Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 287)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de liquidación de sociedad legal de gananciales post-divorcio. Iván Acosta Rivera apela una decisión del Tribunal de Primera Instancia que ratificó un acuerdo transaccional con su exesposa, Ana Antonia Balseiro Chacón. El acuerdo, suscrito tras el divorcio, disponía la cesión de la residencia familiar a la señora Balseiro Chacón, quien asumiría la hipoteca. Ante la negativa del señor Acosta Rivera a firmar la escritura de cesión, la apelada presentó una demanda. El foro primario validó el acuerdo y ordenó al apelante cumplir con la cesión de la propiedad. El apelante argumentó que el tribunal debió desestimar la demanda al validar el acuerdo. El Tribunal de Apelaciones revisa el recurso y, por los fundamentos expuestos, confirma la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de la apelación presentada por Jonathan Meléndez Rivera. El apelante buscaba revocar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo condenó a 40 años de prisión. Dicha condena fue por infringir el Artículo 130(A) del Código Penal, relacionado con actos de penetración orogenital contra un menor de edad. El Sr. Meléndez Rivera alegó que la prueba presentada fue deficiente y contradictoria, y que el testimonio del perjudicado carecía de credibilidad. También argumentó un error del tribunal sentenciador al no permitir prueba de refutación. El panel del Tribunal de Apelaciones estudió la transcripción de la prueba oral y los autos del caso. Tras considerar los alegatos de ambas partes, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia apelada sin reserva alguna. La acusación detallaba actos cometidos contra el menor Wesley Polaco Núñez, de 7 a 8 años, entre febrero y diciembre de 2013.

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Un empleado presentó una querella contra su empleador bajo varias leyes laborales de Puerto Rico. El empleador contestó la querella. Posteriormente, el empleado solicitó el desistimiento del caso judicial tras descubrir un acuerdo de arbitraje, con la intención de continuar su reclamación por esa vía. El Tribunal de Primera Instancia concedió el desistimiento. Inconforme, el empleador apeló la decisión. El apelante argumenta que el tribunal erró al conceder el desistimiento sin esperar su oposición y al permitir al empleado ir a arbitraje, alegando que este renunció a dicho derecho al iniciar el pleito judicial. El tribunal de apelaciones procederá a resolver el recurso sin la posición del apelado, ya que el término para oponerse transcurrió. El documento comienza a analizar la naturaleza y validez de los acuerdos de arbitraje pactados en contratos de empleo bajo el derecho civil puertorriqueño.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación. El recurso fue presentado por Alan M. Eleutice Acevedo y Sandra Cariño Estrella contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia les condenó a pagar \$1,730.00 a Puertas del Sol Community Corporation por cuotas de mantenimiento. La parte apelada solicitó la desestimación de la apelación por falta de jurisdicción. Argumentaron que los apelantes no notificaron al Tribunal de Primera Instancia la presentación del recurso dentro del término de setenta y dos horas, según requiere la Regla 14(B). La Secretaria del foro primario certificó que no se presentó dicha notificación. El Tribunal de Apelaciones requirió a los apelantes mostrar causa por la cual no se debía desestimar el recurso. Los apelantes no respondieron a la orden. El Tribunal procede a evaluar el asunto jurisdiccional, considerándolo prioritario.

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Este es un fallo de un panel de jueces sobre la solicitud de Solián Development Corp. para dejar sin efecto una orden de embargo. Dicha orden fue emitida por el Tribunal de Primera Instancia en el contexto de una demanda presentada por Constructora Seis, Inc. La demanda original reclama cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios relacionados con un proyecto de construcción llamado "River Oaks Villas del Este". Las partes habían suscrito previamente una Declaración y Acuerdo Juramentado en agosto de 2015, estableciendo términos de pago para el retenido y otras condiciones, incluyendo la posibilidad de acción legal en caso de incumplimiento. Constructora Seis presentó la demanda en diciembre de 2015, reclamando una suma considerable. Solián Development contestó la demanda y reconvino, negando los hechos y alegando incumplimiento por parte de Constructora Seis. El tribunal revisa ahora la procedencia de la orden de embargo dentro de este litigio.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de gravamen mobiliario. Americas Leading Finance, LLC apela la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Donato Auto Repair, Inc. Americas busca reposeer un vehículo sobre el cual alega tener un gravamen de primer rango registrado ante el DTOP. Donato, por su parte, reclama un derecho de retención en prenda sobre el mismo vehículo por concepto de reparaciones realizadas, argumentando que su gravamen posesorio es superior. El Tribunal de Primera Instancia había inicialmente ordenado la entrega del vehículo a Americas, pero en reconsideración, desestimó la demanda de Americas contra Donato. La apelación se centra en determinar la prioridad entre el gravamen mobiliario registrado y el derecho de retención por reparaciones bajo el Código Civil. El documento detalla los antecedentes del caso y los hechos incontrovertidos establecidos por el tribunal de instancia.

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Santander Financial Services, Inc. demandó a la sucesión de Norma Iris Camacho, representada por Calixto E. Reyes Camacho, por cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Santander solicitó sentencia sumaria, alegando el incumplimiento del demandado y su propio cumplimiento con requisitos legales como la mediación. El demandado se opuso, argumentando que Santander no completó adecuadamente el proceso de mitigación de pérdidas, fallando en explicar claramente las alternativas y notificar por escrito el resultado, lo que generaba una controversia de hechos. Santander replicó haber cumplido con la mediación y enviado notificación escrita, señalando además la incomparecencia del demandado a una sesión de mediación. Santander también sostuvo que la oposición del demandado no cumplía con los requisitos formales. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Santander, al considerar que la evidencia de este no fue controvertida. El demandado presentó una moción de reconsideración, reiterando que el banco no demostró haber cumplido con pasos específicos y notificaciones requeridas por ley y reglamento en el proceso de mitigación de pérdidas. El documento describe el historial procesal que culmina en la apelación de dicha sentencia sumaria.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por U.S. Bank National Association. El banco apeló la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda buscaba la "restitución" de un pagaré hipotecario extraviado. La primera instancia desestimó el caso, instruyendo al banco a seguir el proceso de cancelación de pagaré extraviado bajo la Ley 210-2015 y luego crear uno nuevo. U.S. Bank apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones examina si la sentencia de primera instancia cumplió con los requisitos procesales. Se discute la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, que exige determinaciones de hechos y conclusiones de derecho en las sentencias. La sentencia apelada carecía de estos elementos detallados. La apelación se centra en la validez procesal de la desestimación.

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Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de hostigamiento sexual y discrimen por razón de sexo presentado por Angeline C. Martínez Kim contra Petco, Inc. y otros. La controversia principal gira en torno a la anotación de rebeldía contra los demandados. Inicialmente, el tribunal de primera instancia denegó la solicitud de rebeldía de la peticionaria. Un panel anterior del Tribunal de Apelaciones revisó esa decisión mediante certiorari, revocó al foro primario y ordenó que se anotara la rebeldía contra los demandados. A pesar de esta orden previa del apelativo, el tribunal de primera instancia, en una resolución posterior, dejó sin efecto la anotación de rebeldía. La peticionaria acudió nuevamente al Tribunal de Apelaciones mediante el presente recurso de certiorari para impugnar esta última determinación. El Tribunal de Apelaciones consideró oportuna su intervención para evitar un fracaso a la justicia. Tras evaluar el dictamen recurrido, el Tribunal expidió el auto solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución del tribunal de primera instancia que había dejado sin efecto la anotación de rebeldía.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de Maria Alejandra Pulido Rey. La peticionaria buscaba dejar sin efecto varias resoluciones del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre patria potestad, custodia y alimentos. Entre las actuaciones recurridas se encontraban limitaciones al descubrimiento de prueba, decisiones sobre reembolso de gastos de menores, la admisión de representación legal adicional y la denegación de incluir corporaciones como partes. La peticionaria alegaba que las corporaciones eran usadas para ocultar ingresos y evadir la responsabilidad de alimentos. El Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. Fundamentó su decisión en que no encontró indicio de que el foro primario actuara de forma arbitraria o cometiera error de derecho en la mayoría de los asuntos. Respecto a la inclusión de corporaciones, señaló que solo los padres son responsables del sustento y que existen salvaguardas legales para revelar el verdadero ingreso. Concluyó que no existían fundamentos jurídicos para ejercer su facultad revisora discrecional.

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Se presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones contra una sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los apelantes son Ergon Enterprises, Inc. y Epifanio González Santos, y el apelado es Scotiabank de Puerto Rico. Scotiabank presentó una moción solicitando la desestimación de la apelación. Alega que la apelación es prematura porque la sentencia apelada no fue notificada adecuadamente mediante edicto, según lo exige la Regla 65.3(c) de Procedimiento Civil. La notificación por edicto es un requisito para que comience el término apelativo. El Tribunal de Apelaciones reconoce que los asuntos de jurisdicción deben atenderse con preferencia. Se reitera la norma de que un recurso prematuro, al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al tribunal apelativo. La presentación de un recurso prematuro carece de eficacia legal. El tribunal procederá a evaluar el planteamiento de falta de jurisdicción antes de considerar los méritos de la apelación.

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Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de apelación presentado por Carlos E. Cordero Cruz. El recurso proviene de una acción civil bajo la Ley 140-1974 en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Quebradillas. En el foro primario, se emitió una Resolución que declaró No Ha Lugar una querella de Cordero Cruz y Con Lugar una reconvención de Juan R. Nieves Ocasio, estableciendo un estado provisional de derecho a favor de Nieves Ocasio para garantizar su libre paso. Posteriormente, Cordero Cruz presentó una moción de relevo de resolución e inhibición del juez, haciendo imputaciones éticas. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta moción, señalando, entre otras cosas, que la solicitud de inhibición no estaba juramentada. Inconforme, Cordero Cruz recurrió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso como una petición de certiorari. El apelado argumenta que la orden provisional no es apelable y que la denegatoria de la moción de inhibición fue correcta por no estar juramentada. El Tribunal procederá a exponer los fundamentos de derecho para resolver el caso.

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Apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentada por Villa Montaña, Inc. buscando la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. El caso original trata sobre violación de derecho marcario, daños y perjuicios, e interdictos contra los apelados, propietarios de una villa. Los apelados alquilaban su unidad a corto plazo a través de Airbnb bajo el nombre "Villa Álvarez Villa Montaña", sin procesar las rentas por Villa Montaña y usando parte de su marca registrada. Villa Montaña es dueña y opera el condohotel Villa Montaña Beach Resort y posee la marca registrada. El foro primario previamente declaró con lugar la demanda de Villa Montaña, ordenando el cese de dichas prácticas y el uso de la marca. En una vista posterior, las partes estipularon los daños por concepto de alquiler perdido en \$10,384.00. La sentencia apelada acogió esta estipulación de daños y fijó honorarios de abogado y costas en \$9,202.50 conforme a la Ley de Marcas. Villa Montaña apeló esta determinación final. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada del foro primario.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones revisa la desestimación de una demanda por el Tribunal de Primera Instancia. La desestimación se fundamentó en la falta de diligenciamiento del emplazamiento dentro del término de 120 días dispuesto en la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil. La parte demandante presentó la demanda, pero solicitó la expedición de los emplazamientos tres meses después. El foro primario contó el término de 120 días desde la fecha de presentación de la demanda, lo que llevó a la desestimación. La apelante argumenta que el plazo debió comenzar a discurrir desde la fecha en que el tribunal expidió los emplazamientos. El Tribunal de Apelaciones analiza si el foro primario interpretó correctamente la Regla 4.3(c) al determinar el inicio del término para emplazar. La sentencia enfatiza la importancia del emplazamiento como mecanismo para adquirir jurisdicción sobre el demandado y garantizar el debido proceso de ley.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Jorge Pagán Vélez. El peticionario impugnaba una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 20 de diciembre de 2018. Dicha Resolución del TPI se emitió en el contexto de una acción de Mandamus instada por Pagán Vélez contra el Departamento de Corrección. En la acción de Mandamus, Pagán Vélez solicitaba la reversión de su clasificación de custodia de máxima a mínima, basándose en una interpretación de una sentencia previa del Tribunal de Apelaciones. La Resolución del TPI recurrida era un trámite procesal relacionado con su solicitud para litigar *in forma pauperis*. Posteriormente a la presentación del certiorari, el TPI dictó Sentencia el 4 de marzo de 2019, desestimando la acción de Mandamus por falta de jurisdicción para revisar la sentencia previa del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el recurso de certiorari, determinó que carecía de jurisdicción para atenderlo. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en la importancia de la jurisdicción y el deber de los tribunales de asegurar que los recursos no sean prematuros o tardíos.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. El pleito original es una demanda de cobro de dinero presentada por Oriental Bank contra José Francois Soto Charraire. Oriental Bank reclama el remanente de un préstamo para la compra de una embarcación, adquirido tras la adquisición de activos de Eurobank. Tras la venta de la embarcación mediante una cesión de derechos, Oriental Bank reclama un balance adeudado. El demandado, Soto Charraire, intentó incluir terceros demandados, alegando que estos lo indujeron fraudulentamente a financiar la compra de la embarcación. Sostuvo que los terceros no acreditaron el pago de arbitrios prometido, forzándolo eventualmente a suscribir la cesión de derechos. El Tribunal de Primera Instancia denegó la admisión de la demanda contra terceros, acogiendo los argumentos de Oriental Bank de que el reclamo de fraude era distinto al cobro de dinero. Soto Charraire solicitó reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar. Inconforme, el demandado recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El recurso plantea que el Tribunal de Primera Instancia erró y abusó de su discreción al no permitir la demanda contra terceros.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE201801773. El apelante, Francisco Valdés Pérez, impugna una Sentencia Final del Tribunal de Primera Instancia que condenó a Pedro Edgardo Valdés Ortiz y otra persona a pagar $150,000 por la compraventa de un inmueble y desestimó otras reclamaciones. El apelante alegó que el TPI erró al no adjudicar los intereses pactados en la escritura de compraventa. El recurso de apelación fue presentado tras la denegación de una moción de reconsideración en instancia. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación, aunque fue presentado como certiorari. Surgieron cuestiones procesales, incluyendo la notificación del recurso y un cambio de dirección del apelante. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari relacionado con un caso de partición de herencia. La peticionaria, Carmen Ana Santiago Bruno, demandó para obtener su parte de los bienes gananciales y la cuota viudal tras el fallecimiento de su esposo. Su abogado solicitó el nombramiento de un defensor judicial para ella, presentando una certificación médica que acredita que padece Alzheimer progresivo. La peticionaria también pidió la designación de un administrador para un negocio de la sociedad de gananciales. El Tribunal de Primera Instancia, tras una vista, paralizó el caso de partición de herencia. La paralización se ordenó hasta que se lleve a cabo el procedimiento de declaración de incapacidad de la peticionaria. Inconforme, la señora Santiago Bruno acudió al Tribunal de Apelaciones. Alegó que el foro primario erró al negarse a nombrar un defensor judicial a pesar de la evidencia médica de su condición. Sostuvo que la paralización del caso, en lugar de nombrar un defensor, vulneró su derecho al debido proceso de ley.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. La petición fue presentada por los demandados en un pleito de nulidad de escritura y daños y perjuicios. El caso original fue incoado por Vilma Margarita Cano García y la Escuela Casa Bambini, quienes alegaron que unas escrituras de traspaso del edificio escolar fueron obtenidas sin su consentimiento, bajo amenaza y engaño. Entre los demandados se encontraban Iván Oscar Hernández Rodríguez, corporaciones relacionadas y, posteriormente, los contables Pedro Silva y Carmen Avalo Franceschi. La parte demandante solicitó la descalificación del abogado de los demandados, Lcdo. José G. Barea Hernández, alegando conflicto de intereses por representar a múltiples partes demandadas y compartir oficina con los contables codemandados. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la solicitud de descalificación. Los demandados recurrieron en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando errores del foro primario al descalificar a su abogado y al permitir a la parte demandante presentar dicha solicitud. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la petición, denegó la expedición del auto de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El caso subyacente es una reclamación de despido injustificado bajo el procedimiento sumario de la Ley 2. La empleada alegó haber sido despedida injustificadamente por Triple S Vida tras una ausencia médica, a pesar de haber sido reconocida por su desempeño previamente. El patrono solicitó sentencia sumaria, argumentando que el despido se debió al incumplimiento de políticas de productividad en dos ciclos consecutivos. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de sentencia sumaria, al encontrar una controversia sobre la razonabilidad de aplicar dichas normas considerando la situación médica de la empleada. El patrono presentó el recurso de certiorari para impugnar esta determinación interlocutoria. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado. Se concluye que el caso no presenta las circunstancias extremas necesarias para justificar la revisión de una determinación interlocutoria en un procedimiento sumario laboral.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario solicita revisar la determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que halló que la recurrida, Lime Residential, Ltd., cumplió con el proceso de mitigación de daños bajo la ley federal RESPA. El caso subyacente es un cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado en 2008, con una sentencia por estipulación. Tras incumplimientos, la recurrida solicitó la ejecución, a lo que el peticionario se opuso alegando falta de mitigación. El TPI celebró una vista y concluyó que la recurrida demostró haber ofrecido alternativas de modificación mediante varias cartas, las cuales el peticionario no aceptó oportunamente. Por tanto, el TPI declaró ha lugar la solicitud de ejecución de sentencia. El peticionario impugna esta decisión, alegando errores del TPI en la aplicación de leyes federales y locales relativas a la notificación de alternativas para evitar la ejecución y la jurisdicción para ordenar la subasta.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Fabián Rivera Montalvo. El peticionario solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de nuevo juicio al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Rivera Montalvo hizo alegación de culpabilidad en 2003 y fue sentenciado a 99 años de prisión. En 2018, solicitó un nuevo juicio alegando que no estaba mentalmente capacitado para hacer la alegación de culpabilidad, basándose en un informe psiquiátrico reciente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción y la reconsideración sin celebrar una vista evidenciaria. El peticionario argumenta que el foro primario erró y abusó de su discreción al denegar la moción de plano sin una vista para adjudicar el mérito de su petición. El Tribunal de Apelaciones discute la naturaleza del recurso de certiorari y los criterios para evaluar si hubo abuso de discreción por parte del tribunal inferior.

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Carlos González Oliver, confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, presentó un escrito solicitando al Tribunal de Apelaciones que ordenara su traslado a una institución correccional en Connecticut. El Tribunal acogió el escrito como un misceláneo. Sin embargo, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender la solicitud presentada. Se reitera que la falta de jurisdicción es insubsanable y obliga a desestimar el caso sin entrar en los méritos. Un tribunal sin jurisdicción solo puede declararlo y desestimar la reclamación. Además de la falta de jurisdicción, el escrito del señor González Oliver presentaba numerosos defectos procesales. Estos defectos impedían al Tribunal considerar la solicitud en los méritos. Entre los incumplimientos reglamentarios, no se incluyó copia de alguna resolución u orden para revisión. Por tanto, el recurso fue desestimado por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de *certiorari* presentada por IPR Restaurants, Inc. y Manuel Álvarez Revuelta. La petición impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó descubrimiento de prueba adicional y un cambio en el orden de presentación de la misma. El caso original es una demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios contra Banco Santander de Puerto Rico. Los peticionarios alegan transferencias no autorizadas de fondos de una cuenta de IPR y la responsabilidad del banco por permitir dichas transacciones. Una sentencia previa de este Tribunal desestimó el caso contra otros codemandados, continuando solo contra el banco. La parte recurrida se opuso a la expedición del auto de *certiorari*, argumentando que la petición no cumplía con los requisitos reglamentarios. Alegaron que los peticionarios conocían la existencia de los testigos en controversia desde 2016. El Tribunal de Apelaciones había ordenado previamente la paralización de los procedimientos en el foro primario mientras consideraba la petición. La Sentencia reseña los hechos y antecedentes procesales relevantes para la adjudicación del *certiorari*.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari sobre pensión alimentaria para excónyuge. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) ordenó al excónyuge pagar provisionalmente $2,000 mensuales a la excónyuge. Este pago se cargaría a la participación eventual de la excónyuge en la sociedad de gananciales, cuya liquidación se tramita en un pleito separado. La excónyuge solicitó la pensión alegando necesidad económica y falta de ingresos propios, dedicándose previamente al hogar. El excónyuge recurrió, argumentando que el TPI debió trasladar el caso para consolidarlo con el pleito de liquidación pendiente en otra sala. Adujo que el TPI obvió precedente del Tribunal Supremo y no consideró pagos previos ni ingresos de la excónyuge. El TPI justificó su orden al no existir otra fuente de ingreso periódica de los bienes gananciales. El Tribunal de Apelaciones declinó intervenir con la decisión del TPI de negarse a trasladar el asunto a la sala donde se ventila la liquidación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de certiorari presentado por Jan Carlos Castellanos, quien solicitaba la evaluación de la imposición de atenuantes a su sentencia bajo el Artículo 67 del Código Penal. El peticionario alegaba ser elegible para una reducción de su condena. Sin embargo, el Tribunal constató que la petición no hacía referencia a una determinación previa de un foro inferior o administrativo, habiendo sido presentada directamente ante la curia apelativa. El Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender la solicitud, pues su función es revisar decisiones de foros de primera instancia o agencias, no adjudicar controversias por primera vez. Se señaló además que las atenuantes del Artículo 67 se consideran al momento de dictarse la sentencia y no operan automáticamente para reducir penas impuestas. El recurso fue desestimado por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de pensión alimentaria. La peticionaria, Jenniffer Fuentes Labarca, solicitó la revisión tras prevalecer en una solicitud de aumento de pensión para sus hijos. El foro primario aumentó la pensión alimentaria de \$500 a \$727.50 retroactivo y a \$1,021.60 prospectivo. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia omitió conceder honorarios de abogado a la peticionaria, a pesar de haber prevalecido. La señora Fuentes Labarca solicitó reconsideración sobre la imposición de honorarios, la cual fue declarada "Sin Lugar". Presentó entonces un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, alegando error al no concederle honorarios a pesar de haber prevalecido en el aumento de pensión. El recurrido no compareció en el término para mostrar causa. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar la determinación del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones expidió el recurso y revocó el dictamen del foro primario en cuanto a la omisión de honorarios.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. El recurso proviene de un pleito sobre cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños. Luis Pérez y Damaris Arroyo demandaron a José Vicente Cruz, Amarilis Cruz y Artesanías Mundo Taino Corp. por trabajos de remodelación. Los demandantes alegaron incumplimiento de pago y reclamaron daños, mientras los demandados adujeron trabajos defectuosos e incompletos. Los peticionarios en apelación impugnaron dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia. Dichas resoluciones autorizaron a los demandantes a enmendar la demanda para incluir a sus hijas como codemandantes y añadir una causa de acción por daños físicos. También permitieron, con limitaciones, el descubrimiento sobre el método de pago de los gastos legales de los demandados. El Tribunal de Apelaciones evaluó la solicitud de intervención. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado por los peticionarios.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico los peticionarios, quienes impugnan dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. El caso subyacente es una reclamación de cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños relacionada con trabajos de remodelación. Los demandantes alegan incumplimiento de pago por parte de los demandados, mientras que estos últimos aducen trabajos defectuosos e incompletos. Las resoluciones apeladas autorizaron a la parte demandante a enmendar su demanda. Dicha enmienda buscaba añadir a las hijas del matrimonio demandante como partes, incluir una causa de acción por daños físicos (afección pulmonar) para el demandante y aumentar la cuantía reclamada. Además, el foro primario permitió, con limitaciones, el descubrimiento de información sobre el método de pago de los honorarios legales de los demandados. Los peticionarios solicitaron la intervención del Tribunal de Apelaciones para dejar sin efecto estos pronunciamientos. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. La petición fue presentada por Franklin Credit Management Corporation, actuando en representación de BOSCO Credit. Impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia que validó el ejercicio del derecho de retracto de crédito litigioso. Este derecho fue ejercido por los deudores, el matrimonio Reyes-Vizcarrondo, en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado originalmente por Scotiabank. El crédito hipotecario fue cedido a BOSCO Credit durante el litigio. Los deudores buscaron redimir el crédito, consignando fondos, lo cual fue objetado por el cesionario alegando extemporaneidad. El foro primario resolvió a favor de los deudores, confirmando la validez del retracto. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por el cesionario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por la Lcda. Amaris Coya Soto. La licenciada Coya Soto solicitó la intervención del foro apelativo para dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia. Dicha determinación denegó su solicitud de desestimación de una demanda de coparte presentada en su contra por el Municipio de Guayama. El caso original fue iniciado por pescadores y una organización contra el Municipio, su alcaldesa y la licenciada Coya Soto, reclamando daños por alegados ataques a su honra y un registro ilegal. El Municipio contestó la demanda y presentó una demanda de coparte contra la licenciada Coya Soto. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari. Revocó la resolución del Tribunal de Primera Instancia. Desestimó la demanda de coparte presentada por el Municipio de Guayama contra la licenciada Coya Soto. Ordenó al foro primario proceder con la sustitución de parte según lo resuelto. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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Alberto Marín Castro comparece ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de modificación de sentencia. El peticionario fue sentenciado en 1997 a separación permanente por reincidencia habitual, tras ser acusado de escalamiento agravado y otros delitos. Desde entonces, ha presentado múltiples mociones y recursos apelativos buscando una reducción de su pena. En octubre de 2018, presentó una nueva moción fundamentada en la Regla 192.1 y el principio de favorabilidad, la cual fue declarada no ha lugar por el foro primario. Este recurso de certiorari impugna esa última denegatoria. El Procurador General argumentó que el reclamo es improcedente, señalando que el principio de favorabilidad no aplica a leyes posteriores y que el asunto ya fue resuelto previamente. Tras considerar las comparecencias, el Tribunal de Apelaciones desestima el presente recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de un recurso de certiorari presentado por Francisco G. Domingo González. El peticionario solicitó revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar su Solicitud de Desestimación. Dicha solicitud se basaba en el alegado incumplimiento del Ministerio Público de divulgar prueba exculpatoria. La prueba en cuestión era la hospitalización de la testigo principal en un hospital psiquiátrico después de la vista preliminar. El peticionario argumentó que esta información era relevante para impugnar la credibilidad y percepción de la testigo. El Ministerio Público se opuso, indicando que la hospitalización no descalificaba a la testigo y su testimonio era claro. Además, sostuvo que el expediente médico no constituía prueba exculpatoria de su faz. El TPI denegó la solicitud al considerar que la defensa no demostró que la información fuera probablemente exculpatoria o relevante a la inocencia. El foro primario señaló que la prueba se relacionaba con la credibilidad y la petición carecía de fundamento suficiente. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones deniega la solicitud de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Wilfredo Nevárez Conde contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Roosevelt Roads. El apelante demandó por daños y perjuicios alegando una caída en las instalaciones de la Cooperativa en 2013. La Cooperativa solicitó sentencia sumaria por prescripción, argumentando que el apelante había presentado una demanda previa por los mismos hechos en 2014 y la había desistido voluntariamente en 2015. Según la Cooperativa, este desistimiento cesó el efecto interruptor de la prescripción, haciendo que la segunda demanda, presentada en 2016, estuviera prescrita. El apelante se opuso, sosteniendo que el término de prescripción debía contarse desde el archivo en autos de la sentencia de desistimiento de la primera demanda. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el archivo y sobreseimiento de la causa de acción. Mediante este recurso, el Tribunal de Apelaciones revisa esa determinación. El Panel confirma la Sentencia apelada, validando la decisión del foro primario de desestimar la demanda por prescripción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201801043. La apelante, Mariela Villacampa Oddone, impugna la desestimación sin perjuicio de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda original fue incoada contra Hernán Jorge Rosado y otros, incluyendo las corporaciones Sabana-Este Inc. y Sabana Este, Inc. La señora Villacampa, accionista al 50% de Sabana-Este, Inc., solicitó rendición de cuentas, administración judicial, liquidación corporativa, acción derivativa, descorrer el velo corporativo y daños. Alegó incumplimiento en la entrega de informes, la creación de una nueva entidad con nombre similar y posible desvío de fondos. Tras un requerimiento del tribunal para informar el estatus, la demanda fue desestimada, y una moción de reconsideración fue declarada No Ha Lugar. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los fundamentos de la desestimación. Por los motivos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia apelada.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Wyeth-Ayerst Lederle, Inc. y Cándido González contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La Sentencia apelada desestimó las reclamaciones por discrimen y daños y perjuicios de Miguel Antonio Rodríguez Rivero, pero declaró Con Lugar su reclamación por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. El demandante fue despedido de Wyeth alegadamente por pobre manejo durante un procedimiento de manufactura que falló. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el despido fue injustificado, basándose en que el informe de investigación no vinculó al empleado con el fallo, no existían acciones disciplinarias previas, y sus evaluaciones de desempeño eran positivas. El TPI condenó a Wyeth a pagar \$33,582.00 por concepto de mesada y honorarios de abogado, más intereses. El Tribunal de Apelaciones procedió a modificar la Sentencia apelada y, así modificada, la confirmó.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Los apelantes recurren una Sentencia Parcial Final del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Dish Network. La desestimación se fundamentó en la falta de emplazamiento a dicha parte. Este es el segundo pleito presentado por los apelantes contra Dish Network por los mismos hechos, habiendo sido desestimado el primero sin perjuicio por igual razón. En la segunda demanda, presentada en diciembre de 2017, los apelantes no lograron emplazar a Dish Network dentro del término de 120 días. Una solicitud de emplazamiento por edicto para Dish Network fue denegada por el tribunal primario al considerar insuficientes las gestiones realizadas. Dish Network solicitó la desestimación con perjuicio de la segunda demanda por la falta de emplazamiento oportuno. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud y desestimó el caso contra Dish Network. Los apelantes alegan en su recurso que el tribunal erró al desestimar, pues entienden que demostraron razones suficientes para autorizar el emplazamiento por edicto. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar la corrección de dicha determinación.

Resumen:

Se revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de sentencia declaratoria presentada por Carlos Cruz Alverio. El apelante buscaba que se declarara legal un alegado acuerdo verbal con el Departamento de Hacienda para pagar el 25% de una multa de \$15,000. Dicha multa fue impuesta por Hacienda y previamente impugnada por el apelante en un procedimiento administrativo. El Estado solicitó la desestimación de la demanda judicial por falta de jurisdicción, argumentando que no se habían agotado los remedios administrativos disponibles. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de desestimación, concluyendo que la controversia debía ventilarse en el foro administrativo. El apelante recurre al Tribunal de Apelaciones, alegando errores procesales en la desestimación y que el foro judicial sí tenía jurisdicción sobre el alegado acuerdo verbal. La sentencia del Tribunal de Apelaciones resuelve la apelación contra dicha desestimación.

Resumen:

Recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de liquidación de sociedad de bienes gananciales tras un divorcio. Las partes son Melba Mabel Trinidad Rodríguez y Luis Santiago Berríos. La disputa se centra en la división de los bienes comunes, particularmente una farmacia operada por la señora Trinidad. El señor Santiago reclamaba una participación en los ingresos de dicho negocio. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado a la señora Trinidad continuar pagando al señor Santiago \$2,400 mensuales, imputados a su derecho en las ganancias netas de la farmacia. Esta orden también incluía el pago de las cantidades adeudadas desde julio de 2017. La obligación de pago se basaba en una orden previa de un Comisionado Especial designado para la división de bienes. El Comisionado había dispuesto la reinstalación de pagos anticipados al señor Santiago con cargo a su participación en la farmacia. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari para revisar la decisión del TPI. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen recurrido.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la apelación de Edgardo Muñoz Rodríguez. Muñoz Rodríguez fue declarado culpable en Primera Instancia por violar el Artículo 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito (conducir bajo los efectos). La detención ocurrió tras pasarse una luz roja, arrojando un resultado de 0.151% en la prueba de alcohol. El Tribunal de Primera Instancia le impuso multa, suspensión de licencia y ordenó rehabilitación. La apelación plantea que la prueba no demostró la culpabilidad más allá de duda razonable. Además, argumenta un error en la denuncia al identificar incorrectamente al agente que realizó la prueba de alcohol. El Ministerio Público presentó su alegato en respuesta. El Tribunal de Apelaciones se dispone a resolver la apelación. Se recuerda el principio constitucional de presunción de inocencia y la necesidad de probar todos los elementos del delito más allá de duda razonable.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de relaciones filiales. El padre, Santiago Villanueva Hernández, solicita la revisión de dos resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia. El litigio se inició con la demanda del padre para establecer relaciones con su hija y obtener custodia compartida. Un estudio social forense recomendó evaluación psicológica para el padre y la suspensión de las relaciones paternofiliales hasta completarla. El Tribunal de Primera Instancia acogió el informe y suspendió las relaciones, determinación que el padre intentó sin éxito impugnar por tardía. Posteriormente, el foro primario levantó la suspensión, pero ordenó que las relaciones continuaran supervisadas y que ambos padres participaran en terapia. El padre se opone a la supervisión de las relaciones. El Tribunal de Apelaciones evalúa las decisiones del Tribunal de Primera Instancia en este caso sobre las relaciones del padre con su hija.

Resumen:

Comparecen apelantes impugnando la desestimación de su demanda por sentencia declaratoria. La demanda original buscaba declarar inconstitucional el Artículo 5 de la Ley Núm. 25-1983 sobre inmunizaciones compulsorias. Los apelantes, padres con creencias religiosas, alegaron que el requisito de pertenecer a un grupo religioso y obtener firma de ministro para la exención violaba su libertad de culto y debido proceso. Solicitaban que se aceptaran sus declaraciones juradas personales sobre sus creencias. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por academicidad y falta de legitimación activa. El Estado argumentó falta de justiciabilidad, incluyendo ausencia de daño real y madurez de la controversia. El panel apelativo examinó los escritos y el derecho aplicable. Acordó modificar la Sentencia apelada para eliminar la academicidad como fundamento. Así modificada, la Sentencia de desestimación fue confirmada.