Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 292)

Resumen:

Se presenta una apelación contra una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de injunction preliminar y permanente. La acción original fue iniciada por Miriam, a la que se unió Diana, impugnando la nulidad de un testamento y la actuación de la albacea, Aixa. Las demandantes solicitaron el injunction y la remoción de la albacea para proteger el caudal hereditario de posibles menoscabos. Argumentaron que tenían una alta probabilidad de prevalecer en el caso principal sobre la nulidad del testamento. Tras una vista, el TPI desestimó la solicitud de injunction, decisión que fue apelada luego de denegarse una solicitud de reconsideración. Las apelantes alegan que el TPI erró al desestimar el injunction y al emitir determinaciones contradictorias. El documento procede a examinar el concepto legal del injunction y sus requisitos bajo la ley de Puerto Rico.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendió la apelación de Wilson Torres Figueroa contra sentencias del Tribunal de Primera Instancia de Guayama. El apelante fue declarado culpable por violaciones a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de 2000, relativos a portación y uso sin licencia y disparar o apuntar armas. También fue hallado culpable del delito de amenazas bajo el Código Penal. El apelante impugnó las sentencias, alegando que el tribunal de instancia erró al encontrarlo culpable con prueba contradictoria y sin establecer su culpabilidad más allá de duda razonable. Argumentó que esto violó su presunción de inocencia y el debido proceso de ley. Tras revisar el expediente y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones procedió a resolver el asunto. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirmó las sentencias apeladas. El documento también discute la importancia de la presunción de inocencia y el estándar de prueba más allá de duda razonable en el sistema legal puertorriqueño.

Resumen:

Se trata de una Sentencia de un panel apelativo resolviendo un recurso presentado por la Sra. Catalina Martínez Maldonado. La apelante demandó a su antiguo patrono, Santander Financial Services (SFS), alegando despido injustificado y discrimen por razón de sexo y edad. SFS sostuvo que la cesantía fue por justa causa, específicamente por deficiencia en ventas tras un proceso disciplinario. SFS solicitó sentencia sumaria, argumentando que el despido estaba justificado y que la apelante no podía probar el discrimen. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) inicialmente denegó la solicitud, pero posteriormente la concedió, desestimando sumariamente la demanda. La Sra. Martínez apeló esta desestimación sumaria ante el panel. El panel apelativo revisó la determinación del TPI de conceder la sentencia sumaria. Considerando los fundamentos expuestos, el panel concluyó que la sentencia sumaria fue errónea. Por tanto, se revoca la sentencia apelada del TPI. El caso se devuelve al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la sentencia impuesta a Juan Gabriel Fernández Ocasio por el Tribunal de Primera Instancia. El apelante fue declarado culpable de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, recibiendo una pena total de 129 años. Los hechos ocurrieron el 13 de octubre de 2014, resultando en la muerte de Carlos Joel Ayala Claudio. Se imputó a Fernández Ocasio haber actuado en concierto con otros, participando en la agresión y disparos contra la víctima. También se le acusó de portar y disparar ilegalmente un arma de fuego en un lugar público. Fue identificado mediante rueda de confrontación y hallado culpable tras un juicio por tribunal de derecho. El Ministerio Público presentó diversas pruebas durante el proceso judicial. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de pensión alimentaria. El apelante, Jonathan Rodríguez Figueroa, impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que fijó la pensión. El caso se inició en 2006 pero fue desestimado en 2007 tras la reconciliación de los padres. En 2018, la madre solicitó una revisión de la pensión por cambios en las circunstancias. El Examinador de Pensiones Alimentarias evaluó los ingresos de ambos progenitores y las necesidades de la menor. El EPA recomendó que el padre pagara una pensión de $1,500 mensuales, retroactiva a junio de 2018. El Tribunal de Primera Instancia adoptó estas recomendaciones mediante Resolución. El padre solicitó reconsideración, argumentando su capacidad económica, la existencia de otro hijo y proponiendo una cantidad menor. La Sentencia detalla el historial procesal y los fundamentos de la apelación contra la decisión del TPI sobre la pensión alimentaria.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El apelante, Miguel Ali Berdiel Aponte, impugna la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. Dicho foro desestimó la acción al considerar que el "Equipo de los Vaqueros de Bayamón" era una parte indispensable. El demandante, un jugador de baloncesto, reclamaba al demandado, José Carlos Pérez (exapoderado del equipo), el pago de salarios adeudados de las temporadas 2013-2014. Alegaba que el demandado se obligó solidariamente al pago junto con el equipo. La demanda original reclamaba $47,000 de principal y $423,975 por intereses moratorios. El demandado había solicitado la desestimación en el foro primario por falta de jurisdicción y la ausencia de una parte indispensable. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la corrección de la desestimación dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de expropiación forzosa. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) había iniciado el caso contra la Sucesión Pastor Mandry Nones para adquirir una servidumbre. El TPI ordenó el archivo del caso al determinar que se había tornado académico. La academicidad surgió porque, en un caso separado, se dictaminó que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) adquirió la titularidad de la finca afectada desde el 9 de agosto de 2008 mediante una incautación legislativa. Al ser el ELA el propietario, la acción de expropiación de la AEE contra la Sucesión perdió su carácter adversativo y propósito. El apelante, Javier Mandry Mercado, impugnó el archivo, planteando errores sobre representación, la posibilidad de un "taking" temporero y la naturaleza de la decisión del TPI. El Tribunal de Apelaciones examinó la doctrina de academicidad, que impide a los tribunales emitir dictámenes sin efectos prácticos sobre una controversia. Considerando los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada que ordenó el archivo del caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201900015. Cantera Puerto Ven, Inc. y otros apelaron una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. El foro primario había decretado la paralización de los procedimientos únicamente a favor de los demandados Giovanni Alberti Accongiagioco e Irem Poventud Goyco, quienes se acogieron a la Ley de Quiebras. La parte apelante solicitaba la paralización total del pleito, argumentando que Cantera Puerto Ven, Inc. era un "alter ego" de los deudores en quiebra. Entendían que continuar el caso contra la corporación equivaldría a continuar contra los individuos en quiebra. El Tribunal de Primera Instancia denegó ampliar el alcance de la paralización. Los apelantes recurrieron ante el Tribunal de Apelaciones, alegando error al no decretar la paralización para todos los codemandados. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial. Esto valida la decisión de mantener la paralización limitada a los deudores en quiebra y su sociedad legal de gananciales.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por el Departamento de Hacienda contra CK Entertainment, Corp. CK Entertainment demandó a Hacienda solicitando un mandamus e injunction para renovar licencias de máquinas de juegos electrónicos a un costo de $100 por unidad. La empresa alegaba que sus licencias vencieron en abril de 2018. Hacienda exigía el pago de $3,000 por licencia, aplicando la Determinación Administrativa 18-08, vigente para vencimientos a partir de mayo de 2018. Hacienda argumentó que la fecha de vencimiento de las licencias de CK Entertainment era mayo de 2018, según el Código de Rentas Internas y el número de cuenta patronal de la empresa. El Departamento de Hacienda solicitó la desestimación de la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Un panel integrado por jueces revisó un recurso presentado por Autogermana, Inc. solicitando la revisión de una Resolución, Orden y Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. El caso se originó con una querella presentada por el señor Julio Andrés Quiñones González contra Autogermana por despido injustificado y salarios adeudados bajo el procedimiento sumario. El señor Quiñones alegó haber sido despedido sin justa causa tras 21 años de empleo y reclamó salarios dejados de percibir, mesada y honorarios de abogado. Autogermana fue emplazada, pero posteriormente impugnó el emplazamiento, argumentando que fue diligenciado defectuosamente a través de una persona sin autorización. El señor Quiñones se opuso a esta impugnación, afirmando que la persona que recibió el emplazamiento manifestó tener autoridad. El foro de instancia celebró una vista evidenciaria para dilucidar la controversia sobre el emplazamiento. Ambas partes presentaron testimonio relacionado con la validez del diligenciamiento. Autogermana apeló la decisión del tribunal de instancia sobre el emplazamiento y la sentencia subsiguiente. El panel apelativo, tras examinar el caso, confirmó los dictámenes impugnados del foro de instancia.

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La Administración de Hogares de Agricultores (AHA) inició un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra los peticionarios por una deuda de \$98,146.14. Los peticionarios contestaron la demanda y participaron en la mediación compulsoria requerida por la Ley Núm. 184-2012. Posteriormente, la AHA presentó una solicitud de sentencia sumaria. Los peticionarios se opusieron, argumentando que la AHA no negoció de buena fe durante la mediación ni ofreció alternativas como HARP o HAMP. La AHA se opuso a esta moción, explicando que los programas HARP/HAMP no eran aplicables a sus préstamos y que cumplió con el mandato de mediación. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a favor de la AHA, concediendo el remedio solicitado. Los peticionarios presentaron una solicitud de reconsideración y determinaciones adicionales, la cual fue declarada extemporánea por el foro primario. A raíz de ello, la AHA solicitó la ejecución de la sentencia. El tribunal emitió una orden para disponer el procedimiento de ejecución.

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El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari solicitado por Lydia Albino Lugo. La señora Albino Lugo buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Solicitud de Sentencia Sumaria. Dicha resolución permitió a Carlos Cernas Ocasio continuar con una acción de deslinde en su contra. Cernas Ocasio alegó que Albino Lugo ocupa parte de su propiedad y le impide el acceso. Albino Lugo negó las alegaciones y cuestionó el título y la legitimación activa de Cernas Ocasio. El foro primario concluyó que Cernas Ocasio estaba facultado para seguir con el deslinde y ordenó nombrar un perito. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó la petición de certiorari.

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Banco Popular de Puerto Rico solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar las sanciones económicas impuestas por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de ejecución de hipoteca. El tribunal de instancia sancionó a Banco Popular con el pago de honorarios de abogado y gastos de transportación para la parte demandada por su incomparecencia a una vista. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Banco Popular. La decisión se fundamentó en que la resolución recurrida es una orden interlocutoria sobre imposición de sanciones. Conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, este tipo de orden no es revisable mediante certiorari, salvo excepciones no aplicables aquí. El tribunal apelativo determinó que la situación no constituía un fracaso irremediable de la justicia que justificara una revisión excepcional. Además, señaló que Banco Popular no demostró que el tribunal de instancia abusara de su discreción al imponer las sanciones. Por tanto, se denegó el recurso conforme a las reglas procesales aplicables a la revisión de órdenes interlocutorias.

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El Banco Popular de Puerto Rico solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición para emitir una nueva orden de ejecución de sentencia. Dicha solicitud buscaba cobrar una alegada deficiencia tras la ejecución de una hipoteca. BPPR había adquirido la propiedad en subasta por el tipo mínimo pactado. Posteriormente, BPPR reclamó una deficiencia de \$111,415.71 y pidió embargar otros bienes de los deudores. El foro primario cuestionó la existencia de una deficiencia real, señalando que la propiedad fue vendida por BPPR por una cantidad que cubría la suma reclamada. La resolución recurrida determinó que la alegada deficiencia fue subsanada con la venta posterior del inmueble. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que no existía una deficiencia real cobrable y ordenó a BPPR certificar y evidenciar cualquier monto real adeudado. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado por BPPR. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución emitida por el foro primario.

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Raymond Fontanez Vellón recurrió en certiorari una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de corrección de sentencia. Fontanez Vellón había sido sentenciado a ocho años de reclusión por Apropiación Ilegal Agravada, Art. 182 del Código Penal de 2012. Esta sentencia fue resultado de un acuerdo de alegación preacordada, donde se reclasificó el cargo original de Robo Agravado y se eliminó la alegación de reincidencia. El convicto solicitó la corrección de su sentencia al amparo del principio de favorabilidad y enmiendas posteriores al Código Penal, buscando una reducción de pena. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud. Argumentó que la pena impuesta estaba dentro del mínimo y máximo legal y fue producto de un acuerdo favorable. Inconforme, Fontanez Vellón presentó el recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revisión de la resolución y la modificación de su sentencia a tres años. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Daños y Perjuicios. El caso se originó con una querella de René Orlando Díaz Mendoza contra Axesa Servicios de Información por despido alegadamente injustificado y discriminatorio por edad. El demandante reclamó indemnización bajo las Leyes 80, 100 y 2, argumentando que fue suspendido tras el Huracán María y no reinstalado, mientras empleados más jóvenes sí lo fueron. Axesa defendió el despido como legítimo, basado en reestructuración post-huracán y selección por desempeño según la Ley 4-2017. Durante el proceso en el Tribunal de Primera Instancia, surgió controversia sobre el cálculo de la mesada y la aplicabilidad de la Ley 4-2017. El demandante solicitó que Axesa prestara fianza, citando un artículo de la Ley 80 que Axesa alegó fue derogado por la Ley 4-2017. El foro primario ordenó a Axesa responder a dicha solicitud de fianza. La Sentencia detalla esta historia procesal del caso en la instancia inferior.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en el caso KLCE201801755, presentado por José A. Rivera Acevedo. El peticionario, un confinado, buscaba la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia relacionada con una solicitud de reducción de pena. El recurso inicial fue presentado de forma incompleta, sin especificar los fundamentos del reclamo ante el foro apelativo. El Tribunal concedió un término para perfeccionar el recurso, requiriendo la moción presentada en primera instancia y la especificación del reclamo ante el Tribunal de Apelaciones. Aunque el peticionario presentó la moción del foro primario, no detalló los fundamentos de su petición ante el Tribunal de Apelaciones ni señaló errores de derecho para revisión. El Tribunal determinó que el recurso carecía de la especificidad necesaria para activar su función revisora. Se subraya el deber del tribunal de examinar la jurisdicción como primer aspecto. El incumplimiento con las normas procesales impide la adjudicación de la controversia. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por el Pueblo. El recurso impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que determinó no causa probable para acusar a José J. Vega Montañez por infracción al Artículo 5.15 de la Ley de Armas. Dicho artículo tipifica el delito de apuntar con un arma de fuego. La denuncia alegaba que el recurrido apuntó con una pistola a la perjudicada. En la vista preliminar y en alzada, el tribunal primario concluyó que no se probó que el arma utilizada fuera un arma de fuego funcional, sino posiblemente una imitación. Por ello, determinó que no se configuraba el delito del Artículo 5.15. El Pueblo argumentó que la definición legal de arma para este artículo es amplia e incluye imitaciones. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal confirmó la resolución recurrida, validando la determinación de no causa probable para la acusación bajo el Artículo 5.15.

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Resolución de un panel judicial sobre una petición de certiorari presentada por el Sr. Eduardo Antonio Chaves Carbia. El peticionario solicitó revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de ejecución de hipoteca iniciado por Firstbank Puerto Rico. La orden impugnada le concedió un término final de 15 días para oponerse a la moción de sentencia sumaria de Firstbank. El señor Chaves había pedido la paralización del caso y del término para contestar la moción de sentencia sumaria. Alegó que aplicaba la prohibición de "dual tracking" bajo el Reglamento X (12 CFR 1024) debido a una solicitud de mitigación de pérdida. Firstbank se opuso, argumentando que la solicitud de mitigación no estaba completa. El TPI, tras conceder inicialmente 10 días, otorgó un término final de 15 días para la oposición, sin paralizar el proceso. El peticionario argumentó en certiorari que el TPI erró al no paralizar el procedimiento conforme al Reglamento X. El panel judicial examinó los escritos y documentos. Se deniega atender el auto de certiorari por no satisfacer los criterios de expedición de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. Noche de Estrellas, Inc. y José Meléndez Fraguada apelaron una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar la reconvención presentada por Noche de Estrellas, Inc. y su solicitud de fianza de no residente. El caso original fue iniciado por Rolando G. Abreu Rodríguez para ejecutar un pagaré hipotecario. Los demandados presentaron una reconvención alegando, entre otras cosas, vicios ocultos por filtraciones, fraude hipotecario y disputando la deuda. El foro primario había denegado previamente una reconvención similar. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y MODIFICÓ la Resolución recurrida.

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El Gobierno de Puerto Rico, en representación del DTOP y la Policía, solicitó mediante Certiorari la revisión de resoluciones del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dichas resoluciones declararon No Ha Lugar su Moción de Desestimación en un caso de Mandamus. La demandante, Anna María Pagán Tanzosh, presentó el Mandamus para compeler a las agencias a devolver documentos incautados y tramitar el traspaso de un vehículo heredado de su madre fallecida. La incautación ocurrió tras presentar un título de propiedad con firmas cuya autenticidad ella disputaba, lo que motivó una investigación policial. Tras 18 meses sin resolución de la investigación ni poder usar el vehículo, acudió al tribunal. El Gobierno argumentó que el Mandamus era improcedente, prematuro y que existían otros remedios. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari y, aplicando el derecho, revocó las resoluciones recurridas del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

En un pleito de disolución de comunidad de bienes, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) ordenó la disolución y dispuso que las partes debían llegar a acuerdos sobre la tasación e inventario de los bienes en un plazo de noventa días. El TPI determinó que no intervendría en el proceso de selección de profesionales para dicha valoración y advirtió inicialmente sobre posibles sanciones por mociones relacionadas. Los peticionarios solicitaron reconsideración, argumentando que esta orden les privaba del derecho a solicitar el nombramiento judicial de peritos si no lograban un acuerdo, especialmente ante una parte intransigente. El TPI atendió la reconsideración y reiteró su decisión de no intervenir en la selección de profesionales, explicando que ni la sentencia del Tribunal de Apelaciones ni las reglas procesales le obligaban a nombrar peritos. Aclaró que las partes tienen libertad para contratar profesionales de forma conjunta o individual. Sin embargo, el TPI sí reconsideró la advertencia de sanciones, permitiendo ahora la presentación de mociones informativas sobre el proceso de valoración sin penalidad.

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El Sr. Osvaldo Encarnación solicitó la revocación de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden concedió término al Lcdo. Julio C. Osuna Guzmán, abogado de los recurridos, para replicar a una moción de descalificación presentada por el peticionario. El peticionario argumentó que procedía descalificar al Lcdo. Osuna por un posible conflicto de interés. Alegó que el abogado representaba simultáneamente al Sr. Julio Báez y a una corporación que se postulaba como su "alter ego" en una demanda por incumplimiento de contrato y daños. El peticionario insistió en la descalificación a pesar de que el Lcdo. Osuna solicitó relevarse de la representación de la corporación. Consideró que la renuncia parcial no subsanaba el conflicto ético planteado. El panel judicial revisó la solicitud del Sr. Encarnación. La Resolución deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario. Esto implica que el tribunal apelativo no intervendrá con la decisión del TPI de conceder término para responder a la moción de descalificación.

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Cidra Excavation, S.E. presentó un recurso de certiorari para revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. El caso subyacente es una querella laboral de Gerardo García Rivera por despido alegadamente injustificado bajo la Ley Núm. 2 de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales. El foro primario denegó la sentencia sumaria al determinar la existencia de hechos en controversia. Cidra Excavation alegó que el tribunal incidió y no cumplió con las reglas procesales. El Tribunal de Apelaciones recordó que la revisión de resoluciones interlocutorias en procedimientos sumarios laborales está generalmente proscrita por jurisprudencia para mantener su carácter expedito. Esta norma tiene excepciones limitadas, como la falta de jurisdicción o casos extremos que requieran una disposición definitiva o eviten una grave injusticia. Tras examinar la resolución, el Tribunal concluyó que no se configuraba ninguna de estas excepciones. La denegatoria de sentencia sumaria no ameritaba una revisión inmediata. Por consiguiente, se denegó el recurso de certiorari.

Resumen:

Se presenta una solicitud de certiorari por E.C. WASTE, LLC para revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La resolución impugnada, emitida el 17 de enero de 2019, declaró no ha lugar una moción de sentencia sumaria parcial de la peticionaria. Este caso surge en el contexto de un litigio con un historial procesal previo. Anteriormente, el TPI había pospuesto la adjudicación de la misma moción de sentencia sumaria. Un panel previo del Tribunal de Apelaciones (TA) acogió un certiorari anterior de E.C. y ordenó al TPI examinar la moción y delimitar los hechos. El Municipio Autónomo de Mayagüez recurrió esa decisión del TA ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR). El TSPR emitió un mandato relacionado con ese recurso previo poco antes de la resolución del TPI ahora impugnada. La solicitud de certiorari actual impugna la resolución del TPI que *negó* la moción, emitida mientras el recurso ante el TSPR estaba activo. El panel actual del Tribunal de Apelaciones desestima el auto de certiorari presentado por E.C. WASTE. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción por considerar el recurso prematuro.

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Best Work Construction S.E. presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La empresa buscaba la revisión de dos determinaciones interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado. Dicho pleito se tramitaba bajo el procedimiento sumario establecido por la Ley Núm. 2 de 1961 para reclamaciones laborales. El peticionario alegó errores del tribunal de instancia en cuanto a la oportunidad para presentar una moción de sentencia sumaria y al atender una solicitud de reconsideración. Tras examinar la petición, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari. La corte determinó que ejercer su función revisora en este caso sería contrario a los valores y la política pública de la Ley Núm. 2. Se reafirma que el recurso de certiorari para revisar determinaciones interlocutorias no está disponible en casos sumarios laborales, salvo excepciones no presentes aquí. La decisión subraya la primacía de la celeridad en este tipo de procedimientos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por Jayson Acosta Pérez. El peticionario solicita la revocación de una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que denegó su solicitud de desestimación por violación al derecho a juicio rápido. Acosta Pérez fue acusado en noviembre de 2017 por violación a la Ley de Sustancias Controladas. El caso ha sido señalado para juicio en múltiples ocasiones, con varias posposiciones atribuidas al Ministerio Público. Una de las posposiciones se debió a que un testigo esencial se encuentra en servicio militar en Texas por un término de hasta tres años. El peticionario argumenta que esta situación no constituye justa causa para la demora del juicio. El Tribunal de Apelaciones comienza el análisis del derecho constitucional y procesal a un juicio rápido en Puerto Rico.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestima una apelación criminal presentada por Ramón Luis Rodríguez Colón. La apelación se relaciona con fallos de culpabilidad por violaciones a la Ley de Armas y asesinato en primer grado. El apelante alegaba errores en la apreciación de la prueba oral del juicio. El tribunal emitió múltiples resoluciones ordenando al apelante informar sobre el método para reproducir la prueba oral y, posteriormente, gestionar su transcripción. A pesar de las órdenes, el apelante incurrió en incumplimientos reiterados. El tribunal apercibió al apelante sobre las consecuencias de su conducta, incluyendo la desestimación del recurso. También impuso sanciones económicas al abogado del apelante en varias ocasiones. Ante el incumplimiento craso y persistente, el tribunal se vio obligado a desestimar la apelación.

Resumen:

Se presenta una sentencia de un panel judicial resolviendo una apelación. El apelante, un abogado, demandó a la apelada por cobro de dinero por servicios legales prestados en varias reclamaciones laborales. La apelada solicitó sentencia sumaria, argumentando que la ley prohíbe cobrar honorarios a trabajadores en casos laborales. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) concedió la sentencia sumaria y desestimó la demanda con perjuicio. El TPI determinó que los casos eran de índole laboral y que la apelada no obtuvo sentencia a su favor que incluyera compensación por daños. Concluyó que el abogado no tenía derecho a cobrar honorarios por dicha representación, incumpliendo una prohibición legal, y declaró nulo el contrato de servicios. El abogado apeló esta decisión del TPI. El panel judicial revisó el caso y confirmó la sentencia apelada.

Resumen:

Se confirma la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró con lugar una demanda sobre deslinde, reivindicación y daños y perjuicios. El Sr. Eleuterio Aponte Rivera demandó al Sr. Benjamín González Cuevas alegando que este había movido colindancias, destruido una verja y construido una estructura en su propiedad. El TPI ordenó al Sr. González remover las estructuras invadiendo la propiedad del Sr. Aponte y le condenó al pago de \$1,000 por daños y perjuicios, más costas, gastos y \$1,500 en honorarios de abogado. El Sr. González apeló esta decisión. Previamente, el Sr. González había solicitado sentencia sumaria, argumentando falta de legitimación activa del demandante y que el camino en controversia pertenecía al municipio o la servidumbre le favorecía a él. El TPI denegó la sentencia sumaria al determinar que existían controversias fácticas esenciales, como si el demandado ocupaba propiedad del demandante y si este último tenía derecho a una servidumbre de paso sobre el área disputada. La presente Sentencia del panel apelado valida el dictamen del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. Félix Rafael Deya Reyes demandó a Luis Rodríguez y su sociedad de bienes gananciales por el impago de un préstamo de \$15,000 otorgado en febrero de 2012. Como garantía del préstamo, el demandado entregó un cheque de su corporación, ARK Enterprises, que no debía ser depositado. El préstamo no fue saldado, salvo un pago parcial de intereses. Los demandados alegaron, entre otras defensas, que la deuda era comercial y había prescrito. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existía la deuda y condenó a los demandados al pago de los \$15,000 más intereses, costas y honorarios de abogado. Tras evaluar los hechos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la denegatoria de sentencia sumaria en un litigio sobre incumplimiento de contrato de arrendamiento comercial. El demandante-peticionario, Pedro A. Crespo Claudio, alegó que el local arrendado a Inver Inver Corp. presentaba vicios ocultos (comején, losetas sueltas) que impedían su uso. Tras dar por terminado el contrato, reclamó la devolución de dinero y daños, mientras que el demandado-recurrido negó los vicios y reconvino por incumplimiento contractual. El peticionario solicitó sentencia sumaria, argumentando la ausencia de hechos controvertidos esenciales. El recurrido se opuso, presentando evidencia que demostraba la existencia de hechos en disputa sobre la condición del local y la causa de los problemas. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria, concluyendo que existían hechos controvertidos que requerían un juicio. El peticionario impugnó esta decisión mediante recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y determinó confirmar la resolución del foro primario. La corte apelativa sostuvo que la existencia de hechos en controversia justificaba la denegatoria de la sentencia sumaria.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por Santiago Nieves Martínez. El peticionario, confinado por robo agravado y ley de armas con una sentencia de 15 años y un día, solicitó la revisión de su condena por considerarla excesiva. Alegó que el Tribunal de Primera Instancia no atendió su reclamo bajo la Regla 192.1 o la Ley 246-2014. Ante el Tribunal de Apelaciones, pidió corregir su sentencia, una vista especial y representación legal. El Tribunal resolvió desestimar la expedición del recurso. La desestimación se fundamenta en que el peticionario incumplió con los requisitos reglamentarios para perfeccionar el Certiorari. Específicamente, el recurso carece de un índice detallado, una relación de hechos procesales y un apéndice con documentos del tribunal inferior. Estos defectos impiden al Tribunal de Apelaciones asumir jurisdicción y ejercer su función revisora.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Juan E. Amador Colón. El peticionario impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción en Solicitud de Relevo de Sentencia. El caso original data de 2002, resultando en condenas en 2003 por apropiación ilegal agravada y posesión de documentos falsificados, con sentencia suspendida en 2004. Intentos previos de apelar o solicitar nuevo juicio fueron desestimados o denegados en 2005 y 2008. La moción de relevo de sentencia actual fue presentada más de diez años después de la última determinación adversa. Tras evaluar los antecedentes y argumentos, el Tribunal de Apelaciones concluye que carece de jurisdicción para atender el recurso. Por consiguiente, se desestima el certiorari presentado por el señor Amador Colón.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que considera múltiples peticiones de certiorari presentadas por el Director Administrativo de los Tribunales. Las peticiones buscan revisar determinaciones de la Junta de Personal de la Rama Judicial (JPRJ). La JPRJ había resuelto que los casos de impugnación de destitución o suspensión de empleo no estaban totalmente paralizados por la Ley PROMESA. Concluyó que la paralización automática bajo PROMESA no aplicaba al reclamo de reinstalación, al considerarlo una reclamación no monetaria. El Tribunal de Apelaciones revisa esta determinación de la JPRJ sobre el alcance de la paralización de PROMESA en procedimientos administrativos de personal. Los casos consolidados involucran a varios empleados recurridos que impugnan acciones disciplinarias como la destitución. La resolución aborda si la paralización automática de PROMESA impide la adjudicación de reclamos de reinstalación en estos casos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IV, emite una resolución en respuesta a múltiples peticiones de certiorari presentadas por el Director Administrativo de los Tribunales. Estas peticiones buscan revisar determinaciones de la Junta de Personal de la Rama Judicial (JPRJ). La JPRJ resolvió que los casos de impugnación de destituciones o suspensiones de empleo no están completamente paralizados por la Ley PROMESA. Específicamente, la JPRJ concluyó que la reclamación de reinstalación es de naturaleza "no monetaria" y, por tanto, no sujeta a la paralización automática bajo PROMESA. El Director Administrativo de los Tribunales recurre esta interpretación ante el Tribunal de Apelaciones. La resolución aborda estas peticiones consolidadas, que involucran a varios recurrentes que impugnaron acciones disciplinarias. El tribunal procede a considerar la revisión discrecional de estas determinaciones administrativas, siguiendo el precedente establecido por el Tribunal Supremo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre varias peticiones de certiorari presentadas por el Director Administrativo de los Tribunales. Estas peticiones impugnan determinaciones de la Junta de Personal de la Rama Judicial (JPRJ). La JPRJ resolvió que los casos que impugnan destituciones o suspensiones de empleo no están totalmente paralizados bajo la Ley PROMESA. Específicamente, la JPRJ concluyó que el reclamo de reinstalación es "no monetario" y, por lo tanto, no sujeto a la paralización automática. El Director Administrativo solicita la revisión de esta decisión de la JPRJ por parte del Tribunal de Apelaciones. La resolución aborda varios casos consolidados que involucran a distintos empleados que impugnan acciones de personal. El asunto central es la aplicabilidad de la paralización automática de PROMESA a estos procedimientos administrativos. La resolución fue emitida el 26 de febrero de 2019.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por El Pueblo contra Wilfredo Rivera Marrero. El caso principal involucra acusaciones por asesinato y violación a la Ley de Armas. El Pueblo solicitó revocar una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) durante el juicio. La controversia surgió cuando el TPI impidió que un agente declarara sobre el contenido de un registro de llamadas telefónicas. El Ministerio Público argumentó que el testimonio era admisible bajo la Regla 107 de Evidencia, sujeto a la posterior presentación del documento y un testigo técnico. El registro supuestamente mostraba comunicación entre el occiso y el acusado, y ubicaba al acusado cerca de la escena del crimen. El TPI denegó permitir el testimonio del agente sobre el contenido del registro antes de su admisión formal. El Tribunal de Apelaciones anticipa expedir el auto de certiorari. La decisión del Tribunal de Apelaciones es revocar la determinación recurrida del TPI.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico la Sra. Alejandrina Román Nieves, apelante, solicitando la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó su demanda de daños y perjuicios contra el Sr. Rafael Nieves Nieves, apelado. La Sra. Román Nieves sufrió graves lesiones, incluyendo fracturas y rotura del manguillo rotador, mientras era pasajera en el vehículo de transporte público del Sr. Nieves Nieves. El incidente ocurrió cuando unos individuos abordaron el vehículo, que el apelado había dejado con las llaves puestas, y emprendieron la marcha, chocando con otros vehículos. La apelante alegó negligencia por parte del Sr. Nieves Nieves al dejar las llaves. El foro primario determinó que no hubo negligencia del apelado y lo eximió de responsabilidad. Tras evaluar los méritos del recurso, el Tribunal de Apelaciones resuelve revocar la sentencia apelada.

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Compareció ante el Tribunal de Apelaciones Juan Carlos Santa López para revisar una determinación del Tribunal de Primera Instancia. Dicha determinación fijó relaciones paternofiliales provisionales pero no resolvió su solicitud de custodia monoparental de su hija menor. El señor Santa demandó a la madre, Marieliz Rivera Quiñonez, alegando que ella ostentaba la custodia de facto e imponía condiciones irrazonables para su relación con la menor. Solicitó la custodia y, posteriormente, una orden urgente para establecer relaciones provisionales específicas, incluyendo pernoctar en su casa. Argumentó que, tras la demanda, la madre suspendió la comunicación y el contacto, desacatando una orden inicial del foro primario de que las relaciones debían continuar. El padre enfatizó la urgencia de definir los términos de acceso y la importancia de su participación activa en la vida de la menor. En la vista celebrada, la madre rechazó las pernoctaciones alegando desconocer la residencia del padre y un supuesto problema de la niña. El recurso busca la revisión de la decisión interlocutoria del foro primario que no dispuso sobre la custodia ni estableció términos claros para las relaciones provisionales.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE201900092. No Time Records, Inc. solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un pleito sobre incumplimiento de contrato y daños. La determinación recurrida denegó la inclusión de varios testigos de No Time por haber sido anunciados fuera del término de descubrimiento de prueba. Además, el foro primario concedió a No Limit Entertainment un término para presentar una moción de sentencia sumaria. No Time solicitó reconsideración de esta decisión, la cual fue denegada. Inconforme, No Time presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso discrecional solicitado por No Time Records, Inc.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Calibano Corp. apelando una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. El pleito original fue presentado por Calibano contra Design Build, S.E. sobre reivindicación y daños y perjuicios, alegando la invasión de una porción de su finca colindante. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar una moción de sentencia sumaria y desestimó el caso sin perjuicio. Determinó que existían errores en la segregación original de las fincas en controversia y que la acción procedente era una de deslinde para precisar las colindancias. Concluyó que una acción de deslinde requiere la comparecencia de todos los titulares de predios colindantes como partes indispensables. Al no estar presentes todas las partes indispensables, procedió la desestimación. El Tribunal de Apelaciones analizó los méritos del asunto planteado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la sentencia apelada.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de Certiorari presentada por Celinés Bonilla Rodríguez. La petición busca revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud para ser eximida de una fianza de apelación en un caso de desahucio. Juan Caraballo Torres demandó a Bonilla Rodríguez por desahucio en precario, y el TPI falló a favor del demandante, fijando una fianza para cualquier apelación. Bonilla Rodríguez, alegando insolvencia, solicitó al TPI que la eximiera de la fianza. El TPI denegó la solicitud, indicando que, tras la notificación de la sentencia, el asunto de la apelación y la fianza correspondiente correspondían al Tribunal de Apelaciones, no al TPI. El Tribunal de Apelaciones acogió la presentación como una petición de Certiorari para revisar la decisión del TPI. Al evaluar el caso, el Tribunal concluyó que el TPI no erró. El TPI señaló correctamente que el término para apelar comenzó con la notificación de la sentencia, transfiriendo la jurisdicción sobre asuntos relacionados con la apelación, incluida la fianza, al foro apelativo. Dado que Bonilla Rodríguez no presentó una apelación dentro del término jurisdiccional, el TPI actuó correctamente al denegar su moción de exención de fianza en esa etapa. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por Edwin González López. El apelante solicitó la revocación de una sentencia del foro primario que desestimó su demanda de rescisión de contrato y daños. Sin embargo, el apelante no incluyó copia de la sentencia apelada en el apéndice, incumpliendo la Regla 16(E)(1)(b) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Se le concedió un término de cuarenta y ocho horas para corregir esta omisión y acreditar las notificaciones requeridas por las Reglas 13(B)(1) y 14(B). El apelante no compareció ni cumplió con lo solicitado dentro del plazo. El Tribunal subraya la responsabilidad de las partes de cumplir rigurosamente los requisitos reglamentarios para perfeccionar los recursos. Al no subsanar las deficiencias, el recurso no quedó perfeccionado. Esta falta de perfeccionamiento impide al Tribunal considerar los méritos de la apelación por carecer de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa múltiples peticiones de certiorari presentadas por el Director Administrativo de los Tribunales. Estas peticiones impugnan resoluciones de la Junta de Personal de la Rama Judicial (JPRJ). Las resoluciones de la JPRJ se refieren a casos de empleados que desafían su destitución o suspensión de empleo y sueldo. Un punto central de las resoluciones de la JPRJ fue la aplicabilidad de la paralización automática bajo la Ley PROMESA a estos procedimientos administrativos. La JPRJ determinó que los casos no estaban completamente paralizados. Específicamente, concluyó que la reclamación de reinstalación era una reclamación "no monetaria". Por lo tanto, la JPRJ resolvió que la paralización automática no procedía en cuanto a dicho reclamo. El Director Administrativo de los Tribunales, como peticionario, busca la revisión de esta determinación de la JPRJ. La resolución del Tribunal de Apelaciones lista a varios empleados como recurridos en estos casos consolidados.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un caso de cobro de dinero. United Surety and Indemnity Company (USIC), como fiadora, pagó \$22,000 al Centro de Bellas Artes de Caguas por cánones de arrendamiento impagados por Metro P. Parking Corp. (MPP). USIC demandó a Luis Javier Hernández Ortiz y Glendalys Soto, entre otros, para recobrar dicha cantidad. Los esposos Hernández-Soto habían suscrito un General Agreement of Indemnity (GIA) comprometiéndose mancomunada y solidariamente a responder a USIC por cualquier desembolso. Un caso previo contra todos los demandados fue transigido parcialmente con MPP, permitiendo a USIC continuar contra los esposos Hernández-Soto. El Tribunal de Primera Instancia encontró a los esposos solidariamente responsables. Los esposos apelaron, alegando que el foro primario actuó con prejuicio y al margen de la prueba. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Concluyó que el Tribunal de Primera Instancia no cometió error alguno en su dictamen. Por tanto, confirmó la sentencia que impuso responsabilidad solidaria a los apelantes.