PALOU BOSCH, ROBERTO V. SUCN JORGE MORALES CRUZ

En un pleito de disolución de comunidad de bienes, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) ordenó la disolución y dispuso que las partes debían llegar a acuerdos sobre la tasación e inventario de los bienes en un plazo de noventa días. El TPI determinó que no intervendría en el proceso de selección de profesionales para dicha valoración y advirtió inicialmente sobre posibles sanciones por mociones relacionadas. Los peticionarios solicitaron reconsideración, argumentando que esta orden les privaba del derecho a solicitar el nombramiento judicial de peritos si no lograban un acuerdo, especialmente ante una parte intransigente. El TPI atendió la reconsideración y reiteró su decisión de no intervenir en la selección de profesionales, explicando que ni la sentencia del Tribunal de Apelaciones ni las reglas procesales le obligaban a nombrar peritos. Aclaró que las partes tienen libertad para contratar profesionales de forma conjunta o individual. Sin embargo, el TPI sí reconsideró la advertencia de sanciones, permitiendo ahora la presentación de mociones informativas sobre el proceso de valoración sin penalidad.