BANCO POPULAR DE PUERTO RICO V. PEREZ HERNANDEZ, MARILYN

Banco Popular de Puerto Rico solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar las sanciones económicas impuestas por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de ejecución de hipoteca. El tribunal de instancia sancionó a Banco Popular con el pago de honorarios de abogado y gastos de transportación para la parte demandada por su incomparecencia a una vista. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Banco Popular. La decisión se fundamentó en que la resolución recurrida es una orden interlocutoria sobre imposición de sanciones. Conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, este tipo de orden no es revisable mediante certiorari, salvo excepciones no aplicables aquí. El tribunal apelativo determinó que la situación no constituía un fracaso irremediable de la justicia que justificara una revisión excepcional. Además, señaló que Banco Popular no demostró que el tribunal de instancia abusara de su discreción al imponer las sanciones. Por tanto, se denegó el recurso conforme a las reglas procesales aplicables a la revisión de órdenes interlocutorias.