Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 319)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso administrativo. El caso original inició con una demanda por daños y perjuicios presentada por Zulma Rodríguez Medina tras una caída. El demandado original, Rafael Vega, presentó una demanda contra tercero contra Ángel San Miguel, alegando que este no le notificó la cancelación de una póliza de seguro que debió cubrir el accidente. San Miguel, a su vez, incoó una demanda contra cuartos contra Seguros Calderón, buscando que respondieran en caso de ser hallado responsable ante Rodríguez Medina o Vega. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda contra cuartos de San Miguel contra Seguros Calderón. Seguros Calderón apeló dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones resuelve modificar la sentencia apelada y, así modificada, la confirma. La controversia central gira en torno a la responsabilidad por la falta de cobertura de seguro alegada por Vega y la subsiguiente reclamación de San Miguel contra Seguros Calderón.

Resumen:

Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación presentado por Sylvette Bonilla Rosario y otros. Los apelantes solicitan la revocación de una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sumariamente su reclamación de daños y perjuicios. La demanda original fue instada contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe) por presunta responsabilidad civil extracontractual. Los hechos se relacionan con la construcción de un muro de contención dentro del cauce de una quebrada adyacente a la propiedad de los apelantes, como parte del proyecto de viviendas Monte Verde. Los apelantes presentaron querellas ante ARPe en 2003 y 2004, alegando que la construcción se realizó sin permisos y causaba daños. A pesar de las denuncias y la alegada inacción de ARPe, el muro colapsó en mayo de 2004. Los apelantes sostienen que ARPe incumplió su deber ministerial al no atender sus querellas ni velar por el cumplimiento de los reglamentos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó las reclamaciones contra el ELA y ARPe. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, decide revocar el dictamen parcial apelado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso entre la Sucesión de Felina Echevarría Vega y Andrés Gutiérrez Moreno. La demanda original incluía reclamaciones para declarar a la Sucesión como única heredera de Doña Felina, anular una resolución previa que declaraba a Andrés como heredero, desahuciar a Andrés de la propiedad de la causante y reclamar frutos. El foro primario dictó sentencia sumaria parcial a favor de la Sucesión. Determinó que Andrés no era heredero de Doña Felina ni propietario de su finca, declarando nula la resolución previa a su favor. Andrés apeló esta decisión del foro primario. El Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia sumaria parcial apelada. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico examina un recurso de apelación presentado por Esther Elvira Rosa Laborda contra una sentencia de ejecución de hipoteca a favor de Banco Popular de Puerto Rico. La apelante impugna la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la venta en pública subasta de sus bienes. Tras la sentencia inicial, la apelante solicitó determinaciones de hechos adicionales y reconsideración. El tribunal de instancia denegó ambas solicitudes, pero utilizó un formulario de notificación incorrecto (OAT-750) para la denegatoria de las determinaciones de hechos adicionales. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la notificación de una resolución sobre determinaciones de hechos adicionales que dispone finalmente del asunto debe hacerse mediante el formulario OAT-687. El uso del formulario incorrecto implica que la resolución sobre las determinaciones de hechos adicionales no fue notificada conforme a derecho y, por tanto, no es final. Al no ser final la resolución sobre las determinaciones de hechos adicionales, el recurso de apelación presentado es prematuro. El Tribunal de Apelaciones determina que carece de jurisdicción para entender en los méritos de un recurso prematuro. Por consiguiente, el recurso de apelación será desestimado.

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First Bank Puerto Rico instó una demanda de ejecución de hipoteca contra la sucesión de Anthony Rosa González tras su fallecimiento. First Bank enmendó la demanda para incluir a la sucesión, identificando a los padres del causante como herederos según información obtenida en otro litigio. Solicitó el emplazamiento por edicto de los miembros desconocidos de la sucesión. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) autorizó el emplazamiento por edicto solo de personas con nombres ficticios. Posteriormente, el TPI cuestionó la jurisdicción sobre los padres identificados y desestimó el pleito en cuanto a ellos, y luego desestimó todo el caso por falta de parte indispensable. First Bank apeló, argumentando que el TPI erró al desestimar el caso, pues no se conocía con certeza si los padres eran los únicos herederos y existían otras formas de atender las preocupaciones jurisdiccionales. El Tribunal de Apelaciones considera la propia afirmación de First Bank sobre la identidad de los padres como herederos, lo que implica que eran partes indispensables que requerían emplazamiento personal inicial.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La peticionaria, Delia Figueroa Estrella, solicitó la revisión de una Orden de Protección emitida en su contra bajo la Ley contra el Acecho. Dicha orden fue emitida el 3 de febrero de 2015 y tuvo vigencia hasta el 3 de abril de 2015. El Tribunal, en su resolución del 17 de junio de 2015, desestima el recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción por academicidad. Se explica que la doctrina de academicidad requiere desestimar casos cuando la controversia ya no está vigente, como ocurrió al expirar la orden de protección antes de la resolución del recurso. El Tribunal subraya su deber ineludible de examinar la jurisdicción y desestimar pleitos académicos. Se cita la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones que permite la desestimación por falta de jurisdicción o por haberse tornado académico el recurso.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones (KLCE201500292) enfrenta al Departamento de Educación con Roberto Tirado Gardón y otros empleados. El Departamento impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que confirmó un laudo arbitral parcial de la CASP. Dicho laudo ordenó la reinstalación de Tirado Gardón en su puesto permanente de maestro de Bellas Artes. Los antecedentes revelan que Tirado Gardón fue nombrado en 2000 con un certificado alterno temporal y se le concedió permanencia en 2002 sin cumplir los requisitos de certificación regular. A pesar de evaluaciones en 2004 que señalaban deficiencias en sus credenciales, no completó la preparación necesaria para 2005. Fue cesanteado en diciembre de 2005 mediante una carta que, según el laudo, no cumplió con el debido proceso del convenio colectivo. La Federación de Maestros presentó una querella arbitral alegando violación de derechos. La árbitro determinó que la querella era arbitrable. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, resuelve expedir el auto y revocar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, anulando así la confirmación del laudo de reinstalación.

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Este caso de certiorari surge de un procedimiento de ejecución de hipoteca iniciado por Doral Bank contra los deudores. Tras la cesión del crédito, Rushmore Loan Management Services asumió la posición de demandante. Los deudores contestaron la demanda, presentaron una reconvención contra Doral Bank y buscaron ejercer el derecho de retracto de crédito litigioso frente a Rushmore. El Tribunal de Primera Instancia permitió que Doral Bank permaneciera en el pleito por la reconvención. No obstante, dicho foro denegó la solicitud de retracto de crédito litigioso. La denegatoria se basó en que la hipoteca estaba inscrita y no había controversia sobre el origen de la obligación. Los deudores recurrieron esta decisión en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Argumentan que el foro primario erró al denegar el retracto por el hecho de que la obligación estuviera registrada. El Tribunal de Apelaciones concedió el auto para revisar la procedencia del retracto de crédito litigioso en estas circunstancias.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso surge de una demanda por daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado, la ACAA y el Departamento de Salud. Los demandantes alegan negligencia médica tras un accidente automovilístico y tratamiento recibido en Centro Médico. La controversia principal es si era necesaria la previa notificación al Estado exigida por la Ley 104 de 1955. Los demandantes no notificaron al Secretario de Justicia dentro de los noventa días del conocimiento del daño. El Estado y el Departamento de Salud solicitaron la desestimación de la demanda por este incumplimiento. El tribunal de primera instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación. Los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones para revocar dicha orden. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari y revocó la decisión del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso entre el Departamento de Educación y 117 empleados, incluyendo a Nelson Pomales Nieves. El Departamento de Educación impugnó un laudo arbitral que ordenó la reinstalación y el estatus permanente de los empleados. El laudo arbitral concluyó que el Departamento violó el debido proceso y otras normativas al cambiar el estatus y cesantear a los maestros. El Departamento presentó un recurso de revisión del laudo ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI desestimó el recurso del Departamento por incumplir con la presentación de documentos sustanciales requeridos por las reglas procesales. El Departamento apeló esta desestimación ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Departamento argumentó que el TPI erró al considerar los documentos omitidos como sustanciales e indispensables y al desestimar el caso por un error procesal. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI. El Tribunal de Apelaciones decidió expedir el auto de certiorari, revocar la sentencia del TPI. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para procedimientos ulteriores.

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Ángel Joel Ríos Rivera, confinado, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Impugna la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición para modificar su sentencia. Ríos Rivera fue convicto por asesinato atenuado, motín e infracción a la Ley de Armas. Se le impusieron penas concurrentes para los primeros delitos y una pena consecutiva para la infracción a la Ley de Armas. Su solicitud buscaba que todas las penas fueran concurrentes. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta petición. El Tribunal de Apelaciones resuelve el recurso sin trámite ulterior. El documento detalla los mecanismos legales para modificar sentencias, como la Regla 185 para sentencias ilegales o reducciones temporales, y la Regla 192.1 para errores fundamentales que violen el debido proceso. La disposición sin trámite ulterior sugiere que la solicitud no cumplía con los requisitos para modificar una sentencia válida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Región Judicial de Ponce, emitió una sentencia en respuesta a una moción presentada por el confinado Wilfredo G. Santos Vázquez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El peticionario presentó un escrito confuso alegando asuntos sobre un robo en la cárcel, una demanda denegada, expedientes negativos y su asignación de trabajo según su sentencia. Tras evaluar el recurso, el Tribunal desestimó la moción por falta de jurisdicción. La sentencia subraya la obligación de cumplir rigurosamente con las normas para perfeccionar los recursos ante el Tribunal de Apelaciones, incluso para quienes comparecen por derecho propio. Explica la jurisdicción limitada del Tribunal de Apelaciones, que incluye apelaciones de sentencias finales, certiorari, revisión judicial de decisiones administrativas y ciertos autos. El escrito del peticionario no se ajustaba a los tipos de asuntos que el Tribunal tiene competencia para atender. Por consiguiente, el Tribunal carecía de autoridad para resolver las cuestiones planteadas en la moción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una resolución sumaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La resolución de DACO declaró que varias empresas e individuos de transporte escolar, incluyendo los recurrentes, violaron la Ley de Monopolios. La violación consistió en acordar manipular y limitar servicios de transporte escolar en Caguas y Aguas Buenas, imponiendo multas y órdenes de cese y desista. Los recurrentes, Transportación Escolar Félix Corp. y Felicita Félix Garay, solicitaron la revisión administrativa de la decisión de DACO. La Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, el Estado Libre Asociado y DACO solicitaron la desestimación del recurso. Argumentaron que el recurso fue presentado fuera del plazo jurisdiccional. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el recurso se presentó fuera del término correspondiente. Por tanto, el Tribunal carece de jurisdicción para atender el caso. Se desestima el recurso de revisión administrativa por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció un recurso de revisión judicial presentado por Juan P. Fierres Santiago contra una resolución de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME). La resolución de ASUME dejó sin efecto una orden previa de pensión alimentaria y ordenó una nueva audiencia para calcular la pensión basándose en la imputación de ingresos, específicamente la mediana salarial de agentes de bienes raíces en Estados Unidos. El recurrente cuestionó la metodología de imputación de ingresos y la fecha de retroactividad, solicitando la paralización de los procedimientos. El Tribunal analizó la solicitud a la luz de la normativa que rige la revisión judicial de decisiones administrativas. Dicha normativa establece que solo las órdenes o resoluciones finales de las agencias son revisables judicialmente, una vez agotados los remedios administrativos. Las decisiones interlocutorias no son revisables directamente, aunque pueden señalarse como error en el recurso contra la decisión final. El Tribunal determinó que la resolución de ASUME recurrida no era una decisión final, sino una orden interlocutoria que disponía la continuación del proceso administrativo. Por tanto, el recurso de revisión judicial fue considerado prematuro. En consecuencia, el Tribunal declaró no ha lugar la moción en auxilio de jurisdicción y desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre una moción presentada por Edgardo Martínez Benejam. El señor Martínez Benejam, confinado, alega que no fue trasladado a una vista de divorcio, lo que resultó en una sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Imputa errores a la Administración de Corrección por no realizar el traslado y al Tribunal de Primera Instancia por dictar la sentencia y no notificar a la institución penal. Solicita que se declare con lugar su petición y se presente una demanda por violación de derechos. El Tribunal explica que su jurisdicción para revisar decisiones del Tribunal de Primera Instancia es mediante certiorari, que requiere un dictamen previo y un término de 30 días, lo cual no aplica aquí. Tampoco se trata de una revisión de decisión administrativa ni de los recursos extraordinarios de habeas corpus o mandamus que atiende en primera instancia. Al no ajustarse la petición a los mecanismos procesales de este Foro, el Tribunal desestima la solicitud.

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Este caso es una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, presentada por el confinado Kelvin Díaz González contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugna una decisión de la División de Remedios Administrativos relacionada con comentarios presuntamente discriminatorios de una oficial durante visitas familiares. Díaz González presentó una queja administrativa solicitando la remoción de la oficial, alegando que sus comentarios incomodaron a su madre. La respuesta administrativa consistió en orientar a la oficial, pero no accedió a su remoción. Tras solicitar reconsideración sin éxito, el confinado acudió al Tribunal de Apelaciones. Argumenta que la investigación administrativa fue parcializada, que la oficial tiene un historial de conducta problemática y que la resolución de reconsideración se emitió fuera de término. Solicita al tribunal que ordene la remoción de la oficial y que se consideren quejas previas contra ella. El tribunal autorizó la comparecencia del recurrente y decidió resolver el recurso sin trámites adicionales.

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Carlos L. Colón Estela, confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, solicitó al Tribunal de Apelaciones su reubicación de custodia protectiva a la población general. Inicialmente pidió la custodia protectiva voluntariamente, pero luego solicitó en múltiples ocasiones regresar a la población general, sin obtener respuesta de la agencia. Tras agotar remedios administrativos y acudir al Tribunal de Primera Instancia, que ordenó una evaluación pero archivó el caso, el peticionario recurrió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones analizó el caso a la luz del Manual de Clasificación de Custodia del Departamento. Determinó que el reglamento otorga al confinado que solicitó voluntariamente la custodia protectiva el derecho a pedir su reingreso a la población general. Esto constituye un deber ministerial para la agencia, la cual está obligada a observar los términos de su propio reglamento. Además, el Tribunal señaló que el peticionario había estado en custodia protectiva por más de noventa días, plazo máximo para asignaciones involuntarias según el manual. Por tanto, el Tribunal dispuso del recurso, afirmando la obligación del Departamento de cumplir con su reglamento respecto a la solicitud de reubicación del peticionario.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa un caso de daños y perjuicios presentado contra el Municipio de Cidra. La demanda fue incoada por María Pilar Ortiz Cotto y su familia tras el despido de la Sra. Ortiz Cotto de su puesto de confianza. El tribunal de primera instancia desestimó el caso, resolviendo que carecía de jurisdicción sobre la materia. Determinó que la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) tenía jurisdicción primaria exclusiva sobre la controversia de empleo. Los apelantes argumentaron que la CASP no podía conceder daños y perjuicios y que el tribunal debió paralizar el caso en lugar de desestimarlo. Alegaron que la desestimación exponía su reclamación a la prescripción. El Tribunal de Apelaciones examinó la cuestión jurisdiccional planteada. La sentencia confirma y modifica la determinación apelada, afirmando el hallazgo del foro primario sobre la falta de jurisdicción sobre la materia tal como fue presentada en el Tribunal de Primera Instancia, reconociendo a la CASP como el foro primario para la controversia de empleo subyacente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La apelación fue presentada por la Sucesión Ana González Ramos contra Luis Ramos Irizarry y otros. El caso original versó sobre una demanda y reconvención de sentencia declaratoria. La controversia principal gira en torno a un "Contrato de Arrendamiento de Negocio en Marcha con Promesa de Compraventa" sobre el negocio Bazar Azul y su inmueble. Los apelantes alegaron que el contrato era un arrendamiento a corto plazo con abono limitado al precio de compraventa y cuestionaron la existencia o duración de la tácita reconducción. Los apelados, por su parte, argumentaron que el contrato ratificaba una opción de compra previa y manifestaba su interés en ejercerla. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la demanda de los apelantes y ha lugar la reconvención de los apelados en cuanto a la sentencia declaratoria y cumplimiento específico. El Tribunal de Apelaciones, según se indica en la sentencia, confirma la decisión apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari. American International Insurance Company y Luis M. Beauchamp Rodríguez solicitan revocar un dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Dicho dictamen denegó su moción de sentencia sumaria parcial en un caso de discrimen y daños. El caso subyacente fue incoado por Carmen G. Szendrey Ramos y otros en 2008. La demanda alega discrimen por género, despido injustificado, represalias, difamación y daños contra First Bancorp y sus oficiales. Szendrey Ramos sostiene que fue despedida por negarse a participar en actividades antiéticas o ilegales. Alega difamación y represalias relacionadas con una investigación de la SEC y la reexpresión de estados financieros. En particular, afirma que fue utilizada como chivo expiatorio en el "Restatement", con alegaciones falsas sobre su conducta. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso de certiorari como mecanismo procesal adecuado. No obstante, deniega la expedición del auto solicitado por los peticionarios.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación del Negociado de Seguridad de Empleo (NSE) relacionada con beneficios por desempleo. La recurrente fue declarada inelegible para recibir dichos beneficios debido a ausencias y tardanzas en su empleo. La determinación inicial del NSE fue notificada el 21 de enero de 2015, estableciendo un término de apelación que expiraba el 5 de febrero de 2015. La recurrente presentó su apelación ante la División de Apelaciones el 13 de febrero de 2015, fuera del plazo legal de quince días. Consecuentemente, la División de Apelaciones ordenó el archivo de la apelación por tardía, confirmando la inelegibilidad. La recurrente apeló esta decisión ante el Secretario del Departamento del Trabajo, quien también confirmó el archivo basándose en la presentación extemporánea de la apelación. La recurrente acudió entonces al Tribunal de Apelaciones solicitando revisión, aunque sin un señalamiento de error específico, expresando su desacuerdo con la denegatoria y argumentando justificación para sus ausencias. El tribunal examinó el expediente y el historial del caso. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma la determinación recurrida, validando el archivo de la apelación por haber sido presentada fuera del término legal establecido.

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Un confinado, Pablo Esteves González, apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios. La demanda fue instada contra el Estado Libre Asociado, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y dos oficiales, reclamando daños por la alegada falta de un Plan de Rehabilitación. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso por incumplimiento del requisito de notificación al Secretario de Justicia bajo la Ley de Pleitos Contra el Estado. El apelante solicitó reconsideración, argumentando que la notificación no aplicaba a las oficiales en su carácter personal y que era innecesaria. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración. El apelante recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, señalando errores sobre la aplicación del requisito de notificación y la disponibilidad de información. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado que desestimó la demanda.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. El recurso fue presentado por Raúl Irizarry contra Ramiro Rodríguez Ramos, impugnando una resolución que decretó la paralización de un caso de injunction y daños y perjuicios en lugar de su desestimación. La controversia se originó por alegados daños a un vehículo durante una reparación. Los mismos hechos fueron objeto de una querella previa bajo la Ley Núm. 140 ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Trujillo Alto, donde se ordenó al demandante pagar para recuperar el vehículo. Posteriormente, el demandante presentó una querella ante el DACo, la cual fue desestimada por cosa juzgada, aunque una moción de reconsideración fue acogida sin resolverse. El demandante inició entonces el caso de daños y perjuicios en Carolina, basado en los mismos hechos. El demandado solicitó la desestimación del caso en Carolina. El Tribunal de Apelaciones determinó que la resolución apelada archivó el caso. Por tanto, revocó la sentencia del foro primario y devolvió el caso para la continuación de los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre recursos consolidados presentados por Génesis Security Services, Inc. y JOM Security Services, Inc. Ambas empresas impugnan la adjudicación de la Subasta Formal 14-04 para servicios de vigilancia y seguridad de la Compañía de Parques Nacionales. La subasta fue adjudicada a Airborne Security Services, Inc. Génesis alegó que su oferta era menor que la de Airborne. El argumento principal de los recurrentes se centra en la notificación de adjudicación. Sostienen que la notificación fue defectuosa por no explicar adecuadamente los criterios o factores que llevaron a adjudicar la subasta a un licitador con una oferta aparentemente más alta. La notificación indicaba que Génesis parecía ser el menor postor, pero Airborne cumplía las condiciones tras evaluación. Génesis y JOM solicitaron reconsideración ante la Junta de Revisión de la agencia antes de acudir al Tribunal de Apelaciones. El documento detalla los antecedentes del caso y los argumentos iniciales de los recurrentes. No incluye la determinación final del Tribunal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201500579 entre Benedicta Nieves Serrano y Lanco Manufacturing Corporation. La apelante recurre de una Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. Dicha Sentencia Parcial acogió una solicitud de sentencia sumaria de Lanco, desestimando parcialmente la causa de acción de represalias bajo la Ley 115. El caso original incluía otras reclamaciones, como despido injustificado y salarios, que no fueron resueltas en la Sentencia Parcial. El Tribunal de Apelaciones examina si la Sentencia Parcial es final y apelable en esta etapa. Concluye que la Sentencia Parcial no cumplió con los requisitos de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil. Específicamente, no contenía la determinación expresa de finalidad ni la orden de registro requeridas para una sentencia parcial final. Por tanto, la Sentencia Parcial se considera una resolución interlocutoria, no una sentencia final. Los recursos de apelación contra resoluciones interlocutorias son prematuros hasta que se dicte sentencia final sobre la totalidad del pleito. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción.

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Sentencia judicial que revisa una determinación de la Comisión de Servicio Público (CSP) contra Fraticelli Trucking Co. Inc. La CSP encontró a la empresa responsable de una violación al reglamento de transporte comercial tras un incidente con derrame de material peligroso en 2012. Inicialmente se imputaron tres infracciones, pero la CSP solo sostuvo una relacionada con el derrame bajo la Sección 173.24(b). Fraticelli Trucking impugnó esta decisión ante la CSP y, tras ser denegada la reconsideración, presentó una Petición de Revisión ante el tribunal. La empresa argumenta que la CSP erró al imputar una violación no especificada en la querella, al responsabilizar al transportista en lugar del consignador, y al encontrar responsabilidad cuando la falla del contenedor fue imprevisible. El tribunal procede a evaluar estos señalamientos de error. Respecto al primer argumento sobre la violación específica imputada, el tribunal determina que Fraticelli Trucking no tiene razón. La sentencia continúa analizando los fundamentos de la Petición de Revisión.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de DLJ Mortgage Capital, Inc. contra Santiago Chávez Trabal y otros. El recurso de apelación fue presentado por DLJ Mortgage Capital, Inc. contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo. Dicha sentencia desestimó la demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca como sanción por incumplimiento con órdenes judiciales. El caso original fue iniciado por Banco Popular de Puerto Rico en 2011 contra el matrimonio Chávez Miranda por incumplimiento de pago de un pagaré hipotecario de 2002. Los demandados contestaron la demanda, alegando la nulidad de la hipoteca y el pagaré, y presentaron reconvención y demanda contra terceros. Posteriormente, DLJ Mortgage Capital, Inc. fue sustituido como parte demandante. La controversia ante el Tribunal de Apelaciones se centra en la desestimación procesal del caso por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, decide revocar la Sentencia Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por MCS Advantage, Inc. y Medical Card Systems, Inc. Los peticionarios buscaban la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que designó un Comisionado Especial para manejar un caso civil complejo. La orden del TPI, emitida el 24 de marzo de 2015, nombró al Lcdo. Antonio Amadeo Murga para dirigir todos los trámites pendientes, incluyendo la vista en sus méritos. El TPI justificó la designación por la necesidad de pericia especializada en los asuntos técnicos del caso. Los peticionarios solicitaron reconsideración de la orden, la cual fue denegada. Ante la denegatoria, presentaron el certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, señalando errores en la delegación, la pericia del comisionado y sus facultades. La parte recurrida, Eliel Ortho Medical Corp., presentó oposición a la expedición del recurso. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de la facultad legal para atender el mismo. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso de certiorari por falta de jurisdicción.

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Un grupo de empleados apeló una resolución de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La resolución de la CASP desestimó sus apelaciones consolidadas contra la Junta de Calidad Ambiental (JCA) por falta de jurisdicción. Los empleados reclamaban un aumento salarial del cinco por ciento para el trienio comprendido entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2007, conforme a la Ley Núm. 184-2004. La JCA había emitido la Orden Administrativa OA-2007-02, concediendo un aumento general de \$150.00 a empleados gerenciales y de confianza, retroactivo a junio de 2007, considerándolo el "trienio" dispuesto por ley. Los recurrentes solicitaron al Tribunal de Apelaciones revisar y revocar la resolución de la CASP. Tras evaluar el recurso, la transcripción de la vista administrativa y los argumentos de la JCA, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la determinación recurrida. Esto valida la desestimación de la reclamación de los empleados por falta de jurisdicción de la CASP sobre el asunto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Elizabeth Rivera Camacho, maestra empleada en puestos transitorios por el Departamento de Educación desde 2004, solicitó un cambio de estatus a regular-permanente. La CASP desestimó su apelación, concluyendo que los empleados transitorios no adquieren automáticamente el derecho a un nombramiento regular, especialmente conociendo el término fijo de sus contratos. Rivera Camacho recurrió, alegando que la CASP erró al desestimar sin permitirle probar que el Departamento usó nombramientos transitorios como subterfugio. Argumentó que ejercía funciones de empleada regular a pesar de su nombramiento transitorio. El Departamento de Educación se opuso, señalando que los contratos de la recurrente siempre especificaron el carácter transitorio y el término de vencimiento. El Tribunal analizó el recurso de revisión judicial. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la resolución emitida por la CASP. Se determinó que la CASP no incurrió en error de derecho al desestimar la apelación de la recurrente.

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Frente Amplio Magisterial (FAM) apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de injunction preliminar y permanente contra la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La FAM buscaba impugnar un término reglamentario de la CASP y detener un proceso eleccionario. Al ser requerida por el Tribunal de Apelaciones, la CASP alegó que nunca fue emplazada en el foro primario, por lo que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción sobre ella. El Tribunal de Apelaciones analizó la importancia fundamental del emplazamiento para adquirir jurisdicción sobre la persona de un demandado. Se destacó que la jurisdicción es un requisito primordial que debe evaluarse antes de los méritos y que no puede ser conferida por las partes. Dado que la CASP no fue emplazada en el tribunal de origen, y los apelantes no refutaron este hecho, el Tribunal de Primera Instancia no adquirió jurisdicción sobre la Comisión. Consecuentemente, el Tribunal de Apelaciones determinó que tampoco poseía jurisdicción para atender la apelación. Por tanto, el recurso de apelación fue desestimado por falta de jurisdicción.

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Un proceso de subasta para la adquisición de asfalto por el Municipio de Peñuelas recibió cuatro ofertas, siendo la de R & F Asphalt Unlimlited, Inc. la más baja. Simultáneamente, R & F enfrentaba un procedimiento federal bajo el False Claims Act, instado por un competidor, Betterecycling Corporation. Este procedimiento alegaba que R & F había suplido asfalto de menor calidad en un proyecto federal. El caso federal culminó en un acuerdo donde R & F pagó más de $3.6 millones al gobierno federal. A raíz de estos hechos, la FAA suspendió a R & F de participar en sus subastas por falta de honestidad o integridad. La Administración de Servicios Generales de Puerto Rico también inició un proceso para suspender a R & F del Registro de Licitadores local. La Ley 458 de 2004 de Puerto Rico exige a los licitadores declarar bajo juramento si están bajo investigación en cualquier procedimiento (judicial, administrativo, legislativo) por actos de fraude o malversación de fondos públicos. Esta obligación de informar no se limita a convicciones criminales, sino que abarca otros procedimientos que cuestionen la integridad del licitador. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dictaminado que el incumplimiento con este requisito conlleva la nulidad de la licitación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre recursos de revisión administrativa consolidados. Génesis Security Services, Inc. y JOM Security Services, Inc. impugnan la adjudicación de la Subasta Formal 14-04 para servicios de vigilancia y seguridad por la Junta de Subastas de la Compañía de Parques Nacionales. La subasta fue adjudicada a Airborne Security Services, Inc. Los recurrentes alegan que la notificación de adjudicación fue defectuosa por no explicar los criterios de selección, especialmente si su oferta era menor. Génesis afirmó que su cotización era inferior a la de Airborne. JOM sostuvo que la notificación no cumplía con los requisitos legales establecidos. Ambas compañías presentaron solicitudes de reconsideración ante la Junta de Revisión antes de apelar ante el Tribunal de Apelaciones. Los recursos fueron consolidados por tratarse del mismo asunto. La sentencia detalla el trasfondo del caso y los argumentos presentados por las partes recurrentes contra la adjudicación y su notificación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso KLAN201500639. La apelante, Rosalie Rodríguez Velázquez, recurre la desestimación de su demanda por incumplimiento de contrato, fraude y daños y perjuicios. La demanda fue presentada contra Jomar López (JL Realty), William McGraw (desarrollador), HR Mortgage Corp., Mailliw Development Corp. y otros. La acción se originó por la compra de un apartamento en el complejo Villa Victoria en Cidra. La apelante alegó que el apartamento presentaba desperfectos de construcción y no estaba listo para ser habitado ni contaba con servicios básicos tras el cierre. A pesar de las deficiencias, se le indicó que llevara sus pertenencias y comenzó a pagar la hipoteca. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio basándose en la doctrina de agotamiento de remedios administrativos. La apelante solicitó al Tribunal de Apelaciones que revocara dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, decide revocar la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLRA201400472. El recurso es una revisión administrativa procedente de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. La parte recurrente, Carmelo Armando Jiménez Vázquez, presentó una moción solicitando el desistimiento del recurso con perjuicio. La moción también pedía el levantamiento de una sanción impuesta mediante resolución previa. El Tribunal de Apelaciones examinó la moción presentada por el recurrente. Mediante esta sentencia, el tribunal declaró ha lugar la solicitud de desistimiento. Consecuentemente, se ordenó el cierre y archivo del recurso. La decisión se basó en el desistimiento de la parte recurrente, de conformidad con la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La sentencia fue emitida el 16 de junio de 2015.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una determinación administrativa de la Compañía de Turismo. El caso concierne la cancelación de la Licencia de Operador de taxi turístico de Miguel A. Jiménez Valdés. La agencia canceló la licencia tras una denuncia de que el hermano del recurrente, cuya licencia estaba vencida, utilizó la licencia válida para contratos e inspecciones. El taxi fue ocupado por la policía mientras era operado por el hermano. El recurrente alegó que su hermano tomó la licencia sin permiso y cambió la foto, pero no notificó a la agencia. La Compañía de Turismo emitió una denuncia administrativa imputando infracciones por permitir el uso no autorizado y no informar. A pesar de la defensa del recurrente, la agencia canceló la licencia al no estar convencida de su desconocimiento. El recurrente solicitó reconsideración, la cual fue denegada. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión administrativa. Finalmente, el Tribunal confirmó la determinación de la agencia de cancelar la licencia.

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Este caso trata sobre una apelación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que fijó una pensión alimentaria. El apelante, Félix Antonio Reyes Vélez, impugna la orden de pagar \$1,446 mensuales para su hijo menor. La apelada, María Elena Muñoz Colón, solicitó la pensión en 2007. Tras un proceso previo, un panel apelativo anterior ordenó al foro primario determinar la proporcionalidad de la obligación, considerando la contribución no monetaria de la madre. Luego de una vista, la Examinadora mantuvo la recomendación original de \$1,446.46, la cual fue acogida por el Tribunal de Primera Instancia en febrero de 2014. Esta sentencia fue notificada correctamente en febrero de 2015 y es objeto de la presente apelación. El apelante alega error al condenársele a pagar una suma por el cuidado del hijo por parte de la madre. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el caso, confirma la Sentencia apelada.

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Se trata de una apelación en un caso de daños y perjuicios incoado contra Scotiabank de Puerto Rico. Los apelantes alegaron que el banco fue negligente al reportar información errónea a las agencias de crédito sobre un préstamo de vehículo ya saldado. Esta información adversa supuestamente afectó su crédito, resultando en la denegación de solicitudes de préstamos posteriores. Los apelantes obtuvieron un informe de crédito que mostraba la cuenta de Scotiabank como adversa, junto con otras. Aunque se les informó de su derecho a impugnar la información ante la agencia de crédito, no iniciaron dicho procedimiento respecto al préstamo de Scotiabank. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda mediante sentencia sumaria, al determinar que no exponía una reclamación que justificara un remedio. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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El Ministerio Público recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución concedió una moción de supresión de evidencia en un caso contra Dangeli N. Quiñones Carrero por infracciones a la Ley 22, específicamente por conducir bajo los efectos de alcohol y sin autorización. La defensa solicitó la supresión de los resultados de la prueba de aliento (Intoxilyzer). Argumentó que no se le advirtió adecuadamente de su derecho a negarse y que el Artículo 7.09 de la Ley 22 es inconstitucional según lo resuelto en *Missouri v. McNeely*. La intervención policial se originó por exceso de velocidad, tras lo cual el agente observó signos de embriaguez y la recurrida admitió no tener licencia. El foro primario inicialmente denegó la supresión, pero luego reconsideró y la concedió. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la decisión. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución del foro primario que había suprimido la evidencia.

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Se presenta un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La peticionaria, Maraliz González Rodríguez, solicita la adveración y protocolización del testamento ológrafo de su padre. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud basándose en una resolución previa que declaró el testamento inválido por tener la fecha después de la firma. La peticionaria argumenta que la resolución anterior no es vinculante, que el testamento cumple los requisitos formales del Código Civil, y que la validez debe discutirse en un pleito independiente entre herederos. Explica que el testamento ológrafo requiere estar escrito a puño y letra, fechado y firmado por el testador. El proceso de adveración busca comprobar la identidad del testamento mediante testigos o peritos antes de su protocolización. La peticionaria pide revocar la denegatoria y ordenar la vista de adveración.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda. Doral Bank había demandado a Luis Cabán Muñiz y Glenda González Meléndez por cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El foro primario desestimó el caso por inactividad, al considerar que Doral no justificó un período de más de seis meses sin trámite. Doral apeló, argumentando que la inactividad se debió a que las partes estaban inmersas en un proceso de mitigación de pérdidas. Según Doral, la legislación federal aplicable impedía presentar mociones dispositivas mientras duraban las conversaciones transaccionales. Solo tras no alcanzar un acuerdo, Doral procedió a solicitar sentencia sumaria, lo que consideró un trámite justificativo. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración solicitada por Doral, manteniendo la desestimación. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso de apelación como certiorari para evaluar si el foro primario erró al desestimar el caso por inactividad. La parte demandada-apelada no compareció en el proceso apelativo.

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Un confinado, Juan Carrión Torres, solicitó autorización para contraer matrimonio, la cual fue denegada inicialmente por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. La denegatoria se basó en un criterio reglamentario que exigía que la relación sentimental fuera previa al confinamiento. Tras agotar los remedios administrativos, Carrión Torres presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando la inconstitucionalidad de dicho requisito. El Tribunal solicitó al Departamento de Corrección que se expresara sobre la validez y obligatoriedad del criterio. El Departamento respondió allanándose a la solicitud del recurrente. Aclaró que el requisito de relación previa no es indispensable, sino un factor a ponderar para determinar si la relación es genuina. El Departamento informó que, tras reevaluar el caso, no tenía objeción a que se iniciara el proceso de matrimonio para Carrión Torres. En vista de la postura del Departamento, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución administrativa que había denegado la autorización.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una revisión administrativa. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) recurrió una Orden Enmendada de la Comisión de Energía. Dicha Orden estableció los parámetros técnicos finales para los reglamentos de la AEE sobre medición neta e interconexión de generadores distribuidos. La AEE alegó errores de procedimiento y requisitos técnicos irrazonables por parte de la Comisión. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado por la AEE. Tras el examen, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender el caso. Por consiguiente, el recurso de revisión administrativa fue desestimado.

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Se trata de un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La recurrente, Leadette González Colón, impugna la denegatoria de beneficios de compensación por desempleo. El Negociado de Seguridad de Empleo (NSE) le denegó los beneficios tras su renuncia voluntaria a su empleo en Wapa Radio. El NSE determinó que la renuncia fue sin justa causa, invocando la Sección 4(b)(2) de la Ley de Seguridad de Empleo. La recurrente apeló, aunque reconoció haber renunciado por razones personales, disputando la razón específica citada por el NSE. Un Árbitro de la División de Apelaciones confirmó la denegatoria, reiterando que abandonó voluntariamente un empleo adecuado sin justa causa. La recurrente solicitó revisión especial ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación administrativa recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). El Municipio Autónomo de Juncos recurre la resolución de la CIPA que revocó la expulsión de cuatro policías municipales y un sargento. La medida disciplinaria fue impuesta por el Municipio tras un incidente el 24 de octubre de 2008, donde los oficiales supuestamente agredieron a un ciudadano detenido en el cuartel. El ciudadano, Sr. Ludwig Ayala Martínez, resultó herido durante un forcejeo para quitarle un celular en la celda. El Municipio inició una investigación administrativa y procedió a la destitución de los oficiales. Los oficiales apelaron ante la CIPA, la cual dejó sin efecto la expulsión. El Municipio solicitó entonces la revisión judicial de la decisión de la CIPA. Tras considerar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución de la CIPA, dictando sentencia el 15 de junio de 2015.

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Una sentencia de un panel de jueces en San Juan, Puerto Rico, atiende la apelación de María Elena Vilá contra Caribbean Manufacturing Forms Inc. La apelante busca revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda laboral. La demanda original se basó en alegaciones de despido injustificado, discrimen por edad y género, hostigamiento sexual y daños. La señora Vilá argumentó que fue forzada a renunciar en 2005 debido a un despido constructivo. Sus reclamaciones incluyeron cambios perjudiciales en su compensación y comisiones. También alegó un traslado a otra división que resultó en merma de ingresos y aumento de responsabilidades. La apelante sostuvo que sufrió discrimen por género, siendo reemplazada por un hombre con menos antigüedad. Además, denunció un ambiente de trabajo hostil de índole sexista y represalias tras reportarlo. La demanda original también reclamaba el pago de horas extras y tiempo de alimentos. El tribunal apelativo ha revisado el expediente y la prueba oral y está listo para resolver las controversias planteadas.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una apelación de Reliable Financial Services, Universal Insurance Co. y Gloribel Betancourt Rivera. La apelación impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sus demandas contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Las demandas buscaban anular la confiscación de un vehículo. El vehículo fue ocupado tras encontrarse un arma ilegal en posesión de una menor que acompañaba a la hija de la dueña, quien conducía el auto. Los apelantes alegaron ser terceros inocentes y que el ELA no probó el uso del vehículo en la infracción. El Tribunal de Primera Instancia había concedido una moción de desestimación presentada por el ELA. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Por los motivos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en un caso de cobro de cuotas de mantenimiento y derrama. Punta del Mar Homeowner's Association demandó a Nelson Pérez y Adela Surillo por deudas acumuladas. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia a favor de la Asociación, ordenando el pago de \$2,292.00 en cuotas y \$1,424.68 en derrama, más intereses. Los propietarios apelaron la decisión, argumentando que las cuotas eran excesivas según el porcentaje de participación de su apartamento (BDU). También cuestionaron los aumentos de cuotas y la derrama reclamada. Los apelantes habían solicitado previamente el traslado y consolidación del caso con otro pleito similar en otra sala judicial, lo cual fue denegado por el TPI. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia es revocada. El caso se devuelve al foro primario para que emita determinaciones de hecho y conclusiones de derecho conforme a lo resuelto por el Apelativo.