguros Múltiples. La Cooperativa impugnó la confiscación de un vehículo Ford F-150, alegando que no fue utilizado en violación de ley y que el ELA incumplió requisitos procesales. La confiscación se basó en supuestas infracciones a la Ley de Armas, Código Penal y Ley Núm. 22 por parte del conductor. La Cooperativa solicitó sentencia sumaria argumentando impedimento colateral por sentencia, dado que los cargos criminales graves contra el conductor relacionados con los hechos fueron archivados. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud de sentencia sumaria, aplicando dicha doctrina. Consecuentemente, ordenó al ELA devolver el vehículo o consignar su valor. El ELA apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de una controversia sobre el pago de servicio eléctrico. El Sr. Héctor Rosado contrató el servicio con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para su negocio en Yauco en enero de 2007. El contrato y los reglamentos de la AEE establecían que el cliente es responsable del pago hasta que solicite la baja formal del servicio, incluso si otra persona lo utiliza. También indicaban que el contrato no podía ser cedido o transferido. United Surety & Indemnity Co. (USIC) emitió una fianza garantizando el pago del servicio a nombre del Sr. Rosado en esa localidad. En diciembre de 2007, el Sr. Rosado vendió el negocio al Sr. John López de Jesús. A pesar de la venta, el Sr. Rosado no solicitó la terminación del servicio eléctrico con la AEE. El Sr. López continuó utilizando el servicio bajo la cuenta del Sr. Rosado. La disputa se centra en la responsabilidad por el servicio consumido después de la venta del negocio.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. LSREF2 Island Holdings, Ltd. solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. Dicha Resolución denegó la petición de LSREF2 para ejecutar una sentencia previa mediante el embargo de bienes muebles de los recurridos, incluyendo a Mansiones de la Cittadella, Inc. El caso se originó con una demanda de First Bank Puerto Rico (predecesor de LSREF2) en 2009 por incumplimiento de un préstamo de $3 millones. El préstamo fue garantizado por varios individuos y entidades, y asegurado con una prenda sobre un pagaré hipotecario que gravaba 164 inmuebles. First Bank obtuvo una sentencia sumaria parcial en 2010 contra algunos de los demandados. LSREF2 buscaba hacer efectiva la sentencia contra los bienes personales de los recurridos tras la negativa del foro primario y su moción de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones acordó expedir el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Ramón Quiñones Rodríguez contra Ford Motor Company y Alberic Ford, Inc. El apelante recurrió de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda original buscaba la nulidad de un contrato de compraventa de vehículo y daños y perjuicios por un alegado defecto de fábrica. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso por falta de jurisdicción. Fundamentó su decisión en las doctrinas de jurisdicción primaria exclusiva y concurrente. Esto se debió a que el apelante ya había presentado una querella sobre el mismo asunto ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El apelante argumentó en su recurso que el TPI erró al aplicar la doctrina de jurisdicción primaria y al no considerar excepciones. También señaló errores relacionados con reglamentos y términos del DACo. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la sentencia apelada. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el caso KLAN201401840. El recurso fue presentado por Wilma Santiago Torres y otros, apelantes, contra Luis Adlih Santiago Torres y otros, apelados. Los apelantes buscaban la revocación de una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. Esta falta de jurisdicción surge de un incumplimiento procesal por parte de los apelantes. Los apelados argumentaron que la moción de reconsideración presentada ante el Tribunal de Primera Instancia no fue notificada a tiempo. Dicha falta de notificación impidió que la moción interrumpiera el término jurisdiccional para apelar. Por tanto, el recurso de apelación presentado el 10 de noviembre de 2014 resultó ser tardío. El término para apelar había vencido el 14 de octubre de 2014.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en el caso de Héctor Cordero Pérez y otros contra Marcelino Acevedo Lorenzo. Los apelantes recurrieron una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su demanda por incumplimiento de contrato. Tras la desestimación inicial, los apelantes solicitaron reconsideración, la cual fue denegada. Presentaron entonces un escrito de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El apelado solicitó la desestimación del recurso de apelación por falta de jurisdicción. Alegó que la notificación del escrito de apelación no se realizó dentro del término legal de 30 días. También argumentó que no se notificó la cubierta del escrito debidamente sellada por la secretaría. El Tribunal de Apelaciones concedió a los apelantes un término para mostrar causa sobre por qué no debía desestimarse la apelación. Luego de evaluar los escritos y documentos, el Tribunal determina desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en que la apelación no fue perfeccionada conforme a derecho.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Plaza Finance Corp. apeló la desestimación de su demanda de cobro de dinero contra Edgar Y. Suárez Román. El caso original involucra un préstamo de Plaza Finance a Suárez Román, cubierto parcialmente por una póliza de seguro de crédito de Multinational Life Insurance Company. Debido a la incapacidad de Suárez Román, la aseguradora realizó pagos significativos sobre la deuda. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de Plaza Finance. Concluyó que la deuda de Suárez Román se había extinguido por los pagos del seguro. Además, el foro primario consideró a Multinational una parte indispensable en el litigio. Impuso a Plaza Finance el pago de honorarios de abogado al demandado. Plaza Finance solicita la revisión de esta sentencia adversa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera dos recursos que impugnan parcialmente una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La controversia central gira en torno a la construcción de un muro de contención por los demandados (Los Coates) en la propiedad de los demandantes (Meuser y Kissel) en Vieques. El foro primario determinó que la construcción fue de mala fe y ordenó su demolición. No obstante, denegó la reclamación de daños de los demandantes por incumplimiento de un alegado contrato de 2007. Los demandantes apelaron la denegación de daños, mientras que los demandados apelaron la determinación de mala fe y la orden de demolición, negando la existencia del contrato. Los demandados también señalaron que el Tribunal de Primera Instancia no atendió su reconvención. El Tribunal de Apelaciones identificó que la sentencia recurrida es parcial y no cumplió con la Regla 42.3 de Procedimiento Civil. Por ello, acogió los recursos como *certiorari* y procedió a consolidarlos para su evaluación. El caso se originó por la disputa sobre las obras construidas y un acuerdo previo entre las partes para resolver la situación.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos recursos que impugnan parcialmente una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El caso original trata sobre la construcción de un muro de contención por los demandados (Los Coates) en la propiedad de los demandantes (Meuser y Kissel). El foro primario determinó que la construcción fue de mala fe y ordenó la demolición, pero denegó una reclamación por daños basada en un alegado incumplimiento de contrato de 2007. Los demandantes apelaron la denegación de daños, mientras que los demandados apelaron la determinación de mala fe, la orden de demolición y la falta de atención a su reconvención. El Tribunal de Apelaciones identifica que la sentencia recurrida es parcial y no atendió la reconvención. Ante esta situación, el tribunal acoge los recursos como certiorari y procede a consolidarlos para su consideración conjunta. La controversia se originó con la construcción en la propiedad colindante y un supuesto acuerdo de 2007 para resolver la disputa, que los demandantes alegan fue incumplido por los demandados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación de negligencia en un caso de daños y perjuicios. La acción fue instada por los padres de un menor que sufrió un accidente durante una clase de educación física en Antilles Military Academy. El foro primario había bifurcado el caso y dictado una resolución, erróneamente titulada "sentencia parcial", imputando 50% de responsabilidad a cada parte. El Tribunal de Apelaciones aclara que dicho dictamen no es una sentencia apelable, sino una resolución revisable mediante certiorari. No obstante, para evitar un fracaso de la justicia, el Tribunal acogió el recurso como uno de certiorari. Se revisó la determinación del foro primario sobre el aspecto de negligencia. El caso involucra a un menor de seis años, el accidente ocurrido en 2007, y detalles sobre su calzado y la clase de educación física. El profesor de educación física testificó haber instruido a los estudiantes a ponerse en fila y verificar sus tenis. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la determinación de negligencia del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de apelación presentado por unos padres en representación de su hijo menor. La apelación provenía de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los demandantes alegaron que su hijo, un tenista escolar, sufrió abusos, difamación y exclusión de torneos por parte de un entrenador y oficiales escolares. Sostuvieron que estos actos perjudicaron las oportunidades del menor para ser evaluado por universidades y recibir reconocimientos. Los padres notificaron la situación a las autoridades escolares, pero alegaron que no se tomaron medidas. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la reclamación contra el Estado. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la parte de la sentencia que desestimó la causa de acción del menor contra el Estado. No obstante, confirmó la desestimación de la causa de acción de los padres apelantes contra el Estado.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Integrand Assurance Company apela una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. El TPI había declarado No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de Integrand y Ha Lugar la demanda de Edwin Rosario Carrión. Rosario Carrión demandó a Integrand directamente por lesiones sufridas debido a una alcantarilla defectuosa en Manatí, imputando negligencia al municipio. Integrand argumentó que administraba un programa de responsabilidad pública municipal con fondos públicos, no una póliza tradicional, y que no procedía una acción directa en su contra. El TPI concluyó que el acuerdo funcionaba como una póliza de seguro, permitiendo la demanda directa sin incluir al municipio. Integrand apeló alegando error del TPI al considerarlo asegurador y permitir la acción directa. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por los demandantes en un caso consolidado de daños y perjuicios y resolución de contrato por vicios de construcción. La acción original fue incoada contra R. Bird Development Corp. y otros, incluyendo posteriormente a FAB Construction Corp., Felix Álvarez Bracero y Xiomara Ortiz. La apelación impugna una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha sentencia desestimó la demanda en cuanto a Felix Álvarez Bracero y Xiomara Ortiz. El foro primario determinó que no hubo prueba suficiente para justificar descorrer el velo corporativo de FAB Construction Corp. e imponer responsabilidad personal al Sr. Álvarez. Los apelantes alegaron errores en la apreciación de la prueba por el tribunal de instancia respecto a la supervisión del Ing. Álvarez y la teoría del alter ego. También plantearon un error relacionado con la oportunidad de interrogar al Sr. Álvarez. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y el trasfondo procesal y fáctico del caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia parcial recurrida, manteniendo la desestimación de la demanda contra el Sr. Álvarez y la Sra. Ortiz.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación contra una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia. El caso original fue presentado por LSREF2 Island Holdings, Ltd., Inc. contra Diego Francisco Canals Canals y María Soledad Reyes Delfaus por cobro de dinero y ejecución de hipoteca. LSREF2 alegó que los apelantes incumplieron con un pagaré hipotecario y adeudaban más de \$1.2 millones, solicitando la ejecución de las propiedades hipotecadas. Los apelantes admitieron la deuda y el atraso, pero cuestionaron la legitimación activa de LSREF2 y la inscripción registral de la hipoteca. LSREF2 solicitó sentencia sumaria, a la cual los apelantes se opusieron, planteando controversias sobre la constitución de la hipoteca y las cabidas de las fincas. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria, ordenando el pago o la venta en pública subasta de los inmuebles. Los apelantes recurrieron, alegando que el Tribunal de Primera Instancia erró al dictar sentencia sumaria sin permitir la conclusión del descubrimiento de prueba. Tras revisar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia sumaria apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una orden del Tribunal de Primera Instancia. La peticionaria, PR Asset Portfolio 2013-1 International Sub III, LLC, impugna la denegatoria de una moción de reconsideración. Dicha moción buscaba dejar sin efecto una orden que le requería notificar al Banco Popular y al Estado Libre Asociado sobre una venta judicial. La peticionaria adquirió dos fincas mediante venta judicial y solicitó la cancelación de gravámenes posteriores. El foro primario denegó la cancelación y ordenó acreditar la notificación de la subasta a los acreedores posteriores. La peticionaria argumentó en reconsideración que, respecto a una de las fincas, el único gravamen era un aviso de demanda, no un acreedor posterior a quien notificar. La sentencia aborda si el tribunal de instancia actuó correctamente al insistir en la notificación a pesar de la naturaleza de los gravámenes identificados.

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Scotiabank de Puerto Rico apela la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra Jenaro Báez Lugo. El TPI concluyó que la demanda constituía cosa juzgada. Anteriormente, en 2005, Scotiabank (entonces R&G Mortgage) había presentado una demanda similar (Civil Núm. NSCI200500188) por incumplimiento de un pagaré hipotecario. En 2007, el TPI dictó sentencia en el primer caso, declarando con lugar el cobro de dinero pero sin disponer sobre la ejecución de la hipoteca. En 2013, Scotiabank presentó una segunda demanda (Civil Núm. NSCI201300799) con las mismas alegaciones, solicitando cobro y ejecución. El Sr. Báez Lugo alegó cosa juzgada, mientras Scotiabank argumentó que en el primer caso solo se adjudicó el cobro por no estar inscrita la hipoteca. El TPI determinó que existía identidad perfecta entre ambos pleitos, declarando sin lugar la segunda demanda. Scotiabank solicitó reconsideración, la cual fue denegada. La apelación busca revocar la determinación del TPI sobre la cosa juzgada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación contra la desestimación de una demanda por daños y perjuicios. La acción fue presentada por Gustavo Casanova Rivera y otros contra Suiza Dairy Corp. a raíz de un robo sufrido en 2005. Una demanda inicial incoada en 2006 fue paralizada por el Tribunal de Primera Instancia en espera de la culminación de un trámite administrativo ante el Fondo del Seguro del Estado y la Comisión Industrial. Dicho trámite finalizó en agosto de 2007 tras el desistimiento del demandante de su apelación administrativa. A pesar de la culminación del proceso administrativo, no se solicitó la reapertura del caso paralizado. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por considerar que la acción estaba prescrita. La apelación busca revocar esta determinación de prescripción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el caso de Ángel M. Colón Cartagena contra Koolee Sales Company. La empresa apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia del TPI declaró Ha Lugar una querella por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. El TPI ordenó a Koolee Sales Company pagar al empleado \$47,736.00 por mesada y \$7,160.40 por honorarios de abogado. La empresa apelante argumentó que el despido estuvo justificado por alegada conducta fraudulenta y deshonesta del empleado. El empleado, por su parte, negó las imputaciones y sostuvo que no hubo justa causa para el despido. El Tribunal de Primera Instancia había denegado previamente una solicitud de sentencia sumaria de la empresa, encontrando hechos en controversia. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.