Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 330)

Resumen:

El confinado Eduardo Lebrón Santana solicitó la reapertura del taller de artesanías en su institución correccional ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Su solicitud administrativa fue denegada, justificando la agencia el cierre temporal del taller debido a una investigación por un asesinato en otro edificio. Inconforme, Lebrón Santana solicitó reconsideración, la cual también fue denegada. Posteriormente, acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión judicial, alegando que la investigación era un pretexto para la negativa del servicio. El Tribunal revisó la decisión administrativa, aplicando el estándar de deferencia a las agencias, especialmente en asuntos de seguridad carcelaria. Se consideró el interés apremiante del Estado en mantener el orden y la seguridad en las instituciones. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Esta decisión valida la determinación de la agencia de mantener cerrado el taller de artesanías temporalmente por razones de seguridad relacionadas con la investigación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso presentado por los confinados Concepción Alemán Requena y Abisaí Ramos Torres. Los peticionarios solicitaron la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la reconsideración de una pena especial impuesta. El Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso incumplió sustancialmente con los requisitos de la Regla 34 de su Reglamento. Entre los incumplimientos se destacan la falta de índice, la omisión de referencia a disposiciones jurisdiccionales y la ausencia de copia o detalles de la decisión recurrida. Los peticionarios tampoco señalaron ni discutieron los errores alegados ni incluyeron un apéndice con los documentos necesarios. El tribunal recordó que comparecer por derecho propio o estar confinado no exime del cumplimiento de las reglas procesales. Por estos fundamentos de incumplimiento reglamentario, el recurso fue desestimado sin ulterior trámite.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso KLAN201500473, una apelación sobre daños y perjuicios. La apelante, Adelaida Romero Gonzalez, presentó una Moción de Desistimiento Voluntario Parcial con Perjuicio. Informó al tribunal haber llegado a un acuerdo privado y confidencial con la parte apelada Manatí Medical Center. El Tribunal de Apelaciones declaró Ha lugar la moción de desistimiento. Como resultado, se ordenó el cierre y archivo del recurso de apelación. La decisión se basó en el desistimiento voluntario de la apelante a tenor con la Regla 83(a). No se impusieron gastos, costas ni honorarios de abogados especiales.

Resumen:

Recurrentes confinados en la cárcel de Bayamón impugnaron la ocupación y confiscación de sus equipos electrónicos, incluyendo televisores y Playstations. Presentaron solicitudes de remedio administrativo ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación, las cuales fueron denegadas, incluyendo la reconsideración. La agencia justificó la acción basándose en su Reglamento de Propiedad, que solo permite televisores a confinados de custodia máxima. Los recurrentes acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante un escrito conjunto. El Tribunal desestimó el recurso por haber sido presentado fuera del término jurisdiccional de treinta días establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. El plazo para recurrir expiró el 16 de abril de 2015, pero el recurso se presentó el 21 de abril de 2015. Además, el Tribunal señaló que no se pueden presentar recursos consolidados contra resoluciones emitidas en procedimientos separados. El Tribunal añadió que, aun con jurisdicción, el recurso no prosperaría, ya que el reglamento prohíbe los televisores a confinados que no son de máxima seguridad. La previa falta de aplicación de la norma no impide que la agencia la haga cumplir ahora, pues los errores administrativos no crean derechos. Por estos motivos, el recurso fue desestimado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo v. Juan C. Cotto Perocier. El apelante fue sentenciado por infracciones a la Ley de Armas y la Ley de Violencia Doméstica por el Tribunal de Primera Instancia el 6 de noviembre de 2014. Presentó una moción de reconsideración el 29 de noviembre de 2014, fuera del término jurisdiccional de quince días. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción el 12 de febrero de 2015. El apelante presentó el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones el 10 de marzo de 2015. El Tribunal determina que el recurso fue presentado tardíamente, ya que el término para apelar es de treinta días desde la sentencia. La moción de reconsideración no interrumpió el plazo por haber sido presentada fuera de término y por no haber sido acogida por el tribunal antes de expirar el término para apelar. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por extemporáneo.

Resumen:

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLRA201500392. El procedimiento de revisión administrativa involucró a la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan como agencia recurrente y a José A. Rosario Rodríguez como recurrente, junto a la División de Reconsideración de Determinaciones Finales de la Oficina de Gerencia de Permisos como agencia recurrida. La Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan presentó un aviso solicitando el desistimiento del recurso. El Tribunal examinó el aviso de desistimiento presentado el 5 de mayo de 2015. Se declaró con lugar el desistimiento solicitado por la agencia recurrente. En virtud de la Regla 83 (a) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, se tuvo por desistida y archivada la revisión judicial. La sentencia fue acordada y mandada por el Panel II del Tribunal el 8 de mayo de 2015.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso originado por cumplimiento específico de contrato. Se dictó sentencia ordenando el pago de $30,000, la cual fue asegurada mediante embargo sobre un inmueble. Los acreedores ejecutaron la sentencia, subastaron la propiedad embargada y la adquirieron. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia ordenó poner a los acreedores en posesión del bien. Terceros intervinieron en el caso reclamando derechos sobre la propiedad y oponiéndose a la ejecución. Uno de los interventores presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó que el tribunal de instancia erró al ordenar la posesión sin garantizarle el debido proceso de ley. Solicitó además una orden en auxilio de jurisdicción para impedir la venta del inmueble adquirido en subasta. El Tribunal de Apelaciones procede a considerar el recurso de Certiorari y la moción urgente presentada.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201500090. El Municipio de Yauco apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de cobro de dinero y daños. El apelado, Edison Burgos Montes, solicitó la desestimación del recurso por notificación tardía. El Municipio argumentó justa causa y falta de perjuicio, y el Tribunal inicialmente denegó la desestimación. Sin embargo, el apelado pidió reconsideración de esa decisión. La Sentencia enfatiza la naturaleza jurisdiccional de los términos apelativos, especialmente el de 60 días para los municipios. Se reitera que un recurso tardío adolece de un defecto jurisdiccional insubsanable que requiere su desestimación. El Municipio no presentó oposición a la moción de reconsideración, y el Tribunal procede a resolverla, enfocándose en la estricta observancia de las reglas procesales jurisdiccionales.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revoca una Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Río Grande, con fecha de 28 de febrero de 2015. Como resultado, se mantiene la efectividad de los procedimientos en el caso N3CI200700551, conocido como la "Acción Original", incluyendo decisiones previas de este Tribunal, mientras la acción de nulidad de sentencia (N3CI2014-0650) está pendiente en el foro primario. El Tribunal de Apelaciones afirma tener jurisdicción para considerar la petición presentada. Se deniegan las mociones de desestimación radicadas por Banco Popular y los abogados de Doral. Estas mociones alegaban que la petición era prematura debido a una moción de reconsideración pendiente en el Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, el Tribunal determina que dicha moción de reconsideración no interrumpió el término para recurrir. La falta de interrupción se debió a que la moción de reconsideración no fue debidamente notificada a todas las partes, específicamente a cuarenta demandantes representados por la Lcda. Marta Ojeda Rodríguez. La notificación oportuna y a todas las partes es un requisito estricto para que una moción de reconsideración tenga efecto interruptor del término apelativo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite sentencia sobre un recurso de apelación presentado por María Moya Tosado contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. La parte apelada, Integrand Assurance Company, solicitó la desestimación del recurso. Alegó que la apelante incumplió con la Regla 13(B)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones al no notificar la presentación del recurso el mismo día en que lo presentó, por haberlo hecho en el último día del término. La apelante se opuso, argumentando que el término para apelar vencía en una fecha posterior, calculada desde el depósito en correo de una notificación previa. El tribunal concedió a la apelante la oportunidad de acreditar el cumplimiento con la regla. Tras evaluar el expediente y los argumentos, el tribunal desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento de la parte apelante con la exigencia de notificar la presentación del recurso el mismo día en que se presentó, al haberlo hecho en el último día del término según la determinación del foro apelativo.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El apelante, un exagente de la Policía, demandó al Estado y a la Policía tras ser expulsado de su puesto, alegando que la medida disciplinaria fue improcedente, especialmente tras ser absuelto en el ámbito criminal por los mismos hechos. Solicitó su reinstalación y compensación económica por salarios perdidos, angustias mentales, daños morales y a su crédito. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, entendiendo que la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) poseía jurisdicción apelativa exclusiva sobre la controversia. El apelante recurrió esta decisión, argumentando que la CIPA no tiene jurisdicción primaria exclusiva para dirimir una causa de acción en daños. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Sentencia, revoca la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar la reconsideración y mantuvo la desestimación. Esto implica que el Tribunal de Apelaciones no concurrió con el fundamento de desestimación basado en la jurisdicción exclusiva de la CIPA para este tipo de reclamo.

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Popular Auto y Universal Insurance Company presentaron una Petición de Certiorari. Solicitaron dejar sin efecto una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución del TPI declaró No Ha Lugar una moción de sentencia sumaria presentada por los peticionarios. Los peticionarios impugnaban la confiscación de un vehículo de motor. Argumentaron que la confiscación no procedía porque el caso criminal relacionado no prosperó, invocando la doctrina de impedimento colateral por sentencia. Sostenían que la desestimación del caso criminal impedía establecer el nexo entre el delito y el vehículo. El TPI denegó la sentencia sumaria, concluyendo que el proceso de confiscación es independiente del criminal y que los peticionarios debían rebatir la presunción de legalidad. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de certiorari.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones en un recurso de certiorari presentado por José F. Rivera Morales en un caso de alimentos. El peticionario impugnó dictámenes del Tribunal de Primera Instancia, incluyendo la denegatoria de una moción de reconsideración y una orden de arresto. Alegó que el foro primario carecía de jurisdicción sobre su persona por falta de emplazamiento y notificación adecuada en el proceso original de alimentos iniciado en 2011. Sostuvo que las notificaciones de determinaciones clave, como el informe de la examinadora y su acogida por el tribunal, fueron defectuosas. Tras ser arrestado en abril de 2015, el peticionario fue excarcelado luego de consignar una suma acordada con la parte recurrida, Giselle Torres Román. Se pautó una vista para el día siguiente a la presentación del recurso de certiorari. El peticionario solicitó al Tribunal de Apelaciones paralizar dicha audiencia y revisar la legalidad de las actuaciones del foro primario. El Tribunal de Apelaciones evaluó los méritos del recurso de certiorari y la moción en auxilio de jurisdicción. Finalmente, el tribunal determinó denegar la expedición del auto de certiorari y la moción solicitada.

Resumen:

Oriental Bank & Trust demandó a Heriberto Güivas Lorenzo y otra parte por cobro de dinero y ejecución de hipoteca sobre una deuda adquirida del FDIC. El demandado Güivas Lorenzo presentó una reconvención alegando actuación ilícita del banco, a lo que Oriental opuso la doctrina D'Oench Duhme. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reconvención mediante sentencia parcial. El apelante presentó una moción de reconsideración de dicha sentencia, sobre la cual Oriental alegó falta de notificación oportuna. Mientras la moción de reconsideración estaba pendiente de resolución, el apelante acudió en apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Este Tribunal determinó que la apelación era prematura. La presentación de una moción de reconsideración en Primera Instancia suspende el término para apelar y permite al tribunal de origen modificar su dictamen. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación sin perjuicio de que se renueve una vez resuelta la moción de reconsideración por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Esta sentencia revisa un pronunciamiento del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, del 5 de agosto de 2014. Dicho tribunal encontró al Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) y a Norberto Cruz Martin responsables por daños a Nicole Aponte Pou. La señora Aponte Pou demandó por daños y perjuicios tras ser arrestada por supuestamente intentar sacar a su hijo menor de Puerto Rico sin autorización. Alegó negligencia del ELA en la investigación, ya que poseía una resolución judicial previa que le otorgaba custodia y autorización para mudarse a Florida con el menor. Una denuncia criminal previa contra ella por los mismos hechos no encontró causa probable. El foro primario ordenó al ELA y a Cruz Martín pagar solidariamente \$75,000.00 a Aponte Pou, más costas y gastos. Adicionalmente, ordenó a Cruz Martín pagar \$5,000.00 en honorarios de abogado. El ELA y Cruz Martín solicitan la revisión de esta determinación. El documento detalla el historial procesal, la base de la reclamación y la prueba considerada por el tribunal de instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201401061, una apelación presentada por el Estado Libre Asociado y el Departamento de Transportación y Obras Públicas. El recurso busca revisar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que los declaró responsables en una demanda por daños y perjuicios. La demanda fue presentada por Cristina Mundo Torres, quien alegó haber sufrido lesiones al caer en una alcantarilla pluvial sin parrilla en la Avenida Muñoz Rivera. La Sra. Mundo Torres atribuyó el incidente a la negligencia del DTOP en el mantenimiento de la vía. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de la demandante, condenando al ELA a indemnizarla. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones resolvió modificar la cuantía de la compensación otorgada. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada, pero únicamente en cuanto a la responsabilidad, ajustando el monto de la indemnización.

Resumen:

Se revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que encontró al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a Norberto Cruz Martín responsables por daños. La sentencia apelada les ordenó pagar solidariamente \$75,000 a Nicole Aponte Pou, más costas y gastos. Adicionalmente, se ordenó al señor Cruz Martín pagar \$5,000 en honorarios de abogado. La reclamación de daños surgió luego de que la señora Aponte Pou fuera denunciada por el señor Cruz Martín por supuestamente intentar sacar a su hijo menor de Puerto Rico sin autorización. Esta denuncia llevó a su arresto, a pesar de existir una resolución previa que le concedía la custodia y la autorizaba a establecerse en Florida con el menor. Aunque en la vista preliminar no se encontró causa probable contra ella, la señora Aponte Pou demandó al ELA por negligencia en la investigación y al señor Cruz Martín por los daños sufridos. El Tribunal de Primera Instancia, tras evaluar la prueba y los testimonios, determinó la responsabilidad de los demandados. Los apelantes solicitan ahora que se deje sin efecto dicho pronunciamiento.

Resumen:

Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso presentado por el Sr. Rafael Figueroa Delgado relativo a una orden de pensión alimentaria en un caso de divorcio. Una apelación anterior fue desestimada por prematura debido a una notificación incorrecta de la decisión del tribunal de primera instancia. El Tribunal de Apelaciones había indicado que se podía presentar un nuevo recurso tras la notificación correcta y la expedición del mandato de la primera apelación. Sin embargo, la Secretaría del tribunal de primera instancia notificó nuevamente la decisión utilizando el formulario correcto antes de que se expidiera el mandato de la apelación inicial. Esta acción del tribunal de primera instancia plantea una cuestión jurisdiccional significativa. La presentación de un recurso de apelación generalmente suspende los procedimientos en el tribunal inferior respecto a la materia apelada hasta que se expida el mandato del tribunal apelativo. El Tribunal enfatiza la importancia crítica de la jurisdicción y el principio de que los tribunales no deben actuar sin ella. El documento se centra en este error procesal de la Secretaría del tribunal de primera instancia al re-notificar la decisión prematuramente.

Resumen:

Sentencia de un panel judicial que revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia. El caso se centra en una finca en Río Grande con un historial de titularidad complejo. La propiedad original fue adquirida en 1984 de una corporación pública con restricciones específicas. Estas restricciones incluían la obligación de destinarla a uso agrícola y una opción preferente de readquisición para el Estado tras cinco años. Para vender después de ese período, se requería notificar por escrito a funcionarios gubernamentales, y la escritura de venta debía reflejar este cumplimiento bajo pena de nulidad. La finca en controversia surgió de una segregación de la propiedad original y fue objeto de ventas posteriores. Los peticionarios solicitaron sentencia sumaria en el foro primario, la cual fue denegada. Inconformes, los peticionarios recurrieron en certiorari ante este tribunal. El tribunal expide el auto solicitado y revoca la resolución recurrida.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces sobre la impugnación de la confiscación de un vehículo. El vehículo fue ocupado por alegado uso en un delito, pero su poseedor fue absuelto en el juicio criminal. La aseguradora y un banco impugnaron la confiscación, alegando impedimento colateral por sentencia tras la absolución. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la impugnación, lo que motivó la apelación del Ministerio Público. El Estado argumenta que la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 establece la independencia de la acción civil de confiscación respecto a la acción penal. Sostiene que la absolución criminal no derrota la presunción de legalidad de la confiscación ni aplica la doctrina de impedimento colateral. La Procuradora General también alega que la jurisprudencia anterior a la ley de 2011 no debe ser la base para impugnar la confiscación. El tribunal revisa la naturaleza civil e in rem de la confiscación, su objetivo punitivo y la necesidad de interpretación restrictiva. Se menciona una enmienda de 2000 que expresamente excluía el impedimento colateral por sentencia en procedimientos de confiscación.

Resumen:

Doral Bank presentó una demanda contra Carmen Cotto Ibarra por cobro de dinero y ejecución de hipoteca, alegando incumplimiento en un préstamo. La señora Cotto Ibarra presentó una moción de desestimación en el Tribunal de Primera Instancia (TPI). En su moción, argumentó falta de legitimación activa de Doral Bank, incumplimiento de condición precedente de notificación y nulidad del pagaré. El TPI declaró No Ha Lugar la moción de desestimación, determinando que Doral Bank era tenedor de buena fe, que la notificación se presumía recibida y que el pagaré era correcto. La señora Cotto Ibarra presentó una moción de reconsideración, la cual también fue denegada por el TPI. Inconforme con estas resoluciones, la señora Cotto Ibarra acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. En este recurso, solicitó la revisión de la Orden del TPI que denegó su moción de desestimación. Mediante la presente resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una acción presentada por José Ariel Moreno Ruiz. La acción buscaba la revisión de una determinación de causa probable realizada bajo la Regla 6 de Procedimiento Criminal, relacionada con un cargo por manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes. El tribunal señala que el mecanismo procesal adecuado para dicha revisión es típicamente un certiorari, no una apelación como tituló el apelante. No obstante, el tribunal determina que la acción es improcedente independientemente de su título porque fue presentada tardíamente. La vista de causa probable se celebró el 24 de marzo de 2015, estableciendo una fecha límite de presentación del 23 de abril de 2015. El apelante presentó la acción el 24 de abril de 2015, un día después del plazo. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para atender el asunto. Basado en la presentación tardía, el tribunal desestima la acción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por el Municipio de Jayuya. El Municipio recurrió de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda contra tercero que había presentado contra el Estado Libre Asociado (ELA). La demanda original era por daños y perjuicios contra el Municipio tras una caída fatal en la plaza pública. El Municipio demandó al ELA alegando su responsabilidad en la reconstrucción del área. El ELA solicitó la desestimación por incumplimiento del requisito de notificación previa establecido por ley. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud del ELA y desestimó la acción contra este. El Tribunal de Apelaciones revisó el señalamiento de error del Municipio sobre dicha desestimación. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia recurrida, manteniendo la desestimación de la demanda contra el ELA.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de certiorari presentado por Michael Morales Pons contra El Pueblo de Puerto Rico. Morales Pons recurrió de una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo que denegó su moción de desestimación por alegada violación al derecho a juicio rápido en un caso por violación a la Ley de Armas. El peticionario solicitó la paralización del juicio que tenía pautado. Sin embargo, al presentar el recurso, Morales Pons no anejó copia alguna del documento (Orden, Resolución o Minuta) que recogiera la determinación recurrida del tribunal de instancia. El Tribunal de Apelaciones determinó que esta omisión le privaba de jurisdicción para revisar el reclamo. La corte enfatizó la necesidad de acompañar copia del documento que recoge la decisión de instancia para poder ejercer su función apelativa. Consecuentemente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari por falta de jurisdicción, al considerar que el asunto no estaba listo para adjudicación sin la documentación requerida.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari presentado por Joel Vega Cancel. El señor Vega impugnó varias determinaciones contenidas en una Minuta del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de la defensa. El Tribunal de Apelaciones observó que la Minuta recurrida carecía de la firma de la jueza que presidió la vista. Según la Regla 32(b) de Administración del TPI, una minuta que contenga una resolución u orden emitida en corte abierta debe ser firmada por el juez antes de su notificación. La firma del juzgador es esencial para certificar la corrección del contenido e impartir carácter judicial al documento. La omisión de esta firma impide que la minuta sea considerada el punto de partida para un recurso de revisión. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para entender en el recurso instado. En consecuencia, el recurso de certiorari fue desestimado.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso criminal contra Giovanni Batista Zárraga por asesinato, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas. Durante el juicio, el Ministerio Público presentó fotografías y un video de la escena del crimen y del occiso como prueba. La defensa objetó la admisibilidad de ciertas fotos y del video, argumentando que eran perjudiciales o acumulativos. El Tribunal de Primera Instancia excluyó varias fotografías, incluyendo una que mostraba heridas de bala en el occiso. Posteriormente, el tribunal también excluyó el video de la escena, basándose en la Regla 403 de las Reglas de Evidencia, al considerarlo prueba acumulativa y menos clara que las fotos admitidas. Inconforme con la exclusión del video, el Ministerio Público, a través del Procurador General, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante un auto de certiorari. El recurso alega que el tribunal de instancia erró y abusó de su discreción al negarse a admitir el video.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a un recurso de Certiorari presentado por el Ministerio Público en un caso contra Giovanni Batista Zárraga. El acusado enfrenta cargos que incluyen asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas. Durante el juicio por jurado, la fiscalía intentó introducir prueba fotográfica y de video de la escena del crimen. La defensa objetó la admisibilidad de ciertas fotos y del video. El tribunal de primera instancia excluyó varias fotos, incluyendo imágenes específicas del vehículo y las heridas de la víctima, a pesar de que la fiscalía argumentó su necesidad para ilustrar la escena y corroborar testimonios. El tribunal también excluyó el video, considerándolo prueba acumulativa bajo la Regla 403 y señalando que las fotos admitidas eran representaciones suficientes y más claras. El Ministerio Público presentó un Certiorari impugnando la decisión del tribunal de primera instancia de excluir el video y otra prueba. El Tribunal de Apelaciones está revisando las decisiones del foro primario sobre la admisibilidad de esta evidencia.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La sentencia apelada ordenó a líderes legislativos entregar el borrador más reciente del P. de la C. 2329, Ley de Trasformación del Sistema Contributivo, a representantes de la minoría. Los representantes de la minoría habían demandado acceso al documento, alegando que era público y les había sido negado. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existía legitimación activa y ordenó la entrega inmediata del borrador. Los apelantes, líderes legislativos, recurrieron al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de dicha sentencia. Sin embargo, los apelantes informaron al Tribunal de Apelaciones que ya habían cumplido con la sentencia del TPI, enviando el borrador a los apelados. El Tribunal de Apelaciones solicitó a los apelantes mostrar causa por la cual el recurso no debía desestimarse por academicidad. Los apelantes argumentaron que la controversia tenía probabilidad de recurrencia y era capaz de evadir la revisión judicial. Los apelados, por su parte, presentaron una moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por ser académico, al no persistir una controversia real o viva tras el cumplimiento de la sentencia del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de certiorari presentada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La AAA solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que le denegó permiso para enmendar su Informe de Conferencia con Antelación al Juicio. La solicitud de enmienda surgió en un pleito por daños relacionado con un accidente. La AAA buscaba incluir en el informe una referencia reglamentaria y señalar al Teatro Arriví como responsable del mantenimiento del área del incidente. El TPI denegó la enmienda por considerarla tardía, posterior a la aprobación del informe y contraria a estipulaciones previas. Tras una solicitud de reconsideración que también fue denegada, la AAA acudió al Tribunal de Apelaciones. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones decide denegar el auto solicitado por la AAA.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación contra una sentencia en rebeldía dictada en un caso de cobro de dinero. El demandante reclamó el pago por servicios de asesoría, y el tribunal de primera instancia dictó sentencia en rebeldía al no comparecer los demandados a una vista. Los demandados apelaron, alegando error al no levantar la anotación de rebeldía y dejar sin efecto la sentencia. El Tribunal de Apelaciones discute la Regla 45 de Procedimiento Civil sobre la rebeldía. Explica que la anotación de rebeldía da por ciertos los hechos correctamente alegados, pero no garantiza una sentencia favorable. El demandante debe probar su reclamación con evidencia, y el tribunal debe evaluar si existe una causa de acción válida. Se enfatiza la necesidad de balancear la disuasión de la inacción con la deseabilidad de atender los casos en sus méritos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera cuatro peticiones de certiorari consolidadas. Estos recursos buscan la revisión de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia en noviembre de 2014. La orden se dictó en el caso civil KPE2002-1037, iniciado en 2002 por la Asociación de Salud Primaria y varios centros de salud. Dicho caso original reclamaba mandamus, sentencia declaratoria y cobro de dinero contra el Estado y otras entidades. La reclamación se fundamentaba en la Ley del Seguro Social Federal, que exige el reembolso del 100% de los costos a centros de salud certificados por servicios a beneficiarios de Medicaid. La Orden recurrida determinó la aplicabilidad de la Ley Núm. 66-2014 a las sentencias finales del caso. Además, estableció un plan de pagos anuales por parte del Estado para saldar la deuda. La orden también acogió un reporte de un comisionado especial y denegó una moción de enmienda. El Tribunal de Apelaciones procederá a resolver las controversias presentadas por las partes.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera cuatro peticiones de certiorari consolidadas. Estos recursos buscan la revisión de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 14 de noviembre de 2014. La orden se dictó en el caso civil KPE2002-1037, iniciado por la Asociación de Salud Primaria y otros centros de salud contra el Estado Libre Asociado y otras agencias. El caso original trata sobre una reclamación de mandamus, sentencia declaratoria y cobro de dinero relacionada con reembolsos federales de Medicaid a centros de salud certificados. En la orden recurrida, el TPI determinó la aplicabilidad de la Ley Núm. 66-2014 a las sentencias finales del caso. Además, aceptó un pago inicial del Estado y estableció un plan de pagos anuales futuros de $3 millones y $2 millones. La orden también acogió un reporte de un comisionado especial y denegó una moción para enmendar una minuta. El Tribunal de Apelaciones ha analizado los argumentos de las partes y está listo para resolver las controversias planteadas sobre dicha orden.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida cuatro peticiones de certiorari. Los recursos buscan la revisión de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) el 14 de noviembre de 2014 en el caso civil KPE2002-1037. Dicho caso fue iniciado en 2002 por la Asociación de Salud Primaria y diecinueve centros de salud contra el Estado Libre Asociado y otros. La demanda original solicitaba mandamus, sentencia declaratoria y cobro de dinero basado en los requisitos federales de reembolso de Medicaid a centros de salud certificados. La Orden del TPI impugnada determinó la aplicación de la Ley Núm. 66-2014 a las sentencias finales del caso. También aceptó un pago inicial y ordenó al Estado consignar $3 millones anuales antes del 30 de junio y $2 millones adicionales antes del 31 de diciembre a partir de 2015. La Orden acogió un reporte suplementario de un Comisionado Especial y denegó una moción para enmendar. El Tribunal de Apelaciones ha analizado los alegatos y está listo para resolver las controversias presentadas.

Resumen:

Edwin Mercado Viera compareció ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para revisar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Originalmente acusado bajo el Artículo 144A del Código Penal (actos lascivos a menor), el señor Mercado Viera llegó a un acuerdo con el Ministerio Público. Mediante una alegación pre-acordada, la acusación fue enmendada al Artículo 122 (agresión grave causando daño sico-emocional prolongado). El peticionario se declaró culpable de este delito y renunció a su derecho a juicio por jurado. El acuerdo proponía una sentencia de 3 años y 1 día en probatoria, pero el tribunal se reservó la decisión final. Tras recibir el informe pre-sentencia, el señor Mercado Viera lo impugnó en una vista. Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia fraccionada. Condenó al señor Mercado Viera a 3 años y 1 día de reclusión, de los cuales cumpliría 1 año en prisión y 2 años y 1 día en probatoria, además del pago de una pena especial. Este recurso de certiorari busca la revisión y revocación de dicha sentencia.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida y revisa cuatro peticiones de certiorari. Las peticiones provienen de un caso civil iniciado en 2002 por la Asociación de Salud Primaria y varios centros de salud contra el Estado Libre Asociado y otras entidades. El caso original buscaba el cumplimiento de reembolsos federales de Medicaid a centros de salud certificados, así como sentencia declaratoria y cobro de dinero. Las partes solicitan la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de noviembre de 2014. Dicha orden determinó la aplicabilidad de la Ley Núm. 66-2014 a las sentencias finales del caso. Además, la orden aceptó un pago inicial del Estado y estableció un plan de pagos anuales para la deuda. El tribunal de instancia también acogió un reporte de un Comisionado Especial y denegó una moción de enmienda. El Tribunal de Apelaciones se dispone a resolver las controversias planteadas sobre esta orden.

Resumen:

Comparecen los peticionarios ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de aclaración y reconsideración. La parte recurrida, Autoridad de los Puertos, informó al Tribunal de Apelaciones que el TPI dictó posteriormente una Sentencia desestimando con perjuicio la demanda original de los peticionarios. Basándose en esta Sentencia posterior, la Autoridad de los Puertos solicitó la desestimación del recurso de certiorari por haberse tornado académico. Los peticionarios se opusieron a la desestimación, argumentando que la Sentencia del TPI aún no es final y firme porque la han apelado ante este mismo Tribunal. El documento procede a explicar la doctrina de academicidad, un pilar de la justiciabilidad que evita que los tribunales emitan opiniones consultivas sobre controversias que han perdido su carácter adversativo o cuyo remedio no tendría efectos prácticos. Se discute cómo la academicidad requiere evaluar eventos pasados, presentes y futuros para determinar si la controversia subsiste. El Tribunal de Apelaciones considera si el recurso de certiorari sobre la resolución interlocutoria se ha vuelto académico tras la Sentencia final del TPI, a pesar de que esta última está bajo apelación.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari presentado por Joseph Rivera Concepción. El peticionario impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia sobre la cuantía de honorarios de abogado en un caso de despido injustificado contra Men's Fashion Corporation. Tras un dictamen previo de este foro que ordenó conceder honorarios, el peticionario solicitó \$26,455 basados en tarifa por hora. Esta cantidad excedía el 15% de la mesada concedida en el caso. El Tribunal de Primera Instancia autorizó los honorarios, pero los limitó al 15% (\$609.00). La sala de instancia determinó que el peticionario no justificó adecuadamente una cuantía mayor. El peticionario solicitó reconsideración, reiterando su pedido sin exponer las razones para considerar el litigio más complicado o costoso. Dicha solicitud fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia. Mediante el presente certiorari, el peticionario solicita a este Tribunal modificar la resolución recurrida. Pide que se le reconozca la cantidad de \$26,455 en concepto de honorarios de abogado. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar la petición.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución denegando un auto de certiorari solicitado por Capital Building Maintenance, Inc. (CBM). CBM buscaba revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso iniciado por el Secretario del Trabajo. La reclamación original era por el alegado impago del bono de navidad de 2009. La disputa central se centró en cómo calcular la penalidad bajo la Ley de Bono de Navidad (Ley 148 de 1969) cuando el bono fue pagado parcialmente. El TPI, basándose en una opinión de la Procuradora del Trabajo, determinó que la penalidad equivale a la totalidad del bono si no se paga en la forma y término requeridos. CBM argumentó que la penalidad solo debía aplicarse a la porción no pagada. Al denegar el certiorari, el Tribunal de Apelaciones valida implícitamente la interpretación del TPI sobre la penalidad por el pago parcial del bono.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una petición de certiorari presentada por Joseph Sandoval y First Consultants, LLP. Buscan revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan dictada el 25 de septiembre de 2014. Dicha resolución dejó sin efecto una Sentencia Parcial previa del 9 de julio de 2014 que había favorecido a los peticionarios. El caso principal trata sobre daños por incumplimiento de contrato, específicamente relacionado con un alegado ofrecimiento de Xapiens International Group, Inc. a Sandoval para adquirir un 10% de sus acciones. Los peticionarios argumentaron que Xapiens incumplió un pacto para concederle a Sandoval el 10% de las acciones al valor en libros, según una carta de oferta de empleo. Xapiens se opuso, alegando que el ofrecimiento no fue ratificado, fue retirado o estaba sujeto a condiciones y aprobaciones. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente determinó que Xapiens se obligó sin condiciones adicionales en la carta de oferta, pero luego reconsideró. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por los peticionarios.

Resumen:

El panel judicial deniega la expedición de un auto de certiorari solicitado por el Municipio de San Sebastián. El Municipio buscaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró no ha lugar su solicitud de sentencia sumaria. El caso subyacente es una querella por despido ilegal presentada por la Sra. Lilliam I. Rosario Márquez contra el Municipio. La Sra. Rosario trabajó bajo contratos de servicios transitorios desde julio de 2009 hasta junio de 2011. Alegó haber sido despedida ilegalmente tras denunciar irregularidades y sufrir represalias. También adujo que fue despedida mientras se encontraba en descanso médico ordenado por el Fondo del Seguro del Estado tras un accidente laboral. El Municipio negó las alegaciones en su contestación a la querella. La resolución confirma la decisión del tribunal inferior de no dictar sentencia sumaria a favor del Municipio.

Resumen:

Un panel de jueces apelativos examina una petición del Estado Libre Asociado para revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró No Ha Lugar una revisión de un laudo de arbitraje. El arbitraje se originó por la reclamación de un empleado público, representado por su unión, de un diferencial salarial. El empleado ejerció funciones de un puesto de mayor jerarquía de forma interina. El Departamento de la Familia, como patrono, denegó el pago. Alegó que el empleado no cumplía los requisitos mínimos del puesto interino al inicio de la asignación. La árbitro consideró la designación un error administrativo que no anulaba la acción. El Tribunal de Primera Instancia confirmó el laudo arbitral. Tras examinar los argumentos de las partes, el panel apelativo revoca y modifica el laudo emitido.

Resumen:

Sentencia de un panel apelativo que resuelve una solicitud de los Sres. Magaly Galarza Cruz, Mario Ariel Mercado Galarza y Ramón Enrique Mercado Galarza. Los apelantes pidieron revocar una Sentencia de Desestimación dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó la demanda que presentaron contra el Sr. Armando A. Wiscovitch Vélez. La demanda original alegaba persecución maliciosa, difamación, libelo y daños y perjuicios. Los apelantes sostenían que el demandado presentó querellas éticas y criminales infundadas para perjudicar a la Sra. Galarza Cruz en su trabajo como Juez y obtener ventaja en un proceso de división de bienes gananciales. Alegaron que estas querellas fueron resueltas a su favor en 2013, constituyendo cosa juzgada. Reclamaban daños sustanciales por angustias mentales y daños a la reputación. Tras revisar el caso, el panel apelativo confirma la Sentencia de Desestimación apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en un caso de Cobro de Dinero y Violación de Deberes Fiduciarios. Las partes principales son Metro IT Resources, AtlasBITS, Julio Pamias, Leticia Calcerrada y PinPoint IT Services. Metro IT demandó a AtlasBITS y otros por facturas impagas y alegado desvío de fondos por parte del señor Pamias. Los demandados negaron las alegaciones y presentaron reconvención y demanda a terceros contra Metro IT y PinPoint IT. En la reconvención, alegaron incumplimientos de Metro IT y enriquecimiento injusto por parte de PinPoint IT. Metro IT y PinPoint IT recurrieron al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Buscaban revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución determinó que Metro IT y PinPoint IT habían renunciado a arbitrar controversias relacionadas a un Shareholders' Agreement. Tras examinar los escritos y el derecho, el Tribunal de Apelaciones acordó denegar la expedición del auto de certiorari. Esto implica que se mantuvo la determinación del tribunal inferior sobre la renuncia al arbitraje.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una resolución del Tribunal de Primera Instancia mediante un auto de certiorari solicitado por MAPFRE PRAICO Insurance Company. MAPFRE buscaba revocar la resolución que denegó su solicitud de sentencia sumaria para desestimar la demanda de daños en su contra. Dicha resolución también ordenó a MAPFRE proveer defensa legal a las codemandadas Management Administration Services Corp. y Villas del Asociado Jenaro Cortés, Inc. La demanda original fue incoada por Rosaura Perales Cruz y otros por daños y perjuicios. Los demandantes alegaron negligencia de VAJC, MAS y AEELA tras una agresión sexual sufrida por la Sra. Perales Cruz por un empleado de mantenimiento en VAJC. MAPFRE, como aseguradora de VAJC y MAS, argumentó que los hechos alegados estaban excluidos de las pólizas de responsabilidad civil. MAS presentó una demanda contra coparte exigiendo a MAPFRE que asumiera su representación legal y cubierta. Luego de evaluar los méritos, el Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto solicitado. No obstante, decidió confirmar la resolución recurrida emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo. La resolución de la OMA declaró con lugar una querella presentada por Francisco Vélez Salgado contra su patrono, Tradición Francesa, Inc. La OMA ordenó al patrono pagar $10,218.48 al empleado por concepto de vacaciones acumuladas y periodos de tomar alimentos no disfrutados ni pagados. La decisión de la OMA se basó en la anotación de rebeldía contra el patrono por no contestar la querella dentro del término establecido. El patrono había sido debidamente notificado de la querella y de la obligación de contestar, así como de las consecuencias de no hacerlo. El empleado solicitó la resolución en rebeldía ante la falta de contestación del patrono. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso de revisión judicial presentado por el patrono. Tras considerar los argumentos, el Tribunal resolvió modificar la resolución de la OMA únicamente para confirmar la anotación de rebeldía.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado por María Eugenia León Murillo contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La apelante impugnó la Sentencia del 20 de febrero de 2015, notificada el 26 de febrero. Tras la denegación de una Moción de Reconsideración, la apelante presentó el recurso de apelación el 20 de abril de 2015. El Tribunal de Apelaciones procedió a determinar si tenía jurisdicción para atender el recurso. Conforme a la Regla 13 de su Reglamento, las apelaciones contra sentencias civiles del Tribunal de Primera Instancia deben presentarse dentro de un término jurisdiccional de treinta días. Este término de treinta días para el presente caso venció el viernes 17 de abril de 2015. Dado que el recurso fue presentado el 20 de abril de 2015, se determinó que la presentación fue tardía. El Tribunal, obligado a velar por su jurisdicción, desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción por presentación tardía, según lo dispuesto en la Regla 83 del Reglamento.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de Miguel A. Álvarez Medina. Álvarez Medina solicitó al foro primario que aclarara bajo qué ley fue sentenciado en 2008 por delitos de armas y penales, argumentando que fue bajo la Ley Núm. 404-2000 y no la Ley Núm. 137-2004, cuyas disposiciones el Departamento de Corrección le aplicaba. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar su petición. En apelación, Álvarez Medina insistió en su planteamiento. El Tribunal de Apelaciones examinó la sentencia original de 2008 y determinó que Álvarez Medina fue sentenciado conforme al estado de derecho vigente en ese momento, que incluía las enmiendas de la Ley Núm. 137-2004 a la Ley Núm. 404-2000. Por tanto, el foro primario actuó correctamente al denegar la solicitud. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari y confirmó la orden recurrida.

Resumen:

La apelante Sandra Santiago Maldonado recurre una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella laboral contra News and Gift Shops. La querella original, presentada al amparo de la Ley Núm. 2, fue desestimada por no diligenciar los emplazamientos a tiempo. La señora Santiago solicitó reconsideración de esa decisión, pero el foro primario la denegó. Inconforme, presentó un recurso de apelación ante este tribunal. Antes de evaluar los méritos, el tribunal apelativo consideró su jurisdicción. Se determinó que el recurso de apelación fue presentado fuera del término legal establecido. La presentación tardía de un recurso resulta en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo. Por consiguiente, el recurso de apelación es desestimado.

Resumen:

Comparecen apelantes solicitando revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que impuso honorarios de abogado a favor de la UPR. Previamente, el foro primario había decretado el desistimiento sin perjuicio de la demanda de daños y perjuicios sin especial imposición de costas ni honorarios. Tras una solicitud de reconsideración de la UPR, el tribunal reconsideró su decisión. Mediante la Resolución apelada, mantuvo el desistimiento sin perjuicio pero impuso honorarios de abogado por \$3,000 a los apelantes. El Tribunal de Apelaciones examinó la notificación de dicha Resolución. Constató que fue notificada mediante el formulario administrativo OAT-750. Este formulario carece de las advertencias sobre los derechos de revisión y la fecha cierta de archivo. Tal notificación es inadecuada para una determinación apelable. Por tanto, el recurso de apelación resulta prematuro. Se desestima la apelación por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. Edwin Rivera Mercado impugna la determinación del Superintendente de la Policía de archivar una investigación administrativa (Caso Núm. 2013-01-17-0035). La Policía informó que la investigación fue archivada por falta de elementos y porque los argumentos fueron cubiertos en una investigación previa (2004-00-17-000180). La determinación de la investigación previa fue apelada y archivada por la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación en 2012. El recurrente presentó el recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones el 6 de abril de 2015. El Tribunal de Apelaciones tiene jurisdicción para revisar decisiones administrativas finales tras agotar los remedios en la agencia. Tras examinar el caso, el tribunal concluye que carece de jurisdicción para atender el recurso. Por consiguiente, se desestima el recurso de revisión administrativa presentado por Edwin Rivera Mercado.