BETTERECYCLING CORPORATION V. MUNICIPIO DE PENUELAS

Un proceso de subasta para la adquisición de asfalto por el Municipio de Peñuelas recibió cuatro ofertas, siendo la de R & F Asphalt Unlimlited, Inc. la más baja. Simultáneamente, R & F enfrentaba un procedimiento federal bajo el False Claims Act, instado por un competidor, Betterecycling Corporation. Este procedimiento alegaba que R & F había suplido asfalto de menor calidad en un proyecto federal. El caso federal culminó en un acuerdo donde R & F pagó más de $3.6 millones al gobierno federal. A raíz de estos hechos, la FAA suspendió a R & F de participar en sus subastas por falta de honestidad o integridad. La Administración de Servicios Generales de Puerto Rico también inició un proceso para suspender a R & F del Registro de Licitadores local. La Ley 458 de 2004 de Puerto Rico exige a los licitadores declarar bajo juramento si están bajo investigación en cualquier procedimiento (judicial, administrativo, legislativo) por actos de fraude o malversación de fondos públicos. Esta obligación de informar no se limita a convicciones criminales, sino que abarca otros procedimientos que cuestionen la integridad del licitador. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dictaminado que el incumplimiento con este requisito conlleva la nulidad de la licitación.